martes, 23 de septiembre de 2008

ACTORES DAN SU APOYO A LA PROPUESTA CIUDADANA PARA MODERNIZAR PEMEX DEL FAP



El Gobierno Legítimo de México da a conocer un video donde participan ciudadanos dedicados al espectáculo, como son: Jorge Zárate, Bruno Bichir, Mario Ivan Martinez, Dolores Heredia, Margarita Isabel, Eugenia León, Joaquin Cosio, Julieta Egurrola, Laura Esquivel, Daniel Giménez Cacho y Hector Bonilla, estos dan su total apoyo a la propuesta ciudadana para modernizar PEMEX, la cual fue presentado en el congreso por el FAP, además le dicen "NO" al la propuesta privatizadora del PRI-AN, pidiendo a la gente que se informe y no crea en los spot del gobierno espurio.

con campañas de unidad????

Calderòn, recordman mundial



Es falso que Felipe Calderòn Hinojosa haga mal las cosas. De hecho està a punto de romper un record mundial que merece ser registrado en el libro Guiness: el record del mandatario que ha acumulado màs crisis en el menor tiempo posible. Vean si no.

Las elecciones presidenciales de 2006 –las màs cuestionadas de nuestra historia- dejaron al gobierno en una crisis de legitimidad severa. La crisis del modelo neoliberal era ya insostenible, pero el actual gobierno panista busca llevarla màs adelante. Calderòn no se da por vencido ante los problemas y ha logrado profundizar estas crisis y crear otras donde no las habìa. Su “guerra contra la delincuencia” sumergiò al paìs en una crisis servera de seguridad. Las exoneraciones inexplicables de Mario Marìn y Juan Camilo Mouriño metieron a las instituciones de justicia en una crisis de confianza. El proyecto de reforma energètica ha contribuido a profundizar la crisis polìtica del paìs.

¡Pero esto no es todo! A lo anterior hay que agregarle la crisis econòmica que viene por la recesiòn y el desastre financiero de Estados Unidos.

Tal vez nos fue mal en las Olimpiadas de Pekín, pero la proeza de Calderòn lo borra todo. ¡En menos de 2 años, Felipe, nuestro Felipe, ha llevado al Estado mexicano a una de las crisis màs profundas de su historia… y todavía tiene cuatro años màs para perfeccionar su hazaña! ¿Se imaginan cuàntas nuevas crisis se le pueden ocurrir al ocupante de los Pinos? ¡Ànimo, campeòn!

El atentado terrorista –perpetrado, al parecer, por sicarios de narcotraficantes- que ocurriò en Morelia la noche del 15 de septiembre contra civiles indefensos, llena de luto y dolor a todos los mexicanos y obliga a una reflexión severa sobre el estado que guarda la Naciòn.

Después del atentado, Calderòn dio un discurso en el que insinuò que la oposición es responsable del clima de violencia, llamò a la unidad nacional en torno a su gobierno y pidiò ayudarlo a mantener el rumbo del paìs. Sin embargo, el rumbo de Calderòn està sembrado de crisis. El capitalismo salvaje lleva a la barbarie, el abuso a la divisiòn y el fraude a la ilegitimidad. Para salvar a Mèxico, es indispensable cambiar el rumbo.

Fuente Revista El Chamuco

VIDEO: Spot de El Fraude 2006 en EE. UU.



http://www.youtube.com/watch?v=5Bb4v5DeXrU

Cartòn de Hernàndez

Interrumpen diputados comparecencia de Juan Camilo Mouriño



Con gritos que exigen su renuncia, legisladores del Frente Amplio Progresista han interrumpido en varias ocasiones al Secretario de Gobernación, quien comparece en San Lázaro como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno

Alberto Morales, Juan Arvizu y Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Ciudad de México Martes 23 de septiembre de 2008

Diputados del federales del PRD interpelaron al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, al grito de “¡renuncia! ¡renuncia! ¡renuncia!”.

El diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, invitó en tres ocasiones a los legisladores a tomar sus curules y guardar silencio para cumplir el formato que ha sido votado para la comparecencia.

“Les pido prudencia y mantener el orden en el pleno. Entendemos sus inquietudes, pero les pido se sometan al acuerdo parlamentario que nosotros mismos votamos”, dijo Duarte.

Antes legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sacaron una pancarta con la leyenda “¡Ya vienen los piratas por el tesoro!” y carteles con el mensaje “Salvemos a México".

Minutos previos, el diputado Othón Cuevas (PRD) regaló al secretario de Gobernación un busto de Benito Juárez.

Además de Mouriño, comparecen ante el pleno de la Cámara el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Objetivos de la Alianza Educativa Gordillista



La Alianza por la Calidad Educativa , firmada por Felipe Calderón Hinojosa y Elba Esther Gordillo Morales el 15 de mayo de 2008 vulnera los derechos al trabajo, al escalafón y al ascenso a plazas directivas establecidos en la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. También niega la necesidad de las escuelas normales e impone un modelo educativo productivista, deshumanizante, tecnocrático y de sumisión a los organismos financieros internacionales.

Dicha alianza desconoce la antigüedad, la experiencia técnico-pedagógica y preparación de los docentes e impone un sistema de evaluación alejado de los intereses de la educación pública y cercana a los designios de los ricos del mundo a la vez que fortalece el corporativismo sindical impuesto por Elba Esther Gordillo al tener un mayor control de las promociones laborales en las plazas de trabajo.

No solo es uno más de los agravios contra el derecho a la educación pública, laica, popular, obligatoria y gratuita, sino que inhibe la democratización del país.

Granadas contra la Muchedumbre: ¿Auto Atentado?



Alfredo Velarde

La incontrolada y al parecer incontrolable onda expansiva de la violencia que se difunde a todos y cada uno de los intersticios de nuestra desgarrada sociedad mexicana en crisis, obliga a un tipo de diagnóstico sobre las relaciones de causa-efecto y las motivaciones últimas del fenómeno . Infortunadamente, la estulticia congénita del (des) gobierno calderonista , al parecer, no puede ni quiere ofrecer tal procedimiento-diagnóstico , como se ha mostrado y demostrado ya en repetidas ocasiones con estremecedora elocuencia.

Este es, indudablemente, uno de los motivos cardinales que concurren en la explicación, de fondo, referida a por qué la cauda monumental de iniciativas que los tres órdenes de gobierno “desarrollan” (o dicen desarrollar) para paliar el crecimiento exponencial de la violencia , no encuentra como fenómeno de acompañamiento y correlato suyo, si no la erradicación , cuando menos el acotamiento de los hechos delictivos a niveles medianamente tolerables.

Las cosas se están haciendo al revés, no sabemos si deliberadamente, y, en éste caso, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Su resultado? En el mejor de los casos, meros palos de ciego , en principio sin otras connotaciones que la malversación de fondos públicos tirados a raudales bajo pésimas prioridades, para “mantener a raya” a una delincuencia desatada que ha terminado por pintarle la cara al gobierno, toda vez que ha terminado por desbordarlo y exhibirlo puntualmente con toda la plenitud de su ridículo .

Y lo señalo así, porque la hasta hoy impune detonación de dos granadas de fragmentación que cobraran ya las vidas inocentes de 8 personas y decenas de heridos más de distinta gravedad, en ocasión de las fiestas patrias en la capital michoacana, el pasado 15 de septiembre, coloca en una situación-límite la ostensible condición de precaria gobernabilidad tambaleante que ya permea, reblandeciéndolo, al conjunto de los poros del Estado mexicano y que se difunde a todos sus gobiernos estatales y municipales . De suerte tal que, emitir declaraciones como las que el taimado gobierno del estado de Michoacán hizo, al frente del cual está Leonel Godoy , en el sentido de que los datos que hasta la fecha han recabado las autoridades policiales de la entidad y del propio gobierno federal, resultan insuficientes para la identificación de los autores materiales e intelectuales de los atentados en Morelia, no revelan sino la profunda incapacidad de las autoridades, y que, al parecer, están buscando en éste caso, como en muchísimos casos más, a los culpables de los eventos de violencia, donde éstos no están.

¿Lo dicen en serio o lo hacen a propósito? Persistir en ese encuadre, supone, de antemano, que no se conocerán a sus autores ni se les fincarán las responsabilidades judiciales por el incalificable hecho . Resulta sorprendente, en todo caso, el hecho de que entre los ríos de tinta que han corrido y las toneladas de papel en que se han impreso a lo largo de la semana las opiniones e impresiones de los oficiosos profesionales de la prensa del régimen, casi todos coincidan en apuntar, con su dedo flamígero y sin excepción, a la delincuencia organizada en abstracto, al hampa en general o acaso al narco , como los autores “evidentes” del atentado con granadas a la muchedumbre durante la verbena popular de Morelia. Hubo, sí, un imbécil, que en un exceso verbal sin sustento alguno, acusó enloquecido y directamente, al más fresa de los opositores al régimen, Andrés Manuel López Obrador , de la autoría del ominoso acontecimiento: Antonio Dávila , del canal 7 de la Televisión Coahuilense cuya frecuencia es XHRGC , pretendiendo con inutilidad fincar una responsabilidad política violenta, al más pacifista de los opositores light , en un malabarismo que lo convirtió, ipso facto , en un “terrorista” de hecho. Más allá de que al merolico responsable del despropósito se le debiera cancelar su licencia de locutor, ¡cuanta vulgaridad periodística!

¿Y si no fueran las cosas así? ¿Si quienes perpetraron la agresión con granadas a la multitud indefensa en Morelia, fueran, por ejemplo, sicarios a sueldo del gobierno federal? Nadie, entre los muchos opinadores profesionales que he tenido tiempo de revisar, a lo largo de la semana, manejó la especie de una suerte de “escalada terrorista” de tintes políticos , sino que la tendencia dominante, fue a señalar, no sin estrabismo , a los grupos delictivos sin más. Por de pronto, el grupo delictivo La familia de Michoacán, ya se deslindó del hecho, acusando a Los Zetas . Pero lo más curioso de todo, es que ningún grupo delictivo, desde la ilegalidad, podría obtener beneficio alguno de tan enloquecida empresa, que no sea su más insistente persecución.

¿Por qué habrían de hacerlo? ¿Acaso para mejorar los términos de una eventual negociación en lo oscurito con las autoridades federales? Por desgracia para la torpeza casi proverbial del gobierno calderonista, los únicos que parecen tener motivos, lo suficientemente poderosos para actuar de manera tan criminal, en contra de gente inocente, es, nada menos que el gobierno federal . Cualquier criminalista que se respete a sí mismo, sobradamente sabe que en una investigación policial, las causas de un ilícito se relacionan íntimamente con los beneficios que la comisión de un delito podría traerle a quien lo comete.

