domingo, 5 de julio de 2009

TRIUNFO DEL MOVIMIENTO EN IZTAPALAPA - VIDEO CLARA Y JUANITO





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ACARREO Y REPARTO DE DESPENSAS EN EL DISTRITO 10 URBANO DE XALAPA





CAMIONETA PARTICULAR DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ACARREANDO VOTANTES A LA CASILLA 1902, A LAS 10:00 AM APROXIMADAMENTE


UNA PERSONA HACIENDO PROSELITEISMO Y ACARREANDO DESPENSAS CERCA DE UNA CASIILA, ESTO ES EN 20 DE NOVIEMBRE, CABE HACER NOTAR QUE UN DIA ANTES EN ESTE DOMICILIO, LLEGO UNA CAMIONETA LLENA DE DESPENSAS, ESTE SUCESO OCURRIO A LAS 11: 30 APROXIMADAMENTE.


ACERCAMIENTO DE LA PERSONA QUE REPARTE DESPENSAS EN 20 DE NOVIEMBRE, EN EL DISTRITO 10 URBANO.



EN LA CASILLA CONTIGUA SE LA SECCION 1902, SE INSTALO HASTA LAS 10:00 AM, POR AUSENCIA DE FUNCIONARIOS (SOLO LLEGO LA SECRETARIA), CAUSANDO MALESTAR ENTRE LA CIUDADANIA QUE QUERIA VOTAR EN ESOS MOMENTOS.

GRAN AUSENCIA DE VOTANTES EN LA JORNANA ELECTORAL DEL 5 DE JULIO, EN EL DISTRITO 10 URBANO DE XALAPA


GRAN AUSENCIA DE VOTANTES EN ESTA CASILL A LAS 10 AM.

ENCUESTA DE SALIDAD PROMOVIDA POR LA UV



ESCUESTA DE SALIDA, PROMOVIDA POR LA UV.

No hay heridos graves; chofer es guarura del alcalde de Azoyú Fuente: La Jornada de Guerrero Hombres armados impactan vehículo de dirigente del CCTI

No hay heridos graves; chofer es guarura del alcalde de Azoyú

Fuente: La Jornada de Guerrero


ROBERTO RAMIREZ BRAVO

El coordinador en Acapulco del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Bertoldo Martínez Cruz y otros tres acompañantes, fueron embestidos en Ometepec por un Tsuru conducido por civiles armados, entre ellos un guardia personal del alcalde de Azoyú, de lo cual resultaron con heridas no graves.

En entrevista telefónica, Martínez Cruz relató que alrededor del mediodía de ayer se encontraba con sus compañeros Bertolda Valente Contreras –quien perdió un diente en el percance–, Jorge Daniel Merino, que resultó cortado en el muslo, y José Guzmán Peralta, que sólo tuvo golpes, en una camioneta Ram extralarga que estaba estacionada a la salida que va a Tlacoachistlahuaca.

En ese momento, un Tsuru que viajaba a unos 80 kilómetros por hora se impactó contra ellos. El vehículo era conducido por Pedro Castro Muñoz, quien se identificó como guardia personal del alcalde de extracción perredista. “Me dejó su credencial y dijo que él se encargaría de todo”, precisó Martínez Cruz, y refirió que los del Tsuru viajaban en estado de ebriedad y visiblemente armados.

En el accidente resultaron heridos el propio Castro Muñoz y Pedro Torres Estrada, quien recibió una herida a la altura de la sien. Todos fueron llevados después al hospital regional de Ometepec, de donde fueron dados de alta los acompañantes de Martínez Cruz, mientras que a Castro Muñoz “se lo llevaron unos ministeriales”; y su compañero fue trasladado a la clínica particular Alfa, del doctor Josué Librado López.

