martes, 23 de junio de 2009

ATENCO: LA IMPUNIDAD CONTINÚA

Tomado de APIAVirtual.

México, D.F., junio de 2009

– Una vez más, las autoridades mexicanas demuestran su ineficiencia para procesar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos cometidas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.

– Es absuelto el único policía que había sido sentenciado por las violaciones a derechos humanos perpetradas contra las mujeres.

– Se confirma la falta de acceso a la justicia para las mujeres que sufren violaciones a derechos humanos.

Durante los hechos de los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, la incursión de al menos dos mil policías federales, estatales y municipales significó un gravoso cúmulo de violaciones a derechos humanos. De cuarenta y siete mujeres detenidas, al menos veintiséis denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías.

A pesar de que las mujeres presentaron sus denuncias ante las instancias competentes, la justicia no ha llegado. En el ámbito federal, la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos cometidos Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) no ha realizado ninguna consignación pese a que inició la Averiguación Previa FEVIM/03/05/2006. En el ámbito estatal, pese a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México inició diversas averiguaciones por los hechos, únicamente fueron abiertos dos procesos penales por delitos no graves.

En los procesos seguidos en el ámbito estatal las irregularidades han continuado. Dentro de la causa penal 59/06, seguida ante el Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia en Tenango por el delito de “abuso de autoridad” contra 5 policías estatales y municipales, aún continúa la etapa de instrucción. En este juicio, reiteradamente ha sido obstaculizado por el ministerio público el derecho de toda víctima a coadyuvar y ser informada sobre el proceso.

Por otra parte, en la causa penal 76/2006, bajo la responsabilidad del mismo juez, también se ha perpetuado la impunidad. En dicho juicio, seguido en contra de un policía del Estado de México a quien se identificó como responsable de haber obligado a una de las mujeres arbitrariamente detenidas a que le practicara una felación (”sexo oral”), se exoneró al acusado: aunque el policía, de nombre Doroteo Blas Marcelo, había sido sentenciado en primera instancia, fue absuelto recientemente por la Sala de Segunda Instancia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Dicha resolución reconoció que “los medios de prueba se constituyen en indicios sólidos para determinar que efectivamente la denunciante fue objeto de un acto erótico sexual, pero de ninguna manera son atendibles para poder demostrar la identidad del sujeto activo”. Ello a pesar de que, tratándose de un delito sexual, las imputaciones realizadas por la

sobreviviente debían tener valor probatorio preponderante.

Así las cosas, el único de los policías que había sido sancionado penalmente por los hechos de Atenco, ha sido absuelto por el poder judicial mexiquense. La impunidad, nuevamente, se ha impuesto en las instancias nacionales. Como el Centro Prodh ha señalado reiteradamente, en el caso Atenco la violencia perpetrada en contra de las mujeres por parte de los policías no fue debidamente investigada y las autoridades correspondientes no actuaron con la diligencia requerida en delitos de esta naturaleza, donde las primeras diligencias resultan imprescindibles para el procesamiento y la sanción de lo responsables. Y si bien diversas instancias gubernamentales han reconocido la existencia de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de los hechos de Atenco, lo cierto es que a la fecha ninguna persona ha sido penalmente sancionada.

Ante esta situación, acompañadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual seguirán adelante con la denuncia (”petición”) presentada ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debido a la ineficacia de las instancias nacionales, las peticionarias buscan que la CIDH declare que el Estado mexicano violó en su perjuicio sus derechos humanos (integridad física, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, dignidad y privacidad) y recomiende una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura. El caso puede sentar un precedente importante sobre la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones relacionadas con la violencia sexual perpetrada contra mujeres por agentes estatales. Las mujeres denunciantes y este Centro de Derechos Humanos consideramos fundamental que exista una condena internacional al Estado Mexicano con el fin de acceder a una justicia integral, la cual ha sido negada por mas de tres años.

Finalmente, es importante destacar que las acciones legales seguirán siendo acompañadas de acciones de protesta que las mujeres denunciantes, en su legítimo derecho, han decidido realizar para denunciar ante la opinión pública la impunidad que prevalece. Protagonistas de su propia denuncia, las mujeres seguirán señalando pública y valientemente la falta de justicia.

Mujeres denunciantes, detenidas arbitrariamente en Atenco y Texcoco durante los operativos de 2006

Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN

Tomado de APIAVirtual.

El Movimiento Todos Somos Zimapán convoca a los Medios de Comunicación, a las Organizaciones Campesinas, Obreras, No Gubernamentales, Ecologistas, a los Partidos Políticos Comprometidos con México y al Pueblo en general a la Magna Asamblea de Solidaridad: Hoy Todos Somos Zimapán el próximo Domingo 28 a las 12 del día en el Jardín Principal de nuestro Municipio.

El acoso a nuestro pueblo se ha incrementado potencialmente. La Policía Federal Preventiva ha agudizado la presión en el Municipio con casos como el de un Delegado de la Comunidad de Camposanto del Oro quien fue brutalmente golpeado por la única razón de no poder darles $2,000.00. Sin embargo a pesar de todos sus embates seguimos en pie de lucha, con la esperanza firme de remar contra la corriente hasta lograr nuestro objetivo principal: Cancelar el Basurero de Desechos Tóxicos y Peligrosos.

Exhortamos al Gobierno Federal para que cumpla con su función de defender al pueblo y deje de pisotear las garantías individuales de los zimapenses.

Manifestamos nuestro apoyo al compañero José María Lozano Moreno en su candidatura, porque tenemos la certeza de que desde la Presidencia Municipal nos apoyará en esta lucha en defensa de la vida y anticipamos que no permitiremos que vuelvan a pisotear la democracia en Zimapán con otra anulación a las elecciones.

Aun en contra de la adversidad estamos más fuertes que nunca y hoy con la unión de los municipios aledaños alzamos la voz en lucha por la vida. Juntos demostraremos que la dignidad del pueblo mexicano logrará derrotar los oscuros intereses de la empresa española Befesa que a costa de todo intenta imponer el Basurero Tóxico. Demostraremos que en estos momentos difíciles…

TODOS SOMOS ZIMAPAN

Mundo: Vigilancia preventiva en la sociedad del miedo

Jueves, 18 de Junio de 2009, Por Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, de la agencia de noticias Biodiversidad y tomado de APIAVirtual.

Biodiversidad, 12 de junio.- Nuevos propietarios para nuestros datos personales. “Vamos hacia arquitecturas cada vez más carcelarias y vamos hacia el modelo de la vigilancia preventiva. Te vigilo para que no hagas, te vigilo para que no te reúnas, te vigilo para que no hables con tu vecino, te vigilo para que no te movilices, para que te quedes en tu casa, yo te cuido.

Vamos hacia arquitecturas cada vez más carcelarias y vamos hacia el modelo de la vigilancia preventiva. Te vigilo para que no hagas, te vigilo para que no te reúnas, te vigilo para que no hables con tu vecino, te vigilo para que no te movilices, para que te quedes en tu casa, yo te cuido…” Recientemente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inauguró el “Centro de Monitoreo Urbano”, un emprendimiento que según nos explica el blog[1] del propio gobierno es el “más grande, importante y moderno del país”.

En esta instalación se montaron 20 puestos de control con 50 operadores que trabajarán 24 horas por día los 365 días del año, monitoreando la actividad de 170 cámaras iniciales que comienzan a transmitir sus imágenes al centro de monitoreo. El centro constituiría “un gran avance en la seguridad de los vecinos de la ciudad”, que se sumará a emprendimientos similares desparramados por las capitales más populosas del mundo luego de haberse desatado la guerra global contra el terrorismo, la fiebre de la inseguirdad y la cultura del miedo hacia “los otros”.

La Agencia de Noticias Biodiversidadla conversó con Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, para conocer cuánto de cierto hay en afirmar que estos sistemas ayudan a reducir los índices delictivos, y cuánto esconden las políticas que hoy tienden a modelar los comportamientos sociales y a almacenar gran cantidad de información sobre la vida de las personas.

- Hay un nuevo plan para aumentar la cantidad de cámaras de vigilancia en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué análisis hacés al respecto?

Está muy instalado, no es un tema que pase sólo acá en Buenos Aires, de hecho está instalado a nivel internacional, la idea de instalar cámaras como medida preventiva del delito. Londres es la ciudad que tiene mayor porcentaje de cámaras por habitante. Una persona común y corriente que sale todos los días para ir a su trabajo, para hacer su vida normal, cotidiana, está siendo filmada en promedio unas 300 veces por día.

Trescientas veces es el promedio, así que eso da la pauta de que pueden ser muchísimas más las veces según donde te muevas. Esa persona deja un rastro de hacia dónde va, con quién se ve, con quién se junta, cuáles son sus costumbres cotidianas, por lo menos 300 veces por día. Ese es el tipo de instalación que se planea hacer.

Acá en Buenos Aires se empezó hace unas dos o tres semanas. Mauricio Macri con la ex vicejefa (de gobierno) Gabriela Michetti, que participa de estas actividades como actos de campaña, presentó un nuevo centro de monitoreo y la instalación de 170 cámaras. El objetivo es llegar a 500 de aquí a fin de año. Esto es claramente su campaña en el tema seguridad.

