martes, 2 de septiembre de 2008

Dos videos de este domingo.

Bitácora Mexicana del 31 de agosto de 2008
Tema: Energía Nuclear.
Invitados: Juan Eibenschutz Hartman,Benjamin Castro, Juan Luis Francois Lacouture y Arturo Delfin Loyola.

Para escuchar o descargar el audio:


Encuentro del 31 de agosto de 2008
Ricardo Rocha, Miguel Ángel Granados Chapa y Virgilio Caballero hablan sobre
Despenalización del aborto, Narcotráfico y Propuesta ciudadana.

Conferencia de Prensa "Grito de los Libres 2008"

Extendemos una cordial invitación a su prestigiado medio para acompañarnos en la conferencia de prensa donde daremos a conocer los avances de la realización del “Grito de los Libres 2008” a realizarse el próximo 15 de Septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

La cita es el día de mañana miércoles 3 de septiembre, a las 11:00 am, en el Club de Periodistas, ubicado en Filomeno Mata # 8, Centro Histórico.

Organizaciones convocantes: Colectivo 2 de julio, Conciencia Libertaria, Flor y Canto, Liga Nacional de Comités Ciudadanos en Resistencia, Logia Independencia N. 2, Movimiento por la Soberanía Popular, PRD-DF, Redes Universitarias y Resistencia Creativa.

Atentamente:

Flor y Canto.

Mayor información:

Montserrat Mondaca

Nextel 3184 9238

04455 2903 3893

www.florycanto.org.mx

¡¡RESISTENCIA CIVIL Y PACIFICA!!
Montserrat Mondaca
Nextel 3184 9238
04455 29033893

Reta AMLO a Pemex a cotejar documentos de compra de buque





Propuso que la acción se realice ante un medio de comunicación.


Notimex / La Jornada On Line

México, DF. Andrés Manuel López Obrador insistió en cotejar los documentos que acreditan la compra del buque tanque El señor de los Mares, efectuada por Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuyo costo total fue de mil 135 millones de dólares.

En un comunicado, precisó que al ser un asunto de interés público y en aras de hacer efectivo los principios de transparencia y rendición de cuentas exhorta al director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, a que se cotejen los documentos de la transacción.

Expuso que todo el proceso de compra-venta se incurrió en tráfico de influencias y se incumplió la normatividad vigente.

De acuerdo con el tabasqueño, la paraestatal pagó mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones por la compra del barco y 375 millones más para su mantenimiento.

López Obrador propuso que la acción se lleve a cabo ante algún medio de comunicación y señaló que su colaborador Octavio Romero Oropeza estará atento a la respuesta del titular de Pemex, para fijar la fecha y la hora del encuentro.

Comunicados del Gobierno Legítimo de México



Emplaza el Gobierno Legítimo de México a Reyes Heroles a cotejar documentos del proceso de compra del barco “El Señor de los Mares”

México, Distrito Federal
Martes 02 de septiembre de 2008



* * Están documentados actos de corrupción, omisiones e irregularidades en dicha transacción

* En el proceso de compra-venta también se registró tráfico de influencias


El Gobierno Legítimo de México reitera que en la compra del buque tanque “El señor de los Mares” existieron actos de corrupción y emplaza al director general de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, a confrontar públicamente los documentos que acreditan la comisión de actos ilícitos en la adquisición del mencionado navío.

El Gobierno Legítimo de México sostiene que todo el proceso de compra-venta estuvo plagado de irregularidades y que Pemex pagó mil 135 millones de dólares por toda la operación: 758 millones por la compra del barco y 375 millones más para su mantenimiento.

Cabe destacar que durante el proceso de adquisición de “El Señor de los Mares” se incumplió con la normatividad vigente, además se incurrió en tráfico de influencias.

Por tratarse de un asunto de interés público y en aras de hacer efectivo los principios de transparencia y rendición de cuentas, el Gobierno Legítimo de México propone al titular de Pemex que el cotejo de pruebas documentales sea en un medio de comunicación.

Por el Gobierno Legítimo de México, el secretario para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero Oropeza, estará atento a la respuesta del titular de Pemex, para fijar el día y la hora del encuentro en el medio de comunicación que se determine por mutuo acuerdo.


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Asisten miles de mexicanos a asambleas informativas en los 31 estados del país

México, Distrito Federal
Martes 02 de septiembre de 2008



* La asamblea encabezada López Obrador se transmitió vía internet en Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Villa Hermosa, y otras capitales

* Los asistentes expresaron su interés de asistir el 15 de septiembre a la ceremonia del CXCVIII Aniversario del Inicio de la Independencia


Con la firme determinación de defender el petróleo, miles de mexicanos participaron, el pasado domingo, en las asambleas informativas que se realizaron en las plazas principales de los 31 estados de la República Mexicana informaron integrantes del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo.

Dijeron que la asamblea encabezada por el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Monumento a la Revolución, fue trasmitida vía Internet a las reuniones informativas que se organizaron de manera simultánea en Toluca, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Villa Hermosa, Tuxtla Gutiérrez y otras ciudades capitales.

En los casos de los estados de Chihuahua y de Quintana Roo se efectuaron asambleas informativas tanto en las ciudades capitales: Chihuahua y Chetumal, así como en los municipios de Ciudad Juárez y Cancún, detallaron.

Explicaron que en Tabasco se dieron cita más de 10 mil ciudadanos, que expresaron su interés de asistir el próximo lunes, 15 de septiembre, a la ceremonia conmemorativa por el CXCVIII Aniversario del Inicio de la Independencia de México, al igual que en los aproximadamente 5 mil brigadistas del Estado de México y los 4 mil 500 veracruzanos.

La Marcha de la Gente con la Mente en Blanco




(La Amnésica Estulticia de la Iniciativa “Iluminemos México”)

Alfredo Velarde

Marchar contra la galopante inseguridad que ha sentado sus reales prácticamente en todos y cada uno de los espacios sociales del cada vez más injusto y desigual México del presente, que nos duele como fría puñalada trapera en el plexo solar, parece ser el non plus ultra de cualquier iniciativa ciudadana, dispuesta a movilizarse por una causa valedera y justa, pertinente y necesaria. Parece, insisto. ¿Pero lo es, real y verdaderamente considerada la iniciativa y la modalidad concreta que adoptó la así llamada Marcha Blanca contra la Inseguridad?
Si se atiende a su contenido real, plagado de lugares comunes; a la sospechosa complicidad con ella de los medios masivos de desinformación, que acostumbran de ordinario ignorar las más genuinas demandas sociales; si se mira la mayoritaria composición de clase que la nutre, así como sus olvidos que parecen deliberados; y si además se ve la pobreza argumental de las demandas, más que de la legitimidad –o no- en que parece soportarse la iniciativa, que estuvo por debajo de las expectativas que sus animadores habían logrado levantar, tendríamos que hacer referencia, en éste sentido y mejor, a la implicación de desesperada catarsis que la connotó; al estéril desahogo por redescubrir que sí, en efecto, los ricos también lloran.
Y los no tan ricos, por cierto y también, justo cuando la inseguridad que deviene violencia cotidiana que se sintetiza en el secuestro, en la ola de robos contra todo aquel que se ponga a modo, sea acaudalado o no, en el crecimiento exponencial del narcotráfico, en la sorda guerra entre cárteles frente a la cual, la nulidad del gobierno que padecemos, resulta ya anecdótico lugar común, al lado de la congénita corrupción de toda la clase política, del inefable triunvirato partidocrático (del PAN, el PRI y el PRD) que es parte del problema y de los tres niveles de gobierno y sus instituciones sin excepción, y que resumen lo que hoy es nuestro país.
Eso, precisamente eso, no se resolverá con llamados “neutros” a movilizaciones descafeinadas, como la que “la sociedad civil” atestiguó el pasado sábado 30 de agosto, mientras el país se desmorona como guijarros de arena por entre los dedos.
Pido de antemano disculpas a quienes ofenda el título de la presente reflexión. Sin embargo, un desahogo multitudinario, que no logró concitar el apoyo mayoritario que solicitó en toda la nación, en los días previos al acto central que iniciando en el Ángel de la Independencia y transitando por el Paseo de la Reforma, culminó en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas, con más cuestionamientos que adhesiones apresuradas, como la materia prima de un pensar a fondo que no parece ocupar lugar alguno entre los convocantes a la susodicha movilización y que terminó sugiriendo a los renuentes a responder a su emplazamiento (como quien esto escribe), que:
Ese tipo de movilizaciones, se singularizan por la manipulación y el claro engaño a quienes de buena fe acudieron a la expresión de algo que de poco o nada servirá, si caemos en cuenta que, atacar los gravísimos efectos de un perverso modelo económico concentrador de la riqueza y profundamente excluyente y depredador de las condiciones de vida para las cuatro quintas partes de los mexicanos (que eso y no otra cosa expresa la grave inseguridad), sin atender a las causas que la originan, como el malhadado y erráticamente denominado “modelo económico” capitalista salvaje neoliberal, en realidad, implica lanzarse a emprender un doble salto mortal de espaldas al vacío. ¿Y las soluciones? ¡Seguirán brillando por su ausencia si no se atacan las causas de la violencia social!
Serían cómicas, de no ser tan trágicas las implicaciones de que se hicieron acompañar, voluntaria o involuntariamente, los animadores de la Marcha Blanca. Nos duelen las víctimas de la violencia, sí, por supuesto y sean quienes fueren sus víctimas, pero no los anencefálicos “remedios” que no lo son y que se proponen, para “solucionar” las causas de profundas raíces económicas, políticas y sociales que se mantuvieron, en lo esencial, intocadas por el rigor de la inteligencia alternativa que aparece como el principal ausente y claro déficit de los marchistas áureos que no reparan y no quieren advertir las oscuras implicaciones de lo que pidieron, y sin advertir que sus “salidas” conducen a ponernos, a todos, la soga al cuello. ¿O lo saben y lo callan porque quieren el fascismo?
Cualquier político avezado, sabe desde la escuela para párvulos, que el reclamo “¡solucionen la violencia y la inseguridad o váyanse!”, conduce a la manga ancha para las inútiles autoridades de México por la militarización del país, ya en curso; a la criminalización de la protesta social genuina, por ejemplo, como lo demuestran las injustas y desproporcionadas condenas recientes a los ejidatarios de Atenco; del más grosero soslayo a los más elementales derechos humanos de quienes no son secuestrables, ni asaltables y sí asesinables y encarcelables, como los parias carne de cañón del abajo social por la injusticia, y por los que nadie parece preocuparse ni un ápice.
Y mientras estas connotaciones fueron ignoradas en la marcha de la gente con la mente en blanco, muchos de los marchistas del sábado pasado, fingen haber olvidado que votaron por quienes habían prometido la luna, el sol y las estrellas; pleno empleo, seguridad, crecimiento económico, democracia, que fueron sólo la mediación para hacer del poder un botín particular en medio de la extendida corrupción de las corporaciones policíacas y militares, políticos en el poder y las “oposiciones” tersas en complicidad con el hampa del cual forman parte el última instancia.
Por eso, no resulta pecata minuta, ni las ropas finas, las fragancias extranjeras, los celulares y i-pod por doquier, los choferes en fastuosas camionetas que aguardaban a muchos de los finolis inconformes que, veladoras en mano, tomaron la calle para ver si algo o alguien les hace el milagrito de conjurar lo que ellos mismos, de alguna manera, han contribuido a generar. Irónico, ¿no es así?

