lunes, 18 de febrero de 2008

El engaño de la reforma judicial



Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com

El engaño de la reforma judicial

No los diputados, sino los coordinadores de las bancadas del PRI y del PAN en la cámara, anuncian que en unos días concluirán la primera etapa de la reforma constitucional en materia penal, que se ha presentado al público consumidor como “la reforma judicial”. Si lo hacen, estarán consumando una acción política que tarde o temprano se les echará en cara y que todavía podría frenarse en las legislaturas de los estados, pues para una reforma constitucional no basta la aprobación en el Congreso federal.

Pero vamos por partes. Tanto Emilio Gamboa como Héctor Larios, coordinadores del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, atropellan la forma y el fondo al pretender imponer la reforma de marras; la forma en cuanto ellos toman la palabra por todos sus compañeros legisladores, acuerdan entre sí y olvidan el principio básico del derecho parlamentario, según el cual todos los legisladores son iguales en su representación y su voto es individual y libre. El que los coordinadores acuerden y los demás tan sólo confirmen disminuye el papel del órgano colegiado y convierte a los diputados, de representantes de la nación, con plena autonomía para opinar y para votar en los asuntos de su competencia, en simples peones del ajedrez político que juegan sus jefes o patrones, que no coordinadores.

Pero allá ellos. Lo más importante es el atropello a los derechos humanos con reformas que significan un retroceso respecto de la legislación actual y que además contravienen declaraciones contenidas en pactos internacionales aceptados mundialmente y suscritos por México.

Esto es grave sin duda; juristas que no pueden ser tachados de izquierdistas, como Ricardo Franco Guzmán, Sergio García Ramírez y Luis María Aguilar, entre otros, se han pronunciado en diversos foros y en distintos tonos en contra de las pretendidas reformas y han señalado el grave riesgo de que constituyan la formalización de la autorización a los atropellos policiacos y a la violación de derechos humanos elementales. Pero hay todavía algo más: la reforma judicial ha sido manejada en forma mediática, como un producto de mercado que hay que “vender”, y así se han dicho sobre ella mentiras y verdades a medias.

Por ejemplo, se dice que lo que se pretende es instaurar en México un proceso penal en el que la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez sean sus “nuevas” características; pero resulta que nuestros juicios penales ya son orales: hay audiencias, careos y otras diligencias, las más importantes del juicio, que ya tienen esa característica; ya son transparentes y públicas, salvo excepciones razonables; hay la obligación de los jueces de estar presentes en todas las diligencias de los juicios, que es lo que significa inmediatez, y ya tienen nuestros procesos el carácter controversial desde 1917, puesto que los jueces de instrucción que en el siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa del acusado. Esto es, desde 1917 nuestro proceso penal es acusatorio y controversial.

Todo esto tiene, sin embargo, un sentido: es sólo una cortina de humo para introducir detrás de ella, en nuestra Constitución, francas y abiertas restricciones a los derechos humanos garantizados en el capítulo primero de la misma, dando marcha atrás en garantías fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones personales y de la libertad individual.

Las reformas serán, so pretexto del combate a la delincuencia organizada y la pretendida modernización de nuestro tribunales (léase imitación de programas estadunidenses de La ley y el orden), un paso firme hacia un Estado policiaco y represor.

¿Qué está en el fondo? En el fondo está dar más facultades a las policías, restárselas a las procuradurías para convertir a éstas y a sus agentes en simples litigantes acusadores en los procesos y dejar la investigación en manos de la policía, la que se ha planeado desde el sexenio pasado como centralizada y controlada desde el Ejecutivo federal, autorizada para actuar con manos libres en la persecución de quienes los mismos policías definan como criminales.

Me parece que el busilis de la reforma, el punto más grave, que amarra las otras violaciones a las garantías individuales, está en lo que se pretende hacer con el artículo 21 constitucional.

En la redacción elegante y precisa del actual artículo 21 se dice que la investigación y persecución de los delitos incube al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato; en la propuesta a debate, se modifica este párrafo para quedar de la siguiente manera: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”. Así, sin matizar, ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales, o cualquier otra que por ahí aparezca, con el agravante de que, de paso, se cuela, sin aparecer en texto alguno, que los militares con los que mayoritariamente se formó la Policía Federal Preventiva serán también investigadores y perseguidores de delito.

Ciertamente, ya se cometen atropellos; reiteradamente sabemos de allanamientos violentos, de verdaderas tomas de pueblos y rancherías, de disparos y de muertes en los retenes de calles y carreteras, y ya nos estamos acostumbrado a que los policías humillen y vejen, obligándolos a arrodillarse o a tenderse en el suelo, a todos los que detienen, sean culpables o no, sospechosos o simples viandantes; ya hay cateos sin orden judicial, arraigos injustificados y detenciones arbitrarias, pero lo que se pretende ahora es que todo eso tenga un sustento constitucional y nada menos, oh ironía, nada menos que en el capítulo de garantías individuales.

Es cierto que en la reforma se agrega un matiz que en apariencia la salva, que las policías estarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público, pero a éste, para tenerlo bien controlado, simultáneamente se le restringen derechos laborales en el apartado B) del artículo 123 de la Constitución, que va en el paquete; quisiera ver a un agente del Ministerio Público de un pueblo, o de cualquier lugar, dando órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías del AFI o a los que García Ramírez ha llamado los “supercomandantes”.

Con la reforma al 21 se ponen en el primer párrafo, en igualdad de responsabilidades, a la institución investigadora, el Ministerio Público, con las policías, y esto es abrir la caja de Pandora de las arbitrariedades y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura, que con estas reformas recibirá el banderazo de salida. Las leyes secundarias se encargarán de los detalles.

No hay duda de que esta reforma es un retroceso, es tan grave como la del ISSSTE o la de los energéticos, porque será el instrumento que puede usarse para reprimir movimientos sociales. Ciertamente, la gente, el pueblo, ante crímenes y delitos reales y también ante la propaganda para meter miedo, exige seguridad y ésta debe prestarse por parte del Estado, pero no al precio de la libertad.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/18/index.php?section=opinion&article=022a1pol

Petróleo: quién manda en México

Comentario
Una excelente crónica de Gilly, que nos remonta a un momento de decisión nacional y plantea bien la pregunta sobre el petróleo, ¿Quién manda en México?, eso es lo que deben de contestarle al pueblo de México estos vendepatrias del PRIAN, los que al buscar entregar esta riqueza a los intereses trasnacionales, están provocando a los habitantes del país, dueños del petróleo y todas las riquezas que se encuentran en el subsuelo, encima del suelo y por todo el territorio nacional.
Las riquezas del país son propiedad de la nación y del pueblo de México, así que no permitiremos que se regalen a nadie. Deben ser usadas como palanca del desarrollo nacional, para déjarle un mejor futuro a nuestros hijos.
LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE



Adolfo Gilly

Petróleo: quién manda en México

La nacionalización del petróleo fue decidida el 9 de marzo de 1938, caminando por los campos de Morelos, por dos generales del Ejército Mexicano formados en las batallas guerreras de la revolución y en las batallas jurídicas de la Constitución de 1917: Lázaro Cárdenas del Río y Francisco J. Múgica. De esa decisión fue informado el gabinete presidencial en la tarde del 18 de marzo, y la aprobó. Nadie sospechaba hasta la noche de ese día –ni las compañías petroleras ni sus gobiernos– la magnitud y los alcances de la medida expropiatoria.

El gobierno del general Cárdenas supo escoger el terreno del enfrentamiento con las compañías extranjeras y tomarlas por sorpresa. No planteó la nacionalización como cuestión de beneficios económicos o de derechos laborales, sino como un dilema sobre quién manda en México: el gobierno de la nación o los dueños del petróleo.

Se debe recordar, recordar bien, que el presidente Cárdenas decretó la nacionalización cuando las empresas petroleras se negaron a acatar un laudo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contrato colectivo con sus trabajadores. No era una argucia legal para tener el apoyo del movimiento obrero, que de antemano estaba asegurado. Fue utilizar lo que las empresas creían un incidente jurídico menor para plantear una cuestión de fondo: quién manda, quién decide sobre los cielos, el suelo y el subsuelo de este territorio que se llama República Mexicana, si un grupo de empresas extranjeras subsidiarias de sus gobiernos, que prestos salieron en defensa de ellas, o si los poderes del gobierno de la República elegido y apoyado por su pueblo.

Los tiempos son otros, los gobiernos mexicanos y su relación con el pueblo de esta República también. Pero ante la amenaza de privatizar Pemex en todo o en parte, con capital extranjero o nacional pero siempre capital privado –es decir, que en tanto capital no puede por definición responder al interés de la nación sino al suyo propio, si no dejaría de ser capital–, los fundamentos de la disputa deben plantearse sobre el mismo terreno: quién manda en México.

Es absurdo, para no usar palabras mayores, plantear la cuestión de Pemex como un problema económico o tecnológico, aunque hoy en ambos aspectos la situación de la empresa flaquee. Aceptar la discusión en ese terreno es perderla de antemano.

Por la contigüidad territorial con Estados Unidos, en México, más que en cualquier otra nación del continente, la propiedad estatal del petróleo es una cuestión geopolítica que hace al mando y a la soberanía sobre el territorio nacional. La continuidad del territorio y por ende del subsuelo de ambos países es marca indeleble en la historia mexicana. Hoy más que nunca Estados Unidos, su mando político en la Casa Blanca y su mando militar en el Pentágono, necesitan asegurar el petróleo mexicano como un componente indispensable de su estrategia militar global, tanto hacia los poderes que están al otro lado del Atlántico como hacia aquellos al otro lado del Pacífico.

Estados Unidos necesita –necesitó siempre– subordinar las fuerzas armadas mexicanas a sus fines estratégicos, a sus tecnologías, a su entrenamiento y a sus doctrinas militares y de seguridad, que son lo mismo. Hasta la Segunda Guerra Mundial no lo había logrado. Después vino el largo y paulatino cedimiento y por fin, desde Salinas de Gortari en adelante, las cesiones y concesiones en cascada.

Estados Unidos se ha propuesto, y en buena medida lo ha logrado, recorrer hasta el Canal de Panamá lo que considera su frontera geográfica de seguridad. El Plan Puebla-Panamá, como es bien sabido, es parte de esa vasta operación geopolítica, para la cual ha contado con la colaboración de los gobiernos mexicanos al menos desde Carlos Salinas hasta el presente. Pero no le basta recorrer de hecho esa frontera. Necesita la sumisión de los gobiernos nacionales de esos territorios y el control de sus recursos naturales y económicos –no la propiedad total, por supuesto, sí el control y la subordinación. Frente a las potencias asiáticas y a las potencias europeas, cualesquiera sean sus relaciones con ellas en cada momento, ésta es su zona de seguridad continental, su territorio amurallado. Esa doctrina no sólo no ha cambiado con la globalización. Por el contrario, se ha fortalecido con razones y exigencias nuevas, antes inexistentes.

Esa estrategia histórica de dominación y subordinación (que no de simple dependencia económica) tiene hoy componentes materiales e ideales que en conjunto conforman una renovada operación de ablandamiento de las resistencias nacionales mexicanas y latinoamericanas en nombre del libre comercio y la libre circulación de capitales (que no de personas, como debería ser el corolario).

Uno de esos componentes es haber logrado que el narcotráfico pasara a ser asumido por las autoridades mexicanas, ya no como una cuestión policial de primera importancia, que lo es, sino como una supuesta cuestión de seguridad nacional; mientras en modo alguno lo es tal para el ejército y el gobierno del país receptor y consumidor de la droga, Estados Unidos. Cualquiera sea su origen, una evidente operación de desestabilización política se esconde en los vericuetos y las guerras del narcotráfico, una buena parte de cuyos capitales y mandos, como diversos estudios lo han mostrado, están al otro lado de la frontera norte de México. En este contexto la Iniciativa Mérida es una de las varias facetas de la operación general de ablandamiento de las resistencias y las defensas de esta nación.