Estas cámaras están instaladas en distintos lugares de la ciudad y lo que hacen es registrar los movimientos de la gente, observar todo el tiempo qué es lo que hace la gente. Ahora están instaladas prioritariamente en la zona del microcentro, y el análisis que uno hace de este tipo de políticas puede ser muy amplio. Da para escribir cantidades de análisis en relación a esto, pero hay dos o tres puntos que son importantes.

El primer punto es ver qué ha pasado a lo largo de lo años en las ciudades más vigiladas. Tokyo, Londres y Nueva York son las ciudades que tienen el récord de vigilancia callejera, lo mismo pasa en Barcelona. En general en las grandes ciudades se está tendiendo a esto. Un primer resultado que está documentado por universidades en Inglaterra es que la tasa de delito no ha bajado, sino que ha seguido aumentando normalmente.

Digamos, hay un aumento regular de las tasas de delitos, por lo tanto hay una prueba concreta de que este tipo de políticas no revierten el aumento de las tasas de delito que se cometen, no tienen éxito, no cumplen el objetivo para el cual se las pretende o se dice que se instalan. Sin embargo las cámaras se siguen instalando, por lo tanto uno puede empezar a pensar que tienen otros fines, que no es necesariamente la prevención del delito.

Otra de las cosas que se ha estudiado en Inglaterra, que es bueno conocer, es que la mayoría de los casos ha servido más que nada para monitorear minorías, para fines diferentes de la prevención del delito. La vigilancia se centra más que nada en poblaciones que tienen alguna característica que las hace sospechosas. Por ejemplo, minorías raciales, minorías culturales, todo va en la línea de afianzar los prototipos de la imagen del delincuente, la imagen del sospechoso.

En esto por supuesto los pobres, los cartoneros, los oscuros, son los primeros que caen dentro del patrón de “los sospechosos”, reforzando la idea de “los negritos”. Los pobres son foco de vigilancia. Está comprobado además en Inglaterra que son las poblaciones más detenidas sin causa, más vigiladas, y posteriormente detenidas sin ninguna causa más que el color de su piel, su pertenencia a una minoría, su pertenencia un grupo social o a un grupo político. Este tipo de medidas refuerzan ese tipo de tendencias en la sociedad.

- ¿Existe algún marco regulatorio para este plan?

Hay varios marcos regulatorios que se tocan con este tipo de medidas. De por sí las leyes que regulan la instalación de las cámaras dicen que debe estar definido el lugar donde están, deben estar señalizadas, no deben ser cámaras ocultas. Se debe saber dónde están, y si te fijás en la zona del microcentro vas a encontrar los carteles donde dice “aquí hay una cámara”. Esto no se hace porque esté bueno poner los carteles, sino porque por ley deben estar señalizadas..

¿Qué pasa con mis datos personales? Hay un montón de datos personales sobre los cuales yo tengo derechos personalísimos, y uno de esos datos personalísimos es mi imagen. Si alguien me filma, yo tengo derecho a saber qué hacen con esa filmación y cuál es el destino de esos datos.

Ha pasado en una universidad de Inglaterra, por ejemplo, que se ha descubierto que en gran medida muchas mujeres han sido víctimas de filmaciones dirigidas a sus partes íntimas. Muchas de estas filmaciones han sido hechas con fines netamente de seguimiento sexual. Uno no sabe quiénes son las personas que están detrás de las cámaras y que están manejando esas cámaras, y se ha encontrado en Inglaterra que una de cada diez mujeres ha sido observada minuciosamente en sus pechos o en su trasero, usando las cámaras.

Uno imagina que la gente que está haciendo este trabajo debe llegar un momento en que el “embole” debe ser tal que deben ponerse a jugar con las cámaras, de manera que uno no puede saber ni puede controlar. Se han registrado muchísimas tomas y muchísimas imágenes, muchísimos acercamientos a partes íntimas de mujeres, cosa que no tiene ningún sustento legal, judicial ni nada por el estilo.

Cada ciudadano, por el principio constitucional de Hábeas Data[2] y por la “ley de protección de datos”, tiene derecho a saber qué se hace con sus datos, dónde van a parar esos datos, quién tiene esos datos y qué datos tiene. Por lo tanto uno debería saber quiénes manejan esas filmaciones, qué se hace con ellas, en qué manos caen. En muchos casos estos son servicios que se contratan a terceros.

El Gobierno en muchos de estos casos está contratando a empresas que se dedican a la vigilancia, por lo tanto muchos de estos datos están en manos de empresas privadas que no sabemos qué hacen, y no solamente en el caso de las cámaras callejeras que está instalando el gobierno de Macri, también nos pasa cuando vamos a un edificio de estas torres de grandes empresas que nos sacan fotos, nos piden número de documento antes de dejarnos pasar. Cualquier persona que haya ido a cualquier empresa del microcentro ve cuáles son los sistemas de vigilancia.

- Hay una colaboración activa de los vecinos que ofrecen sus comercios para la instalación de cámaras. Existe una aceptación generalizada de la gente a este tipo de políticas de seguridad.

De hecho ayer estaba viendo un video que publicó el diario La Nación en su versión en línea donde entrevistaban a los vecinos, y la queja de los vecinos era que las cámaras estaban en el microcentro y que “no están llevando las cámaras a mi barrio”, “quiero las cámaras en mi barrio” era la protesta, el reclamo de los vecinos.

El problema es que está muy instalado, y de hecho, por este artículo (El Panóptico de Mauricio) recibí insultos diciendo cosas como “vos debés tener algo que esconder”, “a vos porque nunca te pasó nada”, cosas muy fuertes, muy insultantes[3]. La gente tiene miedo y ese miedo está construido, no sólo por la real existencia del delito, nadie va a negar que existen delitos, muy construido desde los medios de comunicación.

Con un interés muy claro, que la gente no esté en la calle, que la gente no esté en el ámbito público, que la gente se resguarde en su casa y que la gente tenga miedo del otro, y si ese otro es un militante social, un piquetero, un activista, un negro, un cartonero, aún más miedo tiene que tenerle. El otro es el enemigo, esa es la construcción. “Si vos sos un ciudadano de bien, no tenés nada que ocultar”, por lo tanto si te filmo es por tu “protección”, esa es la lógica que impera, cuando en realidad está probado que la vigilancia no reduce el delito.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en gran medida el delito al que el ciudadano común, de a pie, vos, yo, cualquier vecino tiene miedo, es aquel delito que comete un chico que pasado de paco, no tiene ninguna oportunidad en su vida, sale a robar para conseguir más paco, y se hace un círculo vicioso del cual honestamente ninguna cámara lo va a sacar. No hay efecto disuasor frente a una realidad donde no hay ninguna oportunidad.

Muchas de esas personas a las que se les tiene miedo, son personas que no conocen otra cosa, que no han tenido otra oportunidad en la vida. Que su único futuro es morir bajo una bala policial, caer “en cana”, o tener la suerte de vivir hasta pasados los 20 años. Eso es una realidad social que la cámara no soluciona y no va a solucionar.

- ¿Crees que los que podrían llegar a resistir este avance en los métodos de vigilacia son justamente los movimientos sociales y activistas que salen a las calles?

Sí, exactamente. Lo que pasa es que es muy fuerte el poder de los medios. Los medios jamás van a decir el dineral que se está inviertiendo en estas medidas de vigilancia. Sí, la seguridad es un tema importante, pero también lo es el hecho de solucionar el problema de fondo, en lugar de gastar fortunas para vigilarnos a todos, cosa que no va a tener ningún resultado concreto porque las ciudades que ya lo han hecho han probado que no lo tiene..

- En este avance de los mecanismos de control social, ¿ves alguna relación con el uso masivo que la gente le da a las nuevas teconologías entregando su privacidad e intimidad sin realizar un análisis crítico?

El problema es que estamos naturalizando cosas que son muy peligrosas. Un derecho, como lo es el derecho a la intimidad, es algo serio, pero el problema es que lo estamos perdiendo, porque un derecho que no se ejerce es un derecho que se pierde. La única forma de defender nuestros derechos es activamente. El derecho a la intimidad es un derecho que estamos perdiendo a una velocidad tremenda, básicamente porque la gente no lo aprecia, no lo valora. Se está instalando la moda de mostrarse.

Si toda una sociedad está pendiente, o un porcentaje muy alto de la sociedad, está pendiente de cosas como “Gran Hermano”, como los reality shows, como esta cosa de mostrarse todo el tiempo, de que “si no estás en Facebook[4] no existís”, realmente se está instalando como moda el mostrar todo. La gente no se da cuenta de que la banalización de la pérdida de un derecho es realmente peligrosa.

Te dicen “pero bueno, que te va a pasar”, “no seas paranoica”. Está bien, un poco de paranoia no está mal tener en estas cosas por lo menos. Pero fijate como queremos que nos vigilen, que nos vigilen para sentirnos “seguros”, y después no somos paranoicos frente a los vigilantes, a poner en internet toda nuestra información íntima sin tener idea de qué es lo que puede estar pasando del otro lado, o quién tiene el acceso a eso.

