martes, 18 de agosto de 2009

El Renacimiento de México


No le podemos ganar a la mafia de la política sin estar organizados

Durante su tercera semana de recorrido por los municipios de usos y costumbres del Estado de Oaxaca, el Presidente Legítimo de México, puso énfasis en la unidad de la izquierda para derrocar al PRI en aquella Entidad en las elecciones de 2010, y por supuesto, en el resto del país en el 2012. Insistió en que el PRD, el PT y Convergencia deben buscar un candidato de unidad, reiterando además, que es necesario transformar, renovar la vida pública de México, cambiar la forma de hacer política para lograr un cambio real en nuestro país, y para lograrlo es necesario organizar al pueblo.

Asimismo, en relación a la reciente cumbre del ASPAN reiteró su postura sobre que el problema de la migración y por ende de la pobreza, no se solucionan con la construcción de bardas fronterizas ni con la militarización, sino con la generación de empleo.

Un punto muy importante que abordó en esta gira, fue la advertencia a la derecha de que el movimiento en defensa de la economía popular, el petróleo y la soberanía, no va a permitir que se apruebe el IVA a alimentos y medicinas, que se recorte el presupuesto del gasto social en rubros como educación, salud, y pueblos indígenas, para lo cual, señaló que los diputados del Frente Amplio Progresista tomarán las acciones pertinentes en el Congreso de la Unión, al tiempo que se convocará al pueblo a movilizarse en las calles.

Por otra parte, denunció que Televisa se ha dedicado a construir al nuevo pelele de la oligarquía, en la persona del Gobernador del Estado de México: Enrique Peña Nieto. Remarcó al pueblo oaxaqueño que tanto el PRI como el PAN son lo mismo, no hay diferencias entre ellos, pues ambos partidos defienden los privilegios de la oligarquía.

Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo, 17 de agosto de 2009

L.D. Jesús Palma



Oficio de Papel

Columna semanal de Miguel Badillo

• Impunidad en blanqueo de capitales
• Dinero sucio en el sector hipotecario
• Sofomes un nuevo negocio de lavado

Desde hace varios años los cálculos oficiales en torno al lavado de dinero en los círculos financieros se ubica en unos 30 mil millones de dólares por año. Curiosamente aumenta (aunque sea ligeramente) el Producto Interno Bruto o la penetración de la intermediación financiera en la actividad económica, pero el impacto del dinero sucio no cambia según las estimaciones gubernamentales. Sin embargo, el crimen organizado ha incrementado sus operaciones en territorio nacional y en consecuencia el movimiento de dinero sucio también aumenta en los circuitos financieros y en toda la actividad económica del país, aunque las autoridades hacendarias y judiciales sigan negándolo como una forma de proteger a banqueros y empresarios que se han convertido en delincuentes de cuello blanco.

Una muestra de ello es que entre 2004 y 2007 las autoridades financieras sólo promovieron en el sector financiero 149 acusaciones y dos de ellas están basadas en informes de inteligencia producidos por la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicho dato obtenido de la revista Fortuna ha sido tomado como referencia por parte de varios investigadores que se ocupan del tema y que también coinciden en la escasa información que se otorga a la opinión pública sobre el combate efectivo contra este flagelo, lo cual revela la falta de voluntad política gubernamental para en realidad afectar a las bandas del narcotráfico.

Esta columna, sin embargo, ha confirmado que las investigaciones en torno al dinero sucio que ingresa a la economía frecuentemente son utilizadas con fines políticos y no para deslindar responsabilidades que ejemplifiquen cómo la ley puede castigar a quienes usen dinero proveniente de actividades ilícitas.

Es cierto, por lo tanto, que los controles están siendo violentados de manera consistente y que las autoridades se exhiben lentas, permisivas y negligentes frente a este fenómeno delictivo.

Lo más grave, sin embargo, es que en un momento de crisis para las finanzas públicas, como lo reconoció el titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, el capital proveniente del narcotráfico y otras actividades delincuenciales podría encontrar mayores canales para introducirse a la economía. Carstens ha dicho que a la economía le harán falta en 2010 al menos 300 mil millones de pesos para cubrir el faltante en las finanzas públicas. Así que la dimensión del problema no es menor.

Sólo por mencionar algunos de los focos rojos, más allá de los centros cambiarios frecuentemente acusados de servir para el blanqueo de capitales entre México y Estados Unidos, se encuentran las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), una figura no regulada y autorizada a instancias de Francisco Gil Díaz durante su gestión como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo el argumento de que con su operación aumentaría la penetración crediticia en la economía.

Las 2 mil sofomes a vigilancia

Hasta ahora, sin embargo, las más de 2 mil Sofomes autorizadas no han cumplido con su objetivo, mientras Hacienda y la Sociedad Hipotecaria Federal, el banco de desarrollo especializado en el sector hipotecario, han venido lidiando con la amenaza constante de un riesgo sistémico a causa de los problemas de cartera vencida de estos intermediarios y la falta de transparencia de sus operaciones.

Allí están los casos de Metrofinanciera y de Crédito y Casa con problemas para cubrir sus pasivos y mantener su operación. Pareciera, si somos suspicaces, que a estos intermediarios se les interrumpió el flujo de efectivo más allá de la sana operación de sus actividades de intermediación.

Como no están reguladas y no se les solicita un capital mínimo, las Sofomes no reportan el mismo nivel de información que bancos, casas de cambio o sus propias entidades de origen, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles).

Para evitar el lavado de dinero en las Sofomes, Hacienda previó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitiera disposiciones de carácter general para prevención de delitos y financiamiento al terrorismo, incluyendo presentación de reportes sobre actos u operaciones sospechosas o inusuales, así como en materia de identificación y conocimiento del cliente.