El nuevo caballo de Troya priista







Marcos Chávez M. (Primera de dos partes)


Suave patria: el niño Dios te escrituró un establo
y los veneros de petróleo el diablo

Ramón López Velarde, Suave Patria



El engendro de “reforma energética” que un grupo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –encabezado por Manlio Fabio Beltrones– envió al Congreso no constituye más que el nuevo caballo de Troya, por medio del cual el derechista y neoliberal grupo de poder, que tomó por asalto al Estado mexicano, pretende pisotear descaradamente la Carta Magna para reprivatizar la industria petrolera.

De acuerdo con el documento citado del antiguo partido de Estado, su propuesta sigue los siguientes pasos: formalizar el descuartizamiento de la industria petrolera en varias empresas; crear un consejo de administración con una mayor autonomía y con un manejo discrecional de Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus futuras filiales; abrir las puertas a la inversión privada nacional y extranjera, que realizarán las obras a nombre del organismo; legalizar la repartición de la renta petrolera entre la propia paraestatal, el gobierno federal y el empresariado (el pago de dichas obras y servicios y con la emisión de bonos); y concederle al consejo de administración la determinación de cuáles de las filiales podrán ser consideradas como no prioritarias para desaparecerlas o desincorporarlas, el eufemismo utilizado por los neoliberales para reprivatizarlas en el futuro.

Ese bloque mafioso, que ha saqueado y dilapidado el patrimonio nacional con la mayor impunidad, ha recurrido ahora a los oficios de ese grupo de priistas, que no tienen escrúpulos ni principios partidarios, a los que oportunistamente se han sumado la pandilla de la “nueva izquierda”, representada, entre otros, por Jesús Ortega, Guadalupe Acosta, Ruth Zavaleta y Graco Ramírez, para apoderarse de los despojos de Pemex, una vez que los calderonistas han naufragado y quedado desacreditados frente a la sociedad.

A esos grupos palaciegos –que se reparten influencias y prebendas desde el Congreso y los distintos partidos, que han secuestrado a las instituciones políticas para favorecer a los intereses la oligarquía mexicana, el capital extranjero, los imperios mediáticos, la iglesia católica y los suyos propios– nada les ha importado que la mayoría de la población rechace la pretensión reprivatizadora del sector petrolero o que durante los foros organizados por el Senado un gran número de especialistas haya desnudado el verdadero fondo desnacionalizador de la propuesta calderonista y mostrado que existe una amplia gama de opciones viables para reestructurar y consolidar a Pemex, sin necesidad de entregarla a la voracidad empresarial, sin violentar la Constitución y restableciendo el imperio de las leyes.

No deja de ser llamativo que apenas había terminado dicho foro y los priistas ya daban a conocer su proyecto que dejó de lado una gran cantidad de propuestas de los participantes; lo que lleva legítimamente a pensar que aprovecharon ese tiempo para negociar con el gobierno la reprivatización petrolera.

Ellos, que como el neoporfirista Jesús Reyes Heroles –acusado por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, de manejar arbitraria y turbiamente a Pemex (La Jornada, 30 de julio de 2008)– catalogan a la población de retardados mentales incapaces de participar en la discusión de los grandes problemas de México, serán responsables de un eventual estallido social: única forma legítima que dejan para tratar de defender los recursos nacionales. Frente a estos ultrarreaccionarios, el dictador Porfirio Díaz –quien suponía, aunque sea retóricamente, que el pueblo ya estaba preparado para la democracia– resulta un “liberal”.

Una vez que han comprobado que la derecha gobernante es la verdadera enemiga del país; que la supuesta “transición democrática” no es más que una falacia, “una coagulación oligárquica” como la calificaría Porfirio Muñoz Ledo, y que lo que sigue prevaleciendo es el despotismo, la ilegalidad y la impunidad del bloque dominante neoliberal, ellos son los que polarizan a las clases sociales y la empujan hacia el precipicio.

La decisión de los priistas por realizar la contrarreforma petrolera puede explicarse por una sencilla razón: como sus paisanos sonorenses Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo L. Rodríguez, el mercenario Fabio Beltrones ve la silla presidencial y quiere encaramarse en ella a partir de 2012. Supone que, al hacer el trabajo sucio, el “bloque de poder económico y político” –para usar las palabras del politólogo Arnaldo Córdova (La Jornada, 27 de julio de 2008)– “le entregará el poder”, como en su momento lo hizo con Vicente Fox, en la parodia de “transición democrática”, y a Felipe Calderón, con el golpe de Estado técnico. Sin más que sus compromisos personales, como “vicepresidente de facto” en las catacumbas del poder, como alguien que sabe que las elites estarían dispuestas a otra “transición” –ahora del PAN al PRI– y a encumbrarlo a la Presidencia ante el miedo que les representa Andrés López Obrador o Marcelo Ebrard, pese a su difuso izquierdismo. Fabio está dispuesto a hacerles el trabajo sucio.

En la dialéctica del amo y el esclavo, Fabio está dispuesto a convertirse en el siervo y traicionar a la nación. Si Obregón y Elías Calles tomaron la Presidencia a sangre y fuego y consolidaron un régimen “nacionalista”, Fabio aspira a cerrar la parábola histórica terminando por destruir el antiguo régimen, “guanajuatizar” a México, en beneficio de los hombres de presa y sus intereses particulares. Quiere ser el esperpento capo di tutti capi.

Dicen los priistas: “Nuestra iniciativa es integral. Es congruente con los principios y valores históricos (del) PRI. Está apegada estrictamente a la Constitución. Busca la modernización (petrolera), sin privatizaciones abiertas o simuladas. Sin privatizar el aprovechamiento del petróleo ni la renta petrolera, sin contratos de riesgo, sin privatizar los activos o las actuales actividades de Pemex, sin ceder a los particulares áreas de trabajo que corresponden al organismo, como los de refinación, almacenamiento y manejo de ductos. Por ello, hemos tomado la determinación de presentar una iniciativa (…) en la cual retomamos gran parte del contenido de la iniciativa del Ejecutivo Federal del 8 de abril”.

Quien suponga que Fabio y demás priistas aspiran a aprobar en el Congreso la iniciativa petrolera reprivatizadora calderonista con piel de cordero se equivoca de manera rotunda. Lo aceptan claramente. No hay lugar a equívocos. También yerran el tiro quienes crean que es un documento original de Calderón. En sentido estricto, es de los priistas que, con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en una alianza entre los poderes económico y político, decidieron voluntariamente convertirse en parias de los grandes empresarios. Dice Muñoz Ledo: “El desastre petrolero es huérfano, carece de autores, aunque abunden los saqueadores”. La derecha de diverso pelambre –priistas, panistas, empresarios, profesionistas, oportunistas, los medios, la iglesia católica y demás parásitos– reclama la reprivatización disfrazada, pero de manera vergonzante. Pocos desean asumir abiertamente la paternidad del engendro. Dos son los legítimos padres putativos: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cancerberos del Consenso de Washington.

