viernes, 16 de mayo de 2008

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los miembros de la resistencia civil pacífica, a los ciudadanos libres a participar en la movilización nacional este próximo Domingo 18 de Mayo del 2008, que llevaran a cabo los miembros de Izquierda Unida, en donde nos acompañara nuestro compañero Alejandro Encinas Rodríguez. La cita es en el Monumento a la Revolución a las 10 a.m.


Te esperamos. ¡No faltes!


¡ES UN HONOR LUCHAR CON OBRADOR!

“Un atraco, validación de Acosta Naranjo Fernández Noroña


México.- Gerardo Fernández Noroña
calificó como “un atraco” la resolución de la Comision Nacional de Garantías y Vigilancia en la que valida el nombramiento de Guadalupe
Acosta y Martha Dalia Gastelum como presidente y secretaria general
del PRD.
El integrante del equipo de campaña del candidato de la corriente Izquierda
Unida, Alejandro Encinas Rodríguez,
indicó que “como militante asumó la resolución; como hombre libre, la repruebo y la repudio”. En un comunicado, dijo que esta determinación
desmiente los señalamientos
del grupo Nueva Izquierda sobre la presunta parcialidad con la que este órgano actuaba a favor del ex jefe de gobierno capitalino.
“No es así y valida un verdadero atraco”; polariza y tensa más las ya de por sí difíciles condiciones que vive el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), consideró el secretario
de Comunicación perredista.
“Ni en sus sueños más febriles Nueva Izquierda pensó que el albazo
que llevó a cabo, eligiendo de manera ilegal a un presidente sustituto,
se fuera a legalizar con la determinación
de reconocer a Acosta Naranjo; es una resolución política, pues jurídicamente es indefendible”,
acotó.
Fernández Noroña manifestó que en este fallo la comisión no estuvo a la altura de su responsabilidad y por tanto quedará registrado como una de sus determinaciones más injustas y arbitrarias.

AL y UE acuerdan combate urgente a crisis alimentaria

Con la Declaración de Lima, los mandatarios de América Latina y la Unión Europea acordaron adoptar medidas inmediatas para asistir "a los países más vulnerables".

Agencias / La Jornada On Line
Publicado: 16/05/2008 18:31


Lima. Los presidentes de América Latina y Europa resolvieron adoptar “medidas inmediatas” para enfrentar la crisis alimentaria y sus efectos en la región, durante la cumbre llevada a cabo en Lima, Perú.

En la Declaración de Lima, documento final del cónclave birregional, los gobernantes señalaron la urgente necesidad de asistir "a los países más vulnerables y las poblaciones afectadas por los altos precios de los alimentos".

El documento, que será suscrito por los jefes de Estado y de gobierno al concluir la cita esta tarde, expresa la necesidad de dar "una respuesta duradera a la crisis alimentaria actual", lo cual requiere "acciones coordinadas de la comunidad internacional".

El tema de la crisis alimentaria estaba ausente de la agenda de la cumbre, que tuvo como principales asuntos "Pobreza, desigualdad e inclusión" y "Desarrollo sostenible: medio ambiente y energía", pero los mandatarios resolvieron abordarlo por su notable vigencia.

Medio centenar de gobernantes latinoamericanos y europeos se dieron cita este viernes en la capital peruana para participar en la cumbre, la cual culminará con la suscripción de la Declaración de Lima. El documento señala que ante la crisis alimentaria es necesario fortalecer las capacidades agrícolas de los países y el desarrollo rural pues es la única forma de encarar la creciente demanda de alimentos.

En ese sentido "tomamos nota del anuncio de Naciones Unidas sobre la preparación de un plan de acción y trabajaremos para lograr resultados concretos en la Conferencia Mundial sobre seguridad alimentaria" a realizarse en roma el mes próximo, añadió el texto.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el alza intensa y persistente de los precios internacionales de los alimentos castiga "con especial dureza" a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe.

La pobreza y la indigencia, que afectan al 35.1 y al 12.7 por ciento de la población de la región, aumentarán entre dos y tres puntos porcentuales a causa de la crisis alimentaria, señaló la Cepal en un estudio. Según el organismo de Naciones Unidas, "especialmente preocupante son las alzas en los precios del maíz, el trigo, el arroz, y oleaginosas, que en algunos casos superan el 100 por ciento".

Desde principios del 2006 y, en especial desde 2007, los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, con tasas que oscilan entre seis y 20 por ciento en los distintos países latinoamericanos.

La Cepal estimó que un incremento del 15 por ciento en el precio de los alimentos podría provocar que 15.7 millones más de latinoamericanos caigan en la indigencia y una cantidad similar de personas pasaría a ser pobre.

La Jornada

El PRD debe enfocarse a su trabajo social: Amalia García

Afirma la gobernadora de Zacatecas que en un país con tanta pobreza extrema se requiere una fuerza política de izquierda propositiva, consistente y sólida

Juan Solís
El Universal
Ciudad de México
Viernes 16 de mayo de 2008


16:17
Para la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), debe enfocar sus fuerzas en su papel social, más que en debates internos.


"Lo que hoy se requiere, es que el PRD, como la fuerza numérica más formidable que ha existido en la historia de México, ponga en el centro no su debate interno, sino su trabajo con la gente. Ese es su reto más importante."


Así lo expresó esta mañana, después de la ceremonia en que se dio a conocer al ganador del Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde y a los ganadores de la primera Bienal de Pintura Pedro Coronel.


Amalia, quien aseguró que siempre ha sido de izquierda, agregó que "México requiere una gran fuerza política de izquierda, que trabaje con gran calidad y de manera responsable en beneficio de la población."


"Todos los partidos deben hacer una análisis de fondo sobre su situación. Los ciudadanos quieren organismos que los representen con más calidad. Ha habido debates internos apasionados, que se han hecho públicos, en todos los partidos políticos, grandes y pequeños."


La gobernadora perredista reconoció la labor que ha hecho el PRD en el debate sobre la reforma energética, que en la actualidad se lleva a cabo en el Senado de la República.


Concluyó que la izquierda le aporta a México una visión social y que en un país con tanta pobreza extrema, se requiere una fuerza política de izquierda "propositiva, consistente y sólida."

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¡¡Pelele Alert!!


El ESPURIO estará el próximo
19 de mayo en el Salón
Tesorería del Palacio Nacional a las 14:00 horas ofreciendo un almuerzo con motivo de la visita de la canciller
Angela Merkel.
El acceso será por la Puerta Mariana. En el gobierno ESPURIO
se dio la instrucción de llegar con una hora de anticipación, y de no dejar pasar a nadie sin invitación.
Para todos los que quieran repudiar
al PELELE los esperamos alas 12:pm por que si los ESPURIOS por no querer escucharnos quieren llegar una hora tempreano pues nosotros llegaremos 2 horas antes para repudiarlos.

Impugnará equipo de Encinas elección de Acosta

El candidato a presidir el PRD ha dicho que no piensa recurrir al TEPJF, pero eso no le impidió avalar que sus seguidores impugnen la decisión de la Comisión Nacional de Garantías de ratificar al presidente sustituto del partido

Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Viernes 16 de mayo de 2008


19:50 Aunque Alejandro Encinas, candidato a presidir el PRD, ha dicho que no piensa recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy avaló que seguidores suyos impugnen mañana la decisión de la Comisión Nacional de Garantías (CNG) de ratificar a Guadalupe Acosta Naranjo como presidente sustituto del partido.
Sin embargo, no será Encinas quien recurra al Tribunal, entre otras razones porque no es miembro del Consejo Nacional.
El eje fundamental de la impugnación de los encinistas radica en que no hubo quórum legal para la sesión del 4 de mayo pasado, en la que se eligió a Acosta Naranjo como presidente sustituto, lo que impugnó el equipo de Encinas ante la CNG.
Sin embargo, la CNG rechazó la impugnación encabezada por José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y ratificó a Acosta.
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña dijo en conferencia de prensa que los encinistas consideran un "agravio mayor" la decisión de Garantías, por lo que no van a reconocer a Acosta.
Esta tarde, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña anunció la decisión tomada de impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Calificó como "política del agandalle" y pretender sentar un precedente de no considerar el quorum como base de la toma de decisiones.
Acompañado de Dolores Padierna Luna, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña acusó al comisionado de Garantías Renato Sales Heredia de mostrar su "ignorancia supina".
No obstante, "asumimos bajo protesta la decisión de Garantías", admitió José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña .
Dolores Padierna insistió en que la CNG actuó con razonamientos políticos y no jurídicos.
Hoy Dolores Padierna encabezará a los consejeros afines a Encinas que impugnarán ante el Tribunal la decisión de Garantías que ratificó a Acosta al frente del PRD.
"Lo vamos a impugnar ante el Tribunal el día de mañana", confirmó Dolores Padierna.

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Taller de Capacitación para los Brigadistas

Primer Taller de formación para la visitas casa x casa de la
Brigada 21
(Círculos de Estudio y Universitarios).

La cita es el sábado 17 de mayo a las 17:00 hrs.
En el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME.
(Antonio Caso 45, Col. Tabacalera, a unos pasos de la estación del Metrobus Tabacalera).

El taller es para la Brigada 21, pero estaremos acreditando a la gente que quiera ser parte de esta Brigada.

El taller será impartido por el Lic. Mario Di Constanzo
(Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno Legítimo)

Es necesario que lleven libreta u hojas blancas, pluma y lápiz.

Atentamente.
Brigada 21
(Círculos de Estudio y Universitarios)

_________________________________________________

Informes:
Redes Universitarias


redesuniversitarias@hotmail.com
redesuniversitarias@gmail.com
http://redescirculodeestudios.blogspot.com
http://redesuniversitarias.blogia.com

Karina: 044 55 13987078
Manuel: 044 5538970441
Juanjo: 044 55 32590714

Imparable, precio del petróleo en NY rebasa los 127 dólares

El barril del West Texas Intermediate se ubicó en 127.43 dólares.

AFP
Publicado: 16/05/2008 08:15


Londres. Los precios del petróleo franquearon este viernes por primera vez el umbral de los 127 dólares el barril en Nueva York, precisamente hasta los 127.43 dólares, un alza alimentada por los temores sobre la oferta y el vigor de la demanda china.

En el New York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de WTI (designación del "light sweet crude" negociado en Estados Unidos) para entrega en junio superó su último récord de 126.98 dólares registrado el martes.

Claudia Sheinbaum da su opinion sobre su participación ayer en el DEBATE NACIONAL ENERGETICO

EN EL PROGRAMA ATANDO CABOS

Cartones

Debate petrolero · El Fisgón



Gastos justificados · Rocha







Ajá · Helguera




El saqueo de tiendas, bodegas y almacenes, sería la respuesta del pueblo hambriento.

Pedro Echeverría V.



