domingo, 30 de diciembre de 2007

VIDEOS: La Rosa Blanca

Les dejo un par de videos que me encontré mientras andaba navegando en YouTube. A los renegados nos viene como anillo al dedo en estos momentos, ya que es sobre la lucha del pueblo mexicano contra las compañías petroleras extranjeras antes de 1938. De acuerdo con la descripción de la persona que los subió el video a Internet, es un extracto de una película llamada La Rosa Blanca, inspirada en una novela del mismo nombre del escritor Bruno Traven. Esta película estuvo 11 años censurado por el gobierno mexicano.





Culpa Al Qaeda a Pervez Musharraf por el asesinato de la ex premier Benazir Bhutto

El tema de la muerte de la lideresa entra de lleno en la campaña electoral de EU
Culpa Al Qaeda a Pervez Musharraf por el asesinato de la ex premier Benazir Bhutto
Desmiente un portavoz fundamentalista la versión gubernamental de que la red la ultimó
“Nosotros no atacamos mujeres”, dice representante del dirigente talibán Baitullah Mehsud


Afp, Dpa y Reuters

Islamabad, 29 de diciembre. Un portavoz de Al Queda culpó al presidente paquistaní de facto, Pervez Musharraf, del asesinato de la lideresa paquistaní Benazir Bhutto y rechazó la versión difundida el viernes por el Ministerio del Interior, que imputaba el crimen a la organización fundamentalista, con base en información “de inteligencia”.
La polémica respecto del autor intelectual del crimen se sumó a la controversia sobre cuáles fueron las causas directas del fallecimiento, el jueves pasado en Rawalpindi, cerca de la capital Islamabad.
El gobierno se declaró dispuesto a exhumar el cadáver de Benazir Bhutto, tras que dirigentes del Partido del Pueblo Paquistaní (PPP) rechazaron la información del Ministerio del Interior –basada en la autopsia– de que su candidata murió por un golpe en la cabeza, provocado por la explosión, y desestimó que el deceso haya sido efecto de disparos de un arma de fuego.
“Vi que tenía una herida de bala detrás de la cabeza y otra causada por la salida del proyectil en uno de sus lados”, afirmó Sherry Rehman, cercana colaboradora en la campaña del PPP, ahora paralizada.
Rehman, quien ayudó a lavar la cabeza de Bhutto después del atentado, dijo que el Ministerio del Interior intenta “disfrazar la verdad” al difundir una versión distinta a la que se conoció originalmente.
En ese mismo sentido habló Maulvi Omar, representante del dirigente talibán Baitullah Mehsud, a quien el Ministerio del Interior le atribuyó una declaración telefónica interceptada por los servicios de inteligencia en que supuestamente se refirió al éxito de la operación para ultimar a la ex premier.
Mehsud es líder de una organización de reciente creación, el Movimiento Talibán de Pakistán (Tehrik-e-Taliban Pakistan), que colabora con Al Queda y tiene su campo de acción en la región montañosa del norte del país y en las provincias fronterizas del sur de Afganistán.
“Nosotros no atacamos mujeres”, dijo Maulvi Omar a la BBC. “Fue una conspiración planeada y llevada a cabo por las agencias de inteligencia, el ejército y el gobierno por sus propios motivos políticos”.
El tema del asesinato de Bhutto y los conflictos militares y diplomáticos de Estados Unidos en Asia central (Irak, Afganistán, Irán y Pakistán) entraron de lleno en la campaña electoral estadunidense. Sin referirse a posibles culpables, la precandidata demócrata Hillary Clinton consideró necesario que el homicidio sea investigado por una comisión internacional.
El rival más cercano de la senadora, el también demócrata Barack Obama, señaló la necesidad de actuar con mayor firmeza frente a Musharraf, al tiempo que uno de los asesores del también senador David Axelrod, señaló que los problemas en Irak son consecuencia de la invasión estadunidense a Irak, en marzo de 2003.
La Casa Blanca, en tanto, se mantuvo lejos de criticar la conducción de Musharraf. Uno de los portavoces presidenciales, Tony Fratto, dijo este sábado que la decisión sobre una posible postergación de los comicios legislativos debe ser tomada por las autoridades de Pakistán.
Sobre este punto, la Comisión Electoral paquistaní emitió un comunicado en que reconoció que “la ley y el orden se han deteriorado” después del asesinato de Benazir Bhutto e informó que a consecuencia de los disturbios desatados desde el jueves fue destruido parte del material electoral, lo que incluye listas de votantes, urnas, pantallas de votación y otros objetos.
Al menos nueve oficinas de la comisión fueron blanco de ataques en la provincia de Sindh, sur del país, donde está la importante ciudad portuaria de Karachi, uno de los feudos políticos de Bhutto y su Partido del Pueblo Paquistaní.
Transcurridas 48 horas del magnicidio, los disturbios en el país han paralizado las principales ciudades (Islamizad, Lahore, Karachi y Rawalpindi) y el saldo de muertos se incrementó a 38.
En Lahore, 10 mil personas se atrevieron a protestar en las calles y pidieron la renuncia de Musharraf, quien a su vez, durante una reunión con los jefes de las fuerzas de seguridad, dio la orden de actuar con firmeza y reprimir a quienes perturben el orden público.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/30/index.php?section=mundo&article=020n1mun