El tema es que se ponen de moda cosas como Facebook, como Twitter[5], y nadie lo analiza críticamente. Hay muy poco análisis crítico de esto. Hay un uso muy irresponsable de las tecnologías y no hay un debate claro sobre esto. La gente en general no sabe lo peligroso que es poner su intimidad en Facebook.

También tenemos que ver que tenemos una sociedad profundamente desmovilizada, que no tiene un espacio público de debate, no hay, no existe un espacio público de debate de estas cuestiones. El mundo académico, que sería un mundo desde el cual uno esperaría debates profundos de estas cosas, no está presente, está muy rezagado en estas discusiones. Y los medios por supuesto, los medios son empresas.

Uno no puede esperar de los medios un debate profundo sobre estas cuestiones porque no les interesa, y porque además son parte de los que están detrás de esto, así como el negocio de las campañas políticas con esto y el negocio de cualquier empresa que está haciendo esto. Lo que tenemos que hacer es darnos un espacio de discusión de estas cuestiones de manera urgente, porque avanzan a velocidad.

Hoy se pone de moda algo y en un mes ya tiene 20 millones de usuarios en el mundo. Las velocidades con la que operan este tipo de cosas es impresionante, pero bueno, es dar un debate serio y aprender a usar las tecnologías.

- ¿Crees que la ciudad avanza hacia el desarrollo de una arquitectura carcelaria?

Totalmente, de hecho, si uno ha leído “1984″ de Orwel[6], tampoco quiero crear pánico, pero es importante ver cómo se construyen estas cosas. Un esquema totalitario como el de Orwel no se construye de un día para el otro, se construye en años, y estos son pequeños pasos que da una sociedad hacia esto. Obviamente no estoy diciendo que vayamos a llegar a eso.

Una sociedad que está estrictamente controlada, es una sociedad donde los márgenes de libertad de un ciudadano van cada vez más acotados. Todo el mundo tiene vida privada y no quiere que ciertas cosas se sepan por más que esas cosas no sean un delito. Todo el mundo tiene algo que no quiere que se sepa. No conozco a nadie que sea capaz de decir, “sí, puedo mostrar todo lo que pasa en mi vida, todo lo que siento, todo”, porque eso no sería lógico.

Pero sí, vamos hacia arquitecturas cada vez más carcelarias y vamos hacia el modelo de la vigilancia preventiva. Te vigilo para que no hagas, te vigilo para que no te reunas, te vigilo para que no hables con tu vecino, te vigilo para que no te movilices, para que te quedes en tu casa, yo te cuido. Es una sociedad que yo no quiero.

para la Agencia de Noticias Biodiversidadla .

»»Notas:

[1] http://www.aireyluz.com/

[2] Cuando entidades públicas o privadas poseen datos (en archivos o cualquier otro medio técnico) destinados a proveer informes, que supongan una discriminación hacia alguna persona, podemos exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de esa información. Todos tenemos el derecho a tomar conocimiento de los datos referidos a nuestra persona y a saber cuál es la finalidad de los mismos.

La protección integral de los datos que poseen los registros o bancos de datos está prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional. Sin embargo, es la ley 25.326 (Protección de datos personales) del año 2000 la que nos proporciona más información respecto a la posibilidad de cuidar nuestros datos personales. El objetivo principal es garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, como también el acceso a la información que de las personas se registren. (Consulta a Abogada UBA, Tomo 81 Folio CPACF)

[3] El artículo escrito por Beatriz Busaniche “El panóptico de Mauricio”, publicado por el portal Canal-Ar el 4 de junio de 2009, se puede leer completo aquí.

[4] “Creamos Facebook con el objetivo de facilitar que compartas información con tus amigos y la gente que te rodea. Cuando te registras en Facebook, nos proporcionas cierta información personal como tu nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección postal, sexo, colegios a los que has ido, así como otros datos personales o relacionados con tus preferencias. Cuando entras en Facebook guardamos el tipo de navegador que usas y tu dirección IP.” (http://www.facebook.com/)

[5] Twitter es un servicio para “los amigos, la familia y los compañeros de trabajo para comunicarse y estar conectados a través del intercambio de la respuesta rápida a una pregunta sencilla: ¿Qué estás haciendo?”. (http://twitter.com/)

[6] “Lo más característico de la vida moderna no era su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido.” 1984, novela de George Orwell. (http://es.wikiquote.org/wiki/1984)•

Ejecución extrajudicial por elementos del ejército en contra de un pasajero a bordo de un autobús en Humixtlan, región de La Montaña de Guerrero.

Lunes 22 de junio de 2009, por Limeddh

Resumen de la Acción Urgente

Según notas periodísticas, el día viernes 19 de junio de 2009, cerca de la cabecera municipal de Humuxtitlán, en la región de La Montaña de Guerrero, el 93 Batallón de Infantería, por orden del Comandante de Grupo, Julio César Ramos Sánchez, dispararon al autobús marcado con el número 045 de la empresa Oro, con placas 367HF7 del servicio público federal.

La unidad cubría la ruta Tlapa-Palomas-Puebla. Uno de los disparos hizo blanco en el pasajero Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, vecino de la ciudad de Tlapa, quien falleció instantáneamente por un disparo en la nuca.

Acción solicitada:

Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.

Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:

AU- 025- 2009- HUMUXTITLAN- GRO. El modelo de la copia se puede descargar desde el ortal de la LIMEDDH http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article417

Con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

felipe.calderon@presidencia.gob.mx,secretario@segob.gob.mx, dn_sdn@mail.sedena.gob.mx,gobernador@guerrero.gob.mx, cprocurador@pgjgro.gob.mx,presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx,sspypc@guerrero.gob.mx, beltrones@senado.gob.mx,javier.gonzalez@congreso.gob.mx, ebermudez@segob.gob.mx,InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org,oacnudh@ohchr.org,cidhoea@oas.org

VIDEOS: Protesta contra el incendio de la guardería del IMSS en Hermosillo, Son.



http://www.youtube.com/watch?v=XsCxEnGtlOc
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http://www.youtube.com/watch?v=TlhrelOZKiQ



http://www.youtube.com/watch?v=YNcZVv1qQXQ



http://www.youtube.com/watch?v=1LZ9MULzsg0



http://www.youtube.com/watch?v=Jvi1Q1g5K2c

Incumple el gobierno con liberar a los 15 detenidos de Azumiatla este fin de semana



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

TANIA DAMIÁN Y JAVIER PUGA

Los 15 habitantes de San Andrés Azumiatla que continúan encarcelados tras el enfrentamiento violento con la Policía el pasado 24 de abril no fueron liberados este fin de semana, con lo que el gobierno del estado habría incumplido lo que prometió a un grupo de diputados federales de ponerlos en libertad como muestra de voluntad política y disposición a resolver el conflicto originado por el trazo de una carretera.

Fuentes oficiales confirmaron que una mujer y 14 hombres de esa comunidad siguen encerrados y aseguraron que por lo menos hasta este fin de semana no existía ninguna indicación de sacarlos del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, al suroriente de la capital del estado.

Hace tres semanas alcanzaron su libertad dos habitantes de Azumiatla a los que también se había involucrado en el conflicto Carmela Romero Santamaría y Job Romero. A ellos se les devolvieron sus garantías individuales por considerarse que habían cometido sólo un delito y éste era menor.

Desde hace dos meses ese grupo está acusado de privación ilegal de la libertad, lesiones motín en su agravante de incendio y otros sin que hasta la fecha se les haya podido comprobar su participación en esos delitos.

El integrante del Comité para la Defensa del Agua y la Tierra de Puebla y Tlaxcala, Mateo Huexo Caballero, afirmó que el gobierno del estado no cumplió el compromiso acordado, por lo que este día acudirá a las 9 de la mañana junto con los legisladores federales al Cereso para conocer cuál es la situación de sus vecinos.

A mediodía en San Andrés Azumiatla habrá una asamblea comunal en la que se decidirá si se establece un plantón indefinido frente al centro penitenciario de San Miguel hasta que sean liberados sus vecinos, o bien se tomen otras medidas para exigir la liberación de ellos.

En una entrevista telefónica, Huexo Caballero aseguró que la administración estatal debió haber expuesto un incidente de desvanecimiento de datos ante el juez primero de lo penal, Javier Vázquez Fernández, para que continuara el proceso de excarcelación dentro del expediente 142/09 que abrió la Procuraduría General de Justicia del estado.

El compromiso lo adquirió la Secretaría de Gobernación estatal durante la reunión del viernes 12 de junio con los diputados federales José Antonio Díaz García y Francisco Fraile, de Acción Nación; Salvador Ruiz Sánchez, de la Revolución Democrática, y Alberto Amador Leal, del Revolucionario Institucional.

El pasado 24 de abril cuatro supuestos topógrafos de la empresa Gerlus fueron capturados por los pobladores de Azumiatla cuando realizaban mediciones dentro de predios ejidales para la obra carretera 11 Sur–Santa Clara Ocoyucan, al sur de la capital del estado de Puebla.