1. En varias ocasiones hemos observado por la televisión (sobre todo a raíz de que el pueblo: niños, ancianos, mujeres, ha sufrido hambres después de ser azotado por grandes temblores y huracanes), que se registran saqueos sobre las grandes tiendas. La realidad es que nadie puede dejar morir de hambre a su familia mientras un puñado de ricos monopolizan mercancías y hacen negocios con ella en los momentos en que más desesperación hay. Por las terribles y desesperantes denuncias que hemos leído en los últimos meses, de grandes saqueos que se han registrado en varios países en donde la gente no puede ya adquirir las mercancías o la comida para vivir, hace pensar que estamos entrando a otro período del capitalismo en que (por la súper concentración de la riqueza) no tiene capacidad ya de atender las necesidades más inmediatas de las grandes masas de la población. ¿Será que unos ya no puedan y otros ya no se dejen dominar?



2. En los últimos días he leído algunos interesantes reportajes acerca del aumento de los precios de artículos agrícolas de primera necesidad en varios países del mundo. Lo alarmante es que no es por escasez o por baja producción, sino porque el pueblo no tiene dinero para comprarlos ni las condiciones para producirlos por propia cuenta. Los gobiernos capitalistas y los empresarios más voraces han despojado a los campesinos de sus tierras, de créditos, de mercados y los están expulsando del campo obligándolos a mendigar trabajo en las grandes ciudades o a emigrar a países de más alto desarrollo. Los campesinos sufrieron hambres y pestes que diezmaron sus poblaciones en siglos anteriores, pero esos problemas eran provocados esencialmente por problemas de la naturaleza que entonces no podía controlar (tempestades, sequías, guerras fratricidas) Hoy la "escasez" la provocan los criminales capitalistas para obtener más ganancias.

3. El reporte de Luis Hernández que hoy publica La Jornada con el título "Alimentos: silente asesinato en masa" demuestra que en el mundo capitalista "especulación, biocombustibles y cambio climático atizan la carestía"; que según datos de la FAO, en 37 países del mundo se ha desatado la crisis de víveres y que la única salida es un cambio radical en el sistema agroalimentario. Comenzó en México como la guerra de la tortilla en enero de 2007. Se siguió a Italia como la huelga del espagueti nueve meses más tarde. Después se convirtió en alud imparable. Las protestas contra el alza en el precio de los alimentos se sucedieron en Haití, Mauritania, Yemen, Filipinas, Egipto, Bangladesh, Indonesia, Marruecos, Guinea, Mozambique, Senegal, Camerún y Burkina Faso. La desesperación y la rabia ante el hecho de no tener un bocado que llevarse a la boca han provocado saqueos y robo de cereales en campos, bodegas y tiendas; también caos, pillaje e incendios.

4. En la Cumbre Alimentaria realizada en Nicaragua, el pasado 7 de mayo, Esteban Lazo de Cuba, dio datos elocuentes: "En el año 2005, pagábamos para importar una tonelada de arroz 250 dólares; ahora pagamos 1,050 dólares, cuatro veces más. Por una tonelada de trigo pagábamos 132 dólares; ahora 330 dólares, dos veces y media más. Por una tonelada de maíz pagábamos 82 dólares; ahora 230 dólares, casi tres veces más. Por una tonelada de leche en polvo pagábamos 2200 dólares; ahora 4,800 dólares. Es una situación perversa e insostenible. Esta realidad afecta directamente a la población, en particular a los más pobres y lleva a la indigencia a millones de personas. Hay países que hace sólo unas décadas se autoabastecían de arroz y maíz. Pero las recetas neoliberales del FMI los llevaron a liberalizar el mercado e importar cereales subsidiados de EEUU y Europa, con lo cual fue erradicada la producción nacional.



5. Los profesores canadienses Annette Aurélie Desmarais y Jim Handy, ligados al movimiento La Vía Campesina, han escrito: "En todo el mundo proclaman la actual crisis global de alimentos. Los precios de los granos básicos se elevan e imposibilitan a millones de personas la compra de comida suficiente para sostenerse; en varias partes del mundo estallan disturbios por alimentos y los gobiernos luchan por encontrar salidas rápidas. En tanto el hambre y el miedo al hambre se extienden, empresas trasnacionales, especuladores e inversionistas cosechan pingües ganancias. Los partidarios de la globalización neoliberal quieren hacernos creer que la crisis súbita es resultado de "escasez de productos" y "fallas del mercado". Le dan apoyo total al mercado, elevan la producción mediante la adopción de semillas modificadas genéticamente, y liberalizan aún más la agricultura y los alimentos. Es obvio que los investigadores tienen razón.

6. Durante más de 30 años (dicen entre otras cosas los investigadores) trazadores de políticas, gobiernos nacionales e instituciones como el BM, el FMI y la OMC guiaron la reestructuración de las economías nacionales teniendo como base la desregulación, la liberación y la privatización. En la agricultura se sustituyó la producción para el consumo doméstico por la producción para la exportación. Campos que normalmente se cultivaban con alimentos para la población nacional fueron remplazados por hectáreas de brócolis, chícharos en vaina, mangos, camarones y flores para los mercados del norte. En consecuencia, muchos países en desarrollo, que eran autosuficientes en granos básicos, son ahora importadores de alimentos. Mientras los pequeños agricultores han sido expulsados sistemáticamente de sus tierras los consorcios incrementaron su control sobre la cadena alimentaria. Así se han desarrollado las políticas en los últimos años.

7. Es este modelo agrícola neoliberal, industrial, impulsado por consorcios, el que ha sido globalizado en los 30 años pasados. Es un modelo que trata a los alimentos como cualquier mercancía, presenta la agricultura exclusivamente como un proyecto para obtener ganancias, concentra los recursos productivos en manos de la agroindustria y coloca los alimentos en mercados de futuros. Allí, especuladores hambrientos de ganancias, inversionistas y fondos de riesgo se embolsan millones de dólares mediante frenéticas ofertas y apuestas sobre cambios de precios y predicciones de escasez.
La agricultura se ha alejado de su función primaria: alimentar a seres humanos. Hoy, menos de la mitad de los granos del mundo son consumidos por humanos. Se usan en cambio para alimentar animales y, en fechas más recientes, se convierten en agrocombustibles para alimentar vehículos. Esto es escasez manufacturada por excelencia.



8. Como podrá verse, los estudios y las denuncias del mexicano Hernández, del cubano Lazo, de los profesores canadienses y de otros más que participaron en la Cumbre de Alimentaria de Nicaragua, enseñan un mundo que cada día sufre más miseria, hambre y desesperación. Pero también demuestran, como Fidel Castro alertó hace 12 años (en 1996) "El hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual distribución de las riquezas y de las injusticias de este mundo. Los ricos no conocen el hambre… Por luchar contra el hambre y la injusticia han muerto en el mundo millones de personas". Un número creciente de personas ya no puede comer alimentos básicos por que no tiene dinero para comprarlos ni tampoco las condiciones para producirlos. Las poderosas empresas las concentran, las comercian buscando enriquecerse más en complicidad con los gobiernos. Por eso no es sorprendente entonces que, por hambre, los pueblos acudan a la protesta, para salvar sus vidas. ¿Sonará el fin del capitalismo?



pedroe@cablered.net.mx

JORNADA HOMENAJE AL HEROE NACIONAL DE CUBA JOSE MARTI, EN SU 113 ANIVERSARIO LUCTUOSO.

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA, EL MOVIMIENTO MEXICANO DE
SOLIDARIDAD CON CUBA Y LA ASOCIACION DE CUBANOS RESIDENTES "JOSE
MARTI" TIENEN EL HONOR DE INVITARLO A LAS ACTIVIDADES QUE SE
CELEBRARAN EN LA CIUDAD DE MEXICO, COMO PARTE DE LA JORNADA HOMENAJE
AL HEROE NACIONAL DE CUBA JOSE MARTI, EN SU 113 ANIVERSARIO LUCTUOSO.



DOMINGO 18 DE MAYO

Acto Central por el 113 Aniversario Luctuoso.
Hora: 1:00 pm
Lugar: Parque María Teresa (más conocido por Parque de los Cocodrilos)
Avenida Joyas entre Turquesa y Granate.
Delegación Gustavo A. Madero

LUNES 19 DE MAYO

Ofrenda Floral ante la Estatua del Héroe Nacional ubicada en el Centro
Cultural "José Martí".
Hora: 10:00 am
Lugar: Dr. Mora No. 1, junto a la Alameda (Metro Hidalgo) Centro
Histórico.

Inauguración de la Exposición "Pinturas sobre José Martí"
Hora: 1:30 pm
Lugar: Metro Auditorio Nacional

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Solidaridadconcuba mailing list
Solidaridadconcuba@lists.laneta.apc.org
https://lists.laneta.apc.org/lists/listinfo/solidaridadconcuba

" Wal Mart y la Mafia China ".

Atizapán de Zaragoza, Estado de México 9 mayo 2008.


" Wal Mart y la Mafia China ".

Quisiera iniciar este artículo mencionando como referencia del mismo a la periodista Sherman H. Skelnick de Estados Unidos de donde baso toda esta información y el tratar de entender el porqué Wal-Mart se establece en Arkansas.
La empresa más importante del mundo invierte millones de dólares con la mafia China y en respuesta le brindan los siguientes acuerdos o convenios:

1.- La mafia China le proporciona a Wal-Mart droga conocida con el nombre de "China White" que ha inundado a los Estados Unidos. Todo el tiempo la prensa vendida estuvo diciendo que la droga venia de Colombia.
Es el suroeste de China el productor de droga y exportador más importante a los Estados Unidos vía Chicago.
Los drogadictos en Estados Unidos prefieren "China White" porque puede ser fumada en una pipa y no requiere una aguja en el brazo.
En la esquina noroeste del Estado, cerca de Rogers, Arkansas, también llamado el aeropuerto Chino en suelo de Estados Unidos, está el nuevo gran aeropuerto regional de Arkansas, inaugurado por el Presidente Clinton el 7 de noviembre de 1998 cerca de Bentonville, donde están las oficinas centrales de Wal-Mart stores, Inc,. Sus pistas pueden recibir a los aviones actuales más grandes y a los Jumbos previstos para el futuro. Tienen una zona de libre comercio. Eso significa que la mercancía entrante que viene sin escalas de ultramar, no pasa por la inspección de aduanas de Estados Unidos y no está sujeta a impuestos y aranceles.
Es un buen lugar para los vuelos directos de la mafia China. Tienen muchas bodegas. El personal encargado de la aplicación de la Ley , afirma que no es difícil evadir regulaciones en cuánto a la zona de libre comercio. Los envíos directos entrantes de la mafia China, conteniendo contrabando, según se informa, se pueden transferir a otro almacén y re-enviar a destinos dentro y fuera de los Estados Unidos. Debido a la zona de libre comercio; el personal de la DEA y otras autoridades federales, afirman que no tienen ninguna jurisdicción para examinar envíos de la mafia China.

2.- Armas ilegales como la sub-ametralladora AK 47 se canalizaron hacia pandillas de narcoterroristas callejeros del centro urbano. Para causar agitación y caos en América fomentando balaceras con la policía de la ciudad. Tales armas
son fabricadas por la mafia China.