Buenos resultados en tiempos difíciles

El despertar

José Agustín Ortiz Pinchetti
jaorpin@yahoo.com.mx

Buenos resultados en tiempos difíciles

Ha sido un año duro para AMLO y su movimiento. Las fuerzas conservadoras han formado de hecho un gobierno de coalición entre el PRI y el PAN. En el Congreso incluso las fracciones perredistas se han opuesto a la mayoría de sus iniciativas. Pocos gobernadores del PRD han guardado distancia con Calderón. La clase política en general pareciera dispuesta a negar la posibilidad a AMLO de ser un competidor político temible. Los medios y el alto clero se han asociado para continuar la campaña negra emprendida contra el tabasqueño en 2006.
Sin embargo, Calderón no lo ha vencido, no ha podido reducir a su movimiento en un factor marginal como logró Salinas con el cardenismo entre 1989 y 1991. AMLO ha entendido que no podía optar por la violencia y que tenía que moderar la resistencia civil para no causar daños brutales a la sociedad. Ha preferido ir a su base fundamental para construir de ahí una nueva ofensiva y lo ha hecho bien. Casi 2 millones de personas se han registrado en su movimiento. Su teleprograma de madrugada, su único espacio en la televisión, ha llegado a tener audiencia de un millón 600 mil personas. Ha visitado más de mil municipios y ha constatado que en todos hay grupos obradoristas. La mayoría espontáneos.
Ningún político tiene recursos semejantes. Calderón no se puede presentar en público sin ir acompañado de un batallón de guardaespaldas. Después de un declive, Andrés Manuel ha tomado rumbo y 27% de la población dice estar de acuerdo con él. Cuando la popularidad y la confianza por Calderón están claramente a la baja a pesar de más de 2 mil millones invertidos en propaganda.
Ha triunfado la resistencia. La derecha mexicana, una de las más reaccionarias del mundo, no ha podido borrar a AMLO del escenario. Hoy es una figura pública importantísima. Aunque se le niega y se le calumnia, impone su presencia y su agenda. El gobierno y los partidos van a la zaga de sus planteamientos. En un país de monopolios, él tiene un monopolio virtual de la oposición. Es el único que actúa como un verdadero opositor señalando los peores defectos del gobierno de Calderón.
Además el ex jefe de Gobierno del DF ha hecho aportaciones trascendentales a la vida pública. Para empezar ha puesto el dedo en la llaga del peor problema de México: la desigualdad. Está despertando una conciencia en las masas de cuál es la razón por la que no crece el país que socava la cohesión social. A pesar de que la mayoría de los políticos y los intelectuales están esquivando el tema, pronto la opinión pública tendrá que afrontarla.
Sin su activismo y capacidad organizativa las tendencias salvajes y ultra radicales en una sociedad agraviada habrían estallado. El PRI y el PAN estarían dispuestos a establecer una fórmula para alternarse indefinidamente en el poder sin cambiar las políticas que favorecen a los intereses de la oligarquía. AMLO ha propuesto una alternativa al gobierno conservador y a la decadencia de la política. Ha reintroducido la épica en nuestra vida pública. Su hazaña es luchar sin prisa ni pausa para crear una verdadera alternativa sin la cual la democracia mexicana quedaría como un propósito histórico quebrado.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/30/index.php?section=opinion&article=006o2pol