¿A qué “principios y valores históricos (del) PRI” se refieren Manlio y demás? ¿El “nacionalismo revolucionario, que nacionalizó las industrias petrolera y eléctrica, la banca, que repartió tierras? ¿O el reprivatizador? ¿Aquellos que construyeron la nación surgida con la revolución mexicana? ¿O los que la destruyeron y la sustituyeron por la neoliberal y han convertido a la riqueza nacional en botín? Cínicamente optaron por el lenguaje esópico. Señor Manlio y demás: no olviden que Fox y Calderón sólo les tomaron prestados su “principios y valores” neoliberales y los bañaron en incienso.

El panismo se mimetizó en priista. A la alianza que ustedes edificaron sólo le agregaron el ropaje cristero de “santa”. Ustedes ahora quieren recuperar el monstruo. Si existiera la sinceridad en la política y, en especial, en ustedes, aceptarían que su única seña de identidad es el aventurerismo priista, comerciable con la contrarrevolución neoconservadora. Son políticos vendibles al mejor postor. Como buenos fulleros aprendieron ventajosamente la lección de sus maestros De la Madrid, Salinas y Zedillo.

En la siguiente entrega citaremos diferentes partes del documento de los priistas que confirman sus pretensiones privatizadoras.




Revista Contralínea / México

OTRA MAS DE ESTE CORRUPTO GOBIERNO PANAZI









Fraude millonario en fideicomiso público del frijol

Más de 115 millones de pesos fueron extraídos “indebidamente” del fideicomiso 316-07-02, del Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión de Frijol en Zacatecas. Tres funcionarios de Aserca están involucrados en el supuesto desfalco al erario, indica el Órgano Interno de Control en la entidad


Érika Ramírez


El Programa del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol, que tiene como principal objetivo incentivar la producción del grano, presenta irregularidades por más de 115 millones de pesos, según determina el expediente R/03/07 del Órgano Interno de Control en Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca). Las autoridades de la contraloría señalan a tres funcionarios involucrados en este daño al erario, a quienes no se les han fincado responsabilidades; dos de ellos continúan en sus cargos.

La auditoría 17/2004, practicada a este programa por el Órgano Interno de Control (OIC) en Aserca, indica que se utilizaron “indebidamente” 117 millones 500 mil pesos, otorgados a través de préstamos a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas y a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas.

Los recursos comprometidos fueron extraídos en 2002 del fideicomiso 316-07-02 –que financia el programa dedicado al segundo grano más importante en la canasta básica de los mexicanos–, en medio de una crisis agropecuaria que ha dejado a los productores de frijol en la debacle económica.

Los servidores públicos involucrados, señalados por el OIC, son: Mario Sosa Uribe, coordinador general de Comercialización de Aserca –durante las administraciones de Javier Usabiaga Arroyo y, posteriormente, Francisco Mayorga Castañeda, al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)–; Pablo Velarde Magaña, director Regional de Aserca, y Alfredo Martínez González, jefe de Atención a Productores en la Dirección Regional con sede en Zacatecas, estos dos últimos aún en funciones.

El expediente emitido por la Secretaría de la Función Pública consignó, hasta marzo de 2007, que Sosa Uribe “autorizó la disposición de recursos para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación del Fondo de Apoyo Especial a la Inversión en Frijol, en el Convenio de Colaboración y en el Contrato del Fideicomiso por 117 millones 500 mil, como préstamo a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas y a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, recursos que a la fecha no se han reintegrado al fideicomiso”.

Los funcionarios zacatecanos Velarde Magaña y Martínez González resultaron responsables de contratar, fuera de regla, a Gustavo Carmona Martínez, para dar seguimiento a la evolución del proyecto. El gasto no estaba contemplado y ocasionó un detrimento a la hacienda pública por 684 mil pesos.


Irregularidades millonarias

El 7 de noviembre de 2002, Mario Sosa Uribe autorizó la salida de 10 millones de pesos del fideicomiso, mediante el oficio F00.4000/415/02, ostentando el cargo de presidente suplente del Comité Central. Sin embargo, no contaba con la facultad para hacerlo, pues fue hasta el 17 de diciembre de ese año cuando se le concedió el derecho en una sesión extraordinaria del organismo. Los recursos fueron solicitados por el Comité Técnico Estatal, a través del oficio 358/2002, el 6 de noviembre de 2002, y validados al siguiente día. La operación monetaria estaba dirigida a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas.

Sosa Uribe autorizó a la integradora, que aglutina a 39 organizaciones, para que comercializara el grano, sin que este fin estuviera establecido en el programa, ya que sólo se pueden utilizar los recursos para garantías líquidas, complemento al crédito, contingencias y promoción comercial, “motivos por los que se presume que los recursos fueron autorizados para fines distintos en las reglas de operación”.

Otros 10 millones fueron solicitados en el oficio 380/2002, signado el 15 de noviembre de ese año. Fue el segundo préstamo a la integradora que mereció observaciones. También fue avalado por Sosa Uribe con el documento FOO/4000/424/02, pero la contraloría en Aserca precisa que “el Comité Central no sesionó para autorizar el ejercicio del monto referido, es decir, antes del 7 de noviembre de 2002, fecha en que el entonces coordinador general de Comercialización emitió el oficio FOO/4000/424/02, sin contar con las facultades para ello”.

Sin haber transcurrido un mes se dispusieron de otros 6 millones de pesos, el 25 de noviembre de 2002, teniendo como involucrados a los mismos beneficiarios y al funcionario federal. El dinero se dispuso de manera “inmediata”, según indica el OIC, sin corresponder a las reglas de operación del programa. Finalmente, el 2 de diciembre de 2002 fueron transferidos otros 5 millones 500 mil pesos, avalados mediante el oficio FOO/4000/440/02 y bajo los mismos procedimientos.

El OIC presume que los recursos por 31 millones 500 mil 500 pesos, del Fondo Especial a la Inversión en Frijol, “se autorizaron para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación”. No obstante, la auditoría observó que se cubrieron 4 millones de pesos del adeudo por parte de la integradora, que ahora dirige Ramón Ochoa Ruiz.

La organización de agricultores depositó al Banco del Bajío, entidad financiera donde se constituyó el fideicomiso 316-07-02, apenas el 12.69 por ciento de su deuda con el gobierno federal. Los movimientos bancarios se realizaron el 18 y 28 de noviembre por 2 millones 700 mil pesos y 1 millón 300 mil, respectivamente. Sin embargo, la integradora sigue comprometida con 27 millones 500 mil pesos.

El funcionario de Aserca, órgano desconcentrado de la Sagarpa, volvió a incurrir en irregularidades el 11 de febrero de 2004. Mediante los oficios F00.4000/025/04 y F00.4000/034/04 autorizó un “préstamo” de 90 millones de pesos a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, objetivo que no está señalado dentro de los conceptos que recibirán apoyos, “por lo que se presume que los recursos se autorizaron para fines distintos a los establecidos en las reglas de operación del programa. La entrega de los recursos fue inmediata a través de un traspaso electrónico a la cuenta principal del fideicomiso 522243-02-01”.

Pablo Velarde Magaña, director regional de Aserca y secretario del Comité Técnico del fideicomiso 316-07-02, también es señalado por el OIC como responsable de las irregularidades detectadas, ya que “no ejecutó eficientemente el programa”.

El expediente revela que Velarde Magaña estuvo presente en las reuniones del Comité Técnico, que se llevaron a cabo el 25 y 29 de noviembre de 2002, y “nunca se opuso a los acuerdos a los que se llegaba y en los que se acordaba realizar solicitudes al Comité Central para poder disponer indebidamente de los recursos del fondo, para realizar préstamos a la Integradora Estatal de Productores de Frijol y a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste de Zacatecas”.

Las autoridades del OIC en Aserca acreditaron que Velarde Magaña solicitó indebidamente la autorización de 111 millones 500 mil pesos para préstamos; 21 millones 500 mil pesos a favor de la Integradora Estatal y 90 millones de pesos para la Asociación de Pozos, a sabiendas de que dichos préstamos eran para fines distintos a los autorizados.

Defensa de la integradora

Ramón Ochoa Ruiz, presidente de la Integradora Estatal de Productores de Frijol en Zacatecas, se deslinda de cualquier responsabilidad en el manejo indebido de los recursos del fideicomiso. Asegura que los servidores públicos han sido los responsables de que haya irregularidades en la operación de los fondos, como lo indica el OIC.

El ingeniero agrónomo explica que la dotación de 31.5 millones de pesos se dio en la pasada administración, cuando la integradora era encabezada por Gildardo Santos. Pero, indica, “fueron los funcionarios los que hicieron un préstamo a la organización, extraído del fideicomiso, cuando no eran banco y en las reglas de operación no estaba contemplada esa figura. Nosotros decimos que ellos son los responsables de los malos manejos”.

Esta situación, dice, “ocasionó que los encargados del Comité Técnico del fideicomiso interpusieran una demanda contra la integradora (misma que perdieron). Por el contrario, autoridades de la contraloría han determinado que el daño al erario fue por parte de los que aún están en sus cargos”.

Desde 2005, las 39 organizaciones que conforman la integradora hicieron peticiones ante las secretarías de la Función Pública y Agricultura, Aserca y la Auditoría Superior de la Federación para que nuevamente sea revisado el fondo 316-07-02, “sin que hasta ahora tengamos ninguna respuesta”, se queja Ochoa Ruiz.