3.- Los artículos que otros almacenes venden en veinte dólares son vendidos por Wal-Mart en diez dólares y Wal-Mart paga solamente veinte centavos por el artículo hecho con trabajo esclavizado.
Con este antecedente Wal-Mart puede llevar a la quiebra a los proveedores más importantes del mundo.

¿Cuál es la Ley y la infraestructura de medios que apoyan este negocio sucio?
Para que esto funcione, Wal-Mart necesita un sistema judicial federal arbitrario y corrupto, abogados cobardes y una prensa vendida que sea más bien vocera del gobierno oficial; la mayoría de los jueces más importantes a nivel nacional tienen acciones de Wal-Mart.
La familia Walton y Wal-Mart son la cabeza de una conspiración para controlar a los funcionarios de la policía, a los medios, al gobierno y a la judicatura del condado de Benton; utilizando varias fundaciones, organizaciones caritativas y donaciones personales para reforzar su control en el condado.
Secretamente, los jueces corruptos han jurado mantener, no la Constitución de los Estados Unidos, sino los planes de su patrón aceitoso.
¿Esto es lo que deseamos para México de parte de Wal-Mart?.
Esclavos, evasión fiscal, espionaje telefónico, arrasamiento de los pequeños y medianos comerciantes, desplazamiento económico no desarrollo económico, monopolios etc……


"MÉXICO TAN CERCA DE WAL-MART Y TAN LEJOS DE LA CONSTITUCIÓN ".


Frente Nacional contra Wal-Mart.
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez.
www.geocities.com/frentenacionalac
correo: frentenacional@yahoo.com

César Nava, precursor de la privatización de Pemex

Comentario:
Me llegó este mensaje por correo y lo veo algo largo pero con sustancia, así que aquí lo pongo para que sirva en todo este trabajo por desenmascarar a los neoliberales que buscan quedarse con los recursos enrgéticos del país.


Expedientes clasificados como confidenciales en Pemex y Función Pública revelan la estratagema que habrían realizado César Nava y su entonces subordinado José Néstor García Reza, actual abogado general de la paraestatal, para entregar la operación de la Cuenca de Burgos –la región productora de gas no asociado más importante del país– en beneficio de seis trasnacionales que desde 2004 controlan la exploración y explotación del energético en la zona

Ana Lilia Pérez

Documentos internos de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) revelan cómo José César Nava Vázquez –hoy secretario privado de Felipe Calderón– como abogado general de Pemex autorizó el diseño y suscripción de los contratos de servicios múltiples (CSM) en beneficio de las petroleras trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum, en supuesta contravención a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Nava tomó tal determinación pese a la alerta de sus subordinados de que el modelo de contrato, diseñado por la firma Pricewaterhouse Coopers, violaba el artículo 27 constitucional; la Ley Orgánica de Pemex y su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM), marco regulatorio en el cual se justificaron los CSM. Además, el abogado de Pemex no tenía atribuciones para aprobar operaciones de esta naturaleza.


El artículo 27 de la Constitución dispone como exclusivo de la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible del petróleo y sus derivados, ordenando de manera categórica que "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido o gaseoso no se otorgan concesiones ni contratos", y que sólo la nación llevará a cabo su explotación.


Los expedientes evidencian cómo, en el periodo en que Raúl Muñoz Leos era director general de Pemex y Luis Ramírez Corzo director de Pemex Exploración y Producción (PEP), César Nava, en su carácter de titular de la Oficina del Abogado General (OAG), y Néstor García, entonces titular del área jurídica de PEP, operaron para que la paraestatal suscribiera contratos como si fuese una compañía privada, para ceder a terceros la exploración y explotación de pozos, pasando por alto las consideraciones de sus subordinados, juristas adscritos a la OAG, quienes desde 2002, cuando se diseñaban los CSM, advirtieron que el modelo no era acorde a la ley.


En este esquema comercial disimulado como contrato de obra pública, en el cual ostenta a Pemex como una empresa privada, Nava renunció a la inmunidad que la carta magna da a la petrolera del Estado y a sus subsidiarias y filiales, constriñéndola a que en caso de conflicto sea juzgada en el extranjero ante tribunales comerciales. Todo ello, para "hacer contratos atractivos para los inversionistas privados", según versiones de sus excolaboradores.


Nava Vázquez benefició a las trasnacionales con contratos por más de 4 mil millones de dólares para la exploración, explotación, producción, transporte y almacenamiento de gas natural y sus condensados en la Cuenca de Burgos, sin que Pemex tenga ya control sobre esta zona, por lo que el hoy secretario particular de Felipe Calderón habría incurrido en supuestas violaciones a los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), por ceder actividades estratégicas exclusivas de Pemex.


En 2005, esas supuestas violaciones a la ley fueron denunciadas ante la SFP por el abogado Jorge García, excolaborador de Nava en el jurídico de Pemex, e integradas en el expediente DE/099/2005. El señalamiento alcanza a Néstor García Reza y al entonces director de la subsidiaria, Luis Ramírez Corzo, por haber incurrido en violaciones a la Constitución, a la LOPSRM y a la LFRSP, al avalar un modelo de contrato con dolo, error y lesión en contra de Pemex.
Algunos de los supuestos ilícitos denunciados por Jorge García –quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP– habían sido comprobados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2005, en la auditoría especial que el órgano de fiscalización realizara a los CSM; incluso, la ASF había solicitado al Órgano Interno de Control (OIC) abrir investigaciones a los funcionarios involucrados en las irregularidades. Sin embargo, el OIC hizo caso omiso al mandato. A fines de 2006, en el cambio de estafeta del gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, la SFP "encapsuló" la denuncia del exsubordinado de Nava Vázquez.


Justificados por funcionarios de la administración foxista como esquemas para capitalizar a Pemex, los CSM son considerados por legisladores y analistas como los primeros modelos de privatización de sectores que por mandato constitucional están reservados al Estado. Por ello, en 2004, el fallecido constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela demandó su nulidad absoluta.
Ante la opacidad jurídica, en 2005, la ASF ordenó a Pemex suspenderlos. Para esas fechas, mediante este esquema, ya se había otorgado a consorcios extranjeros la operación de toda la Cuenca de Burgos.


Los "arreglos" de César Nava
La exploración, explotación y producción de gas natural en la Cuenca de Burgos –situada en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila– era realizada por Pemex desde hacía más de 50 años, en los campos Misión, Reynosa, Francisco Cano, Treviño y Brasil.


En 2002, según cifras oficiales, Burgos produjo 1 mil 30 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, que representó casi una cuarta parte de la producción nacional, nivel alcanzado por ser la zona más desarrollada en su tipo del país. Era vista como la fuente más inmediata para obtener volúmenes adicionales de gas natural y contener las importaciones del energético. Los CSM se justificaron como "la necesidad de ampliar la capacidad de exploración y perforación de pozos con miras a la elevación de gas natural y ante las restricciones presupuestales de PEP".


Aunque el corporativo y las subsidiarias y filiales de Pemex cuentan, cada una, con un área dedicada al diseño y revisión de contratos, Nava dispuso que el modelo de CSM lo realizara la trasnacional Pricewaterhouse Coopers, SC, dirigida por Javier Soni Ocampo, accionista de la consultoría y quien también era parte de la fundación Vamos México, creada por la exprimera dama Marta Sahagún, donde integraba el Consejo de Vigilancia.


El servicio se acordó mediante el contrato 410212834 –etiquetado en PEP con el número PEP-SOP-034/2002– por adjudicación directa. A su vez, Pricewaterhouse subcontrató al bufete Macleod Dixon LLP, de origen canadiense.


Un documento elaborado por los encargados del proyecto, J. Jay Park y Elisabeth Ejuri, denominado "Aspectos legales selectos de los contratos de servicios múltiples" y fechado el 20 de junio de 2002, explica que Macleod Dixon LLP fue contratada como asesor legal internacional de PEP para el proyecto CSM, bajo un subcontrato con Pricewaterhouse Coopers. La asesoría la daba Macleod Dixon desde sus oficinas en Calgary, Canadá, y Caracas, Venezuela, apoyados por el despacho Barrera, Siqueiros y Torres Landa, SC, recomendado de Nava Vázquez.


El secretario particular de Calderón instruyó a los abogados Jorge García, Cesáreo Maldonado, Alfredo Morales, Venus Monterrubio, César Castro, Miguel Serrano y Jesús Neri, adscritos a PEP, para que participaran en el diseño de los CSM, en un grupo de trabajo que coordinaba Jorge García.
Se estipuló que la empresa entregaría tres modelos de contrato. "Uno comercial, uno apegado a derecho y otro intermedio para que se pudiera jugar con ellos de acuerdo con los tiempos políticos; además, Price debía apoyar en su implementación", dice Jorge García, quien tenía a su cargo la revisión de convenios y contratos de PEP.


Durante varias semanas los abogados de Pemex se reunieron con los representantes de Price para definir el modelo. Los encuentros fueron en la oficina de Néstor García Reza, ubicada en el piso 9 de la torre ejecutiva, en Marina Nacional. De estas reuniones, Jorge García refiere:
"Era un estira y afloja entre nosotros (los abogados de PEP) y la gente de la consultoría. Discutíamos cada cláusula en apego a la Constitución y las leyes mexicanas, y la gente de Price defendía que tenían que hacer un contrato donde Pemex apareciera como una empresa privada y no como paraestatal, para que fuera atractivo a los inversionistas. Por ello incluyeron cláusulas que eran contrarias a la ley."


Señala que los desencuentros eran principalmente con la representante de Price, Elisabeth Eljuri, de origen venezolano: "Ella participó en la implementación de contratos similares en PDVSA (Petróleos de Venezuela, SA). Tenía una concepción muy singular de los contratos. Ellos (Price) lo que querían hacer era un contrato comercial, en el sentido que fuera atractivo para muchos inversionistas. Incluso habló de modificar el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Adquisiciones para incorporar muchas cosas que la ley prohíbe, y que se incluyeron en el contrato".
Jorge García explica que, pese a las observaciones de los abogados de Pemex respecto a los impedimentos jurídicos del contrato que se estaba formulando, los representantes de Price defendieron que ése era el modelo que les había solicitado el abogado de Pemex y que así lo presentarían.
Según García, Elisabeth aseguraba que la LOPSRM sería modificada para ajustarla al contrato. "A ella se le hacía muy fácil; decía: 'vamos a modificar la ley y el reglamento'; le dijimos que en México las leyes no se modificaban así, pero ella insistió y siguieron adelante con el modelo que más tarde pondrían en operación César Nava y Néstor García".