Ante el temor de que se tratara de una invasión de tierras para proyectos inmobiliarios, los campesinos retuvieron en la cárcel local a los trabajadores exigiendo la presencia de alguna autoridad estatal para que les explicara a qué obedecía la intromisión.

La petición fue rechazada y en cambio hizo acto de presencia un agente del Ministerio Público, quien fue sacado a golpes de la comunidad; esto fue interpretado por el gobierno estatal como una provocación que culminó con el ingreso de medio millar de agentes, quienes a sangre y fuego tomaron el pueblo, liberaron a los topógrafos y capturaron a 17 personas como presuntos responsables de varios delitos.

De acuerdo con los familiares de los detenidos, el gobierno del estado se basó en el testimonio de uno de los detenidos que padece de sus facultades mentales para inculpar al resto, pero en ningún momento pudo comprobar que hayan participado en los disturbios de abril pasado.

El obispo de Tehuacán podría comparecer ante una Corte de Estados Unidos



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

ELIZABETH RODRÍGUEZ LEZAMA

Ahora que se inicia un nuevo proceso contra el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera con relación a actos de pederastia cometidos por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, es probable que comparezca en el caso el obispo de esta diócesis, Rodrigo Aguilar Martínez, quien ya hizo lo propio en 2007, para defender al purpurado ante una corte de California, Estados Unidos y apoyarlo para “derogar el servicio de comparecencia por falta de jurisdicción”.

Otra víctima más de Aguilar Rivera inició un nuevo proceso contra el clérigo y también contra el Norberto Rivera, por encubrimiento; la demanda alcanza a la diócesis de Tehuacán por que el abuso se cometió en esta región.

Por lo tanto no se descarta que el actual obispo diocesano, Rodrigo Aguilar Martínez, vuelva a comparecer, pero no en apoyo a la víctima sino en defensa de los acusados, tal como lo hizo en 2007 dentro del proceso BC358718 que se radicó en el Tribunal Superior del Estado de California Condado de los Ángeles, Distrito Central, de Estados Unidos.

Dentro de ese caso el 26 de marzo del 2007, a las 8:30 ante el juez Elihu M. Berle se presentó un oficio firmado por Rodrigo Aguilar Martínez, para apoyar a los acusados en sus argumentos para “derogar el servicio de comparecencia por falta de jurisdicción” para lo cual en su declaración despojó a los feligreses católicos de la Diócesis de su nacionalidad mexicana pues dijo que se trata de “Romanos Católicos en la región oriente de México”.

Aguilar Martínez argumentó en el escrito que firmó el 12 de febrero del mismo 2007, el tribunal donde se inició ese proceso interpuesto por Joaquín Aguilar Méndez, víctima de Nicolás Aguilar Martínez, carecía de jurisdicción para procesar a los acusados dado que la diócesis de Tehuacán no cuenta con ningún negocio, oficina o relación económica ni de carácter social en California.

“Formalmente”, especificó en su declaración, la Diócesis de Tehuacán y la Arquidiócesis de los Ángeles, son independientes y no existe ningún tipo de interacción entre ambas ni tampoco puede influir en las decisiones que se toman en cada una de ambas organizaciones.

Dentro del proceso expresa que el oficio lo entregó como una comparecencia especial y voluntaria con el objetivo de “impugnar la jurisdicción de este tribunal sobre la Diócesis” y antes expresa su disponibilidad en el sentido de que “si así se me requiriera podría testificar de manera competente”.

Aparición de erpistas en la sierra del estado, justificada, determina PRD

Con venia de Torreblanca, Calderón “viola de manera flagrante” garantías de pobladores

Fuente: La Jornada de Guerrero


Presentará comitiva del sol azteca “postura oficial” ante pobladores de Las Ollas y Las Palancas

YAMILET VILLA ARREOLA

CHILPANCINGO, 21 DE JUNIO. El Comité Político Estatal (CPE) del PRD denunció que con la venia del mandatario estatal Zeferino Torreblanca Galindo, el gobierno de Felipe Calderón “viola de manera flagrante” las garantías, el derecho al trabajo, alimentación y seguridad, además de tratar como delincuentes a los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, situación que da argumentos a los grupos guerrilleros para justificar sus acciones de autodefensa armada, porque viven en forma similar a la guerra sucia de los años 70.

Exigió al gobierno estatal y federal resolver las condiciones de marginación y extrema pobreza. Llamó al Congreso local y a Torreblanca Galindo a conformar la Comisión de la Verdad sobre hechos del pasado y que pueda dárseles facultades para la negociación unilateral con los grupos insurgentes, así como la urgencia de aprobar que la sierra sea la octava región del estado y poner a consulta de las comunidades serranas un Plan de Desarrollo Integral.

En documento preliminar del CPE sobre la postura que como PRD fijarán el próximo martes frente a los pobladores de Puerto de las Ollas y Las Palancas de la incursión del Ejército Mexicano, el sol azteca llama a Calderón a que retire las tropas del Ejército de esa zona y se reparen lo más pronto posible los daños causados; a Torreblanca Galindo a que en uso de sus facultades defienda la soberanía del Estado y se pronuncie por la defensa de esos pueblos.

Acusa al gobernador de respaldar que con el pretexto de buscar al comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un contingente de soldados del Ejército sitiara cuatro días esas comunidades.

“La guerra sucia de los 70s en las zonas serranas ya no son simples recuerdos, ahora la viven, con mayor intensidad, porque se encuentran a dos fuegos: el del acoso militar con el Ejército y el paramilitar con los sicarios de los cárteles de las drogas, que según dicen los mismos campesinos, comanda Rogaciano Alba, ex presidente municipal por el PRI de Petatlán”, manifiesta.

El escrito señala que “el gobierno federal con la venia de Torreblanca Galindo, viola de manera flagrante las garantías individuales consagradas por la Constitución al poner en riesgo la vida de esos pobladores, al allanar sus domicilios sin orden judicial alguna”.

Agrega que la Federación no toma en cuenta que la mayoría de los serranos se han organizado para defender sus recursos, lo que ha impedido que los caciques, como Rogaciano Alba, exploten los bosques, “lesionando intereses que van más allá de cualquier disputa doméstica o conflicto comunitario”.

Considera que al tratar como delincuentes a los habitantes dan argumentos a los guerrilleros para justificar sus acciones de autodefensa armada, con lo que agudizan las contradicciones sociales. “Es como echar fuego a la hoguera en vez de sofocarla con el diálogo y la negociación, tal como se deben resolver los conflictos en un país civilizado, donde se supone existe un Estado de Derecho”.

El CPE propone un plan de desarrollo integral para la sierra, empezando por convertir a los 13 municipios de ese territorio en la octava región.

“Es inconcebible que con tanta riqueza natural y humana, como agua, bosques, oxígeno y minerales, los serranos vivan en condiciones de extrema pobreza al igual que los de La Montaña. En estas condiciones de marginación el crimen organizado encuentra las condiciones para su implantación y desarrollo, convirtiendo a la economía informal como la actividad fundamental para la subsistencia de la gente, que se encuentra es riesgo de perder la vida, si se va de mojado a Estados Unidos, o bien sembrando enervantes o contratándose como sicario”.

COMENTARIO: Ya lo he dicho y lo volveré a decir, qué esperan para desconocer a Zeferino Torreblanca.

Matan al hermano del cura ejecutado en Tierra Caliente

Son acciones premeditadas

Fuente: La Jornada de Guerrero


CINDY PACHECO PALACIOS

El asesinato del párroco Habacúc Hernández Benítez y los seminaristas Eduardo Oregón Benítez y Silvestre González Cambrón fue un hecho premeditado y aunque evitó mencionar que se trataba de una venganza, el arzobispo Felipe Aguirre Franco informó que el hermano del sacerdote, también fue ejecutado en situación similar.

Precisó además que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local se comprometió a exigir al gobierno estatal la investigación y resultados prontos del caso, pues este hecho “causa una profunda indignación” en la población guerrerense.

En un escrito, el diputado, presidente de la comisión legislativa, Napoleón Astudillo Martínez, criticó a la autoridad estatal, porque, dijo, está dentro de sus atribuciones garantizar la seguridad de las personas que viven en Guerrero.

Luego del pronunciamiento que dio junto con los obispos de las diversas regiones de la entidad, el arzobispo porteño insistió en que “no nos vamos a dejar dominar por el miedo y seguiremos actuando como hambres de fe”.

Confió en que la promesa que hizo el procurador de Justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia, para seguir de cerca con la investigación, sea verdadera, y evitó dar cualquier tipo de detalles que hasta ahora tenga.

No obstante, recordó que en fechas pasadas el hermano de Hernández Benítez (de quien no dio nombre), murió en circunstancias similares. Aunque aseveró que el hecho era premeditado y no fue un accidente, descartó que se trate de asuntos de la delincuencia organizada.

“No puedo decir que ésa sea una hipótesis, que se trate de una venganza. Lo que sí sabemos es que no fue una confusión, ellos (los asesinos) ya los iban a matar. Es una creciente ola de violencia, fueron unos arteros crímenes”.

