miércoles, 19 de noviembre de 2008

Audio Entrevista del Presidente Legìtimo con Jacobo Zabludovsky 19 nov 08





Fuente Gobierno Legìtimo

Platìca de Galván Ochoa en el Círculo de Estudios Central



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Somos mayoría y la haremos valer dentro del partido; Encinas a Ricardo Rocha.



El excandidato a la dirigencia del PRD, por la corriente Izquierda Unida, Alejandro Encinas reiteró, una vez más que no abandona las filas del partido del sol azteca.

“No me voy, ni nos vamos de este partido que tanto trabajo nos ha costado construir y que es el resultado de la lucha de muchas generaciones de la izquierda”.

Dijo que no “se los vamos dejar a una burocracia, además somos mayoría, esa mayoría la vamos hacer valer dentro del propio partido para recuperar los principios y valores que le dieron origen a nuestro proyecto”.

Por ello, dijo, decidió convocar a la conformación de un Movimiento por la Renovación del PRD, un movimiento que permita, ahora sí, darle una organización territorial en cada municipio del país.

Explicó que renunció a la Secretaría General del Partido de la Revolución Democrático, por varias razones, entre ellas, el que es inaceptable la ingerencia del Estado en la definición del órgano de dirección del partido, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Electoral.

”El Tribunal Electoral evocó la nulidad que hizo de la elección el órgano jurisdiccional del partido, quien hace la calificación, la Comisión de Garantías, y no solamente rectifica el resultado, sino que legaliza lo ilegalizable”, abundó.

Ratificó su intensión de cambiar al PRD para evitar que siga en manos de la burocracia partidista que solamente ocasiona clientelismo.

En vivo por AMLOTV Tomás Hersch

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TOMÁS HIRSCH se dedicó a difundir las ideologías del Movimiento Humanista Internacional. Detractor del Régimen Militar, en 1984 fue uno de los fundadores del Partido Humanista de Chile.
Tras las elecciones de 2005, Hirsch es nombrado VOCERO DEL HUMANISMO PARA LATINOAMÉRICA y lanza su libro El Fin de la Prehistoria, un Camino hacia la Libertad.
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CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ
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La batalla por medir la inflación



La medición de la inflación se ha convertido en un factor de enfrentamiento político entre el Banco de México y el Inegi, ambos organismos con autonomía técnica que asoman, sin embargo, posiciones encontradas en la medición de los precios. La disputa no es menor: el indicador sirve de argumento para adoptar políticas económicas públicas que afectan a millones de mexicanos

Isabel Cárdenas

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), que encabeza Guillermo Ortiz, buscará por todos los medios legales, institucionales y mediáticos que la metodología para medir la inflación permanezca sin cambios, aunque sea responsabilidad de otro organismo.

Mientras tanto, Eduardo Sojo, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se prepara para asumir en un futuro próximo dicha medición y aunque esto sería en los próximos tres años, ya sumó a la nómina del organismo más de 400 nuevos colaboradores, con el propósito de fortalecer, primero, sus cuadros panistas y, después, tomar el control de la generación de las principales estadísticas en el país, entre las que se encuentran la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Nacional de Precios al Productor.

La información sobre estas nuevas contrataciones puede ser consultada ahora por cualquier trabajador del Inegi a través del sistema Intranet del organismo.

La tarea de medir la inflación ya no será competencia del Banco de México, luego de que el Congreso de la Unión autorizó la autonomía del Inegi y la conformación de su Junta de Gobierno. Guillermo Ortiz y Manuel Ramos Francia, en el Banco de México, manifestaron a funcionarios del Instituto su deseo de que no se modifique el sistema de cálculo de la inflación.

En abierta oposición a la petición de los directivos del Banxico, el Inegi respondió su interés de ampliar, desde ahora, dicha medición y difundir otros indicadores sobre precios, tanto en sectores urbanos como rurales, y cobertura en medios agrarios que actualmente no se realiza.

El Banco de México teme, sin embargo, que la difusión de un mayor flujo de información sobre una variable tan sensible para el control de las tasas de interés genere incertidumbre en los mercados financieros y en la economía, y que sus decisiones en materia de réditos pareciese que no corresponden con la realidad del país.

Pero será a partir de 2011 –un año antes de las elecciones presidenciales del próximo periodo– cuando concluya la etapa de transición para que el banco central deje en manos del Inegi la medición y liberación de información sobre la inflación, lo que podría convertirse en una herramienta política en manos del gobierno panista, esto preocupa desde ahora a algunos priistas.

Algunos analistas, como Jonathan Heath, del banco inglés HSBC –a quien se le considera un acérrimo crítico del Banco de México y de algunas decisiones de su gobernador, Guillermo Ortiz–, han sugerido que se revise la disposición de la nueva ley del Inegi en materia de medición de inflación.

El cambio de mandos en el banco central también agudiza el enfrentamiento. El próximo año, el presidente Felipe Calderón tendrá que enviar su propuesta de relevo para ocupar el puesto de gobernador del Banco de México que dejará Guillermo Ortiz. Los nombres de Agustín Carstens y algunos de los subgobernadores se mencionan para ocupar ese cargo, que la Cámara de Senadores podría vetar o apoyar.

En Argentina, por ejemplo, se ubica un caso interesante de manipulación del ritmo de crecimiento de los precios en beneficio de los políticos. Fue en la recta final de las elecciones que llevaron a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, cuando se aplicó un control de precios y, a pesar de ello, la inflación no cedía. En ese momento, el organismo responsable de medir el ritmo de los precios (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) aplicó, por órdenes de Néstor Kirchner, una metodología distinta para reducir la inflación y mejorar el ambiente electoral para su esposa.

La lucha por la inflación no será sencilla. En la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, la legislación orgánica del Inegi –que lo dota de autonomía– establece que si bien será en 2011 cuando se entregue por completo la estafeta de la medición de la inflación, la participación de ese Instituto será creciente en las actividades del Banco de México relacionadas con este objetivo. Esta posibilidad de injerencia es la que ha desatado el enfrentamiento entre ambos organismos.

El argumento técnico que ofrecieron el gobernador y el director general de Investigación Económica del banco central a funcionarios del Inegi, fue que, tal y como se levantan y dan a conocer los resultados de la muestra, la metodología resulta útil y eficaz para la aplicación de la política monetaria nacional. Esta última determina la oferta de papel moneda a través de las subastas de Certificados de la Tesorería (Cetes) y el nivel de las tasas de interés.

Lo más relevante, sin embargo, es que el Banxico emite papel para financiar al gobierno federal y ello, en sí mismo, fue considerado por los legisladores como un claro conflicto de interés. El Banco de México podría manejar las tasas a su favor para reducir los costos financieros del gobierno federal o, en el peor de los casos, ignorar que la población sí está sujeta a presiones de precios en su consumo básico, pero informar que mantiene bajo control los precios.

Además, argumentaron, según funcionarios del Inegi que confirmaron el enfrentamiento entre ambos organismos, que el INPC ya recibió la certificación ISO-9001, que garantiza que su elaboración y actualización responda a procesos de alta calidad.

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Irma Sandoval, asegura que uno de los principales problemas que enfrenta el Inegi es que la reforma que lo convirtió en organismo con autonomía técnica incurrió en un pecado de origen: que el nombramiento de su presidente y los miembros de su Junta de Gobierno son potestad del presidente y que difícilmente podría cambiar el Senado.

El Banco de México, sin embargo, tampoco se ha caracterizado por la transparencia de sus procesos, a pesar de que la medición de la inflación se encuentre avalada por una certificación ISO-9000.

“Banxico se precia mucho de ser la primera institución autónoma y de gran autonomía, pero yo creo que es momento de tener una lectura crítica”, dice la académica que realizó una investigación sobre los conflictos de interés y la opacidad en la toma de decisiones de la Comisión de Cambios que preside el gobernador del Banco de México.

El problema, asegura la investigadora, es que la transparencia se está convirtiendo en un cliché, en un momento en el que se está pugnando por una herramienta efectiva para el combate a la corrupción. “Esa transparencia no está sembrando frutos”, dice Sandoval.



La lucha por la credibilidad

Desde 1929, el Banco de México se hace cargo de la medición de la inflación. No obstante, fue hasta después de la devaluación de diciembre de 1994 y de su proceso de autonomía técnica cuando el banco central comenzó a adquirir credibilidad en la elaboración de este indicador. Las tasas de inflación de sólo un dígito también contribuyeron a alimentar esta creencia sobre la certeza y transparencia de sus mediciones. Pocos analistas dudaban de los resultados del Banco de México. Ahora el Inegi, con la sombra de un control panista, tendrá que ganar la misma credibilidad.

En 1993, cuando el Poder Legislativo aprobó la ley que dotó de autonomía al Banxico, también se estableció el compromiso de trasladar al Inegi –una vez que también adquiriera la condición de autonomía técnica y que su Junta de Gobierno entrara en funciones– la responsabilidad de la inflación.

En ese momento, se argumentó que el banco central enfrentaba un claro conflicto de interés al medir los precios, el principal factor que determina la política monetaria. Su Junta de Gobierno, conformada por Ortiz, Everardo Elizondo –a punto de ser relevado–, José Sidaoui, Roberto del Cueto y Guillermo Güemez, también tiene en sus manos la emisión de papel moneda y la determinación de los montos de Cetes a subastarse entre bancos nacionales y extranjeros.

Con un ejército de encuestadores en todo el país –más de 700–, Javier Salas Martín del Campo, director de Medición de Precios de Banco de México, levanta encuestas en 46 ciudades de al menos 315 productos genéricos y más de 180 mil precios. Antes de cada reunión de la Junta de Gobierno de Banxico, en donde se determina la política de tasas de interés para la economía nacional, Salas entrega al gobernador y a los vicegobernadores un detallado informe de las tendencias que amenazan al control de precios.

En una entrevista, Javier Salas aseguró que al estar certificada la metodología de medición de precios y que el INPC se trabaje con una guía por escrito y con reglas claras, no se le permite al Banco de México utilizar o manipular la información.

Hasta hace año y medio, cuando los precios del maíz y la energía no modificaban sustancialmente el espectro de costos de muchas cadenas de consumo, la inflación permanecía en línea con las expectativas y objetivos del Banxico y la Secretaría de Hacienda. Ahora, sin embargo, el Banco ha ajustado en varias ocasiones sus metas para la inflación correspondiente a 2007 y 2008, bajo el argumento de que los precios de las materias primas siguen impactando a la economía mexicana.