El 12 de febrero pasado Pedro Miguel escribía en estas páginas: “La Iniciativa Mérida es un acuerdo para que un gobierno incapaz de acabar con el trasiego de estupefacientes reciba asistencia de otro que tampoco puede o quiere erradicar el narcotráfico. [...] El hecho es que los gobernantes gringos no han podido o no han querido acabar con el narcotráfico. Con todos sus radares, sus satélites, tan precisos que pueden discernir a la distancia la marca de un bolígrafo; con sus aparatos de intercepción de conversaciones, sus sensores de infrarrojos, sus bases de datos y sus sistemas en tiempo real; con sus Hummers artillados con calibres de guerra, sus aviones espía, sus efectivos de la DEA, el FBI, y la Migra, sus marines, sus boinas verdes, sus rangers, sus mercenarios, sus portaviones, sus guardacostas, sus cárceles concesionadas a empresas de excelencia y su sistema judicial que presumen como si fuera eficiente y bueno, los centenares de toneladas de cocaína siguen fluyendo sin problemas hacia las fosas nasales de los consumidores”.

Aparte de los grandes intereses económicos involucrados en la industria de la droga, la estrategia del llamado combate al narcotráfico asume los rasgos de una redición de lo sucedido en Colombia, con las funestas consecuencias allá registradas para la soberanía nacional y la democracia. En un mundo de estados nacionales como en el que vivimos pese a todas las teorizaciones acerca de la disolución o el desvanecimiento de dichos estados, pocas cosas convienen tanto a las ambiciones de dominación de un vecino poderoso sobre uno de esos estados como el que las fuerzas armadas de tal nación se vean envueltas en tareas policiales –y además, en tareas de represión contra su propio pueblo, llámese éste Chiapas, Guerrero o Oaxaca.

¿Es que este cuento va a proseguir? ¿Es que se va a insistir en discutir la cuestión de Pemex y del petróleo como un problema exclusivo de recursos económicos y tecnológicos? ¿Es que no es evidente la operación de dominación emprendida sobre México –y su timing preciso– por una nación hoy desequilibrada por su propio poderío y por la ineptitud patológica de sus actuales gobernantes junto a la desmesura de sus obsesiones y ambiciones? ¿Es que no se ve el peligro que significa hoy, precisamente hoy, la dinámica geopolítica de ese país vecino?

¿Y las ambiciones de privatizar Pemex, de un modo u otro, en todo o en parte, con uno u otro subterfugio legal, con capital nacional o extranjero, nada tienen que ver con esa situación?

Es además insensato, absolutamente insensato, entrar a discutir y resolver con inusitada premura una cuestión vital de soberanía y geopolítica de la nación mexicana precisamente en los momentos en que ese vecino, Estados Unidos, componente ineludible de las decisiones sobre dicha cuestión, está envuelto en su controvertido y cercano cambio de gobierno; atrapado militarmente en Irak y Afganistán; desbalanceado por las crisis de su economía; y habiendo descubierto por fin que la globalización no significa su dominación mundial indiscutida, sino también el ascenso de las ambiciones y los desafíos de las grandes potencias de Europa y de Asia.

Es preciso cambiar de raíz el terreno y los tiempos de la cuestión petrolera mexicana. No es sino en segundo nivel una de financiamiento y tecnología. Tanto lo han dicho que fatiga repetirlo: si se modifica el régimen impositivo que succiona todos los recursos de Pemex y le impide financiar su crecimiento tecnológico, la empresa petrolera nacional tiene amplio campo de afirmación, exploración y crecimiento. Ese régimen por el cual Pemex es el sostén principal del presupuesto del Estado tiene un solo beneficiario: el capital privado. Gracias a Pemex, los niveles impositivos sobre los capitales privados están entre los más bajos que hoy existan. No es verdad que si se permite a Pemex capitalizarse no habría recursos en el presupuesto para los rubros de salud, educación, infraestructura y otros. Esto es chantaje puro. Esos recursos deben salir de los impuestos normales a las ganancias del capital, terminando con la condición de semiparaíso fiscal que se le ha impuesto al territorio nacional. Tampoco es verdad que habría fuga de capitales. Demasiado codiciado para la inversión es este país, por razones similares a las que lo hacen codiciable para las ambiciones de la nación del Norte.

El debate y las decisiones sobre el estatuto jurídico de Pemex y los recursos para su eficiencia y su modernización tienen que partir de esta plataforma. No es una cuestión ante todo económica y técnica. Es una cuestión de geopolítica y de soberanía nacional: quién manda en México.

En caso contrario, el gobierno nacional –y gobierno son los tres poderes, no sólo el Ejecutivo– se vería colocado en la paradójica situación de cumplir con la consigna zapatista: mandar obedeciendo. Pero obedeciendo al mando establecido en el Pentágono, la Casa Blanca y Wall Street, dueños una vez más, por sí mismos o por interpósitos capitales privados mexicanos, del control de los recursos petroleros de la República Mexicana.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/18/index.php?section=opinion&article=007a1pol

Rumores sin sustento

Ciudad Perdida

Miguel Angel Velázquez
ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com

Rumores sin sustento
Autoridades federales insisten en culpar al narcopoder

Crónica de la vida de las delegaciones

Las agencias federales encargadas del combate a la delincuencia se esforzaron, en los dos días recientes, por culpar al narcopoder del bombazo que sacudió la opinión pública el fin de semana pasado, y que seguramente dará mucho de que hablar en los próximos días. Aunque ayer mismo, por alguna razón desconocida, han levantado algunas otras hipótesis al respecto.

Podría ser, eso no se puede descartar, que la bomba que estalló en las proximidades de la Secretaría de Seguridad Pública del DF estuviera destinada a dar un aviso a las autoridades capitalinas sobre el poder de los grupos que trafican con drogas.

Los éxitos de la policía capitalina, que capturó a dos importantes grupos de delincuentes en posesión de armas de alto poder durante las semanas recientes, podrían haber despertado la necesidad de venganza entre los jefes mafiosos, que con el estallido del artefacto querrían inhibir el accionar de las policías de la capital del país.

No es posible, en una mente medianamente informada, descartar la posibilidad, pero lo sorprendente es que esas mismas mentalidades pretendan concluir, desde ya, sin mayor profundidad en la investigación, que sólo el narcotráfico puede atacar al gobierno, y no nada más al del DF, que sería la novedad, sino al federal, como ha venido sucediendo.

Las especulaciones de las dependencias federales, que por el momento no pueden ser más, tienden a señalar que la ciudad de México se ha convertido en otra de las arenas de la guerra entre el gobierno y el narcopoder, según las primeras declaraciones, y daría razón a quienes pretenden meter a las agencias federales a las calles de la capital del país.

Por eso, para muchos, cualquier otra hipótesis está descartada, aunque los muy pocos datos que se tienen, no encajen con el accionar de las bandas de narcotraficantes que azotan al país.

Uno de los escasos datos duros que ha salido a la luz es el material con el que se fabricó el explosivo. El C4 es de uso militar para demoliciones, y es casi dos veces más destructivo que el TNT, pero eso es, hasta ahora, lo único que parece ser cierto.

De cualquier forma, parece que la cantidad de explosivo que portaba el hombre muerto no serviría para causar un gran daño, y eso no parece ser el sello de actuación del crimen organizado, que regularmente ataca con todo a quienes considera sus enemigos. Baste recordar a los decapitados para darnos una idea de la crueldad con que se manejan. Entonces la pregunta salta: ¿por qué habrían de tener alguna consideración en la operación abortada?

Los rumores han merodeado la investigación, que sigue cerrada para la opinión pública. Pero a final de cuentas hay que recordar que son rumores sin sustento.

Y es que frente al hecho, como ya lo explicó el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, no cabe hacer de lado ninguna sospecha, por increíble que parezca. Es muy probable que hoy mismo, o mañana, a más tardar, las instancias encargadas de la investigación puedan dar más datos sobre lo sucedido. Sea lo que sea, la gente tiene que estar bien informada de lo que pasa, aunque el resultado nos hable del fracaso del gobierno federal en su guerra para combatir al narco.

De Pasadita

Esta mañana será presentado ante los capitalinos uno de los esfuerzos más importantes del gobierno de la ciudad por llevar educación a los habitantes del DF. Se trata de la crónica de la vida de las delegaciones que conforman la capital de México. Es decir, la secretaría de Educación Pública del DF, que encabeza Axel Didrickson, busca con ese libro mantener en la memoria de los capitalinos la respuesta a la pregunta básica: ¿de dónde venimos?, y ofrece datos que la desmemoria global quizo tragarse, y que ahora, en estos tiempos, sirven para dar certeza a nuestro origen. Bien por eso.

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/18/index.php?section=opinion&article=042o1cap

¿País o Colonia?: AMLO

Tomado del Portal de RadioAMLO, gracias a Margarita por colocarlo
http://www.radioamlo.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1872&Itemid=88888997

¿País o Colonia?
del diario Reforma
escrito por A.M.L.O.
Monday, 18 de February de 2008




López Obrador expone que el País se ha convertido en un importador de derivados del crudo dado que no se ha dado prioridad al sector energético

Andrés Manuel López Obrador


Ciudad de México (18 febrero 2008).- A diferencia de la derecha y de sus tecnócratas, nosotros pensamos que podemos sacar adelante al país desterrando la corrupción de la que se alimentan y nutren mutuamente el poder económico y el poder político de México.

También creemos que es indispensable, para la transformación del país, un modelo económico propio que tenga como eje aprovechar la vocación de trabajo de nuestro pueblo y el uso racional de los recursos naturales, sobre todo de los energéticos.

Aquí no trataré el problema de la corrupción política y de los beneficios que obtendríamos con erradicarla. No hablaré de los jugosos negocios que actualmente se están haciendo al amparo del poder público, como es el caso del reciente contrato de compra de gas a Repsol de España por 15 mil millones de dólares, asignado sin que se presentara ninguna otra oferta y con gas extraído en Perú y revendido a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos.

Tampoco me referiré a lo mucho que ganaríamos al liberar de la opresión a los trabajadores mexicanos, a quienes se les ha cancelado el futuro en su patria y se han visto obligados a emigrar para desatar en el extranjero su talento y laboriosidad.

El propósito de este artículo es resaltar la importancia estratégica del petróleo y de cómo podríamos convertirlo en palanca del desarrollo nacional. La relevancia del sector energético radica en que se extiende desde la extracción del crudo y el gas hasta la refinación, la petroquímica y la generación de electricidad. Los productos de estas industrias son insumos de otras y, así, se va formando una gran cadena de valor económico. Además las industrias energéticas usan de manera masiva bienes y servicios de otras ramas de la economía, con lo que se fortalece el mercado interno.


Por otra parte, todas las proyecciones indican que la demanda de energéticos seguirá en aumento, incluso, se estima que para el año 2020 será un 50% mayor que la actual. Es decir, aún cuando se continúa investigando sobre otras fuentes de energía, todavía por varias décadas el desarrollo de la economía mundial seguirá sustentándose en los hidrocarburos.

Es en este horizonte en el que México goza de invaluables posibilidades de desarrollo. Nuestro país cuenta con reservas potenciales de crudo suficientes para producir gasolinas y petroquímicos y, además, posee en el subsuelo gran cantidad de gas natural que, cada vez, con mayor frecuencia se está utilizando para la generación de energía eléctrica.

Ahora bien, por qué se ha desaprovechado este gran potencial económico y no se ha usado el petróleo para fomentar la industrialización, generar empleos y convertir a México en una potencia energética. La respuesta, aunque parezca increíble, tiene que ver con la idea que ha prevalecido, en los últimos 25 años, de privatizar la industria eléctrica y el petróleo. Y desde luego, detrás de esta concepción está el interés de quienes ambicionan apropiarse de recursos que son propiedad de la Nación y del pueblo de México.

