jueves, 20 de diciembre de 2007

[RCP] ¿Hacia qué lado deben estar los escudos?

De la Lámpara de Diógenes:
El pasado viernes catorce de diciembre los elementos del cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (SSP-GDF) retuvieron cerca de cuatro horas a miembros de la resistencia civil pacífica, que se manifestaban pacíficamente en contra de la presencia del presidente usurpador, durante el Informe Anual de Labores del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Ha sido práctica usual del Estado Mayor Presidencial (EMP) en lo que va del espuriato, hacer que las fuerzas públicas locales sean las que repriman a los ciudadanos. En el caso del Gobierno del Distrito Federal la situación es aun más compleja: el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal es designado por el presidente de la República en turno. Por otro lado, durante cualquier operativo en el que interviene el EMP, la SSP-GDF recibe las órdenes directamente del mando del EMP a cargo. Estas órdenes son acatadas por los mandos de la SSP-GDF sin importar que se violen derechos básicos de los ciudadanos del Distrito Federal.

Para Joel Ortega, Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del D.F. es preferible recibir quejas de que se encapsula a los manifestantes, a que se tengan fricciones con el EMP que tendrían otras consecuencias. Él afirma: "Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo y no queremos que se crispen ánimos con el Estado Mayor; nosotros tomamos las determinaciones, la decisión de encapsularlos es nuestra, y la tomo frecuentemente cuando hay posibilidad de riesgo". (20/12/2007 La Crónica "Es deber de la SSP contener manifestaciones: Ortega".)

Ni con el maldito pétalo de una rosa



Video de como los granaderos de la SSP
del GDF reprimen a manifestantes de la RCP. (21 min.)

Ver en Google Video.


Desde su llegada frente al edificio de la SCJN, Gerardo Fernández Noroña fue rodeado por elementos de la SSP-GDF. Al llegar más miembros de la resistencia civil pacífica a la esquina de la avenida Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza un nuevo cordón los encapsuló concéntricamente.




Alrededor de la una de la tarde, un convoy semejante a los que acostumbra emplear el presidente espurio para transportarse a Palacio Nacional hizo su arribo a la puerta lateral del edificio de la SCJN. La resistencia civil pacífica aprovechó y recordó a las personas a bordo que el usurpador se había robado la presidencia de la república. Minutos más tarde, otro convoy idéntico arribó de la misma manera que el anterior. De nuevo los miembros de la resistencia civil pacífica tuvieron la oportunidad de increpar a los tripulantes.

Pero no fue hasta el arribo del tercer convoy, idéntico a sus predecesores, que el presidente espurio realmente llegó a la cita. Con gran rapidez un par de camionetas fueron colocadas en escuadra en la esquina de la avenida Pino Suárez y la calle Venustiano Carranza, de manera de impedir la visión hacia la entrada del edificio de la SCJN. Por tercera ocasión los gritos de "¡espurio, espurio!" resonaron en la calle mientras la pequeña figura del usurpador caminaba rápidamente hacia las metálicas puertas del recinto.




La resistencia civil pacífica intentó acercarse a la esquina, para quedar más cerca de la avenida Pino Suárez, pero los granaderos de la SSP-GDF los repelieron haciendo uso de sus escudos y varios de ellos repartiendo patadas. Por varios minutos la lucha continuó hasta que fueron empujados varios metros hacia atrás.

Ya había pasado más de hora y media y los granaderos de la SSP-GDF se mantenían reteniendo a los miembros de la resistencia civil pacífica que permanecía encapsulada en la estrecha banqueta de la calle de Venustiano Carranza. A nombre de los ciudadanos retenidos, Fernández Noroña presentó un ultimatum: o en cinco minutos se dejaba ir a la resistencia civil pacífica o los varones de la resistencia civil pacífica se orinarían sobre los escudos de los granaderos como acto de protesta por la violación a sus garantías constitucionales de libre tránsito y expresión de las ideas.

Algunos granaderos reaccionaron violentamente intentando evitar ser orinados. Sus superiores les ordenaban se mantuvieran quietos, "aguantando". Las órdenes que el EMP había girado a la SSP-GDF eran cumplidas a costa del ridículo: un triple cinturón de granaderos de la SSP-GDF rodeaban con sus escudos a los manifestantes. Por más esfuerzos que Fernández Noroña y otros miembros de la resistencia civil pacífica hicieron para empujar la primera línea de escudos fue inútil.

Ya para estos momentos, los granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP), que habían estado desde temprano en las cercanía de la esquina de la avenida Pino Suárez con la calle de Uruguay, habían rodeado a las fuerzas de la SSP-GDF, manteniendo retenes sobre la banqueta sobre la avenida Pino Suárez, a unos quince metros de donde se encontraba la resistencia "encapsulada".



Varios de los mandos de la SSP-GDF comentaban soluciones posibles a la situación. Finalmente se le presentó a Gerardo Fernández Noroña la opción de ser sacados del lugar en la "burbuja móvil", como se hizo el pasado 1 de diciembre. La opción fue rechazada por indigna. Se volvió a exigir que se nos dejara ir libremente, pero no fue aceptada por el mando del EMP.



Finalmente a las tres de la tarde se le presentó a los mandos de la SSP-GDF el siguiente ultimatum: si en cinco minutos no se les dejaba ir, la resistencia civil pacífica iba a intentar hacerlo como diera lugar.



Y efectivamente, después de cinco minutos varios miembros de la resistencia civil pacífica, haciendo uso nada más de su determinación en salir del cerco, fueron empujando, jalando, metiéndose entre los escudos de los sudorosos granaderos hasta llegar a unos centímetros de la esquina con la avenida Pino Suárez. Durante estos dramáticos momentos hubo varios incidentes violentos en los que algunos granaderos agredieron a los manifestantes, ante esto sus mandos enérgicos, les ordenaban: "¡tranquilo, usted nada más simplemente aguanta!".





Una nueva negociación de la SSP-GDF con el EMP logró conseguir que se permitiera salir a los miembros de la resistencia civil pacífica del "encapsulamiento", pero sólo para dirigirse frente al edificio del Gobierno del Distrito Federal para dar por terminada la protesta.

Mientras la resistencia civil pacífica salía triunfante del encierro, rápidamente los elementos del EMP reacomodaban las eternas vallas metálicas para impedir que algunos ciudadanos intentaran ahora colarse, en contra sentido de la circulación de la avenida Pino Suárez, y lograran acercarse al edificio de la SCJN.



Para terminar la protesta, ya frente al edificio del Gobierno del Distrito Federal y antes de cantar el himno nacional, se convocó a la clausura simbólica de las instalaciones de la SSP-GDF como protesta al comportamiento represivo de los mandos del operativo.

¿Hacía qué lado deben estar los escudos?

Que si las órdenes de "encapsular" a la resistencia civil pacífica son de orgullosa autoria de Joel Ortega y la SSP-GDF o no, no está a discusión. Lo que queda muy claro es lo "eficiente" que es la SSP-GDF para evitar que "tengan fricciones con el EMP", a costa de la violación de los derechos de libre tránsito y de manifestación.

Tal vez la orden de "encapsular", reteniendo a los manifestantes en contra de su voluntad, no provenga del EMP, pero seguro que de sus mandos sí proviene la instrucción a la SSP-GDF de que ni se vea ni se escuche la protesta. Según lo que se puede observar en otras acciones de "encapsulamiento" tanto en las protestas del día 2 septiembre frente al Zócalo, el 27 de septiembre a un costado del Palacio de las Bellas Artes, en el hotel Camino Real, el 10 de octubre, el 18 de octubre frente a la sede del Senado, el 5 de noviembre frente al Palacio Nacional y el 1 de diciembre en la avenida 20 de Noviembre, tienen por objeto impedir que el presidente usurpador vea o escuche las protestas de la resistencia civil pacífica, neutralizando los grupos de manifestantes y bloqueando con tablas, autobuses de pasajeros, camionetas, bocinas, camiones con equipos de sonido o con los escudos de granaderos la protesta de la mirada y oídos del espurio.

Pero hay otro punto a consideración: los granaderos de la PFP. Tanto en la acción del 1 de diciembre como ahora se ve claro que la PFP está lista para actuar en contra de los manifestantes si es que la SSP-GDF flaquea de alguna manera en su intento por impedir que la resistencia civil pacífica salga del "encapsulamiento". Las palabras de Joel Ortega pueden ser un lacónico eufemismo cuando habla de "crispar los ánimos" del EMP.

¿Qué pasa si la resistencia civil pacífica queda "expuesta" directamente a las fuerzas federales al "escapar" del "encapsulamiento" de la SSP-GDF? La respuesta puede estar en lo que les sucedió a los miembros de la resistencia civil pacífica que se encontraban en la esquina de la calle Venustiano Carranza y la avenida Pino Suárez el pasado día primero de diciembre y que fueron violentamente desalojados por los elementos del EMP y de la PFP.

Si es cierto lo que dice Joel Ortega, entonces, ¿hacía qué lado deben estar los escudos de los granaderos de la SSP-GDF?


Muchas más fotografías en la Lámpara de Diógenes.

Se crea un Comité Ciudadano para vigilar hospital ocioso en León, informa Asa Cristina Laurell

* Un nosocomio dos veces inaugurado en León se convirtió en un elefante blanco, aclara la secretaria de Salud

* Se construyó bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios, que fracasó en Inglaterra, destaca

* El gobierno espurio de Calderón pagará 7 mil 749 millones por inversión de 830 millones, puntualiza


Como parte de la labor del Gobierno Legítimo en defensa de los derechos sociales del pueblo, su Secretaría de Salud ha empezado a formar comités para luchar por el cumplimiento del derecho a la salud de los mexicanos, informó Asa Cristina Laurell.

