lunes, 2 de marzo de 2009

en vivo por AMLOTV Mitin frente a la Asociación de Bancos de México

Por defender indios.

Francisco López Bárcenas/La Jornada/ 2 de marzo de 2009.

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dos mixtecos defensores de derechos humanos, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, en el estado de Guerrero, fatalmente ya no están entre nosotros. Los dos fueron secuestrados por personas desconocidas que se identificaron como policías en un acto público que se realizó el 13 de febrero pasado en la ciudad de Ayutla de los Libres. Lucas y Ponce habían sido invitados por la esposa de Raúl, Guadalupe Castro Morales, quien se desempeña como regidora de Asuntos Indígenas en ese municipio.

Siete días después, el viernes 20 de febrero, sus cuerpos sin vida y con evidentes huellas de tortura, aparecieron en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica. El cuerpo de Raúl Lucas mostraba lo que parecía un tiro de gracia y el de Manuel Ponce huellas de haber muerto a golpes.

Para ir ubicando la naturaleza del crimen es importante tener presente que fueron secuestrados en un lugar y en un acto público, donde se encontraba, junto con otros funcionarios, el director de Seguridad Pública del ayuntamiento, además de una comisión de regidores y alrededor de 35 invitados.

Importa también no olvidar que al principio del acto el lugar estuvo resguardado por cerca de 25 elementos de la policía municipal, y que a las 13:35 de la tarde el director de Seguridad Pública recibió una llamada telefónica y que en cuanto finalizó ordenó a los policías que se retiraran y él hizo lo mismo, quedando el escenario despejado para que los secuestradores entraran en acción libremente y se llevaran a sus víctimas por la fuerza. Media hora después, tiempo suficiente para alejarse, Guadalupe Castro Morales recibió la amenaza fatídica: "No empieces a chingar, quédate calladita o jodemos a tu esposo, esto les pasa por defender indios"
La columna completa aquí

Carmen Aristegui Noticias MVS 2 de marzo de 2009









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Audio cortesía de AMLOTV.

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Fotos de la Presentación de Libro la Ruptura que Viene de Porfirio Muñoz Ledo en la Feria del Libro






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Fotos Inauguración de la Casa del Movimiento en Xochimilco



La Casa del Movimiento en Xochimilco se inauguró con mucho entusiasmo al igual que las demás. Nos acompañaron Ifigenia Martínez y Manuel Otero por la Coordinación Nacional.



Dicho evento cerró con un convivio con todos los presentes. El coordinador de la casa es Victor Espinoza Castillo y se ubica en Xaltocan No. 50 Barrio Xaltocan.







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Inauguración de la Casa del Movimiento en Benito Juárez

Con gran entusiasmo inauguramos una más de las casas del movimiento ciudadano en defensa de la economía popular, encabezado por nuestro Presidente Legitimo, Andrés Manuel López Obrador.

Nuestra casa, en la delegación Benito Juárez, será punto de reunión para defendernos y para organizarnos. Será el lugar donde podamos converger, todos los días, para afrontar el reto de una mucho mejor organización y de la inclusión en nuestro movimiento de nuevas personas.

Nuestra casa es un triunfo, es un orgullo y será un importante espacio para desarrollar este movimiento.

Gracias a Pedro Miguel y a Eduardo Cervantes por sus palabras, y a Raúl por sus canciones.






Fotos y Crónica: Tere Moreno

Fotos de la inauguración de la Casa del Movimiento en Cuauhtémoc

La Casa del Movimiento en Cuauhtémoc se inauguró con mucho entusiasmo. Los ciudadanos colmaron de esperanza esta casa. Nos acompañaron el caricaturista de la Jornada Rafael Barajas "El Fisgón" y Manuel Otero por la Coordinación Nacional.

Cerró la inauguración con la música de Alberto Arista y un convivio. El coordinador de la casa es Juan José Sánchez y se ubica en Doctor Navarro no. 5 Col. Doctores.






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Fotos de la Inauguración de la Casa del Movimiento en MIguel Hidalgo



La casa fue inaugurada por Manuel Otero de la Coordinación Nacional del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, Rafael Barajas "El Fisgón" caricaturista de la Jornada y Alberto Arista. Concluimos con un emotivo corte de listón y un convivio.

El coordinador de la casa es Victor Rodríguez y la casa se ubica en Lago Mask 198 Col. Anahuac.