Sólo así se explica que desde 1983, en vez de modernizar la industria petrolera y convertirla en palanca del desarrollo nacional, todos los gobiernos neoliberales han optado, deliberadamente, por arruinarla y tener el pretexto para venderla y convertirla en un negocio privado.

Durante este periodo, la política energética ha sido manejada con perversidad, de manera irresponsable y con una sorprendente falta de visión y sentido común. Lo único que les ha importado es vender petróleo crudo al extranjero haciendo a un lado la exploración de nuevos yacimientos y, sobre todo, dejando en el abandono la refinación y la industria petroquímica.

La inversión pública directa de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se redujo al mínimo; pasó del 2.9% del PIB en 1982, al 0.57 en el 2007. También en electricidad disminuyó del 1.2% del PIB en 1982 al 0.31% en el 2007. Es decir, en ese periodo la totalidad de la inversión pública en el sector energético cayó del 4.12 al 0.88% del PIB.

Por más de dos décadas la producción prácticamente ha dependido de los campos descubiertos en los años setenta, sobre todo del yacimiento de Cantarell en el mar de Campeche y de los pozos de Chiapas y Tabasco.

Con respecto al gas, los tecnócratas nunca avizoraron la importancia estratégica que llegaría a tener este energético. A la refinación y a la petroquímica se les privó de recursos para su expansión y modernización. Desde hace 25 años no se construye una nueva refinería y por eso estamos importando 307 mil barriles diarios de gasolina, que podríamos estar produciendo en nuestro país, generando empleos para los mexicanos.

Es tan absurdo lo que han hecho que este año se comprará gasolina en el extranjero con un valor de 10 mil millones dólares, exactamente lo que costarían las tres refinerías que necesita el país para ser autosuficientes en este combustible. En suma, el sector energético no ha tenido prioridad en los planes gubernamentales y México se ha convertido en exportador de crudo e importador de productos con mayor valor agregado.

Todo esto nos ha llevado a una gravísima situación de dependencia. Se compra caro en el exterior la cuarta parte del gas que necesitamos en el país y el 40 por ciento de la gasolina que consumimos.

Por si fuera poco, en México, la electricidad y el gas, le cuestan más al consumidor y al empresario que en Estados Unidos y que en otros países del mundo. En cuanto a la gasolina, mientras nosotros pagamos en diciembre de 2007 el litro en 8 pesos con 74 centavos, en otros países petroleros como en Rusia valía 8.48; en Estados Unidos, 7.51; en China 7.16; en Nigeria, 5.28; en Emiratos Árabes, 4.99; en Ecuador, 4.34; en Irak, 3.49; en Kuwait, 2.32; en Arabia Saudita, 1.32; en Irán, 0.97 y en Venezuela 50 centavos por litro.

Ante este panorama y esgrimiendo la falta de recursos económicos y de tecnología, el gobierno usurpador pretende consumar la fechoría de privatizar esta riqueza de la nación y compartir la renta petrolera con empresas extranjeras.

Debe saberse que PEMEX, a pesar de la corrupción y del mal manejo, genera cada año un gran superávit de 60 mil millones de dólares, más del 6 por ciento del PIB. Es la empresa más rentable del país (extraer un barril de petróleo nos cuesta 4 dólares y se vende hasta en 80 dólares).

PEMEX es la segunda petrolera con mayor flujo de efectivo del mundo. Los impuestos que pagó el año pasado fueron de 60 mil millones de dólares, equivalentes al 38 por ciento del presupuesto del gobierno federal, y a más de tres veces, lo que pagaron de impuestos sobre la renta todas las empresas privadas del país. Si PEMEX no invierte lo suficiente, es porque el gobierno se lo confisca todo.

En cuanto a la tecnología, es falso que irremediablemente tengamos que asociarnos con empresas extranjeras y no se pueda contratar. Además hay trabajadores, técnicos e ingenieros petroleros mexicanos con mucha experiencia.

No olvidemos que, contra todos los pronósticos de las compañías extranjeras, Petróleos Mexicanos, en 1938, salió adelante en sus operaciones, como puede lograrlo, con más razón ahora. Es cosa de convocar a quienes saben y están dispuestos a contribuir.

Sólo los tecnócratas acomplejados y vende patrias, pueden argumentar que hoy PEMEX no puede y que su entrega al sector privado, nacional o extranjero, es la única salvación.

La política de fortalecimiento energético que proponemos, sin apertura al capital privado, ni nacional ni extranjero, implicaría en una primera etapa, invertir con carácter de urgente, 400 mil millones de pesos que se destinarían a la exploración de nuevos campos, al desarrollo de los yacimientos de gas natural, a la perforación de nuevos pozos, a la construcción de tres nuevas refinerías, a la modernización y ampliación de plantas petroquímicas, a la investigación y tecnología (incluyendo fuentes de energía alternativa) y al mantenimiento de las instalaciones petroleras.

Como es lógico, la pregunta obligada es ¿de dónde saldría el dinero? La propuesta que hacemos es que estos fondos se obtengan de dos maneras: por un lado, proponemos que se reduzca el gasto corriente y de operación del gobierno en 200 mil millones de pesos.

Esto implica, entre otras cosas, suprimir las partidas del presupuesto destinadas a garantizar los privilegios de la alta burocracia que se ha convertido en una de las castas más favorecidas del mundo. Aclaro que no proponemos reducir el gasto en inversión ni reducir los sueldos de los trabajadores de base y eventuales ni en obra pública, en educación y salud, ni en programas de apoyo a los más desprotegidos; sino reducir el gasto burocrático y el destinado a la operación del sector público, donde se ha registrado el incremento más cuantioso en los años recientes.

Conviene decir que el gasto corriente del sector público, del año 2000 hasta la actualidad, aumentó de 714 mil millones de pesos a un billón 466 mil millones; es decir, se duplicó.

Por otro lado, proponemos que todo el excedente que se obtenga por encima del precio del petróleo aprobado por la Cámara de Diputados, se invierta en el desarrollo del sector energético.

Para tener una idea del potencial de esta medida, si se mantuviera el precio internacional actual del petróleo por un año, este excedente sería de más de 200 mil millones de pesos.

Al respecto conviene recordar que, durante el gobierno de Fox, tan sólo de excedentes por los precios altos del petróleo, se recibieron 10 mil millones de dólares por año en el trienio de 2004 a 2006. Y la desgracia fue y sigue siendo, que todo ese dinero, en vez de destinarse a modernizar a PEMEX, a promover el desarrollo de México y a garantizar el bienestar del pueblo, se derrochó en beneficio de la alta burocracia o se fue por el caño de la corrupción.

De modo que sí se puede. Sí hay de otra, sí tenemos un proyecto alternativo para hacer frente al gran atraco que dejaría a México y a su pueblo sin desarrollo futuro. Celebremos el 70 aniversario de la expropiación petrolera evitando que la derecha y sus aliados del PRI nos regresen al porfiriato y nos conviertan en colonia.

Repudio a Fecal en L.A. california



Repudio al pelele en Los Angeles parte I


Repudio al pelele en Los Angeles parte II



Protesta contra el pelele, 14 de Febrero

Mentiras públicas de ayer y hoy

México SA

Carlos Fernández-Vega

cfvmx@yahoo.com.mx • cfv@prodigy.net.mx

Mentiras públicas de ayer y hoy
Hace 13 años Ortiz Martínez aseguraba que los extranjeros no se iban a quedar con bancos



Con los mismos eufemismos utilizados para reprivatizar (al inicio de los 90) y extranjerizar (a partir de la segunda mitad de esa década) la banca, oficialmente ha sido bautizado el nuevo embate privatizador en contra del sector energético mexicano, fundamentalmente el petróleo: “capitalización complementaria” y “alianzas estratégicas”, que redondearán la “democratización del capital”.

Y bajo esa premisa, a la vuelta de 25 años el Estado se quedó prácticamente sin un tornillo, salvo el petróleo y una parte cada vez más pequeña de la generación eléctrica. Hasta el momento, ésta, por medio de “alianzas estratégicas”, ha sido “capitalizada” (léase privatizada) al 30 por ciento. Comienza la nueva intentona para hacer lo propio, y mediante iguales mecanismos, con el petróleo.

Así, para justificar la “capitalización” de la industria petrolera nacional, de forma por demás reiterada escuchamos el término de moda: “alianzas estratégicas”. Lo utiliza el inquilino de Los Pinos, su desmentida secretaria de Energía, su director de Pemex y el desmentidor gallego de Bucareli. También, los “líderes” priístas y panistas en San Lázaro y Xicoténcatl (mediante “alianzas estratégicas, seamos complementarios con todos aquellos que tengan alta tecnología, pero la paraestatal no se vende”, Beltrones dixit), y, obvio es, los jilgueros electrónicos.

Pues bien, “capitalización” y “alianzas estratégicas” fueron las respuestas inmediatas (Zedillo y Fox) a la quiebra de la muy salinista “democratización del capital” bancario. Ambas terminaron en lo que hoy todos conocen y padecen: 90 por ciento del sistema “nacional” de pagos está en manos del capital financiero trasnacional, el cual, según la versión oficial, a partir de 1995, tras las pertinentes modificaciones legales, sólo llegó a “complementar”, mediante “alianzas estratégicas”, la “capitalización” bancaria.

El planeado ataque en contra del petróleo nacional es prácticamente idéntico a la táctica que en su momento se utilizó para reprivatizar y luego extranjerizar la banca, otrora propiedad del Estado. Por eso, a 13 años de distancia, recordemos cómo las “alianzas estratégicas” con el capital financiero trasnacional “complementaron” la “capitalización” del sistema nacional de pagos, o lo que es igual el mismo truco que ahora pretende utilizarse para privatizar el petróleo nacional.

En el marco de su comparecencia ante los diputados, en enero de 1995, el entonces secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, explicó en qué consistía la propuesta zedillista para “mejorar la capitalización de los intermediarios financieros”, iniciativa que “muy enfáticamente no propone, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros”, como aseguró el hoy gobernador del Banco de México. Hoy, 13 años después de tal “compromiso”, el 90 por ciento de la banca que opera en el país “enfáticamente” está en manos del capital extranjero.

Decía Ortiz en aquella ocasión (para actualizar, sólo cambie la palabra banca, bancos o instituciones financieras por petróleo, generación eléctrica o sector energético): “es fundamental el propiciar la capitalización de las instituciones. Yo creo que debemos ser cuidadosos y distinguir entre los intereses de los dueños de las instituciones, los intereses de los banqueros y los intereses del país en mantener un sistema financiero sano y capitalizado. Pensamos que una mayor participación de la banca extranjera en nuestro país va a ser útil no solamente para fomentar, repito, una mayor competencia y una reducción de márgenes, sino para proveer en estas circunstancias difíciles en que muchos bancos, sobre todo, los bancos de tamaño más reducido tienen problemas para reconocer sus problemas de cartera vencida, estas iniciativas van a propiciar una capitalización mayor de estas instituciones.

“Yo quisiera mencionar muy enfáticamente que en estas iniciativas no se está proponiendo, desde luego, entregar el sistema de pagos o la banca nacional a los extranjeros. Hoy en día la participación del conjunto de la banca extranjera en el mercado financiero nacional, es de alrededor de 8 por ciento, con las autorizaciones que se les dieron recientemente a los bancos extranjeros para operar en nuestro país. En otros países de América Latina como Chile, Argentina, Brasil, en Canadá y en muchos de los países europeos, la participación de la banca extranjera en el mercado crediticio total es muy superior, es del orden del 20 a 30 por ciento. Nosotros pensamos que aun con esta facilidad que se le estaría dando a la banca extranjera para participar en la capitalización de los bancos mexicanos, estaríamos muy lejos de llegar a los porcentajes de participación y de penetración que hay en otros países; repito, creo que es fundamental y es, digamos, en el interés nacional de tener un sistema bancario sólido.