Minutos después del accidente –narró Martínez Cruz– llegó una patrulla de la Policía Federal, pero sus ocupantes en lugar de prestarles auxilio les tomaron fotografías y luego se retiraron. Ayer, dijo, acudieron al Ministerio Público para presentar denuncia de los hechos, pues aunque Castro Muñoz aceptó su responsabilidad “nosotros no sabemos quiénes son”, y en particular por la actitud sospechosa de los policías federales que se hicieron presentes en el momento del accidente.

Denuncian hostigamiento del Ejército contra pobladores de dos comunidades de Tecpan

Revisan casas y vehículos sin orden oficial; en lugar de respeto, dan miedo, dicen

Fuente: La Jornada de Guerrero


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Tecpan, 3 de julio. Efectivos del Ejército desde hace dos semanas irrumpen en las casas de la comunidad de El Súchil, en Tecpan, e interrogan a hombres y mujeres, además de las revisiones a vehículos en los puestos de revisión militar que se encuentran a la entrada y salida del lugar, informó el ex comisario Orlando Lucas Cipriano.

Las entradas a las casas –denunció– las efectúan sin contar con una orden de cateo y bajo el pretexto de buscar a una niña que fue secuestrada en un municipio, que se niegan a decir su nombre.

En entrevista, Lucas Cipriano expuso que la presencia militar en la comunidad mantiene asustada a la población, “pues jamás habíamos tenido soldados en el pueblo y menos por tanto tiempo, además de que las mujeres y niños son los más temerosos porque incluso ha habido maltrato a varios menores”.

Consideró que es exagerada la revisión que hacen a los vehículos en busca de armas, droga o algo ilegal, y que incluso los militares hacen a veces el trabajo de de agentes de Tránsito, porque detienen a los choferes que tienen sus permisos vencidos, “lo que creemos que no es competencia de ellos”.

Al respecto, indicó que los pobladores analizan ir a la base de la 27 zona militar, localizada en El Ticuí en Atoyac, para explicar la situación, “ya que son dos semanas en las que diariamente hay una queja por violación a los derechos y propiedad de las personas de parte de los del Ejército”.

Aunque reconoció que es adecuada la presencia militar en la región por la violencia, criticó la forma en que irrumpen en comunidades, lo que origina pánico, “que en vez de verlos con respeto, los ven con miedo”.

Ponen en huelga al hotel AcaBay; empresa soslaya prestaciones laborales

Por adeudos con Infonavit quitarían casas a trabajadores

Fuente: La Jornada de Guerrero


CINDY PACHECO PALACIOS

Trabajadores sindicalizados del hotel de cuatro estrellas AcaBay estallaron ayer en huelga indefinida por el incumplimiento de la empresa desde hace cinco años para el pago de uniformes y vacaciones, además por una deuda de 2 millones de pesos con el Infonavit y un monto incuantificado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los obreros afirmaron que representantes de la institución de vivienda los amenazaron con desalojarlos de sus hogares por la falta de pago, además el Seguro Social suspendió el servicio médico hasta que se cubra la deuda.

A partir de las 3 de la tarde, los sindicalizados colocaron una enorme bandera rojinegra en la entrada principal del hotel, que estaba a 5 por ciento de su capacidad, con 20 habitaciones, de 135 que tiene la empresa.

El secretario de la sección 112 de la Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero (FTEG), Rodrigo Ramírez Justo, afirmó que los representantes de la hospedería, Rogelio de Alberti y Jorge España, han hecho caso omiso a los llamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y han violentado “indiscriminadamente” el contrato colectivo de trabajo que protege a los 80 empleados del hotel.

Lamentó que la movilización laboral comience unos días antes de la temporada de verano, ya que “augura una mala imagen para Acapulco”, pero insistió en que fue la única alternativa que les dejó la empresa. Aseguró que cada año, se firma un nuevo acuerdo para el pago de las deudas, “pero nunca lo cumplen”.

Recordó que el año pasado se comprometieron a pagar 100 mil pesos para el Infonavit, pero el cheque que depositaron no tenía fondos “y eso ocasionó la ira de la institución y con justa razón”.