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Fotos de la Precampaña de Bernardo Batiz en el parque de los Venados



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Desde 1976 el peso se ha devaluado 120 mil por ciento: Fernández Vega



1 de Marzo de 2009. En el Hemiciclo a Juárez, en la asamblea dominical de la Resistencia Creativa, estuvieron como invitados el periodista Carlos Fernández Vega, autor de la columna México S.A. en el diario La Jornada, así como Lic. Jaime López Vela, candidato a diputado plurinominal, y activista de los derechos de la comunidad LGBT.

El periodista Fernández Vega, habló sobre la crisis económica que azota México, y que ha propiciado ya una devaluación del 60 por ciento de nuestra moneda en estos dos años del gobierno espurio de Calderón, aunque como bien dijera el autor de México S.A., las crisis económicas, las devaluaciones del peso y la inflación, son recurrentes en este país desde el año de 1976, lo que significa un acumulado en la devaluación del peso de 120 mil por ciento.



Por otra parte, el Lic. López Vela, se presentó para dar a conocer una denuncia pública contra autoridades de la Secretaria de Educación Pública en el Municipio de Ecatepec, Estado de, México, pues el director de una escuela de educación especial, fue cesado de su cargo por ser homosexual, no obstante que su desempeño al frente de dicho plantel escolar ha sido de compromiso absoluto con los alumnos, política que para nada es compartida por la actual directora, quien mal trata a los alumnos y desmantela el equipo de computo que se había logrado obtener durante la gestión del anterior director.

Por último se invitó a los activistas a que asistan el próximo martes a las 5pm a la Asamblea que encabezará el Presidente Legítimo de México, frente a la sede de la Asociación Nacional de Banqueros de México, ubicada en las calles de 16 de septiembre y Bolivar en el Centro Histórico de la Cd. de México.

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Ugalde reconoce en su libro que AMLO ganó las elecciones del 2006: Fernández Noroña



1 de marzo de 2009. Como cada primero de mes, el Lic. Gerardo Fernández Noroña y los activistas de la Resistencia Civil Pacífica, fueron a la Residencia Oficial de Los Pinos, para recordarle al Usurpador Calderón, que Ni Perdón Ni Olvido al robo de la Presidencia de la República.

En esta ocasión, Fernández Noroña leyó algunos párrafos del libro que escribiera el ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, en donde admite tácitamente que hubo el verdadero ganador de la elección presidencial de 2006 fue Andrés Manuel López Obrador.



Asimismo, ante la rampante devaluación del peso mexicano, se presentó la nueva moneda de 1 peso, o sea la moneda de 50 centavos, pues eso es lo que se ha devaluado nuestra divisa nacional durante estos dos años de usurpación.

AMLO TV

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El Frayba denuncia nuevos actos de hostigamiento contra comunidades zapatistas



• Campaña contra el cultivo de marihuana, como justificación para la contrainsurgencia.
• Programas y actores gubernamentales violentan la vida comunitaria de los pueblos.

En el marco del conflicto armado no resuelto, las funciones aparentemente de seguridad pública que realiza de manera inconstitucional la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en territorio Chiapaneco, se han evidenciado como operaciones militares de la implementación de la estrategia de contrainsurgencia contra comunidades indígenas organizadas en donde tienen presencia organizaciones disidentes al gobierno, particularmente contra las comunidades en donde hay bases de apoyo zapatistas.

El día de ayer, la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, “Corazón Céntrico de Los Zapatistas Delante del Mundo” denunció la incursión militar realizada en la comunidad de Tivo, así como constantes sobre vuelos y patrullajes sobre comunidades de ese territorio, en donde también hemos sido informados que recientemente han habido vuelos rasantes sobre “La Reserva Ecológica Comunitaria Zapatista de El Huitepec”.

Por otra lado en la zona zapatista conocida como Tsots-Choj, Caracol IV “Torbellino de nuestras palabras”, se ha promovido el rumor a través de Gabriel Robles Ballinas, Delegado de Gobierno de Palenque, de que el día de mañana, sábado 28 de febrero, se llevará a cabo el desalojo de las bases de apoyo zapatistas que administran actualmente el balneario de “Agua Clara”, en el municipio de Chilón, Chiapas, y que dicho desalojo lo realizarán elementos del Ejército Mexicano. Probablemente dicha información sea falsa, pero queremos resaltar el uso del “rumor” como herramienta táctica de contrainsurgencia, cuya finalidad en el transcurso del tiempo ha sido generar temor en el “grupo disidente” y en la población en general, provocando tensión y polarización en la región.