“¿Cómo evitar que el sistema financiero quede en manos de extranjeros? Creo que ésta es una pregunta importante y yo la respondería de dos maneras. La primera, que habría un compromiso específico de que el sistema de pagos, desde luego, éste es un compromiso, quede en manos de mexicanos. En segundo lugar, lo que se pretende con esta iniciativa es que los extranjeros vengan a apoyar sobre todo a algunas instituciones pequeñas que están teniendo problemas y que justamente por esos problemas de capitalización no pueden atender a sus clientes… Los nacionales tienen obviamente el derecho exclusivo de participar en las acciones serie A, que son las que corresponden al capital mayoritario de las instituciones… (se trata de) evitar que pudiera darse el caso que el sistema de pagos, que está constituido por los bancos más importantes del país (Banamex y Bancomer, hoy propiedad estadunidense y española, respectivamente), pudiera caer en manos de extranjeros… De esta manera estaríamos previendo que el espíritu de la ley se ajuste a la intención de que la inversión extranjera pudiera capitalizar únicamente aquellos bancos que están teniendo dificultades, sobre los más pequeños”.

Las rebanadas del pastel

Cualquier parecido con la intentona privatizadora del petróleo no es coincidencia

http://www.jornada.unam.mx/2008/02/18/index.php?section=opinion&article=028o1eco

Para defender el petróleo habrá resistencia civil pacífica mayor a la que originó el fraude de Calderón: AMLO

La Unión, Guerrero
Domingo 17 de febrero de 2008




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* Andrés Manuel López Obrador informa que el 24 de febrero presentará a los 32 Comités Estatales para la Defensa del Petróleo

* Aclara al gobierno usurpador y a los traidores a la Patria que no será un día de campo o será fácil modificar las leyes, para privatizar el petróleo

* El movimiento de resistencia civil pacífica será capaz de hacer sentir la voluntad del pueblo y no sólo serán gritos y sombrerazos, subraya el presidente legítimo de México


El domingo 24 de febrero, el Día de la Bandera Nacional, se presentará a los 32 Comités Estatales para la Defensa del Petróleo, informó Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que las acciones de resistencia civil pacífica, para evitar la entrega de la industria petrolera a empresas extranjeras, serán mayores a la movilización ciudadana surgida después del fraude electoral del 2 de julio de 2006.

El presidente legítimo de México aclaró a los traidores a la Patria y al gobierno espurio y entreguista de Felipe Calderón Hinojosa, así como a sus cómplices de la cúpula priista, que “no estén imaginando que va a ser un día de campo o que va a ser fácil modificar las leyes, para privatizar el petróleo”.

Subrayó que la movilización de millones de ciudadanos conscientes y dispuestos a defender el patrimonio de la Nación “será algo más allá de gritos y sombrerazos. Se trata de un movimiento nacional de resistencia civil con capacidad para hacer sentir la voluntad del pueblo”, que es de rechazo total a cualquier desnacionalización del sector petrolero, puntualizó.

En entrevista previa a su encuentro con el pueblo de La Unión, explicó que los Comités de cada una de las 32 entidades federativas estarán formadas por un representante del Gobierno Legítimo de México, tres miembros de los partidos que integran el Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia— e igual número de dirigentes sociales y sindicales.

Mencionó que el próximo domingo 24 de febrero se realizará una asamblea informativa en la Torre de Petróleos Mexicanos, de la Ciudad de México, para dar a conocer las acciones de resistencia civil pacífica, que se aplicarán en el momento en que el gobierno usurpador de Calderón Hinojosa presente una iniciativa de reforma legal para permitir la participación del capital privado en ramas estratégicas de la industria petrolera.

Precisó que los Comités Estatales para la Defensa del Petróleo se encuentran en proceso de formación y que estarán integrados por siete ciudadanos, al igual que el Comité Nacional, e informó que senadores, diputados federales, asambleístas y diputados locales, así como dirigentes estatales y municipales del PRD, PT y Convergencia asistirán a la asamblea informativa en las instalaciones de Pemex.

A pregunta expresa, afirmó que legisladores y dirigentes del Frente Amplio Progresista están unidos en la defensa del petróleo, a pesar de sus diferencias en otros temas. “Está tomada la decisión de no permitir la privatización del petróleo, bajo ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto”, resumió.

Dio a conocer que otros sectores de la sociedad, desde trabajadores, ingenieros, técnicos y especialistas en el sector energético hasta dirigentes sindicales, comunicadores, intelectuales y representantes de la cultura apoyan al movimiento de resistencia civil.

“Hay un gran apoyo de la sociedad mexicana”, insistió al exigir al gobierno ilegítimo de Felipe Calderón que actúe con responsabilidad y que “no piense que será un asunto fácil” la eventual apertura de la industria petrolera al capital foráneo.

“Estamos decididos a no permitir la privatización de un bien propiedad de todos los mexicanos, que expropió hace 70 años el general Lázaro Cárdenas del Río para impulsar el desarrollo Nacional”, declaró posteriormente en su encuentro con el pueblo de La Unión.

La posible venta de Pemex “significa dejar a México sin la posibilidad de desarrollo y sobre todo dejaríamos de ser un país libre y soberano”, alertó.

A pesar de que el fraude electoral del 2 de julio de 2006 representó un agravio para millones de mexicanos, López Obrador adelantó que la defensa del petróleo rebasará cualquier expectativa, porque se trata del futuro de la Nación y de las siguientes generaciones.

La jornada dominical inició en Coahuayutla, uno de los municipios más pobres de Guerrero que está comunicado por un camino de terracería con La Unión.

El presidente legítimo de los mexicanos constató el estado de abandono en que se encuentra la mencionada localidad. En respuesta a una solicitud que le planteó un nutrido grupo de padres de familia, le solicitó al senador Luis Walton que realice las gestiones necesarias para dotar de aulas dignas, un comedor y sanitarios para los aproximadamente 200 alumnos que cursan la educación primaria en la escuela “Niños Héroes”.

Dos de las cuatro aulas tienen techos de asbesto, se encuentran en estado de deterioro, los mesabancos están semidestruidos y los escritorios de los maestros son viejas mesas de madera.

Por si fuera poco, los salones carecen de ventanas, las puertas carecen de vidrios y el conserje las cierra con una cadena y un candado. Por la tarde, López Obrador terminó la gira por 21 municipios en Zihuatanejo.

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GIRA 62: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR



Domingo, 17 de febrero de 2008

GIRA 62: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR


FECHA: Del jueves 21 al domingo 23 de febrero de 2008

ESTADO:

ESTADO DE MÉXICO (San Salvador Atenco, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tepotzotlán, Coyotepec, Huehuetoca, Zacualpan, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Sultepec, Tejupilco, San Simón de Guerrero, Temascaltepec de González, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan)


JUEVES 21 DE FEBRERO DE 2008

10:00 horas Mitin en San Salvador Atenco
11:50 horas Mitin en Teoloyucan
13:10 horas Mitin en Melchor Ocampo
14:40 horas Mitin en Tepotzotlán
17:00 horas Mitin en Coyotepec
18:15 horas Mitin en Huehuetoca

VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2008

10:00 horas Mitin en Zacualpan
11:30 horas Mitin en Almoloya de Alquisiras
12:35 horas Mitin en Texcaltitlán
13:40 horas Mitin en Sultepec
16:30 horas Mitin en Tejupilco
18:00 horas Mitin en San Simón de Guerrero
19:10 horas Mitin en Temascaltepec de González

SÁBADO 23 DE FEBRERO DE 2008

10:30 horas Mitin en Cuautitlán Izcalli
11:50 horas Mitin en Tlanepantla
13:00 horas Mitin en Atizapán de Zaragoza
14:10 horas Mitin en Naucalpan
16:30 horas Mitin en Huixquilucan
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Comité de la Agrícola Oriental

18 de Febrero de 2008. En la tarde de este día los compañeros de Flor y Canto, así como de AMLO TV, visitaron a los camaradas del Comité de Lucha y Resistencia Civil Pacífica de la Colonia Agrícola Oriental, a efecto de intercambiar experiencias y sumar fuerzas en la defensa del petróleo.

Coordinados por Javier Palomares, este combativo comité tiene un peculiar estilo de hacer resistencia, pues una vez al mes organiza una tocada en el jardín que se encuentra en la esquina de las avenidas, Sur 16 y Rojo Gómez, de esta manera entre rola y rola difunden información sobre el Gobierno Legítimo de México entre el público asistente. Lo más admirable de este grupo es que durante 10 años se ha mantenido en la lucha popular, así es ¡10 años!, durante los cuales se han avocado a difundir la cultura y el arte popular como una forma de lucha, sin duda un ejemplo a seguir.




8a Asamblea Ciudadana de Flor y Canto

18 de febrero del 2008. En el Centro de Información en Defensa del Petróleo, el grupo Flor y Canto, llevó a cabo su 8ª asamblea ciudadana. La cual se desarrolló desde las 10:30 horas hasta las 19:00 horas. Durante esta jornada, se organizaron brigadas de volanteo que salieron de la carpa hacia las avenidas Pino Suárez y 20 de noviembre, así como una tercer brigada que volanteo en el zócalo, a la par que se exhibió la manta de Flor y Canto, ante las personas que hacían fila para entrar al Museo Nomádico. La información que se difundió de esta manera fue la permanencia de esta jornada de resistencia hasta el 17 marzo, así como la convocatoria de nuestro Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador, el próximo domingo 24 de febrero a las 10 horas afuera de la Torre de PEMEX.




¿Privatización, “boxeo de sombra”?


Cárdenas finge ignorancia

Cuauhtémoc Cárdenas aparenta navegar sin brújula pero no es así. Declaró que no conoce ninguna declaración de algún político importante que se haya manifestado a favor de la privatización de Pemex. Criticó a los sectores progresistas que están haciendo boxeo de sombra y se manifestó por la Autonomía de gestión para la paraestatal.

El político michoacano dijo, respecto a la reforma energética, que “ambas posturas –cuando se habla de que es necesaria y de que Petróleos Mexicanos (Pemex) no debe privatizarse– no dejan en claro qué se quiere decir con esto”. Al parecer, Cárdenas no sabe en que consiste la privatización petrolera siendo que, de manera furtiva, el proceso lleva ya casi 13 años.

“Lo cierto es que cuando se habla de que hace falta una reforma energética, quienes lo señalan no están diciendo qué entienden o qué quieren que se haga, qué es lo que se quiere modificar, qué es lo que no se pretende cambiar respecto de la situación actual”. Cuauhtémoc al parecer no lee las noticias diarias. El propio gobierno de Calderón se ha encargado de hacer explícitas sus propuestas. Más aún, su cabildero oficioso, Francisco Labastida, ha sido suficientemente preciso. Por otra parte, la primera del paquete de 10 leyes secundarias a ser modificadas ya se aprobó desde 2007.

¿Boxeo de sombra?

Cárdenas asume una posición lamentable por cínica. Dijo que los actores políticos deben ser precisos y explicar “cuál es el cambio que debe darse en la política petrolera en particular, cuáles son los cambios que deben permanecer y que no entremos en lo que pudiéramos llamar boxeo de sombra, estar diciendo ‘estoy en contra’ cuando nadie del otro lado plantea posiciones como la privatización”.

¿Qué nadie, “del otro lado”, plantea posiciones como la privatización? Por conveniencia política y oportunismo, Cárdenas ha reconocido a Calderón no obstante evidencias públicas del fraude electoral. Pero, ahora se ha convertido en “biombo del pelele”. El gobierno de Calderón ha reiterado su política subordinada al imperialismo y sus planes privatizadores son del dominio público, todos lo sabemos menos Cárdenas. Eso, no es creíble.