Ante el explosivo crecimiento de las Sofomes, firmas de auditores como Deloitte han alertado sobre la importancia de adoptar técnicas y procedimientos efectivos para detectar oportunamente cualquier situación de riesgo relacionada con lavado de dinero, en especial en aquellas áreas de mayor contacto con los clientes.

De esta forma, el SAT y la CNBV, las entidades responsables de vigilar a las Sofomes, no han tenido los mecanismos adecuados para conocer cómo y quiénes fondean la actividad de estos intermediarios que se han concentrado en el mercado de créditos personales, de consumo e hipotecarios. Su fondeo puede ser irregular, pero también violentar las sanas prácticas bancarias con recursos que no provengan necesariamente del lavado de dinero. Con estas características, las Sofomes están sirviendo, aún en medio de la crisis, para acuñar verdaderas fortunas, cuya vigilancia se encuentra fuera del alcance de las autoridades. Parece que mientras se paguen impuestos, el SAT no hará mayores preguntas.

Legisladores de la Cámara alta ya alertaron sobre esta situación luego de que el Fondo Monetario Internacional aseguró que estos intermediarios sí pueden y están siendo utilizados para el blanqueo de capitales. En su afán de ganar mercado, advirtió la agencia calificadora Standard & Poor´s, las Sofomes buscan capitalizarse bajo cualquier mecanismo para aumentar el nivel de sus créditos y bajar sus tasas de interés. Se trata, sin duda, de un peligroso círculo.

Fue apenas en mayo pasado cuando se aprobaron una serie de cambios regulatorios para que las Sofomes estuvieran sujetas a una mayor regulación. Ahora el SAT puede inspeccionar y vigilar a estos intermediarios considerados transmisores de dinero y sujetos a un alto nivel de riesgo.

Regulación financiera laxa

Las Sofomes deberán entonces contar con sistemas de registro y emitir reportes; cancelar contratos con clientes que decidan las autoridades; suspender actividades si no aparecen registradas en la CNBV y dar acceso a las autoridades para que se revisen sus libros, registros y documentos de sus operaciones. Se trata, sin duda, de una paso importante pero que, como siempre, se tomó de manera tardía porque el problema ya está aquí.

Un documento liberado en marzo pasado por el Financial Crimes Enfocercement Network (Fincen), el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dedicado al combate contra el lavado de dinero, da cuenta de que el blanqueo de capitales entre México y ese país ya no sólo se presenta en transferencias de efectivo. Ahora –no podía ser diferente después del auge del sector hipotecario– se estaría manifestando a través de los financiamientos a la vivienda.

Para empezar, el Fincen reportó que el 48 por ciento de los reportes sobre actividades sospechosas en trasferencias electrónicas en los circuitos financieros de Estados Unidos se realizaron hacia otros países. De esta forma, se confirmaría que, entre julio de 2003 y junio de 2008, el otrora epicentro de las finanzas y el movimiento de capitales, mantuvo una intensa actividad con fondos que despertaron la atención de las autoridades de ese país. De allí estarían emanando los recursos que financian el narcotráfico, el terrorismo y una decena de actividades vinculadas con el crimen organizado.

China y México, según el Fincen fueron los países con los que se realizaron el mayor número de actividades sospechosas. Un economista estricto diría que dicha relación resulta natural, tomando en cuenta el intenso comercio entre ambas naciones. Sin embargo, lo preocupante es que se trata de operaciones consideradas sospechosas y relevantes y que han saltado de los parámetros aceptados en línea con la regulación impuesta a través de organismos financieros multilaterales.

Así, entre julio de 2003 y junio de 2008, en los llamados sujetos de estudios del Fincen, Nigeria fue mencionado como origen o destino de fondos considerados sospechosos en 9.78 por ciento de las veces, China en 8.29 por ciento y México en 6.56 por ciento. Sin embargo, cuando las autoridades del Fincen estudiaron al detalle las operaciones sospechosas relacionadas con el sector hipotecario, la frecuencia de transacciones en las que se mencionaba a México, pasó a 7.55 por ciento, arriba incluso de China con 6.98 por ciento.

De hecho, se trata de la mayor frecuencia, lo que debería constituirse en un foco rojo para las autoridades, sobre todo tomando en cuenta el explosivo crecimiento, precisamente, de las Sofomes en el mercado de los créditos hipotecarios. Por su importancia, el Fincen decidió incluir el mercado de los bienes inmuebles y a los agentes de bienes raíces, lo que le ha permitido comenzar a cercar el flujo de dinero ilícito que llega a este sector.

Así, el lavado de dinero comienza a tomar nuevos rostros poco explorados, aunque en México sigue la apatía y la necedad gubernamental para dejar intocable a los circuitos financieros, que sin duda son los principales centro de lavado de dinero sucio. Mientras las autoridades no investiguen y decidan castigar este delito en México, el crimen organizado y los cárteles de la droga que operan en México mantendrán su financiamiento y la violencia no cesará.

Puntos suspensivos…

En plena crisis económica, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cobran más del 20 por ciento de lo estipulado por las autoridades hacendarias. El titular de este órgano autónomo, Francisco Cuevas Godínez, obtiene casi el mismo salario que percibe el presidente de la República, de acuerdo con una investigación periodística de la reportera Erika Ramírez. Una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación reprueba que no haya una planeación, ejecución ni control de las operaciones en materia de recursos humanos. Además el informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2007, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dictamina que los encargados de dirimir asuntos jurídicos entre particulares y Hacienda, además de las otras secretarías de Estado, incumplieron con principios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad, establecidos en la misión del Manual de organización de la Dirección General de Recursos Humanos.