Ramírez Justo comentó que los problemas financieros del hotel AcaBay no son producto de la recesión económica y ni contingencia sanitaria por la influenza humana, ya que desde 2004 han mostrado indicios de estar en quiebra.

Expresó que los empresarios “nos dicen que no pueden hacer nada, que no tienen dinero y no se ha podido destrabar el asunto, y si se pudiera firmar un nuevo documento o poner una propiedad que garantice la deuda y que los trabajadores están conformes de que está a salvo sus intereses y yo estoy en la mayor disposición”.

Los huéspedes del hotel, aclaró el líder sindical, no fueron retirados de sus habitaciones, pero se les negó cualquier servicio que ofrece la empresa.

Plantón de campesinos de Morelos en Gobernación


Fuente: La Jornada de Morelos

Escrito por RAÚL MORALES VELÁZQUEZ
Sábado, 04 de Julio de 2009 00:00

CUERNAVACA. Campesinos de Morelos continúan en su lucha nacional en la Secretaria de Gobernación en la Ciudad de México, en donde desde ayer se declararon en plantón permanente más de 10 mil de 22 estados del país, en demanda de la liberación de las más de 12 mil solicitudes del Programa de Vivienda Rural que opera la Secretaria de Desarrollo Social.

Julio Padilla Trujano, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), dijo en entrevista telefónica que se han reunido desde el pasado jueves hasta ayer por la tarde en más de tres ocasiones con el subsecretario de gobierno de la Secretaria de Gobernación, Jerónimo Gutiérrez, y su dirigente nacional Álvaro López Ríos con la finalidad de que intervenga ante la incapacidad del titular de SEDESOL Ernesto Cordero Arroyo “de poderse sentar a dialogar con la UNTA, y con ello se destrabe el plantón en esta dependencia que se originó por la soberbia del secretario de Sedesol, con relación a las 12 mil acciones de vivienda rural en zonas de alta marginación y con ello se de cobijo y se mejoren las condiciones de vida de las 12 mil familias campesinas que viven en la miseria en 22 estados del país”.

El además coordinador del Congreso Agrario Permanente Emiliano Zapata (Capez) demandó de manera reiterada que no se ejerzan los recursos de combate a la pobreza de manera electoral, “y ello obedece a que en más de dos años el funcionario federal que esta para servir a la gente del campo, simplemente no nos ve ni nos oye, por eso estamos por acordar ampliar los plantones a las oficinas centrales de Sedesol, Reforma Agraria y Sagarpa”.

Consideró que el plantón será de manera indefinida en donde se han instalado ya con casas de campaña, lonas y comedores para los campesinos quienes se dicen estar “en pie de lucha” hasta que se resuelvan sus demandas.

Ofrece la SRA contraprestación a pequeños propietarios de La Placita por los predios

Se les propuso a las partes ingresar al programa Conflictos Sociales en el Medio Rural

Fuente: La Jornada de Michoacán


El Tribunal Agrario, el único facultado para dictar un fallo, puntualiza el delegado

GLADIS LEON GONZALEZ

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) ha entablado diálogo directo con la comunidad nahua de Ostula y con los siete pequeños propietarios que reclaman 353 hectáreas en La Placita; a ambos se les propuso ingresar al programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), mediante el que se buscará otorgar a través de una “contraprestación” a los pequeños propietarios, el valor de los predios en disputa.

El delegado de esa dependencia, Raúl Mendoza Tapia, rechazó que haya otorgado un fallo a favor de La Placita, toda vez que el único facultado para tal acción es el Tribunal Agrario, organismo autónomo.

Explicó que el conflicto por la tenencia de la tierra surgió a partir de la ejecución de una resolución presidencial dictada en 1964, que dotó a la comunidad de Ostula de 19 mil 32 hectáreas entre las que se incluyeron propiedades particulares por el orden de las 353 hectáreas, por ello ese territorio es reclamado por la comunidad indígena de Santa María Ostula.