La secretaria de Salud expresó que el primero es el Comité de Control Ciudadano del Hospital de Especialidades del Bajío en León. “Este comité se integra con ciudadanos de diferente formación y experiencia que se han propuesto vigilar el ejercicio transparente y eficiente del presupuesto federal invertido en el hospital y la prestación de los servicios médicos en éste”, explicó.

A pesar de que el Hospital de Especialidades del Bajío de 184 camas ha sido inaugurado en dos ocasiones –en noviembre, 2006 por Fox y en abril, 2007 por Calderón—prácticamente no está prestando servicios, porque es un elefante blanco, puntualizó.

Asa Cristina Laurell dijo que es el primer hospital construido y operado bajo el esquema Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) en México. “Se trata de una forma encubierta de privatizar la infraestructura de salud que es muy semejante a los Pidiregas en el sector energético”, afirmó.

Hizo énfasis en que el mismo esquema ha sido utilizado por ejemplo en España y en Inglaterra. “Las evaluaciones de este tipo de hospitales han demostrado que tienen muchas desventajas y pocos aciertos, lo que ha llevado a cancelar varios nuevos proyectos en Inglaterra”, aclaró.

Entre los problemas detectados –prosiguió— están su alto costo que impone restricciones a otras áreas y servicios de salud así como a la calidad de la atención.

También han demostrado resistirse a dar información y transparentar sus acciones al público. Una función del Comité es evitar que esta situación se repita en nuestro país, agregó.

La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo mencionó que el Hospital de Especialidades del Bajío tendrá un costo muy alto para el erario público y sobran las razones de preocupación sobre su futuro.

Manifestó que el ganador de la licitación es la empresa española Acciona S.A., que ha construido y equipado un hospital, cuyo valor es de 830 millones de pesos sin incluir el valor del terreno concesionado.

Sin embargo, el contrato de construcción y equipamiento así como la administración durante 25 años que firmó con la Secretaría de Salud (SSA) con la empresa es por 3 mil 600 millones de pesos y, asombrosamente, el dinero presupuestado por la SSA para pagar a Acciona son 7 mil 749 millones, expuso.

Precisó que dicho pago no incluye la prestación de los servicios médicos, sino sólo el financiamiento de la obra y equipo y la administración de algunos servicios auxiliares no médicos como lavandería, almacén y vigilancia.

La Secretaría de Salud del gobierno espurio además ha presupuestado otros 7 mil 44 millones para “gastos adicionales”, que corresponden aproximadamente al costo de la plantilla de personal, compuesto por 1,191 trabajadores, durante 25 años, añadió.

Destacó que “no se ha explicado de dónde saldrá el dinero para los medicamentos y otros insumos necesarios para atender a los pacientes. Esto se entiende ya que este hospital-negocio tiene previsto atender como sus clientes a los que cuentan con un seguro privado o seguridad social (IMSS o ISSSTE) o quien pague al contado o, para algunas enfermedades, el Seguro Popular”.

Se deduce que el hospital tendrá un subsidio público importante pero que solamente atenderá a un paciente a cambio de un pago, consideró.

Es de señalar –detalló— que los pagos acordados con la empresa Acciona en el contrato (Número 00012004-001-005) durante 2006 y 2007 son 303 millones de pesos. “Para ejemplificar qué infraestructura de salud se puede hacer con esta cantidad tenemos el siguiente caso: La inversión del Gobierno del Distrito Federal en la construcción y equipamiento del Hospital de Especialidades ´Belisario Domínguez´ de 144 camas fue de 408 millones de pesos en 2005, apenas 105 millones más”, aclaró.

Dicho de otra manera, puntualizó, el gobierno usurpador se ha gastado 303 millones en nada, cantidad que hubiese alcanzado para construir y equipar un hospital general de 80 camas.

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Recordar Acteal

Carlos Montemayor / I

Recordar Acteal


La masacre de Acteal no fue la primera ni la única en el prolongado proceso del conflicto de Chiapas. Pero fue en la que el gobierno mexicano puso más empeño a fin de transformarla en sólo un eslabón de una cadena de conflictos intercomunitarios. Para apuntalar esta versión oficial el gobierno mexicano recurrió a diversos procedimientos, algunos de ellos extremos. Pasó por alto sistemáticamente hechos fundamentales; creó un libro blanco sobre Acteal donde la Procuraduría General de la República (PGR) describe a modo los acontecimientos, modificando, distorsionando u olvidando información; intentó desconocer la existencia de planes militares dados a conocer desde el 5 de enero de 1998 por Carlos Marín en la revista Proceso; en discursos oficiales manipuló la noción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a veces para negar su existencia y en otras para proponerlo como protagonista, precisamente, de los enfrentamientos intercomunitarios. Los planes militares que dio a conocer Carlos Marín 15 días después de la masacre de Acteal describen, como parte de una contrainsurgencia minuciosamente diseñada, tanto la inducción de desplazamientos de poblados y la creación de conflictos sociales entre comunidades como la aplicación de medidas sólo militares antes y después de los acontecimientos de Acteal.
Sin embargo, las consecuencias políticas de la masacre de Acteal fueron descomunales en el aparato de gobierno para haber sido un eslabón de un conflicto intercomunitario. Provocó, en la dimensión estatal, las renuncias del gobernador de Chiapas y de otros funcionarios de primeros niveles; en el ámbito federal, la renuncia del secretario de Gobernación. Nunca un “pleito de indios” afectó a tantas cabezas de los gobiernos estatal y federal. ¿No fueron las renuncias una forma de reconocer la responsabilidad activa de las autoridades estatales y federales en este “pleito de indios”?
A 10 años de la masacre de Acteal es oportuno retomar algunos aspectos indelebles vinculados con esa mañana del 22 de diciembre de 1997. Por ejemplo, ¿por qué la policía del estado trató de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la madrugada del 23 de septiembre de 1997 y posteriormente trató de alterar el parte sobre las víctimas y los procedimientos sanguinarios de los paramilitares? ¿Por qué el ejército desplegó después una agresiva campaña de desarme entre las víctimas y los simpatizantes del EZLN y no entre los agresores? Sí, ¿por qué el Ejército pensó que las víctimas debían ser desarmadas, pero los agresores no? ¿Por qué el Ejército y las autoridades civiles privilegiaron los términos de “enfrentamientos intercomunitarios” o “grupos de autodefensa” por encima de “grupos paramilitares”? Si se trataba de diferencias intercomunitarias, ¿por qué remover al propio gobernador de la entidad y al titular de la política interior del país? Hagamos un repaso de algunos puntos que la versión oficial sobre Acteal tuvo que modificar, distorsionar o pasar por alto.
Recordemos, primero, que los días 18 y 19 de diciembre de 1997 el entonces presidente Ernesto Zedillo efectuó una visita oficial a Nicaragua. El periodista Danilo Lacayo lo recibió el día 19 en la televisión nicaragüense; en esa entrevista Zedillo declaró que no había ya guerrilla en México. Sin hacer mención directa del EZLN, afirmó que a principios de 1994 había aparecido “un grupo” de manera violenta, pero que desde entonces se habían dado las condiciones sociales para que esos hechos no volvieran a suceder. Las declaraciones demostraban el interés del gobierno mexicano por permanecer ciego a la insurrección zapatista; negar al EZLN era un eslabón de una sistemática operación política de distorsión para no resolver el conflicto de manera pacífica. En cambio, intencional o tendenciosamente, pasó por alto la aparición “violenta” de numerosos grupos paramilitares en muchas comunidades de los Altos y las Cañadas que contaron con “condiciones sociales” apropiadas para proliferar.
Tres días más tarde, el 22 de diciembre, en el municipio de Chenalhó, en Acteal, se habían concentrado los desplazados conocidos como las Abejas, atentos a los rumores de que preparaba un ataque contra ellos uno de los grupos paramilitares (que el Ejército y autoridades civiles ya designaban oficialmente como de “autodefensa civil”); este grupo pertenecía a la comunidad de Los Chorros, había sido entrenado por cuadros de la policía estatal y lo había pertrechado con armas de alto calibre el presidente municipal priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Los miembros de las Abejas se concentraron desde las primeras horas de la mañana en la ermita del lugar, un galerón de madera con techo de lámina y piso de tierra firme. Para evitar el enfrentamiento con ese grupo paramilitar, muchos hombres se retiraron y sólo quedaron en su mayoría mujeres, niños y ancianos.
A las 10:30 de la mañana se encontraban de rodillas, rezando, en la ermita de Acteal, cuando comenzaron a oír disparos. Se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en la barranca. Durante seis horas el contingente paramilitar disparó y ultimó a varias decenas de víctimas.
Al iniciarse la agresión, unas 325 personas oraban afuera de la ermita, porque el espacio era limitado y habían acordado hacerlo afuera. Cuando el grupo armado abrió fuego, algunas personas murieron en el lugar donde se encontraban, pero la mayoría se dispersó montaña abajo, entre los matorrales. Muchos corrieron hacia un arroyo que se localiza a unos 300 metros y se escondieron en una pequeña cueva. Hasta ahí llegaron a matarlos. El grupo paramilitar cesó de disparar las armas cuando consideró que había acabado con todos los que se encontraban en esa hondonada. Sólo se salvaron dos o tres personas que tenían encima los cuerpos de otros compañeros y que se mantuvieron quietas desde ese momento hasta que empezó a oscurecer y pudieron dirigirse a San Cristóbal. Por ellas se supo que la balacera duró unas seis horas. Las detonaciones se escucharon en San José Majomut y sobre todo en Quextic, población desde donde se observa con claridad Acteal.
Hacia la una de la tarde, cuando aún se desarrollaba la masacre, el vicario de la catedral de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte, llamó por teléfono al secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla Cristiani, para informarle de una fuerte balacera en Acteal y pedir su intervención inmediata. Homero Tovilla dijo no saber nada. A las seis de la tarde llamó al vicario para notificarle que la situación en Acteal estaba controlada, que se habían escuchado unos cuantos tiros y que había cinco heridos leves. Cerca de las nueve de la noche llegó a la catedral de San Cristóbal uno de los sobrevivientes, de nombre Vicente, a dar detalles de la masacre. Dijo que habían pedido auxilio a policías que acampaban cerca del lugar y que ellos respondieron que “no era de su competencia” y no intervinieron.
La Cruz Roja supo a las ocho de la noche que había enfrentamientos en el municipio de Chenalhó. Movilizó tres vehículos para el reconocimiento de la zona y se hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja se integraron durante la noche a las tareas de rescate. El informe presentado por la Cruz Roja la mañana del siguiente día arrojó un total de 45 cadáveres, ninguno de los cuales parecía haber significado en vida un serio peligro ni un furibundo adversario para los paramilitares: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Aparte de los 45 muertos, la agresión dejó además 25 heridos y cinco desaparecidos.
La policía de Seguridad Pública llegó cerca de las cuatro de la mañana al lugar de los hechos con el propósito de desaparecer los cadáveres y eliminar evidencias de la masacre. El 1º de enero, la directora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, afirmó que el coordinador general de las policías en Chiapas, Jorge Gamboa Solís, y el director de Seguridad Pública, José Luis Rodríguez Orozco, incurrieron en negligencia u omisión, porque a las 10:30 de la mañana del 22 de diciembre ya se habían enterado de que algo ilícito estaba ocurriendo en la comunidad de Acteal y sin embargo dieron el reporte de “sin novedad” a la una de la tarde.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/17/index.php?section=opinion&article=010a1pol


