domingo, 16 de marzo de 2008

LLAMADO URGENTE, LA PFP HOSTIGA AL PLANTÓN DE LA UNIÓN NACIONAL ANAHUAC

Nuevamente nuestros hermanos de la Unión Nacional Anáhuac, de la comunidad de Huaxcaleca, Municipio de Chichiquila, Estado de Puebla, están siendo acosados por la policía, solo que en esta ocasión se trata de la PFP, ya que desde las 9:10 AM llegó a pararse frente a su plantón que mantienen afuera de la Casa Puebla, (metro Sevilla) una camioneta de la PFP (placas 10544) cuyos elementos comenzaron a tomar fotografías y a mantener una vigilancia constante. Posteriormente en la tarde aproximadamente a las 5PM arribó otra camioneta de la PFP (placas 10766), que posteriormente se retiró. Pero la historia no acaba ahí, pues resulta que el policía de crucero del Distrito Federal, está sirviendo de enlace entre los funcionarios de la Casa Puebla y los Federales, y cuando se percató del arribo del que esto escribe, y de que traía conmigo una cámara fotográfica, inmediatamente corrió a avisarles a los federales quienes cerraron la ventanilla de la camioneta.

Asimismo, llama la atención que los federales entraban y salían del Sanatorio Montes de Oca que se ubica a un lado de la Casa Puebla, por lo que presumimos que este inmueble está siendo utilizado por los federales como base operaciones para vigilar las actividades de nuestros camaradas poblanos.

También llamó la atención, cuando la patrulla P24-07 se acercó al policía de crucero del DF, con cuya tripulación mantuvo diálogo por varios minutos.

Por último, los compañeros de Puebla me comentaron que a una de sus integrantes le dijeron en un puesto de verduras que se encuentra detrás de la casa Puebla, que escucharon rumores en la Delegación Cuauhtemoc de que el próximo martes los van a desalojar. Es obvio que en las actuales circunstancias no podemos echar en saco roto esa amenaza, por lo que PEDIMOS DE MANERA URGENTE A TODAS LAS ORGANIZACIONES CIVILES, SINDICALES Y SOCIALES QUE SE SOLIDARICEN CON LOS COMPAÑEROS DE LA UNIÓN NACIONAL ANÁHUAC, ya que nuestra presencia evitaría que nuevamente los agredieran como ocurrió el pasado 18 de febrero, ya saben donde se encuentra el campamento, en la Ciclo Vía, de la Avenida Chapultepec, afuera del Metro Sevilla frente a la Casa Puebla.

Ciudad de México, 15 de Marzo de 2008.

Jesús Palma.


IRREGULARIDADES EN UNA CASILLA DE LA DEL. GUSTAVO A. MADERO

Los ciudadanos de San Juan de Aragón, Del. Gustavo A. Madero, del Distrito Federal me informaron que en la casilla correspondiente a las secciones electorales 1622, 1624 y 1626, no se pudo llevar acabo la votación, ya que aproximadamente a las 12:30 horas llegaron al lugar un grupo de personas a bordo de 6 camionetas, según nuestros informantes, estas personas apoyan al Diputado local Edgar Torres quien participa en la contienda con la Planilla 30. Estos sujetos impidieron que se instalara la última mesa de votación, y golpearon a los votantes que se encontraban formados en las otras mesas, además se les inculpa de haberse llevado las cajas con la papelería electoral correspondiente a las secciones 1622 y 1624, quedando la correspondiente a la sección 1626 en poder del personal del Instituto Federal Electoral. Este zafarrancho provocó que arribaran al lugar alrededor de 10 patrullas de la policía del DF, y como consecuencia de todos estos hechos se suspendió la votación en esta casilla.

Ahora bien, me comentaron que entre los agresores se encontraban las siguientes personas: Imelda Mendoza Romero, Ma. Del Pilar Percastre Moreno, Raziel Abraham López y Ma. Del Rosario Rojo García, además de que posteriormente llegó al lugar con una actitud altanera el Dip. Edgar Torres.

Jesusa Rodriguez en el Hemiciclo a Juárez



Cortesía AMLO TV

Clausura oficial de las actividades en el Centro de Información en Defensa del Petróleo

El día de ayer se llevó a cabo la clausura del Centro de Información en Defensa del Petróleo que estuvo 39 días en el zócalo para dar información y recabar firmas en defensa del petróleo. En la Asamblea realizada por Flor y Canto asistió como invitado Marti Batres quién habló acerca de lo importante que es defender el petróleo. Al termino de está se llevó a cabo oficialmente la clausura del Centro de Información la cual estuvo a cargo de los Diputados Agustín Guerrero y Tomás Pliego quienes a su vez realizaron una rifa de cuatro cuadros del Presidente Legítimo de México Lic. Andrés Manuel López Obrador y otorgaron reconocimientos a todas aquellas personas cuya colaboración fue sobresaliente. Para finalizar dicho evento se ofreció una exquisita taquiza acompañada de música en vivo.
















Cobertura AMLO TV

Conjura SME huelga; acepta incremento salarial de 4.25%


Acuerdan que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, absorba al 100% la deuda que tiene Luz y Fuerza del Centro con el IMSS


Julián Sánchez
El Universal
Ciudad de México
Domingo 16 de marzo de 2008


08:22 Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas firmaron un convenio a través del cual se otorgará un incremento salarial a los cerca de 60 mil trabajadores jubilados y en activo de 4.25 % directo al salario, 2% al transporte y 2% al fondo de ahorro, con lo que queda desvanecida la huelga que estaba programada para las 12:00 horas de este domingo.

Luego de varias horas de negociación en una mesa de diálogo conformada por los secretarios del Trabajo, Javier Lozano y de Energía, Georgina Kessel, así como por el director general de la citada empresa, Jorge Gutiérrez Vera y el dirigente del Sindicato, Martín Esparza, la asamblea de esa organización gremial aprobó entre otras las siguientes propuestas:


Un proyecto de impulso a la productividad y modernización de Luz y Fuerza; destinar 5 mil 200 millones de pesos para construir tres estaciones generadoras de energía; y otorgar una concesión a esa empresa para una red pública, a fin de dar servicio de voz, datos y videos a costos más bajos al promedio nacional del servicio de Internet.


Además, los trabajadores aprobaron y posteriormente se estableció en el convenio referido que se den 2 mil pesos mensuales a 250 hijos de sindicalizados con alguna discapacidad para equinoterapia y delfinoterapia.


Paralelamente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, absorberá al 100% la deuda que tiene Luz y Fuerza del Centro con el IMSS, lo cual debe ser en un plazo no mayor a 30 días.


Con ello, se estableció ampliar la cobertura de un convenio de colaboración entre en Instituto Politécnico Nacional y Luz y Fuerza del Centro, para una reingeniería de todo el proceso de trabajo en esa empresa.


En tal sentido, se acordó que en 50 días naturales se instalará una mesa de trabajo con una comisión mixta para realizar acciones pendientes a mejorar la productividad.


Luego de una noche en la que se vivieron momentos de tensión, pues no se descartaba el entallamiento de huelga, por lo que hubo presencia en instalaciones de Luz y Fuerza del Centro de elementos de la Policía Federal Preventiva, lo que provocó nerviosismo entre el personal que se encontraba de guardia en plantas y subestaciones, Martín Esparza señaló que los acuerdos alcanzados no fueron todos los que se querían, pero representan un avance.


Minutos antes de que acudiera a firmar el convenio para ratificar los cuerdos, Martín Esparza subrayó que estos ayudarán a mejorar la situación financiera, laboral y administrativa de la empresa, en lo que los trabajadores son actores principales.


jle /grg

http://www.eluniversal.com.mx/notas/490366.html

Eleva Estados Unidos la tensión con Venezuela tras la agresión de Colombia a Ecuador

David Brooks
La Jornada


El gobierno de George W. Bush y algunos legisladores conservadores han buscado transformar el tema de la incursión militar de Colombia en Ecuador en motivo para calificar de “terrorista” al gobierno de Venezuela.

Hoy, dos representantes republicanos federales de Florida, la cubanoestadunidense Ileana Ros-Lehtinen y Connie Mack, presentaron una resolución ante la cámara baja, que insta al gobierno de Bush a “designar a Venezuela patrocinador estatal del terrorismo”.

Vale recordar que en el Congreso hay mayoría demócrata, y que esos dos legisladores no tienen poder para garantizar la aprobación de resoluciones o proyectos. Sin embargo, esa iniciativa está ligada con una serie de declaraciones del gobierno de Bush, esta semana, que critican a la administración de Hugo Chávez.

El tono lo elevó el propio Bush, quien esta semana dijo ante la Cámara de Comercio Hispana, en Washington, que “hay un patrón preocupante de comportamiento provocativo del régimen en Caracas” en torno a las FARC, y afirmó que altos funcionarios del gobierno de Hugo Chávez se han entrevistado con el grupo guerrillero, oficialmente designado por el gobierno estadunidense “organización terrorista”.

Durante esta semana, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha elevado la tensión. Antes de comenzar su gira por Brasil y Chile, al entrar a una reunión con el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, aseveró, en obvia referencia a Venezuela, que “es obligación de todo miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) no permitir que su territorio sea usado de manera alguna para apoyar terroristas, y las FARC son una organización terrorista. Por tanto, no debe haber ningún apoyo a ellos”. Ya en el curso de su gira repitió versiones del mismo mensaje.