Debido al conflicto generado, los particulares interpusieron una controversia agraria en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en Colima, quien dictaminó que se respetarían las escrituras de propiedad de los particulares; sin embargo, ordenó que se entregara a la comunidad de Ostula 83 hectáreas en poder de La Placita, “ambas partes se inconformaron e interpusieron recurso de revisión en el Tribunal Superior Agrario, que confirmó la primera sentencia.

“La comunidad promovió amparo ante el Quinto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, quien a su vez ordenó al Tribunal Superior Agrario reponer el procedimiento, que actualmente se encuentra en proceso”, por lo que el Tribunal deberá dictaminar una nueva sentencia.

El delegado federal explicó que desde el 18 de junio han enviado diversos grupos de atención especializada a la zona, a fin de promover el programa Cosomer que de ser aprobado por las partes, entrará en función luego de que el tribunal emita una sentencia y continúe la inconformidad por el fallo.

De aceptar el ingreso a este programa, se enviaría a evaluadores a la zona, quienes determinarán el valor de la superficie en disputa a fin de otorgar ese recurso a los pequeños propietarios de La Placita.

“Cosomer es una opción para que esta disputa de tierras se pueda solucionar, si hay una solución se eleva a convenio finiquito y se eleva a sentencias definitiva. De esta manera se le da certeza jurídica a ambas partes”.

El funcionario informó que en la negociación, los indígenas nahuas reiteraron su postura de no ceder ni un centímetro de tierra a los pequeños propietarios, quienes a su vez deslizaron la posibilidad de ingresar al Cosomer.

“Ellos (los comuneros de Ostula) manifiestan que deciden esperar a que el Tribunal Unitario Agrario emita una nueva sentencia y por ello no han decidido su ingreso voluntario a Cosomer, han manifestado que no van a ceder ni un pedazo de tierra, que se le pague directamente a los particulares, esa es la respuesta de la comunidad. Nosotros mantenemos una atención de este conflicto agrario y la disposición de trabaja con comuneros y particulares para que a través del diálogo se resuelvan los problemas de límites”.

Indígenas de Ostula mantienen detenidos a tres presuntos responsables de la agresión del lunes

La carretera Tecomán-LC permanece cerrada desde La Canahuancera hasta El Duín

Fuente: La Jornada de Jalisco


RAUL TORRES (Enviado)

Ostula, 3 de julio.- Por orden de la asamblea de comuneros de la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, la carretera federal 200 Tecomán-Lázaro Cárdenas permanece totalmente cerrada desde el predio La Canahuancera, recuperado el lunes pasado por este pueblo indígena, hasta la entrada del poblado El Duín.

Ayer por la tarde, la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales informó que tras revisar las cárceles de todo el territorio, se tienen noticias de cuatro personas detenidas por la policía comunitaria de Ostula, Coire y Pómaro, que mantiene el resguardo de todos los linderos de la comunidad.

Se informó que, tras hacer las respectivas indagaciones, el jefe de tenencia de la comunidad asumió sus facultades de ministerio público y tomó la declaración de los detenidos. La Comisión explicó que este hecho se fundamenta en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

Se indicó que de las cuatro personas arrestadas, presuntamente tres participaron directamente en la agresión a la comunidad el lunes pasado, cuando recuperaron el predio que disputan desde hace 45 años con pequeños propietarios del poblado La Placita. Los comuneros señalaron que se determinó liberar al cuarto detenido por considerar que no tuvo nada que ver en los hechos del lunes primero de julio.

Esta situación es la que ahora entrampa las negociaciones que el gobierno del estado, pese a su ausencia física a través de representantes o fuerzas del orden, mantiene con las partes en conflicto.

Por un lado, los representantes gubernamentales dicen a los comuneros que “la gente” de La Placita está dispuesta a no pelear más el predio del conflicto si se libera a los reos, y por otro lado, a los familiares de los detenidos y habitantes de La Placita se les dice que los comuneros liberarán a los detenidos hasta que se garantice el respeto de su posesión del predio.