Carlos Montemayor / II

Recordar Acteal

Detengámonos en el hecho de que los policías del estado que llegaron a Acteal a las cuatro de la mañana del día 23 de diciembre de 1997 se propusieron eliminar los cadáveres y borrar toda evidencia de la masacre.
Remitámonos primero al reportaje que publicó el 2 de marzo de 1998 Carlos Marín en la revista Proceso. Ahí reveló con detalle que la policía de Chiapas mantuvo siempre una conducta hostil contra las comunidades de simpatizantes del EZLN y que en la madrugada del 23 de diciembre llegó al extremo “de alterar las evidencias de lo que había sucedido en Acteal, al grado de que inventó muertes con arma blanca y destripamientos de mujeres encintas para fortalecer la cómoda hipótesis de venganzas entre indígenas primitivos”. Esta versión fue propalada por el gobierno estatal en una campaña de medios para sugerir que se había tratado de una especie de matanza ritual, al estilo de los kaibiles guatemaltecos. El Servicio Médico Forense del estado llegó inclusive a falsear su reporte para afirmar que 33 víctimas fallecieron por arma de fuego, siete por machetes o cuchillos (entre ellas varias mujeres embarazadas) y cinco por golpes en la cabeza.
En efecto, los policías estatales no preservaron el área de la matanza, no practicaron legalmente las diligencias para el levantamiento de cadáveres ni guardaron registro de los sitios donde se hallaron los casquillos de las balas percutidas. Tampoco permitieron, a pesar de su notoria negligencia, que intervinieran otros peritos en criminalística de campo.
Más tarde, sin embargo, los servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR) determinaron que 43 víctimas habían sido ultimadas por arma de fuego y dos a base de golpes: 36 fueron asesinadas en las faldas del cerro, en una hondonada, y las nueve restantes fueron perseguidas y cazadas en las inmediaciones.
Ante estas irregularidades, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó en su recomendación I/98, dirigida al nuevo gobernador de Chiapas y al procurador general de la República, las siguientes interrogantes:
¿Por qué los funcionarios públicos involucrados, dada la trascendencia y dimensiones del problema, no esperaron a que amaneciera para la práctica de diligencias tales como la fe ministerial de cada uno de los cuerpos, la preservación del lugar de los hechos y la fijación de evidencias como son fotografías, filmaciones, inspección ocular del terreno, entre otras, si las autoridades se habían hecho acompañar de aproximadamente 150 elementos de Seguridad Pública? ¿Por qué razón, tratándose de hechos delictuosos y de especial gravedad, no se conoce que haya tenido intervención el director de la policía judicial del estado? ¿Por qué razón le fue negado al subprocurador de Justicia Indígena, David Gómez Hernández, el apoyo de la policía judicial, específicamente del comandante Alvaro Gutiérrez destacamentado en Chenalhó? ¿Por qué Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, secretario general y subsecretario de Gobierno, dieron instrucciones a Gómez Hernández, siendo que estructuralmente éste no depende de ellos? ¿Por qué, tratándose de hechos tan graves, no se localizó al procurador general de Justicia del estado al iniciarse las acciones para enfrentar la emergencia ocurrida en Acteal? ¿Por qué razón, y ante la magnitud de los hechos, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Ramiro Sánchez Vega, no ocurrió al lugar de la masacre con objeto de ordenar la práctica de diligencias básicas como sería la preservación del lugar de los hechos, la obtención de evidencias y la toma de fotografías, así como conducir la investigación?
El Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal el 26 de diciembre por los delitos de homicidio calificado, lesiones y asociación delictuosa ante el juez segundo del Distrito Federal en Chiapas contra 16 personas. Al día siguiente el juez dictó acto de formal prisión en contra de los consignados. Más tarde, el 31 de diciembre, se dictó auto de formal prisión contra 23 personas más. La noche del 2 de enero de 1998 la PGR informó que el juez federal había también resuelto dictar auto de formal prisión en contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, quien de acuerdo con diversos testimonios había proporcionado las armas de fuego a los responsables de la masacre de Acteal.
El día 11 de enero de 1998 la PGR difundió un boletín de prensa relevante porque comprobaba lo que era sabido por todos los habitantes de los Altos: que la policía estatal protegía a los grupos paramilitares. El boletín decía así:
“El día de hoy, el Ministerio Público de la Federación determinó ejecutar acción penal en contra de Felipe Vázquez Espinoza, comandante de la Dirección General de Seguridad Pública del estado, destacamentado en la comunidad denominada Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros... Según las declaraciones vertidas, el comandante Vázquez Espinosa giró órdenes al personal bajo su mando a fin de que se permitiera el uso de armas de fuego prohibidas a civiles de la comunidad de Los Chorros; igualmente dio instrucciones para que, en vehículos oficiales de Seguridad Pública, se trasladaran cartuchos y armamento de distintos lugares hacia la comunidad de Los Chorros... asimismo... giraba instrucciones para que se brindara protección a diversos grupos civiles cuando se dedicaban a actividades ilícitas, tales como el robo de café... Felipe Vázquez Espinoza reconoció su participación en los hechos, sin embargo, adujo que las instrucciones que giró y su propia participación... se debía a las órdenes que a su vez había recibido de la superioridad, ya que cuando reportaba estos incidentes se le instruía verificar si las personas armadas detectadas pertenecían al Partido Revolucionario Institucional, y que en caso de que se tratara de militantes de dicho partido, los dejara en libertad”.
No fue extraño que en la recomendación I/98 de la CNDH, que los medios informativos difundieron el 11 de enero, se atribuyeran responsabilidades penales o administrativas a comandantes y oficiales policiacos y, de manera destacada, a funcionarios como Humberto Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín Gálvez, secretario y subsecretario de Gobierno; Marco Antonio Besares Escobar, procurador general de Justicia del estado; David Gómez Hernández, subprocurador de Justicia indígena; general Jorge Gamboa Solís, coordinador general de la policía del estado, y José Luis Rodríguez Orozco, director de Seguridad Pública del estado.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/18/index.php?section=opinion&article=012a1pol