2008 y el EPR

jorge carrasco araizaga

MÉXICO, DF, 28 de diciembre (apro).->
Como en años recientes, la agenda del 2008 para el país estará dominada por la inseguridad y la violencia, pero con un peligroso componente adicional impulsado desde el gobierno de Felipe Calderón.De acuerdo con la versión propalada por las autoridades federales, el año que termina el Ejército Popular Revolucionario (EPR) pasó de una organización de propaganda armada a una con capacidad para atacar las instalaciones estratégicas del país. Sin más demostraciones que su discurso a partir de los atentados a los gasoductos de Pemex, el gobierno calderonista le dijo al mundo que la guerrilla en México salió de sus bastiones tradicionales de Guerrero, Oaxaca y Veracruz para actuar en regiones conservadoras como El Bajío, por donde cruza el gas que se surte a la importante zona industrial allí instalada.En esa lógica, se trató de ataques no sólo bien ejecutados, sino muy bien planeados a partir de información sensible del país en poder de esa guerrilla, a la que también en gobiernos anteriores la han vinculado con el narcotráfico.Si ya fue Pemex, de acuerdo con esa versión oficial, lo que puede seguir entonces son ataques a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (Conagua) o cualquier otra dependencia o industria, como la de telecomunicaciones, a través de las cuales se puede provocar un colapso en la actividad económica del país.Aun cuando no haya sido el autor de los ataques, el EPR tiene ahora una imagen de un poderoso grupo con capacidad para desafiar al Estado mexicano.Pero si no lo fue, entonces estaríamos ante un sabotaje promovido desde otros ámbitos. Uno podría ser el de aquellos interesados en demostrar que el Estado mexicano padece una verdadera vulnerabilidad en sus instalaciones estratégicas. La motivación podría ser meramente económica.Otro podría encontrarse en el mismo gobierno, en particular en aquellos responsables de la seguridad nacional. No es raro, ni México sería el único país donde ocurriera, que haya autoridades interesadas en propiciar acciones para que el principal responsable de la seguridad de un país –el jefe de Estado– sea más resuelto en sus políticas.Al hacer de la seguridad una de sus principales apuestas políticas, Calderón Hinojosa puede ser vulnerable a estos escenarios.Y si en verdad estamos ante una poderosa guerrilla, entonces el escenario para 2008 es aún más complicado, pues las Fuerzas Armadas del país tendrían que multiplicar sus esfuerzos con todo y sus limitaciones de presupuesto.Sometidos por Calderón a una mayor presión y creciente desgaste social en su “guerra contra el narcotráfico”, los militares tendrían que ampliar sus acciones a combatir la guerrilla. Sobre todo porque después de esos atribuidos éxitos no habría razón para que el EPR se replegara. No sería raro, tampoco, que alineado al discurso estadunidense, el gobierno mexicano imponga en la sociedad el tema del terrorismo asociado a la guerrilla.Si bien el Ejército está organizado para cumplir con ambas tareas, su capacidad estaría más que limitada, aunque en esa perspectiva debe entenderse la creación del nuevo Cuerpo Especial del Ejército creado este año por Calderón.El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal tiene la misión de “restaurar el orden y la paz públicas”, ya sea en el caso del narcotráfico o la guerrilla.Pero si para la lucha contra el narcotráfico el gobierno de Calderón se sometió al Plan México concebido en el Congreso de Estados Unidos –aún pendiente de aprobación–, en el caso de una guerrilla con la capacidad de ataque que ahora se le atribuye tendría que buscar el reforzamiento de las habilidades y entrenamiento militares, pues el nuevo cuerpo especial del Ejército está integrado por elementos que ya formaban parte de las Fuerzas Armadas.Calderón apuesta también a que en el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso se apruebe su iniciativa de reforma judicial, encaminada a vulnerar los derechos humanos bajo el pretexto de combatir a la delincuencia organizada y su nuevo enemigo: la potente guerrilla del EPR.

Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx

http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=56124

Grupos campesinos se organizan para no recibir “tiro de gracia” del TLCAN

Proponen addendum especial que reduzca el impacto de la apertura en el agro

Grupos campesinos se organizan para no recibir “tiro de gracia” del TLCAN
Las omisiones del gobierno en 13 años y la pobreza podrían conducir a la inestabilidad

Matilde Pérez U y Miriam Posadas /II


En el paredón del neoliberalismo, cientos de pequeños y medianos campesinos preparan la batalla para sobrevivir y organizan la resistencia para que la última etapa de la apertura del sector agropecuario, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no se convierta en “el tiro de gracia” para ellos.

En los pasados meses no dejaron de presentar propuestas, desde la de incorporar un addendum de cooperación trilateral para el desarrollo –algo similar al apoyo que recibió España al incorporarse a la Unión Europea– y la creación de un comité bicamaral para dar seguimiento a las relaciones económicas trilaterales, hasta la presentación de las bases jurídicas y económicas para renegociar el capítulo agropecuario del tratado, entre ellas las relativas al incumplimiento de Estados Unidos en torno a la reducción de los apoyos internos para no impactar negativamente el comercio internacional.

La desgravación en 2008 de cuatro productos “sensibles”, como apunta Felipe Torres, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, mostrará los desequilibrios de la estructura agrícola mexicana que en 13 años no se corrigieron, mismos que podrían derivar en aumento en los precios de productos básicos y riesgos sociales, “porque ni en Filipinas hay los niveles de pobreza que se viven aquí”.