En enero de 2008, luego del alza al precio del maíz y de la tortilla, la inflación comenzó su espiral ascendente. La inflación, considerada como el impuesto más oneroso para los pobres, hoy es sujeto de negociación política.

Otro de los puntos de controversia entre el Banco de México y el Inegi es la contratación de los encuestadores, entre quienes Salas Martín ha reclutado a extrabajadores pensionados del Banxico y a amas de casa que, en su opinión, son verdaderas expertas. Salas califica a sus encuestadoras como verdaderos profesionistas de carrera en medición de precios.



El pago por la inflación

Una empresa externa, contratada bajo el esquema de outsourcing, mantiene bajo contrato a los encuestadores del Banco de México, con prestaciones y paquetes sociales similares a los del Instituto, lo que en opinión de este último resulta muy costoso. El Banxico, hasta ahora, no ha dado a conocer los detalles de la operación tras bambalinas, en la medición de la inflación, aunque sí revela las fórmulas matemáticas y los logros para la certificación de ISO 9000.

A mediados de 2007, cuando el proyecto legislativo para dotar de autonomía técnica al Instituto registraba un retraso de seis meses, el banco central ya se preparaba para la transición al Inegi de un índice de precios perfectamente armado y documentado con el aval del modelo ISO 9000.

Entre el Banco y el Instituto, pedía Salas, debía haber una comunicación profesional para que éste recibiera el índice en las mejores condiciones bajo el estándar que ya fijó el Banxico. Esa transición comienza de manera accidentada. El Banco de México, de acuerdo con las fuentes consultadas, tampoco considera que el levantamiento de esas encuestas deba utilizarse, como pretendía el Inegi, para generar otros productos, lo que permitiría maximizar la inversión que se realiza y que ahora sólo beneficia a las decisiones de política monetaria del banco central.

No obstante, los funcionarios de alto nivel del Banxico consideran que el Instituto no tiene que buscar objetivos de ese tipo, porque simplemente no recibe recursos del presupuesto público, sino que se ha convertido en un organismo totalmente autónomo que obtiene recursos del manejo y rendimientos de las reservas internacionales.

Funcionarios del Inegi argumentaron, sin embargo, que se trata de recursos públicos, dado que las reservas son propiedad de la nación y sus rendimientos también.

Ahora, el Instituto puede producir cualquier otra información de interés nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente. Por ello, buscaban aprovechar estos años de transición con los recursos que aún invierte el Banco de México.

El banco central ya prepara la embestida. Ante las críticas de opacidad que ha recibido el Inegi, no sólo por el manejo de los recursos sino por la nula información que ofrece sobre las resoluciones de su Junta de Gobierno, Guillermo Ortiz asegura que en el Banco de México el ejercicio de la transparencia no se ha limitado a cumplir con el requisito normativo, sino que la ha utilizado activamente como un instrumento para cimentar el consenso social en torno a la estabilidad, a la misión de reducir la inflación y, por supuesto, para dar mayor efectividad a la política monetaria: su única preocupación.

Desvía gobierno de Oaxaca 252.7 millones de pesos








Autor: Alba Martínez

El gobierno de Ulises Ruiz habría malversado recursos destinados a programas de atención social. La ASF reporta que el monto de las irregularidades asciende a 252 millones 700 mil pesos. El probable daño al erario superaría los 179 millones. Además, a diciembre de 2006, se registró un subejercicio de 225 millones en el combate a la pobreza

Oaxaca es considerado el segundo estado más pobre del país: lugar donde las desigualdades económicas y sociales, en pueblos y comunidades, se agudizan aceleradamente.

El Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), revela que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) y el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) fallaron a su primer objetivo: el bienestar social y el desarrollo de la entidad; pero también fueron causa de un posible daño a la hacienda pública.

Veintiuno de los municipios oaxaqueños se encuentran entre los 50 con el menor índice de desarrollo humano del país. Los posibles daños al erario y las diversas irregularidades evidenciadas en la última fiscalización al gobierno de Ulises Ruiz son, de acuerdo con la ASF, de “alto impacto” y en detrimento de la población oaxaqueña.

Ataque a la salud

El monto de las irregularidades calculadas por la ASF en el rubro de salud fue de 141 millones 560 mil pesos, que corresponde a anomalías en pagos de personal adscritos a los centros de salud; “pagos no justificados de ocho personas”, de las que se desconoció el centro de trabajo y no se presentaron las tarjetas de asistencia correspondientes; pagos indebidos de intereses; la no aplicación de penas a proveedores que incumplieron contratos; pagos indebidos de facturas canceladas por concepto de medicamentos.

Respecto del Fassa, el informe revela que ese fideicomiso incumplió 60 metas. De éstas, diversas irregularidades corresponden a un probable daño al erario por 70 millones 356 mil pesos. Y es que, para el ejercicio 2006, Oaxaca recibió 1 mil 760 millones 298 mil pesos del Fassa, que equivalen al 4.3 por ciento del total asignado para ese año. El recurso destinado a todo el país fue de 40 mil 674 millones 332 mil pesos. La muestra auditada fue de 1 mil 302 millones 362 mil pesos, 74 por ciento de los recursos asignados.

El órgano fiscalizador detectó diversas irregularidades en la operación de los recursos auditados: se identificó la inexistencia de mecanismos de control administrativo que regulen los pagos del personal; que no hay control ni abasto de medicamentos, lo que ha derivado en la caducidad e inutilidad de los mismos; y que los manuales de organización y procedimientos, así como la estructura organizacional de los Servicios de Salud de Oaxaca, no están actualizados ni autorizados.

De la auditoría 06-0-33020-10-522, que tuvo como propósito la revisión y verificación de los recursos del Fassa, se desprendieron 29 observaciones que generaron igual número de acciones “de alto impacto”: 17 recomendaciones, ocho pliegos de observaciones y cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria: todas orientadas a “promover la sanción de servidores públicos infractores; recuperar recursos económicos para la hacienda pública federal y fortalecer los mecanismos de operación y control”.

Las áreas revisadas por el órgano fiscalizador fueron la Dirección de Planeación y Desarrollo; la Subdirección de Recursos Financieros; la Subdirección Administrativa; las jurisdicciones sanitarias de Valles Centrales, Costa, Mixteca y Sierra; los hospitales generales de Pochutla, Pinotepa Nacional, Huajuapan de León; Hospital Civil Doctor Aurelio Valdivieso; Hospital de la Niñez Oaxaqueña; los centros de salud de San Bartolo Coyotepec, Doctor Manuel Martínez Soto, Colonia Estrella, Santa Catarina Quiane, San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido, Aviación, San Sebastián Abasolo, Santa Anna del Valle, San Sebastián Progreso, San Francisco Lachigolo y Vicente Guerrero, dependientes de los Servicios de Salud de Oaxaca y la Secretaría de Finanzas estatal.

Daño a la infraestructura social

El monto de los recursos federales destinados al FISE, para 2006, ascendió a 3 mil 452 millones 383 mil pesos. De ese total, Oaxaca recibió 334 millones 32 mil pesos a través de dicho fondo, lo que representó 9.7 por ciento del total asignado en todo el país. En este caso, la administración y la operación de los recursos son poco claras, según el máximo órgano de fiscalización de México.

A solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF (oficio CVASF/LX/1033/07), se determinó la revisión y diversas auditorías “directas” a los fondos del Ramo 33, operados por el gobierno de Oaxaca. El monto de las irregularidades ascendió a 111 millones 142 mil pesos, que implican un probable daño al erario público por 109 millones 213 mil pesos.

La muestra fiscalizada fue de 145 millones 385 mil pesos, que significó el 43.5 por ciento del total de los recursos ministrados. La revisión 06-0-33020-10-975, que la ASF aplicó para conocer el destino de los recursos del FISE, revela que “existen deficiencias en el ejercicio del fondo que manejan los municipios, debido a una deficiente supervisión de los organismos estatales responsables de su operación y control”.

Por otra parte –según el mismo reporte– al órgano fiscalizador se le dificultó la identificación y control de los recursos del FISE, que administraron los “entes ejecutores” del gasto, porque utilizaron varias cuentas para su recepción y manejo; asimismo, la comprobación de los recursos no se realizaron oportunamente.

Las áreas fiscalizadas fueron las secretarías de Finanzas, de Obras Públicas y de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Oaxaca; la Coordinación General del Coplade; Caminos y Aeropistas de Oaxaca; el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca; la Comisión Estatal del Agua; la Procuraduría de Colonias Populares del Estado de Oaxaca, y los municipios de Ciudad Ixtepec, Santa Catarina Juquila, San Pedro Pochutla, Putla Villa de Guerrero, Santiago Lachiguiri, Santa María Zacatepec, San Miguel del Puerto, Coatecas Altas, Acatlán de Pérez Figueroa, Santo Domingo Ingenio, San Antonino Castillo Velazco, Santiago Niltepec, San José Independencia, Santo Domingo Chihuitán, Santiago Huajolotitlán, Salina Cruz y Santiago Minas.

La dependencia encargada de la auditoría de los recursos públicos determinó como “probables de recuperar” 109 millones 213 mil pesos, consistentes en recursos destinados a ocho obras que no atienden la pobreza extrema; ausencia de la documentación comprobatoria del gasto sin los requisitos fiscales correspondientes; falta de amortización de anticipos; pago de precios unitarios diferentes a los autorizados originalmente; falta de documentación comprobatoria y pago en exceso en la compra de bienes.

“El gobierno estatal no cumplió de manera adecuada con el objetivo del fondo, al destinar 10 millones 950 mil pesos para la ejecución de ocho obras que no benefician directamente a sectores de la población que se ubican en rezago social y pobreza extrema”, cita el documento.

Además, para diciembre de 2006, el gobierno de Ulises Ruiz no había ejercido 225 millones 186 mil pesos, que representan el 67.4 por ciento del total del fondo, lo que además de impactar en las metas previstas para ese ejercicio propició que “la atención de las necesidades de provisión de infraestructura básica para la población en pobreza extrema no se realizara oportunamente”.