Un vocero del Consejo de Seguridad Nacional, Gordon Johndroe, informó: “nuestras agencias de inteligencia están evaluando el material adquirido por los colombianos, y veremos hacia dónde lleva”, reportó el Wall Street Journal. El gobierno ha indicado que está revisando los archivos de computadora obtenidos por las fuerzas colombianas en su ataque a la base de las FARC en Ecuador, el primero de marzo, que según denuncias del gobierno de Álvaro Uribe señalan que el régimen de Hugo Chávez mantenía contacto con los guerrilleros y tenía la intención de entregarles 300 millones de dólares en asistencia.

El secretario asistente de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, declaró esta semana que continúan analizando los contenidos de las computadoras obtenidas tras el ataque, incluyendo una que supuestamente era del líder del grupo guerrillero, Raúl Reyes, y otra perteneciente a Iván Ríos, otro dirigente de la organización que fue asesinado por su escolta la semana pasada.

“La información que ha surgido hasta la fecha es preocupante, ya que parece indicar un grado de diálogo y discusión entre miembros del gobierno de Venezuela y las FARC que tiene que ser explicado”, dijo Shannon a reporteros en Washington. Sin embargo, subrayó: “estamos muy al comienzo del proceso, y sería una error brincar a conclusiones”.

Pero es justo lo que decidieron hacer algunos legisladores afirmando, a pesar de que aún no hay pruebas, como hizo Mack esta semana, que “es crítico que el gobierno (de Bush) actúe rápida y decisivamente. El presidente venezolano está usando su enorme riqueza petrolera para financiar el terrorismo en su traspatio”. Ros Lehtinen, al presentar su resolución junto con Mack, declaró que “la decisión del liderazgo venezolano de apoyar los actos criminales de estos extremistas violentos (las FARC) ha envenenado la región con inestabilidad y desconfianza”. Agregó: “los esfuerzos deliberados de los líderes venezolanos por forjar relaciones con patrocinadores estatales del terrorismo, incluyendo Irán y Cuba, son una afrenta directa a todos los que trabajamos para promocionar la justicia y la libertad en la región”.

La resolución legislativa no tiene fuerza de ley, y sólo es una expresión del Congreso. Aun si prospera, no tiene impacto directo. Pero sí nutre el esfuerzo de algunos dentro del gobierno de Bush de al menos amenazar con colocar a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Los países actualmente incluidos en dicho listado son Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Cuba. Estas naciones son sujetas a diversas sanciones, entre ellas la suspensión de préstamos de instituciones multilaterales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). No está claro si estar en ésta tendría efecto sobre las operaciones de empresas estadunidenses, incluyendo las petroleras, en el caso de Venezuela.

Pero el propio Shannnon ha expresado cautela. “Declarar a alguien patrocinador estatal del terrorismo es un paso grande, serio, y una decisión que sólo tomaríamos después de una muy cuidadosa consideración de todas las pruebas”. Puntualizó que el análisis de los archivos de las computadoras tomará tiempo.

Expertos en Washington están divididos sobre si estas nuevas acusaciones contra Venezuela prosperarán. Algunos dicen que la propuesta será aprobada sólo porque pocos legisladores se atreverán a votar en contra –por la poca simpatía hacia el régimen de Chávez Frías– y porque políticamente nadie desea sufragar contra alguien que denuncia actividades supuestamente “terroristas”. Otros creen que no prosperará por la falta de capital político de la moribunda y desprestigiada presidencia de Bush, como por las divisiones internas dentro del gobierno.

Adam Isacson, experto en relaciones interamericanas del Centro de Políticas Internacionales en Washington, declaró a La Jornada que “no existe consenso entre los republicanos e incluso dentro del gobierno de George Bush” para promover esto, y pronosticó que los presidentes demócratas de los comités legislativos no permitirán que la resolución proceda a voto. Por otro lado, manifestó que por ahora “simplemente no hay suficientes pruebas” para justificar las acusaciones sobre Chávez y las FARC.

Añadió: “muchos no desean colocar a Venezuela en la lista (de patrocinadores de terrorismo) por las consecuencias sobre los mercados petroleros, lo cual nutrirá la actual incertidumbre”. Pero advirtió que eso podría cambiar si surgen pruebas que implicaran al gobierno venezolano.

Daniel Ericsson, analista de Diálogo Interamericano, comentó a la agencia Ap que “es un poco difícil, particularmente en el contexto de un año electoral, que Estados Unidos aplique nuevas sanciones sobre Venezuela, que probablemente interrumpirían el suministro de petróleo, lo cual llevaría a precios más altos de gasolina”. Otros estiman que al no contar con el apoyo de algunos de los principales países de la región, el intento podría ser desastroso y generar justo lo opuesto al objetivo de Bush: aislar a Venezuela.

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64707

Bolivia: “Rumbo al despeñadero”

jean paul guzmán saldaña

La Paz, (apro).- A dos años de que Evo Morales llegó a la Presidencia, con el apoyo de 53.7% del electorado, Bolivia se encuentra hoy en un callejón político sin salida:

El proyecto de nueva Constitución es rechazado por dos terceras partes del país, y cinco de los nueve departamentos (gobernaciones) están a punto de aprobar, mediante referendos, estatutos autonómicos que fracturarán la estructura del Estado y pulverizarán la concentración del poder.

El origen de esta crisis se ubica en el proceso de elaboración del proyecto de nueva Constitución, que arrancó el 6 de agosto de 2006 con la instalación de la Asamblea Constituyente y concluyó el 9 de diciembre de 2007, con un documento que únicamente fue aprobado por el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), en una sesión que la oposición, ausente por decisión propia en la votación, denunció como ilegal, argumentando la violación de varios procedimientos.

El proyecto de Constitución, que otorga al Estado el control del sistema económico, limita las autonomías regionales y privilegia a los sectores indígenas con un poder de representación y decisión superior al de cualquier otro sector social, encontró de inmediato una firme oposición, primero en la gobernación de Santa Cruz, la región económicamente más próspera del país, que luego se extendió a otras cinco (Tarija, Beni, Pando, Chuquisaca y Cochabamba) , que comenzaron a gestar, con distinto ritmo, procesos autonómicos.

Esos procesos concretaron la redacción de los Estatutos Autonómicos, que establecen en cada gobernación una normativa administrativa, legislativa y judicial propia, que desconoce la actual composición del Estado y es incompatible con la Constitución en vigencia y con la nueva que deberá aprobarse mediante referéndum.

Los autores de los Estatutos Autonómicos afirman que la normativa propia no desintegra al país y, por el contrario, impulsa el desarrollo económico y social de las regiones para una Bolivia con más progreso.

Únicamente en las gobernaciones leales a Evo Morales (La Paz, Oruro y Potosí, ubicadas en la región andina, la de más altos índices de pobreza en el país) no se inició la redacción de sus Estatutos Autonómicos.

Para el gobierno, los Estatutos Autonómicos no sólo se encuentran fuera de la normativa jurídica, sino plantean una amenaza de desintegración del país, mientras que para las gobernaciones son la opción a un proyecto de nueva Constitución que desecha el derecho de las regiones a avanzar en procesos autonómicos. La autonomía, de hecho, fue respaldada mediante elecciones en cuatro de las nueve gobernaciones de Bolivia, el 2 de julio de 2006.

La gobernación de Santa Cruz encabeza los procesos autonómicos y, a través de la Corte Electoral de la región, convocó inicialmente a un referéndum para el 4 de mayo, en el que la población votará por el Sí o No al Estatuto Autonómico. Todas las encuestas aseguran una victoria mayoritaria del Sí.

Las gobernaciones de Beni y Pando convocaron a sus propios referendos para el 1 de junio, mientras Tarija, Chuquisaca y Cochabamba se encuentran en plena organización de esas elecciones.

Punto de quiebre

Este panorama de crisis alcanzó su punto culminante el 28 de febrero, cuando el Congreso Nacional aprobó dos leyes cruciales: una para convocar a un referéndum el 4 de mayo, destinado a aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución, y otra destinada a anular la legalidad de los referendos autonómicos programados por las gobernaciones.

Sin ningún debate, el Congreso aprobó esas medidas en apenas media hora, con la oposición ausente, debido a que grupos de choque de campesinos y mineros leales al MAS cercaron el Palacio Legislativo, ante la indiferencia de la policía, e impidieron que diputados y senadores de otros partidos participaran en la sesión.

Además de la oposición, juristas y constitucionalistas calificaron de “ilegal” la sesión de Congreso, ya que su directiva, presidida por el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, ignoró varios procedimientos necesarios para la aprobación de las leyes, entre ellos la comprobación del quórum reglamentario, la verificación del voto y el análisis previo en comisiones de los proyectos de Ley.

Desahuciada cualquier posibilidad de diálogo y, por tanto, de concertación, la decisión del Congreso abrió las puertas a posiciones radicales. En Santa Cruz, el Comité Cívico (organización opositora que congrega a los sectores sociales y económicos mayoritarios de la región) convocó, mediante declaración de su presidente, Branko Marinkovic, “a defender la democracia y nuestro referéndum autonómico que tanto anhelamos”.

Jorque Quiroga, jefe de Poder Democrático y Social (Podemos), principal partido de la oposición, fue más drástico aún y afirmó que, tras la decisión congresal, “el señor (Evo) Morales ha dejado de ser presidente democrático y constitucional, y se ha convertido en un gobernante de facto. La democracia está herida de muerte por esas acciones”.