El Estado dejó de actuar para aminorar las desigualdades con los productores de Estados Unidos y Canadá, los cuales absorben 87 por ciento de las exportaciones agroalimentarias de México y generan 79 por ciento de sus importaciones; desmanteló el sistema crediticio; no hizo nada para evitar el mal uso de los subsidios –aunque en el país la agricultura recibe apenas 5 por ciento, mientras en Estados Unidos se entrega 50 por ciento–; no propició la inversión privada en el sector; abandonó la capacitación e investigación; no construyó infraestructura y menospreció el establecimiento de una política de seguridad alimentaria basada en posibilidades reales de la tierra. Y aunque en los dos pasados años aumentó el presupuesto para el campo, éste es insuficiente, ya que para mitigar la crisis se necesitarían al menos 350 mil millones de pesos, casi el doble de lo que se ejercerá en 2008, abunda el investigador.

La inversión extranjera directa en el sector agropecuario desde la entrada en vigor del TLCAN, señala el Banco Interamericano de Desarrollo, se canalizó a la agroindustria y no a la producción primaria, a pesar de la expectativa generada con la reforma al artículo 27 constitucional (1992). Mientras la política de compensación por la apertura comercial ha sido regresiva, los trabajadores agrícolas sin tierra han sido excluidos y los productores con más de cien hectáreas reciben dos veces más recursos del Procampo que los campesinos con menos de una.

Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, describe la situación:

“La liberalización comercial promovida por el neoliberalismo ha provocado graves problemas sociales y económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura; abandono y concentración de la tierra; intensificación de la migración del campo a la ciudad y a Estados Unidos, crecimiento de la pobreza y aumento de la marginación rural y urbana”.

Las trasnacionales de los alimentos están controlando los mercados y destruyendo la capacidad de los pequeños productores, que no pueden competir contra las importaciones en sus propios mercados, añade.

“Está predominando la ley de la selva, según la cual el grande se come al chico, con el resultado de que la agricultura campesina se está llevando a la ruina. Y si los campesinos mexicanos producen más caro no es por ineficiencia, sino porque el precio de los insumos es mayor y los apoyos que reciben no se comparan con los que disfrutan los agricultores de Esta- dos Unidos y Canadá”, dice.

Esta opinión se generaliza entre la mayoría de los dirigentes del sector: “Los campesinos no nos oponemos a la globalización de los beneficios del desarrollo, de los derechos económicos y sociales ni al progreso. Lo que queremos es una relación comercial equitativa y justa”.

Víctor Quintana, fundador del Frente Campesino Democrático de Chihuahua, puntualiza: desde la entrada en vigor del TLCAN, los productores de maíz perdieron casi 51 por ciento de su poder adquisitivo y los de frijol 45 por ciento.

Y si bien la producción de maíz pasó de 18.2 a 22.1 millones de toneladas en dicho periodo, los costos se elevaron en 450 por ciento y su precio –a costos de 1993– se redujo en 2 mil 200 pesos por tonelada.

En el caso del frijol el precio descendió a 3 mil 300 pesos por tonelada y la producción ha sido de altibajos, ya que en 1997 fue de 965 mil toneladas, similar a la de 1980, y en 2006 de 1.1 millones de toneladas, pero el consumo pasó de 16 a 13 kilos, es decir, una reducción de casi 19 por ciento.

Según la Secretaría de Agricultura, “las importaciones de frijol actúan como un complemento y no como sustituto de la producción nacional”, disminuyeron 51 por ciento en el periodo 2001-2006 en comparación con las de 1990-1994, cuando se adquirieron 193 mil toneladas.

En 2007 se estima que la producción cerrará en un millón 203 mil toneladas y el consumo será de un millón 239 mil toneladas. Se prevé importar 35 mil 770 mil toneladas.

Y si bien en el caso del maíz el arancel que en 1994 fue de 206 por ciento fue disminuyendo hasta llegar a cero, durante ese periodo la Secretaría de Economía autorizó importaciones “extra cupo”, que entraron libres de cargos y, por tanto, la pérdida fiscal acumulada fue de casi 3 mil millones de dólares. Para el frijol el arancel vigente hace 13 años fue de 139 por ciento y bajó a 12 por ciento en 2007.

La economía de los dos países ricos que presuntamente “jalaría” a la mexicana –abunda Quintana– se quedó en el camino, ya que durante los 13 años de vigencia del TLCAN se perdieron 2 millones de empleos y las remuneraciones de los trabajadores agropecuarios tuvieron una fuerte caída. En 1994, el salario promedio nacional en pesos de julio de 2002 era de 93.97, y en 2003 apenas de 107.39.