Como resultado de la auditoría se emitieron 36 observaciones que generaron 38 acciones: 16 recomendaciones, tres solicitudes de aclaración-recuperación, ocho pliegos de observaciones, una recomendación al desempeño y 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.

Asimismo, a razón de los resultados de “alto impacto”, el máximo órgano fiscalizador consideró promover la sanción de servidores públicos infractores y la recuperación de recursos económicos para la hacienda pública federal.

El informe concluyó que los recursos destinados a obras no beneficiaron directamente a sectores de la población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Contralínea solicitó entrevista con el gobernador Ulises Ruiz y con sus secretarios de Salud y Desarrollo Social. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Irregularidades Fassa (salud)

* Pagos a personal con plaza médica en centros de trabajo administrativos: 58 millones 701 mil 700 pesos
* Compensaciones no autorizadas al personal de base y mandos medios: 43 millones 280 mil pesos
* Pagos a personal sin que se haya obtenido evidencia de que se encuentran laborando en los centros de trabajo: 14 millones 902 mil 700 pesos
* Monto por regularización extemporánea de licencias de personal comisionado al sindicato con goce de sueldo: 8 millones 413 mil pesos
* Pagos irregulares en efectivo de vales de despensa de fin de año y pago extraordinario de las medidas de fin de año al personal: 7 millones 552 mil pesos
* Monto por plazas no autorizadas: 1 millón 898 mil pesos
* Intereses generados y no pagados por extemporaneidad en la entrega de recursos: 1 millón 792 mil 400 pesos
* Pagos a personal del cual se desconoce centro de adscripción: 1 millón 529 mil pesos
* Pagos de actualización y recargos del impuesto sobre productos del trabajo: 1 millón 236 mil pesos
* Penas convencionales no aplicadas a proveedores: 1 millón 105 mil 900 pesos
* Pagos a personal después de la fecha de su baja: 750 mil pesos
* Pagos indebidos de facturas canceladas por concepto de medicamentos: 396 mil 700 pesos


Irregularidades FISE (infraestructura social)

* Falta de documentación comprobatoria del gasto: 91 millones 106 mil pesos
* Recursos destinados a ocho obras que no benefician sectores en pobreza: 10 millones 950 mil pesos
* Facturas con numeración duplicada: 4 millones 500 mil pesos
* Recursos de los cuales se desconoce su aplicación: 1 millón de pesos
* Bienes no adquiridos al proveedor que presentó la propuesta económica más baja: 830 mil pesos
* Pago en exceso en una obra: 800 mil pesos
* Anticipo otorgado no amortizado: 136 mil pesos
* Nóminas pagadas con posterioridad a la terminación de la obra: 16 mil pesos

Derechos Humanos y Pobreza


Por Alfredo Velarde

A punto de cumplirse el 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , adoptada el 10 de Diciembre de 1948 , resulta oportuno interrogarnos sobre la actualidad y la vigencia del relevante e histórico pronunciamiento que importa referir, en virtud a que entre más se desgasta el agotado neoliberalismo económico , mayores son las vulnerabilidades sociales que, en materia de derechos humanos , se difunden por doquier.

En tal sentido, México no es excepción alguna a tan lamentable estado de cosas en el mundo, ni en materia de los derechos humanos en general , ni en el caso particular de la pobreza que deseo ilustrar , en tanto vulnerado derecho humano económico . Dada la naturaleza tan amplia que la oceánica temática supone, me refiero sólo aquí al lacerante caso económico que dimanan de una creciente y cada vez más agudizada condición de pobreza que padecen más de las tres cuartas partes de los mexicanos, no obstante el explícito pronunciamiento que la Constitución en su asediado Artículo 123 (a casi un siglo la Revolución Mexicana ) y la misma Ley Federal del Trabajo , reconocen la obligatoriedad porque el salario sea remunerador y garante de condiciones de vida dignas para el hoy tan golpeado mundo del trabajo.

Podemos señalar que el momento histórico contemporáneo del capitalismo internacional “globalizado” , se singulariza por el fuerte acotamiento y la propensión por nulificar el cumplimiento expedito de los derechos humanos. Ejemplo ostensiblemente claro de este problema de derechos humanos, como ocurre en el caso de la intolerancia racial , o como en el caso de la discriminación homófoba ante las preferencias sexuales distintas , o como en el caso de la discriminación de género y violencia machista contra las mujeres , y aún en el caso-límite de la criminalización de la protesta social , por señalar otros casos, se sustenta en la relación conflictiva y la enorme distancia que existe, entre el espíritu y el propio cuerpo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus preceptos, y la realidad objetiva que contrasta rotundamente con aquella.

En ese orden de ideas, la pobreza es, acaso, una de las más abominables formas en que la Declaración pareciera ser palabra muerta y que obliga a la lucha social para revertir esta dolorosa condición a fin de refundamentar y ampliar a la propia Declaración más allá de su texto original. La vigencia del espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , no obstante la obsolescencia relativa en los alcances de algunas de sus definiciones originarias más importantes ante la realidad cambiante del mundo y que logró la amplificación del propio concepto de derechos humanos como no se sospechaba entonces, cuando la Declaración fue escrita, se revela en el hecho de que la violencia (y la pobreza es un acontecimiento radicalmente violento en contra de muchos millones en México y el mundo) ha terminado por convertirse en un gravísimo problema estructural del capitalismo de nuestros días. Como lo dice al respecto muy bien la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas” , cuando respecto de la pobreza afirma esclarecida, lo siguiente: “La pobreza constituye una violación generalizada a los derechos humanos, en particular de los derechos sociales básicos. Según cifras conservadoras, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 4% vive en pobreza extrema. Según el propio Banco Mundial, la pobreza en México es del 50%. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México, y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB, mientras que el 10% más pobre (más de 10 millones) recibe el 1.6% del PIB, y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6% del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso del 20% más rico de la población en México a los más pobres, saldrían de la pobreza aproximadamente 12 millones de mexicanas y mexicanos” .

Estas cifras, no obstante su carácter conservador, son escalofriantes. Si se observa su procedencia, en la mayor parte de los casos, provienen de organismos oficiales. De manera que, si hay alguna crítica que hay que hacerles, es su tendencia a maquillar la realidad atenuando los índices de pobreza reales que retratarían un mundo verdaderamente dantesco como el que México encarna en medio de la tremenda polarización social y las inhumanas condiciones de injusta explotación del trabajo. Pero pese a todo coadyuvan a revelar, la tremenda concentración del ingreso que existe en nuestro país y que nos invita a luchar movilizadamente con organización ante la urgencia conque debe afirmarse el derecho humano a una vida digna y a detentar un empleo con salario remunerador para todos. Sobre todo, porque en el capitalismo, nos habíamos acostumbrado a sostener que, la peor condición revelada como resultado de la existencia productora y reproductora de la plusvalía social en que el propio capitalismo se sustenta, era la del proletariado en el ortodoxo sentido clásico de la toral reflexión marxista. Y hoy, lamentablemente, sólo hay una condición peor que ser obrero asalariado urbano o rural en éste México desgarrado nuestro. ¿Cuál es ésta? No serlo, dicho así simple y sencillamente hablando, justo cuando el desempleo estructural engrosa las filas de quienes han sido expulsados definitivamente de todo circuito de asalarización. En general, la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos , no tiene tanto que ver con su contenido formal que, en seis décadas, requiere adiciones importantes, sino, sobre todo, con la recuperación amplificada de su espíritu y de la constructiva voluntad que la hizo posible. Sin embargo, acotar y circunscribir la lucha afirmativa por los derechos humanos a las coordenadas intrasistémicas , implica el riesgo de suponer que una presunta iniciativa global, orientada a favor de un capitalismo de reformas, puede conducir a la evanescente idea sobre un posible “capitalismo con rostro humano” en el que no creo y que, económicamente, están ahí los datos para el que quiera extraer conclusiones objetivas de los mismos.