¿Quién podría beneficiarse directamente de la histeria colectiva creada por la crisis de seguridad que atraviesa al conjunto del país? El propio Estado y sus gobiernos, que están pidiendo facultades extra legales y meta constitucionales para hacer caminar al país en dirección al fascismo . Descontado el hecho de que el único terrorismo que mis ojos, astigmáticos o miopes, alcanzan a ver en México, es el terrorismo de la actual política económica que comandan los yuppies neoliberales , es evidente que en política, lo que parece, termina siéndolo . Sólo los que desean la implantación de la pena de muerte , la criminalización de la protesta social y la evaporación del respeto a los derechos humanos , podrían beneficiarse de los abominables acontecimientos de Morelia. ¿Quién más?

Acusa la guerrilla a FECAL de escalada del Narco



José Gil Olmos

MEXICO, D. F., 22 de septiembre (apro).- Cinco grupos armados responsabilizaron al gobierno de Felipe Calderón del crecimiento del narcotráfico y de la violencia en el país, y reiteraron su propósito de formar una coordinadora nacional guerrillera.

En su octavo "Manifiesto a la Nación", los grupos Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo(TDR-EP), Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA-2D), y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM) acusaron tambiénn a la clase política de estar vinculada con el crimen organizado.

En un comunicado, dichos grupos, que desde hace al menos dos años operan en unidad, fueron los que en noviembre de 2006 se adjudicaron las explosiones en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral y en oficinas bancarias, en protesta por el triunfo de Felipe Calderón al que consideran como un presidente "ilegítimo" por haber ganado a través del fraude y con el apoyo de grupos empresariales de derecha, y también por la impunidad con que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, salió del conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En mayo pasado, esos grupos guerrilleros declararon una tregua en sus acciones militares, en solidaridad con la demanda del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de presentar con vida a sus dos militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mediados de 2007.

Ahora, en su nuevo manifiesto, los cinco grupos guerrilleros sostienen que el crecimiento de la violencia en el país es producto de la pelea entre los narcotraficantes por el control de la producción, trasiego y venta de las drogas.

"El origen de este brutal enfrentamiento se encuentra en el desmantelamiento neoliberal de que ha sido objeto el Estado y, por tanto, en la reestructuración de mafias dentro del gobierno en sus distintos niveles (federal, estatal y municipal) y al interior de los cuerpos policiacos y militares", apuntan.

Sostienen, así mismo, que los cárteles de la droga tienen protección gubernamental y que se han infiltrado en el sistema financiero, así como en los procesos electorales, incluso en los presidenciales.

"Por eso nació muerta la más reciente cumbre de seguridad. Y por eso seguirá fracasando todo intento de mantener la cohesión entre los organismos encargados del orden y la seguridad pública, pues los funcionarios que encabezan a dichos organismos son, al mismo tiempo, los jefes de las mafias que se encargan de vender protección a distintos cárteles de la droga y responden, por tanto, a intereses opuestos", afirman.

La alianza guerrillera insiste en varias parte del comunicado en los lazos entre narcotraficantes y políticos, y señala: "El gabinete calderonista ha empezado a cosechar así, los vientos golpistas y fraudulentos que sembró no sólo con el apoyo del sector empresarial más reaccionario y rapaz, sino también con el apoyo de sus propias mafias y con dinero del narcotráfico".

Advierten que el atentado en Morelia, Michoacán, está siendo utilizado por el gobierno de Calderón como una cortina de humo para ocultar su política entreguista "y su participación en la guerra de las drogas"; además, para aplicar su política de represión amplificando el despliegue militar y policiaco en todo el país, mediante retenes, cateos, patrullajes, detenciones arbitrarias, registros y allanamientos de casas-habitación.

Muestra de esta política de represión a los líderes sociales, señalan el caso de Ignacio del Valle, del movimiento de San Salvador Atenco, estado de México, recientemente sentenciado a 112 años de cárcel "por negarse a aceptar de rodillas el autoritarismo y la injusticia gubernamental".

La Guerrilla mexicana y los Bombazos en Morelia



JAVIER SOLORZANO ENTREVISTA A JORGE LOFREDO, INVESTIGADOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ARMADOS (CEDEMA)


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En la venta de BANAMEX, Francisco Gil Díaz participo directamente para que no se pagaran CYTY GROUP 3500 millones de dolares en impuestos


JAVIER SOLORZANO ENTREVISTA A GABRIEL REYES ORONA, ABOGADO Y EX PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN LOS TIEMPOS DE CUANDO GIL DÍAZ ERA SECRETARIO DE HACIENDA.



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Las explosiones en Morelia


La detonación de dos granadas explosivas en pleno “Grito” de Independencia, en Morelia, Michoacán, constituye una provocación contra la nación. El terrorismo es ajeno a la lucha del pueblo mexicano. Calderón y su gobierno aumentan la provocación y el miedo al “revolver” la crítica a sus opositores con los actos criminales.

Terrorismo contra la población

En plena celebración de “El Grito” en Morelia, Michoacán, “dos granadas de fragmentación estallaron de manera casi simultánea entre la multitud dejando un saldo de siete muertos y 132 lesionados. Uno de los estallidos ocurrió a menos de 50 metros de donde Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, encabezaba la ceremonia del Grito de Independencia; la otra granada explotó a cuatro calles del palacio de gobierno. Las explosiones ocurrieron en el momento en que las campanas de palacio y de catedral tañían al unísono”.

“El ataque provocó que se suspendiera el desfile militar del 16 de septiembre ante el temor de nuevas agresiones. Las principales calles de la ciudad fueron patrulladas por el Ejército; las zonas donde ocurrieron las explosiones quedaron cercadas, y fue hasta después del mediodía que los michoacanos se animaron a salir de sus casas para recorrer algunos sitios del centro, como la catedral y los portales”.

En 50 de los 113 municipios michoacanos el desfile conmemorativo de Independencia también fue cancelado ante la posibilidad de un nuevo ataque. Mientras, la capital michoacana nuevamente fue patrullada por partidas de militares.

La prensa nacional reportó que “los gobernadores de Chihuahua, Tabasco, Campeche y Veracruz revelaron que en las horas previas a la celebración del 15 de septiembre circularon en sus entidades una serie de correos electrónicos intimidando a la población para que no asistiera a las ceremonias nocturnas. La situación fue tal que en el caso del municipio veracruzano de Ixtaczoquitlán, el alcalde, Nelson Votte, decidió no dar el Grito”. Asimismo, “en los municipios de Petatlán y Arcelia, del estado de Guerrero, donde como en otras entidades desfilan estudiantes, las ceremonias del Grito y las paradas cívicas del 16 de septiembre también se suspendieron”.

“Se llegó al límite”, expresaron por funcionarios y políticos. Leonel Godoy, declaró que “este lamentable acontecimiento, condenable y cobarde, obliga a replantear el tema de lo está haciendo el crimen organizado, pues las víctimas fueron personas inocentes, gente muy humilde de colonias populares”.

¿Quiénes fueron y porqué?

Una de las líneas de investigación del gobierno federal en torno a lo sucedido en Morelia, “es que integrantes del crimen organizado, vinculados al cártel del Golfo, serían los responsables del estallido de dos granadas de fragmentación durante la celebración del Grito de Independencia”.

En primeras declaraciones “órganos federales de inteligencia descartaron la madrugada de este martes que el atentado hubiera sido provocado por grupos subversivos, “toda vez que cuentan con base social y sus ataques, por grandes o impactantes que hayan sido, no tratan de dañar a población civil, además de que los artefactos que usan son de distinta manufactura”.

Ese deslinde, respecto de los “grupos subversivos” resulta borroso si bien es prudente.

“Todo apunta hacia el narco”, dijeron la mayoría de políticos entrevistados. Puede ser. Durante la gestión de Calderón, su política se ha centrado en combatir al crimen organizado lo que ha llevado al ejercitó federal ha intervenir en funciones que no le son propias. En ya múltiples ocasiones, la sociedad hemos sido testigos de espectaculares enfrentamientos, filmados en vivo y transmitidos en directo, por la televisión privada.

En ese “combate” han caído muchos de ambos lados, incluyendo a mexicanos inocentes. En varias ocasiones se han denunciado atropellos de los soldados contra la población indefensa.

Cada vez es mayor la información macabra: encapuchados que allanan precarias habitaciones, decenas de decapitados, partes humanas enviadas en hieleras, levantados y desaparecidos. Y, todo ocurre en total impunidad. Nadie sabe quiénes son.

Provocación para militarizar más al país

¿Cuántos narcos importantes han sido detenidos? Ninguno. ¿A quiénes se ha detenido por los crímenes cometidos? A Nadie. Eso contrasta con el discurso triunfalista del gobierno federal. Entretanto, varios Estados del país están militarizados. La zozobra social es cada vez mayor.

En varias ocasiones, los enfrentamientos armados han sido de larga duración. Durante varias horas, ha habido intercambio de balas con el ejército utilizando armas de alto poder. Sin embargo, en días recientes, se ha pasado a otro nivel.

Primero, los ya varios allanamiento de morada en humildes casas de la capital y la provincia (Guanajuato, por ejemplo), en altas horas de la noche, por sujetos encapuchados, vestidos de negro y con visibles logotipos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Eso ocurrió en el reciente caso de La Marquesa, Estado de México, y, después, aparecieron 24 “desconocidos” asesinados, mismos que eran albañiles originarios de varias partes del país.

Las decapitaciones ocurridas en Yucatán y el envío de restos humanos en hieleras, ocurrido en Zacatecas, agravan el conflicto. Pero, las explosiones con granadas en Morelia han cambiado la situación. Lo ocurrido en Morelia es una acción típica de terrorismo. Algunos interpretan la acción como un mensaje al gobierno pero, lo cierto, es que se trata de una acción directa contra la población civil indefensa. ¿Ese es el plan de los narcos? No se descarta, esos criminales son despiadados, pero, su acción implicaría que han pasado a otro escenario de la “guerra”.

El terrorismo tiene objetivos políticos y estas acciones son más propias de la contrainsurgencia imperialista. Los narcos podrían estar en combinación con esos planes. Los sucesos de Morelia son una provocación cuyo objetivo es atemorizar a la sociedad y replegarla. Pero, por otra parte, son el pretexto para que el gobierno mexicano ejerza acciones de Estado y despliegue las fuerzas militares y policíacas a discreción.