Reiteramos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 700 permisos privados y, actualmente, la capacidad de generación eléctrica, total a nivel nacional, asciende al 43%. Eso se llama privatización porque las transnacionales construyen y operan centrales eléctricas que son de su propiedad. En materia de gas natural la CRE ha otorgado 185 permisos para la distribución, transporte, almacenamiento, distribución de gas LP y transporte de gas por ductos. Las transnacionales y sus filiales realizan actividades propias de Pemex y son dueñas de la nueva infraestructura y de la existente. Hay, más, otros dos casos son los Contratos de Servicios Múltiples y los Contratos de Servicios Integrales. La desnacionalización energética es alarmante. Esta privatización no está planteada, es real. De los políticos, nadie es privatizador

Cuauhtémoc parece chico. Dijo que “hasta el momento no conoce declaración de algún político importante que se manifieste en favor de la privatización, “por ejemplo, de los yacimientos, o privatizar la exploración o explotación del recurso petrolero, o que esté planteando que las refinerías se privaticen”.

Es obvio que a ningún político en este país de cínicos, como decía Heberto Castillo, le gusta la palabra “privatización”. En el medio político, nadie es privatizador, todos son demócratas, finas personas, respetuosos de la ley y de los derechos humanos. Todos, también, están de acuerdo en que el petróleo (mientras esté en el subsuelo) es de los mexicanos, ni siquiera lo discuten, pero en la práctica (al extraerlo) se apropian de ese recurso y hasta han aprobado leyes secundarias contrarias a la Constitución para que el capital privado extranjero haga negocios con el patrimonio que no es suyo.

Si Cárdenas está esperando a que algún político “importante” se manifieste a favor de la privatización, es que vive en otro mundo. Pero, sí de nombres se trata, allí están Calderón, Gamboa, Creel, Reyes Heroles, Labastida y secuaces. Todos han dicho que pretenden la intervención del capital privado y desean irse a fondo contra Pemex. Solo que, como no pueden reformar a la Constitución han optado por hacerlo con la legislación petrolera secundaria. Eso, también, sería ilegal por ser inconstitucional.

Por lo demás, a los políticos mexicanos, incluido Cuauhtémoc, no se les conoce por lo que dicen sino por lo que hacen. Cárdenas aparenta ignorancia para dejar hacer al contrario, en este caso, al gobierno de Calderón. En vez de llamar a la defensa del patrimonio energético de todos, sumándose a la lucha, se dedica a confundir abusando de su presencia ambigua en los medios.

Cárdenas sabe y avala la privatización de Pemex

En crítica a la oposición socialdemócrata, Cárdenas dijo que “me parece que algo que no cabe en los sectores progresistas es estar haciendo este boxeo de sombra, sin tener una claridad o propuesta clara respecto de lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer en esa materia”. Pareciera que él es el único que sabe qué hacer y los demás no tienen claro nada. Se equivoca.

Cárdenas, que pareciera tener propuestas claras, se limita a repetir oficiosamente la propuesta del gobierno en la cual coinciden muchos otros. Se pronunció por que “se concrete un primer acuerdo en el que todos los actores coinciden: conceder autonomía de gestión a la paraestatal”.

Cuauhtémoc no parece chico, lo es. La llamada autonomía de gestión es una forma de privatización al dejar en manos del director en turno y otros burócratas más la toma de decisiones unilaterales. Sabido es que las intenciones de la burocracia de Pemex consisten en pactar alianzas con los inversionistas privados los que tendrían capacidad de decisión en sus negocios.

El FTE de México está en total desacuerdo con la política expresada por Cuauhtémoc Cárdenas y lamenta que se sume acríticamente a la política antinacional de Calderón.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

Mitin en la Torre de Pemex


El Movimiento en Defensa del Petróleo, que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el Frente Amplio Progresista (FAP) han anunciado un mitin en la Torre de Pemex, en la ciudad de México, para el 24 de febrero. Los promotores han señalado que se trata del inicio de movilizaciones ciudadanas, en el contexto de la pretensión del gobierno de la ultraderecha para imponer la privatización inconstitucional de Pemex.

Nos congratulamos de la decisión tomada por ser necesaria y urgente. Esperar hasta la concentración del 18 de marzo anunciada por AMLO no es la mejor manera. De hecho, en varias partes del país, la movilización se ha iniciado mediante la formación de Comités Ciudadanos en Defensa del Petróleo. Los legisladores del PRD también han anunciado que se opondrán a la reforma energética auspiciada por el PRI y el PAN; los diputados, incluso, han dicho que harán una huelga legislativa, consistente en impedir que haya sesiones.

Las circunstancias políticas del país obligan a la acción. AMLO había anunciado una posible actividad en el momento en que se presentara la iniciativa del gobierno ante el Congreso de la Unión. Reiteramos que no es necesario esperar ese momento. Recientemente, Calderón anunció la realización de un supuesto diagnóstico y una supuesta consulta al respecto. No hay tal. El PAN, y sobretodo, el PRI tienen un diagnóstico claro; ambos pretenden la privatización de Pemex por la vía de autorizar la intervención del capital privado en la realización de actividades estratégicas que constitucionalmente corresponde realizar solamente a Pemex.

Más grave aún es el hecho de que, en abril de 2007, ya se aprobó (por todos los partidos) la primera de un paquete de 10 leyes secundarias en materia petrolera. En esa ocasión se otorgó a la secretaría de energía (Sener) un conjunto de facultades y atribuciones que antes eran de Pemex. Eso, simplemente, está empujando la reforma a la Ley Orgánica de Pemex que podría ser la siguiente.

De manera que no es necesario esperar más. Al contrario, es preciso articular un movimiento social organizado en todo el territorio nacional. AMLO promueve la lucha ciudadana que implica el accionar individual. Eso no es suficiente, se necesita construir organización, sobretodo donde no existe ninguna y, más aún, movilizarse en términos programáticos involucrando a amplios sectores sociales.

La lucha sin programa es muy limitada. Esto es peor en el caso de las propuestas que apoya el PRD y el propio AMLO. Un ejemplo es la llamada Autonomía para Pemex, propuesta inconveniente y nociva para la nación. Otro ejemplo, es la actitud complaciente ante la privatización energética furtiva en marcha desde 1992. Al respecto, ni el PRD ni el FAP ni AMLO se han pronunciado. Los permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) deben ser revocados por inconstitucionales. Igualmente las concesiones y contratos otorgados por Pemex a las transnacionales.

El FTE de México estaremos presentes en el mitin del 24 de febrero en la Torre de Pemex. Llamamos a organizar en todo el país, y allende las fronteras, al Frente Mexicano en Defensa de los Recursos Naturales que incluya al movimiento ciudadano y demás sectores en lucha.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FAMILIA PASTA DE CONCHOS

A la opinión pública,

A los medios de comunicación

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

A la Industrial Minera México

Sobre las recientes declaraciones hechas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en su boletín 028 con fecha del 17 de febrero de 2008, y en el que declara haber obtenido de la Industrial Minera México S.A. una indemnización adicional para los beneficiarios de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, declaramos que:

A) A las familias nos indigna y ofende el citado boletín pues deja sin respuesta la única demanda que hemos planteado: la entrega de los restos de nuestros familiares. No hay otro punto. No nos interesan los acuerdos pactados que, además, nuevamente son violatorios de nuestros derechos humanos.

B) La STPS no tiene facultades para tomar decisiones si no ha consultado a las familias interesadas. En este caso no lo ha hecho e incluso se ha negado a entregarles copia de las demandas y de todo el expediente a las personas que representa.

C) El convenio omite el pago de las diferencias salariales que se adeudaba a los mineros ya que los trabajadores de General de Hulla recibían menores cantidades que los de Minera México y existe una demanda de las familias que no ha sido tomada en cuenta.

D) La obligación de pago a las viudas debe ser sobre la última cotización que realizaba IMMSA al IMSS. En efecto algunas de las viudas recibían más de $700 diarios y sobre esa base debe pagarse cualquier monto de indemnización. En consecuencia el convenio pactado es leonino y favorable a los intereses de la empresa porque esta pactado con un salario integrado menor al que tenían asignado.

E) Dicho convenio no puede convenir tampoco sobre las familias que no representa la STPS. Cualquier acuerdo es ilegal y se desconoce desde ahora. Aunque se depositen las cantidades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no es obligatorio que las familias reciban el dinero. Tampoco la negativa a recibir estos recursos trae como consecuencia la pérdida de derechos ya que en materia de pensión los derechos son irrenunciables.

La empresa elude dar respuesta a la demanda principal de los familiares y la STPS pretende aventar unas monedas que ha pactado con la empresa, sin obligarla a entregar los restos, esperando que pase el día 19 para que nos vayamos; por lo que dejamos claro: no nos vamos, el campamento permanece hasta que reinicien las labores de rescate.

A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!

FAMILIA PASTA DE CONCHOS,

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY JUAN LARIOS; CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN LABORAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO, CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC., CENTRO NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OBSERVATORIO ECLESIAL.

Reforma judicial con sello gringo

¿Quien gobierna México? ¿A qué intereses sirve Calderón? ¿Sabiendo las graves deficiencias y fallas de la policía mexicana ¿Cómo puede aprobarse una reforma donde se les dará libertad para cometer más y mayores abusos y violaciones de los que ya existen?
¿No tienen el menor escrúpulo y vergüenza los diputados del PRI y del PAN para llevar al país a esta grave situación? (Acaso a estos diputados se refiere Calderón cuando señala al crimen organizado que ejerce la censura en el país y que además por una buena paga son capaces de matar a todo el pueblo que manifiestan servir). ¿A quien sirven realmente estos diputados y senadores?

En días próximos estos diputados demostrarán a quien sirven y hasta donde son capaces de llegar por....¿México?

En este correo, al final, encontrarán el texto de los capítulos XIV y XIII del libro México Bárbaro escrito por John Kenneth Turner, un periodísta e investigador de la época de Díaz comprometido con la verdad y los principios éticos, que fue uno de los pocos que hizo publico a nivel internacional el sistema de esclavitud y explotación que durante el gobierno de Porfirio Díaz se llevaba a cabo en nuestro país. La cuestión es que, como ustedes podrán observar, se repite la historia, por supuesto con los debidos arreglos a las circunstancias actuales y bajo nombres maquillados como "acuerdo para la seguridad de....." , "reforma judicial para mayor vigilancia y control de.....", " ayuda de 4 mil millones de dólares (préstamo que endeuda más la nación) para compra de equipo estadounidense para la "lucha contra narco".... ", "contratos con Halliburton para darle modernidad a Pemex", etc.....

Capítulo XIV... Los socios norteamericanos de Díaz
Capítulo XIII... El contubernio de Díaz con la prensa norteamericana.


Reforma judicial con sello gringo
Desde 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos financió la reforma al sistema judicial y penal en México prevista para aprobarse esta semana en la Cámara de Diputados,
expone proceso en su edición 1633.

La figura de los juicios orales, considerada por el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara, César Camacho Quiroz, como "el corazón de la reforma", fue admitida por el gobierno federal en tanto se respetara el régimen de excepción propuesto por Felipe Calderón para combatir la delincuencia organizada.

El jueves 21 las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y PVEM aprobarán sin cambios la minuta de reforma judicial. Por su parte el PRD, PT y Convergencia anunciaron que rechazarán esa modificación a las leyes porque la consideran violatoria de las garantías individuales.

Al incorporar iniciativas del presidente de la República, del PRD y del PRI, la llamada reforma judicial trató de alcanzar un equilibrio entre las propuestas meramente policiales y autoritarias de la Presidencia y las modificaciones al sistema de justicia promovidas por Estados Unidos. Las primeras, que limitan garantías individuales, entrarán en vigor cuando la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, mientras que las segundas se realizarán en el curso de los próximos ocho años.

El presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y exprocurador general de la República, Sergio García Ramírez, asegura que esa reforma tuvo "un error de planteamiento, sin debate suficiente y sin claridad en el compromiso con un sistema penal democrático", destaca el reportaje que aparece en la edición de Proceso que circula a partir del domingo 17 de febrero.

De las mentiras de Calderón sobre el Petróleo:

Fragmento (en dos partes) de la ponencia con la que participó Manuel Bartlett en la mesa redonda "Soberanía energética", en el Foro Social Mundial.


Video 1: Bartlett: Mienten Calderón y su gobierno sobre PEMEX (1a. parte), en:
http://es.youtube.com/watch?v=Fxc7U131Y-A


Video 2: Bartlett: Mienten Calderón y su gobierno sobre PEMEX (2a. parte), en:
http://es.youtube.com/watch?v=6zATkhz2nls

Las mentiras de Calderón sobre la reforma judicial.....nota publicada en radio 13:
Las itálicas son comentarios fuera de la nota.

Prioridad salvaguadar derechos humanos

Ciudad de México, 15 de Febrero.- El presidente Felipe Calderón aseguró que en los próximos días el Congreso aprobará las reformas en materia de seguridad pública y justicia, con las que se dará prioridad a salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de delitos y reparación del daño.

Calderón Hinojosa se comprometió a aplicar todo el peso de la ley en contra de quienes atenten contra los periodistas y la libertad de
expresión.

Al asistir al informe anual de actividades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, el presidente Calderón dijo que hoy quien censura la libertad de expresión es el crimen organizado, el presidente de la República convocó a los tres poderes de la Unión y a la ciudadanía a un pacto nacional por la legalidad y la seguridad. (La censura observada en los medios de comunicación no proviene de los narcotraficantes, a no ser que Calderón se refiera a Azcarraga, Salinas Pliego y su cuñado Zavala -ahora asesor del grupo Prisa y quien ordeno la salida de Carmen Aristegui en W radio- como parte del crimen organizado y por supuesto con él a la cabeza, ya que realmente es de ellos de quienes depende la linea editorial de noticieros)

El jefe del Ejecutivo federal dijo que la ley en materia de seguridad y justicia que esta en el Congreso cambiará el sistema de justicia
"inquisitorial" por uno "adversarial". (qué explique Calderón porque estos términos parecen sacados de la manga para confundir al que pueda)

Además, se comprometió a castigar a los funcionarios que con fundamentos se demuestre que violen los derechos humanos en cualquier acto de autoridad. (Calderón debería empezar por demostrar castigando a Mario Marín y a Ruiz quienes han cometidos violaciones graves a los derechos humanos y están tan tranquilos bajo su protección)

Félix Muñiz, reportero
15-Febrero-2008 15:36

Acá una columna de Ricardo Rocha donde trata puntos importantes sobre la reforma, entre ellos da a conocer algunos beneficios, así como los grandes daños, y la desaparición de las garantías individuales.

Detrás de la NoticiaRicardo Rocha 14 de febrero de 2008

México duro

En pocos días los diputados y senadores van a escribir uno de los capítulos más oscuros en la historia de la justicia mexicana. Se trata de una reforma judicial que, enviada por el Ejecutivo, ha encontrado eco en votaciones mayoritarias en ambas cámaras del Congreso.

De nada han servido los reclamos y advertencias. La reforma significará el mayor endurecimiento legal de que este país tenga memoria. Con ella se pondrá en riesgo cotidiano el respeto a las libertades individuales. No tendremos un país más justo, pero si más duro.

Paradójicamente, la iniciativa ofrece zanahorias tan apetecibles como la introducción de juicios orales que permitan la impartición de una justicia transparente y expedita; la creación de jueces de control con facultades para revisar actos del Ministerio Público; el derecho a una defensa oficial de calidad y la incorporación de principios como el derecho a guardar silencio.

Sin embargo, son también inocultables los garrotes que, en la práctica, pueden significar muy graves retrocesos en materia de derechos humanos: la permisividad para que la policía realice allanamientos de morada sin orden judicial alguna, a sabiendas de los abusos en que incurren sistemáticamente todas las policías mexicanas municipales, estatales y federales; la elevación a rango constitucional del arraigo como una forma disfrazada de prisión preventiva sin controles judiciales en perjuicio de los detenidos y en abierta violación a la presunción de inocencia.
Esta reforma ampliaría también las faculta-des del Ministerio Público para acceder a información confidencial bancaria, fiscal y electoral sin control judicial alguno y en perjuicio de cualquier ciudadano.

Pero lo más grave de la reforma es que crea un subsistema de excepción para quienes el gobierno considere responsables o siquiera sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. Un territorio extralegal donde se restringirán las atribuciones de todos aquellos a quienes la autoridad clasifique como "enemigos del Estado", atropellando no sólo sus derechos humanos sino sus garantías individuales y procesales. Todo un retroceso al más rancio estilo porfirista: "primero enciérrenlos... y después viriguan".

Lo peor es que es muy ambigua la definición de lo que significa "poner en riesgo al Estado". Así que en el paquete se podría incluir no sólo a los narcotraficantes, sino a quienes se opongan al gobierno mediante actos de resistencia civil o sean sorprendidos organizando una marcha callejera, por ejemplo. Los opositores vistos como los peores enemigos. Y para quienes crean que exagero ahí están los botones de muestra de las sentencias ridículas a los narcos mientras que luchadores sociales como Ignacio del Valle son condenados a cadenas perpetuas de 67 años de prisión por el gravísimo delito de oponerse al aeropuerto foxista.

Así que ni siquiera una cruzada tan solidaria como la que el gobierno libra contra el crimen organizado puede justificar una reforma judicial como la que se disponen a aprobar panistas, priístas y anexos. Ni aun en el caso de los delincuentes se justifica el atropello a los más elementales derechos humanos. Más preocupante todavía si se pretende confundir a opositores con enemigos del Estado, a los que habría que encerrar en "guantanamitos" en todo el territorio.

Sobran pues los motivos de alarma al poner en manos del actual aparato de justicia este implacable instrumento de represión. Sobre todo en un país donde lo común es la corrupción de jueces y policías. Y los manotazos sangrientos desde el poder han sido parte dolorosa de nuestra historia contemporánea: las golpizas y cárceles para los maestros en los 60; los muertos de Tlatelolco; el Jueves de Corpus del 71 y las torturas y desapariciones de la guerra sucia; las matanzas de Aguas Blancas y Acteal, y las macanizas vengativas contra los de Atenco.

Mas todo indica que los legisladores ignoraron estas lecciones. Seguimos sin atender las causas estructurales de la injusticia y la criminalidad: pobreza, corrupción e impunidad. Y todo apunta a que seguiremos así: con más crimen que castigo.

Capítulo XIV

Los socios norteamericanos de Díaz

Los Estados Unidos son socios en la esclavitud que existe en México. Después de 50 años de haber liberado a sus esclavos negros, el Tío Sam se ha vuelto esclavista de nuevo y se ha dedicado a la trata de esclavos en un país extranjero.

No, no debo culpar de esto al Tío Sam, el amable conciudadano de nuestra adolescencia, amante de la libertad. Más bien debiera decir que el Tío Sam ha muerto y que un extraño disfrazado ocupa su lugar ..., un Tío Sam falsificado, que hasta ahora ha engañado al pueblo y le ha hecho creer que él es el verdadero. A este personaje acuso yo de ser esclavista.

Esta es una grave afirmación; pero creo que los hechos la justifican. Los Estados Unidos son responsables, en parte, del predominio del sistema de esclavitud en México; son responsables como fuerza determinante de la continuación de esa esclavitud; y son responsables de ello a sabiendas.

Cuando digo los Estados Unidos, no me refiero a unos cuantos funcionarios norteamericanos irresponsables, ni a la nación norteamericana que, en mi humilde opinión, es injustamente acusada de los delitos que cometen algunas personas sobre las cuales, bajo las condiciones existentes, no tiene dominio. Uso el término en su sentido más liberal y exacto. Me refiero al poder organizado que de manera oficial representa al país en el interior y en el extranjero. Me refiero al gobierno federal de los Estados Unidos y a los intereses que lo controlan.

Los partidarios de cierto culto político en los Estados Unidos siempre se hallan prestos a declarar que la esclavitud fue abolida en ese país porque dejó de ser provechosa. Sin hacer comentarios sobre la verdad o falacia de esta afirmación, confieso que hay muchos norteamericanos dispuestos a probar que la esclavitud es provechosa en México. Debido a que así se considera, estos norteamericanos, en diversas formas, han aportado su concurso para que ese régimen se extendiera. Desean perpetuar la esclavitud mexicana, y consideran que el general Díaz es un factor necesario para ello; por esta razón le han otorgado su apoyo unánime y total. Mediante el predominio sobre la prensa han glorificado su nombre, que de otro modo debería repugnar a todo el mundo. Han ido mucho más lejos aún: por medio del dominio que ejercen sobre la maquinaria política norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido a Díaz en el poder cuando debiera haber caído. El poder policíaco de los Estados Unidos se ha usado en la forma más efectiva para destruir el movimiento de los mexicanos destinado a abolir la esclavitud, y para mantener en su trono al principal tratante de esclavos del México bárbaro: Porfirio Díaz.

Todavía podemos dar otro paso en estas generalizaciones. Al erigirse en factor indispensable para la continuación de Díaz en el poder, por medio de la asociación en los negocios, de la conspiración periodística y de la alianza política y militar, los Estados Unidos han convertido virtualmente a Díaz en un vasallo político, y en consecuencia, han transformado a México en una colonia esclava de los Estados Unidos.

Como acabo de indicar, éstas son generalizaciones; pero si yo no creyera que los hechos expuestos en este capítulo y en el que le sigue las justifican, no las haría.

Permítaseme, una vez más, que me refiera de nuevo a la notable defensa de la esclavitud y del despotismo mexicanos que se produce en los Estados Unidos, puesto que es por sí misma, una fuerte presunción de que la sociedad es culpable de esa esclavitud y despotismo. ¿Qué publicación o qué persona existe en los Estados Unidos que defienda el sistema de opresión política de Rusia? ¿Qué publicación o qué persona existe en los Estados Unidos que disculpe las atrocidades esclavistas del Estado Libre del Congo? ¿Cuántos norteamericanos tienen la costumbre de cantar loas y alabanzas al zar Nicolás o al fallecido rey Leopoldo?

Los norteamericanos de cualquier clase no sólo no se atreven a hacer tales cosas sino que no quieren hacerlas. Pero, ¡qué diferencia cuando se trata de México! En ese caso se deifica la autocracia; no es válido negar la justificación de comparar a México con Rusia o el Congo, pues todo adorador de Díaz sabe que éste es un autócrata y un esclavista, y muchos de tales adoradores lo admiten para no dar lugar a dudas de que lo saben.

¿Cuál es, pues, la razón de esa extraña diferencia de actitud? ¿Por qué hay tantos que se postran ante el zar de México y ninguno se postra ante el zar de Rusia? ¿Por qué está Norteamérica inundada de libros que ensalzan al autócrata mexicano como el hombre más grande de la época, mientras que es imposible encontrar un solo libro, publicado y hecho circular por las vías ordinarias, que lo censure seriamente?

Se impone afirmar que la razón consiste en que Díaz es el Becerro de Oro, aunque en otra forma; en que los norteamericanos obtienen utilidades de la esclavitud mexicana y se esfuerzan para mantenerla.

Pero hay hechos fácilmente comprobables que conducen mucho más allá de una mera afirmación, por muy lógica que ésta sea. ¿Cuál es la respuesta más generalizada a mis críticas de México y del gobierno mexicano? ¡Qué hay 900 millones de dólares de capital norteamericano invertidos en México! Para los poderosos de los Estados Unidos, esos 900 millones son un argumento concluyente contra cualesquiera críticas al presidente Díaz. Constituyen una defensa aplastante de la esclavitud mexicana. ¡Silencio, silencio! es la consigna que circula. ¡Tenemos 900 millones de dólares que producen utilidades allí! Y los publicistas norteamericanos, obedientemente, se callan.