Contratación indebida


De acuerdo con el expediente R/03/07, concluido en marzo del año pasado, el jefe de Atención a Productores en la Dirección Regional con sede en Zacatecas, Alfredo Martínez González, solicitó la autorización para contratar a Gustavo Carmona Martínez, con el fin de que diera seguimiento a la evolución del proyecto.

La petición, hecha a través de diversos oficios dirigidos al presidente del Comité Central y al delegado fiduciario del Banco del Bajío, implicaba el pago de 19 mil pesos mensuales como sueldo, del 21 de noviembre de 2002 al 31 de octubre de 2005.

El resultado de la contratación significó un gasto total de 684 mil pesos, mismos que no estaban contemplados en las reglas de operación del programa, “considerándose que dichos gastos ocasionaron perjuicio al fondo sustituido con recursos federales”. Además, el servidor público fue acusado de disponer de recursos para favorecer a la Integradora Estatal de Productores de Frijol en Zacatecas.

No obstante, Martínez González, señalado como uno de los supuestos responsables del daño al erario, asegura que la auditoría 17/2004 fue “mal” practicada por los contralores federales. “Hace poco recibimos la resolución del OIC en la que nos absuelven de los cargos”, asegura.

En entrevista, defiende a la Asociación de Usuarios de Pozos de Riego del Noreste del Estado de Zacatecas, pues dice ésta sí ha utilizado los recursos conforme a lo dispuesto en la ley. Además, responsabiliza a la Integradora Estatal de Productores de Frijol de Zacatecas de operar irregularmente los más de 27 millones de pesos que adeuda: “Ellos se comprometieron a pagar el préstamo con la recuperación económica de su producción y no lo han hecho, por lo que se les han interpuesto tres demandas”.

El ingeniero agrónomo anticipa que el fideicomiso será disuelto y transferido al gobierno de Zacatecas, encabezado por Amalia García Medina, pues sólo le quedan 32 millones de pesos para su operación.

Martínez González dice sentirse ofendido por las observaciones que hicieran los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, pero advierte que “ya se desahogaron las pruebas. Fue una situación muy incómoda”. El funcionario local no accedió a proporcionar las evidencias de su absolución, pues “éste es un asunto personal”.

Mouriño e Irma Pía censuran a Francisco Rodríguez








Álvaro Cepeda Neri


Se acumulan ya los agravios (hasta homicidios) directos e indirectos del calderonismo contra los periodistas. Y con ellos los ataques de la burocracia panista-calderonista contra las libertades de prensa, en la radio y la prensa escrita, mediante amenazas-chantajes a los concesionarios, y presiones a los editores.

Están a la orden del día las inquisiciones administrativas, de la pinza Mouriño-Cortázar, mediante la manipulación de la publicidad oficial –del “no te pago para que me ataques” al “te pago para que no me critiques”– y que es la manera calderonista para aislar a quienes, con el periodismo oral y escrito, se atreven a investigar e informar veraz y contrastadamente, y a hacer análisis y crítica.

Ahora Mouriño, el contratista de Petróleos Mexicanos (exhibido documentalmente en Contralínea y Proceso), por medio de la subsecretaria de medios Irma Pía, gestiona, con la clásica amenaza velada de retirar la publicidad oficial y hasta llegado el momento la concesión de Radio Capital, la cancelación del programa radiofónico, de información y opiniones (con micrófono abierto para la libertad de expresión de los radioescuchas), que dirigía Francisco Rodríguez.

Llevaba éste cuatro años al aire, y de buenas a primeras, escogiendo el 18 de julio, aniversario de la muerte de Benito Juárez –a pesar de los panistas y sus infiltrados gallegos naturalizados campechanos, Juárez permanece vivo en la conciencia nacional de los mexicanos que no han perdido la brújula de nuestra historia–, escogieron, pues, esa fecha, para la censura.

De esa manera, Mouriño –quien quizá conoce la Constitución de la Monarquía de España, pero que seguramente ni por los forros sabe de la existencia de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos– y su empleada Irma Pía pisotearon, impunemente, los artículos 6 y 7 constitucionales, pero también los artículos 5, sobre la libertad de profesión, y 3, por lo que se refiere al “libre examen y discusión de las ideas”.

En última instancia, Mouriño y Pía violaron y pisotearon esas anteriores libertades, en el contexto de los derechos humanos, duramente conquistados y plasmados en la ley fundamental vigente. Y que, como en todos los casos de las agresiones y demás atropellos a los periodistas durante lo que va del calderonismo, ahora embistieron, escondiendo la mano, al periodista Francisco Rodríguez.

Ha sido una acción de abuso de poder del millonario empresario: haciendas en Campeche y España, gasolineras, contratos con Pemex, un equipo de futbol en la península ibérica, socio del Cruz Azul. Como no tiene cualidades políticas, le han encontrado en la revista Quién (25 de julio de 2008) las características de “los 11 galanes”, salvo sus orejas que tanto identifican los periodistas de la caricatura.

Mouriño hizo uso de sus caprichos para abusar del poder y ordenó la cancelación del programa radiofónico de Francisco Rodríguez. Este periodista ejercía sus derechos constitucionales, pero Mouriño-Pía dejaron caer la guillotina de la censura vía inquisición administrativa. Y salió del aire radiofónico el programa Índice político. Los calderonistas, como en el caso de su fallida contrarreforma petrolera, le sacan la vuelta a la Constitución para sus ataques a la prensa que es contrapoder.

cepedaneri@prodigy.net.mx

Huelga de hambre de diputada panista




alvaro delgado

MÉXICO, D.F., 1 de septiembre (apro).- Un acontecimiento insólito desdibujó el protocolo para la entrega del segundo Informe de Gobierno de Felipe Calderón: La panista Dolores de Méndez instaló una improvisada tienda de campaña en el patio de la Cámara de Diputados y se declaró en huelga de hambre en demanda de tarifas de electricidad justas para la población de Mexicali.

Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, nombre completo de la diputada federal --aunque desde que se afilió al Partido Acción Nacional (PAN), en 1982, es conocida en Baja California como Lolita de Méndez--, decidió exigirle de esta manera a Calderón que “cumpla su palabra” de subsidiar el consumo de electricidad, tal como lo ofreció en su campaña a cambio del voto de los mexicalenses.

En punto de las 11:00 horas de este 1 de septiembre, justo cuando el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, hacía entrega del segundo Informe de Gobierno, en un tomo de verde, al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte, Lilita de Méndez dio comienzo a su huelga de alimentos.

--¿Hasta cuándo?

--Hasta que el cuerpo aguante.

--Está en riesgo su vida --diputada.

--Ya viví 60 años, señor. Y la vida me ha dado buenas oportunidades. Estoy en paz con mi conciencia.

Con tres décadas en la lucha por tarifas preferenciales para la zona más calurosa del país –de hasta 50 grados centígrados--, que consumen casi la totalidad de los sueldos de miles de mexicalenses y de San Luis Río Colorado, Sonora, la legisladora recuerda que Calderón se comprometió a fijar una tarifa justa, pero han pasado dos años y no sólo no se ha instaurado, sino que se perdió el subsidio por maniobras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Yo me siento muy mal. Prometí en campaña que iba a ser todo lo posible porque fueran tratados con justicia en este tema. Llevo dos años peleando aquí, entrevistándome con diferentes funcionarios y hasta la fecha todo sigue igual o peor”, lamenta.

“Porque ya pasó el colmo de los colmos” y agotó todas las instancias es que decidió irse a la huelga de hambre. Inclusive, explica, el jueves de la semana pasada, en la reunión plenaria que tuvieron los diputados en Hermosillo, le informó a Calderón, quién se extrañó.

“Me dijo: ‘¿Cómo que perdieron el subsidio?’ Y le digo: Sí. ‘¿Por qué?’”, y le explicó que la CFE se ha equivocado en las lecturas de consumo de los hogares, cada uno de los cuales no pueden rebasar los 2 mil kilowats cada mes para gozar del subsidio.

Pero resulta que la CFE da lugar a los “recibos locos”: No cobra un mes, pero al siguiente llega la tarifa de dos meses, cuyo consumo conjunto supera el subsidio y los recibos llegan hasta en 5 mil pesos. “Yo creo que el presidente está como los maridos engañados: El afectado es el último que se entera.”

También habló con Mouriño, quien trató de persuadirla de no hacer la huelga de hambre: “Hablé con él en Hermosillo, y me dijo: ‘No haga eso, diputada, ya tienen subsidio’. Y le expliqué qué está pasando.”

--¿Y qué respondió?

--Nada, nada. –grita-- ¡Nada, nada!

La decisión de arriesgar su salud y su vida en una huelga de hambre la tomó después de que, hace un mes, el subsecretario Jordy Herrera, exsecretario particular de Calderón, no le dio la respuesta a su petición, que había sido avalada por el pleno de la Cámara de Diputados.

“Me dijo que ya venía el diseño de tarifas y que nos tocaba a nosotros. Que iba a recibir todas mis peticiones con puntos de acuerdo que habían sido aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados. Pero hasta ahora no ha pasado nada. De la Secretaría de Gobernación me dijeron que me iban a conseguir entrevistas con subsecretarios, como el de Hacienda.