Evo Morales, por su parte, promulgó el 29 de febrero las leyes aprobadas en el Congreso y convocó a iniciar una campaña destinada a lograr la aprobación del proyecto de Constitución, “votando por el Sí” y “todo por la unidad de los bolivianos”.

La determinación más drástica surgió el 3 de marzo del Consejo Nacional Democrático (Conalde), integrado por los gobernadores y representantes cívicos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca, quienes decidieron desconocer el carácter democrático del gobierno y no acatar las leyes aprobadas en el Congreso para convocar al referendo de aprobación del proyecto de Constitución y sobre las consultas autonómicas.

“Las determinaciones (del Conalde) lo único que hacen es conducir hacia un cauce antidemocrático y, por supuesto, están orientadas a que un régimen (neoliberal) retorne al país”, comentó inmediatamente el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Sin embargo, el propio Senado, con mayoría opositora, aprobó el 6 de marzo una resolución que recomienda la “inobservancia” a las leyes mencionadas. El presidente del Senado y militante de Podemos, Oscar Ortiz, declaró al respecto: “La Constitución del MAS nunca entrará en vigencia porque dos tercios del país la desconocen y se niegan a aceptarla”.

Pero las cosas podrían no quedar allí. Las gobernaciones de Santa Cruz, Beni y Pando estudian adelantar el referéndum autonómico para el 27 de abril, es decir una semana antes de lo previsto y una semana antes, también, de la fecha del referéndum para aprobar el proyecto de Constitución.

Con esa decisión, las gobernaciones planifican tener refrendados sus Estatutos Autonómicos por el voto popular antes de la probable aprobación del proyecto de Constitución.

Así, sostienen, podrán ignorar la posible vigencia de la nueva Constitución, al haber aprobado con anterioridad sus Estatutos Autonómicos.

Incertidumbre

Con este panorama, políticos y analistas consultados por Apro, independientemente de su posición ideológica, comparten la incertidumbre y, sobre todo, el pesimismo sobre la convivencia democrática en Bolivia.

“(El MAS) avanza sin reparos en imponernos las condiciones para votar una Constitución manoseada sin límites (primero un índice leído en un cuartel, luego una sesión congresal ilegal que trasladó la sede de los debates, luego una lectura atropellada de 411 artículos en Oruro, luego los cambios a ese texto que un equipo clandestino hizo, vulnerando las más elementales normas). ¡Y esa es la Constitución que deberemos votar los bolivianos el próximo 4 de mayo!”, dijo Carlos Mesa, periodista y expresidente de la República, agregando que el gobierno y las gobernaciones opositoras actúan “movidos por la lógica de ‘tú tienes tu Constitución, yo tengo mis estatutos’, como si todo se resumiera a un empate de irracionalidades. En ese contexto, era obvio que el diálogo de enero era imposible, pues las partes sabían que no tenían nada para ceder”.

Otro expresidente de la República, Eduardo Rodríguez Veltzé, propone: “Concertar un referéndum único que permita reconducir todo el proceso constituyente, incluyendo el tema de las autonomías. Es indispensable recuperar la genuina representación del poder constituyente ciudadano, erosionado por la forma de su ejercicio y sus resultados. Si existiera una voluntad política sana y con miras a una Constitución de amplio respaldo, corresponde preguntarle al soberano únicamente si está de acuerdo con abrir un nuevo proceso constituyente con reglas claras que garanticen su normal desarrollo y la aprobación ordenada de sus resultados. Esta consulta evitará la confrontación y corresponderá a la voluntad y vocación ciudadanas”.

Sin embargo, hoy no existe en Bolivia una iniciativa de concertación que logre sentar en una mesa de diálogo a los protagonistas del conflicto. El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, graficó esta coyuntura de la siguiente manera:

“Bolivia observa hoy la próxima colisión de dos locomotoras: una impulsada por el proceso de cambio que se expresa en la nueva Constitución y otra alimentada por los Estatutos Autonómicos, que buscan el renacimiento del neoliberalismo y la desintegración del país”.

A este panorama político debe agregarse una situación económica que tiende a deteriorarse con una inflación al borde del descontrol.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada entre enero y febrero llegó a 3.74%, más de la mitad de la previsión establecida para todo el 2008 (7.07%).

En febrero la inflación alcanzó 2.62%, la más alta desde julio del 2007, cuando registró 2.68%. En los últimos doce meses la inflación acumulada se situó en 13.32%, la más alta de Sudamérica después de Venezuela y Argentina.

“Si no se frena la agenda política y se prioriza la agenda económica para detener el desorden, la inflación y el desabastecimiento, se agudizará el desempleo y la pobreza; por lo tanto la crisis se hará insostenible”, comentó el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Gabriel Dabdoud.

Para el politólogo Jorge Lazarte, “no otra cosa que el pesimismo puede marcar hoy la realidad de Bolivia, porque los posibles puentes de concertación se han quebrado”. El proyecto de Constitución que debía fundar un pacto social “ha sido suplantado por un proyecto impuesto unilateralmente y, por lo tanto, sin legitimidad. Ciegos, los actores políticos están empujando al país al despeñadero, unos a través de un proyecto de Constitución con el que no está identificada la mayoría del país, otros por medio de Estatutos que fundan mini-Repúblicas”, agrega.

“Vale decir que con la ley sancionada el jueves 28 de febrero, en el Parlamento sitiado y secuestrado, y promulgada al día siguiente por Evo Morales, se han dejado todas las formalidades para el cesto de basura y el vale todo se ha impuesto. Que nadie dentro de Bolivia y en el resto del mundo se confunda: la Asamblea Constituyente ha muerto, la ley ha muerto… es la hora de los señores de la guerra”, comentó el analista Ricardo Paz Ballivián.

Hoy, definitivamente, no es posible encontrar pronósticos políticos alentadores en Bolivia. (10 de marzo de 2008)

http://www.proceso.com.mx/prisma.html?sec=3&nta=57702

Hacia un Estado bárbaro

Abel Barrera Hernández*

La máxima porfirista de “mátalos en caliente” viene a reaparecer en pleno siglo XXI, cuando el Estado ha sido rebasado por la delincuencia organizada y ha demostrado incapacidad para poder contener la ola criminal, que ha invadido a las mismas instituciones policiacas y a las instancias encargadas de procurar y administrar justicia.
La nueva reforma judicial es la nueva licencia que se otorga a las policías, que siguen sin cambiar en sus métodos de investigación, para que sigan usando la fuerza como el único recurso ante la delincuencia organizada. Se le da permiso a las policías que investigan los delitos para colocar a los luchadores sociales fuera de la legalidad, al catalogarlos como delincuentes. Se da por hecho que nuestras corporaciones policiacas están preparadas para asumir esta responsabilidad respetando los derechos humanos. Todos sabemos la precariedad institucional que prevalece entre las corporaciones de policías, el perfil delincuencial de la mayoría de ellas, la falta de capacitación para investigar los delitos y el abuso de la fuerza.
Por otra parte, no existe un sistema de supervisión confiable en el actuar de las policías, las cuales carecen de sistemas de control interno y no cuentan con una formación profesional ni existen mecanismos honestos de evaluación sobre el desempeño de las corporaciones policiacas. Todos sabemos el grado de discrecionalidad con el que operan, su tendencia a generar terror entre la ciudadanía, a someter de manera violenta a los presuntos delincuentes y a denigrar la dignidad y los derechos humanos de la población.
Para un Estado verdaderamente democrático, la reforma judicial aprobada el pasado 26 de febrero por la Cámara de Diputados federal es un paso regresivo a los tiempos de la barbarie política, un intento de refundar un Estado policiaco dentro del sistema de justicia penal mexicano, y constituye una réplica al modelo de Guantánamo implantado de la forma más bárbara por el gobierno Estados Unidos.
Esta reforma, aplicada en estados violentos como Guerrero, lo único que traerá es mayor atrocidad: para nada ayudará a la reconciliación tan urgente que se necesita entre los guerrerenses, luego de la barbarie y la impunidad. Los más de 500 desaparecidos son producto de un Estado policiaco que utilizó la fuerza de los aparatos de seguridad para contener a un movimiento democrático que siempre luchó contra los cacicazgos y todo el guarurismo disfrazado de comandantes. Con la cauda de policías inexpertos y violentos que se encuentran enquistados en un sistema de seguridad pública y de procuración de justicia corruptos, los ciudadanos no pueden esperar resultados halagadores, porque la reforma judicial pone en riesgo las conquistas constitucionales plasmadas en los artículos 14, 16 y 17, dejando al libre arbitrio de las policías y ministerios públicos la inviolabilidad de los domicilios y el principio de presunción de inocencia.
La elevación del arraigo a rango constitucional es una regresión autoritaria, porque les da más facultades a las autoridades encargadas de investigar y perseguir los delitos, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se trata de una reforma procesal que no resuelve el problema de fondo de nuestro sistema de justicia. Los temas sustantivos para una real reforma de justicia quedan intocados, como la ciudadanización del Consejo de la Judicatura, la profesionalización e independencia (en algunos estados) de la defensoría de oficio, el reconocimiento de las víctimas como parte del proceso penal, igualando sus garantías a las que actualmente tiene el inculpado. Son aspectos centrales que se ignoran y que reducen el estándar de protección constitucional de los derechos de los ciudadanos, por parte de un poder Legislativo que ha actuado con irresponsabilidad y de manera facciosa, al abandonar a su suerte a la población pobre, que de por sí vive en un estado de indefensión.
Los nuevos gobiernos neoliberales, con la complicidad de las cúpulas partidistas, se dan el lujo de tratar como delincuentes de alta peligrosidad a hombres y mujeres que se arriesgan a levantar la voz y a denunciar las injusticias que les impiden alcanzar un modo de vida digno.
El caso de Flavio Sosa es un ejemplo paradigmático de cómo el Estado mexicano usa toda su fuerza para dar una lección a la sociedad oaxaqueña, de que tratará como grandes delincuentes a los que se comprometen con la lucha por la justicia.
Con la nueva ley, los guerrerenses nos distanciamos más del horizonte de justicia y se diluyen las posibilidades de que los casos de desaparecidos se investiguen a fondo y se castiguen a los responsables. No sólo la justicia brillará por su ausencia, sino que se corre el riesgo de que la pesadilla de la guerra sucia se vuelva a reeditar en nuestro estado cobrando más víctimas.
Contrario a la tendencia de las sociedades democráticas que colocan a los ciudadanos en el centro de toda la acción gubernamental, buscando siempre el respeto a sus derechos humanos, con la reforma judicial, el poder y los derechos del ciudadano se supeditan y se transfieren al poder impune de los policías.
La crisis de legitimidad del gobierno federal y el debilitamiento de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia, ha colocado a las autoridades en la disyuntiva de endurecer las leyes para no perder el control político y económico, o para permitir que la sociedad forme parte sustantiva en el diseño de un modelo de nación fincado en la pluralidad política y la justicia social.
Los tres poderes de la Unión le están apostando a la regresión autoritaria, y no miden los costos políticos y sociales de lo que implica violar el espíritu de la Constitución de 1917. Se trata de conquistas del pueblo de México que no pueden quedar al arbitrio de tecnócratas, que sólo se rigen por el criterio de la ganancia y que no tienen la autoridad moral para poder cambiar el rumbo por donde avanza el movimiento social, inspirado en las causas más profundas de la Revolución Mexicana.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Revista Contralínea / México