Al respecto, los representantes de la comunidad de Ostula aseguran que los presos nunca han sido ni serán utilizados para negociar el problema agrario, pues “ése es otro asunto”. No obstante, analizan la posibilidad de, tras hacer la documentación respectiva de su presunta participación en los hechos del lunes pasado, entregarlos al Ministerio Público del gobierno del estado para que esa instancia continúe con las investigaciones y garantice que habrá castigo para los responsables del ataque a la comunidad.

La versión de los nahuas de Ostula señala que el gobierno de Michoacán se comprometió a “arreglarse” con los pequeños propietarios de La Placita para indemnizarlos por las tierras que “perdieron”.

De su lado, los familiares de los detenidos, que también mantienen con un plantón sobre la carretera, a la salida de La Placita, dijeron que no cuentan con suficiente información respecto a la intención del gobierno estatal, y aseguraron no estar del todo conformes.

Para garantizar los derechos de los detenidos, las autoridades de Ostula aseguraron que ya fueron revisados por un médico y que permitirán que se comuniquen telefónicamente con sus familiares.

Apoyos a Ostula

Mientras, en el predio recuperado, la gente de Ostula construye el nuevo poblado que se llamará Xayakalan, varias organizaciones y grupos indígenas de todo el país enviaron mensajes de solidaridad a la gente de Ostula. Entre ellos se encuentran los kakis de Sonora, los purépechas de Nurío, los mazahuas de Toluca, el Centro Nacional Misiones Indígenas, los zapotecos y mixtecos de Oaxaca y los wixaritari de Santa Catarina, Jalisco, además de los cocas, de Mezacala, Jalisco.

En Xayakalan ya hay representantes purépechas y wixaritari, y se espera que pronto lleguen otras representaciones para solidarizarse con Ostula.

Indígenas, jóvenes, gays, lesbianas y transgénero, ausentes de las políticas de gobierno: ONG

Los pueblos indios sólo son tomados en cuenta en coyunturas electorales: Ireneo Rojas

Fuente: La Jornada de Michoacán


Los candidatos no quieren entrar en polémicas en temas como la diversidad sexual: Herrera

CARLOS F. MARQUEZ

Los denominados grupos vulnerables como los indígenas, los jóvenes y aquellos en situación de diversidad sexual “se encuentran ausentes en las plataformas políticas, declaraciones de principios, estatutos y códigos de ética de los partidos políticos”, según advierte el presidente del Grupo de Facto “Diversidad Sexual en Michoacán”, Gerardo Herrera Pérez. Como respuesta a ese olvido de la gran base social del país, representantes de dichos sectores reflexionan sobre la pertinencia de presionar a la clase política mediante la desobediencia civil manifiesta en el voto nulo durante las elecciones intermedias del próximo domingo.

Margarita Vázquez, investigadora de los movimientos contraculturales juveniles; Ireneo Rojas Hernández, coordinador del Centro de Investigación de la Cultura Purépecha de la UMSNH, y Gerardo Herrera, presidente de la asociación civil Grupo de Facto, compartieron con La Jornada Michoacán su apreciación sobre el lugar que los grupos vulnerables ocupan en la agenda legislativa de los partidos políticos y señalaron los temas que se deben tratar para cada uno de estos sectores poblacionales.

Los grupos indígenas

De acuerdo a datos del INEGI del 2005, Grupo de Facto señala que en Michoacán habitan cuando menos 198 mil indígenas e Ireneo Rojas Hernández refiere que en todo el país existen 68 lenguas indígenas que corresponden a igual numero de culturas indígenas, por lo que hablar de este sector es referirse a un amplio capital político que podría enriquecer el desarrollo del país con diversas propuestas, ya que como refiere el investigador de la cultura purépecha: “México se está desmoronando y ese desmoronamiento se está dando precisamente porque siempre ha buscado modelos de desarrollo en el exterior y los ha impuesto al interior con fracasos terribles. Como indígenas vemos esto con mucha preocupación porque creo que la aportación que pueden hacer los pueblos es la de un nuevo paradigma de desarrollo integral”.