“Pero tengo 30 años recorriendo eso y no se llega a nada. Si vamos con el de Ingresos me va a decir para que yo entienda cómo se diseñan las tarifas. Va a ser la danza de los números y el muro de las lamentaciones. Yo no estoy pidiendo nada injusto. La Comisión está robando abiertamente. Ahí están los recibos, no mienten. Eso ya no tiene nombre.”

--¿Fue deliberado?

--No sé, pero por lo pronto es un robo. No me toca a mí investigar si fue deliberado o no. Fue un robo. No se le puede llamar de otro modo.

--¿Usted se queda tranquila con lo que le dijo Calderón?

--No. Al menos no podrá decir que no está enterado. Yo creo que al menos va a investigar, aunque le van a platicar lo más bonito y van a decir que yo soy mentirosa. Pero que mande preguntar a los mexicalenses a ver qué opinan.

En Mexicali anunció la acción con una manta detrás de ella: “Las secretarías de Energía, Hacienda y CFE son los verdugos y asesinos de los mexicalenses y sanluisinos.”

Se trata –dice-- de un asunto de justicia: Hay gente que muere por las altas temperaturas y hay estadísticas reconocidas por la Secretaría de Salud o por el Servicio Médico Forense.

Al respecto, expresa: “Me dicen que soy revoltosa, que soy la socialista del PAN. Cuando éramos oposición no me callada y ahora que somos gobierno quieren que me calle, están mal. Yo tengo un concepto de la democracia y de la justicia diferente.”

--Pero es el partido que usted milita.

--Yo milito en el PAN, pero yo soy gente de principios, no de siglas. Yo vengo aquí por un interés general, que es el de los mexicalenses y de todos los mexicanos, obviamente, pero en este caso yo les prometí a los mexicalenses que iba a luchar. Yo soy mayoría. Le gané al PRI dos por uno y al PRD cuatro por uno.

Dolores de Méndez es recordada en Baja California por declararse diputada independiente en la primera legislatura que le correspondió a Ernesto Ruffo como gobernador de Baja California; por esa y otras rebeldías el PAN la sancionó con 2 años de suspensión de sus derechos.

Después de que anunció la huelga de hambre ha habido comentarios sobre sanciones en contra suya: “Me dicen: ‘Ya se te acabó tu carrera política’. Y digo: Mira, mejor que se acabe. La dignidad está primera. Soy hija de militar y él siempre me dijo: Las promesas se cumplen. Muchas veces a uno no le gusta disparar y lo tiene que hacer.”

La medida no fue fácil, porque “no está de acuerdo mi familia. Cuando me hablan, procuro cortar las conversaciones. Obviamente saben ellos, me conocen, que esto es en serio, que no es un engaño o un capricho, sino algo justo.”

La legisladora bajacaliforniana ha recibido el apoyo moral –“sólo moral” – de al menos la mitad de sus compañeros diputados, cuyo coordinador, Héctor Larios, ni siquiera le ha respondido un oficio en el que le solicitó vigilancia.

“Le pedí protección las 24 horas del días, no porque tema que me van a hacer algo aquí, sino para que no digan que me salí en la noche a comer o a dormir a un hotel”, dice, aunque, eso sí, cree que su teléfono está intervenido. “No sé si sea falta de crédito y pájaros en el alambre que luego se cuelgan.”

--¿La tienen vigilada?

--Así es, pero hace diez días pedí protección en la Cámara para que no dijeran que comí y eso, porque luego tratan de desprestigiarlo a uno. No vayan a decir que en la noche comí o dormí en el mejor hotel.

--Es una decisión seria.

--Es en serio. Yo nunca los engañé. No los he engañado ni es un juego esto.

--No parece ser la patria ordenada y generosa que ofrece el PAN.

--Yo quisiera que se los pregunte a ellos. Me han llegado comentarios de que me van a expulsar. Y yo digo: Ya conozco el camino. Esta sería la segunda vez. Yo lo he dicho: Si Gómez Morín se enterara se volvería a morir.

jpa

Alarmante robo de combustible en Pemex








· Militares y trabajadores los responsables
· El gobierno de Calderón oculta evidencias


A finales del gobierno de Vicente Fox se había agudizado en Petróleos Mexicanos (Pemex) el robo de combustibles a gran escala y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales. Era tal el problema que en las investigaciones participaban los órganos de seguridad nacional del Estado: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segunda Sección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Inteligencia Militar).

Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, nada frenaba la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual el entonces presidente de la República ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Vicente Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron misteriosamente, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito.

Ahora nos enteramos que en esos archivos aparecían como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército Mexicano que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace dos años el nuevo gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que enfrentaba por los dudosos resultados electorales, el presidente se atrincheró con las fuerzas armadas y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna de combatir al crimen organizado, aunque en el fondo lo que hacía era protegerse de cualquier protesta social generalizada. Esto haría imposible que este nuevo gobierno intentara siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro del Ejército Mexicano en el delito de robo de combustibles a Pemex.

Según cálculos del exdirector general de Pemex Refinación y actual senador panista, Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para controlarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en este sexenio el Ejército se ha vuelto intocable, por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la impunidad, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de la impunidad y encubrimiento lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también al actual director corporativo de Administración, Rosendo Alfredo Villarreal Dávila, quien conoce a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.

Se trata de un acto de protocolo –el acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor, Aguilar Valenzuela– que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo 10 donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.

Las complicidades del robo de combustibles

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos. Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz.

Sin estándares de seguridad

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Además, explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

Al respecto, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice que “para preservar la integridad física del personal, instalaciones, bienes y valores de Petróleos Mexicanos, organismos subsidiarios y empresas filiales contra riesgos, amenazas y daños intencionales provenientes del interior o exterior de las instalaciones, la institución cuenta con una Gerencia de Servicios de Seguridad Física”.

Agrega que “cuando se tiene conocimiento de algún ilícito se presenta la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de realizar las investigaciones y en su caso fincar responsabilidades”. Es todo lo que reporta esa área de supuesta información.



oficiodepapel@contralinea.com.mx
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Un hombre llamado fracaso


Álvaro delgado

MEXICO, D.F., 1 de septiembre.- La decisión de Felipe Calderón de enviar a Juan Camilo Mouriño a la Cámara de Diputados para entregar al Congreso el informe del segundo año de gestión gubernamental es una muestra de desprecio a quienes con sinceridad se manifestaron, el sábado, justamente contra la delincuencia y la impunidad.

Sólo por ignorancia, complicidad o simulación --esa enfermedad nacional que ahoga a la sociedad-- puede soslayarse que Mouriño es un delincuente confeso de usar sus influencias como servidor público para beneficiar a los negocios familiares, y ya hasta panistas reconocen que ese comportamiento es un ejemplo más de la ruptura de carácter ético del partido de la derecha.

Por supuesto, la multiplicación de las conductas delincuenciales desde el poder --esas que soslayan los histéricos locutores y amanuenses oficialistas-- no se explica sin la impunidad, sello de la casa con Calderón, tal como lo expresó Germán Martínez, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), en una declaración que se enmarca en la galería de las desvergüenzas: “Que quede muy claro: En Acción Nacional lo respaldamos, lo hacemos con orgullo. Él es una muestra de la nueva clase política que está construyendo el país, una buena muestra de profesionalismo, de decencia pública y capacidad. ¡Eso representa Juan Camilo Mouriño!”.

Martínez expresó, con esas palabras, la hondura de la impunidad en la actual administración, pero lo hizo sobre todo en los hechos cuando fungió, transitoriamente, como secretario de la Función Pública, en teoría encargado de vigilar el comportamiento legal y ético de los servidores públicos, de los exfuncionarios y de sus parientes.

Fue la política del encubrimiento y no su breve paso para luego presidir por órdenes de Calderón el apéndice partidista del gobierno --como él mismo lo aceptó y consta en el libro El engaño: Prédica y práctica del PAN-- lo que explica que Fox no sólo ostente groseramente su fortuna --y las de sus hijastros--, sino que haya sido llamado como mariscal del inminente proceso electoral.

Así, en materia de combate a la delincuencia común y organizada, incluyendo la que ostenta cargos gubernamentales --como lo prueba el caso Mouriño, Fox y su mujer--, los marchistas del sábado 30 de agosto pueden estar seguros de que no ocurrirá nada eficaz, más que encuentros de relaciones públicas como los efectuados el mismo domingo, con Calderón y Marcelo Ebrard.

Ocurrió exactamente lo mismo hace cuatro años: Entre los 80 puntos que hizo suyos, como ahora Calderón y Ebrard –y seguramente lo harán el resto de los gobernadores, incluyendo el señoritingo Enrique Peña--, Fox les dio por su lado a los convocantes y se comprometió a crear, por ejemplo, un Instituto de Seguridad Pública y Justicia Social, que hasta se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Nada ocurrió por una sencilla razón: No hubo voluntad política y se mediatizó la legítima expresión de un importante sector de la sociedad civil para fines políticos, particularmente en la disputa electoral del 2006. Ahora, lamentablemente, se apunta en el mismo sentido, en una maniobra distractora para encubrir un problema tan grave como la inseguridad: La implacable crisis económica que se abate sobre la sociedad.