Si dicha información sobre el supuesto desalojo de “Agua Clara” fuera cierta, este Centro reprueba dichas probables acciones, pues se estaría atentando de manera directa contra la endeble paz social que subsiste en el estado, contradiciendo abiertamente el compromiso del Estado Mexicano frente a la insurrección zapatista, manifestado en la Ley para el Dialogo y La Paz Digna en Chiapas, con el riesgo latente, de pasar de una etapa de guerra irregular, o de “desgaste”, a la aplicación de una iniciativa de guerra convencional.

Este Centro de Derechos Humanos recuerda que lejos de atender las causas justas que motivaron el levantamiento zapatista en 1994, el gobierno federal no ha cesado en la aplicación de la estrategia de contrainsurgencia, que se ha caracterizado por la diversificación de las tácticas, utilizando diferentes recursos a su alcance, atentando contra diversos principios constitucionales y pactos internacionales de derechos humanos.

Dicha estrategia se caracteriza, en principio, por la permanente ocupación militar, ilegítima e ilegal, de los territorios indígenas que ha generado graves secuelas en el tejido social comunitario de los pueblos indígenas, hasta el uso de dichas fuerzas castrenses para el hostigamiento abierto a las comunidades, con la justificación de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y/o de la lucha contra el narcotráfico. De manera más reciente, recordamos las incursiones del año pasado a la comunidad de San Jerónimo Tulijá, o el intento de incursión a la Comunidad de La Galeana, entre otras.

Aunado a lo anterior, la aplicación de programas gubernamentales de supuesto combate a la pobreza sólo ha traído consigo la cooptación y división en las comunidades, entre quienes por la grave situación de marginación histórica son objeto del clientelismo gubernamental y de los partidos políticos en el poder, en oposición a quienes practican la autonomía en los pueblos indígenas, reivindicándose como sujetos históricos de derechos.

Por otra parte, la estrategia contrainsurgente se manifiesta en el rol recurrente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está cumpliendo contra las comunidades y personas que se encuentran en resistencia al pago a las altas tarifas de la energía eléctrica, entre ellas las bases de apoyo del EZLN. Cada vez son más las denuncias que este Centro recibe sobre hostigamientos y enfrentamientos suscitados en las comunidades, cada vez con consecuencias más lamentables, resultado de la incitación que realizan trabajadores de la CFE en las comunidades, generando encono entre los que pagan y los que resisten al abuso de la paraestatal.

En este mismo sentido se ha generado un patrón de actuación de los operadores de la Procuraduría Agraria (PA), quienes presionan a grupos y organizaciones para hostigar a quienes se oponen a la aplicación del ahora Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), antes PROCEDE, caracterizado por fragmentar el sentido colectivista de la tierra y territorio que defienden los pueblos históricamente.

Este Centro de Derechos Humanos hace notar, como ya ha sido caracterizado a lo largo del tiempo por diferentes organizaciones, que la estrategia de contrainsurgencia implementada contra el EZLN está dirigida a combatir a la población civil que le apoya, convirtiendo a los civiles en su objetivo militar primario, lo cual siempre ha sido y será altamente criminal, ya que contradice preceptos constitucionales y principios del Derecho Humanitario, bases fundamentales de una sociedad democrática.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Ayutla de los Libres, ayer y hoy

SALOMÓN GARCÍA JIMÉNEZ


En un día como hoy, se promulgó el Plan de Ayutla. En un domingo como hoy, o cualquier día de la semana, es bueno para expresar la indignación por los crímenes de lesa humanidad cometidos con premeditación, alevosía y ventaja contra los luchadores sociales. Esta vez fueron sometidos a desaparición forzada, tortura y asesinato dos dirigentes mixtecos oriundos de Ayutla: Raúl Lucas Lucía de 39 y Manuel Ponce Rosas de 32 años de edad, presidente y secretario, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Es un día para clamar justicia.

Ayutla viene del náhuatl o mexicano Ayotlan. Investigué que las etimologías ayotl o ayutl significa tortuga y tlan cerca, literalmente “cerca de las tortugas”. Otros nahuatlatos traducen la toponimia como “lugar de tortugas” o “lugar donde abundan las tortugas”. En mixteco el nombre del municipio es Tatioo.

La cabecera municipal se designó Ayutla de los Libres, en justicia por haber sido sede del movimiento político-militar acreditado en la historia de México como la Revolución de Ayutla, iniciado precisamente aquí en esta población un 1º de marzo de 1854. El epíteto de los Libres le fue añadido porque la proclama del Plan de Ayutla logró derrotar al dictador Antonio López de Santa Anna y a su mal gobierno.