Una de las fortalezas de los pueblos indígenas es su estructura interna sustentada en el principio de colaboración comunitaria, sin embargo, Ireneo Rojas advierte que este sector de la población que por tanto no es vulnerable, sólo aparece en la agenda de los partidos políticos durante las coyunturas electorales, lo que ha traído consecuencias nada favorables según explica el investigador: “los partidos nos han dividido, es cierto, pero recuerda que ellos lo ven solamente desde el punto de vista electoral y a la hora que llegan al poder se olvidan de la cuestión indígena, y esto ha pasado durante décadas”.

Agregó que en materia legislativa una deuda histórica es la concreción de las reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de San Andrés, pues esta acción fue delegada a las entidades federativas que deben hacer sus propias reformas constitucionales de acuerdo a sus condiciones sociales, de población y de interés social.

En el caso específico de Michoacán, Rojas Hernández señaló: “desafortunadamente la cosa ha ido muy lenta, se está trabajando pero va muy lento, por lo que creo que habría que acelerarlo más, pero aparte de acelerarlo un equipo de personas deben dedicarse exclusivamente a analizar el proyecto que el Ejecutivo debe enviar al legislativo para que se haga la reforma de la Constitución del Estado de Michoacán donde se incluya precisamente todo ese aspecto que se plasma en la reforma nacional y que deja a criterio propio de los estados de acuerdo a su población indígena. Queremos que no se legisle de manera unilateral porque los indígenas tenemos el interés de contribuir”.

A cambio de las transformaciones profundas a favor de los pueblos indígenas, los gobiernos federales “les han llevado migajas y han impulsado acciones más asistencialista en programas como Oportunidades o Procampo”.

Entonces, el famoso cambio promulgado por los gobiernos panistas nunca llegó, advierte el investigador, quien lamenta que en la plataforma electoral de los partidos políticos sólo se observen los grandes temas como la seguridad o el sector energético. Esa perspectiva, considera Ireneo Rojas, ha llevado a fracasos como el clima de violencia, el abandono del campo y “el desempleo que nunca se había visto tan fuerte en México como ahora, entonces el problema se está atacando de otra manera y la gente cree que multiplicando las cárceles resolverá el problema.

“Cuando los legisladores volteen la vista hacia el México profundo las cosas van a ser diferentes, pero el gobierno quiere atender todos los problemas que vienen de afuera y al interior de la casa tiene un desorden. Los partidos se pasan aventándose la bolita entre uno y otro creyendo que cada uno hace mejor las cosas, pero en el fondo es puro protagonismo, puro interés propio de partido y no están pensando realmente en resolver los problemas profundos de México”, concluyó Ireneo Rojas.

La mayoría olvidada

El sector de los jóvenes lo constituía en 2008 un conglomerado social de más de 20 millones de habitantes, por lo que constituyen la fracción más amplia de la población mexicana, sin embargo, se consideran vulnerables ante la falta de oportunidades laborales y en razón de la perspectiva que el gobierno panista tiene de ellos, ya que en su plataforma electoral los menciona como susceptibles de caer en la drogadicción (visión que corroboró el presidente Felipe Calderón en sus declaraciones respecto a la muerte de Michael Jackson) o los contempla sólo en razón de la aplicación de justicia, para “rescatarlos de las redes del crimen y la violencia”.

Margarita Vázquez, quien desde la delegación Michoacán de Culturas Populares investiga los movimientos contraculturales, señala que “a nivel general los jóvenes siguen siendo estigmatizados. Lo que veo con los grupos que he trabajado es que por ser jóvenes y por su manera de vestirse ya son sospechosos, siempre hay ese estigma por lo que la policía los detiene creyendo que llevaban droga o son delincuentes. En el caso de los grafitteros son vistos como delincuentes, pero más bien son chivos expiatorios para ocultar otras cuestiones y ellos mismos decían que eran los chivos expiatorios del sistema”.