La semana pasada, en este espacio, apuntamos el deterioro de indicadores económicos, que ahora ratificamos: La inflación se dispara --el Banco de México hoy justamente subió su estimación de 5.07 a 5.61%--, mientras que se sigue contrayendo la actividad productiva --el año pasado el gobierno estimaba un crecimiento de 3.7%; en enero redujo sus estimaciones a 2.8% y ahora si acaso será de 2%--, cae la inversión nacional extranjera, las remesas de dólares que envías los mexicanos de Estados Unidos se desploman y el desempleo cunde.

Hoy mismo, lunes 1 de septiembre, se materializó otro gasolinazo: El precio del litro de las gasolinas subieron entre dos y tres centavos. Y de pilón, el pactito que Calderón firmó con las grandes cadenas de supermercados para congelar los chiles enlatados --previamente reetiquetados-- se desbarató, como se había anticipado.

Por eso no es cierto lo que desde las atalayas oficialistas se grita con histeria: Que el grupito --cada vez menor, como miden las encuestas-- de fanáticos de Andrés Manuel López Obrador quiere “tumbar” a Calderón.

En realidad, este personaje, si cae, no será en razón de un plan cuidadosamente urdido por sus más fieros adversarios --que para él y su jauría son enemigos--, sino por su propia ineptitud y el hartazgo de quienes lo llevaron al cargo, es decir, el amasijo de intereses a menudo delincuenciales entre políticos y traficantes de influencias, uno de cuyos ejemplares se llama Juan Camilo Mouriño.

Sí, el mismo que hoy --por cierto, estrenando lentes-- entregó en la Cámara de Diputados una copia del informe de gobierno, un documento burocrático en el que --en una rápida lectura-- no se atisba ninguna grandeza…

Apuntes

Pero si Calderón no cumple como gobernante de todos los mexicanos, no lo hace ni siquiera con los suyos: Justo a la hora en que Mouriño llegó al recinto de San Lázaro, a unos pasos de ese lugar la diputada federal del PAN Dolores de María de Manuell-Gómez Angulo, mejor conocida en Baja California como Dolores de Méndez, inició una huelga de hambre en protesta por las altísimas tarifas de luz eléctrica que, en campaña, Calderón se comprometió a bajar si votaban por él y que ya se le olvidó. Los habitantes de Mexicali pagan tarifas 58% más altas y los recibos son de más de 5 mil pesos mensuales y por eso le exige a Calderón que cumpla con su palabra de aplicar un subsidio. La legisladora, quien se define como “socialista” en el PAN, tiene antecedentes de rebeldía: Cuando fue diputada local entre 1989 y 1992, justo cuando el PAN conquistó con Ernesto Rufo la primera gubernatura, se declaró independiente y fue suspendida de sus derechos. Ahora no sólo está dispuesta a que la expulsen del PAN, como ya la han amenazado, sino inclusive a morir. “Ya viví 60 años”, dice la mujer, quien desde aquellos años proclamaba: “Soy luchadora social por encima de siglas y partidos”… Aunque constitucionalmente se finiquitó el mensaje del jefe del Ejecutivo en turno en sesión de Congreso General --uno de los rituales más grotescos del régimen presidencial vigente--, la reforma electoral permite que, por ejemplo, funcionarios como Calderón utilicen tramposamente la autorización legal para que durante 13 días fastidien con propaganda a los ciudadanos, sobre todo en radio y televisión. Pero si de suyo es grave el despilfarro, que se replica con todos los gobernadores y alcaldes, de todos los partidos --con cargo al presupuesto público--, lo más deleznable es el tuteo de Calderón a los ciudadanos… Por cierto, por salud pública, es necesario que se informe --con veracidad-- sobre el estado que guarda la salud, física y sicológica, de Calderón para frenar especulaciones sobre las razones ciertas de su caída...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Los trapos sucios de Palin




Por Maru de Aragón


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Ni perdón ni Olvido al Usurpador, 1 septiembre 2008

1 de septiembre de 2008. Este día como ya es costumbre para la resistencia civil pacífica, los activistas acudieron a la residencia oficial de Los Pinos para recordarle al Usurpador Calderón que el pueblo no olvida que se robó la Presidencia de la República.

Como en esta ocasión esta en boca de todos el tema de la seguridad pública, los activistas aprovechando la cuantiosa presencia de la Policía Local y Federal, tiñéndose con sangre se tendieron en el piso en representación de las víctimas de estos casi dos años de dictadura panista, en los cuales se ha reiniciado la ofensiva contra las comunidades adherentes a La Otra Campaña, se han desmantelado radios comunitarias, se ha censurado periodistas de la talla de Carmen Aristegui, mientras que a otros se les ha asesinado o desaparecido, igual tratamiento se ha dado a diversos defensores de los derechos humanos, líderes campesinos, que decir de la gente que ha muerto a mano de los militares en retenes colocados en carreteras, pero acaso el genocidio más descarado es el que se pretende hacer con la privatización del petróleo y el gas, pues con ello condenarían a la desesperanza a millones de mexicanos no solo a los presentes sino también a las futuras generaciones.



Pero claro para todas estas víctimas no hay marchas televisadas, organizadas por empresarios que especulan con los precios de la canasta básica, que explotan a sus trabajadores, financian fraudes electorales y arrancan la esperanza de un verdadero cambio para el pueblo.

Crónica y Fotos: Jesús Palma.

AMLO TV

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OAXACA: La Guelaguetza de la Palabra, pendiente mientras se agreda a radios indígenas, define Asamblea.


AIPIN / Blanca Cruz


Zaachila. Más de un centenar de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, representantes de más de 20 emisoras se reunieron en lo que denominaron como de la Primera Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca en este municipio zapoteco.


La justa tuvo entre sus objetivos dialogar sobre la necesidad de avanzar en la conformación de una red u organización que permita a las radios libres y comunitarias de la entidad, caminar juntas en el fortalecimiento, defensa y permanencia de las radios libres y comunitarias como proyectos de comunicación que hoy resultan estratégicos para que los pueblos y comunidades de Oaxaca puedan seguir construyendo sus propios procesos de desarrollo.


La Asamblea tuvo lugar cuando en Oaxaca se intensifica, la represión, el hostigamiento, censura, bloqueo y desmantelamiento de diversas radios comunitarias en el estado, como el que sufrió “La Rabiosa”.


Durante la reunión en Zaachila, Omar Esparza, dio a conocer del aparatoso operativo integrado por funcionarios de la COFETEL, SCT, comandos de la PFP, Policía Estatal y Tránsito del Estado en Huajuapan de León para desmantelar la Radio La Rabiosa que desde el 103.5 FM funcionaba para diversas poblaciones y comunidades mixtecas y triquis con programación en torno al fortalecimiento de la lengua, la identidad y las culturas originarios, lo mismo que la proyección de temas sobre equidad de género, derechos de migrantes, entre otros.


Los asistentes mencionaron que el festejo grande de las radios: "La Guelaguetza de la Palabra" está aún pendiente y lo seguirá estando mientras comunicadores y periodistas sigan presos, existan estaciones cerradas o desmanteladas, además de que la censura, hostigamiento y bloqueo sigan presentes en Oaxaca y el resto de México.


Con la conciencia de que estos hechos forman parte de la permanente ola de fragmentación del tejido social de México y los pueblos que lo conforman, intensificada en los últimos años como parte del proyecto económico neoliberal y cultural neoconservador, los comunicadores mencionaron que las radios indígenas están hoy presentes para apoyar la resistencia y coadyuvar a la defensa de los territorios. "Las radios libres y comunitarias son hoy las barricadas que defienden la palabra", expresaron.


Acompañados de organizaciones regionales, radios comunitarias del estado de México, Chiapas, países como Suiza, Noruega y Francia, Radio UNAM, revistas y prensa escrita, colectivos de video, estudiantes de comunicación de diversas universidades, de bachilleres, directivos de la Universidad de California, CIESAS, UNAM, comités de derechos humanos, del magisterio, además de comuneros de la Villa de Zaachila y otras localidades y municipios cercanos, todos ellos radioescuchas de diversas emisoras comunitarias indígenas de Valles Centrales de Oaxaca; los convocantes agradecieron la amplia respuesta y participación que durante dos días de trabajo, se dio.


Los anfitriones confían en que este encuentro sea aprovechado para un intercambio de experiencias y la generación de estrategias, proyectos y modos de organización colectivos, amplios y cohesionados que les permitan continuar "en la lucha por la comunicación desde nuestros pueblos".


Los comunicadores aseguraron que sus radios están convencidas de seguir trabajando e incluso mejorarlo ya que se visualizan como una forma de comunicación decisiva para que los pueblos, organizaciones, movimientos sociales, y comunidades indígenas, reciban información real, tengan espacios donde expresar su propia voz y realicen un ejercicio pleno y permanente del "derecho a la comunicación y a la información.


Fue evidente que los asistentes, coincidieron en que la comunicación no puede estar condicionado a circunstancias políticas o jurisdicciones excluyentes; “cuando de lo que se está hablando es de un derecho fundamental", mencionó una joven radialista en los debates. "Lo que nos distingue es que somos medios de conciencia colectiva... estamos en el aire y seguiremos en el aire", afirmaron.