Carlos Montemayor /III

Recordar Acteal

Acerquémonos ahora a otro aspecto esencial: los paramilitares que perpetraron la masacre de Acteal. Estos paramilitares se identificaron (y el Ejército y la policía del estado los identificaba previamente también así) como priístas. Decir priístas equivalía a afirmar: “Nosotros estamos con el gobierno, con la legalidad, con las instituciones, con la ley, y todos los que sean enemigos del gobierno son enemigos nuestros”. Esto implicaba que en la batalla contra sus enemigos y los del gobierno, las casas y las cosechas pasaran a su propiedad como botín de guerra. También, que los integrantes de los grupos paramilitares no veían su agresión como enfrentamiento intercomunitario, sino político: eran “bases fieles al gobierno”, entrenadas, protegidas y pertrechadas por el gobierno mismo.
La confirmación de que estos conflictos no eran intercomunitarios partía del tejido policiaco de su protección, formación y orientación. Dos ejemplos pueden ser ilustrativos. Uno, el del general brigadier retirado Julio César Santiago Díaz, que fue el mando de mayor jerarquía que estuvo en Acteal la mañana del 22 de diciembre de 1997. Fungía como jefe de asesores de la Coordinación de Seguridad Pública y era director de la Policía Auxiliar en el estado. Carlos Marín dio a conocer las declaraciones ministeriales de este general el 5 de marzo de 1998 en la revista Proceso.
Pues bien, el general Julio César Santiago Díaz estuvo acompañado de 40 policías estatales durante tres horas y media, a la entrada de Acteal, mientras a 200 metros, montaña abajo, se cometía la masacre. Entre la una y las cuatro y media de la tarde, según relató ante el Ministerio Público Federal: “(...) No se dejaron de escuchar disparos de armas de fuego de distintos calibres como el 22, escopeta, así como ráfagas de AR-15 y AK-47, deseando aclarar que los disparos se oían en intervalos de tres a cinco minutos; es decir, se escuchaban disparos, pasaban de tres a cinco minutos sin que se escucharan, y volvían a escucharse, siendo así todo el tiempo que permaneció el declarante en la entrada a la comunidad de Acteal, sobre la carretera… En esas tres horas y media ninguno de los cuatro comandantes o de los restantes 40 policías estatales que fueron llegando al punto entró al caserío ni se atrevió a bajar la cuesta para averiguar lo que sucedía, debido a que un suboficial le recomendó: ‘Jefe, hágase más para acá porque le pueden dar un tiro’”.
Esta actitud de indiferencia o de permisividad en policías y Ejército fue una constante en numerosas agresiones de paramilitares. El caso de Acteal no fue algo aislado ni único. Era la regla, como veremos más adelante.
Vayamos a un segundo ejemplo, el de Felipe Vásquez Espinoza, el suboficial que aconsejó al general Julio César Santiago Díaz ponerse a salvo de una bala perdida cuando se desarrollaba la masacre. Felipe Vásquez Espinoza era subcomandante de Seguridad Pública. En el mismo reportaje publicado en Proceso el 5 de marzo de 1998, Marín aclaró que Felipe Vásquez Espinoza, cuando tenía su base en Majomut, poco antes de ser destinado a la colonia Miguel Utrillas, del ejido Los Chorros, se enteró “que en este ejido eran Tomás Méndez Pérez y su gente, quienes se caracterizaban por la portación de armas de fuego, sobre todo AK-47 y rifles calibre 22” y que había escuchado en Los Chorros que Tomás Méndez Pérez era “el representante de los priístas.”
En otro momento de su declaración ministerial, a la pregunta de si alguna vez vio a algún habitante de Los Chorros portando armas, contestó así:
“Respuesta. Que sí. Que en una ocasión, el día 26 de noviembre hablé con una persona que acompañaba a otra que portaba un arma de las denominadas cuerno de chivo y al preguntarle por qué portaban esas armas me dijo que eran para seguridad. Y al pedir instrucciones a mis superiores, el primer oficial, Absalón Gordillo, me indicó que si era partido verde lo dejara ir; o sea, verde, que es priísta, por lo que lo dejé ir.”
En declaración ministerial posterior, enriqueció la historia: admitió que el 26 de noviembre, “por instrucciones superiores”, custodió a un grupo de paramilitares tzotziles que llevaban en costales, en una pick-up, un cargamento de las armas conocidas como cuernos de chivo. La instrucción dice haberla recibido, “sin lugar a dudas, del primer oficial Absalón Gordillo Ruiz, comandante en Majomut”.
En el libro blanco sobre Acteal se registraron como procesados los nombres del general Julio César Santiago Díaz y el de Felipe Vásquez Espinoza; el primero, por homicidio y lesiones por omisión; el segundo, por posesión y transporte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. A ninguno se le menciona como protector de grupos paramilitares ni como autoridades que dieron escolta y protección a paramilitares priístas. El nombre de Absalón Gordillo, en cambio, que autorizaba la protección a los paramilitares, no aparece en los registros del libro blanco de Acteal.
El gobierno dejaba, pues, vía libre para que, a través de la policía del estado, se preparara a grupos paramilitares indígenas que enfrentaran, socavaran y exterminaran a las bases zapatistas. En el cerco militar se recurría al Ejército, y en los Altos y en el norte, a las poblaciones indígenas que estaban bajo el control de subsidios oficiales.
La masacre de Acteal fue un acontecimiento brutal, pero no la primera masacre ni la única. Los pasos iniciales de una cadena de masacres se habían consumado hacía mucho tiempo. De todas ellas habían estado al tanto el gobierno estatal y las secretarías de Defensa y Gobernación. A los grupos paramilitares, como Los Chinchulines, Paz y Justicia o Máscara Roja, se les mantenía impunes porque se trataba de una guerra contra simpatizantes zapatistas. Apoyar a estos grupos paramilitares, dejarlos crecer, fortalecerlos como táctica de lucha intercomunitaria, era algo más que una omisión: era una política decidida por el Ejército a finales de 1994 y aprobada por el gobierno federal a principios de 1995.
Esto contrastaba con la crueldad de los operativos militares y policiacos emprendidos contra presuntos integrantes del EPR en la sierra de Guerrero y en la región de los Loxichas, en Oaxaca. En estos casos se había echado mano de todo tipo de violaciones constitucionales, procesales, carcelarias, humanas. Se había tratado de sofocar despiadada y sangrientamente a presuntos integrantes de una guerrilla que en los discursos oficiales no existía. En Chiapas, en cambio, los discursos oficiales sólo se empeñaban en negar la guerra oficial del Ejército contra las bases sociales del EZLN. En un caso, no existía la guerrilla; en otro, no existía la contrainsurgencia oficial.
El 7 de enero de 1998 renunció el gobernador interino de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y tomó posesión el nuevo gobernador Roberto Albores Guillén. Por esos días la acción militar fue significativa. La búsqueda de armas no se efectuó entre los grupos paramilitares que asesinaron en Acteal, sino en las zonas zapatistas que habían sido agredidas. ¿Cómo entender que se buscaran armas entre los agredidos y sobrevivientes de las víctimas y no entre los agresores? El periodista Jesús Ramírez Cuevas señaló el 25 de enero en el suplemento Masiosare, de La Jornada, que:
Tras la masacre de Acteal, el Ejército federal realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas de la Selva, el Norte, los Altos y la Frontera. La acción militar se concentró en 15 municipios autónomos y rebeldes, la mayoría muy lejos de Chenalhó. A ese municipio alteño llegaron 2 mil soldados que se instalaron en 18 campamentos en igual número de comunidades y parajes. Se dijo públicamente que era una campaña de despistolización planeada de antemano, pero en los hechos fue una ofensiva sobre las comunidades zapatistas a base de cateos, interrogatorios a los poblados sobre la ubicación de campamentos insurgentes, sobre los dirigentes zapatistas, sobre las armas y los radios de comunicación. Los militares también saquearon casas, tiendas, cooperativas... Actualmente existen más de 50 mil soldados distribuidos sólo en cuatro de las nueve regiones del estado... En algunos casos, como en la región de la Selva, hay un soldado casi por familia de siete integrantes...
En efecto, un amigo mío, con buen humor, ilustraba los cambios de las políticas federales en los Altos y cañadas de Chiapas diciendo que en ese momento a cada núcleo familiar indígena se agregaba, además de un antropólogo particular, un soldado que los vigilaba.

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Carlos Montemayor /IV y última