Carmen Aristegui Noticias MVS 23 de junio de 2009

(audio completo, sin comerciales)

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Audio Cortesia de AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular

Ortiz Mayagoitia altera queja contra tres jueces por tráfico de influencias

La sentencia “institucionaliza” el tráfico de influencias: abogado

Fuente: La Jornada de Guerrero


ROBERTO RAMIREZ BRAVO

El magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación (CJF), alteró los términos de la queja presentada contra tres jueces de distrito que intercambiaron nombramientos para sus familiares, pues dictó sentencia como si éstos hubieran sido acusados por nepotismo al contratarlos directamente, cuando en realidad se les acusó de tráfico de influencia manera concertada entre ellos para lograr esos nombramientos, denunció el abogado Ernesto Flores Montor.

En un escrito de 21 páginas, en el que recusa la resolución, el querellante remarcó que además le fue violado su derecho de audiencia, pues su queja fue desechada con el argumento de que no daba pruebas porque sus ofrecimientos –pese a ser legales según los artículos 63 y 69 del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura del 9 de agosto de 2006–, no le fueron reconocidos.

Dejó por ello sentada su reserva de acudir a las instancias nacionales e internacionales que el caso requiera.

El 6 de mayo, el abogado presentó una queja contra los jueces de distrito Jerónimo Martínez Martínez, Juan Carlos Ríos López, Edgar Estuardo Vizcarra, integrantes del Centro Auxiliar de la Séptima Región del PJF, y la administradora del mismo, Leticia del Socorro Salinas Pineda, por haber intercambiado entre ellos –a sólo cinco días de haber asumido sus cargos– nombramientos para sus familiares, amigos y compadres. El 27, y con la firma de Ortiz Mayagoitia, se le comunicó que la queja fue desechada –según publicó La Jornada Guerreroayer– porque el juez primero no contrató a su hijo ni a su sobrino, sino lo hizo el juez tercero; la esposa del tercero, no fue contratada por él sino por el segundo, quien a su vez contrató a sus propios compadres; y la administradora no contrató a su cónyuge, sino lo hizo el juez primero.

En principio, acotó Flores Montor, Ortiz Mayagoitia “se hizo ilegalmente en lo individual de las facultades del pleno” al abordar a fondo la conducta de los acusados, y tratar a la queja como nepotismo, cuando la denuncia fue porque los jueces “de forma concertada, haciendo tráfico de influencias, entre otras conductas, hicieron la contratación, promoción y designación cruzada” a favor sus familiares y aun de quienes tienen con ellos relación “de carácter sentimental”.

En consecuencia, precisa en su escrito que “no es la designación o nombramiento directo, sino la intervención frente a terceros” lo que se había acusado.

La interpretación de Ortiz Mayagoitia, explica Flores Montor, “atenta contra la redacción literal” de la queja, contra el sentido común, y “de forma más grave, institucionaliza el tráfico de influencias”.

Los razonamientos “en sentido figurativos y hasta romáticos” usados por él, de que es normal que ingresar al PJF “inspirado” por sus familiares que ya están adentro, “sólo opera legal y moralmente cuando de actividades libres se trata, no es el caso del servicio público, pues está sujeto a normas restrictivas que impiden el tráfico de influencias”, expresó el abogado en su alegato.

Demuestra particular la propiedad legal del predio que Jorrín pretende despojar

El convergente se apropió de 2 mil 700 metros de terreno, insiste

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de junio. Con documentos oficiales que lo respaldan, como escrituras, fallos de tribunales, peritajes y algunos planos de colindancia, Octavio Javier Ramírez Espíritu aseguró que el predio que el sábado fue sitiado por policías preventivos, encabezados por el secretario de Seguridad Pública municipal, Bonifacio Montúfar Mendoza, le pertenece, y que junto con el ayuntamiento capitalino, el candidato a diputado federal suplente por el distrito 4, Víctor Jorrín Lozano, se lo quiere quitar.

El demandante mostró las copias de las escrituras que acreditan la propiedad a su padre, Javier Ramírez Catalán, donde se establece una extensión de 4 mil 900 metros, los cuales colindan con el terreno que ahora pertenece a Víctor Jorrín.

En el documento del peritaje, se observa una línea clara que donde concluyen las 2.2 hectáreas al candidato suplente, que antes pertenecían a Alejandro Cervantes (una hectárea) y Luis Walton (1.2 hectáreas), pero embardó 2 mil 700 metros más de lo que originalmente le pertenecen.

Además de que pavimentó una calle que da entrada a ese lugar, con previa autorización del ayuntamiento, es decir, me “despojaron por completo de los 4 mil 900 metros”.

En una muestra de que su argumento es real, enseñó copias de las escrituras de todos los terrenos colindantes, además de planos que certifican la propiedad, “y ahora quieren desaparecer de todo documento el terreno que es de mi padre, de que yo soy su apoderado legal”.

Recordó que ellos mantenían dos juicios por sus terrenos; uno por 2 mil 200 metros, que le arrebató el ayuntamiento argumentando que era zona federal; y otro por los 2 mil 700 metros que pelea con Jorrín.

En el resto de los documentos hay dos fallos a su favor que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penales y Administrativas del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, con fechas 2 de diciembre de 2008 y 8 de mayo de 2009, los cuales dan por concluido el juicio y, “reconocen que Ramírez Catalán es propietario de esas tierras, haciendo a un lado el argumento de Jorrín y del ayuntamiento”.

Precaristas van a la Coddehum contra el alcalde de Zumpango por desalojo

Inculpa el líder de invasores del Tepetlayo a Pérez Leyva por secuestro y tortura

Fuente: La Jornada de Guerrero


Unos 40 policías municipales mantienen vigiladas las 34 hectáreas de tierra en disputa

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 21 de junio. Los precaristas que el sábado fueron golpeados y retirados más tarde por la fuerza del predio Tepetlayo, presentaron hoy una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) contra el alcalde de Zumpango, Modesto Pérez Leyva, por permitir la agresión que sufrieron.

El líder de los invasores, Luis Ortiz Donato, denunció también que el sábado por la noche fue aprehendido y golpeado por personas desconocidas, de lo que responsabilizó al presidente municipal, y de cualquier otra agresión que pueda sufrir.

“Me golpearon y me dieron toques eléctricos, me secuestraron cerca de las 9 de la noche, y por la mañana también a mi esposa la mantuvieron retenida hasta la noche; el alcalde tuvo el descaro de decirle a mi mujer que diéramos gracias a Dios que no había habido muertos”, sostuvo.

Los precaristas que se quedaron en el lugar después de la refriega, desde la noche del sábado mismo fueron desalojados del predio de 34 hectáreas, y acusan a los policías municipales directamente de hacerlo. No obstante, la mañana de hoy aún había algunas de sus pertenecías en el lugar.

Ortiz Donato informó que presentaron una denuncia penal por lo sucedido, la cual fue ratificada por 170 familias más.

Del desalojo, en el que argumentó participaron los policías municipales, manifestó: “contamos con los amparos correspondientes, y ellos sabían que no podíamos ser desalojados, pero desgraciadamente (los comuneros) incitaron a la población y contrataron incluso gente armada de los pueblos que no viven en Zumpango, y a los que les pagaron 500 pesos por persona para venir a desalojarnos”.

Aseguró que el 12 de enero las 250 familias llegaron a un acuerdo con el comisariado de los Bienes Comunales de Zumpango, Raúl Rosales Basilio, “le adelantamos 360 mil pesos a cambio de 12 hectáreas, pero no respetó los acuerdos, él sabía que desde esa fecha ocuparíamos los terrenos, pero posteriormente manipuló a la gente y por el contrario se llevó a cabo el desalojo”.

El monto que pagarían las familias sería de 720 mil pesos, “tomando en cuenta que es una tierra que no sirve para el cultivo porque es pedregosa, y sólo se puede utilizarse para vivienda”.

Advirtió que en los próximos días regresarán a los terrenos que adquirieron por la vía legal.

A propósito, por la mañana de hoy, unos 40 policías municipales y estatales sitiaron el lugar para impedir que se asienten nuevamente las familias, al parecer por instrucciones del alcalde Modesto Pérez.

Los preventivos precisaron que la orden que recibieron es no dejar que se instalaran las 350 familias que estaban inicialmente en ese lugar, “no son gente de aquí, además es una reserva ecológica”, esbozó uno de los agentes.

En la puerta de rejas del predio, aún estaban los muros de concreto que los comuneros colocaron ayer para evitar que salieran los supuestos invasores, junto a ellas tres camionetas de policías estatales y municipales. Al interior, se observaban otro grupo de efectivos.

Se conoció que por la mañana aún algunas familias precaristas rondaban el lugar, a quienes se les permitió pasar a recoger parte de sus pertenencias.

Se ampara ex delegado de Semarnat contra detención


Fuente: La Jornada de Guerrero



OSSIEL PACHECO

El ex delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Guerrero, Leonel Lozano Domínguez, insistió en que no cometió allanamiento de morada, como lo acusó el propietario de Villas Paraíso, Rubén Hernández Montes, porque no puede haber afectación privada cuando se trata de bienes de la nación bajo la tutela y administración de la dependencia, y como delegado hubiera incurrido en una omisión al no efectuar el recorrido en la zona, pues le fincarían responsabilidad por incumplimiento de funciones.