Aunado a un aumento salarial del 25 por ciento, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal se aprobó un “bono” en automático por 10 mil pesos, que puntualmente se le entrega a cada magistrado mes con mes. Los sueldos para cada uno de los 22 magistrados suman 158 mil 980 pesos más prestaciones. En un reportaje de Paulina Monroy detalla cómo los magistrados de dicho Tribunal reciben un estímulo mensual por productividad, eficiencia y calidad de 10 mil pesos. Tan sólo para el presidente y los 21 magistrados de las salas Superior, Ordinaria y Auxiliares se destinarían 2 millones 640 mil pesos para este propósito.

Aquí están, señor Presidente


Difusión Cencos México D.F., 17 de agosto de 2009

Artículo de opinion:Proceso
Denise Dresser

Señor Presidente, en los últimos dos años las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones de derechos humanos y garantías individuales cometidas por el Ejército han crecido 600%, ascendiendo a 140 por mes. Ante ello, parecería que su posición ha sido ignorar el tema o tratar de minimizarlo. Por ejemplo, al terminar la Cumbre en Guadalajara la semana pasada usted dijo: “Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad”.

Pues aquí están los casos:

La detención ilegal y el abuso a 36 civiles y la violación a cuatro menores de edad. En mayo de 2007, después de que un grupo de individuos atacara y matara a cinco soldados, cientos de militares entraron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en Michoacán. Allí cometieron docenas de abusos, incluyendo detenciones ilegales en una base militar, tortura, golpes, violaciones y cateos irregulares a casas dentro de las cuales también efectuaron robos. En la base ataron las manos y los pies de los 36 detenidos, cubrieron sus cabezas con una bolsa de plástico y los torturaron. Cuatro de las personas detenidas durante más de 20 horas eran mujeres menores de 18 años que fueron violadas repetidamente. A una de ellas los soldados le dijeron: “pinches derechos humanos no existen; te vamos a aventar al mar y serás comida para los tiburones”. A otra le introdujeron en el ano una tarjeta con la imagen de la virgen de Guadalupe. Después de dos años, la Procuraduría General de Justicia Militar “sigue investigando el caso” y no hay culpables identificados o castigados.

La detención ilegal de ocho civiles y la tortura de cuatro más, incluyendo un menor. En mayo de 2007, soldados del 56 Batallón de Infantería detuvieron a seis hombres, una mujer y un menor durante una balacera entre militares y supuestos narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Ninguno de los detenidos participó en el tiroteo y se encontraban en la localidad porque habían ido a comprar productos agrícolas. Se les llevó a la XLIII Zona Militar, donde fueron torturados y detenidos ilegalmente durante más de 15 horas. En menos de un mes, la Procuraduría General de Justicia Militar cerró el caso argumentando que no había evidencia de “actos criminales”. Con base en la evidencia disponible no queda claro si el Ejército investigó la detención, la tortura, o ambos.

El asesinato de dos mujeres y tres niños, junto con heridas provocadas a otros tres. En junio de 2007, militares estacionados en un retén en Sinaloa –en el cual consumían alcohol y drogas– abrieron fuego sobre un camión que transportaba a tres adultos y cinco niños, y mataron a una mujer y a una niña de tres años. La evidencia indica que los soldados dispararon sin motivo y que recibieron órdenes de “plantar” una bolsa de mariguana junto al camión para justificar su conducta. Los militares, según testimonios recabados, demoraron la atención médica a los heridos, tres de los cuales murieron en un trayecto que incluyó paradas en tres retenes más. Los sobrevivientes afirman que fueron obligados a permanecer toda la noche en una base militar, con los muertos dentro del mismo carro. La Procuraduría General de Justicia Militar todavía está investigando los abusos, pero la información disponible indica que ha llevado a cabo una investigación fallida y el caso aún está pendiente en los tribunales militares.

La detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez Murguía. En junio de 2007, José Fausto Gálvez Murguía estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, en el estado de Sonora, cuando llegaron dos vehículos del Ejército Mexicano. Los soldados le apuntaron con una pistola, preguntándole quién era su jefe y “dónde estaban las drogas”. Después lo torturaron durante cuatro horas y lo obligaron a tomar una bebida alcohólica que lo hizo vomitar. Insertaron pedazos de madera debajo de sus uñas y le arrancaron una de ellas. Finalmente los soldados lo dejaron inconsciente en el campo. Cuando despertó logró caminar hasta una carretera donde alguien lo recogió y lo llevó al hospital más cercano. Hasta el momento el Ejército le ha pagado una compensación a la víctima, pero no ha concluido la investigación.

La tortura y muerte de Ernesto Murillo Flores. En agosto de 2007, soldados detuvieron a tres hombres en el municipio de Naco en Sonora, pero sólo presentaron a dos ante un fiscal estatal, acusados de posesión ilegal de armas. El cuerpo del tercer hombre, Fausto Ernesto Murillo Flores, fue encontrado al lado de un camino en Sonora, con huellas de tortura. De acuerdo con un testigo, Murillo Flores fue golpeado y torturado hasta que dejó de moverse. La Sedena argumentó que murió de “causas naturales” debido a problemas previos de salud, en franca contradicción con el testimonio del testigo, la autopsia, y el informe de la CNDH, que sugieren una muerte por asfixia. Posteriormente un juez militar determinó la prescripción del delito por “deserción” y cerró el caso. Sedena informó a la CNDH que abriría otra investigación criminal pero hasta la fecha no hay información disponible sobre el curso de esa investigación.