Recordar Acteal


Después de que el Ejército buscó tenazmente armas entre las víctimas y no entre los agresores; después de que realizó más de 44 incursiones en 33 comunidades zapatistas y ninguna en comunidades a las que pertenecían los agresores de Acteal, congruente con el propósito de distorsionar los hechos de la masacre, el 31 de enero de 1998, en Davos, Suiza, el entonces presidente Zedillo afirmó, aludiendo al EZLN: “no ha habido violencia entre el gobierno y este grupo. Desafortunadamente, ha habido violencia entre este grupo y otros grupos en Chiapas, y esto ha sido sumamente traumático, pero realmente albergo la esperanza de que, tomando en cuenta toda la situación que tenemos en el país, aliente a todos los involucrados en este problema a que regresen a la mesa de negociación y que tengamos un acuerdo para poder resolverlo”.
Estas declaraciones no eran resultado de una precipitación ni solamente del cinismo, mas volvían a pasar por alto que las consecuencias políticas de la masacre de Acteal fueron descomunales en el aparato de gobierno por las renuncias del gobernador de Chiapas y del secretario de Gobernación. ¿Por qué un “pleito de indios” afectó a los gobiernos estatal y federal?
El 3 de enero de 1998, Emilio Chuay-ffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación y lo remplazó Francisco Labastida Ochoa, quien en su discurso de toma de posesión, además de insistir en el carácter intercomunitario de los conflictos de Chiapas, apuntó lo siguiente:
“Es indispensable que demos forma jurídica a los propósitos planteados en San Andrés Larráinzar. Estos propósitos no están a discusión, reflejan en esencia el espíritu de lo que las partes buscamos; pero a este espíritu y a estos propósitos, en los cuales coincidimos, debemos darles expresión jurídica. Hay que transformar los pronunciamientos y los acuerdos en leyes; éstas no se conforman sólo con exposiciones de motivos: se integran con artículos que responden a técnicas jurídicas”.
Designar los acuerdos de San Andrés Larráinzar como los “propósitos planteados en San Andrés” fue un retroceso. El gobierno mexicano suscribió esos acuerdos, se comprometió; no firmó “buenos propósitos”, sino acuerdos. Pacta sunt servanda, decían los viejos romanos. Los pactos deben cumplirse. El nuevo secretario de Gobernación pareció confundir el desistimiento de un compromiso con el refrendo de un buen propósito, confusión que se avenía perfectamente con la estrategia gubernamental de negar al EZLN en los discursos oficiales y de afirmar de manera reiterada el carácter intercomunitario del conflicto de Chiapas.
Pues bien, la masacre de Acteal no fue la primera ni la única, habíamos dicho. La guerra contra las bases sociales del EZLN empezó en fecha temprana. Así lo demostró un relevante documento militar dado a conocer por el periodista Carlos Marín en la revista Proceso el 5 de enero de 1998, dos días después del discurso del nuevo titular de Gobernación.
Marín me hizo llegar el documento completo, que yo integro y analizo en mi novela Los informes secretos a partir del reporte, que tiene fecha del 25 de julio. No afirmo que el documento militar que me hizo llegar y que aparece en mi novela sea el que aplica actualmente el Ejército Mexicano, pero sí que se trata de uno de los documentos que sirvieron de base para la estrategia finalmente establecida.
El documento quedó elaborado entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 1994, y empezó a aplicarse cuando se celebraban las primeras reuniones de San Andrés, en 1995. Se compone de tres cuerpos principales. El primero es un estudio histórico firmado por el general de brigada José Rubén Rivas Peña, en ese momento destacado en el cuartel de Rancho Nuevo; ese estudio funge como un diagnóstico social del estado. El segundo, sin firma, es un amplio análisis de los contingentes, localización y opciones militares y políticas del EZLN. El tercero, más voluminoso, también sin firma, contiene las cuatro fases de un plan de guerra del Ejército en Chiapas.
En la sección llamada “Plan General de Maniobras Estratégicas Operacionales para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz” se describe un apartado de Asesoramiento para grupos paramilitares. Esa sección del documento dice así: “El Plan de Asesoramiento describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo... En caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas”.
En otro apartado titulado “Segunda Fase de la Campaña Ofensiva” se enlistaron varios procedimientos en cuatro principales bloques. Éstos son datos exactos del primero: “En esta fase las operaciones se conducirán en cuatro etapas. Primero, la suspensión de las garantías individuales en la entidad. Esto se efectuará con el desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista hacia albergues o zonas de refugio oficiales. Con la neutralización de la organización y actividades de la diócesis de San Cristóbal de las Casas... Con la muerte o control de ganado equino y vacuno. Con la destrucción de siembras y cosechas. Con el empleo de grupos de autodefensa civil y la suspensión, en el área de influencia del EZLN, del correo, telégrafo y teléfono”.
El “desplazamiento forzado de la población” y el empleo de “grupos de autodefensa civil” o grupos paramilitares resultan esenciales como contexto de los discursos que intentaban distorsionar los hechos de la masacre de Acteal. La masacre no fue un drama de conflictos intercomunitarios, sino un grave error en el plan militar que el gobierno de México instrumentó para socavar las bases sociales del EZLN; un error, además, previsible. Fue, pues, un grave error de Estado.
Para comprender la firmeza de los planes militares en la creación, entrenamiento y pertrechamiento de los grupos paramilitares mencionemos otro hecho. Tres años después, con notable “retraso”, se efectuó el primer operativo policial de desarme en Chenalhó, exactamente en Los Chorros, la principal comunidad de los que perpetraron la masacre. A las 5 de la mañana del 12 de noviembre del año 2000, dos centenares de elementos de la PGR pertenecientes a la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos por Probables Grupos Civiles Armados se presentaron en esa comunidad. Fueron repelidos por la población, atacados con armas de fuego y perseguidos hasta Majomut, donde los paramilitares de ese sitio habían puesto un retén exactamente frente a una base militar, que presenció con indiferencia, por decir lo menos, las agresiones a los elementos de la PGR. Es decir, el Ejército Mexicano permitió de buen grado que los paramilitares atacaran a elementos del propio Estado mexicano. Esta información no fue difundida. La omite la propia PGR en su boletín número 591/00, del 11 de noviembre de 2000. Hay sólo un pasaje sugerente en la edición del periódico Cuarto Poder del día 13 de noviembre del año 2000, en la página 21, donde se narra lo siguiente:
“Cinco kilómetros antes de Los Chorros, cerca de Majomut, otro grupo indígena bloqueó el camino con piedras, un camión de volteo, una combi del ayuntamiento y otro vehículo más. Y otra vez hubo forcejeo entre policías y campesinos. No llegaron a ningún arreglo, a pesar de que ahí se encontraban funcionarios del ayuntamiento de Chenalhó. Los judiciales abrieron paso por la fuerza, empujando camiones y levantando los obstáculos del camino. En ese tramo, ubicado junto a una base militar, por segunda ocasión los judiciales hicieron disparos al aire para dispersar a los pobladores. De entre el monte se escuchó que los indígenas respondieron a balazos. Ahí se reportó que resultó herido un campesino en un brazo”.
Es ilustrativo el comportamiento solidario y permisivo del Ejército Mexicano con los grupos paramilitares, incluso cuando atacaron a policías federales. Es significativo el esmero con que las autoridades se refieren a los paramilitares: el Ejército los llama grupos de “autodefensa civil” y la PGR “probables grupos civiles armados”. Estamos ante una estrategia de guerra, no ante un episodio de “pleitos de indios”. En este contexto se explica que la policía del estado haya tratado de eliminar los cadáveres de la masacre de Acteal la mañana del 23 de diciembre de 1997 y después, al menos, intentado alterar los hechos de la masacre. Así se explica la aparente actitud errática de los discursos presidenciales antes y después de la matanza. Así se explica que la policía del estado y el Ejército hayan apoyado, por omisión o acción, a los grupos paramilitares antes, durante y después de la masacre. Así se explica que el Ejército haya emprendido una agresiva campaña de desarme entre las víctimas, no entre los agresores. Así se explica la renuncia inmediata de los altos funcionarios estatales y federales. Así se explica la administración de la guerra en Chiapas, no su solución política. Así se explica el surgimiento y perseverancia de grupos paramilitares en el Chiapas de ayer y hoy.

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Lo que se puede y lo que no

Octavio Rodríguez Araujo

Lo que se puede y lo que no

Aceptando sin conceder que de habérsele reconocido el triunfo a López Obrador éste hubiera sido más como Lula que como Chávez, según ha dicho a La Jornada Ricardo Gebrim, del Movimiento de los Sin Tierra (MST), de Brasil, estaríamos mejor que con Felipe Calderón.
Dije “aceptando sin conceder”, porque también hubiera sido posible que con López Obrador la caracterización del gobierno hubiera sido lopezobradorista, es decir, con personalidad propia y no necesariamente equiparable a paradigmas inventados por aquellos que siempre buscan explicaciones por analogía. ¿Lula es un modelo? ¿Chávez es un modelo? ¿Evo Morales es un modelo? ¿Por qué tendrían que serlo? Cada país tiene ciertas peculiaridades y una determinada correlación de fuerzas que fija, finalmente, los límites de estas fuerzas, sean privadas o sociales, imperialistas o gubernamentales.
Gebrim dice dos cosas dignas de ser tomadas en cuenta: 1) “el gobierno de Lula no es un gobierno represor”, y 2) en el momento actual del capitalismo, en nuestros países periféricos no es posible, como ocurrió en Europa durante la (segunda) posguerra, con los gobiernos de tipo socialdemócrata, que se hagan reformas con conquistas sociales equivalentes a las de aquella época.
El hecho de que el gobierno de Lula no sea represor y que al mismo tiempo, como también dice el representante del MST, haya provocado una “gran decepción”, tiene por lo menos dos aristas interesantes. La primera quiere decir que quienes ahora dicen que en el momento actual del capitalismo no se pueden hacer ciertas cosas que serían benéficas para los amplios sectores populares, no hicieron el mismo análisis antes. Si lo hubieran hecho no se justificaría esa “gran decepción”. La segunda contradice los “análisis” y pronósticos del subcomandante Marcos cuando dijo que, en el supuesto de que ganara López Obrador, “… la ilusión se acabaría a la hora en que se fuera viendo que nada había cambiado para los de abajo. Y entonces vendría una etapa de desánimo, desesperación y desilusión, es decir, el caldo de cultivo para el fascismo” (“Los zapatistas y la otra: los peatones de la historia”. Las cursivas son mías.) ¿Por qué esa decepción, esa desilusión, no ha sido el caldo de cultivo del fascismo en Brasil y sí lo hubiera sido en México? Quizá Marcos lo pueda explicar algún día, al igual que aquello que dijo en junio de 2005: que cuando [AMLO] gobernó el DF anidó “el huevo de la serpiente”, es decir, el nazismo, sólo visto por él en su gran sabiduría y perspicacia.
En el coloquio en memoria de Andrés Aubry, donde participó Gebrim, entre otros intelectuales (no todos de acuerdo), se señaló que los gobiernos de los países periféricos, especialmente los de América Latina, eran necesariamente débiles o vulnerables ante la potencia del imperio estadunidense, es decir, que aunque quisieran hacer grandes reformas tendrían que tomar en cuenta esa fuerza externa que, ostensiblemente, ha metido las manos en la región (Cuba y Venezuela son los mejores ejemplos). No hablo aquí de los gobiernos seguidores tardíos del Consenso de Washington y de la Ley Patriótica de Estados Unidos, y que quieren ser más papistas que el Papa, como el de Calderón en México. Lo que quisieron decir, y lo dice con claridad el representante del MST, es que hacen lo que pueden, y esto si quieren, porque no todos quieren hacer reformas a favor de la población mayoritaria de sus países.
Francois Houtart señaló en el coloquio mencionado algo que me parece muy importante. “Fue probablemente duro –dijo–, pero sabio, […] apoyar a Lula en Brasil a pesar de su política interior socialdemócrata, o en Nicaragua de votar [por] el Frente Sandinista a pesar de sus defectos institucionales y de las deficiencias de varios de sus líderes. Se trataba de impedir alternativas de derecha con graves consecuencias, tanto internas como para la nueva integración latinoamericana. Con todo respeto (¿al EZLN y la otra campaña?), uno podría preguntarse si en México un razonamiento similar no habría podido evitar una presidencia aún ilegítima, de derecha dura y entreguista”(http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/857/). En mi interpretación lo dicho por Houtart es una crítica a los movimientos antisistémicos o que se autodenominan así y que en México llamaron a la abstención, al voto nulo y que dirigieron sus baterías contra López Obrador y el PRD de manera tan obsesiva como torpe. El ultraizquierdismo mexicano vive en el voluntarismo de sus dirigentes cada vez más aislados (de la gente y de la realidad), al igual que en Venezuela, donde el autodenominado Secretariado Internacional de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (los epígonos de Nahuel Moreno) llegó a declarar el 7 de diciembre que “perdió el gobierno de Chávez, no el proceso revolucionario” y que su gobierno favorece “a la derecha pro yanqui, por sus políticas de conciliación y de negociación con la burguesía”. Sólo les faltó decir que en el gobierno de Chávez anida el “huevo de la serpiente” (quizá no vieron la película de Bergman del mismo nombre).
Los compañeros del MST han tenido la virtud de combinar la lucha desde abajo y con los de abajo al mismo tiempo que han tenido la suficiente flexibilidad para ubicarse en una realidad que, pese a su creciente desprestigio, sigue vigente: la política de los de arriba y los partidos políticos electorales que, por fuerza, no pueden ser radicales ni excluyentes (si quieren permanecer como tales). Lo tienen muy claro, aspiran a tomar el poder, conquistar el Estado, pero saben que primero tienen que construir el poder popular (un doble poder, diría Salama), nuevas estructuras y ciertas condiciones que todavía no existen. Si es cierta mi interpretación sobre el MST, no es exactamente antisistémico y en el último Foro Social Mundial en Porto Alegre fueron de los muy pocos que plantearon sin ambages que su lucha era por el socialismo y no sólo por “otro mundo posible” sin decirnos, deliberadamente, cuál.