El Plan de Ayutla –redactado en la hacienda de la Providencia–, fue suscrito por el general Juan Alvarez, el general Tomás Moreno, el coronel Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y el capitán Vicente Luna.

Como dicen algunos historiadores, fue una “segunda independencia jurídica” de alcance nacional. Aunque la lucha por la autonomía de los descendientes de los antiguos yopes, continúa –como en los viejos tiempos de la dominación azteca–.

Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron secuestrados el pasado 13 de febrero de 2009, levantados con violencia por hombres armados con corte militar en las afueras de la escuela secundaria Plan de Ayutla. Se los llevaron en un vehículo; a Raúl –oriundo de Roca Colorada– ya lo habían detenido y herido varias veces. Desde su detención ilegal –sin orden de aprehensión–, sus familias, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y Amnistía Internacional, demandaron su presentación con vida y el respeto de sus garantías individuales a altos niveles. Petición con nulos resultados.

El 23 de febrero, con ayuda de un detector GT200 fueron encontrados los cadáveres de ambos activistas en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa, a media hora de Ayutla. Sus cuerpos mostraban huellas de tortura. Por ejemplo, el cráneo del máximo representante de la OFPM, Lucas Lucía –según el forense de Acapulco–, presentaba orificio producido por arma de fuego, “tiro de gracia”.

La misión pacífica de estos compañeros y su agrupación era y seguirá siendo denunciar los abusos y atropellos que sufren los te savi y na savi (mujeres y hombres mixtecos) en sus comunidades a manos de las fuerzas militares y policiales. Y por eso, “por defender indios” fueron desaparecidos y masacrados los líderes honestos. Los presuntos agresores: agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de la coordinación de Seguridad Pública de Costa Chica en Ometepec.

Así ha sido desde los tiempos de Santa Anna o de los Figueroa, buscan a los Lucios y Genaros, y matan copreros, cafetaleros, jamaiqueros o maiceros que se organizan para mejorar sus condiciones de vida.

En la región Costa Chica se da mucha impunidad. Mencionaré ciertos casos como antecedentes para tratar de entender la larga serie de agravios, injusticias, discriminación, criminalización de la lucha social, venganzas y exterminio que padecen los pueblos indígenas.

Gorgonio Flores Cortés.- Presidente y fundador de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Costa Chica (URECCH), fue matado el 14 de octubre de 1992. Los caciques ordenaron dispararle a traición en la cabeza con una escopeta. Al líder campesino Goño le gustaba caminar descalzo. Era de Acalmani, un pueblo mixteco perteneciente al municipio de Igualapa.

La matanza de Aguas Blancas.- Ocurrió el 28 de junio de 1995, en el municipio de Coyuca de Benítez. La ejecución sumaria fue planeada y llevada a cabo por agentes de la Policía Motorizada y Judicial estatal, quienes emboscaron a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que iban a un mitin en Atoyac de Alvarez. Allí fueron acribillados 17 campesinos.

La masacre de El Charco, municipio de Ayutla.- acaecida el 7 de junio de 1998, mientras pernoctaban en una escuela primaria, donde participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Soldados del Ejército mataron a 11 aldeanos e hirieron a 5 más; en total 22 detenidos de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT). El gobierno local y federal manejó el hecho sangriento como un enfrentamiento con presuntos me’phaa y na savi guerrilleros.

Se sabe que al mando del “enfrentamiento casual” estuvo el general Alfredo Oropeza Garnica, jefe de la 27 zona militar. El castrense había sido victima de una emboscada el 24 de mayo de 1997 en el Guanábano, cerca de su cuartel en Atoyac, lo que puede explicar la saña y crueldad prevista en el sitio de El Charco.

Erika Zamora Pardo, universitaria sobreviviente de esa masacre. Ella relata la injuria con qué los soldados irrumpieron su sueño: “¡Salgan, perros, es domingo, les vamos a dar sus chileatole con pan!”. Fue detenida y vio cómo iban asesinando uno a uno a los pobladores; la esposaron, le vendaron los ojos y la torturaron... La obligaron a firmar “su declaración”. Fue presa política durante 4 años.

Emboscan a policías preventivos.- El 31 de marzo de 2008, unos 10 encapuchados armados con AK-47 interceptaron la camioneta que transportaba recursos del programa Oportunidades. La patrulla municipal fue atacada en El Salto, comunidad tlapaneca de Ayutla. El saldo: 5 muertos, cuatro preventivos y un civil, además de dos heridos. Se llevaron el dinero y las armas de los policías extintos. Se dice que en la zona operan grupos paramilitares, así como células de grupos guerrilleros.