Señor Presidente, este listado es tan sólo un botón de muestra de los casos que involucran violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en la guerra contra el narcotráfico. Y como hay muchos más, le sugiero que lea el informe de la CNDH al respecto o examine el reporte de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada o escuche los testimonios de las víctimas y sus familiares. Infórmese sobre los casos que hasta el momento insiste en negar, porque en ninguno de ellos ha habido una sola sanción penal a un solo soldado por parte de la justicia militar. Sé que su resistencia a hacerlo estriba en el apoyo irrestricto que desea brindarle a las Fuerzas Armadas. Pero es un apoyo malentendido que está contribuyendo a perpetuar la cultura de la impunidad que prevalece en el país. Sería mejor –tanto para su presidencia como para el Ejército– que en vez de negar el problema se abocara a solucionarlo. Porque cuando un soldado viola los derechos humanos, daña la imagen de la institución a la que pertenece y aliena a la población cuyo apoyo debería fomentar. Y cuando un Presidente cierra los ojos ante aquellos que violan la ley, tiene poca credibilidad para exigir que los demás la obedezcan.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

La organización y solidaridad entre trabajadores de PGPB y PEP rescataron de la cárcel a dos trabajadores y reafirmaron la necesidad de organizarse

Se combate una injusticia en el Centro Procesador de Gas Nuevo PEMEX

Fuente: Boletín informativo del CNEE Tabasco

• La Contraloría y sus Órganos Internos de Control simulan la lucha anticorrupción y golpean política o arbitrariamente
• Son discrecionales con la mafia que se reparte PEMEX, los negocios de Calderón y su grupo panista

Se tienen casos denunciados de daño patrimonial y tráfico de influencias de parte de funcionarios panistas en petroquímica que datan desde el 2003 sin que resulte ningún funcionario sancionado. La semana pasada se desnudó en PROCESO al diputado federal electo César Nava y candidato oficial a dirigir el Partido Acción Nacional como, en complicidad con Felipe Calderón a su paso por Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía, favorecieron la asignación de contratos a simpatizantes y proveedores propanistas.

Para distraer la atención sobre estos hechos, se desempolvó expedientes sobre la ordeña de gasolina y en complicidad de los oligopolios televisivos y radiofónicos hacen un gran escándalo. Por otro lado, periódicamente se ofrecen denuncias de parte de la Contraloría y sus Órganos Internos de Control para cubrir su cuota anual de sanciones a funcionarios menores y a quien la alta gerencia señale para deshacerse de él; y así justificar sus bonos de desempeño.

Es el caso de lo acontecido en Tabasco, el pasado 23 de julio en que fueron arrestados compañeros que laboran en el Centro Procesador de Gas Nuevo PEMEX Neftalí May y Javier Figueroa, involucrados injustamente en un robo de bronce en el almacén.

Hace un año, arbitrariamente fueron castigados por la empresa sin haberles demostrado participación alguna. Con temor se disciplinaron y posteriormente declararon ante el Ministerio Público, pero nunca se imaginaron que el proceso reviviría.

El día mencionado, el área jurídica les avisa que tenían orden de aprehensión, les “orientan” que serían apoyados por la administración con un amparo y les indican que se presenten en las oficinas del Jurídico de PEMEX (la Pirámide en Villahermosa).

Esto se convirtió en una trampa pues en ese lugar los esperaban agentes de la AFI para detenerlos. Los profesionistas de Nuevo PEMEX, que cuentan con una asociación local coordinada con el Comité Nacional de Estudios de la Energía se organizaron para respaldar jurídicamente a los compañeros afectados, quienes ya habían sido conducidos al reclusorio.

Se obtuvo un amparo, sin embargo para ejercerlo y lograr la salida de los compañeros se condicionó a cubrir una fianza de exorbitante cantidad que “disminuyeron” a 850 mil pesos por cada uno. Las familias de los compañeros fueron orilladas a gestionar la hipoteca de sus casas para cubrir la fianza pero en lo inmediato las afianzadoras imponían un pago de 85 mil pesos por cada uno. En esta cadena de absurdos la “reparación del daño” que demanda PEMEX era por la cantidad de $ 83,5842.72. En tanto se demuestra la inocencia de los compañeros, el proceso penal exigió una acción inmediata y solidaria para hacer el acopio económico y evitar que los compañeros fueran procesados.

Unificando los esfuerzos familiares y trabajadores profesionistas de Nuevo PEMEX, Cactus, PEP Región Sur y Marina y del CNEE en México y Puebla, se logró conjuntar el dinero para el pago y con las gestiones de los abogados se obtuvo la libertad de nuestros compañeros y se ha esclarecido que el cargo es en el ámbito del desempeño de sus funciones y no por robo; es decir, una falla administrativa que nada tiene que ver con una detención y menos encarcelamiento. Así es de irresponsable y utilizada para beneficio del poderoso la “justicia” en México. ¿Qué fuera de los compañeros y sus familias si no se hubiera actuado y, qué es de quienes no cuentan con respaldo social ni económico alguno?

Esta experiencia junto con la coordinación que estamos dando contra el Contrato Individual de Trabajo señala el camino para defendernos de los abusos y resistir al proceso privatizador y las mafias que están destruyendo PEMEX, nuestras fuentes de trabajo y cancelando una posibilidad de progreso de nuestros hijos y nuestro pueblo. Urge ejercitar la organización y solidaridad para comenzar por ejercer los derechos que la mayoría ignoramos. Los compañeros no quedaron solos gracias a los antecedentes de comunicación, unión y redes que hemos forjado en los Centros de Trabajo de Tabasco y Chiapas y a la respuesta efectiva, sea con ovilizaciones, denuncias en medios, respaldo social, soporte jurídico o acopio económico.

Nadie de nosotros de aquí en adelante debe actuar solo, pues como se ha venido insistiendo por el Comité Nacional de la Energía, el proceso privatizador viene acompañado de infinidad de calamidades e injusticias.