En esos 900 millones de capital norteamericano invertidos en México radica toda la explicación, no sólo de la defensa norteamericana del gobierno mexicano, sino también de la dependencia política de Díaz respecto a los poderes de los Estados Unidos. Dondequiera que fluye el capital, éste domina al gobierno; ésta es una doctrina reconocida en todas partes y por todos los hombres que tienen siquiera un ojo abierto a las realidades del mundo; una doctrina demostrada en los países en que se han concentrado grandes acumulaciones de capital durante el último o los dos últimos decenios.

No es de extrañar que exista en México un creciente sentimiento antinorteamericano, dado que el pueblo mexicano es naturalmente patriota. Este ha pasado por tremendas pruebas para librarse del yugo extranjero en pasadas generaciones y no quiere doblegarse a él en la actualidad. Quiere tener la oportunidad de labrar su propio destino nacional como pueblo independiente y considera a los Estados Unidos como un gran coloso que está a punto de apoderarse de él y doblegado a su voluntad.

El pueblo mexicano tiene razón. No puede negarse la existencia del capital norteamericano en México, y la asociación de Díaz con ese capital ha deshecho al país como entidad nacional. El gobierno de los Estados Unidos, mientras represente al capital norteamericano -el más descarado hipócrita no se atrevería a negar que hoy lo representa-, tendrá voz decisiva en los asuntos mexicanos. Desde el punto de vista de los mexicanos patriotas, la perspectiva es en verdad desconsoladora.

Ahora veamos lo que una parte de esos 900 millones de dólares de capital norteamericano está haciendo en México.

El consorcio del cobre Morgan Guggenheim tiene el dominio absoluto de la producción de ese metal en el país. La firma M. Guggenheim Sons posee todas las grandes fundiciones, así como vastas propiedades mineras. Ocupa la misma poderosa situación en la industria minera en general de México que la que ocupa en los Estados Unidos.

La Standard Oil Co., con el nombre de Waters-Pierce, matriz de muchas sociedades subsidiarias, controla la mayor parte de la producción de petróleo crudo de México y también la mayor parte del comercio al mayoreo y menudeo de ese combustible; según sus directores, el 90%. Mientras escribo esto, se desarrolla en México una guerra por el petróleo ocasionada por el intento de la única otra empresa distribuidora del país -controlada por los Pearson-, para forzar a la Standard Oil a comprarla a un precio favorable. La situación promete una pronta victoria para la Standard Oil después de la cual su monopolio será completo.

Los agentes del American Sugar Trust acaban de obtener del gobierno federal mexicano y de algunos Estados concesiones para producir azúcar de remolacha en tan favorables condiciones que les aseguran un monopolio completo del negocio del azúcar dentro de los próximos 10 años.

La Inter-Continental Rubber Co. -el monopolio norteamericano del hule- se halla en posesión de millones de hectáreas de tierras huleras, las mejores de México.

La compañía Wells-Fargo Express, propiedad de la Southern Pacific Railroad Co., gracias a su asociación con el gobierno, mantiene en México un absoluto monopolio, del negocio de transportes por express.

E. N. Brown, presidente de los Ferrocarriles Nacionales de México, y satélite de H. Clay Pierce y del desaparecido E. H. Harriman, es miembro del consejo directivo del Banco Nacional de México que es, con mucho, la más grande institución financiera del país; este banco tiene más de 50 sucursales, en las cuales todos los principales miembros de la camarilla financiera de Díaz están interesados; también por medio de ese banco se efectúan todas las negociaciones financieras del gobierno mexicano.

Por último, la Southern Pacific Railroad Co. y sus aliados, los herederos de Harriman, a pesar de la tan sonada consolidación de los ferrocarriles por parte del gobierno, poseen de modo completo o controlan casi en propiedad, el 75% de las líneas ferrocarrileras más importantes, lo cual les permite imponer un monopolio sobre el comercio tan absoluto como en el caso de cualquier combinación ferrocarrilera de los Estados Unidos.

Éstas son tan sólo algunas de las mayores concentraciones de capital norteamericano en México. Por ejemplo, los herederos de Harriman son dueños de un millón de hectáreas de terrenos petrolíferos en la región de Tampico y varios otros norteamericanos tienen propiedades agrarias por millones de hectáreas. Los norteamericanos participan en las combinaciones que controlan el comercio de la carne y de la harina, y sus intereses puramente comerciales son por sí solos de gran cuantía. El 80% de las exportaciones mexicanas se hacen a los Estados Unidos y el 66% de las importaciones provienen también de los Estados Unidos. El comercio de este país con México alcanza 75 millones de dólares al año.

Así se advierte lo que en realidad sucede en México. La norteamericanización de México, de la que tanto se jacta Wall Street, se está ejecutando como si fuera una venganza.

No vale la pena detenerse en este problema para discutir por qué los mexicanos no se metieron antes a controlar estas industrias. No es, como muchos escritores quisieran hacer creer, porque los norteamericanos sean el unico pueblo inteligente del mundo, ni porque Dios hizo de los mexicanos un pueblo estúpido, con la intención de que fuera gobernado por sus superiores. Una muy buena razón de que Díaz entregara a su país en manos de los norteamericanos estriba en que éstos tenían más dinero para pagar privilegios especiales. Mientras los mexicanos se empobrecían por la guerra para arrojar del país al extranjero Maximiliano, millares de norteamericanos hacían fortuna mediante contratos militares obtenidos con sobornos durante la Guerra de Secesión.

Presentamos ahora uno o dos ejemplos de la forma en que los norteamericanos contribuyen a la extensión de la esclavitud. Tenemos las atrocidades contra los yaquis. El vicepresidente Corral, que entonces era gobernador del Estado de Sonora, provocó la guerra contra los yaquis al advertir la oportunidad de apoderarse de las tierras de éstos y venderlas a buen precio a capitalislas norteamericanos. La región yaqui es rica en recursos, tanto mineros como agrícolas, y tales capitalistas compraron las tierras cuando los indígenas estaban todavía en posesión de ellas; entonces alentaron la guerra de exterminio y al final instigaron el plan de deportarlos a la esclavitud de Yucatán.

Pero el capital norteamericano no se detuvo ahí. Siguió a las mujeres y a los niños yaquis lejos de sus hogares. Vio cómo se desmembraban las familias, cómo se forzaba a las mujeres a que vivieran con chinos, cómo se mataba a palos a los hombres. Vio estas cosas, las alentó y las ocultó a los ojos del mundo, debido a su interés en el precio de la fibra de henequén, porque temió que al desaparecer el trabajo esclavizado, el precio de la fibra subiría. El American Cordage Trust, una rama de la Standard Oil, absorbe más de la mitad de las exportaciones de henequén de Yucatán. La prensa de la Standard Oil declara que no hay esclavitud en México. El gobernador Fred N. Wamer; de Michigan, negó públicamente mis denuncias sobre la esclavitud en Yucatán. El gobernador Warner tiene intereses en contratos de compra anual de esa fibra, por valor de 500 mil dólares, a los esclavistas del henequén yucateco.

También los norteamericanos trabajan con esclavos ..., los compran, los explotan, los encierran durante la noche, los azotan, los matan, exactamente igual que otros empresarios de México. Y admiten que hacen todo eso. Tengo en mi poder veintenas de confesiones de hacendados norteamericanos en las que afirman emplear mano de obra esencialmente esclavizada. En toda la región tropical del país, en las plantaciones de hule, de caña de azúcar, de frutas tropicales, por todas partes se encuentran norteamericanos que compran, azotan, encierran y matan esclavos.

Permítaseme citar una entrevista que tuve con un bien conocido y popular norteamericano de la metrópoli de Díaz; un hombre que durante cinco años administró una gran hacienda cerca de Santa Lucrecia.

- Cuando necesitábamos un lote de enganchados -me dijo-, sólo teníamos que telegrafiar a uno de los muchos enganchadores de la Ciudad de México y decirle: Necesitamos tantos hombres y tantas mujeres para tal fecha. Algunas veces pedíamos 300 ó 400; pero los enganchadores nunca dejaban de entregamos con puntualidad la cantidad pedida. Los pagábamos a $50 por cabeza, rechazando a los que no nos parecían bien, y eso era todo. Siempre los conservábamos mientras duraban.

- Es más saludable aquello que la misma Ciudad de México -agregó-; si se tienen medios para cuidarse, puede uno conservarse allí tan bien como en cualquier punto de la tierra.

Menos de cinco minutos después de haber hecho esta declaración, expresó lo siguiente:

- Sí, me acuerdo de un lote de 300 enganchados que recibimos una primavera. En menos de tres meses enterramos a más de la mitad de ellos.

Se ha sabido que la mano de los tratantes norteamericanos de esclavos ha llegado hasta su propia patria, los Estados Unidos, para atrapar a sus víctimas. Durante mis viajes por México, con el objeto de conocer mejor al pueblo, pasé la mayor parte de los días viajando en coches de 2a. y 3a. clase. Una noche, en un vagón de 3a. clase, entre Tierra Blanca y Veracruz, descubrí a un negro norteamericano sentado en un rincón. Me extrañaría que lo hubieran agarrado aquí -me dije-. Voy a averiguarlo.

Tom West, un negro nacido libre en Kentucky, de 25 años, vaciló en admitir que hubiera sido un esclavo, pero lo confesó poco a poco:

- Yo estaba trabajando en una fábrica de tabiques en Kentucky por dos dólares diarios -habló Tom-, cuando otro negro vino y me dijo que él sabía dónde podría yo ganar 3.75 diarios. Le dije: Me iré contigo. Me dio un prospecto y al día siguiente me llevó a la oficina de la compañía y me dijeron lo mismo: $3,75 ó $7.50. Así vine con otros ocho negros por la vía de Tampa, Florida y Veracruz, hasta aquí, a una hacienda de café y hule en La Junta, cerca de Santa Lucrecia, en Oaxaca.

Después de una pausa el negro continuó:

- $7.50 por día, ¿eh? ¡7.50...! Eso es exactamente lo que me pagaron cuando me dejaron ir ..., después de dos años. Salí corriendo, pero me agarraron y me devolvieron. ¿Que si me golpeaban? No; ellos golpeaban a muchos otros, pero a mí nunca. Ah, sí; algunas veces me dieron algunos palos con un bastón; pero no me dejaba azotar; no, señor, yo no.

La hacienda que atrapó a Tom West, de Kentucky, era propiedad de norteamericanos. Algunos meses después de haber hablado con él tuve ocasión de conversar con una persona que se identificó como el amo de Tom, después de haberle contado la historia de éste.

- Esos negros -me dijo el norteamericano-, fueron un experimento que no resultó muy bien. Deben haber sido nuestros, pues no sé de nadie más por aquel rumbo que tuviera negros en la época a que usted se refiere. ¿Los $7.50 por día? Ah, los agentes les prometían cualquier cosa con tal de atraparlos. Eso no era asunto nuestro. Nosotros tan sólo los comprábamos, los pagábamos, y después les hacíamos desquitar con trabajo el precio de compra antes de darles ningún dinero. Sí, los encerrábamos bajo llave por la noche y teníamos que vigilarlos durante el día con armas de fuego. Si trataban de escapar, los amarrábamos y les dábamos una buena paliza con un garrote. ¿Las autoridades? Nos codeábamos con ellas. Eran amigos nuestros.

La asociación del capital norteamericano con el presidente Díaz, no sólo pone a los trabajadores esclavos a disposición de los capitalistas, sino que también les permite utilizar el sistema de peonaje y mantener a los asalariados en el nivel más bajo de subsistencia. Donde no existe en México la esclavitud se encuentra el peonaje, una forma moderada de esclavitud, o abundante mano de obra barata. Los rurales de Díaz dispararon sobre los mineros de cobre del coronel Greene hasta someterlos y las amenazas de encarcelamiento pusieron fin a la gran huelga en un ferrocarril mexicano-norteamericano. Los capitalistas de los Estados Unidos alaban el hecho de que Díaz no permite las tonterías de estos sindicatos de trabajadores. En hechos como éstos se funda la razón de la histórica defensa que tales capitalistas hacen del general Díaz.