Los datos comparativos respecto de frijol y maíz con Estados Unidos y Canadá son contundentes. La producción promedio nacional del segundo es de 2.5 toneladas por hectárea, contra 8.4 en Estados Unidos y 7.2 en Canadá; en lo relativo al frijol es de 635 kilogramos por hectárea, contra mil 859 toneladas en Estados Unidos y de mil 822 en Canadá. Además, en los primeros 10 años de vigencia del tratado comercial la agricultura tuvo una caída de 14 mil 886 millones de pesos y la inversión se estancó.

El presidente de la comisión especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento al Acuerdo Nacional para el Campo y al capítulo agropecuario del TLCAN, Rutilio Escandón Cárdenas, estima que 8 millones de campesinos serán los más afectados por la eliminación total de los aranceles a los cuatro productos sensibles. “Es una competencia desleal, pues allá (en Estados Unidos y Canadá) hay subsidios y apoyos muy importantes para el campo, mientras en México se han visto muy afectadas las mayorías”, subraya.

Para el dirigente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Javier López Macías, la mejor manera de afrontar la apertura es “asociándonos para producir, como en Estados Unidos y Canadá. No podemos ser competitivos frente a los agricultores de esos países si seguimos descuartizados”, asienta. Recuerda que 90 por ciento del maíz para abasto nacional proviene de Estados Unidos y 75 por ciento de la leche que comercializa Leche Industrializada Conasupo (Liconsa) se compra en Nueva Zelanda.

El campo mexicano sí es negocio, “pero tenemos que desterrar esa cultura que estorba y hace pensar que más vale solos que mal acompañados, y aprender de los agricultores estadunidenses y canadienses, que priorizan la organización para hacer compras en común y a compactar la tierra para cosechar como mínimo seis toneladas de maíz por hectárea”.

http://www.jornada.unam.mx/2007/12/30/index.php?section=politica&article=004n1pol

Se espera un fallo de la CIDH favorable al periodista Eduardo Kimel

El Estado argentino ya reconoció su responsabilidad por la injusta condena

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará a conocer en las próximas semanas su fallo respecto a la apelación iniciada por el periodista argentino Eduardo Kimel, quien en 1995 fue injustamente condenado por la justicia argentina a un año de prisión en suspenso y al pago de una indemnización de 20 mil pesos, por encontrarlo culpable de los cargos de "injuria y calumnia" contra un juez al que mencionó en su libro “La masacre de San Patricio”, en el que desarrolla una detallada investigación sobre los asesinatos en la Argentina de tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden Palotinos en 1976, por un “grupo de tareas” de la dictadura militar.

El Estado argentino ya reconoció la injusticia del fallo contra Kimel y asumió su responsabilidad internacional por la violación a su derecho de expresarse libremente, contemplado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, durante una audiencia entre las partes que se realizó el pasado 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia.

Durante la exposición de su caso ante la CIDH, Kimel hizo un especial hincapié en la necesidad que la Argentina modifique los artículos del Código Penal relacionados a las figuras de calumnias e injurias, utilizadas para limitar la libertad de expresión, “un reclamo que desde hace cerca de 20 años viene realizando la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires”.

El periodista recordó que la UTPBA lo patrocinó durante todas las instancias judiciales que se desarrollaron en la Argentina.

Durante el proceso judicial en el país, la condena a Kimel fue revocada en 1998 por la Cámara de Apelación, pero luego ratificada en 1999 por la Corte Suprema de Justicia.

“Este es un caso paradigmático, porque permite pensar que se puede lograr que las figuras legales de calumnias e injurias argentinas que se encuentran en los artículos 101 y 103 del Código Penal, se adecuen a los estándares internacionales. Esas figuras son ambiguas y demasiado amplias, lo que le permite a un juez condenar a una persona por realizar simples críticas”, destacó la abogada Andrea Pochak, directora adjunta del CELS.

En diálogo con la ANC, Kimel dijo que espera un pronunciamiento favorable de la Corte, y manifestó su deseo que el fallo también obligue a modificar las figuras penales de calumnias e injurias.

“Este proceso fue muy largo pero valió la pena. No por una cuestión personal, sino por lo que tiene que ver con la memoria colectiva. En estos años hubo muchos compañeros que me acompañaron, pero quiero recordar especialmente todo lo que hizo mi esposa Griselda Kleiner, quien falleció. Ella estuvo al lado mío, jamás me abandonó. Era una luchadora social, cordobesa, protagonista del ‘cordobazo’”, señaló Kimel.

“La masacre de San Patricio”, libro publicado por Kimel en 1989, investiga el asesinato de los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y Pedro Duffau, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti, el 4 de julio de 1976, durante la última dictadura militar.