Gómez Mont: ante todo el negocio


JORGE CARRASCO ARAIZAGA


Fernando Gómez Mont Urueta ha sido más que un abogado patrocinador de lucrativos juicios de políticos y empresarios implicados en fraudes y corrupción. Desde el gobierno de Carlos Salinas ha influido en la vida pública del país como operador del maridaje del PAN con el PRI y promotor de reformas de las que se valió como litigante.
Hechura del exsenador Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont no sólo ha combinado la política y el litigio en casos que han sido muy costosos para el erario.
Pese a ser heredero del panismo doctrinario, fue uno de los panistas que legitimaron a Salinas y colaboraron con Ernesto Zedillo, en una pragmática relación con el PRI como preludio de la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
Con Salinas y Zedillo fue autor, como diputado y asesor presidencial, de modificaciones constitucionales, al Código Penal federal y a distintas leyes, que facilitaron la absolución judicial en algunos casos de "delitos de cuello blanco".
Como parte de ese andamiaje legal participó en la elaboración de la Ley de Concursos Mercantiles, que en mayo de 2000 abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Con ello, quedaron sin castigo las quiebras fraudulentas registradas hasta ese momento.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, entre los beneficiarios de la nueva ley estuvieron la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y su abogado Antonio Lozano Gracia, con quien Gómez Mont había colaborado en la Procuraduría General de la República (PGR) en los dos primeros años del gobierno de Zedillo.
La intermediación de Lozano Gracia para que una de las subsidiarias de AHMSA, Micare, pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de encontrarse en suspensión de pagos, le redituó al exprocurador 5 millones 200 mil dólares. AHMSA se acogió a la suspensión de pagos meses antes de que entrara en vigor la nueva ley. El contrato de Micare con la CFE fue de unos 2 mil 400 millones de dólares (Proceso 1434).
Conocido entre los abogados por su frase "los honorarios son sagrados", el litigante Gómez Mont, un hábil y duro negociador de 45 años, durante más de una década sacó provecho de sus vínculos con panistas y priistas que se convirtieron en abogados de miembros de las élites políticas y económicas involucrados en escándalos.
Al amparo del despacho de Fernández de Cevallos, surgieron firmas jurídicas satélites, como la de Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara Soria -actual subprocurador Jurídico e Internacional de la PGR- y la de Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Clientela famosa
Junto con el bufete del exsenador priista Salvador Rocha Díaz, con quien Fernández de Cevallos negoció la década pasada el cogobierno en Guanajuato, esas consultorías jurídicas han asumido la defensa de personas acusadas de fraudes que han costado miles de millones de pesos al Estado mexicano. Rocha Díaz, incluso, es conocido entre los abogados, como el "dador" de asuntos.
Zinser, Esponda y Gómez Mont cuentan entre sus defendidos a los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, ambos acusados de fraude por autopréstamos no pagados en los desaparecidos Banco Unión y Banca Confía, respectivamente, que acabaron en el Fobaproa.
El caso Cabal, a quien defendió en la demanda de extradición de México al gobierno de Australia, representó el despegue de su despacho.
El nuevo secretario de Gobernación también defendió a Tomás Peñaloza Webb, acusado de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando fue su tesorero, así como a Gerardo de Prevoisin, exdirector de Aeroméxico, encarcelado por fraude en 1988 y acusado de transferir recursos al PRI. Así mismo, patrocinó inicialmente a Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Otro de sus defendidos en materia de extradición fue al exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, acusado de triangular 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del priista y ahora senador Francisco Labastida Ochoa, en el escándalo conocido como Pemexgate.
Más recientemente, asesoró a Javier Moreno Valle en su disputa con TV Azteca por el control del Canal 40, y a Germán Larrea, dueño del Grupo México, en su demanda contra el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.
Otra de sus defensas recientes fue la de Armando Medina Millet, procesado en el llamado "juicio del siglo" de Yucatán, por el asesinato de su esposa Flor Ileana Mafud. El caso lo perdió en la Suprema Corte en 2005.
Ahora, con la encomienda de echar a andar la reforma penal aprobada a principios de año, su excompañero de la Escuela Libre de Derecho (ELD), el presidente Felipe Calderón Hinojosa, designó a Gómez Mont sucesor de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación muerto el martes 4 al desplomarse el avión en que viajaba.
El lunes 10, cuando Calderón anunció su designación, lo calificó de "modernizador" y "reformador", así como "pieza clave en el proceso de transición democrática" a partir de la elección presidencial de 1988.
En la primera mitad del sexenio de Salinas, de 1988 a 1991, al tiempo que Fernández de Cevallos acercaba al PAN al salinismo con el propósito de contener el ascenso de la izquierda con Cuautémoc Cárdenas a la cabeza, Alcántara Soria era diputado federal del PAN y Gómez Mont encargado de representar al PAN en la creación del IFE y en la defensa del voto.
El poder como meta
El presidente del partido era Luis H. Álvarez; y sus operadores, Fernández de Cevallos y el ya fallecido Carlos Castillo Peraza, mentores, respectivamente, de Gómez Mont y de Felipe Calderón. Ambos, hijos de fundadores del PAN: Felipe Gomez Mont y Luis Calderón Vega.
El PAN justificó su actuación como la de una "oposición leal". La estrategia resultó: en la primera mitad del sexenio de Salinas el PAN se había convertido en la segunda fuerza política del país.
En entrevista con la reportera Verónica Espinosa, Alfredo Ling Altamirano señala que en 1988, junto con Felipe Calderón y Gerardo de los Cobos, actual presidente del PAN en Guanajuato, Gómez Mont fue enviado por Luis H. Álvarez a reclamar el triunfo panista en la presidencia municipal de Celaya, la primera que ganó el partido en el estado.
De 1991 a 1994, el ahora secretario de Gobernación fue diputado de la LV Legislatura. Fernández de Cevallos era el coordinador de la bancada del PAN. Desde entonces se le conoce como El Jefe Diego. Por su cercanía con Salinas, negoció la presidencia de la Comisión de Justicia para Gómez Mont. Compañero de esa fracción parlamentaria fue Felipe Calderón.
Apenas iniciada la Legislatura, Fernández de Cevallos avaló, en diciembre de 1991, la quema de las boletas de la fraudulenta elección presidencial de 1988 por la que Salinas llegó a la Presidencia de la República.
De comienzos de los noventa viene otra de las relaciones que con el paso del tiempo fue productiva para las actividades litigantes del nuevo secretario: la que estableció con el exsenador priista Salvador Rocha Díaz, quien fue secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Electoral de Guanajuato durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia.
De las "reformas modernizadoras" de Gómez Mont, en la primera mitad de los noventa, da cuenta René González de la Vega, procurador General de la República y subprocurador general de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Carlos Salinas:
"En 1993, cuando yo era subprocurador del DF, y él presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, durante el debate de la reforma constitucional logró que se reformara el artículo 116 de la Constitución y desapareciera el concepto de cuerpo de delito.
"En su lugar se estableció el de 'atentado contra todos los elementos del tipo', lo cual complicó la labor del Ministerio Público y del juez, pues no sólo les resultaba muy difícil comprobar el tipo penal, sino que se pervirtió la averiguación previa y se convirtió en un prejuicio con enormes expedientes que hacen inútil el juicio."
En 1999, se tuvo que dar marcha atrás a esa reforma y se volvió al concepto del cuerpo de delito, pero el daño ya estaba hecho y hasta la fecha existe una práctica viciada y abusiva del Ministerio Público, añade el ahora profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Reformas a modo
Asegura que si bien en la reforma del 93 se fijó en el artículo 16 de la Constitución que ningún indiciado debe ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, también abrió la puerta para que en el Código de Procedimientos Penales los delitos financieros fueran considerados como "no graves"; lo que años después permitió la exoneración de implicados en operaciones fraudulentas.
Gómez Montt prolongó su influencia al siguiente sexenio, también de la mano de Fernández de Cevallos, quien le propuso a Zedillo que lo designara al frente de la PGR. Dos obstáculos se lo impidieron: la edad y su relativamente tardía titulación como abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD).
Con sólo 31 años de edad, para cuando Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, no cumplía con el perfil establecido en el artículo 102 de la Constitución. El ordenamiento exige una edad mínima de 35 años para ser el abogado de la República. Pero también, una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho.
De acuerdo con el catálogo de exalumnos de la ELD, donde le pusieron el mote de El Feo, presentó su examen profesional el 28 de noviembre de 1986 con la tesis "El principio Nemo Auditur Turpitudinem Propian Allegans ante las excluyentes de la responsabilidad penal". Ese mismo año se titularon sus compañeros Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo.
En 1989, Gómez Mont se integró al despacho fundado por Fernández de Cevallos, aunque la relación profesional y política entre ambos es mucho más antigua, pues el exsenador y excandidato presidencial del PAN que compitió con Zedillo, trabajó en el despacho de Felipe Gómez Mont, padre del ahora secretario de Gobernación.
En 1995, al tiempo que fungía como asesor de Lozano Gracia en la PGR y de Zedillo en la Presidencia de la República, Fernando Gómez Mont se asoció con su compañero de generación Julio Esponda Ugartechea y Alberto Zínser Cieslik.
Como asesor de Lozano Gracia conoció de las investigaciones de los asesinatos del cardenal Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos al final del sexenio de Salinas.
En el gobierno de Zedillo también conoció de la persecución de Zedillo contra Raúl Salinas, a quien Lozano Gracia lo responsabilizó de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, su excuñado. Después de 10 años de cárcel, Raúl Salinas fue exonerado en 2005.

Fidel Castro Escribe Sobre la Reunión del G-20


El Parto de los Montes

(Fragmentos)

Bush se mostraba feliz con tener a Lula a su diestra en la cena del viernes. A Hu Jintao, al que respeta por el enorme mercado de su país, la capacidad de producir bienes de consumo a bajo precio y el caudal de sus reservas en dólares y bonos de Estados Unidos, lo sentó a su izquierda.

Medvédev, a quien ofende con la amenaza de ubicar los radares y la cohetería estratégica nuclear no lejos de Moscú, fue ubicado en un asiento distante del anfitrión de la Casa Blanca …….

….. Cualquiera hubiera pensado que al día siguiente se produciría el debate de fondo sobre el peliagudo tema.......

……El día transcurría, para los que seguían el evento, con la impaciencia por conocer cómo en tan breve tiempo se abordarían los problemas del planeta y de la especie humana. Estaba anunciada una declaración final.

El hecho real es que la declaración final de la Cumbre se elaboró por asesores económicos preseleccionados, bastante afines al pensamiento neoliberal, mientras Bush en sus pronunciamientos pre y pos cumbre reclamaba más poder y más dinero para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones mundiales que están bajo riguroso control de Estados Unidos y sus más cercanos aliados. Ese país había decidido inyectar 700 mil millones de dólares para salvar a sus bancos y empresas transnacionales. Europa ofrecía una cifra igual o mayor. Japón, su más firme pilar en Asia, ha prometido una contribución de 100 mil millones de dólares. Esperan de la República Popular China, que desarrolla crecientes y convenientes vínculos comerciales con los países de América Latina, otra contribución de 100 mil millones procedentes de sus reservas.

¿De dónde saldrían tantos dólares, euros y libras esterlinas como no fuera endeudando seriamente a las nuevas generaciones? ¿Cómo se puede construir el edificio de la economía mundial sobre billetes de papel, que es en lo inmediato lo que realmente se pone en circulación, cuando el país que los emite sufre un enorme déficit fiscal? ¿Valdría la pena tanto viaje por aire hacia un punto del planeta llamado Washington para reunirse con un Presidente al que le quedan sólo 60 días de gobierno, y suscribir un documento que ya estaba diseñado de antemano para ser aprobado en el Washington Museum? ¿Tendría razón la prensa radial, televisiva y escrita de Estados Unidos al no concederle atención especial a ese viejo rejuego imperialista en la cacareada reunión?

Lo increíble es la propia declaración final, aprobada por consenso de los participantes en el cónclave. Es obvio que constituye una aceptación plena de las exigencias de Bush, antes y durante la cumbre. A varios de los países participantes no les quedaba otra alternativa que aprobarla; en su lucha desesperada por el desarrollo, no deseaban aislarse de los más ricos y poderosos, así como de sus instituciones financieras, que constituyen mayoría en el seno del Grupo G-20……

…….. La declaración final de la Cumbre , que requiere por su extensión media hora para leerlo en público……… es aburrida, plagada de lugares comunes. No dice absolutamente nada. Fue suscrita por Bush, campeón del neoliberalismo, responsable de matanzas y guerras genocidas, que ha invertido en sus aventuras sangrientas todo el dinero que habría sido suficiente para cambiar la faz económica del mundo.