Si ya ahora, la violación a las garantías individuales, por ciertos o supuestos agentes de la AFI, se está repitiendo impunemente, los hechos de Morelia podrían llevar a militarizar el país. Calderón está urgido de pretextos y, si éstos se le fabrican, lo que sigue es previsible. Esto le sería especialmente favorable al PAN y al PRI para imponer la privatización de Pemex.
¿A quién beneficia el crimen? A Calderón, al Estado neoliberal y al imperialismo. ¡He allí a los criminales! Ellos son y, a sus socio-narcos, también les conviene.

Calderón, inepto y provocador

Durante la ceremonia del 16 de septiembre, al intervenir como orador, Calderón demandó, “en esta hora crítica”, la unidad de todos los mexicanos “sin excepción”. Advirtió: se puede discrepar, pero no deliberadamente dividir ni enconar. Luego señaló que se equivocan quienes pretenden que el miedo haga presa de la sociedad y la inmovilice, y llamó “cobardes” y “traidores” a los autores del atentado en Morelia.

¿Unidad “sin excepción”? ¿Unidad para sostener a un Estado represivo y a un gobierno ilegítimo y criminal? ¿Por qué Calderón le llama “traidores” a los autores del atentado? ¿Traidores a qué o a quién? ¿A la Patria? ¿A Calderón, al PAN? ¿De qué está hablando?

En un discurso en el que, indistintamente, aludió tanto a los sucesos de la noche del 15 de septiembre en Morelia como a sus opositores, Calderón puntualizó: “se puede opinar distinto en la libertad que nos han heredado nuestros próceres, en el marco de libertad que el propio Estado garantiza, pero no se puede atentar contra el Estado”.

Esa “confusión” es deliberadamente mercenaria. ¿Por qué, Calderón, involucra a sus opositores con los criminales? ¿Qué tiene que ver la libertad de opinión con “atentar contra el Estado”? ¿Acaso los provocadores del terrorismo en Morelia actuaron por “opinar distinto en la libertad”? o ¿”en el marco de libertad que el propio Estado garantiza”?

La “mezcla” de percepciones y expresiones utilizadas por Calderón constituyen una grave provocación a la nación. Con ese “pretexto”, la criminalización a la lucha social podría tomar carta de naturalidad. Calderón se excede, verbal e impolíticamente.

¿Militarizar es la opción?

¿Es el anuncio de un mayor endurecimiento del Estado? Algunos políticos y caricaturistas han señalado que el Estado está muy débil, es casi inexistente. Confunden al Estado con el gobierno y había que precisar la debilidad y en qué consiste. Si es por la privatizaciones, como argumentan, el sector estatal de la economía es mucho menor que antes pero, eso, no se traduce mecánicamente en un debilitamiento político del Estado. Por lo demás, Estado y gobierno no son lo mismo.

En esta situación, la fuerza de los cuerpos de coerción, incluidas las policías, el ejército y la marina, siguen siendo fuertes. Por supuesto, hay contradicciones. Se supone que el ejército federal está para defender la soberanía de México. ¿Qué hace combatiendo a criminales narcotraficantes? ¿Esa es su función? ¿Qué hace al solapar la presencia de mercenarios en el propio gobierno federal al que “asesoran”? Ahora, por “lealtad” a Calderón, ¿dirigirán sus armas contra el pueblo?

Lucha social organizada

El deterioro de la vida económica, social y política del país es cada vez mayor. Se está en el umbral de una seria crisis económica que golpeará ampliamente a la sociedad mexicana. Socialmente, se está llegando a una verdadera descomposición basada en el crimen y la provocación política, deliberadamente orquestada mediante acciones terroristas. Políticamente, la ineptitud de los gobernantes pone a la nación ante el sometimiento imperialista.

¿Qué hacer en estas circunstancias? Desde el punto de vista del FTE es preciso discutir colectivamente la política, reforzar la organización social, proceder serena y organizadamente, no dejar de luchar ni caer en la provocación. El terrorismo es una acción ajena a la clase obrera y al pueblo movilizado en defensa de la nación.

En el caso de Morelia, no se trata de acciones individuales o aisladas, los hechos expresan una provocación deliberadamente montada, con apoyo logístico, con espectacularidad y sorpresa, y con la inocultable firma de la contrainsurgencia imperialista. Las cúpulas del Estado y gobierno federal en turno NO son ajenas a esta provocación.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

FAP 6. Ley reglamentaria petrolera


El FAP propone una Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que contraviene a la Constitución. Se apoya al contratismo, se adopta la definición de industria petrolera del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica, se reafirma un proceso de trabajo fragmentado, se aceptan acríticamente las contrarreformas petroleras de 1995 y se avala la privatización energética furtiva en marcha. Eso es inaceptable para la nación.

Se elude mencionar la prohibición de contratismo

Como parte de su iniciativa energética, el FAP presentó una propuesta de modificaciones y adiciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP, Ley reglamentaria petrolera).

El artículo 1º es parcialmente declarativo. Allí se indica “que corresponde a la nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible de todos los carburos de hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional”. ¡Correcto! Eso lo dice el artículo 27 constitucional.

El FAP agrega “con la extensión y alcance que determinan los artículos 42 y 27, párrafo octavo, constitucionales”. El primero se refiere a lo que comprende el territorio nacional y el párrafo octavo del 27 a la zona económica exclusiva fuera del mar territorial.

Sin embargo, no se indica lo que señala el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, es decir, que en materia de hidrocarburos “no se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares”. Entonces, se invoca “parcialmente” a la Constitución.

El artículo 2º. (actual), que no modifica el FAP, dice que “Solo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en términos del artículo siguiente”. Eso es erróneo porque, el “artículo siguiente” hace una definición incorrecta, por parcial y fragmentada, de la industria petrolera.

Definición de los legisladores

En el actual artículo 3º se define lo que “abarca la industria petrolera”. De acuerdo a las reformas de 1995 a esta Ley reglamentaria petrolera, se considera solamente a:

“I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución, y las ventas de primera mano que se obtengan de su refinación;

“II. La exploración, la explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración, y

“Se exceptúa del párrafo anterior el gas asociado a los yacimientos de carbón mineral y la Ley minera regulará su recuperación y aprovechamiento (párrafo adicionado DOF 26.06.2006).
“III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos, que a continuación se enumeran:
“1. Etano, 2. Propano, 3. Butanos, 4. Pentanos, 5. Hexanos, 6. Heptano, 7. Materia prima para el negro de humo, 8. Naftas y 9. Metano, cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenido de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos”.

Definición del TLC

En materia petrolera el TLC, en el capítulo V “Energía y petroquímica básica” indica que

“1. El Estado mexicano se reserva para sí mismo, incluyendo la inversión y la prestación de servicios, las siguientes actividades estratégicas:

(a) exploración y explotación de petróleo crudo y gas natural; refinación o procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y producción de gas artificial, petroquímicos básicos y sus insumos; y ductos;

(b) comercio exterior; transporte, almacenamiento y distribución, hasta e incluyendo la venta de primera mano de los siguientes bienes:
(i) petróleo crudo;

(ii) gas natural y artificial;

(iii) bienes cubiertos por este capítulo obtenidos de la refinación o del procesamiento de petróleo crudo y gas natural; y

(iv) petroquímicos básicos;”

Privatización petrolera furtiva

De manera que, en materia petrolera, lo que aprobaron TODOS los partidos políticos en 1995 y que ahora ratifican, y/o modifican regresivamente, en sus iniciativas es la definición del TLC. Los legisladores mexicanos interpretaron fielmente a este Tratado. Esa vez, acordaron que la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural NO es parte de la industria petrolera, por tanto, estas actividades dejaron se ser “estratégicas” para convertirse en “prioritarias” que, de acuerdo al artículo 25 constitucional, pueden estar en manos privadas.

A la fecha, mediante 200 ilegales permisos privados otorgados por la inconstitucional Comisión Reguladora de Energía (CRE), estas funciones de Pemex las realizan transnacionales y sus filiales que ya tienen ocupado a todo el territorio nacional. Al aceptar la definición del TLC y las reformas legislativas de 1995, el FAP AVALA la privatización del gas natural.

En el caso de la petroquímica, los legisladores “definieron” lo que llamaron petroquímica “básica” constituida por solamente 9 productos y la petroquímica “secundaria” constituida por todos los demás. Esos cientos de productos son objeto de la privatización.

En el caso de la petroquímica, el FAP AVALA al TLC y solamente agrega un producto, el “etileno”, pero nadamás ni siquiera se incluye al amoníaco, dando así por “buena” a la privatización petrolera furtiva en marcha (y que podrá continuar).

Se AVALA la privatización furtiva

En el artículo 4º de la propuesta del FAP se indica que las actividades indicadas en el artículo anterior se llevarán acabo por Pemex “organismo público descentralizado plenamente integrado” ¿Cómo integrado? si el artículo 3º describe a un proceso de trabajo fragmentado. Para que fuera “integrado” debían ser abrogadas las reformas inconstitucionales de 1995, 1996 y 2006 a la Ley reglamentaria. Al respecto, el FAP no dice nada.

La actual Ley, en el párrafo segundo del artículo 4º, dice: “Salvo lo dispuesto en el artículo 3º, el transporte, el almacenamiento y la distribución del gas podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privado, los que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan”.

La regulación se lleva acabo a través de la CRE, que ha entregado los 200 permisos privados a las transnacionales del gas. Al respecto, el FAP NO dice NADA, solamente escribió puntos suspensivos en el artículo 3º indicando que está explícitamente de acuerdo con el texto vigente de la Ley reglamentaria petrolera.

Peor aún, el actual párrafo tercero del artículo 4º. dice: “El transporte, el almacenamiento y el transporte del gas metano, queda incluido en las actividades y con el régimen a que se refiere el párrafo anterior”. Esto es grotesco. Primero, el metano se excluyó en el artículo 3º donde supuestamente se define a la industria petrolera, siendo que el metano es el hidrocarburo gaseoso cuya molécula es la más sencilla. Segundo, aprobar que varias fases con el gas natural NO son parte de la industria petrolera, significa que el gas NO es hidrocarburo cuando, comercialmente, está formado en más del 95% por metano.

El PRI y el PAN también reconocen lo indicado actualmente por la LRRM pero, adicionan que esas actividades (todas) podrían darse a contrato, sea directamente o vía las filiales de Pemex que propone el PRI. Es decir, TODOS los partidos AVALAN la privatización petrolera furtiva y, en el caso del PAN y el PRI, la extienden a todas las fases del proceso de trabajo.

En la propuesta del FAP se agregan los artículos 4º Bis y 4º Ter referidos a los criterios expresados en el Plan Nacional de Energía que “regirán la actividad” de Pemex. Eso es contradictorio porque, ese Plan, será acotado por el TLC lo cual es inconstitucional. También se indica que Pemex “tendrá el mayor grado (sic) de autonomía de gestión y presupuestaria”, “contará con un presupuesto de gasto suficiente (sic)” y “estará sujeto a un régimen impositivo especial (sic)”. Las definiciones específicas no se hacen.