El 21 de noviembre de 2002 se suscitó la reunión más ríspida entre los abogados de Pemex y los representantes de Price. La razón fue que los juristas hicieron 67 observaciones al modelo de la consultoría, por ser contrario a la Constitución y las leyes mexicanas. Luego advirtieron a sus superiores –Nava y García Reza– que el contrato estaba sustentado en el derecho mercantil privado y no en el público, y definía a Pemex como una empresa privada y no como una empresa del Estado mexicano. El contrato en general se definía como "actividades comerciales" entre las partes y no como un contrato de servicios. Se pactaban actividades comerciales de exploración y explotación de hidrocarburos.


También se estipulaba que cualquier documentación relativa al contrato, responsabilidad u obligación que de él se derivara, se emitiría como particulares y en apego al derecho mercantil privado.
Los excolaboradores de Nava explican que aún cuando los representantes de Price sabían que ello era contrario a derecho, argumentaron que la inclusión de dichas cláusulas era lo que hacía atractivo los contratos a los inversionistas, que de eliminarse, la iniciativa privada no se interesaría. Por ello, agregan, se estableció la Corte Internacional de Comercio de París como el tribunal donde se dirimiría cualquier conflicto entre las partes.


Uno de los aspectos que más inquietó a los abogados era que en distintos apartados del clausulado general Pemex renunciaba a la inmunidad del Estado mexicano, lo cual es contrario a la Constitución. Se estableció que un tribunal mexicano no puede ordenar un embargo precautorio o un embargo auxiliar, "de lo anterior podría desprenderse que un tribunal extranjero sí podría ordenar un embargo a PEP de sus bienes en el extranjero o en México, ya que conforme a la cláusula se trata de relaciones comerciales y se renunció a la jurisdicción", alertaban en diversos oficios los subordinados a Nava.


Mediante un correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, remitido por Jorge García a su superior inmediato, Néstor García, le alertaba que Nava debía manifestarse respecto a la cláusula en la que la paraestatal renunciaba a la inmunidad, pues, considerando que los contratos se visualizaban para la inversión privada de capital extranjero, la inclusión de dicha cláusula en los CSM, "puede tener un impacto negativo para PEP, toda vez que podría llegarse al punto de embargos o ejecución de los bienes del organismo por parte de órganos jurisdiccionales extranjeros."


Los abogados de PEP advirtieron que según el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los contratos de la paraestatal son de derecho público y se rigen por la LOPSRM, "por lo que es evidente que las relaciones entre PEP y el contratista no constituyen actividades comerciales", como estipulaba el modelo de Price. El estipular que "el contrato y las operaciones del mismo constituyen actividades comerciales de la parte", evaluaron, era contrario a los artículos 1 y 15 de dicha ley.


Se enfatizó que al renunciar al fuero, se exponía a que la paraestatal fuera juzgada por alguien ajeno al país y de las implicaciones de llevar a Pemex a tribunales internacionales, donde históricamente ha perdido los casos.
En diciembre de 2002, en diversos oficios y correos electrónicos, los subordinados de Nava insistieron en las implicaciones legales del contrato diseñado por Price. En un correo electrónico remitido el 9 de diciembre de 2002, por Jorge García al titular de la OAG, señala: "Consideramos adecuado insistir sobre las modificaciones a diversas cláusulas, ya que lo expresamos en su oportunidad, si el vínculo de PEP con el contratista se conceptuase como relaciones comerciales, se podrían acarrear efectos negativos para el organismo y la eventualidad de embargos o determinaciones de autoridad sobre bienes de PEP".


Ese mismo mes, el grupo de trabajo elaboró el oficio con el que Nava otorgaría la sanción jurídica (aprobación por parte de la OAG) del modelo final presentado por Price, a partir del cual se diseñarían las bases para licitar los bloques de Burgos. Aún en este documento, los subordinados de Nava le advirtieron que como principio de ley, ningún contrato podía tener cláusulas de penalización para el gobierno federal, y que el jurídico no tenía atribuciones para renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex.
El 20 de diciembre de 2002, Nava emitió el dictamen favorable sobre el modelo de contrato de Price, según el documento OAG/960/2002 dirigido a Sergio Guaso Montoya, director ejecutivo del Proyecto de Diseño de Modelos de CSM de PEP.


En su argumentación, Nava dice que los CSM son, "contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios, de acuerdo con la LOPSM", pero reconoce que su validez jurídica parte del supuesto de que ésta "será modificada". Y que además, a través del Consejo de Administración, Pemex adoptará "una política interna" acorde para este tipo de contratos.


En el dictamen, el abogado reconoce que algunas cláusulas del contrato eran contrarias a la ley. Enfatiza que para incluir la sanción legal al modelo de CSM era necesario considerar que "ciertos aspectos contenidos en el modelo de contrato propuesto requieren de la modificación de la LOPSRM, o bien de la confirmación de ciertos criterios de interpretación administrativa" de ésta.
El documento revela que Nava dio su aprobación, aun cuando el modelo no había sido sometido a escrutinio de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy SFP.


Contratos a la medida
Los excolaboradores de Nava dicen que además del modelo de CSM, el proceso de licitación y la formalización de los contratos fueron "hechos a modo". En 2003, antes de irse como asesor jurídico de la Sener –con el secretario Felipe Calderón– con el modelo de Price, César Nava Vázquez junto con Néstor García Reza, Luis Ramírez Corzo y Sergio Guaso Montoya elaboraron las bases para licitar siete bloques integrados en unos 6 mil kilómetros cuadrados en la Cuenca de Burgos.


En cada proceso de licitación –salvo en el bloque fronterizo en que participaron dos consorcios– se recibió una sola propuesta. Contrario a como indica la LOPSRM de optar por la mejor propuesta económica, los funcionarios de Pemex no buscaron más opciones, fallaron a favor del único licitante. Todos se otorgaron a petroleras extranjeras cuyo giro principal es la exploración, explotación y comercialización de energéticos y no la prestación de servicios: Repsol, Petrobras, Lewis Energy Group, Teikoku Oil Co y Techint.


Pese a lo complejo de los contratos y los recursos comprometidos, se adjudicaron de forma exprés. Las licitaciones se publicaron entre julio y agosto de 2003, en octubre se abrió la propuesta técnica y al día siguiente –en cada proceso– la propuesta económica. En noviembre la OAG emitió la aprobación jurídica y se suscribieron los contratos. El proceso fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que presidía Felipe Calderón, en su carácter de secretario de Energía, quien ya tenía a Juan Camilo Mouriño como coordinador de asesores y a Nava Vázquez como asesor jurídico.


Una vez que se emitió el fallo, se permitió a las firmas extranjeras crear empresas ex profeso para que suscribieran el contrato y que la trasnacional quedara como obligada solidaria. La operación tenía un interés de fondo: las cláusulas de cada CSM estipulan que PEP y la contratista renuncian a toda inmunidad y protección de su gobierno, no así a la obligada solidaria, que conserva su derecho a recurrir en todo momento a la protección de su gobierno.


Los dictámenes jurídicos mediante los cuales la OAG autorizó la suscripción de cada CSM fueron hechos por Alfonso Iturbide Guerra, a la sazón encargado del despacho de la OAG y con el visto bueno del gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza, el mismo funcionario que aprobó algunos de los convenios y contratos que Pemex Refinación firmó con Juan Camilo Mouriño como representante legal de Transportes Especializados Ivancar (Contralínea 96).


En la revisión que la ASF hiciera al proceso de licitación (en su auditoría incluida en la revisión a la Cuenta Pública 2003), detectó que en las convocatorias "se omitió señalar en las bases de licitación la información específica sobre los trabajos que podían subcontratarse, en infracción al artículo 33 de la LOPSRM", lo que, estimó la ASF, habría dejado a otras empresas sin posibilidad de participar. Al respecto, el órgano de fiscalización solicitó la intervención del OIC para investigar la responsabilidad de los funcionarios de Pemex involucrados en dicha irregularidad, pero no hubo investigación.


Denuncias en la SFP
En su denuncia, Jorge García Martínez señala que Nava Vázquez, García Reza y Ramírez Corzo habrían incurrido en supuestas violaciones a los artículos 7 y 8 de la LFRSP y a los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, "ya que no se abstuvieron de realizar actos que puedan causar deficiencia del servicio público" al aprobar el modelo de CSM, sin que éste fuera legal.


Ramírez Corzo, precisa, habría incurrido en incumplimientos a la fracción XVII del artículo 8 de la LFRSP, "al no supervisar que César Nava y Néstor García cumpliesen con las obligaciones" contenidas en el artículo referido.
García Martínez responsabiliza a Nava de la implantación de los polémicos CSM porque, argumenta, "la opinión jurídica que emitió sobre el contrato propuesto por Price fue determinante para que el entonces director general de PEP (Luis Ramírez Corzo) decidiese la utilización de dicho modelo pese a su ilegalidad", por lo que, señala, Nava "incumplió las disposiciones legales relacionadas con el servicio público".


Lo anterior implicaría también que el exabogado de Pemex habría actuado en contravención al principio de derecho, pues, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, ningún servidor público puede hacer más allá de lo que la ley le permite. Así, argumenta Jorge García, ni Nava Vázquez ni García Reza podían conferirse facultades que la ley no les da, "como lo hicieron al renunciar a la posibilidad de proteger los intereses de Pemex". Agrega que esta sola cláusula podría declarar la nulidad de los CSM.


Denuncia que Price no cumplió con el objeto de su contratación, toda vez que "el modelo de contrato no se apega a lo dispuesto en la LOPSRM, y por tanto es ilegal". Por ello, agrega, "existe responsabilidad del contratista por no haber cumplido con el objeto del contrato que era elaborar un modelo acorde a la ley, independientemente de que el abogado general de Pemex y el jefe de la Unidad Jurídica de PEP hayan dado su opinión favorable".


Como pruebas ante la SFP, García aportó el dictamen del modelo de Price firmado por César Nava, además de los dictámenes de la OAG respecto a los cuatro primeros contratos suscritos con las trasnacionales petroleras; así como la correspondencia interna donde precisaban cada una de las cláusulas que hacían ilegales los contratos.


Cuando la indagatoria estaba en curso, Función Pública abrió otra investigación, integrada en el expediente DE/025/20025/NA/042, que tenía a su cargo el titular del área de Quejas del OIC en Pemex, Federico Domínguez Zuloaga, despedido de la SFP el 26 de septiembre de 2006, 25 días después de que Felipe Calderón tomó posesión como presidente.


El excolaborador de Nava se dice víctima de persecución, espionaje telefónico, presiones sicológicas y acoso judicial. Asegura que tanto agentes de la Agencia Federal de Investigación, como elementos de seguridad interna de Pemex, adscritos a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza Víctor Manuel de la Peña Cortés (denunciado por el exlegislador Jesús González Schmal por supuesto espionaje cuando presidía la comisión que investigaba a los hermanos Bribiesca), vigilaban su domicilio y que en diversas ocasiones siguieron a sus hijos, a su esposa y a él mismo.
Ante la SFP, García documentó a detalle el modelo y placas de los vehículos que vigilaban su casa, las intervenciones telefónicas, el rastreo que de sus datos personales hacían diferentes sujetos entre sus vecinos.