En el documento no se dice una palabra de lo absurdo de la política de convertir los alimentos en combustible que propugna Estados Unidos, del intercambio desigual de que somos víctimas los pueblos del Tercer Mundo, ni sobre la estéril carrera armamentista, la producción y comercio de armas, la ruptura del equilibrio ecológico, y las gravísimas amenazas a la paz que ponen al mundo al borde del exterminio.

Sólo una frasecita perdida en el largo documento menciona la necesidad de "afrontar el cambio climático", cuatro palabras.

Por la declaración se verá cómo los países presentes en el cónclave demandan reunirse de nuevo en abril de 2009, en el Reino Unido, Japón o cualquier otro país que cuente con los requisitos adecuados —nadie sabe cuál—, para analizar la situación de las finanzas mundiales, con el sueño de que las crisis cíclicas nunca vuelvan a repetirse con sus dramáticas consecuencias.

Ahora les corresponderá a los teóricos de izquierda y de derecha opinar fría o acaloradamente sobre el documento.

Desde mi punto de vista, no fueron rozados ni con el pétalo de una flor los privilegios del imperio. Si se dispone de la paciencia necesaria para leerlo desde el principio hasta el final, podrá apreciarse cómo se trata simplemente de una apelación piadosa a la ética del país más poderoso del planeta, tecnológica y militarmente, en la época de la globalización de la economía, como quienes ruegan al lobo que no se devore a la Caperucita Roja.

Nueva” Generación de Políticos




Por Eduardo Ibarra Aguirre

No resistió ni 24 horas la tesis de la nueva generación de políticos que emblematiza Juan Camilo Mouriño Terrazo , de acuerdo con el abogado y economista que una semana después de la muerte del entrañable amigo aún confunde al gobierno con el Club de Tobi , al Estado con lo que sus sentimientos íntimos le dictan y su religión con la que deben profesar todos los mexicanos.

Mas a la hora de tomar decisiones se impuso el pragmatismo político a los sentimientos e intimidades que dicta el alma de las afligidos gobernantes y la dirigencia del Partido Acción Nacional que no tuvieron recato para exhibirse como viudas desconsoladas por la pérdida del hombre que a los 37 años de edad pretenden convertirlo en icono, tras ocupar una diputación local en Campeche; una diputación federal; la presidencia de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con el Grupo Parlamentario blanquiazul conducido por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa ; la candidatura derrotada a alcalde de la capital campechana; la asesoría al secretario de Energía; la Subsecretaría de Electricidad; la coordinación general de la precampaña, la campaña y el equipo de transición presidenciales; la jefatura de la Oficina de la Presidencia y la titularidad de la Secretaría de Gobernación.

Tras la meteórica carrera, protegido y arropado con especial cuidado desde hace ocho años por Calderón Hinojosa, el ahora arquitecto del aún cuestionadísimo triunfo electoral del 2 de julio de 2006, fue sustituido por un destacado representante de la decena de familias que administran al PAN y típico abogado que pone al servicio de los dueños de México la sapiencia como penalista y las relaciones políticas.

Fernando Francisco Gómez Mont Urueta llegó al Palacio de Covián con una agenda saturada por la seguridad y la justicia que seguramente será la constante como secretario de Gobernación, en un país dominado por la inseguridad y el narcotráfico, subestimado por el gobierno federal, reconoce con singular cinismo Eduardo Medina-Mora Icaza .

En tanto que como abogado penalista defendió a integrantes de la plutocracia acusados, nada más, de defraudar al fisco, de usar la política para enriquecerse, de desviar recursos de Petróleos Mexicanos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa --¡presidente de la Comisión de Energía del Senado¡-- y de aprovechar el poder público para enriquecerse.

Con un “De aquí, y ahora, y hacia delante”, pretende el abogado establecer una muralla con su pasado profesional como defensor de Raúl Salinas de Gortari y Carlos Cabal Peniche , entre otras finísimas personas.

De abogado defensor de prohombres de la delincuencia de cuello blanco, la que desde el gobierno y el empresariado corroe las entrañas de México y proyectan su depredador ejemplo, se percibe cuesta arriba que Gómez Mont sea capaz de remontar sus orígenes de litigante de los hombres del poder fáctico e institucional, en su nueva condición de titular de la Segob.

El destacado penalista está, además, vinculado estrechamente a Diego Fernández de Cevallos , símbolo del tráfico de influencias y del ejercicio político y legislativo a espaldas de la sociedad y de su mismo partido, ejercicio en el que también destacó Mouriño Terrazo y la nueva generación de políticos que representa como ninguno por decisión presidencial.

En algo tiene razón el secretario de Gobernación: No podrá ocupar el espacio de su antecesor porque “ése es de él y sólo de él”. No se presta, pues, al rito de la viudez y del Club de Tobi . Y para empezar es saludable en un país urgido de que el gobierno abandone las conductas facciosas y asuma actitudes republicanas.

B5- Renacionalización energética



El FTE de México, junto con otros sectores sociales y populares, forma parte de la lucha independiente en defensa de la nación viviente y sus derechos sociales. La reciente experiencia en defensa del petróleo ha puesto a muchos mexicanos en pie de lucha. Esta no ha terminado, ahora, se inicia una nueva etapa. Es tarea de todos extender y consolidar el movimiento, concretando las tareas políticas de nuestra época. Esto implica enarbolar unitariamente un programa propio, construir organización social estructurada y practicar la solidaridad.

Ruptura de la legalidad constitucional

El 23 y 28 de octubre de 2008, la mayoría de senadores y diputados federales, respectivamente, aprobaron una reforma energética que privatiza a los hidrocarburos de México, por la vía de otorgar contratos a las transnacionales para la exploración y producción de petróleo crudo. Esa reforma, también reafirma la privatización eléctrica y del gas, y la extiende a todas las fuentes de energía incluyendo a las renovables, al transporte y distribución de productos petrolíferos, petroquímicos y agrocombustibles por medio de ductos, así como su almacenamiento.

Esta contrarreforma energética significa la expropiación energética extranjera. Las propuestas fueron formuladas por el gobierno federal, así como, todos los partidos políticos con sus asesores y “expertos”. Debido, precisamente, a sus “coincidencias” fue que aceptaron la aprobación de siete dictámenes de los cuales, seis son abiertamente privatizadores. Las reformas se refieren a leyes secundarias que contravienen a la Constitución política del país, especialmente a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.

No son medidas menores ni se ha “impedido” la privatización de Pemex. No solo hay “rendijas” sino puertas abiertas al capital privado extranjero, en las actividades estratégicas del sector energético. Se trata de explícitos hechos inconstitucionales.

El Estado de derecho no existe más. Hoy, en materia energética, la legalidad que se aplica cotidianamente es la indicada en las leyes reglamentarias. Hay, entonces, un manejo esquizofrénico de la legalidad pues se invoca a la Constitución, a la que se dice respetar, pero se aplica la legislación secundaria que dice lo contrario, es decir, es inconstitucional.

El FTE por el camino de fuego

Los trabajadores mexicanos de la energía, organizados en el FTE de México, estamos en total desacuerdo con la contrarreforma energética neoliberal aprobada por la mayoría de los legisladores de los partidos políticos, asesorados por “expertos” que, al parecer, no lo son.

Con esta contrarreforma se ha llegado al límite. La legalidad constitucional está rota. Las cúpulas gubernamentales y políticas ratificaron a una “Constitución” definida por el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Norteamérica. El TLC adicionó un inciso cinco (5) en materia eléctrica que NO existe en el artículo 27 constitucional. La Constitución fue modificada regresivamente incorporando, en tal inciso cinco, figuras jurídicas ilegales para permitir la generación eléctrica privada que, al momento, llega al 48% a nivel nacional. El mismo proceso de desnacionalización está presente en materia de gas, del agua e, incluso, del petróleo crudo. Con esto, la nación ha perdido su soberanía pues el gobierno la ha entregado a las corporaciones imperialistas.

Ante esta situación, el FTE declara que es necesario recuperar para la nación el dominio directo sobre su patrimonio colectivo y recursos naturales.

No hay negociación posible con los gobiernos en turno ni con los partidos políticos estatales. Recuperar a México supone la acción soberana del pueblo organizado. El FTE propone organizar la resistencia con base en la lucha política programática.

Nuestro camino tiene corazón

Los recursos naturales son de la nación y no deben ser jamás de propiedad privada por ser recursos patrimonio de la humanidad. A la nación mexicana viviente corresponde restablecer la soberanía, en los términos definidos por la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, de 1914. Es decir, mediante la acción directa sin esperar que un solo individuo o gobierno, por bien intencionados que sean, resuelvan los problemas sociales del conjunto del pueblo.

La soberanía se expresa en un programa propio, basado en la independencia de clase, en principios y ética social, en el contexto de la lucha de clases, que permitan realizar con éxito las tareas políticas de nuestra época que incluyen la práctica de la solidaridad internacional.

La defensa de las tierras, las aguas, los bosques, los minerales, los energéticos, la biodiversidad y todos los demás recursos naturales son una bandera de los trabajadores y los pueblos del mundo. Es tesis del FTE de México que los recursos naturales solo deben ser de propiedad colectiva. La lucha por la defensa de los recursos naturales es una de las grandes causas del pueblo de México y es un camino con corazón porque es de victoria.

¡Re-nacionalización de México!

En un proceso conciente todos los mexicanos tenemos el deber de re-nacionalizar a México. Esto significa, ante todo, el derecho de propiedad colectiva sobre los recursos naturales, medios de producción e infraestructura física, así como, el derecho a la autodeterminación social, económica y política. Implica, asimismo, el desarrollo de nuestra propia cultura.

Los mexicanos necesitamos construir a una nación independiente y libre, democrática y solidaria. Las estructuras estatales están caducas y, reiteradamente, se han mostrado contra la nación. Ninguno de sus gobiernos y partidos políticos son capaces de atender los grandes y graves problemas nacionales. Su interés consiste, solamente, en expoliar a los mexicanos, atropellando sus derechos sociales y políticos fundamentales, para beneficiar al capital nacional y extranjero.