Ante la Desfachatez del Calderonismo

Inicia Jornada Más Contundente de Confrontación y Movilizaciones Por Enrique Cisneros Luján

El país es una caldera hirviendo que por más que el gobierno de Calderón intenta apagar, cada día se torna más explosivo pues van coincidiendo movilizaciones y acciones de respuesta.

En el campo, por más comisiones que se han formado, el gobierno no ha podido desactivar el descontento campesino que se incrementa en la medida que la apertura del TLCAN hacia maíz, frijol y azúcar, afecta a maiceros, cañeros y en general a todos los productores.

En la UNAM hay descontento por el porrismo y otros problemas; enojo que se ha incrementado con el asesinato de estudiantes en Ecuador por parte del gobierno colombiano-yanqui, con el silencio cómplice del gobierno de Calderón. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene más de un mes de huelga. Los campesinos de Atenco se están reorganizando ante la amenaza de que se retomen los planes de construir el aeropuerto en sus tierras.

En el contexto de los planes del gobierno de privatizar los energéticos, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue atacado directamente por el Secretario de Gobernación quien de manera cínica acusa a los trabajadores de ser “privilegiados”. La respuesta se dio de manera inmediata y los electricistas se aprestan para medir fuerzas en su revisión salarial que está en curso.

La Convención Nacional Democrática (CND) y el movimiento que encabeza López Obrador tiene organizada una gran concentración para el 18 de marzo, aniversario de la expropiación petrolera y ya advirtieron que hay que hacer acciones el 25, fecha en que el Congreso pretende aprovechar la desmovilización de la Semana Santa , para dar un madruguete un su propósito de privatizar PEMEX. Las instrucciones son cerrar carreteras, bloquear (pacíficamente) instalaciones petroleras, entre otras acciones.

El Congreso también aprobó los cambios que Estados Unidos le exigió a Calderón en el terreno judicial, aprobando la llamada Ley GESTAPO, que si bien echó atrás su intención de aprobar el permitir cateos a cualquier policía sin orden judicial, es un apretón de tuercas en las intenciones de imponer un estado policial. Esto se ha acompañado de nuevos asesinatos políticos, encarcelamientos y desapariciones.

Ante el incremento de la represión también hay reacciones, empezando por el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) que está realizando movilizaciones y actividades organizativas: el domino pasado se constituyó en Aguacaliente, Guerrero (corazón del movimiento de resistencia contra la Presa de la Parota ), el Frente Estatal Guerrerense Contra la Represión.

Los maestros de la CNTE han tomado acuerdos para ir escalando una ofensiva para expulsar a Elba Esther Gordillo y sus charros de las estructuras sindicales del SNTE. Esto fue contestado por la “lidereza” imponiendo dirigentes mediante congresos amañados o donde golpeadores impusieron su ley, con la consecuente indignación de miles de maestros. Otros, como los maestros de Oaxaca están en plantón en la Ciudad de México y han movilizado a decenas de miles de maestros que han llamado también, a la reconstrucción de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

La lucha contra la “Ley del ISSSTE” sigue viva y sus seguidores se aprestan a utilizar las tradicionales movilizaciones magisteriales que ya iniciaron y se prolongan por lo menos hasta mediados de mayo, para avanzar. Son millones de amparos que se han tramitado, además de la instalación de plantones en varias partes de la república, lo que permite que estos núcleos organizados se acerquen a decenas de miles de inconformes.

También las organizaciones que se aglutinan en el Diálogo Nacional siguen coordinando y decidiendo acciones conjuntas. Por su parte los integrantes de La Otra Campaña , vinculada al EZLN, no dejan de organizar actividades culturales, mítines, actos por la libertad de los presos políticos, caravanas a Chiapas, actos contra los paramilitares.

Los medios de comunicación alternativa, entre los que se ubica APIA y Machetearte, no cejan en su trabajo y en toda la república, luchas locales, a veces de resistencia, en ocasiones de ofensiva, siguen presentes en pro de detener las iniciativas neoliberales y avanzar en formas de lucha más contundentes.

Si bien siempre ha habido resistencia, en estos días se inicia una jornada nacional de mayor envergadura y confrontación. Hay que estar atentos y listos para sumarse a la lucha. Todos y todas tienen un lugar en ella, tan sólo hay que acercarse y caminar junto a los trabajadores que ya se están movilizando.

VIDEO: Conclusiones del VIII Foro Nacional de la Energía



AMLO TV

Carlos Fazio habla sobre el ASPAN

15 de Marzo de 2008. En el Círculo de Estudios Buzón Ciudadano, estuvó como invitados el periodista Carlos Fazio, quien hablo sobre el ASPAN y el reciente agresión armada por parte de Colombia en contra de guerrilleros de las FARC, en territorio Ecuatoriano.

Al respecto señaló como los EE.UU. han ido poco a poco penetrando en los aspectos de seguridad interna de América Latina, ejemplo de ello es la reciente aprobada Reforma Judicial o Ley Gestapo, que restringe las garantías individuales bajo el pretexto del combate al terrorismo y el narcotráfico, marco jurídico que fuese propuesto desde la Casa Blanca y que en realidad tiene por objetivo atacar a los grupos de oposición al modelo neoliberal.

Asimismo, hizo un recuento de las notas periodísticas que los periódicos de la derecha han sacado en las últimas dos semanas, y con lo cual se demuestra como se ha buscado relacionar a las FARC con grupos guerrilleros, carteles de narcotraficantes, gobiernos de oposición e incluso la UNAM, bajo el pretexto de que en el campamento que fuese objeto de un ataque aéreo y terrestre por el Ejercito Colombiano, se encontraban ciudadanos mexicanos pertenecientes a nuestra máxima casa de estudios.


CONVOCATORIA PARA VOLANTEAR

Hola, seguimos volanteando.

Participen en el volanteo, la cita es mañana domingo a las 12 del dia en el Hemiciclo.

Apoyen el volanteo, es muy importante para que logremos que el zocalo reciba a miles de personas.
En el Hemiciclo organizaremos una o dos brigadas, para que salgan a dos estaciones del metro, tentativamente una sera el Metro Hidalgo y otra al metro Chapultepec.

El lunes trambien habrá volanteo. Los esperamos.

Gracias a todos los que nos han apoyando,

ES UN HONOR ESTAR CON OBRADOR

ES UN HONOR VOLANTEAR PARA OBRADOR

MEXICO: SÚMATE AL SUEÑO DE PRO-OAX.

Todos soñamos alguna vez con nuestros más íntimos anhelos. Los comerciantes y los empresarios sueñan con la creciente prosperidad de sus negocios; los políticos sueñan con escalar los más altos cargos públicos y con permanecer en la memoria amorosa de sus pueblos; los obreros y campesinos sueñan con un trabajo digno y con líderes sociales honestos e incorruptibles; los padres de familia sueñan con maestros sabios y amorosos que conduzcan a sus hijos por la senda de la virtud y de la justicia…

A partir de los conflictos del año 2006, los sueños de la mayoría de los oaxaqueños se convirtieron en una pesadilla. Sigue latente el miedo a que el odio y la violencia, con su secuela de destrucción y miseria, se apoderen de nuevo de la entidad y nos hundan en la barbarie. Vemos con preocupación cómo la inseguridad pública -secuestros, levantones y asesinatos- tiene en vilo a la ciudadanía. Vemos señales ominosas en los ataques e injurias con que se descalifican mutuamente los líderes y funcionarios que deberían ser ejemplo de entendimiento y concordia… Pero por encima de estas visiones inquietantes está nuestro sueño pleno de amor y esperanza. Un sueño sin presos políticos ni bloqueos de calles y carreteras; un sueño de perdón y no de odio, de reconciliación y no de venganza; un sueño donde la mentira y la simulación sean desplazadas para siempre por un diálogo respetuoso entre la sociedad y el gobierno.