Sustentó que el artículo 177 del código federal obliga a que como funcionario aportar los elementos, de lo contrario, son sujetos de aplicación de la ley de responsabilidades de los servidores públicos que obliga aportar los elementos adicionales como servidores de la administración pública cuidando y observando la estricta aplicación de la ley.

Explicó que ante la liberación de la orden de aprehensión por el juez segundo de lo penal ha logrado tramitar un amparo para la suspensión definitiva contra acto reclamado por la denuncia interpuesta por el propietario del complejo turístico, quien lo acusa de allanamiento de morada, y se reservó el derecho a reclamar por escrito porque no hubo la valoración de las pruebas del peritaje hecho por la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Semarnat.

Consideró que por igual ocurrió con el peritaje de la Procuraduría General de la República y en su caso, hizo un peritaje ordenado por las oficinas centrales de la Semarnat, donde da cuenta que rellenaron un margen de 80 metros del margen de la laguna en su anchura, factor que no fue valorado por el juzgado segundo de distrito sobre todo porque el documento de compra-venta del predio en que se construyó el complejo turístico es irregular debido a que nadie puede comprar bienes nacionales pues debió haber un proceso desincorporación, tal como lo establece la ley federal de bienes nacionales.

Oficio de Papel

•Politiza el PAN lucha contra el crimen
•El narcotráfico en campañas políticas
•Corrompe a militares tráfico de drogas

La lucha contra el narcotráfico se ha politizado y ahora el partido en el gobierno utiliza esa riesgosa confrontación de las fuerzas armadas mexicanas con las bandas del crimen organizado para hacer campaña política a favor del Partido Acción Nacional. Así vemos y oímos los anuncios en radio y televisión que reclaman a regímenes anteriores su inmovilidad ante el creciente tráfico de drogas por todo el país, con destino final el mercado de Estados Unidos, y la “advertencia” del gobierno calderonista de que el Estado enfrentará con todas sus fuerzas a las mafias de la droga. Al gobierno federal no le importa si los resultados hasta ahora son desastrosos para el país, como lo demuestran los miles de homicidios de civiles, militares y policías, o los miles de secuestros de ciudadanos inocentes, ni las detenciones de policías, militares y funcionarios de gobierno, todos ellos al servicio de las bandas del narcotráfico, pues lo único que importa a Felipe Calderón es mantenerse en el poder a cualquier costo y evitar por cualquier medio que la oposición siga ganando posiciones políticas.Pero si las cosas siguen como le ocurrió a Colombia hace 30 años, aún falta por ver en México una mayor violencia acompañada del asesinato y del secuestro de servidores públicos, de candidatos presidenciales, de políticos y de periodistas, en eso ha convertido el gobierno al país, en un Estado sin ley.

Así lo advierte también el más influyente centro de estudios de América del Norte, la Research and Development (Rand) Corporation –el influyente think tank (centro de pensamiento)– en su informe Seguridad en México. Implicaciones para los Estados Unidos: opciones políticas, en donde concluye que el gobierno mexicano no está logrando los objetivos de recuperar territorios dominados por el narcotráfico, ni abatir la corrupción policiaca y mucho menos hacer que prevalezca el Estado de derecho.

De acuerdo con una investigaciones periodística de Nydia Egremy publicada en la revista Contralínea, el Rand advierte que México constituye una amenaza creciente para Estados Unidos, pues –desde que llegó el panismo al poder– no cuenta con “una estrategia cohesiva de seguridad nacional”. A pesar de ello, ese centro de estudios recomienda al presidente estadounidense “apoyar a la principal corriente del gobierno mexicano”, sólo por tratarse de un gobierno de ultraderecha.

Se explica en ese análisis que el avance de la corrupción policiaca, el auge de los grupos trasnacionales del crimen organizado y la falta de cumplimiento de las leyes deterioraron la seguridad en México y amenazan con desbordarse hacia Estados Unidos, lo cual representa su mayor preocupación, pues al final de cuentas el crecimiento de la violencia en nuestro país repercute en el país vecino, y con la paranoia que los estadounidenses viven, es un factor de seguridad nacional para Washington.

Ese menoscabo en la seguridad en México llevó al gobierno de Felipe Calderón a desplegar más de 40 mil soldados en todo el país para combatir a los cárteles y tratar de restaurar el orden en las zonas bajo su dominio; sin embargo, ese objetivo es claro que no se ha cumplido y el estudio apremia a la administración de Barack Obama para que elija entre tres opciones políticas, cómo hará frente a esa amenaza y defina el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y México.

Las opciones políticas que los analistas de la Corporación Rand, Agnes Gereben Schaefer, Benjamin Bahney y K. Jack Riley, proponen al gobierno estadounidense son: una asociación estratégica con México, su vecino, socio comercial y aliado, para apoyarlo en la superación de las deficiencias en seguridad (narcotráfico y tráfico de armas y personas); fortalecer la confianza de los mexicanos en sus instituciones; mantener el statu quo de la colaboración y asistencia hacia México en los términos actuales, y limitar o reducir esa ayuda y cooperación a su mínima expresión.

La crítica de los especialistas estadounidenses va más allá y señala que desde 2000, cuando se eligió al primer presidente de oposición, Vicente Fox Quesada, “México ha batallado para articular una estrategia cohesiva de seguridad nacional”, por lo que esa falta de estrategia condujo al cambio de responsabilidades, la duplicación de servicios en gran número de agencias y a la inestabilidad general en la estructura de seguridad de México.

Militares contra narcotraficantes

La creciente utilización de las fuerzas armadas por parte del gobierno de Felipe Calderón para combatir a las bandas del narcotráfico y del crimen organizado, conlleva el riesgo de la corrupción de militares, la infiltración de las mafias en el Ejército, la violación de los derechos humanos de civiles, la deserción de miles de soldados que se cambian de bando y el gasto inútil del presupuesto en corporaciones policiales que hasta ahora son negligentes e ineficaces para lo cual se les ha contratado con dinero público.

Pero la necedad gubernamental es mayor y su lucha contra el crimen organizado sólo se centra en las fuerzas armadas.

Para esa supuesta “guerra” contra los cárteles de la droga, el Cuartel General del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional creó los Gafes y los Ganfes, y su estrategia no empezó con los gobiernos panistas, sino que fue delineada por el general Enrique Cervantes Aguirre en el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo.

Un trabajo periodístico de José Réyez da cuenta del documento Propuesta para apoyar temporalmente a la Procuraduría General de la República, y al paso del tiempo algunos miembros de estos cuerpos de elite abandonaron el Ejército para integrarse a los grupos de narcotraficantes que operan en el país. Hasta 2007, a principios del gobierno de Felipe Calderón, habían desertado mil 382 elementos de un total de 5 mil 500 Gafes, es decir el 25 por ciento de soldados entrenados para ese fin y que muchos de ellos ahora defienden a las bandas delincuenciales.

En el documento de 32 páginas, el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Zedillo, identificado con el número 460303, instruye a los comandantes de12 regiones militares del país a aplicar la estrategia de combate al narcotráfico “por mar, tierra y aire, informando a las S-10 (OCN) EMDN de los resultados obtenidos”.

Esa orden del entonces general Enrique Cervantes Aguirre a las regiones militares fue que los Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (Gafes) y los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Ganfes) fomentarían “la organización, equipamiento y adiestramiento en coordinación con SM/AM y capitanías de puertos de los grupos anfibios, para responder en forma oportuna y efectiva en la intercepción de cargamentos ilícitos”.

El sobrino del general Arévalo Gardoqui

Los costos de involucrar a militares en trabajos que no les corresponde, según la propia Constitución Política, ha llevado a su complicidad y corrupción. En el número más reciente de la revista Contralínea se da cuenta de un informe de inteligencia de la Procuraduría General de la República que acusa al piloto aviador Jorge Arévalo Kerssler, sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, como transportista de cargamentos de cocaína hacia México y de dinero en efectivo para Sudamérica. Otros involucrados son Roberto Larsen García o Agustín Romero Villa y Luis Raúl Rivera Crespo, miembros del cártel de Cali, Colombia

De acuerdo con el oficio C1/C4/ZP/4852/07, suscrito el 26 de octubre de 2007 por Carlos Anselmo Lugo Félix, director general de Información Contra el Secuestro y Delitos Vinculados del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, “(por) información de inteligencia se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto de Toluca, estado de México”.

El trabajo periodístico de José Reyez revela que el 20 de octubre de 2007 autoridades ecuatorianas recibieron una denuncia anónima al teléfono 01800 drogas, en la que se les manifestaba que la finca ubicada en Recinto Colope estaría sirviendo como centro de acopio del alcaloide. Un agente fiscal, el grupo táctico GIR y el servicio aeropolicial intervinieron la propiedad, incautaron la droga, armas y vehículos, y detuvieron a siete supuestos narcotraficantes que se encontraban en su interior.