El Estado y partidos políticos electoreros han vuelto a agraviar a los mexicanos y el momento es de definición política, de ruptura y, al mismo tiempo, de construcción. Re-nacionalizar a México significa enarbolar un programa unificado. El FTE ha puesto a discusión un Programa Obrero de transición que ahora ratificamos. Como parte del programa de los mexicanos, proponemos a la nación organizar la lucha por la re-nacionalización energética.

Banderas de la re-nacionalización

La re-nacionalización energética incluye a todas las fuentes de energía, renovables y no renovables. Es decir, proponemos re-nacionalizar a los energéticos primarios y a la generación de energía eléctrica a partir de todas las fuentes disponibles. Esto incluye al petróleo, el gas, el carbón, el uranio, el agua, la geotermia, la energía de los océanos, los vientos y la radiación del Sol que corresponden al territorio nacional, en tierra firme y en el mar.

Las banderas de la re-nacionalización energética son:

1- La propiedad colectiva sobre todos los recursos naturales energéticos de la nación.

2- La Política Energética Independiente basada en el uso racional de los recursos naturales y la gestión colectiva de los mismos.

3- La integración del proceso de trabajo energético bajo el control obrero de la producción e investigación y el control popular sobre los recursos e infraestructura física.

Lucha independiente para rescatar a México

La re-nacionalización energética es un proyecto de lucha para toda la nación mexicana. Este proyecto requiere, como condición esencial, la lucha independiente de los trabajadores y pueblo en general. Esto supone la construcción de organización social y política, a todos los niveles y en todos los lugares del territorio nacional.

El FTE de México propone la organización de Consejos de Pueblos, a nivel local, regional y nacional. Estos Consejos regirán su accionar a partir del programa y principios definidos colectivamente y serán de carácter territorial. En el caso de los trabajadores, se propone organizar Consejos Obreros en cada centro de trabajo y en todas las ramas industriales.

Los Consejos son medios para la lucha que incluyen las aspiraciones del poder político. La Re-nacionalización no la hará ningún gobierno neoliberal ni sus partidos. Necesitamos de un gobierno propio y de un nuevo pacto político expresado en una nueva Constitución.

Para lograr lo anterior se necesita definición y compromiso. No basta proclamar las consignas, hay que materializarlas día a día, para forjar una dirección política conciente surgida desde abajo, es decir, desde el interior del movimiento.

El desafío que nos convoca

El desafío que convoca a los trabajadores mexicanos, es el mismo que convoca a los pueblos y demás mexicanos (as), porque se trata de una misma lucha con vertientes y acciones múltiples.

La re-nacionalización de México es necesaria y, por ser necesaria, se hará. La tarea dista de ser inmediata, podría ser en ésta o en las siguientes generaciones, pero tiene viabilidad histórica y política. No es sencillo lograrla porque se necesita construir la organización, misma que, en el caso de los trabajadores supone desafiar al charrrismo sindical, y vencerlo en una lucha generalizada, para reorganizar democráticamente al movimiento obrero y construir una Central Unica de Trabajadores, democrática y clasista.

En otro nivel, se necesita de la construcción de un Partido político propio, que supere el estrecho marco electoral y enarbole las banderas de la lucha social.

La organización social de la nación mexicana es fundamental para ejercer el poder popular verdadero. No se trata de aspiraciones burocráticas sino solidarias. Necesitamos re-fundar a la nación desde los pueblos, es decir, a partir de la organización independiente de la nación viviente que somos la mayoría de los mexicanos.

La Re-nacionalización de México significa expropiar al capital y recorrer un camino, al lado de los demás pueblos del mundo, para construir una nueva nación. Esta propuesta es de transformación social, de fase activa y constructiva, y necesita del apoyo de todos los mexicanos que compartan este proyecto.

¿Cuándo se hará? Cuando estemos listos. ¿Cuándo empezará? Ahora mismo, siguiendo la auténtica tradición magonista, villista y zapatista, luchando incansables, sembrando ideales, con alegría, conciencia y organización ¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Viva Tierra y Libertad!

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

El desafío que nos convoca



El 22 de noviembre de 2008, en Acatitlán, municipio de Luvianos, Estado de México, se llevará a cabo el 1er Congreso de Pueblos de Tierra Caliente con la participación de 16 pueblos de los estados de México, Guerrero y Michoacán. El siguiente es el llamado al Congreso.

Compañer@s:

Con nosotros vienen los recuerdos y las experiencias de una larga historia de lucha y de resistencia. Echamos mano de nuestras identidades y de nuestras culturas para enfrentar las amenazas que ha traído cada época. Este camino no ha sido fácil. Desde la conquista y sin descanso, la arrogancia, el egoísmo, la ignorancia y el irrespeto, disfrazados de distintas maneras, han caído sobre nosotros con engaños y mentiras, con falsas promesas, con el poder de armas cada vez más sofisticadas y mortales y con instituciones, normas y leyes que nos traen miseria, explotación, dolor y sometimiento. Cada vez que llegan a atropellarnos aseguran que es por nuestro bien. En cada época hemos tenido que descubrir el engaño, unirnos y organizarnos para defendernos. Siempre nos sirvió volver a las raíces, echar mano de la sabiduría contenida en nuestras memorias colectivas, escuchar a los mayores y acercarnos a la naturaleza para hacernos parte de la vida toda y defendernos defendiéndola.

En cada época tuvimos que aprender a resistir y hacerlo de una manera diferente de acuerdo con el desafío que enfrentamos. Venimos marchando desde lejos, desde hace mucho tiempo, por el camino de la historia. Los últimos pasos que nos trajeron para realizar este Congreso de los Pueblos, son la etapa más reciente de la larga historia que nos convoca., pero también establecen el comienzo de un nuevo camino que hemos decidido recorrer.

El desafío que impone esta nueva época es grande. Talvez el mayor que hayamos tenido que enfrentar en nuestra historia. Nos arremete y sufrimos un orden que está mal, que hace daño y que no sirve, eso lo sabemos y lo decimos con fuerza. No solamente están en riesgo nuestras culturas, nuestras comunidades, nuestros pueblos y familias. Es peor, la vida misma corre el riesgo de ser destruida por la ceguera de quienes se han equivocado y utilizan el mayor poder de la historia para convertir en mercancía todo lo que existe a través de sus proyectos centenarios que siempre han destruido lo elemental para la vida: el agua, la tierra y el aire y su privatización.

Lo que debe ser todavía no existe más que en nuestro compromiso, en la memoria de todo lo que vive y en lo que tenemos que inventarnos, sembrar y proteger para abrir el camino.

El Proyecto que amenaza la vida no respeta fronteras, por eso lo llaman Globalización. Llega hasta nuestras comunidades y hasta nuestros hogares en todas partes de la tierra calentana, el estado y el país.

Todo esto es difícil de ver, de entender, de resistir y de cambiar. Nos exige unidad, creatividad, inteligencia, solidaridad, compromiso, sacrificio y mucho trabajo, pero también mucha alegría y muchas ganas de vivir.

Precisamente porque enfrentamos un desafío grande y distinto a todos los que nos han tocado hasta ahora, esta movilización es diferente. No salimos solamente a exigir, a reclamarle al Gobierno, a denunciar, aunque también lo vamos a hacer. Esta vez salimos a convocar pueblos, organizaciones y procesos populares. Nos reuniremos para expresar nuestro compromiso de unirnos y de trabajar tejiendo la solidaridad recíproca que hace falta para defender la vida. Esta vez sabemos que solos no podemos y que nos necesitamos mutuamente para entender, para resistir y para crear un país y un mundo posible y necesario.

Lo que nos convoca es tejer la defensa de la tierra, el aire y el agua.

Nuestros actos reivindican el valor de la palabra. Por eso crece nuestro poder de convocatoria y la fuerza de nuestros argumentos. Por nosotros, hablan nuestros actos de dignidad y resistencia que no se detendrán. A este PRIMER CONGRESO DE TIERRA CALENTANA, crecer en nuestros objetivos, para que el país nos escuche y el Gobierno no nos ignore y respete la fuerza de nuestra legitimidad.

1- LA DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA.

2- PAQUETE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES

3- MECANISMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RESISTENCIA Y SOBERANÍA POPULAR

4- UN CONSEJO ITINERANTE DE PUEBLOS.

POR LA VIDA, LA JUSTICIA, LA ALEGRÍA, LA LIBERTAD,
SEGUIMOS CAMINANDO

Pueblos convocantes:
Luvianos, San Martín Otzoloapan, Zacazonapan,Temascaltepec, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, en el Estado de México.
Susupuato, Tuzantla, Tiquicheo, Carácuaro, Huetamo, San Lucas, en Michoacán. Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, en Guerrero.
La sede del evento (campo de Fútbol) está ubicado en San Juan Acatitlán, camino a calle Emiliano Zapata subiendo a la derecha, Luvianos, Estado de México.

Tel (01 724)2676039 (045) 7222399688 (045)7223646323.
Para mayor información, confirmación de asistencia y/o envío de saludos al 1º. Congreso de Pueblos de Tierra Caliente, favor de comunicarse con:
congresodetierracaliente@gmail.com
unidadpatriotica@gmail.com

El FTE de México se integra solidariamente con el llamado de los pueblos de Tierra Caliente y, a su vez, llama a demás las organizaciones a ser parte de esta experiencia.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