Los que amamos a Oaxaca por encima de todo, aún seguimos soñando con lo imposible.

Francisco Toledo

La red Mouriño al descubierto

Conozca a detalle los negocios públicos y los amigos de la burocracia de lujo en los que se sostiene hoy el hombre fuerte del presidente.

Por: Anabel Hernández / Reporte Índigo
14-Marzo-2008 (02:55 p.m.)

En el corazón de la ciudad de Campeche, en una torre de cristal, se asienta el imperio empresarial de la familia del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.

Desde aquí, los Mouriño operan los negocios vinculados no sólo con Pemex, como ya se sabe, sino también con el IMSS, el ISSSTE, Diconsa, Ecosur y Telecom, según documentos oficiales en poder de Reporte Índigo.

Los negocios y contratos se han multiplicado a la par de la meteórica carrera de Juan Camilo en el servicio público.


Para el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Campeche (RPPCC), el titular de Gobernación sigue formando parte de los negocios familiares.

Ello a pesar de que Mouriño declaró el 28 de febrero pasado que había dejado desde hacía varios años las empresas de su familia para dedicarse al sacrificado mundo del servicio público.

Al consultar los libros del Registro Público, donde están las actas constitutivas de las empresas creadas en el Estado, así como sus respectivos cambios, Reporte Índigo descubrió que no hay ninguna modificación ante esa instancia en la integración de sociedades como Transportes Especializados Ivancar, Grupo Energético del Sureste, Gasovales Ges, Esges (Servicio Puente Grijalva) e Inmobiliaria Ges.

En todas ellas, JC aparece como socio y/o tesorero. En agosto de 2003, en pleno sexenio de Vicente Fox, y siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, Juan Camilo Mouriño recibió un pago de 450 mil pesos por remanentes del Grupo Energético del Sureste.


"Resulta mezquino que se me acuse de beneficiarme económicamente de la política, cuando fue justamente la política la que me motivó a renunciar a un patrimonio legítimo, producto del esfuerzo personal y familiar", afirmó hace apenas ocho días el secretario de Gobernación.

Hizo este pronunciamiento después de que Andrés Manuel López Obrador exhibiera contratos firmados por JC con Pemex en su calidad de representante legal de Ivancar. Lo hizo cuando era un servidor público vinculado al sector energético.

"No perderé el tiempo debatiendo públicamente con mis detractores. Hoy tengo a mi cargo responsabilidades muy importantes para el país que no merecen distracción alguna", dijo Mouriño tratando de dar vuelta a la página.

Según los documentos oficiales del Registro Público, Juan Camilo Mouriño tiene registradas a su nombre 100 acciones de Transportes Especializados Ivancar, empresa creada en 1985 para transportar gasolina, diésel, aceites y lubricantes.

También posee seis de las 50 acciones -12.5 por ciento- del Grupo Energético del Sureste (GES), cuyo objeto social es ser "controladora de todo tipo de sociedades".

GES es la empresa socia mayoritaria de las demás compañías de los Mouriño. Además, es la operadora de gasolineras de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Esges, creada en el año 2000, se dedica a la "comercialización de gasolinas y diésel suministrados por Pemex".

Mouriño es socio de esa empresa a través de Grupo Energético del Sureste. De acuerdo con los últimos registros, también figura como su tesorero. Tiene la misma responsabilidad en Gasovales GES, constituida en 2003, cuyo objeto es "celebrar todos los contratos y realizar todos los actos de la naturaleza que sean".

De 2004 a 2008, estas empresas han obtenido en el gobierno federal contratos que suman por lo menos 27 millones de pesos a través de licitaciones y adjudicaciones directas.

Incluso hay contratos que fueron asignados en 2007, cuando Mouriño era el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

Se
afirma "por lo menos", debido a que los registros de los contratos obtenidos antes de 2003 se van borrando del sistema Compranet y de las páginas de transparencia de las dependencias.

En el caso de la empresa Tesorera GES, constituida en 1998 para la "comercialización, la compra, venta, abastecimiento, elaboración, producción e importación de abarrotes y artículos alimenticios", Juan Camilo funge como apoderado.

En medio del escándalo por el presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses, el secretario de Gobernación afirmó que desde fines de 2003 ya no tenía nada qué ver con las empresas de su familia.

Sin embargo, según las escrituras que obran en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio no es así.

Política y business


Una emotiva carta fue la respuesta de Juan Camilo Mouriño a las acusaciones de presuntos conflictos de intereses y tráfico de influencias en los contratos que firmó con Pemex Refinación en su calidad de apoderado de las empresas de su familia.

En ella habla de cómo su padre inició sus negocios vinculados a Pemex con el transporte de gasolinas y sus derivados, así como la apertura de gasolineras.

"Muchos años de esfuerzo y visión empresarial le permitieron lo que cualquier padre anhela para sus hijos: techo, educación, salud.

"Debo decir que estoy profundamente agradecido con la vida y también lo estoy con mi padre", dijo Juan Camilo en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas, ni dio respuestas.

Se le veía desaliñado, descompuesto. Y no ofreció explicaciones, sólo dijo que para dedicarse a la política, a fines de 2003 renunció a las acciones de las cerca de 80 empresas de uno de los grupos empresariales más importantes del sureste mexicano, el de su familia.

"Quiero ser contundente, jamás me he beneficiado ni he beneficiado indebidamente a nadie desde los cargos públicos que he ocupado. Mis actos han sido legales, mi actuar ha sido siempre ético", dijo. Y se fue.

Días después, ante los señalamientos públicos por el conflicto de intereses en la firma de contratos por un valor superior a los 100 millones de pesos, Juan Camilo reconoció que dichos documentos auténticos, pero que también eran legales.

Precisó que quienes lo critican y cuestionan "apuestan por el fracaso de nuestro país y hacen todo lo posible porque a México le vaya mal, pero nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, y eso, evidentemente, no gusta a los que no quieren que México sea exitoso".

JC entregó los famosos contratos a la PGR para que lo investigara, y la dependencia informó esta semana que abriría la averiguación a petición del propio secretario de Gobernación, cuando debería hacerlo por oficio, al igual que la Secretaría de la Función Pública.

El caso de Juan Camilo Mouriño ha ido escalando. Y es que entre más se investiga, menos claras están las cosas.

Reporte Índigo se trasladó a la ciudad de Campeche para realizar una investigación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, dependencia ubicada en la calle 59 del centro de la ciudad.

Después de pagar los derechos correspondientes, se obtuvo una copia certificada de los antecedentes de seis de las principales empresas de los Mouriño.


Transportes Especializados Ivancar (1985), Grupo Energético del Sureste (1997), Tesorera GES (1998), Esges (también registrada como Servicio Puente Grijalva, 2000), Gasovales GES (2003) e Inmobiliaria GES (2005).

En los documentos entregados en todos los casos, Mouriño aparece con sus derechos vigentes en las empresas familiares, ya sea como socio y/o como tesorero o apoderado. Es decir, no aparece dado de baja.

Conociendo el funcionamiento de los registros, se hizo una búsqueda libro por libro para conocer los cambios que dichas empresas habrían sufrido luego de ser constituidas. A su vez, se revisaron las inscripciones al calce de cada escritura constitutiva.

El Camilo Power

Hace 10 años, Juan Camilo o "Iván" -como prefiere que le digan- era un diputado local de quien sus amigos solían burlarse.

Hoy es el segundo hombre más poderoso del gobierno federal. Y sus amigos ya no se burlan, ahora ocupan cargos en áreas clave de la administración pública relacionadas con sus negocios familiares. Todos cobran jugosos sueldos.

La semana pasada, Reporte Índigo reveló los nombres de tres de las personas más cercanas a JC y su familia que hoy ocupan puestos de alto nivel en el gobierno federal. Curiosamente, están en dependencias que tienen relación directa con los negocios de los Mouriño.

Quienes lo apoyan, afirman que es pura casualidad, que "Campeche es un pueblo, todos se conocen". Sus detractores, sin embargo, dicen que las casua- lidades no existen, y menos cuando se pone a una persona por amiguismo, no por su eficiencia.

Señalamos a Karim Elías Bobadilla, ex jefe de Administración de la Oficina de la Presidencia de la República en los tiempos de JC, y hoy contralor interno de Pemex Exploración y Producción. También hablamos de Adalberto Enrique Füguemann y López en Fonatur y de Karla Pérez Marrufo en la Profeco.

Pero
la red es mucho más amplia y comprometida. Por lo menos hay una docena más de funcionarios. Es el Camilopower que llegó a las delegaciones más importantes en Campeche y a puestos clave del gobierno federal.

El común denominador es que o son ex compañeros del Instituto Mendoza o son amigos de María de los Angeles Escalante Castillo -esposa de Juan Camilo-o fueron empleados de las empresas de su padre o políticos patrocinados por él.