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La Patria no se Vende, Se Defiende.

19 de Diciembre de 2007. En lo que fue la última sesión de este año, del Círculo de Estudios del Centro Cultural José Martí, los compañeros del Frente de Trabajadores de la Energía, nos dieron una interesante conferencia sobre PEMEX, revelándonos datos duros sobre la forma en que los Gobiernos neoliberales han venido poco a poco privatizando el sector energético de nuestro país, así como la represión de que han sido objeto los trabajadores que denuncian y se oponen a este esquema entreguista. Es por eso que resulta importante que estemos listos para dar la batalla por el petróleo, pues en el 2008 se avecina la entrega final de nuestro oro negro a los extranjeros. Por lo pronto la Resistencia Civil Pacífica y los trabajadores del FTE hemos unido fuerzas y estamos listos y pie de lucha para defender a la patria, cueste lo que cueste.

MEXICO: El PRD no quiere moderados ni modositos: AMLO y Encinas. (Fuente: La Jornada).

En momentos como los actuales, los perredistas moderados no son otra cosa que conservadores más despiertos, afirmó Andrés Manuel López Obrador al expresar su abierto apoyo a la candidatura de Alejandro Encinas Rodríguez a la presidencia nacional del PRD. Éste, a su vez, advirtió que en ese partido “no queremos una izquierda dócil, legitimadora, modosita”, en alusión al candidato de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, a quien ambos, sin mencionarlo, recriminaron su cercanía con las ideas y proyectos de la administración de Felipe Calderón.


Comentario: Totalmente de acuerdo con el Presidente Legítimo.



OAXACA: Toma Coicoyán las instalaciones del IEE. (Fuente: Noticias de Oaxaca).

Porque los funcionarios del Instituto Estatal Electoral (IEE) actúan en forma parcial en el municipio mixteco de Coicoyán de las Flores, un grupo de habitantes de esa localidad determinaron tomar las instalaciones del órgano electoral para manifestar su inconformidad. Explicaron que desde hace varios meses por medio de escritos solicitaron al IEE, en especial a la Dirección de Usos y Costumbres, contribuir a la realización de la asamblea comunitaria en donde se elija al presidente municipal.

La respuesta común fue: "Aguanten, estamos trabajando. Ya dialogamos una vez, vamos a esperar". El tiempo, dijo Alejandro Ramírez Ramírez, "ya se acabó, faltan unos cuantos días y si no se realiza la elección de nuestra autoridad, volveremos a tener otro administrador municipal".

El portavoz de los inconformes aseguró que todos los habitantes de las agencias y la propia cabecera municipal de Coicoyán de las Flores están decididos a elegir a un presidente, "la experiencia que tuvimos con el administrador municipal es amarga. Es una gente ajena al pueblo que no le interesa el progreso, por eso no hay nada de obra y no sabemos en qué se gastaron los recursos municipales. Al administrador no le interesa superar la pobreza, solamente les interesa ganar dinero y comprar casas". Tal es el caso, anotó, de Roberto Basulto Caballero, quien como administrador nunca le interesó hacer obras.

Mientras varios indígenas cerraron la puerta principal del IEE y con un mecate de plástico la amarraron para evitar la salida del personal. Alejandro Ramírez remarcó su exigencia: "Nosotros no queremos otra cosa, no queremos ni obras ni recursos, lo único que deseamos es la realización de la asamblea general para elegir al presidente municipal".

Horas después de la protesta, el director de Usos y Costumbres, Jorge Cruz Alcántara ofreció su intervención, antes aclaró que la falta de realización de la jornada electoral en esa localidad es porque las partes en pugna no han logrado ponerse de acuerdo. "Como órgano electoral nosotros no intervenimos ni a favor ni en contra, somos respetuosos de las determinaciones. En el caso de Coicoyán de las Flores hay una pugna entre las agencias y su cabecera municipal".

Cruz Alcántara informó la falta de unos cuarenta municipios en elegir a sus autoridades, "cada comunidad tiene su calendario y somos respetuosos de sus procesos internos. Cuando nos solicitan nuestro apoyo ahí estamos".

El funcionario inició una reunión con los cerca de 100 manifestantes, no sin antes solicitar la apertura de las instalaciones del IEE.

Con información de AIPIN

GUERRERO: Libre, activista acusado de pertenecer al ERPI. (Fuente: La Jornada). Chilpancingo.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, y la Defensoría Popular Ricardo Flores Magón informaron que este martes fue liberado Arturo Duque Alvarado, detenido el 25 de agosto en la comunidad Chamacua, municipio de Coyuca de Catalán, acusado de terrorismo, acopio de armas y de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). En un boletín, las organizaciones no gubernamentales destacaron que, tras su arresto, Arturo Duque fue trasladado a una casa de arraigo de la Procuraduría General de la República en el Distrito Federal, y de allí al penal de máxima seguridad del Altiplano. El 4 de diciembre el juez cuarto de distrito en materia de procesos penales con sede en Toluca, estado de México, retiró los cargos por delincuencia organizada con fines de terrorismo y acopio de armas, y dejó sólo el de portación de arma, lo cual le permitió salir en libertad bajo fianza.

Con información de AIPIN

QUINTANA ROO: PPP pone en riesgo comunidades mayas. (Fuente: Carlos Chablé, Xavier Gamboa, AIPIN).

Una ampliación de una obra vial que forma parte del Plan Puebla Panamá (PPP), está a punto de provocar una confrontación entre los ejidatarios mayas con la constructora que cuenta con el apoyo de las fuerzas de seguridad de Campeche y Quintana Roo.

Según testimonios de los mayas de Gustavo Díaz Ordaz (San Antonio Soda), ubicado en la Zona Limítrofe entre Campeche y Quintana Roo, la compañía constructora a cargo de la ampliación de la carretera según proyecto establecido en el Plan Puebla Panamá, se introdujo en tierras ejidales, rompiendo los compromisos establecidos en el convenio de ocupación previa suscrito con el Ejido.

Los indígenas se quejan de los terrenos en cuestión no forma parte de ninguna expropiación pero que además aún no se les paga la indemnización respectiva.

Exponen que en los últimos 13 meses, los ejidatarios y pobladores, coordinadores por sus autoridades agrarias y municipales, llevan lucha pacífica, legal y hasta institucional, demandando el pago justo, a precios de mercado, para sus tierras.

Al no obtener respuesta, hace un mes notificaron a la compañía constructora que deberían cesar de trabajar las máquinas estacionadas en tierras ejidales, hasta tener una resolución favorable a su demanda de que sus tierras fueran legalmente expropiadas y de que por ellas se pagara el precio justo.

Sin embargo, hace un par de días, un contingente de soldados federales, policías estatales de Quintana Roo y de Campeche acudieron al ejido, en actitud intimidatoria, para "escoltar" a las máquinas a fin de que estas continúen trabajando.

La postura de los mayas es que se paren las obras hasta ser indemnizados, lo que generó una rispidez y roces con los cuerpos policíacos, dio a conocer el Comité Ciudadano de Chetumal, Ribera del Rio Hondo y Zona Limítrofe con Campeche (CHERROZ).

Ante la indefensión, los indígenas solicitan la intervención de los diputados locales y federales, senadores y gobiernos estatales de Quintana Roo y Campeche, así como a los presidentes municipales, regidores y síndicos de Othón P. Blanco, Quintana Roo; y de Calakmul e Xpujil, Campeche, para impedir una tragedia en la zona.

Los mayas informan que la carretera sigue abierta. Lo único que se ha hecho es impedir que se trabaje en la ampliación de la misma (es decir, en los costados laterales), hasta que no se realicen las cosas de acuerdo a derecho.

Con información de AIPIN

NORTEAMERICA: Los Pueblos Indígenas juran derribar el muro racista de la frontera. (Fuente: Brenda Borrel / IRC).

La Cumbre Indígena Fronteriza de las Américas de 2007 inició con una visita de la delegación de derechos humanos a la frontera, y después de cuatro días de actividad concluyó con el juramento de "derribar el muro".

Delegados indígenas para la frontera de la Nación Tohono O'odham visitaron las condiciones a lo largo de la frontera entre EEUU y México, regresando furiosos.

"Lo vimos todo de primera mano en los Estados Unidos," dijo Bill Means, Lakota y cofundador del Consejo Internacional de Tratados Indios del 8 de noviembre. Es también miembro de la delegación indígena aquí en la frontera al sur de Sells, Arizona, encargado de documentar los abusos de derechos humanos en un informe para Naciones Unidas.