Utopía


A cuatro décadas

Eduardo Ibarra Aguirre

Una noche de un 20 de noviembre, pero de 1968, partí de Río Bravo al Distrito Federal para instalarme aquí de manera definitiva, como es fácil constatarlo ahora y lo ignoraba entonces.
No fue aquella una decisión personal que sólo implicara dejar la pequeña población tamaulipeca, asentada entre Matamoros –mi tierra chica-- y Reynosa, y además sede de los comités regionales de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la Juventud Comunista de México y el Partido Comunista Mexicano.
Fue, sí, una decisión tomada por la dirigencia de la JCM que se encontraba severamente mermada al tener a la mitad de sus integrantes en Lecumberri, símbolo de la prisión política hecha método de gobierno por Gustavo Díaz Ordaz, tras el inicio del movimiento estudiantil popular de 1968 y no digamos con la derrota el 2 de octubre del mismo año.
Naturalmente que la decisión podía acatarse o declinarse, pero a los 18 años de edad cumplidos opté, sin titubear, por lo primero, pues desde hacía cuatro meses dedicaba mi tiempo a la organización juvenil, integrada mayoritariamente por campesinos y jornaleros, y en menor medida por obreros urbanos y estudiantes. También participaba en algunas tareas de la CIOAC y del PCM.
De tal suerte que cuando me informaron de la necesidad de trasladarme al Distrito Federal –México, a secas, le llamábamos por mis rumbos-- para contribuir junto a Raúl Ramos Zavala, de Monterrey, Nuevo León; Fabián González, de Guadalajara, Jalisco; Jaime Alcaraz, de Chilpancingo, Guerrero; y Antulio Ramírez, de Uruapan, Michoacán, a las tareas que mis compañeros encarcelados ya no podían realizar, no sólo me pareció fascinante sino un indescifrable reto que moralmente estaba obligado a afrontar.
No me importó, entonces, que a la mayoría de aquellos jóvenes presos sólo los conocía por el semanario La Voz de México y antes por la quincenal Política, que dirigía el inolvidable Manuel Marcué Pardiñas, y Nueva Vida. Exactamente igual que ahora. Aquí se aboga, documentándola periodísticamente, por la liberación de varios de los centenares de prisioneros de conciencia y políticos, y por todos ellos juntos por medio de la ley de amnistía general que impulsa la incansable Rosario Ybarra de la Garza, sin reparar en la exquisitez del trato personal o no.
Claro está que el compromiso que adquiría era radicalmente superior a la indispensable abolición de la prisión política como institución del autoritarismo presidencial. Se trataba de sustituir en el quehacer a jóvenes universitarios que bregaban con mejores instrumentos del conocimiento que yo y mayor experiencia por la transformación socialista de México.
Ni siquiera reparé en aquellas evidentes diferencias y no precisamente por soberbia, sino porque cuando los deberes políticos, ideológicos o simplemente éticos se presentan en la vida, se afrontan o no. Y se invierten los mejores esfuerzos.
Además resultaba enigmático cambiar el norte de Tamaulipas como centro de operación por la megalópolis que, aunque previamente había visitado en tres ocasiones, era una gran desconocida que todavía no acabo de recorrer.
Instalado en el DF, mi tarea principal consistió, durante poco más de cuatro años, en visitar a los comités del noreste, el centro y el noroeste de la República, y la capital sólo era punto de rendición de cuentas, recepción de lineamientos y de partida.
Cuatro décadas después, sin aquella temprana y acertada decisión juvenil, reforzada también con mi inicio en el tan riesgoso como fascinante y adictivo oficio de escribidor, en abril de 1970 en la revista semanal Oposición, seguramente no estaría ahora frente a la pantalla de la computadora, instalado en el rescate de estos recuerdos más colectivos que personales, para compartirlos con usted, generoso y paciente lector de Utopía.
Acuse de recibo
Análisis de la contrarreforma laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, coordinado por José Antonio Almazán González; El petróleo en la historia y la cultura de México, bajo la coordinación de José Alfonso Suárez del Real y Aguilera; y El debate constitucional sobre la reforma de Pemex: conclusiones y propuesta, coordinado por el primero, son los libros que hizo llegar a Utopía el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados… El periodista y escritor tamaulipeco Gerardo Unzueta Lorenzana informa a los lectores de este espacio que después de tres meses de relativa ausencia periodística en El Universal y gracias a tres operaciones ópticas realizadas en el Hospital de Oftalmología del Centro Médico, se reincorpora “viendo de más” para “volver a las utopías que tanto amo y que tú cultivas con empeño.”… La reportera y feminista, luchadora social más allá del género y mujer de origen mazahua, Sara Lovera López inicia la odisea de superar las cuatro décadas en el periodismo con vigor y creatividad en nuevos proyectos individuales y colectivos.
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Asimetrías


Gobernando por "Outsourcing"

Fausto Fernández Ponte

"Un Gobierno debe ser uno de empresarios, para empresarios y por empresarios".
Vicente Fox

I

Antójase ironía grotescamente macabra que Juan Carlos Mouriño, identificado como el Rey de los Contratos en Petróleos Mexicanos, haya muerto en un accidente (versión del Gobierno) causado por la práctica misma del contratismo.

Vero. Según la versión gubernamental, el desplome del avión de la secretaría del despacho de Gobernación en el que viajaban el español y José Luis Santiago Vasconcelos y otros funcionarios fue causado por impericia de los pilotos.

Empero, esos pilotos –también fallecidos en el desplome del avión— no eran funcionarios del Gobierno, sino particulares ermpleados por una empresa privada, responsable por contrato del mantenimiento de la aeronave.

Así, la empresa privada ejercía el contrato licitado por Gobernación para proveer conductores o pilotos del avión del Gobierno y asegurarse que la aeronave estuviese en condiciones óptimas y seguras para volar.

Ignóranse detalles acerca de cómo ocurrió la licitación –el Gobierno no ha divulgado información al respecto— ni quiénes son los empresarios dueños de la razón social contratada ni la identidad de sus funcionarios u operadores.

II

Pero presumiríase que los empresarios dueños de la entidad privada proveedora de pilotos y mantenimiento del avión tienen influencias en el Gobierno o contactos en círculos altos de de éste o simplemente acceso a quienes deciden.

Más fuere lo que fuese –o, parafrasean al presidente de Facto, Felipe Calderón, "haiga sido como haiga sido"-, lo que emerge es la sospecha de que el contrato a la empresa proveedora pudo haber sido, dígase, amañado.

Y por amañado entiéndase la presunción suspicaz de que la licitación de obras y servicios al gobierno no suelen ser transparentes, sino opacas. La opacidad nutre la voracidad humana y permite la corrupción.

Ello es parte de la idiosincrasia del poder y de la vida empresarial y, ergo, deviene en la cultura de la corrupción. Los contratos del Gobierno a particulares se venden (o se compran) en contubernio de personeros del Gobierno y postores.

Por supuesto, los postores beneficiados por los contratos otorgados por el Gobierno son aquellos con acceso, influencias o identifiación ideológica y afinidad política o simplemente porque ofrecieron y pagaron mejor precio.

III

Mouriño, cid campeador del contratismo, obtuvo sus 102 contratos con Pemex porque era, primero, diputado federal, y después, por ser funcionario de la secretaría del despacho de Energía cuyo titular era Felipe Calderón.

Operaba, pues, con ventaja, lo que implica alevosía y premeditación, avieso fin de aprovecharse de cargos públicos, acentuados éstos por la cercanía con don Felipe. Ni éste ni Mouriño vieron en ello conflicto de interés. ¡Qué cinismo!

La otra perversidad del contratismo --en inglés, "out sourcing"— tiene tres vertientes ominosas: una, la de subrogar a particulares las potestades del Gobierno, lo que equivale a abdicar deberes y obligaciones.

La segunda vertiente es aun más aberrante: evadir responsabilidades morales, éticas e incluso penales, pues las normatividades reguladoras son laxas, de compadrazgos políticos y complicidades mercantiles.

La tercera vertiente es monstruosa pues equivale a traición a la patria: privatizar el ejercicio del Gobierno. Gobernar mediante "out sourcing". Así se está haciendo. La seguridad nacional misma está a cargo de mercenarios.

El propio Mouriño parecía actuar y desempeñarse conductualmente en un puesto público como un empresario en pos de la ganancia ventajosa, más no como un político, sin conciencia de los imperativos de la seguridad.

ffponteqgmail.com

Glosario:

Conductualmente: relativo a la conducta.

Laxas: flojas, ligeras, decuidadas.

Mensaje a la Conferencia de NY



El siguiente es el mensaje de solidaridad del FTe de México enviado a la Conferencia del Partido Workers World/Mundo Obrero de los Estados Unidos de Norteamérica con motivo de la Conferencia Nacional que realiza en la ciudad de Nueva York.

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2008.

Berta Joubert-Ceci & John Catalinotto,
Departamento de Asuntos Internacionales,
Partido Workers World/Mundo Obrero

El Frente de Trabajadores la Energía (FTE) de México, integrado por electricistas, petroleros, trabajadores nucleares, del agua y de la ciencia, saludamos a la Conferencia Nacional del Partido Workers World/Mundo Obrero, a realizarse el 15 y 16 de noviembre de 2008, en la ciudad de Nueva York.

Somos los trabajadores mexicanos con mayor trayectoria de lucha al lado de la Federación Sindical Mundial y estamos convencidos de la lucha clasista, de la necesaria unidad del movimiento obrero del mundo, de la solidaridad proletaria, del antiimperialismo y del internacionalismo.

Los temas a tratar por su Conferencia tienen el mayor interés para los trabajadores del mundo. La fase actual del capitalismo y las políticas seguidas por el imperialismo y gobiernos neoliberales son lesivas para la humanidad. La actual modalidad de crisis financiera afectará a la población norteamericana y a la de todos los continentes, espacialmente, a los más pobres.

Estaremos atentos a la discusión y acuerdos de la Conferencia. Somos de la opinión que el derrumbe del capitalismo no es inmediato ni puede ocurrir espontáneamente. Hace falta la lucha organizada y conciente a escala planetaria. Necesitamos de un programa para la transición, de una organización que ayude a extender y consolidar al movimiento, y de la práctica consecuente de la solidaridad con todos los trabajadores y pueblos en lucha.

Reconocemos a los trabajadores norteamericanos, como ustedes, por los enormes esfuerzos que realizan y deseamos importantes éxitos a la Conferencia que han organizado en Nueva York.

En México vivimos una de las situaciones más graves después de la Revolución Mexicana, en los campos económicos, políticos y sociales, consecuencia del neoliberalismo, la antidemocracia, la corrupción y el dominio de las transnacionales.

Más de 300 corporaciones petroleras, del gas, de la energía eléctrica y del agua, se han apoderado de nuestro territorio, en tierra firme y en el mar. La industria eléctrica que conquistamos en 1960 ya está privatizada en 48%. Recientemente, los diputados y senadores de todos los partidos políticos han aprobado una reforma energética lesiva a los intereses de la nación mexicana. Con esa reforma se pretende continuar la privatización de todos los recursos naturales de hidrocarburos y de todas las fuentes alternas, renovables y no renovables, de energía.

Pero el pueblo de México no ha dejado de luchar ni permitirá la apropiación privada del patrimonio energético nacional. Los trabajadores del FTE somos parte de esta gran causa del pueblo mexicano y, solidarios y activos, participamos ampliamente enmarcando nuestra acción en el contexto de la lucha de clases, el antiimperialismo y el derecho de las naciones a su independencia y libertad.