En 1991 el periodista fue querellado por Guillermo Rivarola, quien como juez tuvo a su cargo la investigación en los años 1976 y 1997 y que luego fue camarista del fuero penal, por un breve párrafo que estaba dedicado a evaluar su actuación en aquellos años.

El párrafo señala que “el juez Rivarola realizó todos los trámites inherentes. Acopió los partes policiales con las primeras informaciones, solicitó y obtuvo las pericias forenses y las balísticas. Hizo comparecer a una buena parte de las personas que podían aportar datos para el esclarecimiento”.

Añade que “sin embargo, la lectura de las fojas judiciales conduce a una primera pregunta: ¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios? La actuación de los jueces durante la dictadura fue, en general, condescendiente cuando no cómplice de la represión dictatorial. En el caso de los palotinos, el juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta”.

Y concluye que “la evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”.

En octubre de 1995, la jueza Angela Braidot, condenó a Kimel a un año de prisión en suspenso y a pagarle a Rivarola 20 mil dólares de indemnización, pero en noviembre de 1996, la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones anuló por unanimidad el fallo y absolvió al periodista.

En diciembre de 1998, la Corte Suprema aceptó un recurso de Rivarola, revocó el fallo anterior y lo devolvió a la Cámara para que se dictara nueva sentencia que recayó en la sala IV, que con el voto de Alfredo Barbarosch y Carlos Gerome, condenaron a Kimel y confirmaron la pena impuesta por la jueza de primer instancia.

La UTPBA encabezó una campaña de denuncia en el plano nacional e internacional, logrando que la condena fuera rechazada por la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y entidades empresarias locales, regionales y continentales.

Fuente: Red Voltaire

Comentario: Inevitable recordar el caso de Lidia Cacho y el injusto fallo de la Suprema Corte de Justicia, al parecer acudir a instancias internacionales se está convirtiendo en una necesidad para conseguir la impartición de justicia.

El Pentágono prepara la reanudación de pruebas de armas químicas y biológicas al aire libre

Experimentando con la gente


por Ross Sherwood *

El informe anual del Pentágono demuestra que Estados Unidos está preparando pruebas de armas químicas y biológicas al aire libre en violación de las convenciones internacionales, reveló el profesor Francis A. Boyle, reconocido experto en la materia. Se puede esperar lo peor si se tiene en cuanta que el ejército de Estados Unidos ya realizó en el pasado ese tipo de experimentos en varias grandes ciudades estadounidenses, a espaldas de su propia población.


26 de diciembre de 2007

El Pentágono negó que el presidente George W. Bush haya emitido una directiva autorizándolo a reanudar las ensayos de guerra química y biológica (GCB) al aire libre, interrumpidos en 1969 por orden del presidente Richard Nixon. Los preparativos que anuncia el Pentágono indican, sin embargo, que está listo para hacerlo.

El vocero Chris Isleib no respondió al pedido de que comentara un fragmento del informe anual del Departamento de Defensa, entregado al Congreso en abril pasado, que sugiere que el Pentágono se prepara para reanudar los ensayos.

La reanudación de estas pruebas pondría fin a la moratoria en vigor desde el escándalo provocado por una serie de accidentes ocurridos durante los años 1960.

El informe anual del Pentágono aparentemente se refiere no sólo a simulacros sino a «ensayos completos [de GCB] en el terreno» en lo tocante al perfeccionamiento y la explotación de estos agentes.

En el informe del Pentágono al Congreso se puede leer lo siguiente: «Más de 30 años han transcurrido desde que se prohibieron en Estados Unidos las pruebas al aire libre con agentes químicos vivos, y desde la realización del último ensayo de ese tipo, gran parte de la infraestructura necesaria para las pruebas en el terreno, como los detectores químicos, ha desaparecido o se ha hecho seriamente obsoleta. Los incrementos actualmente previstos en el presupuesto de la infraestructura “Ensayo y Evaluación” mejorarán grandemente tanto el perfeccionamiento como la explotación de las pruebas sobre el terreno, con una mejor representación de las amenazas simuladas y de la definición de la reacción del sistema».

«El ejército ya reanudó los ensayos al aire libre o se está preparando para hacerlo», declaró Francis Boyle, profesor de derecho internacional en la universidad de Illinois y redactor de la ley estadounidense sobre la aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas, firmada por el presidente George H. Bush padre. Boyle ha seguido de cerca el desarrollo ulterior de los hechos.

«Estoy estupefacto ante estos hechos», dijo Boyle. «Es un viraje político de gran envergadura». El tratado de 1972 contra los gérmenes de guerra [la guerra bacteriológica], firmado por Estados Unidos, prohíbe la concepción de armas que producen enfermedades, como el ántrax, agente patógeno que el ejército considera «ideal» para la guerra biológica.