Además de conversar en todos los espacios de trabajo sobre la filosofía de lo que son las radios comunitarias, los concurrentes debatieron acerca de las situaciones que viven las radios en materias de Soporte Técnico, Producción Radiofónica, Soporte Político y Jurídico, Redes y Autogestión.


Los participantes ratificaron una vez más la imperante necesidad de hacer valer los derechos de los pueblos y comunidades a tener sus propios medios de comunicación, ya existentes en la Constitución Política pero no reglamentados.

Recordaron que en México sigue existiendo una violación permanente a este derecho fundamental a partir de la existencia de la Ley Televisa como una ley totalmente excluyente que solamente le garantiza a los grandes consorcios de la comunicación seguir haciendo negocios multimillonarios para enriquecer a sus dueños.


En este clima de exclusión jurídica y política, radios comunitarias de Oaxaca en esta primera asamblea sistematizan sobre las experiencias diarias en sus trabajos de comunicación que se debaten entre construir la autonomía de las radios apegándose al mandato colectivo de sus comunidades y tener que aceptar las condiciones de operación que imponen las instituciones y leyes federales a las radios comunitarias que cuentan con permiso y que no van acorde a sus propia forma de organización que han establecido.


Por ejemplo, mencionaron, "las radios que ya tienen permiso deben otorgar tiempos para promociones de partidos políticos cuando en sus comunidades o municipios lo que prevalece es un sistema de usos y costumbres o una normatividad interna comunitaria que otorga a la Asamblea Comunitaria la autoridad para decidir los contenidos y anuncios que se pasan en la radio", describió Sócratez Vázquez de Radio Jënpoj.


Situaciones específicas como ésta mostraron a lo largo del evento la enorme brecha aún existente entre las legislaciones y reglamentos federales y las visiones políticas y comunicativas de los pueblos originarios que habitan México desde antes que dichas leyes se crearan.


OAXACA: Pronunciamiento de la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias. Villa de Zaachila, Oaxaca, México


Nos reunimos en estas tierras zapotecas, venidos de muchos lugares y pueblos, hombres, mujeres, en su mayoría jóvenes y también mayores, representando a nuestras radios comunitarias para decir nuestra palabra libre en Asamblea, con el propósito de reflexionar y analizar nuestro quehacer de comunicación comunitaria frente a un Estado Mexicano que niega el libre acceso al espectro radioeléctrico y con ello nos impide el ejercicio del derecho a la información, la comunicación y libertad de expresión, derechos colectivos fundamentales de nuestros pueblos. Las leyes existentes en materia de comunicación no corresponden a la realidad de nuestras comunidades.


En nuestros días, el Gobierno Mexicano, bajo el argumento de proteger a la sociedad y garantizar la seguridad nacional, intensifica su violencia hacia nuestras comunidades utilizando su aparato militar y policiaco, desmantela nuestras radios, censura y bloquea nuestras señales radiales, desconoce y criminaliza el trabajo educativo, recreativo, de fortalecimiento lingüístico y cultural que hacemos como comunicadores día con día.


Estando también presentes diversos colectivos, organizaciones regionales, miembros de radios comunitarias de otros estados como Estado de México, Chiapas y de otros países como Suiza y Francia, revistas y prensa escrita, colectivos de video, estudiantes de comunicación de diversas universidades y bachilleratos, comités de derechos humanos, miembros de la Sección 22 del magisterio, además de la llegada independiente y voluntaria de comuneros de la Villa de Zaachila y de otras comunidades y municipios cercanos, conscientes de nuestros plenos derechos como ciudadanos y colectivos,


AFIRMAMOS QUE:


En estos días juntos, unidos, pudimos avanzar en nuestra reflexión y en el análisis sobre la realidad de nuestras radios, sus aspiraciones, preocupaciones y alternativas.


Nos damos cuenta que es necesario seguir caminando juntos para superar nuestra adversidades. Somos los continuadores de culturas milenarias heredadas de nuestros antepasados. Hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir construyendo nuestra propia historia, con nuestros propios saberes, desde radios comunitarias al servicio de nuestros pueblos y comunidades.


Seguiremos haciendo uso de nuestros legítimos derechos a la libertad de expresión y de información.


Seguiremos utilizando el espacio radioeléctrico no con fines de lucro sino con fines sociales.


No estamos en contra de las Nuevas Tecnologías sino que consideramos éstas deben estar para servir a las comunidades y fortalecer a los procesos organizativos que nos permitan transformar nuestra realidad de exclusión y marginación imperante en el mundo.


Como radios comunitarias, somos libres y participativas. Llevamos los micrófonos y las cabinas a la vida sencilla y cotidiana de las familias que habitan en las comunidades. Hablamos de las cosas que nos preocupan y coadyuvamos a que se generen propuestas y soluciones a favor de la justicia social.

EXIGIMOS AL ESTADO MEXICANO:


Reformar el marco jurídico vigente: la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que éstas respondan a las necesidades de comunicación de la sociedad mexicana, de sus pueblos y comunidades, con sus propias sus realidades, contextos locales.


Reconocer real y plenamente el derecho a la información y comunicación de los pueblos y comunidades indígenas, de adquirir y administrar sus propios medios, reglamentando el Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana.


Exigimos el cese inmediato al hostigamento, censura, persecución y desmantelamiento de los proyectos de comunicación libres y comunitarios, así como el alto a la represión, desaparición y asesinato de periodistas y comunicadores.


PROPONEMOS A LA SOCIEDAD MEXICANA EN GENERAL


Que así como nosotros, todas y todos exijan al Estado Mexicano el respeto al libre ejercicio de sus derechos de expresión.


Los invitamos a construir sus propios medios de comunicación locales, regionales, nacionales, donde sus voces, su sentir y su pensar se vean realmente reflejados.


RESOLVEMOS


Constituirnos en Asamblea Permanente de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca.


Nombramos a una Comisión Provisional que dará seguimiento y cumplimiento a los acuerdos emanados de esta Asamblea.


Respaldamos la realización y participación en el Segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena.


Juntos, respetando nuestras diversidades nos seguiremos fortaleciendo en la defensa, resistencia y construcción de nuestros proyectos comunicativos.


No vamos a pararnos. Nuestra palabra seguirá caminando, nuestras voces seguirán en el aire.


Estaremos atentos a cualquier agresión y preparando los mecanismos para protegernos y defendernos todos juntos.


Si golpean a uno golpean a todos.


¡VIVA LA ASAMBLEA DE RADIOS LIBRES Y COMUNITARIAS DE OAXACA!


Dado en el territorio ancestral del Pueblo de Zaachila, a los 31 días del mes de agosto de 2008


RELACIÓN DE RADIOS, ORGANIZACIONES, COLECTIVOS, ASISTENTES A LA PRIMERA ASAMBLEA DE RADIOS COMUNITARIAS Y LIBRES

RADIOS ESTATALES

1. LA PERLA DE LA MIXTECA

2. RADIO SATÉLITE

3. RADIO DIXHASA

4. RADIO CALENDA

5. RADIO GUETZA

6. RADIO PLANTÓN

7. ESTEREO COMUNAL

8. HUARACHE RADIO

9. RADIO AYUUK

10. ÑUU KAA RADIO

11. RADIO JEN POJ

12. RADIO COMUNITARIA LA COLECTIVA

13. RADIO TUPA DE COSOLTEPEC

14. RADIO DE TOTONTEPEC

15. RADIO ARCOIRIS

16. RADIO COMUNITARIA DE SANTIAGO NOYOO

17. RADIO YAXHIL

18. RADIO NNANDIA

19. RADIO COMUNITARIO DE TAMAZOLI

20. ZAACHILA RADIO

21. RADIO LA PEQUE

22. DIZHAKIERU RADIO 106.5 FM


RADIOS NACIONALES

1. RADIO CHAPINGO

2. RADIO FARO

3. RADIO UNAM


RADIOS INTERNACIONALES

1. RADIO LORA DE SUIZA

2. RADIO ZINZINE 92.1 DE FRANCIA


UNIVERSIDADES

1. UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UCLA)

2. UNIVERSIDAD DE FLORIDA

3. UNIVERSIDAD DE CHAPINGO

4. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM)

5. UNIVERSIDAD DEL MAR (UMAR)

6. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.(UPN)

7. ESCUELA DE AGUA Y ENERGÍA DE CHIAPAS

8. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES


ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

1. ASAMBLEA MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS (AMARC)

2. AGENCIA INTERNACIONAL DE PRENSA INDIGENA (AIPIN)

3. REVISTA INDEPENDIENTE 3D2

4. REVISTA CONTRALÍNEA (UNAM)

5. COMISIÓN DE LA APPO

6. RED DE RADIOS COMUNITARIAS CARACOL

7. RED DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GENERO

8. RED DE RADIOS Y TELEVISIONES COMUNITARIAS CACTUS

9. COMITÉ 25 DE NOVIEMBRE

10. LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, OAX. (LIMEDDH).

11. MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO

12. COLECTIVO AUTÓNOMO ORBITA

13. COLECTIVO VEINTE DE JUNIO

14. COLECTIVO LIBERTARIO MAGONISTA

15. MILITANTE OPOSICIÓN DE IZQUIERDA

16. PROYECTO LENIN (MICHOACÁN)

17. (CIPO – RFM)