La “grandiosa producción” de Chicontepec es una falacia que solo favorece a las perforadoras privadas

Corrupción de funcionarios del PAN y el PRI, sinrazón para invertir
actualmente en Chicontepec

Fuente: Boletín informativo del CNEE Tabasco

Cientos de pozos contratados con trasnacionales en 2008 sólo producen 29 mil 200 barrilesvdiarios promedio que es el uno por ciento de la producción nacional; y aún así, para 2009 contratan mil pozos más.

Según el Informe 20-F, que PEMEX entrega a la Security and Exchange Commission (SEC) autoridad financiera en Estados Unidos, en Chicontepec se habían perforado mil 689 pozos hasta el 31 de diciembre de 2008, y de ellos operaban 704.

En cambio, los pozos terminados en Litoral de Tabasco en 2005, 2006, 2007 y 2008 fueron 9, 16, 6 y 15, respectivamente. La suma es de 46 pozos en cuatro años.

PRESUPUESTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Chicontepec tiene el 29 % del total de presupuesto, que es 43 por % más de presupuesto que Cantarell, 102 % más que el de Ku-Maloob-Zaap. Sólo aportó el 1% de la producción nacional, mientras Cantarell tuvo el 37 % de la producción y KMZ el 25 %. ¿Cuál es la razón para esa predilección de gastar más para que se obtenga menos petróleo? Los altos funcionarios traicionan al país y se someten alegremente a las infames prioridades (léase compromisos) de la presidencia ilegítima con los gobiernos y consorcios extranjeros. Con esos contratos obtienen “el agradecimiento del ganador” en cada concurso.

En las zonas terrestres y aguas someras como Litoral de Tabasco, PEMEX tiene localizaciones para desarrollar y producir muy superiores a Chicontepec, además ya tiene equipos y personal; aunque los tratan de eliminar poco a poco para que políticos y funcionarios hagan negocios. Una mayor inversión en zonas en las que es más barata la producción de cada nuevo barril, es el camino, y no cuesta más; al contrario, se reduce la inversión al mínimo.

Anotaciones con base a datos de Antonio Gershenson.

URGENTE MITIN FRENTE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EL MIERCOLES 19 DE AGOSTO


CONSEJER@S, COMPAÑER@S:

Como es del conocimiento general, el Infonavit vendió en 2006 alrededor de 56 mil créditos vencidos en promedio al 10% del valor de saldo, a dos empresas extranjeras: CAPMARK y SCRAP II. Dicha operación la ejecutó el empresario español David Sánchez Tembleque, quien fungía como subdirector de Finanzas de dicha dependencia. Además, el proceso estuvo plagado de anomalías. Por ejemplo, no se realizó el proceso de licitación correspondiente ya que SCRAP II compró los empréstitos quebrados el mismo día que se constituyó, pagando con un cheque de caja de 100 millones de dólares.

Desde hace más dos años, el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, ha venido denunciando y combatiendo jurídicamente esta venta. Hasta el momento, se han ganado diversos amparos en distitnos tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, falta superar la instancia final.

El próximo 19 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá de fondo si es legal que los créditos de las casas de los mexicanos sean vendidos a compañías trasnacionales. Se trata de una decisión de suma trascendencia no sólo para la conservación del patrimonio de cientos de miles de trabajadores del Infonavit, sino para el sistema de seguridad social mexicano, a través del cual, el Estado, de acuerdo con la Constitución, debe garantizar créditos baratos y suficientes.

Dada la importancia de este evento, el CDV

CONVOCA

A todas las organizaciones, instituciones, ciudadan@s que luchan por el derecho social a una vivienda diga y decorosa, al mitin que se efectuara frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles 19 de agosto a las 10 a.m. (Pino Suárez y Zócalo).


¡Defendamos el derecho a un crédito barato y suficiente!

¡Defendamos la subcuenta de vivienda de los trabajadores!

¡La defensa de la patria comienza por la casa!


ATTE

ARQ. LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ
PRESIDENTA DEL CDV

Destruyen el pueblo de Ebulá, derrumban las casas, matan a los animales. A los compañeros sólo les queda la rabia y la dignidad


Los compañeros Arnulfo Ramírez y su hijo Marco Ramírez del Frente en defensa de la tierra del pueblo de Ebulá ya fueron liberados por la Secretaría de Seguridad Pública.

El pueblo de Ebulá está completamente destruido. Todas las casas fueron tumbadas, las pertenencias de la gente demolidas y sus animales asesinados. No quedó nada.

El día de hoy, los compañeros del pueblo de Ebulá no tienen donde vivir, no tienen nada más que rabia y dignidad.

Llamamos a los compañeros y compañeras adherentes a la Otra Campaña y a los hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena a que en la medida de sus posibilidades se solidaricen con los compañeros del Frente en defensa de la tierra del pueblo de Ebulá, ya sea enviando palabras de aliento, víveres y ropa o haciendo acompañamiento en el plantón que tienen frente al palacio de gobierno del estado de Campeche.

Movimiento de Cultura Popular
Mérida, Yucatán

DENUNCIAMOS TERGIVERSACIÓN DE LA JUSTICIA EN CASO ACTEAL


Las personas y organismos abajo firmantes queremos expresar nuestra profunda indignación ante el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que deja en libertad a 20 de los autores materiales de la masacre de Acteal en 1997, y que no sólo deja impune el caso a más de 10 años, sino sobre todo pone en peligro nuevamente la vida de las y los sobrevivientes, y de las comunidades indígenas autónomas de la región, dando carta abierta al paramilitarismo para actuar ahora bajo la protección del sistema de justicia.

Plenamente conscientes que no se trata de un hecho aislado ni casual, sino plenamente diseñado y ejecutado, queremos alertar a la ciudadanía acerca de las terribles consecuencias que este fallo judicial tiene para lo que está constituyéndose en un camino seguro hacia un vaciamiento total del estado de derecho, operado por el mismo gobierno en colusión con los poderes fácticos de los sectores empresarial y criminal.