«El Pentágono está totalmente dispuesto a emprender la guerra biológica mediante el uso del ántrax», advierte Boyle. «Se ha adquirido todo el equipamiento, se ha cumplido el entrenamiento y la mayoría de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en disposición combativa han recibido equipo de protección y vacunas que supuestamente les protegerían de este agente.»

Los ensayos al aire libre sacan de los laboratorios la investigación sobre los agentes letales para estudiar la eficacia de estos, incluyendo sus modos de dispersión aérea, y para poder observar su capacidad de infectar y de matar durante los ensayos sobre el terreno. Desde los atentados con ántrax realizados contra el Congreso [1], en octubre de 2001, la administración Bush financió un importante aumento de la investigación biológica sobre el ántrax y otros agentes patógenos mortales en cientos de laboratorios universitarios y privados, en Estados Unidos y en el extranjero.

Los ataques con ántrax dejaron 5 muertos, entre ellos dos empleados de los servicios postales, y otras 17 personas fueron afectadas. Dichos ataques provocaron la suspensión temporal de las actividades en el Congreso de Estados Unidos, la Corte Suprema y en otras entidades federales.

Aunque existe una ley federal que permite al presidente autorizar la realización de pruebas al aire libre con agentes de GCB, Boyle declara que esa ley «no resuelve el problema del respeto [del derecho internacional] ya que dicha autorización violaría la Convención Internacional sobre las Armas Químicas (CIAQ) y la Convención sobre las Armas Biológicas (CAB) así como los textos legislativos sobre la aplicación de dichas convenciones a nivel nacional, y esas violaciones serían crímenes [desde el punto de vista legal]».

Boyle va más lejos aún al agregar que Estados Unidos ya está «violando» ambas convenciones así como el derecho penal federal sobre su aplicación. Por ejemplo, en febrero de 2003 Estados Unidos se concedió a sí mismo una licencia para granadas ilegales, de largo alcance y que implican el uso de armas biológicas, con fines evidentemente ofensivos.

Boyle afirma que la manipulación del ántrax con vistas a una posible ofensiva se evidencia en los esfuerzos del gobierno «por tratar de almacenar enormes cantidades de vacunas contra el carbunclo y de antibióticos, para 25 millones de estadounidenses al menos, con vistas a proteger a la población civil en caso de que se produzca un “efecto de bumerang” en el uso del ántrax durante una guerra biológica que el Pentágono podría librar en el extranjero».

«Teóricamente», agrega Boyle, «usted no puede librar una guerra biológica en el extranjero a no ser que tenga cómo proteger a su propia población civil de toda represalia del mismo tipo, de un “efecto de bumerang”, o de ambas cosas». En el marco del proyecto BioShield, el Departamento de la Seguridad de la Patria (Homeland Security) está gastando 5 600 millones de dólares estadounidenses en el almacenamiento de vacunas y de medicamentos contra el ántrax, la viruela y otros agentes del bioterrorismo [2]. El proyecto ha sufrido retrasos y complicaciones operativas y, el 12 de diciembre de 2006, el Congreso adoptó una ley en la que destina un presupuesto de 1 000 millones de dólares al financiamiento de tres años de investigaciones suplementarios sobre el BioShield en el sector privado.

Dice Boyle que los ataques realizados en octubre de 2001 mediante cartas contaminadas con ántrax dirigidas a los senadores demócratas Thomas Daschle y Patrick Leahy Leahy [3] prueban que Estados Unidos dispone de ántrax utilizable para usos militares. La cepa altamente sofisticada de la enfermedad del carbunclo utilizada entonces parecía provenir de un centro de guerra biológica de Fort Detrick, en Maryland, o sea del propio ejército estadounidense. Aquellos ataques mataron a 5 personas y otras 17 resultaron afectadas. Los actuales esfuerzos tendientes a agrandar Fort Detrick suscitaron además una fuerte oposición de parte de la comunidad local, según un artículo publicado en el Baltimore Sun.

«Es evidente que una persona que trabaja para el gobierno de Estados Unidos acumuló una reserva de ántrax de calidad militar que puede ser utilizada de nuevo a nivel nacional con fines de terrorismo político, o en el extranjero para librar una guerra ofensiva», declaró Boyle.

La agencia Associated Press ha indicado que el ejército estadounidense está reemplazando su Instituto Militar de Enfermedades Infecciosas, situado en Fort Detrick, «por un nuevo laboratorio que comprendería un centro de biodefensa explotado por varias agencias». El ejército declaró a la AP que el laboratorio está destinado a la continuación de investigaciones con fines únicamente defensivos contra las amenazas biológicas.