El acoso llegó a tal grado, dice en entrevista, que en noviembre de 2005 solicitó a la SFP que el OIC emitiera una resolución "objetiva y apegada a derecho" a su denuncia, pues estaba en riesgo su integridad y la de su familia. Incluso en un oficio del 11 de noviembre, Francisco Javier Galindo Noriega, titular del Área de Quejas del OIC en PEP, señala que García Martínez pidió medidas cautelares para él y su familia.


Mientras su denuncia se ventilaba en la SFP, la OAG de Pemex presentó una denuncia penal en su contra por sustracción de documentos confidenciales. García Martínez dice que el expediente presentado por la OAG (ya a cargo de Néstor García) fue el mismo que él presentó en la SFP para denunciar a Nava, García Reza y Ramírez Corzo "por lo que ante el Ministerio Público federal que llevaba la denuncia en mi contra manifesté que ellos sí hicieron uso de información contenida en un expediente que estaba bajo investigación en la Función Pública", explica.


En diversos oficios presentados durante 2006, García insistió a los funcionarios de la SFP que derivado de sus denuncias respecto a los CSM, era sujeto de investigación y presiones.


El 9 de junio presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, radicada en el expediente 2006/2128/2/OD, para que el organismo interviniera ante la SFP por supuestas violaciones a sus derechos humanos, relacionadas con la denuncia por sustracción de documentos de la que es objeto. El 30 de junio la CNDH hizo un extrañamiento al contralor interno de la SFP, Francisco Medellín, y le solicitó aclarar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido en infracciones al artículo 10 de la LFRSP en detrimento de García Martínez.


Aunque algunos de los señalamientos de García Martínez habían sido comprobados por la ASF en su revisión a la adjudicación de los CSM, a finales de 2006 previo al cambio de estafeta en el gobierno federal, dice, la SFP "encapsuló" su denuncia.


Para este trabajo se buscó a César Nava Vázquez, quien declinó hacer comentario hasta no ver la información publicada por Contralínea. También a Javier Soni Ocampo, director para México de la consultoría Pricewaterhouse Coopers, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En Pemex, el abogado Néstor García Reza rehusó explicar su participación en las supuestas irregularidades y el gerente de comunicación social, Carlos Ramírez, negó a Contralínea cualquier información relacionada con los CSM y lo documentado en este artículo.

Proyecto privatizador



Manuel Bartlett, expresidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado de la República, define a los CSM como "una de las estrategias diseñadas por la administración de Vicente Fox para privatizar los hidrocarburos y para permitir la participación de grandes compañías extranjeras en los procesos de desarrollo y producción de hidrocarburos, en una clara violación a la Constitución".
El exsecretario de Gobernación sostiene que los CSM tienen su origen en la aceptación de Vicente Fox a la solicitud explícita de George W. Bush de acelerar la integración energética entre México y Estados Unidos. "Se cedió también a las presiones de las empresas extranjeras distribuidoras de gas natural y a las grandes petroleras trasnacionales".
Explica que dichos contratos fueron el inicio de la privatización de Pemex y que son una muestra del esquema que se aplicará de aprobarse la propuesta de reforma energética de Felipe Calderón. (ALP)

El negocio de Repsol

La trasnacional beneficiada con más de 60 por ciento del monto asignado a los CSM de Burgos fue la española Repsol, con un contrato por 2 mil 437 196 mil 256 millones de dólares, a 20 años, para el bloque Reynosa-Monterrey (de unos 3 mil 552 kilómetros cuadrados), adjudicado el 16 de octubre de 2003. Según Pemex, éste es "el contrato de obra pública de mayor monto en la historia de la paraestatal".Cinco días después de que PEP le adjudicara el contrato 414103990, el consorcio creó la subsidiaria Repsol Exploración de México, SA de CV, según escritura pública 100116 emitida el 21 de octubre de 2003 por el notario 103 del Distrito Federal, Armando Gálvez Pérez.El 13 de noviembre Alfonso Iturbide Guerra, a nombre de la OAG, emitió el dictamen jurídico para el contrato, avalado también por el gerente jurídico de Convenios y Contratos, José Antonio Prado Carranza. Al día siguiente firmaron el contrato Luis Sergio Guaso Montoya, director Ejecutivo de CSM, y Alfredo Guzmán Baldizán, subdirector de la Región Norte de PEP, como representantes de la paraestatal, y Guillermo Isaac Álvarez Iglesias, por parte de Repsol Exploración de México, y Repsol Exploración como obligado solidario.De dicho documento destaca la cláusula 35.3: "PEP expresa e irrevocablemente renuncia, en la forma más amplia, al fuero o a cualquier posible inmunidad soberana o de jurisdicción que pudiera corresponderle", con lo que se estaba incurriendo a violaciones al artículo 27 constitucional.En la cláusula 2.2 se estipula que aunque la contratista (Repsol de México) "por razones comerciales" para objeto del contrato "renuncia a cualquier tipo de inmunidad soberana o inmunidad de jurisdicción a la que pueda tener derecho" y a "no invocar la protección de su gobierno" esta limitación no era extensiva a su "obligado solidario", es decir, Repsol Exploración, con sede en España.Lo anterior significa que la española podría recurrir a la protección de su gobierno y a "cualquier derecho, según los tratados internacionales celebrados por el gobierno federal de México que sean aplicables".En la cláusula 35.3 se obliga a que cualquier diferencia entre las partes "deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje institucional con sede en París, Francia, de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional"; es decir, el modelo de Price aprobado por Nava era un contrato comercial y no de obra pública.El periodo de ejecución se estipuló del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024, periodo en el cual se podrá incrementar el monto fijado en el contrato, además de los intereses que PEP pagará a Repsol por financiamiento de obra, según la cláusula 20.3.

Los contratos de Petrobras
El 23 de octubre se adjudicó a las empresas Petrobras, de Brasil; Teikokui Oil, de Japón; y D&S Petroleum, de México, el contrato para el bloque Cuervito (de 231 kilómetros cuadrados), por 261 millones de dólares, a 15 años. Seis días después, los consorcios crearon la empresa PTD Servicios Múltiples, S de RL de CV, según escritura pública 147, formalizada el 29 de octubre de 2003 ante la notaría 55 del primer distrito de Monterrey, Nuevo León.El 19 de noviembre, Iturbide Guerra emitió el dictamen jurídico según oficio OAG/1686/2003; dos días después, se firmó el contrato. En el documento aparecen como obligados solidarios Petróleo Brasileiro México, S de RL de CV, representada por Marco Antonio Sotomayor Melo; Petroleo Brasileiro, SA, por Roberto Toledo; D&S Petroleum, por Jesús Rodríguez Dávalos; y Teikoku Oil Co, LTD, por Tsukasa Takashima. Por Pemex: Guaso Montoya y Guzmán Baldizán; y por PTD, Roberto Toledo.
El documento contiene las mismas cláusulas que el de Repsol. En la número 35.4, "Naturaleza de la contratación", también se estipula: "El presente contrato y las operaciones contempladas en el mismo constituyen actividades comerciales de las partes".El 19 de noviembre, a PTD Servicios Múltiples se le adjudicó el contrato para el bloque fronterizo (de 231 kilómetros cuadrados) por 265 millones de dólares, a 15 años, etiquetado con el número 414113808. La revisión jurídica se emitió en el oficio OAG/1826/2003, del 5 de diciembre –notificado también a Prado Carranza– y el contrato se firmó el día 8, en los mismos términos y por los mismos representantes que en el contrato anterior.
Servicios Múltiples de Burgos

El 30 de octubre de 2003, PEP adjudicó el bloque Misión (de 1891 kilómetros cuadrados), a Techint-Tecpetrol, Industrial Perforadora de Campeche, Elina 414, SA, y Elina del Bajío, SA. El 7 de noviembre estas firmas constituyeron la empresa Servicios Múltiples de Burgos, SA de CV, quedando los consorcios como obligados solidarios.
El 26 de noviembre se emitió el dictamen jurídico, mediante el oficio OAG/01717/2003. Dos días después, Luis Sergio Guaso y Alfredo Eduardo Guzmán Baldizán por PEP; y Raúl Droznes, María Alejandra Nicoli, Enrique Tovar y Aldo Mentasti, por las contratistas, firmaron el contrato 414103997 por 1 mil 35 millones 579 mil 600 dólares, y un plazo de ejecución de 7 mil 305 días, vigente del 9 de enero de 2004 al 8 de enero de 2024.

Lewis Energy

El 29 de julio de 2003, PEP publicó la licitación internacional 18575008-138-03 para el bloque Olmos. Según información de la subsidiaria, la única propuesta que recibió fue la de la empresa texana Lewis Energy Group, LP; el 15 de enero de 2004 emitió el fallo a favor de ésta. Cuatro días después, la compañía constituyó Lewis Energy México, S de RL de CV, según escritura pública 101336, emitida por el notario público 103 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio el 21 de enero de 2004.El 6 de febrero de 2004, mediante el oficio OAG/250/2004, Iturbide Guerra emitió la aprobación jurídica del contrato 414104806 por 343 millones 573 mil 500 dólares, vigente del 20 de febrero de 2004 al 19 de febrero de 2019. El 9 de febrero firmaron el contrato Guaso Montoya y Guzmán por PEP y Rodney Ray Lewis por la contratista Lewis Energy de México; como obligado solidario quedó Lewis Energy.

Violaciones a la Ley de Inversión
Aunque las empresas beneficiadas con los CSM son de capital, en su mayoría, ciento por ciento extranjero (de España, Brasil, Japón y Estados Unidos), Pemex no solicitó la aprobación de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) para justificar la participación de recursos provenientes de empresas extranjeras en actividades económicas relativas a la perforación de pozos petroleros y gas, en contravención al artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera.
Lo anterior fue detectado por la ASF en la citada revisión al proceso de licitación de Burgos. El órgano de fiscalización determinó la presunción "de hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos" que suscribieron los contratos pese a que no contaban con una resolución favorable de la CNIE. Al respecto, PEP increpó que era "obligación de la persona moral que llevará a cabo dichas actividades de perforación, y no de PEP, obtener la resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras".
La ASF solicitó la intervención del OIC ante "hechos de los que podrían desprenderse responsabilidades administrativas de los servidores públicos". Contralínea confirmó que los órganos internos de control no abrieron investigación alguna. (ALP)

Revista Contralínea / México

Aristegui - El Narco-Estado Mexicano

Carmen Aristegui entrevisto a Eduardo Valle "el Buho", ex dirigente del movimiento 68, quien habla de la situación del narco-estado Mexicano y recuerda los nexos del coordinador de los diputados priistas Emilio Gamboa Patrón quien intervino –según denuncias- en negocios turbios (entre los lava dólares del cartel de García Ábrego) con la exlocutora de Televisa y exagente de la policía judicial Marcela Bodenstedt que fingió como enlace con el narco.