18. MAGISTERIO SECCIÓN 22

19. ASAMBLEA DE COLONIAS (HUAJUAPAN)

20. REVOLUCIONEMOS OAXACA MEDIO DE INFORMACIÓN ALTERNATIVO

21. OJO DE AGUA

22. VOCES OAXAQUEÑAS CONSTRUYENDO AUTONOMÍA Y LIBERTAD (VOCAL)

23. ESPACIO DE COMUNICACIÓN DEL ISTMO

24. LA VOZ DEL CENZONTLE

25. FRENTE DE LA CORDILLERA NORTE MIXTECA

26. USIZONI

27. LA OTRA HISTORIA

28. PROMOTORES DE RADIO COMUNITARIA

29. BIBAANI

30. CIESAS

31. ASAMBLEA DE COLONIAS DE LA CIUDAD DE OAXACA

32. BRIGADA INDÍGENA- 94


INDEPENDIENTES

1. DIVERSOS PROYECTOS DE RADIO EN CONSTRUCCIÓN

2. EGRESADOS DEL TECNOLÓGICO

3. HABITANTES DE LOS PUEBLOS MIXES

4. HABITANTES DE ZAACHILA

5. HABITANTES DE TEOTITLAN DEL VALLE

6. PARTICIPANTES DEL MOVIMIENTO SOCIAL OAXAQUEÑO

7. HABITANTES DE LA CIUDAD DE OAXACA

8. HABITANTES DE NORUEGA

9. HABITANTES DE SAN LUCAS QUIABINI

10. SANTA CATARINA COATLAN

11. SAN JUAN BAUTISTA ETEPEC

12. HABITANTES DE PUEBLA

13. HABITANTES DE XOXOCOTLÁN

MEXICO: Criminalizan a radios indígenas.

Genaro Bautista / AIPIN



En un aparatoso operativo, a eso de las 10:30 de la mañana de este 29 de agosto, funcionarios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, respaldados por unos 25 militares adscritos a la Policía Federal Preventiva (PFP), policías del agrupamiento estatal y de transito local, irrumpieron en la Radio Comunitaria Indígena “La Rabiosa”, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), asentada en el territorio Mixteco de Huajuapan de León, Oaxaca.



La radiodifusora indígena "La Rabiosa" forma parte de la Red de Radios y TV Comunitarias Indígenas del Sureste de México, el mismo grupo a la que pertenece la Radio Triqui "La Voz que Rompe el Silencio" de San Juan Copala, cuyas locutoras Felicitas Martínez y Teresa Bautista fueron asesinadas apenas en Abril pasado.



En el momento del asalto de los funcionarios mexicanos, la emisora, transmitía –como parte de su barra programática-- contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.



Un operativo de corte militar fue lo que vivieron los locutores y colaboradores de la radio indígena, presentes en el momento de la acción policíaca.



Los comunicadores indígenas, informaron que en fechas anteriores, habían solicitado tanto a Luis H. Alvarez titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), como al Diputado Federal Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, se estableciera una tregua para las radios comunitarias mientras se definía una nueva regulación legal.



Sin embargo esta tregua no llegó pero si el desmantelamiento de radios indígenas quienes en los últimos meses han sufrido el decomiso de su equipo u otras acciones de hostigamiento.



Es público que en Oaxaca varias radios comunitarias indígenas -cuenten o no con permiso-, han padecido la agresión en los últimos años por grupos caciquiles priistas (afines al Gobernador Ulises Ruiz), o por operativos realizados por la policía estatal o por policías federales, que actúan de manera arbitraria e ilegal.



En el mes de julio del 2007, la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN), acusó al Congreso de la Unión mexicano de violar los derechos de los pueblos indígenas de éste país, al no efectuar las modificaciones legislativas necesarias, que garanticen el derecho a la comunicación e información de las sociedades originarias, a fin de que cuenten con sus propios medios informativos.



Derivado de este señalamiento, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, con su símil en el senado y otras instancias civiles y públicas, convocaron al Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI), en septiembre pasado, de donde emanaron exigencias como que el ejecutivo federal estableciera una tregua para evitar el desmantelamiento de los medios indígenas como “La Rabiosa”, en tanto el legislativo efectúa las enmiendas necesarias, pero al parecer esto quedó en el limbo.



La mencionada tregua que tanto el Grupo Plural de Senadores responsable de la redacción de una nueva Ley de Medios, de la Comisión de Asuntos Indígenas e incluso de la CDI, no ha sido tomada en cuenta por la Secretaría de Gobernación, la Cofetel y la SCT, quienes de manera prepotente, se encuentran reprimiendo a las radios indígenas.



El acto oficial, desacata el dictamen de la SCJN, del respeto de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios.



En México, el marco legal existente en materia de medios viola este precepto en clara violación al derecho que tienen los pueblos indios a contar con sus propios medios de comunicación, reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos los Pueblos Indígenas, aprobada por su Asamblea General el 13 de septiembre del 2007.



El hecho policiaco, ha motivado la protesta de organismos entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), la Asamblea de Radios Libres y Comunitarias de Oaxaca, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) y el mismo Congreso Nacional Indígena (CNI), quienes exigen al gobierno mexicano, la devolución del equipo decomisado a la Radio Comunitaria La Rabiosa y exige al Gobierno Federal, garantizar al derecho que tienen los pueblos indígenas a operar sus propios medios de comunicación.



Las organizaciones de periodistas y pueblos indígenas, demandan que el gobierno atienda reclamos de la ciudadanía como la violencia extrema y deje de perseguir a los comunicadores. Los agraviados recuerdan que mientras este abuso contra la radioemisora indígena se perpetra, el crimen de las locutoras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martínez permanece impune a pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR), atrajo el caso obligado por la presión del gremio periodístico.



En el operativo contra “La Rabiosa”, se encontraba personal de la radiodifusora, un locutor y un programador en cabina, el director de la estación Alfredo Landa y el coordinador de CACTUS Omar Esparza, quien después de ser avisados de la confiscación del transmisor, una computadora, mezcladora, micrófonos, audífonos, material discográfico y útiles varios de audio, discutieron con los oficiales, por no haber sido notificados.



Esparza, expuso a Pedro Daniel Reyes Gómez, Alfonso Azpeitia y Moisés Burgos Gregarios de la SCT y COFETEL, que la trasmisión de la radio estaba en fase de prueba.



No obstante, los oficiales quienes se identificaron como Inspectores-Verificadores adujeron ejecutar una orden en base a la Ley Federal de Telecomunicaciones. En un acto intimidatorio, señalaron que los comunicadores estaban cometiendo un delito Federal y que era un acto administrativo, pero que si había oposición pedirían la intervención de un Ministerio Publico Federal para efectuar la detención del personal.



El director general de "La Rabiosa" a su vez, coordinador de la Red de Radios Caracol en la región mixteca y triqui, Fredy Landa, abundó en torno al caso, manifestó que agentes PFP se presentaron en el municipio de Huajuapan de León para llevarse los equipos.



"Llegaron sin una orden, ni notificación, sólo nos dijeron que si nos oponíamos traerían al agente del Ministerio Público y se llevaron todo, transmisor, equipo de cómputo, antenas, todo el equipo, nos dejaron en cero", relató.



Landa agregó que este desmantelamiento se da en vísperas del Encuentro de Radios Comunitarias y Libres, que se realizaría los días 30 y 31 de Agosto de 2008 en el municipio de Zaachila, en los Valles Centrales de Oaxaca.



Explicó que estas difusoras de radio pertenecen al Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) y transmitían contenidos educativos, culturales y sociales en esta zona indígena mixteca.



El operativo, acusan los afectados, se inscribe en una escalada nacional contra las radios comunitarias, que incluye desde campañas negras que las acusan de "radios piratas" hasta el asalto y saqueo de las estaciones a cargo de fuerzas federales y locales, en operativos fuertemente armados. Uno de los blancos de esta escalada han sido las emisoras de organizaciones adherentes a La Otra Campaña, particularmente las radios indígenas.



La Rabiosa, ubicada en la ciudad de Huajuapan de León, en la Mixteca Oaxaqueña, transmitía en el 103.5 de FM, en etapa de prueba, desde hace cinco meses, declaró Omar Esparza.



El artículo 2 de la Constitución Mexicana señala que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de: "Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen." A pesar del mandato las autoridades de los tres niveles de gobierno no solo incumplen su obligación, sino que reprimen, golpean, saquean y boicotean los intentos y propuestas de los pueblos indígenas para ejercer su derecho a tener sus propios medios de comunicación, en este caso una radio comunitaria, cultural, educativa y social, acusan los comunicadores.



Ahora los periodistas, esperan una reacción decidida del Congreso de La Unión, a fin de que estos agravios no queden impunes y les restablezcan las garantías para seguir transmitiendo recuperando para ello sus herramientas de trabajo.



Toca a los presidentes de las Comisiones de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y de Senadores, los legisladores Marcos Matías Alonso y Andrés Galván respectivamente, actuar en consecuencia pero en esto también se espera la participación de sus símil de Radio y Televisión de ambas cámaras, Carlos Sotelo y Verónica Velasco.



Un hecho así no puede quedar en el olvido, confiemos en que los parlamentarios asuman sus responsabilidades y compromisos con los pueblos indígenas.