Un ejemplo es José Luis Yovera Abreu, amigo cercano e incondicional de JC. Lo puso en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Sedesol. Diconsa, órgano que depende de la Sedesol, es uno de los principales compradores de vales de gasolina de las empresas de Mouriño.

También está la campechana Yolanda Valladares Valle, ex diputada local y diputada federal. Primero fue una de las principales detractoras de los Mouriño en el periódico Tribuna, pero después, ellos mismos le patrocinaron su carrera política, según se afirma en los círculos políticos de Campeche.

Hoy, Yolanda Valladares es otro alfil en Pemex. Como gerente corporativa de Desarrollo Social en la paraestatal, es responsable de la coordinación con los estados y municipios en materia de reparación de daños cuando las poblaciones son afectadas por actividades de la empresa petrolera. También impulsa proyectos productivos y reparte recursos en especie en los diferentes niveles de gobierno.

La revelación de la posición que ocupa Karim puso a JC en alerta. Sus cercanos afirman que se siente en un callejón sin salida: si pide que lo saquen de ahí, cree que confirmará la versión de que estaba ahí para velar por los intereses de la familia en Pemex. Y si lo deja pensarán que es por lo mismo.

Gente del círculo más íntimo del secretario de Gobernación afirma que está deprimido y que aún no decide si renunciará al cargo.

Se siente solo, abandonado por los funcionarios más cercanos a Felipe Calderón. Dentro del equipo del presidente ya empezaron las suspicacias. Es tanto lo que se dice, que desde ahí se ha filtrado que JC tiene los días contados.

Hay quienes afirman que lo único que le da ánimos son las llamadas de apoyo del presidente, quien le pide que resista. ¿Aguantará? ¿Sabrá el jefe del Ejecutivo que su hombre más cercano sigue apareciendo en las empresas de su familia y colocando a sus amigos en puestos estratégicos?

El hermano incómodo


En esta historia también hay un hermano incómodo. Se llama Carlos. Es el hermano mayor de Juan Camilo y el líder del grupo empresarial de la familia en México.

Carlos es el primogénito del matrimonio formado por Manuel Carlos Mouriño Atanes y María de los Angeles Terrazo Blanco. Es mayor que JC apenas por un año, y quienes los conocen afirman que son como el agua y el aceite. Aunque en materia de negocios, parecen compartir la causa familiar. Desde niños hubo una gran competencia entre ellos, la cual hizo crisis en la adolescencia.

Carlos era un chico popular en el Instituto Mendoza, un colegio marista para varones ubicado en la avenida Alvaro Obregón sin número en la colonia Santa Lucía de la ciudad de Campeche.

Carlos era el guapo, el inteligente y el amiguero. Pero también el caprichoso, voluble y prepotente. En cambio, Juan Camilo era un niño regordete, inseguro, a quien sus compañeros y amigos le hacían bromas pesadas y le ponían sobrenombres.

Su padre solía ir a la escuela para reprenderlos. Al mayor por pesado y grosero, al segundo por falta de carácter, señalan ex compañeros de la escuela entrevistados en Campeche.

En la década de los 70, llegó a Campeche Manuel Carlos Mouriño Atanes, quien nació en Vigo, España, y hoy es mexicano por naturalización.

Aquí se mezcló con la clase política de la región: Jorge Carpizo McGregor; el gobernador Rafael Rodríguez Barre- ra (1975-1979), protegido de Carlos Hank González, y el también gobernador Eugenio Echeverría Casteló (1979-1985). Siempre hizo planes para que uno de sus hijos incursionara en el redituable mundo de la política.

Quienes lo conocen señalan que fue él quien empujó a Juan Camilo a la política local, y luego a la nacional. A su hijo Carlos lo dejó desde un principio al frente de los negocios como su sucesor. A partir de diciembre de 2006, cuando JC se convirtió en el hombre más cercano al presidente Felipe Calderón, Carlos se ha ido ganando a pulso el mote de "el hermano incómodo".

De hecho, cuando se comenzaron a hacer los nombramientos para integrar el gabinete, el primogénito de la familia Mouriño Terrazo hizo todo lo posible para que sus amigos fueran colocados por JC en puestos clave. Por eso llegó a haber roces entre ambos.

En algunos casos, se salió con la suya. Un ejemplo es Adalberto Enrique Füguemann y López, quien ocupa la Dirección de Administración e Inversiones Turísticas de Fonatur.

En otros no lo logró y esto fue motivo de pleito. Quería que Mario Avila Lizárraga se quedara como titular de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), seguramente previendo sus negocios eólicos e inmobiliarios. Sin embargo, JC ya había prometido ese cargo a "El Chino" del Río, amigo cercano del hoy secretario de Gobernación.

Al final, ninguno de los dos asumió esa posición. Avila Lizárraga se tuvo que conformar con la delegación de la Sedesol en Campeche.


Es tal la ascendencia de Carlos sobre Avila Lizárraga, que le ha gritado en público en el Italian Coffee de la ciudad de Campeche.

Quienes conviven con los dos hermanos señalan que es frecuente que Carlos le recuerde a su hermano menor: "El chingón soy yo".

En la prensa están registrados hechos en los que "el hermano incómodo" no sale bien parado.

Como el intento de despojo de tierras en Oaxaca para construir torres eólicas para la generación y venta de energía eléctrica. Finalmente consiguió los terrenos en Yucatán gracias al entonces gobernador Patricio Patrón Laviada, hoy titular de la Profepa.

La
Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY) protocolizó la compra de 20 hectáreas de terrenos ubicados sobre la carretera Mérida-Progreso.

Carlos Mouriño Terrazo afirmó en un comunicado que el Grupo Energético del Sureste se asociaría con la empresa de su padre, Gándara Censa, S.A., para hacer una fábrica de torres eólicas de última generación, que se supone serán comercializadas principalmente en el mercado estadounidense.

El año pasado, el hermano mayor tuvo un capricho: construir una gasolinera en la populosa colonia Santa Lucía, en el municipio de Campeche a pesar de que el lugar estaba rodeado por una
universidad privada, un templo, un jardín de niños y cientos de vecinos inconformes.

Grupo Energético del Sureste había engañado a los vecinos diciendo que iban a construir una tienda, pero cuando comenzaron a utilizar explosivos para ubicar los depósitos para la gasolina, los vecinos realizaron manifestaciones y protestas.

Los apoyó legalmente el abogado Enrique Javier Cruz Romero, hijo del decano periodista Enrique Pastor Cruz Carranza.

El abogado presentó una denuncia penal ante la PGR por el uso indebido de explosivos. Y cuando compareció la Sedena, ésta informó que Grupo Energético del Sureste no tenía permiso para utilizar ese tipo de materiales.

La denuncia sigue pendiente en la PGR, pero hasta ahora no se ha procedido contra el "hermano incómodo".

Aunque no tenían vela en ese entierro, la delegación de la Profepa en Campeche y la representación de Pemex dieron su aval para la apertura de la gasolinera. Al final, todo quedó en planes.

Lo que sí ha logrado Carlos Mouriño es bloquear el establecimiento de tiendas OXXO, ya que éstas le harían la competencia al cuasi monopolio de las Tiendas GES.

Por ejemplo, al calce de la escritura de Transportes Especializados Ivancar, la cual está manuscrita en los libros, había 17 inscripciones o modificaciones hechas a la sociedad.

En la escritura original aparecen como socios el papá de Juan Camilo, su madre y otras personas ajenas a la familia, como Santiago Esposito Sansores, Sinforiano Miguel Benedicto, Javier Maza Ruiz, María del Carmen Vázquez Aguirre, Miguel Maza Vázquez y Esther Janeiro Barros, entre otros. No aparece en esa inscripción JC.

Se revisaron las inscripciones en las que a través de la enajenación y donación de acciones, Manuel Carlos Mouriño Atanes y su esposa María de los Angeles Terrazo Blanco se fueron haciendo de la mayoría de las acciones. Y después las repartieron entre sus hijos.

Finalmente, en la escritura pública número 16, del tomo XLV B libro III, de la foja 129 a la 132, correspondiente a una asamblea general ordinaria de asambleístas celebrada el 16 de enero de 1997, aparece Juan Camilo Mouriño como accionista de Ivancar con 100 acciones de mil.

Otro registro corresponde al 7 de agosto de 1998, cuando Mouriño Atanes designó como apoderados de Ivancar a sus hijos Carlos y Juan Camilo.

En ninguna inscripción, incluyendo las de 2005 y 2006, se señala cambio alguno de accionistas. Según esos documentos, JC sigue siendo socio de Ivancar.

En el caso de Grupo Energético del Sureste, en las inscripciones no se señala que JC haya dejado de ser socio.

En cambio, sí aparece el registro dado de alta en 2005, en el tomo LXXXVII A, libro III.
Señala que en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de agosto de 2003 –cuando JC era Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados- éste recibió como accionista dividendos de dicha empresa por 450 mil pesos, de 5 millones de pesos de un "remanente correspondiente al ejercicio de 2002".

A su padre le correspondieron dos millones 500 mil pesos y a su madre un millón 550 mil pesos.

El documento señala que JC tiene seis acciones de 60.

Lo mismo se encontró en los documentos de las demás empresas en las que JC es socio y/o funcionario.

El ejemplo más claro es el de Gasovales Ges, S.A. de C.V., que ha obtenido contratos con el IMSS y Diconsa,
sección peninsular, por 6 millones 841 mil 444 pesos en 2004 y 2005. El concepto es venta de vales de gasolina.