Agregó que además de lo limitadas que son las propuestas legislativas para este sector, las iniciativas tienden a la criminalización de algunas manifestaciones juveniles o de endurecer las medidas en materia de seguridad y en razón de ello se refiere a la situación de los albergues tutelares en Morelia: “en lo que era el tutelar y que ahora es el centro de integración para adolescentes, desde el año pasado se dieron a la tarea de hacer una reformulación de la situación de los chavos para que pudieran tener derecho a un abogado y entonces que se les pudiera procesar con todas las de la ley, pero esto devino en que este lugar que era un poco campestre, ahora sea una pequeña cárcel. Desde hace un par de años trabajan para hacer algo similar a un Cereso”.

Lamentó que las opciones laborales para este sector de la población sean muy escasas y en consecuencia se tenga que ver a los egresados de las universidades trabajando como taxistas, por el contrario señaló: “esta cantina en que se ha convertido la ciudad de Morelia está absorbiendo a chavos de 13 o 14 años, pero es una manera de enajenación y de no proporcionarles cosas que verdaderamente resuelvan sus problemáticas de jóvenes”.

“Los políticos son políticos y estudiaron muy bien la clase de oratoria, entonces se saben echar rollos muy interesantes, pero no van a hacer trabajo de base, de campo, para saber de qué están hablando. Se tiene que hacer un trabajo horizontal donde no haya cúpulas de poder, sino que se pueda incidir desde el lugar en que cada quien se desenvuelve. Yo no creo en los partidos políticos, soy más bien una promotora del no voto y sí del trabajo con las bases, con la gente que está cercana a ti para hacer otro modelo político y construirlo desde ahí”, concluyó Margarita Vázquez.

La diversidad sexual

Para contextualizar la situación del amplio bloque de la diversidad sexual (homosexuales, lesbianas, transgénero, transexuales y bisexuales) que ha dado una larga lucha a contracorriente para el reconocimiento de sus derechos, Gerardo Herrera apunta: “el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el año 2003, precisó que existe en nuestro país un segmento poblacional homosexual importante, que puede ascender hasta el 8 por ciento del total de la población, esto es más de 8 millones de mexicanos. De esta población con una orientación sexual distinta a la heterosexual, cuando menos un 70 por ciento está en condiciones de votar”.

Es entonces un sector poblacional más amplio de lo que se creía, sin embargo, nulificado en las plataformas electorales al ser un tema con el que los candidatos a diputados federales prefieren no entrar en controversia durante las campañas.

Ante ese desconocimiento de la diversidad sexual, el Grupo de Facto reflexiona: “si debemos refrendar con nuestro voto razonado o útil este sistema democrático representativo y volver a delegar el poder en los candidatos de los institutos políticos que no han incluido en su oferta política los temas de la diversidad sexual. Reflexionamos si es éste el momento de no votar y de exclamar basta de la exclusión, humillación, discriminación, homofobia, en contra de quienes viven en diversidad sexual, todos, excluidos de las políticas públicas sociales y de un marco jurídico que dé certeza a sus relaciones”.

“Reflexionamos si es necesario incorporarnos a un instituto político que nos ofrezca una plataforma política, por la cual defender, por la cual obtener una sociedad más justa, equitativa, libre, que vigile y respete nuestros derechos humanos y los derechos civiles y políticos a que tiene derecho todo ciudadano”.

El Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán compromete su apoyo a los institutos políticos que garanticen una mayor inclusión y participación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, por lo que de entrada hacen un exhorto a los partidos políticos para la creación de un Marco Jurídico paraa la Diversidad Sexual (discriminación y homofobia; derechos sexuales y de identidad sexo genérica; derechos civiles de seguridad social, educación y cultura) y armonización de los marcos jurídicos para los grupos vulnerados, de conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por México.