El grupo llegó a ser un testigo ocular de la presencia de agentes federales, del helicóptero suspendido de la aduana, de los contratistas de ganancias excesivas, las torres federales de espía, el centro de detención "jaula", y del arresto de un grupo de personas indígenas—en su mayor parte mujeres y niños—por parte de la patrulla fronteriza americana en una nación ind ígen a.

La delegación de derechos humanos estuvo compuesta por representantes de los pueblos de Mohawks, Oneida, Navajo, Acoma, Hopi y O'odham. Cerca de la frontera, en la escena de los arrestos, los Mohawks se rebelaron ante los agentes americanos de la patrulla fronteriza y se mantuvieron en gran solidaridad, al meter la patrulla fronteriza a casi una docena de mexicanos en un vehículo.

"Les estábamos pasando un poco de nuestra fuerza para luchar," expresó Kahentinetha Horn, miembro de los Poseedores de Títulos de las Mujeres de Mohawk. La delegación visitó también la nueva torre espía federal junto al centro de detención migrante de Seguridad de la Patria (Homeland Security en ingles) conocida como "la jaula" en la Nación de Tohono O'odham. La primera parada, sin embargo, fue el repudio a la nueva pared-barrera para vehículos construida en tierra O'odham.

Horn hizo comentarios sobre la insensibilidad del funcionario del distrito de Tohono O'odham quien dirigió la visita y habló a favor de la barrera fronteriza. La delegación emitió severas críticas contra funcionarios de Tohono O'odham quienes, en palabras del delegado de Diné (de Navajo) Lenny Fomenta, "defienden las políticas del genocidio" en la frontera. La delegación indígena que documenta los abusos planeó intervenir en los arrestos, pero la Patrulla Fronteriza metió al grupo en un vehículo y se marchó de inmediato. "Me fui sintiéndome muy frustrado y desalentado," expresó Kahentinetha.

Debate sobre la cumbre fronteriza

Pocas horas después, y hablando a la Cumbre Indígena Fronteriza de las Américas II en San Javier, Means hizo un llamado a la solidaridad a los pueblos indígenas del mundo para detener los arrestos de emigrantes indígenas quienes van hacia el norte en busca de una mejor vida, y solidaridad para derribar el muro fronterizo entre EEUU y México. "¡No aceptamos ni una pulgada de intromisión en nuestra tierra! "Mohawk Mark Maracle dijo a la Cumbre Fronteriza. "Me enojó bastante ver a esos tipos acorralando a nuestra gente". Agregó: "es una violación a nuestra Gran Ley el presenciar lo que vimos hoy y no hacer nada al respecto".

Jay Johnson Castro, del Río Texas, un líder en protestas contra el encarcelamiento de niños migrantes en la prisión de Hutto y el muro fronterizo en Texas, indicó: "oigo 'nación soberana,' pero no vi ninguna nación soberana". Castro informó que los edificios cercanos a la frontera en la Nación de Tohono O'odham son marcados con señales "la Seguridad de la Patria y la Nación de Tohono O'odham,' como en asociación". Maracle dijo que todas las naciones indígenas necesitan reunirse y detener lo que sucede aquí. "En base a experiencias pasadas con la Sociedad Guerrera de Mohawk, donde es que nuestro poder yace: en las personas". Agregó una advertencia a las personas de la nación de O'odham: "Si no paran y agarran su destino, no habrá uno para sus hijos".

Chris George, Oneida de Canadá, dijo cómo la Patrulla Fronteriza se aproximó a la delegación de la Cumbre y exigió saber quién los había autorizado para estar en la frontera. "Nadie nos autoriza a hacer algo. Fue el Creador quién nos llevó ahí," George contestó.

Foster, un defensor de los derechos ceremoniales para los presos nativos, dijo que lo que presenció en la frontera había sido "brutal, vicioso y malo". Mencionó que Diné sabe que todos los seres humanos tienen cinco dedos, pero que él presenció a funcionarios de distrito y agentes federales quienes no tenían el concepto de humanidad de cinco dedos que ellos comparten con los emigrantes. "Eran robots".

Mientras la Cumbre Fronteriza Indígena estaba en puerta, le fue prohibido a un abogado del O'odham en México cruzar a Estados Unidos por el territorio de Tohono O'odham por parte de la Patrulla Fronteriza norte americana, aunque él tenía una carta del Presidente de la Nación de Tohono O'odham solicitándole el ir para encontrarse ese día. Denegando al Presidente Norris en Tohono O'odham, el agente de la Patrulla Fronteriza dijo que el abogado debía tener una visa norte americana para entrar, y no sólo una carta del Presidente Norris.

Means comenta que en la puerta de la construcción del muro fronterizo, uno de los trabajadores le dijo: "Los israelíes nos están ayudando a poner la cerca". Sin duda, el contratista del muro, Boeing, ha subcontratado a Elbit Systems, un contratista israelí de defensa quien participó en la construcción de paredes de seguridad en Palestina. El contratista principal Boeing subcontrató a Elbit Systems para el trabajo de la seguridad en la Iniciativa de Seguridad Fronteriza EEUU-México. Elbit toma parte en también en la construcción del muro entre Israel y Palestina.

Means hizo nota de que aunque el muro de Berlín haya sido derribado, ahora hay otras paredes para dividir a las personas, incluyendo la pared entre Israel y Palestina.

Soberanía verdadera para las naciones indígenas todavía está por verse

Después de viajar a la Nación de Tohono O'odham, fronteriza con México, una delegación de personas indígenas de la cumbre desencadenó un movimiento nuevo para honorar las vidas y muertes de los migrantes. Diana Joe, una mujer de Yaqui quién trabajó el campo en ambos lados de la frontera de niña, expresó: "¡vivan los trabajadores agrícolas!" Horn dijo que es tiempo de dejar de "llorar por todo nuestro sufrimiento" y actuar subyugados, y que es momento de entrar en acción. "Por qué no salimos nosotros y recogemos a esas personas?" refiriéndose a las personas indígenas que andan caminando en el desierto. Instó a la gente a empezar a bajar el muro fronterizo.

Mike Wilson, Tohono O'odham, dijo que es importante disipar el mito de la soberanía indígena en los Estados Unidos. "Nosotros no tenemos ninguna soberanía. Sólo tenemos la soberanía que el Congreso americano nos permite ese día".

Wilson expresó que si la Nación de Tohono O'odham fue realmente soberana, no tendría a un ejército ocupante ni a un poder de policía sin restricción en su tierra. Las fuerzas federales, incluyendo a la patrulla fronteriza, agentes de la Guardia Nacional, e Inmigración y Aduana patrullan por todas las partes del territorio de la tribu. Wilson dijo que incluso niños de seis años de edad ha sido encarcelados en la unidad conocida como "la jaula" en la tierra de O'odham, en San Miguel.

Wilson, un fuerte defensor de los derechos de los migrantes entre pueblos indígena, describió la búsqueda de cuerpos de migrantes muertos en tierras indias. Desde el año 2006, 246 migrantes han muerto en el sector de la Patrulla Fronteriza de Tucson, en donde las políticas inhumanas de la Patrulla Fronteras son impuestas. En la Nación de Tohono O'odham, 65 personas perecieron en el desierto. Actualmente, Wilson busca en el desierto los restos de otros cinco seres humanos. "¿Dónde está la atrocidad moral?" preguntó Wilson. En el mes de julio, Wilson encontró el cuerpo de una joven de 17 años de edad quien estaba embarazada de siete meses.

Wilson dijo que la Nación de Tohono O'odham gastó $16 millones para construir un nuevo centro cultural. "Ni un centavo fue gastado para prevenir las muertes de migrantes". Es tiempo, dijo, para los pueblos indígenas de confrontar el mito de la soberanía y de dejar de actuar como cómplices a intentos de esconder la realidad de las víctimas, mientras utilizan su propia persecución como una justificación. "Es tiempo de salir del silencio acerca de las mujeres, los hombres, los niños y los niños aún no nacidos que mueren en tierras indias por falta de agua".

Wilson demostró una pila inmensa de sus jarras plásticas de agua de las estaciones de agua en la tierra de O'odham la cual había sido cortada. Expresó que las personas hablan de afuera de Minutemen, pero éstos son "Minutemens de O'odham", y agregó que el tiempo había llegado para todas las personas de convertirse en una voz para los migrantes momificados encontrados muertos en el desierto. "Ellos no tienen voz". Petuuche Gilberto, el pueblo de Acoma en Nuevo México, describió el pensar colonizado que la delegación fronteriza experimentó en la tierra de Tohono O'odham. Gilberto recordó las palabras de un miembro del pueblo de Acoma refiriéndose a la Iglesia Católica. "Nos hicieron esclavos para hacer esta iglesia. Me imagino que por éso somos ahora católicos".

Indicó también que el muro fronterizo se levanta en tierras indias porque las Naciones Indias no son capaces de bloquear la cerca "ya que no tenemos esa soberanía sobre nuestras tierras, los territorios y los recursos naturales". Gilberto expresó que algún día las Naciones Indias serían soberanas otra vez. Johnson Castro denunció los abusos en el Centro de Detención Don T. de Hutto, cerca de Austin, Texas, en donde bebés y niños migrantes son encarcelados, así como en el campo de internamiento migratorio Raymondville cercano a Brownsville, Texas.

"Cerca del capitolio de Tejas, hay centenares de niños en una prisión con fines de lucro," dijo Castro de Hutto. Al describir las condiciones antes de que las protestas comenzaran, notó que los niños eran mantenidos en celdas separados de sus padres, que tenían puestos uniformes de la prisión, y que la leche que se les daba a beber estaba expirada. Castro relató cómo una mujer fue asaltada sexualmente por un guardia delante de su niño. Al ni siquiera se le han impuesto cargos. "No sabemos lo que le pasó a la madre y al niño," dijo Castro.