Reciban nuestros cordiales saludos, que hacemos extensivos a todo el proletariado norteamericano conciente. ¡Vivan los trabajadores estadounidenses en lucha! ¡Vivan los delegados y delegadas del Partido Mundo Obrero que asisten a la Conferencia de Nueva York! ¡Viva Tierra y Libertad!

¡Proletarios de todos los países, Uníos!

Frente de Trabajadores de la Energía, de México

Detienen colaborador colombiano de Kaosenlared y Director de la Red Independiente de Comunicación Alternativa Clarin, J. Manuel Arango



Por: Colectivo Kaos en la Red
Fecha de publicación: 18/11/08

Colombia, 18 de noviembre de 2008.=J. Manuel Arango, colaborador permanente de Kaosenlared [1] y Director de la Red Independiente de Comunicación Alternativa Clarin [2], ha sido detenido hoy, a las 11 de la mañana, por autoridades represivas colombianas en el municipio de Soacha. Según datos primarios, Arango fue convocado por un patrullero para asistir a una reunión a las 10:30 y al llegar a tal cita se le informó que era detenido al ser acusado por rebelión.

En estos momentos la familia de Arango mantiene cierta comunicación con el detenido que está ubicado en la Fiscalía a la espera de una audiencia. En horas recientes la familia se traslada a la Fiscalía a ver a Arango y para trasladarle utensilios de primera necesidad por si la presunta culpabilidad le produce quedarse bajo prisión.

Arango desde muy joven ha estado vinculado a las Luchas populares. Lideró luchas estudiantiles en el Caquetá y sus vínculos con los movimientos campesinos produjeron ser representante de las Organizaciones Agrarias en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Actualmente es un férreo defensor de los Derechos Humanos, que tanto viola el gobierno de Álvaro Uribe, y un participante constante contra la desinformación diaria que existe en Colombia e internacionalmente, acción que le ha producido ser candidato al premio Lorenzo Natali en periodismo en el 2008.

¡Solidaridad con Arango desde el colectivo de kaosenlared!

¡Contra la represión del gobierno de Uribe a la población civil y al periodismo alternativo!

[1] Para ver sus escritos: http://www.kaosenlared.net/colaboradores/jmanuelarangoc

[2] Pagina de Clarin: http://pwp.etb.net.co/jomar1

MODELO DE CARTA A DIRIGIR AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO COLOMBIANO

El/ La (nombre y apellido) solicita junto con el colectivo editorial del diario alternativo kaosenlared.net la puesta en libertad inmediata de su colaborador y demócrata reconocido intermacionalmente J. Manuel Arango que ha sido detenido por la fuerzas de seguridad de su país.

Arango es una persona que goza del respeto de numerosas personalidades internacionales y de su país por su fuertes vínculos con los movimientos campesinos lo que le llevó a ser representante de las Organizaciones Agrarias en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Actualmente es un férreo defensor de los Derechos Humanos y periodista reconocido lo que le ha llevado a ser candidato al premio Lorenzo Natali en periodismo en el 2008.
Por todo ello y por considerarlo una persona absolutamente partidaria de la paz y la negociación solicitamos su libertad inmediata sin cargos y con respeto para sus derechos y opiniones.

Nombre y apellidos

País ciudad

Escríbale al Presidente:

http://syscopre.presidencia.gov.co/publico/frmCiudadano.aspx

Fuente: Alternativa Bolivariana.

G20: UN ESCENARIO INCOHERENTE QUE ES NECESARIO REESCRIBIR COMPLETAMENTE



Por Damien Millet y Eric Toussaint.
La cumbre del G20, que tuvo lugar Washington y congregó a los grandes países industrializados y emergentes, es un fiasco.

La crisis financiera internacional es profunda, las Bolsas perdieron cerca de un 40% de su capitalización en octubre de 2008, los mercados financieros dependen de las decisiones tomadas por los Estados para aportar remedios que aclararían su futuro, hoy bien tenebroso. Los focos de actualidad internacional apuntaron durante un fin de semana sobre Washington. Y sin embargo…

Sin embargo, ¿qué pasó en Washington? Se representó un triste espectáculo, un escenario francamente carente de credibilidad, que conmovió a muy pocos espectadores. En las películas policiales, aparecería como bastante extraño que las llaves del Tribunal de Justicia se confíen a los culpables de un crimen abominable. Es, sin embargo, lo que el G20 está organizando…

Desde la crisis de la deuda de 1982, los grandes países industrializados promovieron con vigor medidas económicas neoliberales que el FMI y el Banco Mundial se encargaron de imponer a los países en desarrollo. El Sur, apresado por un sobreendeudamiento causado por la caída de los precios de las materias primas durante las décadas 1980-90 y por un alza brutal de los tipos de interés decididos por Estados Unidos en 1979, se vio obligado a reformar su economía para poder cumplir con sus acreedores, a elección: desregulación loca, privatizaciones masivas, apertura de los mercados en favor de las grandes empresas de los países industrializados, reducción de los presupuestos sociales y de la función pública…Todos los males provenían - según el pensamiento impuesto -, de un exceso de Estado, y era necesario reducir su influencia sobre la esfera económica a toda costa, incluso - y sobre todo - si pretendía defender el interés del mayor número de personas.

Para las poblaciones del tercer mundo, el remedio impuesto por el FMI, el Banco Mundial y luego la OMC, a petición de los dirigentes de los países del Norte, fue peor que la enfermedad. Los levantamientos anti-FMI se multiplicaron, por ejemplo cuando el precio del pan se duplicaba en una noche. Con la notable excepción de algunos Gobiernos de izquierda, a menudo muy desestabilizados tras bastidores para que vuelvan al redil, la mayoría de los Gobiernos del Sur aplicó estas medidas sin pestañar. Presentada como indispensable para la creación de riqueza, la desregulación económica se extendió al planeta entero. Las instituciones financieras privadas entonces tuvieron las manos libres para inventar productos financieros cada vez más complejos con el fin de acumular cada vez mayores beneficios, libres para cerrar los ojos sobre las consecuencias económicas reales. Se crearon algunos ingenios financieros que confundían sin permitir el menor control de las autoridades, y por supuesto sin ninguna moral. Mientras eso fue posible, se disimuló la cara indeterminada de esta desregulación detrás de despreciables bonitas cifras de crecimiento, sin revelar que este crecimiento se refería solamente a los más ricos y que se asistía en realidad a un crecimiento extraordinario de desigualdades.

Más tarde llegó el momento en que ya no fue posible afirmar que la novia era bonita cuando su vestido estaba manchado de sangre. La crisis financiera internacional se desencadenó en agosto de 2007 y se agravó durante el año 2008. Grandes bancos (Northern Rock, RBS, Bear Stearns, ING, Fortis, Dexia, UBS y tanto de otros), grandes compañías de seguro (AIG), grandes organismos de crédito hipotecario (Freddy Mac, Fannie Mae) pidieron ayuda al Estado que menudo aceptó reflotarlos u organizar su rescate. Pero el Estado, en vez de aprovechar la ocasión para retomar el control de esta mecánica infernal que se volvió loca, dejó el poder de decisión en manos de los que pidieron ayuda, o sea en manos de los mismos que condujeron la economía mundial al callejón sin salida actual.

Esta cumbre del G20 es reveladora de que no se aprendió ninguna lección. Los viejos demonios del pasado están siempre allí. El FMI y el Banco Mundial, aunque deslegitimados por el fracaso de las medidas impuestas desde hace 25 años y por la crisis de gobernabilidad que los afecta desde hace unos años (dimisión forzada de Paul Wolfowitz de la Presidencia del Banco Mundial, dimisiones de Horst Köhler y Rodrigo Rato del FMI antes del final de su mandato, reciente investigación en torno a Dominique Strauss-Kahn en el FMI), están todavía en el centro de las soluciones propuestas. La reanudación de las negociaciones en la OMC para aumentar la desregulación económica, que acaba de demostrar su fracaso, se vuelve a poner sobre el tapete. Mientras que hasta hace poco los préstamos del FMI ya no encontraban interesados, ahora aparecieron Hungría, Ucrania y Pakistán como interesados. Contrariamente a las denegaciones de las instituciones en cuestión, las mismas condicionalidades inadmisibles están todavía en vigencia: como contrapartida del último préstamo, Hungría debió decidir entre otras cosas la supresión del decimotercero sueldo (aguinaldo) y la congelación de los salarios para los funcionarios. El Japón incluso propuesto proporcionar hasta 100 mil millones de dólares al FMI para que pueda aumentar sus préstamos y proseguir su desastrosa acción. Por otra parte, la reunión de Washington para encontrar una solución mundial a la crisis actual no se celebra en el marco de las Naciones Unidas, sino en el marco limitado del G20. Son pues los promotores de un modelo injusto y no viable a largo plazo los encargados de resolver el problema. Las únicas soluciones propuestas defienden el interés de los grandes acreedores. Las poblaciones y los países pobres, como es habitual, no tienen participación.

Cuando un escenario se presenta tan incoherente y tan mal armado, siempre se espera una reacción que aporte un poco de justicia y moral al conjunto. Esta reacción no puede provenir sino de las luchas sociales que impondrán en todo el mundo una reorientación radical de las elecciones económicas. Y si la película termina tan mal como comenzó, el riesgo es grande que los espectadores estén de verdad muy descontentos y lo hagan saber a los veinte promotores de la Cumbre de manera más bien vehemente…

Traducido por Guillermo Parodi.

Damien Millet es portavoz del CADTM Francia (Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, www.cadtm.org), autor de África sin deuda, Icaria, Barcelona, 2008. Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica, autor de Banco del Sur y nueva crisis internacional, El Viejo Topo, Barcelona, 2008; Abya-Yala, Quito, 2008; Observatorio DESC-Bolivia, La Paz, 2008. También es autor de Banco mundial: el golpe de estado permanente, El Viejo Topo, Barcelona, 2007; Abya-Yala, Quito, 2007; CIM, Caracas, 2007; Observatorio DESC-Bolivia, La Paz, 2007. _______________________________________________

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) Sitio Web: http://www.cadtm.org

Fuente: Alternativa Bolivariana.