Para allanar el camino de los trabajos legislativos, Gerardo Herrera hizo llegar a los candidatos una agenda legislativa que contempla a diversos grupos vulnerables en la cual propone que se consideren seis iniciativas de ley; “Reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; iniciativa de Ley Federal para prevenir y atender el VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual; iniciativa de Ley Federal para la no Discriminación de los Derechos Humanos y civiles de las Personas Transgénero y Transexuales; iniciativa de Ley para la protección de niñas y niños de abuso infantil y la trata de menores; Ley de Jornaleros Migrantes, y Ley General de las Personas con Discapacidad.

En otro apartado del documento entregado a los partidos políticos considera las siguientes modificaciones a la Constitución Federal y su legislación secundaria; Reformas al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo: se establece que no podrá haber distinción ante los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social; Reformas al Código Civil Federal: con el objeto de reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo; Modificaciones al marco legal para garantizar la seguridad social en parejas con preferencia sexual diferente a la heterosexual; Reformas y adiciones a la legislación del INEGI y Conapo con el propósito de instrumentar encuestas periódicas sobre grupos vulnerados para diseñar y operar programas de políticas publicas para las minorías sociales; Tipificación de los delitos motivados por odio, y Reformar el nombre del Titulo Primero, Capitulo I “De las Garantías Individuales, por el de Derechos Humanos Individuales, Sociales y Colectivos”.

A manera de conclusión, una reflexión más del Grupo de Facto que desde hace tiempo hace eco en todos los grupos vulnerables y minorías sociales: “Reflexionamos si es mejor llamar la atención, advertir, presionar ciudadanamente a la clase política mediante un acto de desobediencia civil (como el que se concretaría con la emisión del voto cancelado) y poner en jaque al sistema político-electoral y a sus actores, haciéndoles saber de la fuerza que representa el voto razonado de los votantes”.

Nueva manifestación de empleados de la industria electrónica en Jalisco

Exigen la indemnizar a trabajadores despedidos y respeto a sus garantías individuales

Fuente: La Jornada de Jalisco


Interpusieron una demanda en la JLCA para reclamar el reparto de utilidades de 2007 y 2008

JORGE COVARRUBIAS

Obreros de la Coalición Nacional de Trabajadores de la Industria Electrónica, recién constituida, seplantaron en las instalaciones de CSIS, una agencia de colocaciones que contrata personal para la industria manufacturera. El grupo, de aproximadamente 20 inconformes, encabezado por Aureliano Rosas, exigió la indemnización para los trabajadores despedidos y el respeto a sus garantías individuales, que han transgredido compañías como Flextronics, Sanmina, SCI, Jabil, US, Nortel, Nokia, HP, IBM, Blacberry, Motorola y Sony.

De ahí se pasaron a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a interponer una demanda para reclamar el reparto de utilidades de 2007 y 2008. Dicen que el argumento de las compañías para no darles esta prestación es porque, en su caso, como son contratados a través de una agencia, técnicamente no son empleados directos.

Aureliano Rosas, quien hasta hace unos meses era trabajador de la planta Flextronics, del departamento de ingeniería industrial en la nave B6, mencionó que está peleando por su reinstalación y dijo que ya interpuso la denuncia penal en contra de la gerente general de la trasnacional, Adriana Gomenn, y los ingenieros Omar Topete y Juan Pablo González, así como de la capacitadora Almendra Sandoval por privación ilegal de la libertad dentro de las instalaciones.

Señalaron que a algunos trabajadores se les ofreció un bono de entre 400 y 500 pesos, y a otros empleados de planta se les entregaron como reparto de utilidades cantidades que van de los 10 a los 80 pesos.

Rosas mencionó que a la par de la denuncia penal continuará su activismo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria electrónica. “Esto no termina, llegaremos hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

Estiman que más de 20 mil trabajadores de la industria electrónica laboran en condiciones precarias.