Por ello hacemos pública denuncia:
 De los intereses que se han priorizado en la decisión de la Corte en este caso, que no son los de las comunidades indígenas, sino de sectores privados empresariales, pues queda cada vez más clara la intención del Estado por generar nuevos desplazamientos para dejar las tierras en manos de las trasnacionales.
 De la gravedad jurídica y social que implica el respaldo y exculpación que la SCJN está dando a crímenes cometidos, no sólo por militares valiéndose de su fuero, sino ahora también por grupos paramilitares, legalizando la impunidad.
 De la campaña por borrar de la memoria histórica de nuestra nación, el crimen de estado cometido en Acteal en 1997; haciendo para ello un uso faccioso de la información, y valiéndose de la influencia de medios privados de comunicación y de investigación.
 Del establecimiento de un régimen militar y dictador en nuestro territorio, sobre todo en las zonas indígenas, donde se pretende desarticular los procesos de organización comunitaria autónoma y de defensa de sus derechos fundamentales ante la agresión del Estado y las empresas.

Y exigimos:
 Seguridad a la integridad física de las y los sobrevivientes de la masacre de Acteal, así como de la Organización Civil Las Abejas
 La revisión y esclarecimiento de este inusual proceso de liberación de 20 de los autores materiales de dicha masacre; así como el fincamiento de responsabilidades a quienes resulten involucrados
 Que se haga justicia a todos los autores materiales e intelectuales en el caso de Acteal, y se ponga un alto total a la impunidad.

Finalmente expresamos nuestra total y permanente solidaridad con las víctimas de Acteal y la Organización Las Abejas, en su lucha por la justicia.

Personas: Samuel Ruiz García, Obispo Emérito de San Cristóbal de las Casas; Rosario Ibarra, Comité Eureka; Miguel Álvarez, Serapaz; Sergio Cobo, Fomento Cultural y Educativo; Enrique Marroquín, misionero claretiano; María Enriqueta Burelo Melgar; Irma Alma Ochoa Treviño; Lenia Batres; Francisco Rodríguez; Fausto Fernández Ponto; Cristina Auerbach; Mariana Gómez Álvarez Icaza; José Guadalupe Sánchez Suárez; Leticia Rentaría; Pastor Benjamín Chávez Maldonado, Seminario Bautista de México y Seminario Metodista de México Gonzalo Báez Camargo; Martín Hernández; Jesús Roldán; Pbro. José Luis Álvarez Ramírez, Cuautla, Morelos; Pbro. Luis Eduardo Villarreal Ríos, Guadalupe, Nuevo León; Pbro. Cosme Carlos Ríos, Juárez, Nuevo León; Pbro. Guillermo Flores García, Guadalupe, Nuevo León; Pbro. Fernando Cruz Montes, Oaxaca, Oaxaca; Pbro. Apolinar Sosa Gaytán, Zacapu, Michoacán; Pbro. Manuel Velázquez Hernández, México, D.F.; Pbro. Roberto Recio Oyervides, D.F.; Fernando Romero, D.F.; Pbro. Jerónimo Cabrera Muñoz-Ledo, San Miguel de Allende, Guanajuato; Pbro. Gustavo Rodríguez Zárate, Puebla; Pbro. José Socorro Quintana, D.F.; Pbro. Pedro Pantoja Arreola, Saltillo, Coahuila; Pbro. Benigno Martínez García, Guadalajara, Jalisco; Pbro. Aurelio Xicoténcatl, Puebla; Pbro. Armando García Ojeda, Irapuato, Guanajuato; Pbro. Julio Tinoco, Irapuato, Guanajuato; Pbro. Julián Verónica, Córdoba, Veracruz; Pbro. Rafael Santos, Córdoba, Veracruz; Pbro. Ángel Sánchez Campos, Cuernavaca, Morelos; Jaqueline Campbell Dávila; Norma Moreno González; Álvaro Frías Cruz; Josefina Granados Torres; José Luis Razo Ochoa; Samantha Cesar; Irma Martínez Hernández; Pbro. Jesús Ramos Muñoz; Ma. de Lourdes Hernández Salinas; María Elena López Gallardo, Coacotla, Veracruz; Soila Luna Pineda; Eloy Durán Valerio; Juanita Estrada Bustos; Lucía Guaida Escontría; Alicia Dorantes Camacho; Martha Elena Huerta; Gloria Alicia García de Alba; Teresa Abad; Delia Gómez; Ángel Torres Velandia; Ismael Eustacio Reyes Ramírez; Norberto Pérez Zavala; Alfredo García Silva; León Zavala G.; Rosa Martha Zárate Macías; Carmen Montes Lara; Vanessa del Castillo Ibarra; Verónica Bustamante Martínez...

Organizaciones: Observatorio Eclesial, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, Centro Antonio Montesinos, Centro Nacional de Comunicación Social, Católicas por el Derecho a Decidir, Colectivo Alas, Secretariado Social Mexicano, Comité Organizador del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo (Entregado a la Sociedad Civil LAS ABEJAS, en abril de 1998), Servicios y Asesorìa para la Paz (SERAPAZ), Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Organización Familia Pasta de Conchos, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Fomento Cultural y Educativo, Comunidad de Religiosas Ursulinas, Iguala, Gro., Espacio DESC, Mujeres para el Dialogo, Red Nacional de Género y Economía, Marcha Mundial de las Mujeres Sección México, Hermanas del Servicio Social, Siembra, Red de Solidaridad Sacerdotal, Colectivo "Pensar en Voz Alta", Servicio Paz y Justicia para América Latina (SERPAJ) – México, IMDEC, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Consejo Pastoral de la Parroquia de San Pedro Mártir, Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Grupo de Ex-obreros de Morelos, Comunidades Eclesiales de Base de CIVAC, Comunidades Eclesiales de Base Subzona Noreste- Cuernavaca, Grupo de Estudio y Reflexión, CEB-Derechos Humanos, UNIVERSAL-Centro de Lengua y Comunicación Social, Centro de Encuentros y Diálogos, Cristianos Comprometidos por la Esperanza, Frente Cívico en Defensa del Casino de la Selva, Cooperativa AZUL, Fundación Juquira Candirú, Colectivo Quetzalcóatl, Arte y Cultura para Tod@s, Proyecto Calpulli-San Bernardino California, Yuxacoyo, Colectivo Xictli-Valle de Chalco, Comunidades Eclesiales de Base de Martín Carrera, Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular en Gustavo A. Madero...