Mario Federico Livas Lara, director general de Información Contra el Narcotráfico, dio cuenta de que el 27 de octubre de 2007 la avioneta Aeromander –presuntamente propiedad de la empresa mexicana Transportes Ejecutivos Ilimitados, matrícula N382AA, procedente de la provincia de Chiriqui, Panamá, piloteada por Arévalo Kessler y Miguel Carrillo Cabrera– aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Panamá, donde fue abandonada. Al ser revisada, la policía de ese país encontró 3 millones 300 mil dólares ocultos en los tanques de reserva del combustible.

El sobrino del extinto general Juan Arévalo Gardoqui –secretario de la Defensa Nacional durante la administración del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, y quien fue señalado por agentes antidrogas de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico– está relacionado con la averiguación previa PGR/UEDO/044/2003. Estuvo preso en el reclusorio norte con el número de control 100808; fue detenido el 7 de abril de 2008; se le decretó arraigo por tres meses y el 11 de julio se le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada.

La investigación de la PGR señala que Arévalo Kessler, quien se encuentra sujeto a proceso bajo la causa penal 64/2008-VIII, operaba desde 2005 en el trasiego de drogas de Panamá, de Venezuela y de Ecuador a Acapulco (Guerrero), Cancún (Quintana Roo) y Toluca (Estado de México), bajo las órdenes de Antonio Aguilar, cuyo nombre real es Pedro Antonio Bermúdez Suazo, alias el Arquitecto, líder de un grupo delictivo colombiano vinculado al cártel de Cali, del que también forman parte Salvador González Farrera, Roberto Larsen García, Omar Jácome del Valle, Carlos Gaona, Luis Raúl Rivera Crespo y Edic Muñoz Sánchez.

Este último, al rendir su declaración ministerial el 13 de diciembre de 2007, involucró a Arévalo Kessler en el tráfico de drogas: “…Yo laboraba para la organización encabezada por el Arquitecto, que se dedica al transporte de cocaína de Sudamérica hacia México, la mayoría de las veces de las ciudades de Medellín, Río Negro, en Colombia, y con destino final México, precisamente el aeropuerto internacional de Toluca…”.

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AMLO EN VIVO DESDE IZTAPALAPA



MARTES 23 DE JUNIO DE 2009

11:30 horas Colonia Campestre Potrero. Álamos esquina Laureles
13:00 horas Colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Manuel Caña esquina Villa Figueroa, parque Cuauhtémoc
16:30 horas Colonia Primera Sección de Ejército de Oriente Zona Peñón (Canchas). José N. Prieto esquina Brigada Carbajal
18:00 horas Barrio San Miguel. Avenida Hidalgo s/n, Explanada, mercado La Purísima
19:30 horas Colonia Escuadrón 201. Alfonso Toro esquina Javier Martínez, Centro Social
21:00 horas U.H. Mirasoles. Andador Acción Social, entre Ave de la Torres y Periférico

VIDEO: Delitos electorales San Agustín Loxicha



http://www.youtube.com/watch?v=S2CZAk61g1g

Elecciones: Gobierno ilegítimo y campañas mediáticas



Por: Edgar González Ruiz

En 2006, México perdió la oportunidad de elegir un candidato y un proyecto, el de Andrés Manuel López Obrador, acorde con las prioridades de los trabajadores y con la defensa de la soberanía nacional y del estado laico.

Con el apoyo del Estado Mayor Presidencial, de muchos medios de comunicación, especialmente los televisivos, del empresariado y de la jerarquía católica, y con la complicidad del IFE y del TEPJF, que avalaron el fraude, la derecha impuso un candidato que abandera a los sectores acaudalados y promueve la militarización del país, con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”.

Gran parte de la propaganda que la derecha usó hace tres años, basada en el ataque al llamado “populismo” y en comparaciones entre Hugo Chávez y AMLO, es ya obsoleta, pues dependía de consignas emanadas del gobierno ultraderechista de Bush, que Obama no asume, pero sirvieron para manipular a muchas personas: para que tomaran decisiones contra sí mismas.

Los resultados están a la vista: el gobierno de Calderón se ha distinguido por su apoyo al empresariado y a la jerarquía católica, por sus tendencias privatizadoras, por su ataque a la economía de los trabajadores, a la educación pública y a otras instituciones sociales.

Todo ello, avalado por una abrumadora mercadotecnia cuyos consignas, ridículamente triunfalistas, repetidas hasta el cansancio en radio y televisión, rezan que la crisis económica es desdeñable, y que lo que debe preocupar a la gente es lo que hagan o no los capos de la droga, que por cierto tienen como premisa la complicidad de altos funcionarios policíacos y militares.

Ante su falta de legitimidad y de carisma, Felipe Calderón, Fecal, político tramposo y producto de las raíces confesionales del PAN, ha recurrido a la manipulación de episodios dramáticos y por demás sospechosos para tratar de ganar el apoyo del pueblo.

Se ha servido de ocasiones como la muerte de Mouriño, a quien los panistas equipararon al Cid Campeador; los bombazos en Morelia durante las celebraciones de la independencia, el año pasado, o el manejo tendencioso del brote de influenza, hace unos meses, con el cual, en lugar de ofrecer a la población vacunas, medicamentes y buenos servicios médicos, se le indujo el pánico para poder manejarla e imponerle decisiones desde arriba.

Si para el pueblo el fraude y la imposición del 2006 han tenido resultados trágicos, para muchos políticos profesionales, no sólo de la derecha, ha resultado una verdadera panacea, pues la desmovilización de los sectores populares les permite llegar entre ellos a los “acuerdos” que les sean más ventajosos.

Los “chuchos” dividieron al PRD para beneficio de Calderón; Elba Esther Gordillo, con el Panal, cosecha cada vez más privilegios gracias a su apoyo al gobierno; el Partido Verde adopta para su provecho demandas ultraderechistas como la pena de muerte; el PRI apoya al clero cuando le conviene, propiciando la penalización del aborto en los estados de la República, el PASC, más congruente en sus planteamientos ideológicos, tiene sin embargo, el pésimo antecedente de haber postulado en 2006 a Patricia Mercado, feminista que entonces le hizo el juego a la derecha.

En consecuencia, las campañas de 2009 han estado dictadas por la mercadotecnia, con candidatos que, acordes con el discurso oficial, ofrecen políticas de corte policíaco, como si la gente más pobre tuviera mucho dinero qué cuidar, o bien exhiben simplemente su imagen, demostrando ser unos oportunistas que aparecen sólo cuando tienen algo que ganar, por medio de promesas falsas.

Esta vez, dado que el pueblo ya ha dejado de salir a la calle para manifestarse políticamente, como en 2006, los políticos y los partidos hicieron las campañas a su modo y conveniencia, llenando con su propaganda los espacios de los medios, gastando en ello recursos millonarios que podrían tener mejor destino, como el de ayudar a los ancianos y a los más pobres, como hacía con el dinero del erario Andrés López Obrador.
Ante la impunidad que les brinda el apoyo de los “grandes” medios y el desgaste de la resistencia popular, salieron a relucir las mafias políticas y empresariales, de viejas raíces, con figuras como las de Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, nieto del patriarca de Bimbo; César Nava, yunquista al igual que lo fue su padre y Lía Limón, panista amiga de Margarita Zavala, e hija de Miguel Limón Rojas, quien fuera secretario de Educación en el sexenio de Zedillo, así como exesposa de Luis Carlos Ugalde, extitular del IFE que facilitó el fraude de hace tres años.

Esta vez, hubo quienes, conscientemente o no, apoyaron a la derecha promoviendo el abstencionismo, en momentos en que es patente la impopularidad del PAN, al grado de que, en algunos lugares, el PRI difundió propaganda del partido como tal, más que de sus candidatos, confiando en que la gente ya se dio cuenta, por experiencia, de que el PAN puede ser mucho peor que el tricolor..

Si el pueblo no defiende sus intereses, los políticos no lo van a hacer, pues naturalmente prefieren aliarse con los más ricos, con los más influyentes, con quienes les puedan dar algo.

Gran encuentro entre el campo y la ciudad en el zócalo el próximo sábado



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

ALONSO FRAGUA

Con el objetivo de mostrar a la ciudadanía los productos que la tierra les brinda, su forma de vida y las comunidades y zonas arqueológicas que se verán afectadas por la construcción de los libramientos Norte y SurPoniente, el Frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua Puebla y Tlaxcala (FPDTAPT) celebrará el Encuentro de culturas del campo y la ciudad el próximo sábado 27 de junio en el zócalo de la Angelópolis.

Además de exponer la situación que enfrentan los habitantes de estas 32 comunidades de Puebla y Tlaxcala, la intención de los organizadores es ofrecer a la ciudadanía un foro abierto para compartir ideas y proyectos. Por ese motivo, el mencionado frente invita a otras comunidades, organizaciones, colectivos o individuos que tengan algo que denunciar o una alternativa que compartir, a participar con mesas informativas o espacios de exposición.