Se promueve el contratismo

El actual artículo 6º dice que Pemex “podrá celebrar con personas físicas o orales, los contratos de obras y prestación de servicios que la mejor realización de sus actividades requiere”. El FAP agrega “dando preferencia en igualdad de condiciones a las de nacionalidad mexicana”. Esto es, el FAP NO rechaza los contratos privados, como indica el párrafo sexto de la Constitución, al contrario los aprueba pero “dando preferencia” a los empresarios mexicanos.

El FAP adiciona un segundo párrafo que indica que Pemex “no se someterá, en ningún caso, a la jurisdicción de tribunales foráneos tratándose de controversias referidas a contratos de obras y prestación de servicios en el territorio nacional”. Esto es correcto.

Luego, el siguiente párrafo actual indica que Pemex “los organismos subsidiarios y sus empresas podrán cogenerar energía eléctrica y vender sus excedentes” a la CFE y a LFC “mediante convenios con las entidades mencionadas”. Esto, a la fecha, no se cumple pues Pemex realiza proyectos de cogeneración con contratistas privados. Ahora, el FAP propone una adición indicando que Pemex podrá cogenerar “directamente”.

En los artículos 7º y 8º el FAP sustituye la palabra “terrenos” por “áreas”. Los demás artículos actuales quedan como están. El artículo 13º se refiere a los permisos indicados en el párrafo segundo del artículo 4º y, el artículo 14º, a las actividades de regulación. Como el FAP NO objeta a privatización petrolera furtiva, esos artículos los deja intactos.

Comentarios del FTE

Esta Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo es muy importante porque, es la ley secundaria que reglamenta a los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 constitucional. De hecho, ésta Ley es la referencia para la realización de las actividades, a cargo exclusivo del Estado, que son objeto de Pemex.

Todos los partidos políticos, en el discurso, indican que “se respeta” la Constitución. Hasta el PAN y el PRI, que promueven la privatización explícita, “argumentan” el “absoluto” respeto a lo que indica la Constitución. El FAP también lo dice.

El artículo 27 constitucional, párrafo sexto, establece que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos, ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la nación llevara a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Entonces, todos los partidos políticos señalan que lo que indica la Constitución se hará “en términos de la ley reglamentaria respectiva” y tramposamente, mediante una interpretación sesgada, proponen en la “ley reglamentaria” lo que la Constitución prohíbe.

Es decir, se altera la “supremacía legislativa” porque, el artículo 133 constitucional indica que la “Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”.

Lo anterior implica que las leyes emanadas de la Constitución, es decir, reglamentarias o secundarias, y “todos los tratados”, DEBEN estar “de acuerdo” con la Constitución que constituye la ley primaria y expresa el pacto político de la nación. Obviamente, el PAN y el PRI se saltan a la Constitución y dan lugar a una situación “esquizofrenica”, al invocar a la Constitución para violarla aplicando como ley suprema a la legislación secundaria.

Eso lo ha dicho el propio FAP, particularmente, en el documento que critica la iniciativa del PAN y la rechaza. Sin embargo, al proponer la Ley reglamentaria petrolera, otro grupo del FAP incurre en las mismas fallas que antes se criticaron.

Proponer la definición de industria petrolera del TLC significa “renegociarlo” en términos lesivos para la nación. El PAN y el PRI se van más allá, al “reformar” regresivamente al propio TLC de 1994, pues proponen otorgar contratos y concesiones, directamente por Pemex o a través de sus filiales, en todas las fases del proceso de trabajo petrolero.

El FAP, al presentar la Exposición de Motivos de su iniciativa, critica a los otros partidos por no respetar “la reserva” del TLC en materia de energía. Luego, en las propuestas concretas a la Ley Orgánica de Pemex y a la Ley reglamentaria petrolera, el FAP termina por “respetar” esa “reserva” que no es del interés nacional.

La definición petrolera del TLC significa la fragmentación del proceso de trabajo petrolero (y eléctrico), la “legalización” de la participación privada extranjera en actividades que son “estratégicas”, tanto en materia de petroquímica como de gas natural. Esta “legalización”, expresada en la privatización furtiva, es inconstitucional porque contraviene lo dispuesto por el artículo 27 y porque ningún tratado puede estar por encima de la propia Constitución.

Además, autorizar el contratismo es algo violatorio de la Constitución, cualquiera que sea su modalidad, porque se trata de un mecanismo expresamente privatizador.

Permitir que la Ley reglamentaria “legalice” los permisos privados a cargo de entidades reguladoras encargadas de la privatización, también es inconstitucional. Así, el FAP AVALA, explícitamente, la privatización furtiva de la petroquímica y del gas natural, en los términos de las contrarreformas legislativas de 1995, 1996 y 2006.

En suma, quienes redactaron la propuesta de Ley reglamentaria petrolera que presenta el FAP, hicieron caso omiso de su propio discurso. Como el propio FAP ha escrito, se está haciendo un manejo “esquizofrénico” de la ley.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

FAP 5. Ley Orgánica de Pemex


El FAP propone ABROGAR la actual Ley Orgánica de Pemex y expide una nueva. En ésta propone realizar las funciones de una industria fragmentada, de acuerdo a la definición del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Eso significa avalar las inconstitucionales reformas de 1995 a la Ley reglamentaria petrolera, así como, la privatización furtiva de la petroquímica y del gas natural. También, se permiten los contratos a los particulares y se otorga autonomía de gestión a Pemex. Las propuestas específicas del FAP contradicen al discurso.

Disposiciones generales

La “entrada” de la iniciativa energética del FAP, relacionada con la reforma a las leyes petroleras secundarias, es espectacular. En un solo Artículo Primero se indica “Se ABROGA la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y se expide la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos para quedar como sigue:”

La nueva Ley Orgánica de Pemex, propuesta por el FAP, está contenida en 32 artículos y 10 transitorios. En el capítulo 1 se indican las Disposiciones generales.

Las expectativas creadas al principio se diluyen de inmediato. El artículo 1º indica que las actividades “estratégicas” de Pemex se realizarán en los términos de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. ¡Correcto! Pero, se agrega, en los términos de “la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y ésta Ley”. ¿Esto es incorrecto? ¡Por supuesto! La propuesta del FAP esta escrita con “borrosidad” revolviendo en un mismo artículo, las disposiciones constitucionalmente correctas con las inconstitucionales disposiciones de la ley reglamentaria secundaria y de la propia nueva Ley de Pemex.

De acuerdo al artículo 2º, a Pemex se le define como un organismo público descentralizado, “plenamente integrado” y “dotado de autonomía presupuestaria y de gestión”. A diferencia del PAN y del PRI, el FAP indica que “la autonomía presupuestal se ejercerá conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Financiera”. Asimismo, se hace una definición de la “autonomía de gestión” que implica la facultad de Pemex para “operar con fundamento en criterios técnicos, económicos, estratégicos, ambientales y de seguridad” de conformidad con la legislación aplicable, el Programa Nacional de Energía y la Ley.

En el artículo 3º se indican que Pemex “tiene por objeto la conducción estratégica y la dirección integral de todas las actividades que abarca la industria petrolera” y, a continuación, se indican los criterios a seguir.

En el artículo 4º establece que Pemex “podrá celebrar con personas físicas o morales actos, convenios y contratos excepto los de riesgo, y suscribir títulos de crédito; manteniendo en exclusiva la propiedad y el control del Estado Mexicano sobre los hidrocarburos”. Esto es, de entrada, se autoriza el contratismo en Pemex, “excepto los contratos de riesgo”. Además, se incurre en errores conceptuales. La propiedad de los hidrocarburos NO es del Estado sino de la nación, el control es otra cosa, pero Estado y nación NO son lo mismo.

Definición petrolera del TLC

El artículo 5º es fundamental, allí se indica lo que corresponde realizar a Pemex para el logro de su objeto. Según el FAP, a Pemex corresponderá realizar las actividades de una industria fragmentada, de acuerdo a la definición del Tratado de Libre Comercio (TLC).

En efecto, en los cuatro primeros incisos del artículo 5º propuesto por el FAP se indica, exactamente, lo que se previó en el Anexo 602.3 del TLC para la industria petrolera, mismo que fue aprobado en las reformas inconstitucionales de 1995 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP). Esto se ratifica, explícitamente, en el párrafo segundo del mismo artículo 5º de la propuesta del FAP.

Esta propuesta omite que el TLC suprimió la llamada petroquímica “secundaria” para privatizarla, lo mismo que la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural. Los legisladores votaron que, estas actividades, NO son parte de la industria petrolera y, a la fecha, ya están privatizadas. El FAP adopta, entonces, la definición del TLC y AVALA el proceso de privatización petrolera furtiva iniciada en 1995.

Esta propuesta es inaceptable para la nación porque es violatoria de la Constitución. El TLC no puede estar por sobre ésta. El proceso de trabajo petrolero NO lo define el TLC, ni los legisladores, sino las materias primas. En este caso, son los hidrocarburos, los que determinan al proceso de trabajo. En tales términos, la división de petroquímica en “básica” y “secundaria” es artificial y, la fragmentación de fases relacionadas con el gas natural es equivocada. Por ello es que, las reformas de 1995 son inconstitucionales. Esas “reformas” fueron aprobadas por todos los partidos políticos y, ahora, TODOS las vuelven a reiterar.

Después, en el artículo 6º se faculta a Pemex para “cogenerar directamente, sin intervención alguna de particulares, energía eléctrica y vender sus excedentes” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esto es correcto.

Organización y funcionamiento

En el artículo 7º se indica que el Patrimonio de Pemex se integra con “los bienes, derechos y obligaciones que haya adquirido o se le asignen o adjudiquen” y se agrega, “los rendimientos que obtenga por virtud de sus operaciones”.

En el artículo 8º se propone que Pemex “será dirigido y administrado por un Consejo de Administración”, integrado por once miembros, seis designados por el Ejecutivo federal, “tres consejeros en representación de la sociedad, designados por el Ejecutivo federal a partir de una lista de seis nominados por el Congreso, y dos trabajadores sindicalizados de base de Petróleos Mexicanos elegidos mediante voto libre, secreto, universal y directo”.

Los tres consejeros “en representación de la sociedad” son una burla y, los dos trabajadores sindicalizados, también. En una parte del documento se dice que los representantes de la sociedad asumirán el cargo de manera personal y que no (sic) tendrán suplentes; en otra parte, se dice que por cada uno se nombrará (sic) un suplente.