La empresa fue constituida el 18 de julio de 2003, cuando JC era Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aparece como accionista (a través de la empresa Grupo Energético del Sureste) y tesorero.

La escritura no tiene aún alguna inscripción extra. Esto quiere decir que JC sigue siendo socio.

Es el mismo caso de la compañía Esges, dedicada a la venta de vales de gasolina, ya que Mouriño sigue apareciendo como socio y tesorero.

Esges es una importante proveedora de vales para Diconsa y el IMSS. De 2005 a 2008, la empresa ha firmado con estas dependencias contratos por más de 18 millones de pesos, según información oficial a la que se tuvo acceso a través de Compranet y páginas de transparencia. Sin embargo, podría haber más clientes del sector público, ya que otras dependencias no transparentan sus compras.

Todas las escrituras, excepto la de Esges, tienen inscripciones en diversas fechas, las más recientes son de este año, pero ninguna notifica la salida de JC de los negocios familiares, como él dijo.

El secretario de Gobernación podría argumentar que se dio el cambio ante un notario, pero que no fue registrado. En ese caso, sólo la orden de un juez podría hacer que el notario entregara la supuesta escritura, ya que no está en el Registro Público de la Propiedad.

Para
la firma de contratos con los gobiernos federal y local, se pide que las empresas estén en el Registro Público de la Propiedad con sus datos actualizados. Esto quiere decir que para las dependencias que firman contratos, JC sigue siendo socio y/o tesorero de las compañías de su familia con todo lo que ello implica, sobre todo siendo el hombre más cercano a Felipe Calderón y a quien seguramente muchos de los funcionarios le deben el puesto.

Todo indica que JC sigue dividiendo su vida entre la política y los negocios.

Familias del Rancho Las Tres Palmas denuncian la suspensión del suministro de agua. Mazatlán, Sinaloa. 11 de marzo.

Al pueblo de Mazatlán
Al Pueblo de Sinaloa
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Comisión Estatal de Derechos Humanos
A La Otra Campaña

Los niños, niñas, hombres y mujeres del “Ranchito Las Tres Palmas”, ubicado casi frente a la termoeléctrica de este puerto, queremos informar al pueblo de México y al mundo que desde el viernes 29 de febrero de 2008 personal de la JUMAPAM (Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán) nos suspendió el agua de la toma colectiva.

Ante este hecho, hemos solicitado a las instancias correspondientes la reconexión y hemos encontrado negligencia gubernamental…

Uno de los argumentos para la no reconexión fue que no teníamos derecho, ya que habíamos sido reubicados. No nos reubicaron, nos reprimieron y nos desalojaron con su policía, nos engañaron, pero aquí seguimos, resistiendo y luchando. Los del gobierno demuestran una vez más su ignorancia, aquí hemos estado siempre; además, desconocen el proceso jurídico que se esté llevando acabo, prueba de ello es que el 18 de febrero del 2008, recibimos la notificación del Poder Judicial. El Supremo Tribunal de Justicia, Tercera Sala, a través de la Lic. S. Patricia Zepeda Sámano, resolvió EXCULPARNOS del supuesto delito de despojo, por el que fuimos encarcelados y desalojados. Además, existe un proceso civil en el que estamos reclamando nuestra tierra, ya que la empresa “El Venadito Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable” y el gobierno son los que quieren robar nuestra tierra en la que vivimos desde hace más de 50 años.

De la “noche a la mañana”, esa empresa, apareció con supuestas escrituras.

Primero nos secuestraron utilizando sus mentiras, luego nos encarcelaron, enseguida nos reprimieron con su policía; ahora nos quitan el agua desde el viernes 29 de febrero como una forma más de represión, violando así nuestros derechos constitucionales. ¡Nos quieren matar de sed, no les importa nuestra salud, ni la de nuestros niños y niñas! Este es un ejemplo de discriminación contra nosotros, pero no solo, sino también de despojo, en el que se confabulan empresarios y gobierno…

Por este motivo denunciamos al gobierno municipal priista encabezado por JORGE ABEL LOPEZ SANCHEZ y a los funcionarios de la JUMAPAM por los atropellos que están cometiendo contra nosotros y nosotras. ¡El agua es un derecho de todos!

Llamamos a todas las personas conscientes para que apoyen nuestra lucha.

¡Exigimos a las autoridades la inmediata reanudación del suministro de agua!
¡Exigimos respeto a nuestro derecho de posesión por más de 50 años!
¡Alto a la violación de los Derechos Humanos por parte de los gobernantes!

Atentamente
Mazatlán, Sinaloa a 11 de marzo de 2008.
Familias del Rancho Las Tres Palmas en Resistencia contra el Despojo Capitalista

MEXICO: Impune, “asesinato” de Ernestina. (Fuente: apro). Jalapa, Ver.

Un año después de la muerte de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, ultrajada por presuntos militares, organizaciones civiles y comunidades de Soledad Atzompa demandan justicia y el total esclarecimiento de este "asesinato". La procuraduría del estado cerró el caso tras aceptar la versión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido que la indígena murió de "gastritis aguda". Sin embargo, el perito Pablo Mendizábal defiende el peritaje original. Mendizábal, responsable de practicar la necropsia de ley a la anciana de 72 años de edad, quien falleció un día después del ataque ocurrido 25 de febrero de 2007, aseguró que el dictamen inicial jamás fue modificado. Aunque el 30 de abril pasado la autoridad concluyó que no había delito que perseguir, Mendizábal sostuvo su versión, en el sentido de que “las causas de la muerte de la indígena fueron traumatismo cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras y anemia aguda".

En entrevista con Apro, Mendizábal dijo que si en su momento no defendió su dictamen, "se debe a que me vi impedido por la secrecía de la investigación ministerial" que ya había iniciado la procuraduría de Justicia del estado, a cargo de Emeterio López Márquez. El 26 de febrero de 2007, Mendizábal fue instruido por la delegación de servicios periciales y la agencia del Ministerio Público Especializado en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba, para acudir al hospital de Río Blanco y certificar la muerte de Ascencio Rosario.

También le ordenaron acudir a la funeraria donde se encontraba el cuerpo de la indígena para realizar la necropsia de ley, "dado lo relevante del caso, pues se involucraba a miembros del Ejercito como presuntos responsables de dichos actos". En ese momento, explicó, tanto el celular como el teléfono de su oficina se saturaron de llamadas de la procuraduría del estado, de la subprocuraduría Zona Córdoba y de la Dirección de Servicios Periciales, "pues todos querían ser protagonistas del incidente".

Con el material existente en ese momento, añadió, "tomé muestras de tejidos de las vísceras para estudio histopatológico y químico, las que, aunque fueron tomadas inmediatamente, inexplicablemente fueron enviadas dos días después para su análisis en laboratorio". Aunque la investigación seguía su curso, señaló, la intervención de la CNDH "puso una cortina de humo" y, desde un principio, "trató de desvirtuar el dictamen de la necrocirugía de ley que yo emití". Bajo “presiones” del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, dijo, la PGJE autorizó la exhumación del cuerpo de la anciana 11 días después de su muerte, "para realizar nuevas pesquisas y tratar de desechar el dictamen inicial y el de los químicos forenses".

En el estudio practicado por químicos forenses de la propia Dirección de Servicios Periciales de la PGJE, reveló Mendizabal, "ya habían encontrado la presencia de fosfatosa y residuos de P30 --semen-- en la parte anal de Ernestina Ascencio".

La exhumación del cuerpo, realizada por peritos de la PGJE y especialistas de la CNDH, refirió, "más que hallazgos, ratificó la necropsia realizada inmediatamente después del fallecimiento de la indígena, originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio de Soledad Atzompa”. Aseguró que “se confirmó la fractura de arcos costales derechos e izquierdos, equimosis en regiones tempoparitales y frontales, que en su momento fueron hematomas y que, por el fenómeno cadavérico, ya se habían transformado en manchas moradas”. Dijo que, en la exhumación del cuerpo, también se confirmaron "cuatro desgarres en la región anal, que varían en posición y que, insisto, los fenómenos cadavéricos transforman dichas lesiones de posición".

La fractura y luxación de vértebras cervicales debió haber despejado la duda con la certeza de rayos X, lo que no se hizo en la exhumación", señaló el perito, al precisar que también se ratificó "la presencia de sangrado en el tubo digestivo".

Indicó que, en la segunda necrocirugía, se confirmó la presencia de cirrosis hepática y la anemia aguda como causa de la muerte y, aunque no me corresponde manifestarlo, la presencia de fosfatasa, P30 y cromosoma, es decir, un ADN diferente al de la señora". Los datos del dictamen de los análisis iniciales que se practicaron al cuerpo de Ernestina, originaron que el gobierno del estado "nos exigiera que defendiéramos la veracidad de los estudios y los resultados que se habían emitido". Empero, dijo, el 30 de abril de 2007, “de manera inexplicable se determinó el no ejercicio de la acción penal, ya que, al hacer publica esta decisión, las autoridades dijeron que habían concluido en que las causas de la muerte fueron naturales".

El especialista de la PGJE aclaró que, como médico forense, su función es realizar estudios que orienten al Ministerio Público o al juez para que éstos tipifiquen los delitos, "nunca señalar culpables, pues yo no soy policía ministerial". Durante todo este proceso, siguió, "nunca manifesté que hubo violación, ni que la señora fue asesinada y, mucho menos, que los responsables hayan sido elementos del Ejercito, porque no me corresponde hacerlo; eso es responsabilidad del Ministerio Público". Sostuvo que, por “presiones de la CNDH”, la procuraduría del estado abrió en su contra una investigación de carácter administrativo y ministerial, que están en curso, "lo que es increíble".