Hasta el momento, más de 40 organizaciones han confirmado su presencia, tanto originarias de nuestro estado como de otras entidades como DF, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Algunos de los participantes poblanos serán el Tianguis Alternativo de Puebla, Erósfera, Centro Cultural Creciente, así como los proyectos mediáticos de Arrabal Radio, la radio comunitaria de Tlaxcalancingo y el periódico Espiral. Del resto del país destaca la visita de la veracruzana Radio Teocelo, la primera estación comunitaria en México y la cual transmitirá algunos actos del encuentro.

Algunos de los temas o áreas consideradas para que cualquier organismo participe son propuestas ambientales en el campo y la ciudad; defensa de derechos humanos, ambientales, laborales, de salud, educación, sexuales, comerciales, vivienda y economía digna; comunicación alternativa como periódicos, radios, video o cualquier otro medio. Asimismo, habrá espacio para talleres para niños y público en general con tema libre que proponga un beneficio para el ser humano y el pueblo. Finalmente, los organizadores invitan a los creadores artísticos de cualquier expresión a participar en los foros alternos programados.

Los organizadores destacan en su convocatoria que no permitirán propaganda de ningún partido político y que el acto “no es para vender, sino para exponer y compartir lo que cada quien somos y hacemos”. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los correos laespiral7@yahoo.com y periodicoespiral@gmail.com, así como el teléfono 0442224 239900.

VIDEO: AMLO ENTREGA CARTA A TELEVISA 23 JUNIO 09





Cobertura AMLOTV

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Soberania Popular
Resiste Acapulco
Radio La Nueva República

ACCION URGENTE Ejecución extrajudicial por el ejército en contra de un pasajero a bordo de un autobús en Humixtlan, región de La Montaña de Guerrero



México DF, a 22 de junio de 2009

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente de la República

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación

Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán
Unidad para la promoción y defensa de los Derechos humanos SEGOB

General Guillermo Galván Galván
Secretario de Defensa Nacional

Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero

Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los
Derechos humanos del Estado de Guerrero

Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador General de Justicia

Gral. Juan Heriberto Salinas Altes
Secretario de Seguridad Pública

Dr. José Luis Soberanes
Presidente de la CNDH

Fernández Alberto Brunori
Representante en México de la OACNUDH.

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores

Dip. Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH

Navanethem Pillay
Alta Comisionado de la ONU

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEMFEDEFAM), el Observatorio Nacional de Prisiones en México (ONP-M), la Fundación Diego Lucero A.C., el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), la Asociación para la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género (ASDDHEG), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con domicilio para recibir comunicaciones en 1era Cda Calle Tehuiztitla No. 44, Col. Los Reyes, Del. Coyoacán, C.P. 04330 México D.F., con número telefónico y Fax: 56108790, denuncias.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente por Ejecución extrajudicial por elementos del ejército en contra de un pasajero a bordo de un autobús en Humixtlan, región de La Montaña de Guerrero.

HECHOS

Según notas periodísticas, el día viernes 19 de junio de 2009, cerca de la cabecera municipal de Humuxtitlán, en la región de La Montaña de Guerrero, el 93 Batallón de Infantería, por orden del Comandante de Grupo, Julio César Ramos Sánchez, dispararon al autobús marcado con el número 045 de la empresa Oro, con placas 367HF7 del servicio público federal.

La unidad cubría la ruta Tlapa-Palomas-Puebla. Uno de los disparos hizo blanco en el pasajero Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, vecino de la ciudad de Tlapa, quien falleció instantáneamente por un disparo en la nuca.

Lo elementos del Ejército mexicano detuvieron al chofer del autobús Emmanuel Franco Pinzón, la negativa del chofer a detener su unidad en un retén de vigilancia ocasionó el malestar de los soldados, quienes le dispararon para que se detuviera.

De acuerdo a versiones oficiales se encontró en la maletera del autobús, cinco paquetes de mariguana que estaban en forma de ladrillo y que de acuerdo al peso equivale a 10 kilos. El chofer del autobús se encuentra detenido y junto con la mariguana fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Desde la Red de Alerta Temprana expresamos nuestra preocupación por las constantes violaciones a los derechos humanos, principalmente de lesa humanidad como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y crímenes de lesa humanidad cometidos, por parte de elementos del ejército en el país, principalmente en el estado de Guerrero.

Vemos con preocupación el hecho de que la versión oficial maneje la supuesta presencia de la droga en el vehiculo, ya que no se realiza un análisis real sobre la responsabilidad del chofer ante la aportación de sustancias prohibidas por parte de alguno de los pasajeros portara droga.

Resulta totalmente inaceptable la acción emprendida por el 93 Batallón de Infantería al disparar al vehiculo que transportaba pasajeros en Humixtlan, ya que de ninguna manera se justifica el atentar contra la integridad y la vida de los pasajeros, que en este caso, como consecuencia, han ocasionado la muerte de Bonifacio Rubio Villegas, de 30 años de edad, ya que pudo haberse solucionado el incidente recurriendo al apoyo de las demás corporaciones policíacas para detener el vehículo más adelante.

Por lo que solicitamos:

i. El respeto a la integridad física y psicológica, las garantías de seguridad jurídica e igualdad ante la ley y derecho al debido proceso de Emmanuel Franco Pinzón.

ii. Que las instancias civiles penales correspondientes, Inicien la correspondiente Investigación Ministerial, y desahogar todas y cada una de las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, así como la reparación de daños para los deudos de Bonifacio Rubio Villegas.

iii. La salida inmediata del Ejército Mexicano de la comunidad del Estado de Guerrero y del país.

iv. Al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas, y en base al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retire al ejercito mexicano de las calles y sean investigadas por las justicia civil y castigadas todas las violaciones graves cometidas por elementos del ejercito.

v. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones se actué para que se investiguen los hechos previamente descritos, especialmente de actos de tortura, y nos informe sobre las acciones que el gobierno decida llevar a cabo para resolver la situación, solicitando que los resultados de dicha investigación se hagan públicos y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

vi. Se tomen en cuenta las recomendaciones realizadas por el Examen Periódico Universal (EPU) realizadas a inicio de año, sobre todo las referentes a la Crisis de la Seguridad Publica y los Derechos Humanos, respecto a las Violaciones en el marco de la militarización y la extensión ilegal del fuero militar.

vii. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno municipal, estatal y federal a que atienda las peticiones planteadas.

viii. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y especialmente el respeto a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

ATENTAMENTE
Por las organizaciones,

Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Limeddh
Julio Mata Montiel, Secretario Ejecutivo de la AFADEM-FEDEFAM

Mandar sus comunicaciones con título: AU- 025- 2009- HUMUXTITLAN- GRO. con copia a denuncias.limeddh@gmail.com

Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 52772376 felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Dele legación Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO Fax: +52 55 5093 3414 Correo-E.: secretario@segob.gob.mx

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República, Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO Fax: +52 55 5346 0908 (si responde una voz, digan: "me da tono de fax, por favor") Tratamiento: Señor Procurador General

General Guillermo Galván Galván
Secretario de Defensa Nacional
Manuel Avila Camacho Esq con Av Industria Militar s/n Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, México D.F. Tel: 55575571 / 53953663 dn_sdn@mail.sedena.gob.mx

Zeferino Torreblanca Galindo
Gobernador del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez #62, Col. de los Servicios, Chilpancingo, Gro.
Tel: 01 747.741.98.01, 747.471.98.02, Fax: 747.471.99.56, Conmutador: 747.471.97.00 Ext. 9801 gobernador@guerrero.gob.mx

Lic. Eduardo Murueta Urrutia
Procurador General de Justicial
Boulevard René Juarez Cisneros, esquina calle Juan Jiménez Sánchez, Col. El potrerito, C.P. 39098, Chilpancingo, Guerrero. Tel: 01 747.494.29.99 Ext. 1002 Fax: 747.494.29.81 cprocurador@pgjgro.gob.mx

Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos humanos del Estado de Guerrero
Av. Juárez, Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro, C.P. 39000 Tel: 01 (747) 471 03 78, 471 02 51,472 86 46 LADA SIN COSTO: 01 800 710 66 28 y 01 800 716 26 98
presidencia@coddehumgro.org.mx, coddehum@prodigy.net.mx

Secretarío de Seguridad Pública
Gral. Juan Heriberto Salinas Altes
sspypc@guerrero.gob.mx

Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Torre del Caballito, Piso 17, Oficina 1 Reforma 10, Col. Tabacalera México DF, 06030 Teléfono 53-45-30-00 Ext: 3165,3274 / Fax 5050 beltrones@senado.gob.mx

Dip. Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Avenida Congreso de Unión No. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, D.F. / 01 800 226272 Correo electrónico: javier.gonzalez@congreso.gob.mx

Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría Técnica.
Reforma 99, Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D. F. Tels.: (55) 5128-0000 Ext. 11862 y 11871 ebermudez@segob.gob.mx

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza Tel: +41 22 917 9000 InfoDesk@ohchr.org / civilsocietyunit@ohchr.org

Alberto Brunori
Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alejandro Dumas #165, Col. Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P 11560, México D.F Tel:(52 55)5061- 6350 Fax: 5061-6358 oacnudh@ohchr.org

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A. Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992 cidhoea@oas.org

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: denuncias.limeddh@gmail.com