CUIDADO EN UNA PARTE DEL VIDEO ESTA EL PELELE CON SU DISCURSO DE "YA BASTA", HASTE PARA ATRAS, NO VAYAN A VOMITAR SOBRE LA COMPU, VIENDO LA FEA CARA DEL PLL

El informe de la Interpol afirma que las supuestos ordenadores de las FARC sí fueron manipulados

Las partes del dictamen que no han querido difundir



Carlos Martínez/Pascual Serrano
Rebelión
(Traducido al inglés por Tlaxcala: véase abajo)




El pasado día uno de marzo, el ejercito colombiano atacó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Supuestamente el ejercitó requisó tres portátiles, las tres memorias USB y los dos discos duros externos. Y se debe afirmar que “supuestamente” pues dichas pruebas no se han obtenido dentro de un procedimiento policial o judicial al uso, sino en el marco de una agresión militar a un estado extranjero, cualquier prueba obtenida de esa forma es ilegal y por tanto no se puede utilizar en ningún procedimiento judicial.

Para intentar dar validez a estas “pruebas” las autoridades colombianas solicitaron de la Interpol un informe que certificara la “autenticidad” de los archivos contenidos en estos soportes. Ayer 15 de marzo se hizo público el informe, tras una lectura llama la atención las siguientes conclusiones.


En primer lugar hace referencia a que son “datos clasificados como “ULTRA SECRETO” (Pag. 21 del informe) cuando parte de esos archivos los hizo públicos el diario El País.

Lo más importante es que el propio informe reconoce en su “Conclusión no 2b” (pag. 31) que las autoridades colombianas manipularon los ordenadores y las memorias y que


“el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.


El estudio encargado por el gobierno colombiano reconoce que:

"El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas".


Por ejemplo, más adelante el documento de la Interpol declara que


“Los sistemas operativos de los tres ordenadores portátiles decomisados mostraban que los tres ordenadores habían sido apagados el 3 de marzo de 2008 (a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 11.45, hora en que fueron entregados a los investigadores en informática forense de la policía judicial colombiana). Los dos discos duros externos y las tres llaves USB habían sido conectados a un ordenador entre el 1 y el 3 de marzo de 2008, sin que se hubieran obtenido previamente copias imagen forenses de su contenido y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura (write-blockers)”

Es decir, que el ejercito colombiano hizo uso y modificó los archivos contenidos en los ordenadores, memorias usb y discos duros, antes de su entrega a la policía colombiana.

Por ejemplo, el informe en su página 32 afirma que :


“83. En los archivos de la prueba instrumental decomisada no 26, un ordenador portátil, se presentaban os siguientes efectos producidos el 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores:
Creación de 273 archivos de sistema
Apertura de 373 archivos de sistema y de usuario
Modificación de 786 archivos de sistema
Supresión de 488 archivos de sistema.”

El documento afirma, sin embargo, que los documentos de usuario (documentos word y similares) son auténticos porque no se han modificado desde el uno de marzo hasta la fecha del examen, sin embargo el propio informe reconoce lo limitado de esta afirmación pues describe que en la prueba 31 se contienen


“2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010”. Concluye, que “estos archivos habían sido creados antes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una configuración de fecha y hora del sistema incorrecta” (Pag. 34).


Lo que significa que cualquier usuario cambiando la hora del sistema operativo puede crear un documento en la fecha que le plazca, sea anterior o incluso futura.

Sobre las conclusiones forenses hay que resaltar que el peritaje dice literalmente (Pag. 28):

“Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:
- Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales
- 452 hojas de cálculo
- 7.989 direcciones de correo electrónico
- 10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)
- 22.481 páginas web
- 37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)
- 210.888 imágenes
De los anteriores, 983 archivos estaban cifrados 25.”


Es decir, ninguna referencia a que los ordenadores intervenidos contengan correos electrónicos. Hay que recordar que las informaciones de “El País” hacia referencias insistentes referencia a correos y que publicaba los archivos con el título "Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes". Entonces, ¿De donde se han obtenido dichos correos? ¿O, simplemente, no existen en las computadoras requisadas?

Por último el informe termina (pag. 36 y siguientes) con siete páginas dedicadas a reconvenir a la policía de los países miembros y a decirle cómo debería tratar las pruebas electrónicas, recomendación que se hace en este informe, probablemente, por que este caso puede servir de ejemplo a las policías de como no deben recogerse pruebas informáticas. La única forma en la cual se puede asegurar la autenticidad de documentos contenidos en archivos informáticos es que se obtengan bajo la tutela judicial y desde un primer momento estas pruebas queden bajo la custodia de autoridades jurisdiccionales independientes y las pruebas forenses se realicen sólo sobre una copia exacta del contenido de los discos duros o memorias.


De este modo, el propio informe de la Interpol es el que viene a traer más dudas sobre el origen de los archivos informáticos publicados por el País y con los que se pretende atacar a Venezuela y Ecuador.

Así lo han expresado también los académicos estadounidenses Miguel Tinker-Salas, profesor de la Universidad de Pomona (California) y Forrest Hylerton, profesor de la Universidad New York, quienes advirtieron que hubo un mal uso de la información encontrada en las computadoras de alias Raúl Reyes, por parte del Gobierno colombiano y la Interpol.

Miguel Tinker-Salas, experto también en temas latinoamericanos, indicó que existe una serie de malas interpretaciones sobre el contenido de los ordenadores y que tras de ello hay un trasfondo político. “Hay que recalcar que la Interpol solo puede pronunciarse si existió manipulación. Pero ellos no aseguran si los elementos encontrados son originales y no pueden certificar la información”. Además, calificó como un problema el hecho de que la difusión del informe se haya realizado en Colombia, pues eso demostraría que la Interpol defiende los intereses del Gobierno de Álvaro Uribe, apoyado por Estados Unidos.

Forrest Hylerton, de la Universidad New York manifestó la necesidad de que el proceso de verificación del contenido sea efectuado por una institución que garantice mayor independencia. “Es probable que las computadoras sí hayan resistido el bombardero colombiano, pero el problema es que no sabemos nada más, ni qué tratamiento tuvieron”, afirmó Forrest Hylerton.

La realidad es que Colombía sí que manipuló los ordenadores de las FARC. Los medios de comunicación, el gobierno colombiano y los directivos de Interpol han destacado los elementos que les interesaban con titulares como "Interpol da por verdaderos los datos hallados en el ordenador de Raúl Reyes" o "Según la agencia policial, Venezuela financió a las FARC" (El País). La evidencia más elocuente de que estos titulares son mentira es que el informe de la Interpol, para asegurar su imparcialidad, fue realizado por técnicos informáticos que no sabían español y no podían comprender políticamente lo que decían los archivos. Así lo dice el informe: "Los expertos provenían de fuera de la región y no hablaban español, lo que contribuyó a eliminar la posibilidad de que se viesen influenciados por el contenido de los datos que estaban analizando ”. El informe de un técnico informático que no comprende español no puede decir que Venezuela financia a las FARC porque no entiende una sola palabra de lo que dicen los archivos.


La tergiversación de algunos medios ha llevado a que mientras el resumen del informe de la Interpol afirma:

La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen.

El diario El País en su crónica de Maite Rico y Pilar Lozano titula "Interpol certifica que los ordenadores de las FARC no fueron manipulados", y subtitula "El organismo policial asegura que los portátiles pertenecían a Raúl Reyes".
Por otro lado, filtrando a la prensa amiga supuestos contenidos de los ordenadores que implicaban a Venezuela y Ecuador, las autoridades colombianas han mostrado al mundo que tenían un interés especial en criminalizar a esos gobiernos, más que en permitir a jueces y fuerzas de seguridad trabajar. Si tanta transparencia informativa quería dar a la información, sería bueno conocer qué información tenían las FARC sobre crímenes de paramilitares y a qué miembros de la Administración de Uribe implican en el paramilitarismo, seguro que había mucho de eso en los cientos de gigas que dice que ocupa el material informático.




Noticia relacionada:
-Más de 48 mil archivos de computadora colombiana fueron manipulados

Véase este artículo en inglés en Tlaxcala, traducido por Machetera: http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=5170&lg=en

Rebelión

Desincorporación de Pemex

raciel garrido

México, D.F., 13 de mayo (apro).- Desde el desafuero de Andrés Manuel López Obrador –en el año 2005--, en su defensa que hizo él mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados —en su papel de Jurado de Procedencia—, denunció la urgencia de los gobiernos neoliberales por “privatizar” el sector energético nacional (el término jurídico correcto es desincorporar, ya que aquél no existe en el lenguaje técnico-jurídico). El escenario actual es de carácter programático en la agenda de los gobiernos de derecha, misma que les impone el carácter neoliberal al que se adscriben en su forma de gobernar.

El Consenso de Washington (paradigma de los gobiernos neoliberales), en su punto ocho, ordena la “privatización” de las empresas estatales, o cualquier actividad que deba estar --según John Williamson (que es quien formuló estas recetas económicas para los países latinoamericanos en su trabajo llamado What Washington Means by Policy Reform “Lo que Washington quiere decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”)--, expuesta a las fuerzas del mercado.

Es cierto. La urgencia de la actual administración federal por llevar a cabo esos planes salta a la vista, y cumplir con el recetario impuesto por ese dudoso consenso es el compromiso que adquirieron por llegar “haiga sido como haiga sido”. No es, pues, una ocurrencia del excandidato presidencial de izquierda la defensa del petróleo. Es una lucha que desde hace por lo menos cuatro años ha venido anunciando.

Podríamos hacer un análisis de las reformas a leyes secundarias que se proponen para “permitir” el falso “fortalecimiento” de la industria petrolera; pero, para cualquier estudiante de derecho, es de elemental conocimiento entender que las leyes secundarias no pueden estar contra los preceptos constitucionales. Es como si dijésemos que los Diez Mandamientos ordenan no matar, pero el Código Canónico establece que se puede matar un poquito; entonces ¿la Biblia pasa a segundo plano?

El artículo 28 de la carta magna, en su párrafo cuarto, señala: No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

El monopolio es una situación de mercado en que un solo vendedor controla la oferta de un producto, sin que exista competencia. La Constitución no designa como monopolio a la actividad que el Estado mexicano efectúa para operar empresas de su propiedad que intervienen en áreas estratégicas del desarrollo nacional, aun cuando sólo él tiene la obligación de llevar a cabo estas actividades, sino que las denomina como exclusivas, que es una forma técnica-jurídica de nombrar al monopolio estatal.

El artículo 27 constitucional, en su párrafo sexto, dispone: Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Esta norma constitucional refuta el argumento de que únicamente se modificarán leyes secundarias para efectuar lo que, absolutamente, la ley suprema prohíbe: celebrar contratos y concesiones en cuestiones energéticas.

En áreas estratégicas del desarrollo nacional, el Estado tiene la exclusividad de la explotación de esos productos y servicios. Tales áreas se refieren a las actividades que el Estado salvaguarda para sí, en aras de la protección de la soberanía nacional, es decir, son cuestiones que afectan directamente a la seguridad nacional. El petróleo, las telecomunicaciones, la generación de energía eléctrica, los puertos, aeropuertos, carreteras, vías férreas, etcétera, son determinantes en estas cuestiones de seguridad nacional.