En mayo, la Seguridad de la Patria negó la entrada al Centro de Detención T. Don Hutto en Taylor, Texas, cerca de Austin, al Reportero de las Naciones Unidas sobre migrantes, Jorge Bustamante. En el campo de internamiento de Raymondville, un guardia de la prisión expuso el hecho de que los migrantes fueron alimentados con gusanos. Los Estados Unidos es uno de tan sólo dos países en el mundo, el otro es Somalia, que no asegura legalmente los derechos del niño y que no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Castro notó que el aumento en detenciones forma parte de la "Operación Final," una política norte americana para eliminar a todos los "extranjeros", la cual se encuentra actualmente en su cuarto año.

La Cumbre Fronteriza terminó con la declaración de un fin a la discriminación contra los migrantes y la necesidad de una nueva era en materia de derechos humanos. Los participantes renovaron su determinación para detener el muro fronterizo y mantener a la Nación de Tohono O'odham como responsable de las muertes de hombres, mujeres, niños y niños aún no nacidos quienes murieron en territorio de O'odham "en busca de agua para beber". Como lo expone Mohawk Mark Maracle: "no se necesita de muchas personas para quitar este muro fronterizo"!

Segmento de la declaración final adoptada por los Participantes en la Cumbre Fronteriza de los Pueblos Indígenas de las Américas II el 10 de noviembre, 2007, en San Xavier, la Nación de Tohono O'odham.

Expresamos nuestro indignación colectiva por los niveles extremos de sufrimiento y crueldad, incluyendo muchas muertes y desbaratamientos masivos del estilo de vida, los cuales han sido presentados a esta Cumbre así como lo que hemos presenciado en nuestra visita a las áreas fronterizas durante la Cumbre a consecuencia de políticas brutales y racistas estadounidenses impuestas en territorios tradicionales de la nación Tohono O'odham y en otros lugares a lo largo de la frontera de EEUU/México.

Reconocemos también que muchos de nuestros derechos humanos inherentes, sagrados y fundamentales, incluyendo nuestros derechos y libertades culturales de religión, autodeterminación y soberanía, la integridad ambiental, los derechos de la tierra y el agua, la biodiversidad de nuestras patrias, igualdad de protección ante la ley, los Derechos del Tratado, Libre Consentimiento Previo Informado, Derecho a la Movilidad, Derecho al Alimento y a la Soberanía del Alimento, Derecho a la Salud, Derecho a la Vida, los Derechos del Niño y Derecho al Desarrollo, entre otros, están siendo violados por las políticas actuales de frontera e "inmigración" de varios gobiernos colonizadores.

También afirmamos totalmente el mensaje expresado por muchos de los delegados Indígenas en esta reunión: ser soberano, y para ser reconocido como soberano debemos actuar soberanamente y afirmar nuestra soberanía en éste y todos los demás asuntos.

Por lo tanto, presentamos este informe con la intención de proponer, desarrollar y reforzar soluciones reales y efectivas a este asunto crítico:

Hacemos un llamado a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional:

A terminar las políticas internacionales las cuales apoyan la globalización económica, los "acuerdos de libre comercio", la destrucción de sistemas tradicionales de alimento y economías y de la tierra, situadas en una base terrestre tradicionales y la apropiación natural del recurso que tienen como resultado la recolocación forzada, la migración y la eliminación forzada de Pueblos Indígenas en México, Guatemala y otros países, causando que las Personas Indígenas dejen sus patrias y busquen apoyo económico para sus familias en otros países.

A asegurar que el sistema de derechos humanos de las naciones Unidas presiones a los Estados para proporcionar protección y tomar medidas para prevenir la violencia, el abuso y el encarcelamiento de mujeres y niños Indígenas a lo largo de las fronteras, quienes a menudo soportan los peores efectos de las políticas actuales; también aplicar medidas inmediatas y urgentes y velar por el fin de la violencia física, fisiológica y sexual perpetrada actualmente contra ellos con impunidad a consecuencia de su posición migratoria, ya sean llevadas a cabo por empleadores, comerciantes de humanos, contratistas privados y/o agentes de gobierno.

Implementar leyes y mecanismos internacionales que prohíban la práctica—por parte de EEUU y otros Estados—de la producción, almacenamiento, exportación y el uso de pesticidas prohibidos y tóxicos y otras sustancias químicas en las tierras de Pueblos Indígenas.

Proveeer protección bajo su mecanismo dirigiéndose a Defensores de Derechos Humanos para revisar y controlar todas las leyes y políticas que criminalicen la ayuda humanitaria a personas inmigrantes, y proporcionar protección para aquéllos que llevan a cabo estos actos humanitarios.

Hacer un llamado al Foro Permanente de las Naciones Unidas en su Sesión séptima para reconocer y tomar en consideración este Informe y sus recomendaciones, y para transmitirlos al sistema de Naciones Unidas para asegurar su implementación.

Establecer como una prioridad para el Consejo de Derechos Humanos, sus comités, organismos subsidiarios, Reporteros especiales; El Comité en la Eliminación de todas Formas de la Discriminación Racial de la ONU y otros cuerpos de monitoreo sobre los tratados; el Foro Permanente en Asuntos Indígenas de la ONU; y todos los demás organismos y mecanismos de la ONU para monitorear la conformidad conforme a la obligación internacional de los Derechos Humanos de EEUU, México, Canadá y los demás Estados, en la creación e implementación de políticas fronterizas y de inmigración, particularmente aquéllas que afectan a los Pueblos Indígenas.

Hacer un llamado al CERD para examinar específicamente las leyes, políticas, y prácticas migratorias estadounidenses, como una forma de persecución y discriminación racial.

Hacemos un llamado a los gobiernos de Estados/Países y Agencias Federales:

A honorar, implementar, y sostener en su totalidad los tratados y acuerdos constructivos concluidos libremente con los Pueblos Indígenas y Primeras Naciones, de acuerdo con su espíritu e intención originales en entendimiento de los respectivos Pueblos Indígenas';

A aplicar completamente, honrar y respetar los derechos de tierra, recursos naturales y de auto-determinación, los cuales incluyen el derecho de buscar libremente su desarrollo económico, social y cultural, de los Pueblos Indígenas en sus tierras tradicionales de origen.

A iniciar inmediatamente consultas efectivas con personas indígenas impactadas 'las cuales son divididas por fronteras para el desarrollo de pautas respetuosas en relación a los cruces fronterizos de esas personas indígenas' las cuales aseguran el reconocimiento de cada nación indígena como culturalmente distintas y políticamente como pueblos autónomos únicos y apoyan sus derechos de moverse libremente y mantener relaciones dentro de sus patrias.

Respetar y facilitar el uso de pasaportes, identificaciones, y documentos de inmigración de naciones/tribus Indígenas para viajar a través de fronteras impuestas, específicamente tribus en fronteras colonas entre México, EEUU, y Canadá.

Terminar la militarización de la frontera EEUU/México a lo largo de las tierras Tribales y Naciones Indias, y un fin a la actividad militar y de reforzamiento de la ley y ocupación en todos los lugares de tierras indígenas, sin su libre e informado consentimiento previo.

Terminar la asimilación forzada, perpetuada por las políticas de inmigración, que clasifican a las Personas Indígenas como "blanco" o "hispano/latino" mientras que ya están en proceso de inmigrar, adquiriendo la residencia y/o la naturalización en EEUU u otros países.

Terminar la producción y exportación de pesticidas prohibidos en EEUU y otros países, aceptar la responsabilidad legal total por la salud e impactos ambientales que tales sustancias químicas han contaminado a personas Indígenas, su salud, las tierras, las aguas, sistemas tradicionales de alimento de subsistencia y sitios sagrados.

Terminar la continua violación del Acto de Libertad de Religión del Nativo Americano y la destrucción, profanación y negación del acceso para Pueblos Indígenas a sus sitios sagrados y objetos culturales por las áreas fronterizas, y reforzar todas las libertades culturales y de culto, y leyes de protección ambiental y políticas para las agencias federales que operan en estas regiones.

Dar protección y terminar la intimidación contra las Personas Indígenas y no indígenas proporcionando ayuda humanitaria a lo largo y dentro de las tierras tribales a los indígenas y otras personas desplazadas migrantes que Cruzan la frontera, y a hacer un llamado para terminar inmediatamente la criminalización de tales expresiones de asistencia y cuidados básicos humanos.

Terminar la continua contaminación ambiental, la destrucción al ecosistema y al vertedero de desperdicios en tierras tribales e indígenas a lo largo de la frontera por los militares, las patrullas fronterizas, y contratistas privados haciendo negocios con las agencias federales.

Asegurar que la Patrulla Fronteriza Americana y otras agencias federales que operan cerca de las tierras de los Pueblos Indígenas sean sujetas completa y legalmente para la restauración, reparaciones y/o remedios de daños que hayan causado a las personas, ecosistemas, y lugares, en plena consulta a las personas y pueblos afectados.

Reintegrar los derechos Soberanos de las Personas Indígenas cuyos derechos y estatus han eliminados a través de la norma de ley colonialista y prácticas diarias de asimilación forzada en todos los países.

Asegurar el respeto a las tierras y derechos de recursos de los Pueblos Indígenas en sus propias patrias en todos los países como la forma más efectiva de dirigir asuntos de inmigración y, sobre todo, cuestiones de derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

Implementar políticas humanas de inmigración que respeten en su totalidad los derechos humanos inherentes de todos los Pueblos y personas y que cumplan con las obligaciones de los Estados bajo las Leyes Internacionales de Derechos Humanos.

Con información de AIPIN