Respecto a los consejeros trabajadores, NO es objetivo de la clase obrera participar en esos órganos administrativos, donde se estaría en minoría y solamente para terminar avalando una política que no es propia. Por lo demás, la elección de trabajadores “en general” no es garantía de nada. Cualquiera podría proponerse y, en el mejor de los casos, ¿cuál es la garantía de que, individualmente, impulsen una política energética propia y coherente? o ¿estarían a título personal? ¿cómo se les controlaría y a quién rendirían cuentas, qué los obligaría?

El artículo 9º indica las atribuciones del Consejo de Administración que incluyen “determinar la creación, liquidación o fusión de subsidiarias, filiales o cualquier otro organismo de propiedad o participación de Petróleos Mexicanos , en territorio nacional o en el extranjero”, “examinar y aprobar los estados financieros de la empresa”, “autorizar la emisión de bonos u obligaciones de cualquier naturaleza para su colocación en la República o en el extranjero”, “conocer y aprobar los contratos de arrendamiento de equipos e instalaciones en el extranjero”.

La “creación, liquidación o fusión” de subsidiarias o filiales es lo mismo que propone el PRI, en este caso, filiales con facultades para contratar con terceros; la “emisión de bonos” es lo mismo que proponen el PAN y el PRI con los bonos ciudadanos e, igualmente, el arrendamiento de equipos e instalaciones en el extranjero.

En el artículo 10º se indica que la dirección de Pemex recaerá en un director general, nombrado por el Ejecutivo federal y ratificado por la mayoría de dos tercios del Senado. Entre las facultades, indicadas en el artículo 11º, el director general expedirá “el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza”. Eso significa mantener el actual e inconstitucional régimen que permite la creación de plazas de confianza a discreción impidiendo a los trabajadores el ejercicio de su libertad sindical. Sabido es que el personal de confianza de Pemex no es tal. En su caso, la Ley Federal del Trabajo indica qué puestos son de confianza, sin embargo, Pemex jamás respeta a la ley. Ahora, el FAP propone seguir en la ilegalidad.

En el artículo 13º se indica que “los actos jurídicos” que celebre Pemex “se regirán por las leyes federales” y las controversias “serán de competencia de los tribunales de la Federación”. Sin embargo, en el párrafo segundo del mismo artículo se indica que Pemex “podrá celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto”. Eso es, precisamente, lo que se hace actualmente y se han firmado muchos acuerdos para someterse al arbitraje internacional con sede en Montreal o Paris. ¿Cuál es al diferencia con el PAN y el PRI?

En el artículo 14º se indican algunas funciones de los “consejeros representantes de la sociedad”, entre otras, dar su “opinión” sobre la operación de Pemex, presentar “propuestas” que redunden en la “optimización” de los recursos y “presentar” informes trimestrales al Consejo de Administración.

Planeación y programación

Según el artículo 15º, en la planeación y programación de las actividades, Pemex “se sujetará a lo dispuesto en la Ley de Planeación”. En el artículo 16º se establece que el director general “elaborará un documento de prospectiva y actualizaciones anuales del mismo”. En el artículo 17º se dice que el director presentará al Consejo “el Programa de Desarrollo de la Industria Petrolera” y el artículo 19º señala que tal Programa deberá ajustarse a lo establecido por el Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Energía”. Este último, actualmente, no existe.

Presupuestación

En el artículo 20º se indica que el programa anual será la base para la elaboración del proyecto de presupuestos de gastos e ingresos”. El anteproyecto setrá elaborado por el director general y deberá contener “los gastos programados para la operación y el mantenimiento”, “los gastos para la expansión de la industria petrolera”, “los ingresos por venta de hidrocarburos” y “los resultados de operación”, entre otros aspectos.

El artículo 21º señala que el anteproyecto será aprobado por el Consejo de Administración y remitido al Ejecutivo federal “para el efecto de que sea incluido, en rubros por separado y sin que se establezca relación con el balance ingresos-egresos federales”, en la iniciativa de Ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación.

Contratación

El artículo 25º se refiere a “la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas” indicando que Pemex dará “preferencia en igualdad de condiciones a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana”.

En el artículo 26º habla de los “procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa” cuando se trate de “contratos de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales”. Es decir, los contratos no se prohíben como lo indica la Constitución, solamente se sujetan a procedimientos.

Luego, en el artículo 27º se establecen criterios “para la contratación de grandes proyectos de construcción de nuevas instalaciones de refinación, plantas petroquímicas y ductos y de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos”. Otra vez, los contratos “para grandes proyectos” no se prohíben solamente se sujetan a “criterios”.

Estos dos artículos contravienen a la Constitución. El FAP solamente adorna al contratismo.

En el artículo 28º la situación llega al colmo en un punto clave. “En el caso de proyectos de investigación y servicios de ingeniería, se dará preferencia al Instituto Mexicano del Petróleo” ¿Por qué preferencia si es obligación del IMP? ¿Alguien más podría hacer mejor la investigación e ingeniería que necesita la industria petrolera nacionalizada? ¿Acaso las transnacionales?

Evaluación y control

Estas funciones se otorgan a los representantes de la sociedad quienes integrarán el Comité Interno de Fiscalización y Transparencia.

Finalmente, de acuerdo al artículo Quinto transitorio, el Consejo de Administración de Pemex “hará públicos todos los actos jurídicos celebrados … en los que haya convenido la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y la celebración de acuerdos arbitrales”.

Comentarios del FTE

a) Se permiten contratos constitucionalmente prohibidos

A diferencia del PAN y el PRI, en la iniciativa del FAP no se propone abiertamente la inversión privada en Pemex. Pero, sí se propone el contratismo que es un mecanismo privatizador. La iniciativa del FAP no propone la desintegración de Pemex sino una “integración” parcial.
La iniciativa del PAN promueve que Pemex otorgue todo tipo de contratos y, para ello, el Consejo de Administración tendría facultades especiales a través de los consejeros profesionales “independientes”. Algo similar propone el PRI, con la modalidad de dividir a Pemex en multitud de filiales, con las cuales contrataría Pemex pudiendo las filiales, a su vez, contratar con terceros.

Tanto el PAN como el PRI permiten los contratos de riesgo e, incluso, los contratos otorgados sin licitación sino por adjudicación directa o invitación. El FAP dice que exceptúa a los de riesgo pero permite los demás tipos de contratos, sujetándolos a procedimientos. El problema es que la Constitución prohíbe el otorgamiento de contratos a los particulares, con o sin procedimientos. El FAP, evidentemente, atiende la forma violando el fondo.

Los contratos que propone el FAP incluyen a los “grandes proyectos” para TODAS las fases del proceso de trabajo petrolero. Son las mismas propuestas del PAN y PRI escritas menos burdamente. Pero, todo eso, está prohibido por la Constitución.

La iniciativa del FAP está adornada en el discurso pero sus propuestas son inaceptables. La Constitución prohíbe el otorgamiento de contratos o concesiones a los particulares. Permitirlo, así sea “dando preferencia a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana” o mediante procedimientos administrativos, es algo inconstitucional.

b) Se apoya el veneno de la autonomía

El PAN, el PRI y el FAP proponen la “autonomía de gestión y presupuestal” para Pemex. En el caso de los dos primeros partidos, la propuesta es para la toma de decisiones unilateral y arbitrariamente, mediante la libertad absoluta de las cúpulas para decidir las inversiones privadas, el otorgamiento de contratos a las transnacionales y el endeudamiento de la paraestatal. El FAP define a la autonomía de gestión “como operativa” y sujeta la autonomía presupuestaria a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el fondo, sin embargo, se propone hacer de Pemex una entidad “autónoma”, sujeta a sus propios controles y poniendo como garantía la presencia de tres “representantes de la sociedad” en el Consejo de Administración.

La “autonomía de gestión y presupuestal” para Pemex es algo inconveniente, así se le pongan candados. En manos de la burocracia en turno y con la corrupción asociada al charrismo sindical, esa “autonomía” es una invitación al golpe de Estado. Así ocurrió en Venezuela cuando, en 2003, se organizó una “huelga petrolera” contra Chávez. Esa acción de sabotaje estuvo pagada con los recursos de PDVSA y activada por las burocracias administrativa y sindical corruptas.

De qué serviría la tal “autonomía” a Pemex si no realizará sus obras por administración directa, ni hará inversiones propias, todo estaría en manos de contratistas como ahora. Hay plataformas marinas donde laboran 78 trabajadores, 2 son mexicanos y 76 extranjeros. Hasta en eso se revela la fuerza dominante de los contratistas.

La “representación de la sociedad” que se propone es del todo inútil. ¿En nombre de qué sociedad estarían allí? La “sociedad civil”, contestarán algunos de los muchos que se autonombran así. Pero, tal sociedad es, política y organizativamente, inexistente y tampoco puede existir desde el escritorio. Esos “representantes” designados por el Ejecutivo federal, así sean propuestos por el Congreso, NO representarían a la sociedad. Por tanto, no serían garantía de nada.

c) Se avala la definición petrolera del TLC

Lo más grave es la coincidencia del FAP con el PAN y el PRI en las cuestiones más importantes. Todos los partidos coinciden en aceptar la definición de industria petrolera hecha por el TLC, misma que fragmentó las funciones propias de Pemex.

Al aceptar la definición de lo que “abarca” la industria petrolera, indicada en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y ratificada en sus propuestas de Ley Orgánica de Pemex, se procede contra la Constitución.

El PAN, en su propuesta, se va a fondo y deja como actividades “estratégicas” las indicadas por la ley reglamentaria (sic) todas, además, sujetas todas al contratismo nacional y extranjero, así como, a los permisos privados otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Reguladora del Petróleo (CRP). El PRI hace lo mismo a través de las filiales de Pemex, la CRE y la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo (CNRP).

El FAP también acepta la misma definición del TLC. Por tanto, también avala las reformas inconstitucionales de 1995 a la LRRP, y la privatización energética furtiva que lleva a cabo la CRE, habiendo desnacionalizado ya a la industria eléctrica (47%), así como, a la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, lo mismo que a la llamada petroquímica “secundaria”. Es decir, el FAP “respeta” y “repite” lo acordado por el TLC que es contrario al interés de la nación. Al hacerlo, todo lo demás, sin ser sobresaliente, palidece.

Se indica que la iniciativa propone “restablecer la plena integración de Pemex”, referida a una visión administrativa que se limita a suprimir las actuales subsidiarias, lo cual es correcto pero parcial e insuficiente. Pemex, en su organización interna no necesita de filiales ni subsidiarias. El proceso de trabajo debe ser realizado por un solo Organismo a nivel nacional e internacional. Pero lo que propone el FAP no significa integrar el “proceso de trabajo petrolero”, en la medida en que se adopta una “definición” fragmentada del mismo.