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Lo que no hay que olvidar sobre Acteal


México D.F., 16 de agosto de 2009 (Cencos).- La liberación de 20 personas presas por la masacre de Acteal parece colocar a la opinión pública en el terreno de los claroscuros. Por un lado este hecho parece ser motivo de celebración porque representa un avance significativo en relación a la protección del derecho al debido proceso, pero por otro, es innegable que las preguntas de por qué en este caso y no en otros abren el espacio a la duda impidiendo una lectura confiable y no política de los hechos.

La herida se mantiene abierta al no haber responsables intelectuales; la injusticia y la impunidad parecen acudir nuevamente al llamado de las Instituciones, la fiel promesa de no volver a pisar Chenalhó se decolora con el llanto de impotencia y desesperación de aquellas personas que aún siguen esperando que se haga justicia.

A partir de lo anterior, Cencos se dio a la tarea de reconstruir históricamente los hechos con el único objetivo de poner acento en lo que la memoria histórica no debe olvidar.

La historia

El 1º de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas exigiendo el reconocimiento público de los derechos de los pueblos indígenas obteniendo como resultado una reforma constitucional inacabada (aprobada por el senado por unanimidad el 25 abril de 2001). Durante ese año, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDHFBC) y demás miembros de la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para todos” (Redtdt) denunciaron violaciones a derechos fundamentales ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1995, mientras el presidente Ernesto Zedillo arribaba al poder y se dialogaba con las bases para la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se estableció una estrategia contrainsurgente que contemplaba la ocupación militar, la acción de grupos paramilitares con el fin de capturar a la dirigencia del aparecido EZLN. (1). El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A.C. (CDHFBC) en su informe “Camino a la Masacre” denunció que durante 1997 fueron desplazadas 1,173 familias con un total de 6,332 personas en el municipio de Chenalhó. (2)

Durante el último trimestre de 1997 se realizó una misión civil formada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En ella se visitó el municipio de Chenalhó y se comprobó la situación de riesgo en la zona y la posibilidad de que grupos paramilitares realizaran una masacre en Acteal. Se denunciaron los hechos públicamente y se habló con el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro con el fin de prevenir dicha masacre.

De acuerdo a la Recomendación 1/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los servicios del CISEN estaban trabajando en la zona y conocían lo que sucedía, incluso “el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla, aseguró a la CNDH que los servicios secretos de Gobernación tenían la información de lo que sucedía en Acteal el 22 de diciembre(3). “El entonces Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y el gobernador chiapaneco sabían lo que sucedía y no cumplieron con la obligación de prevenir y proteger los derechos humanos de las personas de la región. El Lic. Chuayffet se negó a reconocer la existencia de grupos paramilitares refiriéndose a ellos como grupos civiles que están armados.” (4)

De acuerdo a testimonios recabados por el CDHFBC, la masacre de Acteal fue preparada desde varios días antes por el grupo paramilitar que actuaba en la zona. El 22 de diciembre de 1997, bajo la táctica del Cerco de Martillo y Yunque establecida en el Manual de “operaciones de envolvimiento” de la Secretaría de la Defensa Nacional, 45 personas fueron acribilladas por aproximadamente 300 personas de las comunidades de los Chorros, la Esperanza, Quextic, Chimix, Acteal, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Tzajalucum. Para ello utilizaron armas de fuego de grueso calibre. 21 de las víctimas eran mujeres, cuatro en estado de gravidez, 15 niñas y niños y 9 hombres y más de 20 resultaron lesionadas.

Las tropas de Seguridad Públicas dirigidas por el entonces General Julio César Santiago Díaz se encontraban apostadas en la escuela cubriendo la salida a la carretera por lo que las personas no tuvieron escapatoria y fueron masacradas. De la masacre, la RedTDT informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 de enero, Emilio Chuayffet, quien se negó a reconocer la existencia de grupos paramilitares, presentó su renuncia a cargo de la Secretaría de Gobernación siendo sustituido por Francisco Labastida Ochoa. El 7 de enero Labastida anunció la licencia que solicitó el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro para ser sustituido por Albores Guillén.

La Recomendación 1/98 de la Comisión Nacional se centró en la indemnización a las víctimas y procuración de los servicios de salud a las mismas, la renuncia de funcionarios del estado de Chiapas y el seguimiento de procesos administrativos. La CNDH recomendó al Procurador General de la República “amplíe las líneas de investigación que actualmente sigue, a fin de que esté en aptitud de deslindar y determinar la responsabilidad penal por acción, omisión, o comisión por omisión de todos y cada uno de los servidores públicos del Gobierno de esa Entidad Federativa a que se refiere el presente documento”. (5)Cabe señalar que el entonces Procurador era el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar quien un año antes había sido titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es de señalarse que hasta el día de hoy las personas que quedaron con algún tipo de discapacidad no reciben apoyo alguno en educación especial, debido a la ceguera o transporte, debido a la invalidez provocada por las balas.