El hecho de que los científicos del gobierno hayan creado nuevas cepas de agentes patológicos para las que no existe remedio conocido contradice radicalmente el argumento de que la investigación estadounidense tiene fines “defensivos”. Richard Novick, profesor de microbiología de la universidad de Nueva York, declaró: «No se me ocurre una justificación plausible que explique la modificación genética del ántrax como medida defensiva.» La alteración de un agente patógeno (antigenicity) consiste en modificar la estructura básica de este de forma que las vacunas existentes resulten ineficaces contra el mismo.

La guerra biológica implica el uso de organismos vivientes con fines militares. Al ser utilizados como arma, estos organismos pueden ser de origen viral, bacteriano o fúngico, entre otros, y pueden ser diseminados sobre una vasta zona geográfica mediante el viento, el agua, insectos, animales o seres humanos, señala Jeremy Rifkin, autor de The Biotech Century (El siglo Biotech).

Boyle afirma que el gobierno federal estadounidense ha dedicado enormes sumas de dinero a la modernización de Fort Detrick y de otras instalaciones de GBC dedicadas al estudio, la fabricación, los exámenes y el almacenamiento de estos patógenos. Según varios estimados, Estados Unidos ha invertido, desde 2002, unos 43 000 millones de dólares en cientos de laboratorios universitarios, gubernamentales o privados estadounidenses que estudian agentes patógenos con posibilidades de ser utilizados en el marco de la guerra biológica.

Según Richard Ebright, biólogo molecular en la universidad Rutgers, más de 300 instituciones científicas y unas 12 000 personas tienen acceso a agentes patógenos adaptados para la guerra biológica y el terrorismo. Ebright comprobó que la cantidad de becas que el Instituto Nacional de la Salud ha concedido a la investigación sobre enfermedades infecciosas que pueden ser utilizadas en la guerra biológica pasó de 33 becas concedidas en el período 1995-2000 a 497 en 2006. Ebright declaró que el gobierno multiplicó por 10 la cantidad de laboratorios con el máximo nivel de bioseguridad, como los de Fort Detrick, incrementando así el riesgo de accidentes y de desvío de organismos peligrosos. «Si en una de esas instalaciones, un empleado se lleva una sola partícula viral o una sola célula, lo cual es imposible de detectar o de impedir, esa única partícula o célula puede constituir la base de una epidemia.»

Durante la guerra fría, sobre todo en los años 1950 y 1960, diversas agencias gubernamentales emprendieron pruebas con GCB al aire libre en territorio estadounidense y en navíos de la marina estadounidense en alta mar para estudiar los efectos de las armas patógenas. Entre los objetivos se encontraban ciudades estadounidenses, como Nueva York, Chicago y San Francisco, en las que posteriormente se produjeron enfermedades e incluso cierta cantidad de muertes.

Según el artículo de Lee Davidson titulado «Lethal Breeze», publicado en el Deseret News de Salt Lake City en junio de 1994: «Durante décadas de pruebas secretas de armas químicas, el ejército liberó en la atmósfera del Estado de Utah más de 225 000 kilos de neurotóxicos mortales». Entre ellos se encontraba, agrega, el agente VX. Una sola gota de VX del tamaño de la cabeza de un alfiler puede ser fatal. Los ensayos se desarrollaron en Dugway Proving Ground, pero Davidson estima que hay razones para pensar que «algunos [de los agentes] pudieron ser diseminados con el viento».

Documentos del Pentágono que obtuvo el News enumeraban 1 635 pruebas o aplicaciones en el terreno de los agentes neurotóxicos VX, GA y GB entre 1951 y 1969, año «en el que el ejército abandonó el uso al aire libre de agentes neurotóxicos activos después de fugas de gas neurotóxico que al parecer mataron 6 000 ovinos en Skull Valley», escribe Davidson. El incidente de Skull Valley también afectó a un ganadero y a los miembros de su familia.

Boyle acusó anteriormente al Pentágono de estar «preparándose para librar y ganar» una guerra biológica en cumplimiento de «dos directivas de estrategia nacional promovidas por Bush y adoptadas en 2002» sin que haber informado a la opinión pública para que esta pudiese debatir el tema. Sostiene que el programa de defensa química y biológica del Pentágono fue modificado en 2003 para poder emprender la aplicación de dichas directivas, lo cual confirma el posible uso de armas químicas y biológicas como «primer recurso» en una guerra.

 Ross Sherwood
Escritor, consultante en relaciones públicas y director del servicio de prensa Anti-War News Service. Fue animador de un programa radial de debates públicos en Washington; fue reportero también para el Chicago Daily News y trabaja como cronista para diversas agencias de prensa

Fuente: Red Voltaire