Además, se propone la “creación, liquidación o fusión de filiales”, como facultad del Consejo de Administración, lo cual es contradictorio. Reiteramos que al proceso de trabajo lo determinan las materias primas, no los legisladores ni menos las burocracias. El proceso de trabajo incluye a la planeación, la investigación y desarrollo, la ingeniería y demás fases, a las que el FAP no considerada integradas sino separadas.

d) No hay correspondencia entre discurso y propuestas

La declaración inicial de “abrogar” a la actual Ley Orgánica de Pemex se quedó solamente en una buena “entrada” del FAP pero, sus propuestas específicas no se corresponden con el discurso. No por casualidad, en días pasados, dijeron los senadores del PAN y del PRI que estarían “de acuerdo” en que los nuevos “consejeros” sean ratificados por el Senado “como propone el FAP”. ¡Qué graciosa concesión! Eso mismo propone el PRI en su iniciativa.

“No aceptaremos la privatización de Pemex, ni abierta ni encubierta”, ha dicho López Obrador. ¿Por qué, entonces, insiste el FAP en permitir el contratismo en Pemex siendo que ese mecanismo privatizador ha corroído a la paraestatal? ¿Por qué el FAP critica al PAN y al PRI de auspiciar el contratismo y, al mismo tiempo, con otras palabras, lo propone?

En eso había venido insistiendo Cuauhtémoc Cárdenas. “Los contratos seguirán, donde ya está el sector privado no hay problema”, declaró su colaborador Graco Ramírez. “Lo fundamental es que no se atropelle la Constitución y que se conceda autonomía presupuestal a Pemex”, expresó Cárdenas. Pero, ¿otorgar contratos a los particulares no atropella a la Constitución?

¿Aceptar el otorgamiento de contratos fue resultado de una “negociación de cúpula” con Cárdenas? o ¿es un mensaje que, tanto Cárdenas como López Obrador, envían al capital privado? ¿Estuvieron de acuerdo los expertos o no fueron tomados en cuenta?

e) ¿Prudencia inconstitucional?

El embajador Jorge Eduardo Navarrete, invitado por el FAP, escribió (en La Jornada 28 ago 2008) que la iniciativa “No elimina, por no ser prudente hacerlo (sic), la posibilidad de que, por verdadera excepción, algunos contratos puedan ser adjudicados por invitación restringida o de manera directa. Empero, tratándose de actividades de exploración y desarrollo o de construcción de instalaciones industriales, de transporte y almacenamiento, se requerirá la autorización específica del Consejo de Administración, la opinión de la Secretaría de la Función Pública y será necesario informar a la Cámara de Diputados. Así, en lugar de abrir la puerta para que prácticamente todos los contratos importantes se adjudiquen por estos procedimientos, se establecen requisitos que estimularán acudir a las licitaciones y, en los hechos, cerrarán la puerta a un cúmulo de prácticas corruptas.

Esto es, a los contratistas, nacionales y extranjeros, “a las prácticas corruptas”, se les abre la puerta solo “un poquito”. La privatización que se propone es solo “tantita”. Se llama “prudencia” al otorgamiento de contratos sin licitación que pueden “ser adjudicados por invitación restringida o de manera directa” y, para los granes proyectos, se establecen “requisitos”.

Pero, ¿es “prudente” violar “un poquito” a la Constitución? ¿Es “patriótica” una iniciativa que acepta la definición del TLC sobre una industria petrolera fragmentada, y avala la privatización furtiva en marcha, ratificando lo que “abarca” la industria petrolera indicada por la inconstitucional Ley reglamentaria en el ramo? ¿Se puede llamar “iniciativa ciudadana” a la formulada por políticos “negociadores” al margen de la propia ciudadanía?

¿Qué pasó con los expertos que ni siquiera a la ingeniería reivindicaron? En estos casos, apenas se incluyó que se dará “preferencia” al IMP.

En suma, es mucho discurso del FAP para terminar proponiendo lo mismo que el PRI y el PAN, si bien, con modalidades menos burdas. De acuerdo a sus propuestas, parece que las cúpulas del FAP no pretenden evitar la privatización petrolera sino, nada más, adornarla. “El contratismo es privatización, la autonomía de gestión es privatización”, dijo una vez López Obrador en un mitin reciente. ¿Dónde están la coherencia y la congruencia?

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

MEXICO: Piden firmas de apoyo ante eminente legislación que permitirá privatización de biodiversidad y conocimientos tradicionales indígenas. (Fuente:

Les transmitimos la Carta a los Legisladores que las organizaciones indígenas, ciudadanas, campesinas, intelectuales etc les enviamos sobre nuestra postura ante la Iniciativa sobre Recursos Fitogenéticos que se pretende dictaminar en este periodo.

Como el texto de la Carta señala esta Iniciativa de Ley es un atentado a la Constitución, a los Convenios y Declaraciones Internacionales sobre Derechos a los Pueblos Indígenas, y diversas leyes secundarias, pues se pretende privatizar la biodiversidad y el conocimiento tradicional, mediante la convalidación de contratos mercantiles de explotación y la suplantación de la personalidad jurídica de los pueblos por parte de una entidad burocrática adscrita a la SAGARPA.

La situación es peligrosa, pues incluso algunos diputados del PRD han cambiado su oposición original y parecen estar de acuerdo a cambio de alguna ventaja en la negociación del presupuesto. Urge socializar la denuncia, presionar a los legisladores y tomar iniciativas para detener esta privatización del (definición de esa riqueza por parte de organizaciones chiapanecas)

México, D.F. a 12 de septiembre de 2008.
A las/los Diputad (a) os Federales de la LX Legislatura
P r e s e n t e

Por este conducto queremos expresarles nuestra preocupación por la Iniciativa de la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura presentada por el Diputado Héctor Padilla, del PRI y Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería

Esta Iniciativa pretende ser Ley reglamentaria del artículo 27 Constitucional, pero ni este artículo, ni el 2º. Constitucional, sobre derechos de los Pueblos Indígenas, ni los Convenios Internacionales, son respetados. Supuestamente parte de la necesidad que tiene México de legislar en torno al aprovechamiento y conservación de los recursos genéticos, pero ilegalmente se extiende a la privatización del conocimiento tradicional y la biodiversidad. Este tema es sumamente delicado máxime hoy que estos recursos representan la base para la aplicación de la biotecnología moderna, por lo que algunos los han denominado como el “oro verde”, y la explotación mercantil del patrimonio cultural de los pueblos.

El Artículo 27 de nuestra Constitución regula los recursos naturales y determina el “derecho que tiene la nación de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana así como el de preservar y restaurar el equilibrio ecológico.” Y específicamente, en sus fracciones VI y VII reconoce los derechos de los núcleos ejidales y las comunidades sobre la tierra y sus recursos

Por consiguiente, en tanto no exista una reforma constitucional a los artículos citados, que modifique los actuales derechos, no existe sustento jurídico para reglamentar en sentido contrario, o eventual afectación a los derechos de los Pueblos Indígenas.

Aún más, la eventual aprobación de la Iniciativa pretende violar compromisos internacionales obligatorios para el Estado Mexicano. Puntualmente, el Convenio 169 de la OIT, parte del orden jurídico mexicano, establece: Artículo 2.1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. Y el Artículo 6.1, señala que los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Esto es únicamente el inicio pues a lo largo de la Iniciativa es evidente, tan sólo por el número de artículos dedicados al establecimiento de los convenios y contratos, el propósito central de insertar en el mercado internacional el llamado “oro verde” mexicano. Mientras que resultan casi inadvertidos los artículos referidos a los derechos de los agricultores y pueblos indígenas, la protección del conocimiento tradicional, así como el reparto justo y equitativo de beneficios; y mucho menos a la conservación.

Si bien el contenido de la Iniciativa a todas luces es cuestionable, por violentar la Constitución, lo que resulta más preocupante es que a nueve meses que se presentó la Iniciativa y aún cuando fue turnada para su dictamen a las Comisiones de Asuntos Indígenas, Desarrollo Rural, Medio Ambiente, no se haya dado a conocer y menos debatir abiertamente. Consideramos que una Iniciativa de tal trascendencia debe discutirse por lo menos con los directamente involucrados, los indígenas y campesinos de nuestro país que supuestamente resultarán beneficiados. Estamos seguros que son pocos los que la saben de ella y menos aún los que la aprobarían.

Señoras y señores Diputados estamos hablando de un bien nacional de trascendencia equiparable con el petróleo hoy no podemos permitir que se legisle a espaldas de la Nación. Exigimos un debate amplio y serio en torno a este tema y a esta Iniciativa.

Por todo lo anterior solicitamos que a la brevedad las Comisiones que deben dictaminar realicen un Foro amplio en el recinto legislativo para dar a conocer la Iniciativa y escuchar nuestro punto de vista.

A t e n t a m e n t e

Fuente: enviado por AIPIN

Denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Oventic

La JBG de Oventic denuncia que el mal gobierno amenaza con detener nuevamente a los dos compañeros bases de apoyo de la comunidad de Huitepec Ocotal, detenidos en 2006, acusados falsamente de ecocidio.

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
SNAIL TZOBOMBAIL YUÚN LEKIL JÁMTELETIK
TA O´LOL YOÓN ZAPATISTA TA STUKÍL SAT YELOB SJUNUL BALUMIL
A 17 DE SEPTIEMBRE 2008
A LA OPINIÓN PÚBLICA
A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

La Junta de Buen Gobierno Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del mundo
Con sede en Oventic, Zona Altos de Chiapas, México.

Por medio de esta denuncia hacemos del conocimiento público los siguientes hechos.

El día 11 de Septiembre del presente año se presentaron en esta oficina de la Junta de Buen Gobierno para informar los hechos recientes de esa comunidad relacionado a la Reserva Ecológica el Huitepec.

El pasado 8 de Septiembre del año 2006, se dio a conocer a la opinión pública en donde fueron detenidos 2 compañeros bases de apoyo zapatista, originarios del poblado Huitepec Ocotal segunda sección, municipio de San Cristóbal de las Casas.

Los compañeros estaban trabajando en sus terrenos ancestrales, pero como a las 11 de la mañana llegaron 10 elementos de la policía de protección ciudadana municipal y profepa y detuvieron a los compañeros Pedro Jiménez y Juan Jiménez Sánchez y dueron trasladados al ministerio público en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

El día siguiente las autoridades de PGR. Los 2 compañeros fueron sometidos a interrogación y dar su declaración sobre los delitos que se les acusa, de Ecocidio. Los compañeros explicaron sólo estaban trabajando en sus terrenos con su azadón y su rastrillo preparando un pedazo de tierra para sembrar hortalizas para consumo familiar y no estaban tumbando árboles ni tampoco lo habían hecho antes.