Pese a que legalmente fue cerrado el caso, acotó, "existe la necesidad de conocer qué fue lo que sucedió, cuál fue la intervención de las autoridades, de las corporaciones policiales y del Ejercito en un asunto de violencia contra las mujeres".

A su vez, el activista Julio Atenco Vidal cuestionó la actitud del gobernador Herrera Beltrán en el caso, "pues en principio tenía la convicción de que se trataba de un crimen y condujo las investigaciones hasta el punto de una confrontación con la CNDH". A juicio del asesor de la Coordinación Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROIZ), Herrera Beltrán "prolongó el proceso hasta evidenciar a la CNDH, para luego cambiar radicalmente, tal vez porque era poner en riesgo a un aliado fundamental del Ejercito (Felipe Calderón)". Consideró que el gobierno del estado sólo utilizó a las autoridades y comunidades de Soledad Atzompa, que siguen demandando justicia en el caso de Ernestina, "para luego negociar recursos con el gobierno federal".

El 18 de abril de 2007, refirió, Herrera Beltrán, luego de reunirse con Soberanes, "señaló que no tenía diferencias sustantivas en la interpretación realizada por la CNDH en el caso de Ernestina y, días después, aceptaba la tesis de la muerta natural". Explicó que la CNDH no fue la zona a petición de los familiares de la víctima, "sino por motivos propios, no para investigar la presunta violación cometida por militares, sino para documentar las condiciones de salud en que se encontraba la indígena y demostrar que murió por pobre y por su edad". "No tenemos duda de que fue un crimen. Se trató de una perversa provocación planeada por la inteligencia militar para producir un enfrentamiento y obligar a sacar la cabeza de presuntos grupos armados", agregó.

De hecho, el 27 de febrero, señaló, en una asamblea en Tetlatzinga, a la que llegó el gobernador, "hubo un enfrentamiento verbal con los militares, y en uno de los camiones que no tenía resguardo, un joven se subió y tenía un bidón de gasolina listo para rociar la unidad". Añadió que la policía de Soledad Atzompa "controló a esa persona, le quitó el bidón y reclamó a los soldados la falta de vigilancia". Por ello, insistió, "es altamente probable que el plan consistiera en desarticular al movimiento indígena y, eventualmente, demostrar la existencia de algún grupo guerrillero en la región".

GUERRERO: Delegación internacional denuncia grave situación de Derechos Humanos. (Fuente: SIPAZ). Chilpancingo.

11 representantes de Organizaciones No gubernamentales (ONG´s) de Estados Unidos, Francia, Austria, Suecia, Suiza y América Latina, concluyeron hoy su visita de siete días por pueblos indígenas y campesinos de Guerrero, y manifestaron que se van “más preocupados que cuando llegamos”, al conocer que en la entidad persisten “graves” violaciones a los derechos humanos, y alertaron sobre la agudización de la violencia ante la impunidad, militarización y criminalización de la protesta social que aquí prevalece.

La delegación internacional llegó al estado el pasado viernes 7 de marzo y visitó las comunidades de Dos Arroyos y Los Huajes que serán afectadas con la construcción de la presa La Parota; asimismo sostuvieron encuentros con integrantes de la Radio Ñomndaa de Xochistlahuaca, de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) en Ayutla. Acudieron también a las sedes de la Policía comunitaria que están en San Luis Acatlán y Espino Blanco.

En Tlapa de Comonfort se entrevistaron con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y estuvieron en la comunidad de Chiepetepec en donde escucharon el testimonio de jornaleros agrícolas y migrantes internacionales.

Durante su estancia en Chilpancingo, de igual modo se reunieron con el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Juan Alarcón Hernández, con miembros del Brigadas Internacionales de Paz (PBI), de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, de la Asamblea Popular del Pueblo de Guerrero (APPG) y estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa, así como con el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera y otros subsecretarios. Los miembros de esta delegación internacional cuentan con amplia experiencia en varios estados de México y de otros países de América Latina en temas de derechos humanos, paz, reconciliación y conflictividad social.

La representante en México del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Marina Pagés, informó que “nuestra llegada a Guerrero parte de un denominador común entre los integrantes de esta delegación: Nuestra preocupación por la situación socio-política y de derechos humanos en el estado. Tenemos que decir que salimos todavía más preocupados que al llegar, incluso sabiendo que no hemos cubierto la totalidad del estado y que tan sólo llegamos a percibir la punta del iceberg”.

En conferencia de prensa que realizaron en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, indicó que aunque las instancias gubernamentales “con las que nos entrevistamos no aceptaron el señalamiento de criminalización de la protesta social, en las entrevistas y reuniones que sostuvimos con organizaciones sociales, sus integrantes usaron reiteradamente esa expresión y más aún nos han hablado de amenazas, detenciones reiteradas e incluso masivas (caso de la Normal de Ayotzinapa) durante o después de manifestarse (Radio Ñomndaa), ordenes de aprehensión en contra de sus líderes o procesos legales que siguen su curso (La Parota)”.

Acompañada de integrantes de la delegación internacional, Marina Pagés, expresó que “se presentan versiones encontradas nuevamente en cuanto a espacios de diálogo se refiere: el gobierno del estado señala su disponibilidad y la gran cantidad de reuniones que ha tenido con organizaciones sociales. Dichas organizaciones en cambio señalan la cerrazón del gobierno frente a sus demandas, la mayoría de ellas que el mismo gobierno reconoce como legítimas. Se menciona por ejemplo la Agenda estatal para el desarrollo y autonomía de los pueblos indígenas de Guerrero al que el gobierno no ha querido dar seguimiento”.

Telón de fondo: impunidad y militarización

Marina Pagés destacó que “el gobierno señala la dificultad para proceder en ausencia de denuncias penales. Del otro lado, varias organizaciones sociales nos hablaron del contexto de impunidad en el marco de la guerra sucia a la fecha, por ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas. Una situación que por lo demás no se ve como parte del pasado cuando se denuncia las violaciones de mujeres por parte del Ejército en la zona de Ayutla (casos que se presentaron en el 2002 y siguen sin solución hasta hoy). Frente a ello y al descrédito de las instancias de administración de justicia, muchas víctimas optan por dejar de denunciar legalmente, se mantienen a nivel de la denuncia frente a la opinión pública o acuden a otras instancias (en lo federal o internacional)”.

Resaltó que “otro factor también muy señalado por los actores sociales tanto a nivel estatal como federal es la fuerte militarización, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo las autoridades deben reconocerse que la solución a esta grave problemática radica en la creación de oportunidades de trabajo que permitan a la gente vivir de manera digna”.

Extrema pobreza: tampoco puede ser una excusa

Dijo que durante el recorrido por Guerrero “presenciamos y escuchamos de la situación de extrema marginación económica, política y social en la que se encuentra gran parte del estado, principalmente en las zonas de mayor presencia indígena. De particular preocupación son los temas de salud, educación, alimentación, vivienda, empleo digna. Nos consternó que en cuestión de salud y alimentación, Guerrero pueda equipararse a países africanos”.

Agregó que “muchos guerrerenses consideran la migración como la única opción de sobrevivencia, lo cual no llega a ser una solución: escuchamos testimonios sobre las condiciones infrahumanas en las que viven los jornaleros. Y muchos ya sabemos de los riesgos de una migración ilegal a Estados Unidos, tan sólo al intentar cruzar la frontera como ya en la vida allá”.

“Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno del estado justifique la falta de promoción y garantía de los derechos humanos”, indicó.

Alerta sobre riesgos de agudización de la violencia

Mencionó que “finalmente, más que todo al tener muchos de nosotros experiencia previa en el caso de Chiapas y Oaxaca, tememos que la sensación de cierre de espacios de diálogo por parte de los actores sociales pudiera llevarles a opciones violentas de lucha. En la totalidad de los casos, se han señalado, divisiones, polarización y deterioro del tejido social. Incluso, por ejemplo, en Ayutla de los Libres, recibimos denuncias de actividades paramilitares”.

Por ejemplo citó que “en Xochistlahuaca escuchamos decir: `Algunos indígenas se han levantado en armas. Nosotros nada más levantamos la voz y todavía, es un delito para el gobierno`, o también en La Parota decían: `Nos acusan de secuestradores, de terroristas, de grupos guerrilleros cuando lo que único que hacemos es defender nuestras tierras´, y en Ayutla mencionaron: ´No se han denunciado todas las violaciones (a mujeres) porque no hay garantías que prospere un juicio y todavía menos que se de una sanción´. Destacó: “tememos que las luchas de poder y la conflictividad en general pudieran incrementarse en el contexto electoral de este año. Ello todavía más por los señalamientos a los caciquismos que se presentan en el estado que hemos recibido”.

Propuesta de seguimiento por parte de la delegación

Enseguida expresó que “no consideramos como una situación ajena a nuestras realidades lo que pasa en Guerrero. Nos sentimos más bien corresponsables, ya que consideramos la situación de pobreza como parte de un contexto más amplio de violencia estructural, agudizado por la implementación de políticas neoliberales promovidas por nuestros países. Por ello nos comprometemos a redactar y difundir información sobre lo que vimos, así como a incidir sobre las autoridades respectivas en la temática”.