A raíz del incidente, se instaló en Ayutla una base de operaciones mixtas: soldados de la SDN, efectivos de la AFI, agentes de PFP, de la PIM y policías preventivos del Estado. Ya se han de imaginar el trato sanguinario para con los sospechosos pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, con lo que el régimen trata de acallar sus afanes y luchas dentro del marco legal.

Miguel Angel Gutiérrez Avila, antropólogo e investigador en lingüística de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), es asesinado cerca del paraje El Roble, municipio de San Marcos, el 26 de julio de 2008. El profesor y también defensor de los derechos indios realizó estudios entre los ñomndaa y los afromestizos. El absurdo de su muerte sigue sin aclararse.

Raúl y Manuel –los nuevos difuntos–, sobrevivientes de El Charco, siempre fueron activistas del desarrollo rural alternativo desde la sociedad civil. Pero las autoridades siguen necias en achacarles nexos con el ERPI y EPR. Descansen en paz los defensores de derechos humanos. Su vida y muerte no será en vano, quedará inscrita en las páginas de la historia regional. Exigimos que se investigue.

Su espíritu indómito seguirá luchando en Ayutla de los Libres y en los pueblos de la sierra, entre olores de cempasúchil, consignas y mantas y marchas. Ojalá que Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, sus viudas respectivas, encuentren consuelo y apoyo en su mundo na savi y sigan honrando sus ideales, ahora que sus asesinos los hicieron gigantes.

La antigua capital Yopitzinco –hoy Ayutla–, es famosa por sus machetes fraguados en acero bien templado. A decir de los paisanos de allí “sirven pa’ tumbar la caña, limpiar la milpa o pa’ cobrar cualquier agravio”. Y les inscriben dibujos y frases: “Soy forjado en fino acero, para un amigo sincero” o “De la Costa Chica vengo y miedo a nadie le tengo”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

No se presentó amparo para Máximo Mojica

Venció fecha límite

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Tecpan, 28 de febrero. El secretario de Acuerdos del juzgado, Javier Navarrete Magdaleno, informó que se agotó el tiempo para que los defensores de Máximo Mojica Delgado, María de los Angeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma –miembros de la organización Tierra y Libertad, recluidos en la cárcel municipal acusados de secuestro– presentaran algún amparo o apelación.

Navarrete Magdaleno explicó que la apelación debió presentarse en los siguientes cinco días hábiles después del día en que se dictó el auto de formal prisión, es decir, el 13 de febrero.

Dijo que tampoco se presentó ningún amparo, cuya fecha límite era el 27 de febrero.

Precisó que ahora, el proceso pasará a la etapa de la vía ordinaria –porque así lo solicitó Delfino Gálvez de Jesús defensor de los acusados–, que durará 10 meses, así que el proceso finaliza el 6 de diciembre, fecha en que el juez dictará la sentencia condenatoria o la libertad de los acusados.

Al comenzar el proceso contra de los miembros de Tierra y Libertad sus defensores fueron el abogado de la Coordinadora de Indígenas Radicados en Acapulco (CIRA), Delfino Gálvez de Jesús, y el coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Emite la Unión Europea condena enérgica por ejecución de na savi

La Presidencia de la UE envía condolencias y demanda prevención de nuevos ataques

Urge al gobierno de México y de Guerrero a que hagan una investigación precisa y rápida

Pide proteccción para familiares y miembros de la Organización de los Pueblos Mixtecos

CITLAL GILES SANCHEZ

La presidencia de la Unión Europea (UE) condenó enérgicamente el secuestro, tortura y asesinato de los dos dirigentes na savi Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, y urgió al gobierno de México a que investigue el caso y castigue a los responsables y proteja a los defensores de derechos humanos de la entidad.

De acuerdo con información publicada en la página de Internet del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), este jueves también la Unión Europea envió condolencias tanto a los familiares como a los integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), que era dirigida por Lucas Lucía y Ponce Rosas.

En el comunicado que envía, la UE condena el secuestro, tortura y finalmente la ejecución de los indígenas, y urgió a los gobiernos de México y Guerrero a que hagan “las más precisas y prontas investigaciones” del caso, desde la “violenta desaparición” hasta el asesinato mediante torturas.