Con la movilización de los compañeros y compañeras adherentes de la otra campaña y con la intervención del centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, la fianza bajó a $15,000 pesos a cada uno para alcanzar su libertad, entonces por 2 personas se pagó la cantidad de $30,000.00 que hasta ahora esté en sus manos el mal Gobierno sabiendo que esos compañeros son inocentes y siguen siendo privado de su libertad.

Como Junta de Buen Gobierno de esta Zona, tenemos conocimiento nuevamente sobre los sucesos recientes de persecución de los compañeros las mismas personas quienes se habían detenidos hace dos años.

El día 10 de Septiembre del presente año volvió a llegar la PGR en la comunidad de Huitepec Ocotal segunda sección para buscar las dos personas, para que se presenten en sus oficinas correspondientes.

Como no encontraron en ese día volvió a llegar el día 11 de septiembre un elemento de la procuraduría general de la república, PGR, logró hablar la gente de este dicho comunidad pero resulta que la comunidad estaban trabajando en la carretera, y se preguntó el dicho elemento, dónde está las dos personas estoy buscando que se presente a declarar sobre sus delitos de Ecocidio. Entonces el agente de la comunidad se platicaron juntos, dijo que es mejor vamos a platicar en la Oficina, entonces en ese día fueron las dos personas buscadas para declarar ante la PGR: acompañado con el agente de la comunidad mencionado. Cuando llegaron en la Oficina, sólo agente entró para escuchar la palabra de este dicho Institución, pero cuando salió en la Oficina ya no les informó las dos personas citadas.

Como Junta de Buen Gobierno de esta zona, exige el respeto y el derecho la libertad de los 2 compañeros que andan perseguidos por el mal gobierno sólo por defender sus derechos ancestrales que les pertenece de los 102 has. En donde fue declarado hace como año y medio como reserva ecológica respaldado por la Junta de Buen Gobierno de Zona Altos de Chiapas.

El mal Gobierno trata de usar todo su estrategia para despojar y hostigar a nuestros bases de apoyo zapatista y sigue en su poder los $30,000 de fianza de esos 2 compas, bien se sabe que ese terreno les pertenece ancestralmente así que no hay ningún delito que perseguir, pero vemos que ahora sigue buscando la forma de cómo detener nuevamente a los compas. Por eso la Junta de Buen Gobierno les dice a todos los y las compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña a la sexta internacional, y entre otras organizaciones solidarios de esta lucha, estén pendientes de lo que pueda pasar con esos 2 compañeros bases de apoyo zapatistas.

Nosotros como Junta de Buen Gobierno es toda nuestra palabra

ATENTAMENTE
LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO
ZONA ALTOS DE CHIAPAS
ROSALINDA GÓMEZ LÓPEZ
CARLOS PÉREZ DÍAZ
JAVIER PÉREZ SANTIZ
REINANDO PÉREZ PASIENCIA

Denuncian plan para derrocar al presidente Manuel Zelaya

Por: YVKE, ABN
Fecha de publicación: 22/09/08


22 de septiembre 2008. - El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Romeo Vásquez, reveló este domingo que hay personas interesadas en deponer al presidente Manuel Zelaya.

El Mandatario enfrenta críticas por los acuerdos realizados con Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en el marco de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).

"Nos han buscado para botar al Gobierno, pero somos una institución seria y respetuosa, y respetamos al señor Presidente como nuestro comandante general y nos subordinamos a la ley'', aseveró Vásquez.

El general indicó que "algunos oficiales hemos recibido insinuaciones y propuestas para derrumbar al Gobierno a través de pláticas y mensajes y correos electrónicos. Sin embargo, las fuerza armadas están dispuestas a fortalecer la democracia y proteger al Presidente''.

Vásquez aseguró que 'todas las insinuaciones han sido informadas al ministro de la Defensa (Arístides Mejía) y al gobernante, de acuerdo a la cadena de mando que impera en nuestra institución''.

El jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas se negó a identificar a los responsables de tales insinuaciones a los oficiales militares.

Zelaya adhirió de manera unilateral, en el mes de agosto, a Honduras al Alba en un acto público que contó con la asistencia de los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega, aunque la iniciativa integradora aún no fue ratificada por el Congreso de Honduras.

Asimismo, postergó la recepción de las credenciales del nuevo embajador estadounidense Hugo Llorens en su país como forma de solidaridad con el Gobierno de Bolivia.

El poder militar en Honduras se sostuvo en el poder durante 18 años, entre 1957 y 1982, tras derrocar a tres presidentes surgidos de elecciones populares.

Fuente: Aporrea.

MASACRE DE CAMPESINOS EN BOLIVIA: "LOS MATABAN COMO A CHANCHOS"

Por Pablo Stefanoni.

Finge una dignidad a prueba de llantos. Pero a poco de comenzar a contar su historia, cae en la cuenta de que es un milagro que esté viva, y las lágrimas se van colando en su relato de lo que ya se conoce como la "Masacre de El Porvenir".

Esther, como se hace llamar por temor a represalias, se refugió en una casa, debajo de la cama, con otros campesinos, pero sus perseguidores armados la encontraron y amenazaron con "meterle fuego" a la vivienda si no salían.

"Gritaban 'viva la autonomía, que mueran estos campesinos que no valen nada'... Pero cuando no es su hora, Dios lo protege a uno", dice la mujer, de unos 35 años vestida con blusa fucsia al recordar el fatídico 11 de septiembre pandino.

Ese día, campesinos oficialistas se enfrentaron con huestes autonomistas en el poblado El Porvenir, a menos de una hora de Cobija, capital de este departamento amazónico, poco poblado y aislado del extremo norte boliviano. Hubo unos 20 muertos. A falta de información hay una guerra de interpretaciones.

"El también va a declarar", dice con solemnidad una de las encargadas de la sede campesina de Pando y la entrevista periodística frente a una pequeña mesa de plástico va tomando el tono de una audiencia judicial. "Masacre del cacique", rezan los carteles, apuntando al gobernador opositor Leopoldo Fernández, hoy detenido en una cárcel de La Paz, que se ganó ese apodo por su férreo control de esta región de calor insoportable y activas bandas de narcotraficantes que aprovechan para su "tarea" la cercanía con Brasil (a 15 minutos de taxi del centro).

"A mi me secuestraron en El Porvenir, me trajeron hasta Cobija y me golpearon contra un ataúd mientras me gritaban: '¡vamos a exterminarlos, mirá lo que tenemos para ustedes!', mostrándome una caja de balas calibre 22", "declaró" otro campesino.

La plaza central de Brasiléia, del otro lado de la frontera, cambió radicalmente su fisonomía: allí se reúne cada día el "exilio" pandino. Huyeron después de que el gobierno decretó el estado de sitio y detuvo a Fernández. Ahora son unos 500 que no quieren volver porque "Bolivia vive una dictadura comunista, como en Cuba". Algunos están pidiendo asilo en Brasil, mientras La Paz busca que los deporten.

"Yo voté por Evo con esperanza, pero ahora sólo los indígenas son considerados bolivianos.", dice un ex dirigente local que sólo habla de espaldas con la televisión "porque mi mujer y mis hijos siguen en Cobija". "Engañaron a los campesinos, les pagaron 200 Bolivianos (30 dólares) para venir a un supuesto congreso, pero en realidad querían tomar la prefectura y sacar al prefecto (gobernador)", agrega una mujer entre troncos de palmeras pintadas prolijamente de blanco. Todos recuerdan al pastor evangélico presuntamente asesinado por los militares al ocupar la ciudad el 12 de septiembre.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, es sindicado como el artífice de la "dictadura militar" y de la "guerra psicológica" que vive Pando y el ex alcalde de Cobija, Miguel "Chiquitín" Becerra, es acusado de armar en su hacienda a los campesinos. La trayectoria de Becerra dice mucho sobre las forma de hacer política en estas tierras con aires a Far West. Antiguo delfín de Fernández es hoy su principal detractor, con la fuerza que le da su alianza con el gobierno central.

"La violencia comenzó cuando los campesinos mataron a quemarropa al ingeniero (Pedro) Oshiro", frente a una zanja que habían cavado los autonomistas en plena ruta, a la altura de Tres Barracas, para impedir el avance campesino", dice un periodista local también autoexiliado.
Las columnas en camiones que quedaron como carbonizados recuerdos de la jornada trágica incluían a mujeres y niños. Después, admite, los pobladores de El Porvenir se "se asustaron", se defendieron y vino la balacera mortal. La explica con brutal naturalidad: "En el monte la gente no se anda con huevadas, si viene la víbora le disparas, y si viene alguien con un arma le disparas primero".

Los campesinos dicen que la policía fue cómplice de la matanza. La disparidad de víctimas alienta la tesis de la masacre: 16 campesinos y dos pueblerinos, según listas extraoficiales. "La diferencia la habrían hecho ametralladoras Uzi de los narcos", dice un periodista que investigó los hechos.
Militares de la fuerza naval boliviana seguían encontrando restos de ropa ensangrentada, abandonada por campesinos que huyeron nadando el río Tahuamanu esquivando de los disparos. "¿Había sicarios brasileños y peruanos como se denunció?", preguntó Clarín a uno de los jefes militares. "Hay jóvenes siempre dispuestos para actividades ilícitas como tráfico de droga o de madera", responde el uniformado, y no oculta su beneplácito sobre el nuevo rol asignado por Evo Morales a los militares: "Es una oportunidad para que el Estado retome el control en estos territorios, en manos de todo tipo de tráficos".

Las avionetas que sobrevuelan el cielo de esta región casi sin caminos transitables dejan la duda sobre sus pasajeros y cargas. Hace algunos meses fue detenido Mauro, un jefe narco "a la Pablo Escobar" que lideraba una banda de "volteadores" de narcos peruanos que llevan droga hacia Brasil. Les robaban los cargamentos y mataban a los competidores.

"Durante los enfrentamientos del jueves 11 se escuchaban ametralladoras. Había gente de Mauro. Son puros brasileños", corrobora Ana María frente a su casa de madera típicamente amazónica, teñida de tierra roja, que como otras de El Porvenir tiene colgada -como única defensa- una bandera blanca.

Su padre pela sábalos que acababa de pescar y espanta los insufribles zancudos. No duda: "A los campesinos los han masacrado, los cazaban como a chanchos salvajes". Del otro lado de la frontera, los opositores acusan a coro que esta era una sociedad armónica y que Evo Morales instauró el odio racial.