Un experto en temas de derecho administrativo de la UNAM, al hacer un estudio de derecho comparado, reveló que Francia incluye todos los aspectos enumerados, y muchos más, en sus áreas estratégicas. Sobre todo le da muchísima importancia a los puertos marítimos y aeropuertos (por la amarga experiencia que vivieron con la primera y segunda guerra mundial) y a sus energéticos.

Pero la ola de “privatizaciones” sigue adelante. Los gobiernos neoliberales tienen que adelgazar al obeso Estado mexicano, cueste lo que cueste. El siguiente paso será privatizar la procuración y administración de justicia, y pronto veremos algunos anuncios en este sentido: “se rentan jueces”.

Proceso

El verdadero cartel

jenaro villamil

México, D.F., 15 de mayo (apro).- ¿Cuál es el verdadero cártel del narcotráfico en México? La pregunta resulta cada vez más pertinente en la medida que la historia de los últimos 30 años vuelve a reeditarse ahora con un costo en vidas cada vez más elevado: vendettas internas que provocan una situación de pánico social en Sinaloa, Guerrero y Ciudad Juárez; un discurso airado de Felipe Calderón que le reprocha con un “¡ya basta!” a los medios que cumplan con su principal función social: informar.

Un guión oculto se escribe y se difunde cada determinado tiempo para que creamos o percibamos que la guerra desatada se debe a un pleito al interior de la federación (la coalición de cárteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva y su familia, Vicente Carrillo Fuentes y los sobrevivientes del imperio del Señor de los Cielos) y algún otro grupo criminal.

Antes nos vendieron la versión de que se trataba de un pleito de La Federación en contra del cártel del Golfo, el emporio asentado en Nuevo Laredo, aliado con los Zetas y grupos regionales que controlan el trasiego de droga. Y en medio de estos enfrentamientos, la disputa histórica entre los Arellano Félix, dueños de la “ruta” de Tijuana, en contra de El Chapo Guzmán y el cártel de Juárez, la misma hipótesis que se difundió para explicar el asesinato a mansalva del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el crimen político en contra de Luis Donaldo Colosio, hace 14 años.



A pesar de estas versiones, la percepción social no cambia: el verdadero cártel está asentado sobre las estructuras gubernamentales, policiacas, militares y de poder económico –e incluso mediático-- que ha penetrado como la humedad hasta el corazón mismo del sistema mexicano y difícilmente se le enfrentará con bravatas discursivas, con un baño de sangre cada vez mayor o con operaciones policiaco-militares que resultan ser operativos encubiertos para “limpiar” las plazas a favor de algún capo, como está sucediendo en Ciudad Juárez.

Las autoridades policiacas insisten en vendernos historias de capos enfrentados, de redes criminales devenidas en sicarios, como si esta fuera la historia real del verdadero cartel mexicano. Algo similar ocurrió en Colombia. Tras la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria y el desmantelamiento de sus rivales del cártel de Cali, resultó que el negocio del trasiego de la droga y los enormes volúmenes de recursos y la violencia consecuente no han disminuido.

La dinámica de cartelización está dominando prácticamente todos los ámbitos de la política y de la economía en el país. Los gobiernos estatales ya no se explican en función de su signo partidista, sino en relación con las “rutas” y los “capos” que protegen. Los grupos económicos confrontados –como los encabezados por Carlos Slim y Roberto Hernández-- actúan bajo la lógica de cárteles ahora expandidos al negocio de las telecomunicaciones.

Incluso, al interior de los partidos políticos –léase la guerra permanente de las “tribus” del PRD-- cada grupo actúa como una banda que controla, al igual que los cárteles, su propio territorio, sus clientelas, su estructura burocrática y millonarios recursos. Hasta las estructuras de la jerarquía católica actúan bajo la lógica de capos, cárteles y territorios. Los expresidentes del país, como los casos recientes de Carlos Salinas y Vicente Fox, salen a escena con la parafernalia de capos que defienden sus espacios reales y simbólicos de poder.

¿Quiere decir esto que el comercio ilegal de la droga ha penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional? No necesariamente. Más bien quiere decir que el narcopoder ha dejado su impronta en una forma de cultura política y de normalización de la ilegalidad y la impunidad que constituyen la amenaza más profunda. Hay una especie de “victoria cultural” del narcotráfico frente a la derrota de la transición democrática mexicana. Esto es lo más preocupante.

El verdadero cártel al que nos enfrentamos no se agota en el nombre de un capo. Ni siquiera es fácil ubicar un rostro o un nombre que domine toda la complejidad de este negocio ilegal. El verdadero cartel son nuestras estructuras de poder enfrentadas ahora en una guerra cada vez más abierta y violenta.

El desenlace de esta guerra no es difícil de predecir: una crisis política mayor y la ausencia de salidas inmediatas, menos si se basan sólo en el uso de la fuerza militar.

jenarovi@yahoo.com.mx

Proceso

Propone Sheinbaum un Comité Anticorrupción en Pemex; Muñoz Ledo y Aguilar Camín protagonizan intenso debate histórico

Jiménez Espriú: “Sin salvavidas, se busca un tesoro en aguas profundas”
jenaro villamil
* Propone Sheinbaum un Comité Anticorrupción en Pemex; Muñoz Ledo y Aguilar Camín protagonizan intenso debate histórico


México, D.F., 15 de mayo (apro).- “Nos engañaron antes con la amenaza y nos quieren engañar ahora con el disfraz de los contratos de riesgo”, sentenció Javier Jiménez Espriú, exsubdirector de Finanzas de Pemex durante la intervención más aplaudida en la segunda jornada de debates sobre la reforma energética organizada en el Senado.

En el encuentro también participaron Claudia Sheinbaum, quien propuso un Comité Anticorrupción en la paraestatal; Porfirio Muñoz Ledo, quien sostuvo un intenso debate histórico con el escritor Héctor Aguilar Camín, así como los académicos Luis Rubio, Javier Beristáin y Arturo Fernández Pérez, que apoyaron las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón.

Con una amplia experiencia dentro de Pemex, Jiménez Espriú, también exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, advirtió que “sí se puede contratar la tecnología sin compartir una sola molécula de hidrocarburo”.

Y alertó contra la autorización de “los contratos de riesgo en las iniciativas”, pues a ello se sumaría el agravante de “la discrecionalidad del régimen especial propuesto, (factores) que inclinan la balanza a favor de los consorcios multinacionales, dueños del dinero”.

Jiménez Espriú insistió en que “hemos dicho desde hace mucho que la moderna tecnología de la dependencia es caer en la dependencia de la tecnología. Y nosotros parece que nos queremos lanzar a las profundidades del océano en búsqueda de nuestro tesoro sin nuestro propio salvavidas”.

Esta última frase arrancó prolongados aplausos entre los legisladores presentes y los invitados, incluyendo a los exsenadores priistas Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, así como de funcionarios e ingenieros de Petróleos Mexicanos.

Jiménez Espriú sintetizó así el proceso de reforma energética impulsada por el gobierno federal:

“La propuesta de reforma desde el diagnóstico es insuficiente en el análisis económico, discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal, ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política”.

La primera ronda de intervenciones comenzó con Claudia Sheinbaum, doctora en ingeniería energética y representante del “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador. Advirtió que su propuesta era “radicalmente distinta” a lo que se propone en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal.

Sheinbaum detalló los cinco ejes de la reforma propuesta: reintegrar a Pemex en una sola entidad y no dividida en subsidiarias y filiales, como ahora; canalizar los cerca de 20 mil millones de dólares de excedente a Pemex y que el Estado asuma la deuda de Pidiregas, y fortalecer las áreas estratégicas de la paraestatal.

Además, atender el problema de contaminación del gas y crudo con nitrógeno, situación que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, lo que implica una pérdida de 500 mil barriles de crudo diario; fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en la producción y uso de energía vinculados a Pemex, y garantizar el funcionamiento de un Comité Anticorrupción.

Sobre este último punto, Sheinbaum señaló que no sirve copiar modelos de rendición de cuentas y de gobierno empresarial, tal como lo propone la iniciativa de Calderón.

Por ello, se propone el Comité Anticorrupción, que deberá ser integrado con ciudadanos mexicanos “con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que le den plena independencia de criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en el Congreso, en forma consensuada, y formalizarse a través de un riguroso proceso de selección”.

Invitado por los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP), Porfirio Muñoz Ledo destacó que desde 1976 a la fecha se agudizó la crisis del modelo energético.

Participante del gabinete de los expresidentes Luis Echeverría y José López Portillo, Muñoz Ledo advirtió que “el cambio dramático de la política petrolera del país obedeció a un espejismo, a alguna trampa y a un voluntarismo que llevó a un círculo vicioso entre ‘petrolismo’ y presidencialismo”.

Opositor también a las iniciativas calderonistas, Muñoz Ledo calificó de “operación roedora” el intento de privatizar las áreas de Pemex.

“Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, el hambre energética de las grandes potencias con las ganas de comerse los negocios de una parte considerable de la clase política”, sostuvo Muñoz Ledo.

El también excandidato presidencial y exintegrante del Consejo de Seguridad de la ONU coincidió con Sheinbaum en que la principal presión para aprobar la reforma energética se debe al peligro de una recesión económica en Estados Unidos, y citó luego un informe del Comité de Relaciones Exteriores de la nación vecina en el que se afirma:

“Estados Unidos debe enfocarse en promover una mayor producción petrolera en México, mediante la participación de las empresas privadas en ese país, como parte de una nueva política económica hemisférica”.

Muñoz Ledo concluyó que Calderón debe retirar sus iniciativas de ley, o el Congreso debe ignorarlas y dictaminar sin violar la Constitución.

Argumentos a favor de la reforma

Tocó al historiador y analista político Héctor Aguilar Camín hacer la defensa de las iniciativas de reforma energética, aunque previamente advirtió que no era especialista en el tema. Consideró que en el sector se deben romper dos “amarras”: la “mitología nacionalista” y “la debilidad fiscal del Estado”.

“La mitología nacionalista nos impide hablar del petróleo y de Pemex como lo que son, una materia prima y una empresa, no son más que eso”, afirmó Aguilar Camín.

En la segunda ronda, Sheinbaum le recordó al historiador que el petróleo no es “cualquier materia prima” y que Pemex constituye la principal empresa de la cual depende el desarrollo económico del país.

El autor de La guerra de Galio insistió en que si es necesario, que se cambie el artículo 27 constitucional para permitir los contratos de riesgo, y opinó además que las reformas calderonistas no conducen a la privatización.

Aguilar Camín deslizó que “hace rato que el petróleo en México está privatizado, parcialmente al menos, pues la inversión privada es clave para el funcionamiento de Pemex hoy. En mi opinión, la pregunta adecuada no es si deben haber o no contratos privados en Pemex, sino dónde y cómo”.