Trazaré brevemente un esquema de la situación de los ferrocarriles en México y la historia de su consolidación.

En la actualidad, las principales líneas de los ferrocarriles mexicanos suman 20 mil km, de las cuales el Sudpacífico controla 14,305 km y quizá se adueñe pronto de ellos, es decir, esa empresa domina el 75% del kilometraje total con las siguientes líneas:

El Ferrocarril Sudpacífico de México: 1,520 km; el Kansas City, México y Oriente: 446 km; el Panamericano: 474 km; el Mexicano: 523 km, y los Ferrocarriles Nacionales de México: 11,342 km.

De estas líneas, sólo la del Sudpacífico funciona abiertamente como propiedad de los herederos de Harriman. La del Kansas City, México y Oriente funciona bajo la presidencia de A. E. Stilwell, socio de Harriman, y su vicepresidente es George H. Ross, uno de los consejeros de la línea Chicago & Alton, propiedad de Harriman, con la cual el Kansas tiene convenios de tráfico. Ambas líneas continúan en construcción y perciben del gobierno de Díaz unos 20 mil dólares de subsidio por cada 1,600 km de tendido, que es casi lo suficiente para construir la vía.

El Ferrocarril Panamericano ha sido adquirido recientemente por David H. Thompson, su presidente nominal. Thompson era embajador de los Estados Unidos en México, donde parece haber representado ante todo los intereses de Harriman y después los demás intereses norteamericanos. Una vez que consiguió el ferrocarril, renunció a la embajada. Es un hecho, en general aceptado, que en la adquisición del ferrocarril Thompson representaba a Harriman. Los hombres de confianza de éste están asociados con Thompson como consejeros de la empresa. El propósito especial de Thompson, al adquirir el ferrocarril, fue el incorporarlo al plan de Harriman para tender una ruta directa desde la frontera de Arizona hasta la América Central.

Hasta donde se sabe, el único control que los intereses de Harriman ejercen sobre el Ferrocarril Mexicano se deriva de la formación de un cartel del transporte, tanto de carga como de pasajeros, entre el Ferrocarril Mexicano, y los Ferrocarriles Nacionales de México. Tal es el trasfondo de la consolidación de los ferrocarriles mexicanos, según lo obtuve de fuentes irrecusables mientras trabajaba como reportero del Mexican Daily Herald, en la primaverade 1909.

En resumen, la historia es la siguiente: la consolidación bajo el control nominal del gobierno de los dos sistemas ferrocarrileros principales de México, el Central Mexicano y el Nacional Mexicano, se realizó, no para impedir la absorción de las líneas mexicanas por capitalistas extranjeros -como se ha dicho de manera oficial- sino para facilitar esa misma absorción. Fue un trato entre E. H. Harriman; por una parte, y la camarilla financiera del gobierno de Díaz, por la otra; en este caso la víctima fue México. Se efectuó una especie de venta diferida de los ferrocarriles mexicanos a Harriman; los miembros de la camarilla de Díaz recibieron, como su parte del botín, muchos millones de dólares por medio de maniobras con las acciones y valores al efectuarse la fusión. En conjunto, constituyó probablemente el caso más colosal de despojo que hayan llevado al cabo los destructores organizados de la nación mexicana.

En este negocio con Harriman, el mismo ministro de Hacienda, Limantour, fue el maniobrero principal, y Pablo Macedo, hermano de Miguel Macedo, subsecretario de Gobernación, fue primer lugarteniente. Se dice que como premio por su intervención en el negocio, Limantour y Macedo se repartieron una utilidad de 9 millones de dólares en oro, además de que al primero se le hizo presidente y al segundo vicepresidente, del consejo de administración de las líneas unidas, puestos que todavía ocupan. Los otros miembros de este consejo son los siguientes: Guillermo de Landa y Escandón, gobernador del Distrito Federal; Samuel Morse Felton, antiguo presidente del Central Mexicano, emisario especial de Harriman en México para gestionar ante Díaz su consentimiento para el negocio; E. N. Brown, antiguo vicepresidente y gerente general de las líneas del Nacional Mexicano; y Gabriel Mancera. Se dice que cada uno de ellos logró obtener una fortuna personal con esta transacción.

Los Ferrocarriles Nacionales de México, como se les conoce oficialmente, además del consejo general de administración, tienen otro consejo de administración en Nueva York, integrado por los incondicionales de Harriman que son los siguientes: William H. Nichols, Ernest Thallmann, James N. Wallace, James Speyer, Bradley W. Palmer, H. Clay Pierce, Clay Arthur Pierce, Henry S. Priest, Eban Richards y H. C. P. Channan.

No se sabe si el robo de los ferrocarriles mexicanos fue concebido par el cerebro de Limantour o el de Harriman, pero parece que aquél intentó realizar primero la consolidación sin la ayuda de Harriman. Hace unos cuatro años, Limantour y Pablo Martínez del Río, propietario del Mexican Herald y gerente del Banco Nacional de México, se lanzaron al mercado y compraron grandes cantidades de acciones del Central Mexicano y del Nacional Mexicano, y después presentaron a Díaz el proyecto de fusión, que éste rechazó de plano. Limantour y Martínez del Río sufrieron fuertes pérdidas, las cuales causaron a Martínez del Río tal disgusto que éste murió poco después.

Se supone que sólo entonces Limantour se dirigió a Harriman, quien de inmediato aceptó el proyecto y lo llevó a término con gran provecho para él. Harriman poseía algunas acciones del Central Mexicano pero el 51 % de esta empresa era propiedad de H. Clay Pierce. Al producirse los primeros rumores del pánico de 1907, se persuadió a Pierce de que hipotecase con Harriman toda su participación.

Después de conseguir una mayoría de 80% a 85% del activo del Central Mexicano, Harriman envió a Samuel Morse Felton -uno de los más hábiles especuladores con ferrocarriles de los Estados Unidos- a negociar con Díaz el proyecto de consolidación. Allí donde Limantour había fracasado, Felton obtuvo éxito y se informó al mundo que el gobierno mexicano había realizado una gran hazaña financiera al asegurar la propiedad y dominio de sus líneas ferroviarias.

Se anunció que el gobierno había logrado en realidad el 51 % de las acciones de la empresa consolidada y también se le consideró como dueño nominal de la situación. Pero en ese trato, Harriman pudo cargar tan pesadas obligaciones sobre la nueva empresa, que es casi seguro que sus herederos le embargarán tarde o temprano por sus derechos.

Los sistemas del Central Mexicano y del Nacional Mexicano son vías construidas muy pobremente; su material rodante es de muy baja calidad. Al tiempo de efectuarse la fusión, la longitud de ambos era de 8,650 km, y se capitalizaron en $615 millones oro, o sea $71,099 por km, con que hubo inmenso margen para valorizar las acciones. El Central Mexicano tenía ya 30 años de construido y, sin embargo, nunca había pagado dividendos. El Nacional Mexicano tenía más de 25 años y había pagado menos del 2%. No obstante, en la exagerada capitalización del nuevo organismo se observa que la empresa se compromete a pagar 4.5% de interés sobre bonos por valor de $225 millones, y 4% por obligaciones con valor de $160 millones; es decir, $16,525,000 por intereses al año ¡en pagos semestrales!

Como resultado del negocio de la consolidación, se supone que Harriman recibió, además de las acciones y bonos consolidados, una cantidad en efectivo y concesiones y subsidios especiales secretos para su ferrocarril de la costa occidental. Harriman forjó el contrato sobre la base del pago de intereses por las obligaciones del nuevo organismo, y sus sucesores obligarán a que se les cubran tales intereses o embargarán las propiedades. Mientras Díaz permanezca en el poder, mientras el gobierno mexicano sea bueno, es decir, mientras continúe asociado al capital norteamericano, el asunto puede arreglarse, si no en otra forma, con cubrir los déficits con cargo al tesoro mexicano. Pero tan pronto como se presente alguna dificultad, se espera que el gobierno se halle incapacitado para pagar, y las líneas llegarán a ser norteamericanas tanto de nombre como de hecho.

¡Dificultades! Esta palabra resulta en esto sumamente significativa. Una revolución traería consigo dificultades, pues toda revolución mexicana, en el pasado, ha impuesto la necesidad de que el gobierno rechace sus obligaciones nacionales durante algún tiempo. Así, el paso final en la completa norteamericanización de los ferrocarriles de México, será una de las amenazas que se mantengan sobre el pueblo para impedirle que derroque a un gobierno que es especialmente favorable al capital norteamericano.

¡Dificultades! Las dificultades aparecerán también cuando México intente borrar las trazas de la indebida influencia norteamericana. Los Estados Unidos intervendrán con un ejército, si es necesario, para mantener a Díaz o a un sucesor a continuar la especial asociación con el capital norteamericano. En caso de una revolución grave, los Estados Unidos intervendrán con el pretexto de proteger al capital norteamericano y la intervención destruirá la última esperanza de México para obtener una existencia nacional independiente. Los patriotas mexicanos no pueden olvidar esto, porque la propia prensa de Díaz lo hace saber a diario. De este modo, la amenaza del ejercito norteamericano es otra de las influencias que impiden al país hacer una revolución contra la autocracia de Díaz.

El capital norteamericano no está, por ahora, en favor de la anexión política de México; la esclavitud que produce utilidad puede mantenerse con mayor seguridad bajo la bandera mexicana que bajo la bandera norteamericana. Mientras se pueda dominar a México -mientras se le pueda mantener como una colonia de esclavos-, no hay necesidad de anexarlo, pues una vez anexado, la protesta del pueblo norteamericano sería tan grande, que se haria necesario abolir la esclavitud o disfrazarla bajo formas menos brutales y descaradas. La anexión vendrá sólo cuando no se pueda dominar al país por otros medios. No obstante, esta amenaza se mantiene ahora como un garrote sobre el pueblo para impedirle que derroque a Díaz por la fuerza.

¿Hago suposiciones cuando profetizo que los Estados Unidos intervendrán en el caso de una revolución contra Díaz? No tanto, porque los Estados Unidos ya han intervenido por ese preciso motivo. Han esperado a que la revolución asumiera grave aspecto; pero han prestado su apoyo a Díaz de la manera más vigorosa al aplastar los primeros síntomas de esa revolución. El presidente Taft y el procurador general Wickersham, a petición del capital norteamericano, ya han puesto el gobierno de los Estados Unidos al servicio de Díaz, para ayudarle a aplastar una incipiente revolución que, por motivos justificados, no puede compararse ni por un momento con la norteamericana de 1776. Se dice que el procurador general Wickersham es un fuerte accionista de los Ferrocarriles Nacionales de México; y Henry W. Taft, hermano del presidente, es consejero general de la misma empresa. Puede entenderse, por ello, que estos funcionarios tienen tanto un interés personal como político en mantener el sistema de Díaz.

Durante los últimos dos años, el gobierno de los Estados Unidos tres veces ha enviado rápidamente fuerzas militares a la frontera mexicana para aplastar un movimiento liberal que se había alzado contra el autócrata de México,. De modo constante, durante los últimos tres años, el gobierno norteamericano ha utilizado su Servicio Secreto, su Departamento de Justicia, sus funcionarios de Migración y sus vigilantes fronterizos para mantener en los Estados próximos a la frontera, un reinado de terror para los mexicanos; se ha dedicado, sin reservas, a exterminar a los refugiados políticos de México, a los que han buscado la seguridad lejos del alcance de los largos tentáculos de Díaz, en la tierra de los libres y el hogar de los bravos.