Pero la añorada armonía provinciana de otros tiempos se parecía mucho a la sumisión de los campesinos -muchos de ellos paupérrimos castañeros que aún viven en barracas- a los estancieros que controlaban el poder económico y la política, dos esferas difíciles de diferenciar por estas tierras.

Ana María dice que no tiene miedo de tener un póster del presidente en su casa cuya consigna es "El cambio es imparable", y su evangelismo se cuela en sus palabras: "Tan chiquito como lo ve, en este pueblo hubo una guerra entre hermanos. Ahora están los militares, pero, ¿qué pasará cuando se vayan?"

Fuente: Alternativa Bolivariana.

Chávez busca en China reducir dependencia de ventas petroleras a EU

Pekín, 22 Sep.– El presidente venezolano Hugo Chávez, quien iniciará este martes su gira oficial por China, pretende sellar una serie de acuerdos energéticos que permitan a su país reducir su alta dependencia de la venta de petróleo a Estados Unidos.

En un momento en que las relaciones entre Caracas y Washington parecen haber tocado fondo, Chávez indicó que su objetivo es vender más crudo al gigante asiático sediento de petróleo, para alimentar su crecimiento económico.

"El petróleo será uno de los temas principales de su visita, porque China trata al máximo de diversificar sus fuentes de suministro", explicó Jun Shi, profesor en la escuela de Relaciones Internacionales de Pekín.

Venezuela y China suscribirán pactos para construir varias refinerías. China está de acuerdo en ayudar a construir una refinería en Junín, un área en la faja del río Orinoco rica en petróleo, mientras que Venezuela contribuirá a crear una refinería en el gigante asiático.

De esta forma Chávez tratará de reducir su dependencia de su principal cliente, Washington, que aporta 85 por ciento de todos los ingresos por exportaciones petroleras que recibe Venezuela.

Pero esta gira, que le llevará también a Rusia, Francia y Portugal, es una muestra clara de que Venezuela busca socios allende de América Latina para contrarrestar la influencia estadunidense.

"Mientras el imperio norteamericano va así, hacia abajo, la China va hacia arriba, Rusia va hacia arriba. Venezuela -modestamente lo digo- va hacia arriba también", dijo la víspera Chávez en el programa "Aló, presidente".

"Este viaje es una muestra clara de que Chávez quiere apuntalar sus relaciones con China y Rusia, los dos principales competidores de Estados Unidos en la escena internacional", explicó Jun Shi.

El viaje servirá también para mostrar que las relaciones entre Caracas y Pekín no se limitan exclusivamente al ámbito energético: está prevista la firma de convenios de cooperación con China en las áreas de transporte, infraestructura, telecomunicaciones, tecnología militar, deporte, energía, tecnología agropecuaria y educación.

Entre otras iniciativas, Venezuela lanzará su primer satélite de China el 1 de noviembre y pedirá al gigante asiático que le ayude a construir buques petroleros.

El líder venezolano comentó que los acuerdos militares también están incluidos en su agenda en China. Venezuela espera firmar un acuerdo de compra de aviones militares chinos K-8, que serán usados en la formación de pilotos.

Fuente: Diario El Puente.

LA GUERRA FRIA DEL SIGLO XXI

Por Eva Golinger.

¿Quién hubiera imaginado que en el año 2008, Rusia tendría presencia militar en las aguas del Justificar a ambos ladoscaribe, países latinoamericanos estarían en una confrontación hostíl con los Estados Unidos de Norteamérica y la sociedad humana estaría realizando una carrera con la naturaleza para ver quien destruye la planeta Tierra más rápida: las tormentas naturales o las tormentas de guerra?
Pués, a pocos días de la tensa confrontación entre Rusia y Estados Unidos sobre la situación en Georgia, llegaron los aviones TU-160, bombardeos rusos, a territorio venezolano, para realizar maniobras militares conjuntamente con las Fuerzas Armadas Bolivarianas. La reacción pública de Washington fue cínica – el vocero del Departamento de Estado declaró que ellos estaban dispuestos a "escoltar los aviones TU-160 de vuelta a Rusia si no salieran en su tiempo previsto" - pero dentro del Pentágono, se activaron los códigos para preparar la defensa y el poder militar que Estados Unidos mantiene en la región. En este ocasión, no hubo razon para que Estados Unidos "escoltaran" los aviones rusos a su hogar, se fueron justamente el 18 de septiembre pasado, pero pronto llegará una flota rusa con otros aviones de combate que participarán en maniobras militares junto a la armada bolivariana.

La invitación de Venezuela a Rusia para traer una pequeña muestra militar a este hemisferio no es exagerada, ni reaccionaria. Desde el año 2006, Washington ha estado aumentando su presencia militar en América Latina, más que todo en las bases que estan ubicadas en Colombia, la región andina, y el Caribe. Curiosamente, la base que más ha mantenida la presencia y la inversión estadounidense durante los últimos años esta en la pequeña isla de Curazao, a pocos kilómetros de la costa venezolana. Washington abrió su base aerea en el aeropuerto internacional de Hato en Curazao en el año 1999, junto con una seria de bases en la isla vecina Aruba, en El Salvador y en Manta, Ecuador. Estas bases, que se llamaban "FOLS" (Foward Operating Locations), eran supuestamente la respuesta del cierre de la base Howard en Panamá, para que Washington pudiera continuar su "lucha" contra el narcotráfico en la región. Se justificó la cantidad de bases diciendo que eran pequeñas, operativas y en lugares más lejanas para poder cubrir más territorio con los satelites y el monitoreo aereo (leáse, espionaje). Eran contratos de 10 años que realizó Washington para operar las FOLS en los países e islas respectivas. Cuando Rafael Correa ganó la presidencia en Ecuador durante el 2006, anunció que su gobierno no renovará el contrato para mantener la base de Washington en Manta. Esto causó una reacción severa del Pentágono, y aparte de activar los planes de desestabilización en Ecuador contra el gobierno de Correa, también comenzaron a mover su fuerza militar a otros lugares. Logicamente, la transferencia fue hacia Colombia y el Caribe.

Las buques de guerra, portaaviones y submarines nucleares estadounidenses y de los países de la OTAN que han traspasado por las aguas del caribe durante el último año y medio sobrepasan la cantidad que han venido a esos aguas durante los diez años anteriores. Durante los años 2006 y 2007, Washington declaraba que su inesperada y notable incremento en presencia militar en la región era simplemente para participar en maniobras – ejercicios militares rutinarios. Pero en el 2008, lo que eran solo "ejercicios" se convertieron en el verdadero juego de guerra. En Febrero del 2008, el Pentágono lanzó la Operación "Enduring Freedom" Caribe-Centro América, enviando un batallón de fuerzas especiales a la zona para responder a potenciales "amenazas terroristas" en el hemisferio. Al mismo tiempo, el gobierno de George W. Bush anunció que estaba estudiando colocar a Venezuela en la lista de "estados terroristas", lo que implicaría la aplicación de la doctrina de "guerra preventiva" inventada por ese mismo gobierno. Meses después, en julio del 2008, el Pentágono anunció la activación de la Cuarta Flota de la Armada de EEUU. Esta comandancia de la armada estadounidense no había sido activada desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Porqué razón Washington activará una fuerza militar que tenía 60 años guardada?

Sus metódos de golpe de estado, sabotaje económico, guerra psicológica, intervención electoral, desestabilización y subversión en la sociedad civil, etc., han fracasado en la región. Desde la primera elección de Chávez hace 10 años, América Latina ha girado casi completamente hacia la izquierda, y aparte de tener hoy en día presidentes dignos, fuertes y soberanos, como Chávez, Correa, Evo y Cristina, la política exterior de Venezuela ha resultado en un nivel de integración y soberanía latinoamericana jamás visto en la historia. Los gobernantes de hoy en América Latina no se arrodillan ante su "ex amo" del norte. Cuando ya los representantes diplomáticos de Washington en Bolivia insistían en un nivel de injerencia y provocación sin parar, el gobierno de Evo Morales los expulsó. Venezuela luego hizo lo mismo. No era por algo menor ni caprichoso. Las evidencias contra el embajador Philip Goldberg que mostraban su participación en planes violentos, serparatistas y desestabilizadores en Bolivia eran múltiples e innegables. En Venezuela, la embajada de Estados Unidos ha sido el centro del financiamiento a la oposición, asesoría y entrenamiento a los movimientos desestabilizadores y anti-democraticos del páis y en varias ocasiones, miembros de ese cuerpo diplomático han sido descubiertos infiltrando y espiando dentro de las fuerzas armadas venezolanas. Entonces, las reacciones de Bolivia y Venezuela de no permitir más esa descarada injerencia han sido justas.

Estados Unidos de Norteamérica han perdido su dominación y control sobre la región – una zona que antes clasificaba como su "patio trasero". Esta pérdida es un golpe duro al "imperio" del norte. Además del golpe a su orgullo como un superpoder, la independencia latinoamericana pone en duda el suministro y la garantía de los recursos naturales necesarios para la mera existencia del modelo estadounidense. De no controlar las reservas petroleras de Venezuela y las economías de los países suramericanos, Estados Unidos entrarán en una crisis financiera y social muy grave – más de lo que ya esta sucediendo allá. Entonces, Washington reacciona con su arma más poderosa – su poder militar, que es lo más fuerte del mundo entero.

Desde la crisis de misiles entre Cuba-Washington-Unión Soviética (Cuban Missile Crisis) del año 1962, no se ha visto una presencia rusa de este tamaño en América Latina. ¿Qué significa esto para la región y para la comunidad internacional? Hoy, la gran diferencia es que América Latina esta mucho más fuerte que hace cuatro décadas. Ya, Cuba no esta solo. Y aunque ya no existe la Unión Soviética y Rusia esta más debilitada, Washington también lo es. Sin dominación sobre la región, Washington no puede apretar su puño y sacudir a Rusia. Más puertas estan abiertas en América Latina hoy en día para Rusia y el otro gran nemisis de Washington – Irán - que a Estados Unidos. Sin embargo, Washington no se dejará perder la guerra tan facilmente.

Los planes de magnicidio contra los Presidentes Chávez y Morales intensificarán. Ya en Venezuela se ha descubierto un gran plan de coup d'etat y magnicidio contra el Presidente Chávez, conducido por un grupo de militares retirados y activos, juntamente con los medios de comunicación privados y los sectores opositores. Afortundamente, se logró pararlo, por ahora. Pero habrán más atentados y más agresiones mientras que Washington y sus aliados en el sur se desesperan más. Solo se puede esperar que esta guerra se quede fría y que no se caliente más.

Fuente: Alternativa Bolivariana.