“La Presidencia de la Unión Europea llama al estricto castigo de los responsables, así como exhorta a que se brinde una debida protección a los defensores de los derechos de la población indígena y se impidan ataques semejantes”, dice el comunicado.

No es la primera vez que la Unión Europea emite su postura en casos ocurridos en el estado, pues a principios de febrero reprobó la actitud del Ejército por hostigar al ecologista de La Morena, municipio de Petatlán, Javier Torres Cruz, luego de que éste denunció que militares había sitiado la comunidad.

De igual forma, la Unión Europea ha estado pendiente de este caso desde el 3 de diciembre de 2008, cuando Javier Torres fue detenido en un retén militar y posteriormente entregado a civiles, quienes lo torturaron y luego escapó de ellos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Comienza la CNDH indagatorias por el asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas

Por su gravedad, el organismo atrae el caso de los indígenas


CITLAL GILES SANCHEZ

Debido a la gravedad de la doble ejecución de los dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Indígenas (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, procederá contra las autoridades estatales y municipales, además enviará a Ayutla un equipo de visitadores para recabar evidencias y testimonios.

De acuerdo con la página de la CNDH, una de las primeras acciones fue comunicarse formalmente con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), para que digan si la dependencia tenía conocía el paradero de los dos dirigentes na savi, desaparecidos el 13 de febrero.

Simultáneamente, la CNDH solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y a las autoridades de Guerrero información sobre la queja que pusieron diversas organizaciones sociales, luego del hallazgo de los cuerpos de los indígenas.

En el comunicado se señala que “debido a la gravedad de los hechos” y de los datos con que se cuenta, la CNDH decidió atraer el caso, ya que la ejecución de los dirigentes ha trascendido el ámbito estatal e incide en la opinión pública nacional.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja contra las autoridades federales y locales de esa entidad por presuntas violaciones a los derechos humanos, con motivo de la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos sin vida de los señores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas”, indica el comunicado.

Destaca que la CNDH envió un equipo de visitadores a Ayutla para recabar evidencias, testimonios y constancias médicas, como parte de las investigaciones.

El organismo asegura que la investigación del doble homicidio se hará “con estricta confidencialidad”.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Dan 30 días a Torreblanca para informar sobre el crimen de líderes indígenas: Matías

El emplazamiento de la Cámara de Diputados fue aprobado por todos los partidos

Si la investigación no satisface a los legisladores llamarán al gobernador a que comparezca

LAURA REYES MACIEL

La Cámara de Diputados emplazó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo para que en máximo 30 días presente avances “contundentes” en las investigaciones de los asesinatos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM), reveló el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Marcos Matías Alonso, quien afirmó que desde su llegada el mandatario se ha enfocado en atacar las luchas sociales.

Sobre el rechazo de Torreblanca Galindo respecto a que la doble ejecución es un crimen de Estado, el legislador dejó entrever que el asesinato de los dos na savi no tiene otra línea de investigación más que por el trabajo que desempeñaron en la zona de Ayutla por la defensa de los derechos humanos y las denuncias directas contra militares por violaciones sexuales.

El acuerdo fue firmado por todos los partidos e impulsado principalmente por el PRD, para exigir que sea la Procuraduría General de la República (PGR) la instancia que investigue el caso, pues de acuerdo con Matías Alonso, los diputados federales no confían en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

También se exige que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y todas las áreas del gobierno del estado actúen con celeridad, pues urge limpiar la imagen “del Guerrero ensangrentado”.

El diputado federal adelantó que si el informe que presente el gobernador no satisface a los legisladores, podrían llamarlo a que comparezca ante la Cámara, pues tienen la atribución legal de obligarlo a ir a San Lázaro a detallar los hechos.

Consideró que entregar una investigación contundente, pulcra y rápida, indicaría que Torreblanca Galindo dejó de lado la indiferencia hacia los grupos sociales; señaló que en la actual administración hay “un notable retroceso” en el respeto a los derechos humanos.

“Esto no es politizar, es pedir justicia, que se actúe, que se deje atrás esta frialdad y esta indiferencia. Vemos un peligro fuerte de que se pudieran repetir tácticas que creíamos desterradas. Zeferino tiene una amenaza muy fuerte de que su gobierno pueda seguir arrojando saldos negativos y de decepción”, advirtió.

Insistió en que la ejecución de Lucas Lucía y Ponce Rosas debe quedar aclarada para deslindar responsabilidades, como sucedió en la masacre de Aguas Blancas, caso en el que se comprobó la participación directa del gobierno del estado.

Fuente: La Jornada de Guerrero