Coincidió con Javier Beristáin, economista y exrector del ITAM, y con el politólogo Luis Rubio, en que los principales problemas de Pemex son “la opacidad, la corrupción y la ineficiencia, no los contratos privados”.

Luis Rubio insistió en que la reforma calderonista es benéfica, porque coloca el acento en la “eficiencia”. El problema, afirmó, “no es quién se apropia de la renta petrolera sino cómo se invierte mejor”.

Y mencionó como ejemplos los casos de Petrobras y Stand Oil, de Noruega, como modelos a seguir en la autonomía de gestión para Pemex.

Beristáin Iturbide delimitó cinco principios para fortalecer la reforma energética. A pesar de su apoyo a las iniciativas calderonistas porque crean “un nuevo andamiaje institucional”, reconoció que “no es claro que las inversiones privadas sin una correcta regulación, sin una asignación de riesgo, es eficiente”.

Señaló que la “más importante” de las iniciativas es la reglamentaria del 27 constitucional, pues gracias a ella se permitirá el “aprovechamiento de las economías” de Pemex.

“El centro del debate de esta discusión es la apropiación del Estado en la llamada renta petrolera”, afirmó por su parte Arturo Fernández Pérez.

Indicó que lo más importante es mantener el control de la renta petrolera. Consideró que en las actividades de transporte, refinación y almacenamiento del petróleo “no hay renta petrolera”.

Mínimos consensos y reproches

Después de la primera parte del debate y réplica entre los ocho participantes de este segundo foro, Muñoz Ledo, Jiménez Espriú y Beristáin destacaron que una de las coincidencias más importantes fue impulsar la “segunda expropiación” de Pemex, pero frente a la Secretaría de Hacienda.

“Me encanta la propuesta de autonomía de gestión porque la primera expropiación fue frente a las empresas extranjeras, y ahora la segunda expropiación será de las garras de la Secretaría de Hacienda”, indicó Jiménez Espriú.

Claudia Sheinbaum y Muñoz Ledo le recordaron a Héctor Aguilar Camín que el petróleo no es cualquier materia prima y que los conflictos bélicos internacionales más importantes se han dado por el control de los recursos energéticos.

En respuesta a las propuestas de incluir reglas de transparencia y de rendición de cuentas, Muñoz Ledo replicó a Javier Beristáin y a Luis Rubio, que 90% de los casos de corrupción de Pemex se han generado por los contratos con las empresas privadas.

Aguilar Camín, en su respuesta a Muñoz Ledo, le dijo que él nunca ha estado en el gobierno y luego levantó la palma de su mano para reprocharle: “Porfirio, esto que ves aquí es un espejo”.

Muñoz Ledo le quiso responder en el acto, pero su micrófono carecía de sonido.

Proceso

Primero el interés propio, luego el de la mayoría

Ciudad Perdida
Miguel Ángel Velázquez

ciudadperdida_2000@yahoo.com.mx • ciudadangel@hotmail.com

Planchan acuerdos en casa de Schiaffino

■ Primero el interés propio, luego el de la mayoría


El lunes pasado por la noche, el coordinador del PRI en el Distrito Federal, Jorge Schiafino, abrió las puertas de su casa para que allí, con suculenta cena, se acordara entre iguales –es decir los jefes de las bancadas de la Asamblea Legislativa– qué hacer con los cambios previstos en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

Se trataba de lograr acuerdos rumbo al periodo extraordinario fijado para los días 26, 27 y 28 de este mes. El tema más importante: repartir el botín político que se creó a partir de los cambios al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su Código Electoral, además de buscar las formas para presionar y condicionar los proyectos de ley que tiene previstos el gobierno de Marcelo Ebrard.

Según cuentan quienes se hallaban en la cena, el día 26 pasará, prácticamente, sin pena ni gloria. Se verán algunas propuestas de los partidos con menos representación y se tratará de crear un ambiente propenso a lo que se tratará en la sesión del día siguiente.

El 27 se ocuparán del Instituto Electoral del Distrito Federal y las imposiciones que desde el grupo de Nueva Izquierda y el Partido Acción Nacional se pretenden realizar. Además de poner el nombre de quien será el nuevo presidente del organismo, quieren que en el consejo del IEDF exista la presencia con voz, pero sin voto, de un representante por cada fracción parlamentaria de la Asamblea, cosa que podrán conseguir sin mayores trabas.

Y luego, el 28, si hay tiempo y ganas, tocarán los temas que le importan al gobierno de Marcelo Ebrard. Parece que se trata de una venganza, aunque no parece haber ningún motivo de dilación en cuanto a los temas que se tocarán en ese extraordinario. Es muy probable que busquen alargar, hasta donde sea posible, los trabajos, para impedir la salida de los proyectos del gobierno central.

Y es que frente al chantaje y la presión, Marcelo Ebrard tuvo una respuesta que los dejó calientes, en una reunión anterior a la cena de la casa de Schiafino. El jefe de Gobierno les recordó, ante alguna insinuación, que en un año y medio de esta administración los proyectos y el trabajo del gobierno de la ciudad se han ido dando, porque en la gran mayoría de los casos tienen el respaldo de la gente, aunque la Asamblea no haya intervenido. Simplemente se cuida la legalidad de cada uno de esos trabajos, y nada más.

Todo indica que el recordatorio de Marcelo Ebrard insultó la prepotencia de Víctor Hugo Cirigo, y a algún otro diputado de piel sensible, y entonces se acordó que los temas de la ciudad se tratarían después de los que a ellos les interesa. Por ejemplo, repartirse los puestos que quedarán vacantes en el Instituto Electoral del Distrito Federal.

La cena terminó con los acuerdos de los diputados que han dejado en claro sus prioridades y lo que tenga que ver con beneficiar a la gente de la ciudad, está en el último lugar. Eso sí, ya tienen claro que uno de los nuevos consejeros deberá obedecer al PAN, el otro a Nueva Izquierda y el que falta a la chiquillada, aunque lo difícil será ponerlos de acuerdo. Total, a todo lo funesto que ha resultado esta Asamblea deberá añadirse los acuerdos sucios que reinan en el organismo.

De pasadita

Saben quién es el abogado que se encarga de promover legalmente los amparos en contra de la ley que prohíbe fumar en casi todos lados, pues se trata de Fauzi Hamdam, el ex senador del PAN. Hasta ayer se notificó de cuando menos ocho juicios de amparo que promovió el panista, de esos, a siete se les negó, pero sigue en el negocio. Así que cuando la registradora suena, de nada sirven las ideologías. ¡Qué cosa!

La Jornada

Educación: alianzas reales y cosméticas

Editorial

Educación: alianzas reales y cosméticas

Ayer, con motivo del Día del Maestro, mientras en Palacio Nacional el grupo gobernante presentaba su Alianza para la Calidad Educativa, en las calles decenas de miles de mentores manifestaban su rechazo al manejo gubernamental de la enseñanza y a la persistencia del charrismo corrupto que controla la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Entre nuevos encontronazos con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y más ensayos por encubrirlos, la máxima lideresa del aparato sindical, Elba Esther Gordillo Morales, llegó al extremo demagógico de lanzarse contra los “privilegios” burocráticos y las “corruptelas” sindicales, como si su longevo liderazgo no fuera la expresión y la consecuencia más claras de unos y de otras. El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, por su parte, instó a la modernización de las escuelas, la elevación de la calidad y el desempeño de los maestros, la otorgación de becas a educandos de escasos recursos y la reforma del plan de estudios de primaria, en lo que sonó a repetición ritual de buenos propósitos sexenales, aislados de las condiciones reales del país y de la política económica en curso. Las promesas de la Alianza para la Calidad Educativa, como la rehabilitación de casi 30 mil planteles y el equipamiento de centenares de miles de aulas con conexión a Internet, parecen una reiteración de las promesas características de los candidatos en campaña y, peor aún, remiten en forma inevitable a los grandilocuentes objetivos enunciados por el foxismo –Enciclomedia y pizarrón digital– que terminaron disolviéndose en un mar de corrupción.

Ante esas expresiones y el planteamiento –en principio correcto– formulado por Vázquez Mota en el sentido de establecer una política educativa de Estado, se erige el obstáculo infranqueable de un manejo del poder público que, desde hace tres sexenios, privilegia, también en el terreno de la educación, lo privado sobre lo público, que se empeña en llevar al Estado no a la delgadez, sino a la anorexia –y un ejemplo inequívoco es el afán de transferir a particulares los filones más redituables de la industria petrolera– y que, con el propósito de conservar el poder, recurre a alianzas menos presentables, pero tal vez más reales, que la anunciada ayer. No puede soslayarse, en efecto, el pacto establecido por el entonces candidato Felipe Calderón con Gordillo Morales para que ésta actuase como su principal operadora electoral durante los cuestionados comicios del año antepasado. Tampoco se requiere de mucha suspicacia para percibir, en las entregas de sumas multimillonarias a la cúpula sindical por parte de la administración calderonista, y en la propia perpetuación indefinida de la lideresa, las contraprestaciones a los favores electorales.

Sería ingenuo entender el sostenido deterioro que ha sufrido el sistema educativo del país a lo largo del ciclo neoliberal como mera consecuencia de las sucesivas crisis económicas o como producto de un asombroso y prolongado descuido gubernamental. Los elementos de juicio disponibles apuntan, en cambio, a que esa devastación obedece a una estrategia deliberada que no sólo apunta a crear oportunidades de negocio a particulares en el campo de la enseñanza sino también a devaluar la mano de obra nacional –privándola, entre otras cosas, de educación y capacitación adecuadas–, en la lógica de atraer inversiones extranjeras.

El hecho es que los sucesivos gobiernos neoliberales –desde el de Miguel de la Madrid hasta el de Felipe Calderón– han acatado con puntualidad los dictados de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero han hecho caso omiso de la recomendación formulada en 1979 por una reunión de ministros de Educación convocada por la UNESCO en esta capital (y conocida como Declaración de México) a los gobiernos representados de que dedicaran 7 u 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la acción educativa. Como lo hizo con muchos otros indicadores, el gobierno de Vicente Fox trampeó los criterios de medición para jactarse de que se había acercado a esa meta: incluyó en el monto total de la inversión educativa la que procedía del sector privado. Significativamente, nuestro país destina únicamente 2 por ciento del PIB a la educación.

La factibilidad de un verdadero rescate de la educación pública en el país depende, a fin de cuentas, de una reorientación general de las prioridades por parte del gobierno federal y de las administraciones estatales, de un robustecimiento de las finanzas públicas –algo incompatible con la privatización parcial de la industria petrolera propuesta por esta administración–, de la implantación de una verdadera austeridad en las altas esferas del poder, de un combate a fondo a la corrupción, del fin de la alianza –política y electoral, no educativa– que existe entre el Ejecutivo federal y la dirigencia charra del magisterio, y de la democratización efectiva del SNTE.
La Jornada