En el año 2003 el caso de Acteal fue retomado por el entonces Dr. Rodolfo Stavenhagen(6). En diciembre de 2007, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que “de acuerdo a la Asociación Civil 'Las Abejas' y el Centro de Derechos Humanos 'Fray Bartolomé de las Casas' A.C. hasta el mes de agosto de 2007 quince ex servidores públicos de bajo nivel fueron procesados en cinco causas penales. La mayoría fueron juzgados por los delitos de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También por homicidio y lesiones por omisión. De acuerdo al Centro de Derechos Humanos, los servidores públicos obtuvieron sentencias desde los tres años, nueve meses y 29 días hasta ocho años de prisión a excepción del entonces Presidente Municipal de Chenalhó en 1997, Jacinto Arias Cruz, cuya pena fue por 36 años y tres meses de prisión. La organización menciona que en los casos se absuelve la reparación del daño y algunos servidores públicos quedaron en libertad bajo caución.” (7)

La OACNUDH en ese entonces señaló que: “Únicamente en los procesos 402/99 y 46/98, hubo reparación del daño tomando en cuenta sólo a las personas donde se acreditaron los dependientes de las y los asesinados. La reparación se hizo por los casos de homicidio calificado, no por lesiones calificadas. La reparación fue sólo por 16 extintos; por cada uno la reparación fue de 16,425 pesos”(8)

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A.C. interpuso el caso ante la Comisión Interamericana desde hace dos años, la cual, no ha respondido siquiera por la admisibilidad del mismo.

¿Confianza en la Corte?

Mucho se ha señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha tenido la firmeza necesaria para la protección de los derechos humanos de las víctimas como lo fue en el caso de Lydia Cacho o en el de Atenco. De acuerdo con encuestas de opinión, la ciudadanía tiene sólo mediana confianza en la Suprema Corte de Justicia al calificarla con 7 (9) a la par del Instituto Federal Electoral pero muy por debajo de instituciones como el ejército y la iglesia cuya evaluación ciudadana es de 8.

También vale la pena leer los hechos a la luz de esos datos, y sobre todo, el amparo otorgado a los 26 quejosos relacionados con los hechos de la Comunidad de Acteal, siendo 20 quienes quedaron de forma inmediata en libertad y 6 aquéllos a quienes se deberá reponer el procedimiento debido a que durante la averiguación previa (a cargo del entonces Procurador Madrazo y subsiguientes) se permitieron la violación a garantías individuales.

Tras esta breve recapitulación de hechos una conclusión parece posible, el Estado Mexicano de forma sistemática y estructural ha vulnerado la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder(10) donde se establece el derecho al acceso a la justicia, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia. Y es en medio de este claroscuro que debe asegurarse en la región, hoy más que nunca, el derecho a la seguridad, la vida y la integridad física de las y los sobrevivientes de Acteal.

Centro Nacional de Comunicación Social

1. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas, A.C.” Por la Verdad y la Justicia. Acteal 11 años, 5 meses y 17 días de impunidad ¿Cuántos más?. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 08 de junio de 2009. En ese entonces se conocía de los grupos Desarrollo Paz y Justicia, los Chinchulines, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, Máscara Roja, Alianza San Bartolomé de Los Llanos, Los Quintos, Los puñales, Los Aguilares, La Organización Campesina Obrero Popular del Estado de Chiapas, entre otros. Asimismo, a grupos de priístas armados en Chenalhó. CIEPAC, CENCOS, GLOBAL EXCHANGE, Siempre Cerca, Siempre Lejos: Las fuerzas Armadas en México. México, 2000. Páginas 139 a 149
2. Cfr. Ibídem. p. 7
3. Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A.C. Acteal entre el duelo y la lucha. Página 19
4. Ídem
5. Recomendación 1/98 del 8 de enero de 1998
6. Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Derecho de las mujeres indígenas a una vida Libre de discriminación y de Violencia. México, Diciembre de 2007.
7. Cfr. Ibídem. Página 107
8. Ibíd. Página 108
9. Confianza en Instituciones, Consulta Mitofsky, octubre de 2008. Nota: este estudio se realiza cada año
10. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985

Acción de inconstitucionalidad contra decreto homofóbico en Yucatán –ONG


Organizaciones solicitan a CODHEY y CNDH presentar el recurso ante la SCJN de una acción de incostitucionalidad contra el decreto homofóbico.

Acción de inconstitucionalidad

contra decreto homofóbico

Solicitan organizaciones a CODHEY y CNDH presentar el recurso ante la SCJN

Comunicado conjunto*

Organizaciones civiles de Yucatán hemos exigido al ombudsman nacional y local presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que niega derechos a las personas homosexuales al reconocer en la Constitución local y proteger únicamente las uniones heterosexuales en Yucatán.

Con la aprobación y publicación de dicho decreto, el Congreso y la gobernadora de Yucatán elevaron a rango constitucional la exclusión y el rechazo, en un estado cuya legislatura se ha negado a tipificar como delito la discriminación y a aprobar una ley en la materia. Es por eso que los defensores públicos están obligados a ejercer todas sus facultades para proteger efectivamente los derechos humanos en la entidad.

En la solicitud entregada a los titulares de la CODHEY y de la CNDH expresamos que el decreto incurre en discriminación, conducta expresamente prohibida en la Constitución Federal, y es por lo tanto anticonstitucional.

Efectivamente, el decreto aprobado y publicado provino de una iniciativa popular en cuya exposición de motivos se admite expresamente la intención de “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas…”

Dicha confesión configura precisamente discriminación, ya que ésta es cualquier distinción, restricción o exclusión que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.

El escrito entregado también refiere que el decreto aprobado eliminó la posibilidad de que personas solteras puedan adoptar, lo que constituye otra forma de discriminación, basada en el estado civil de las personas. Dicha disposición va contra el interés superior de la infancia al limitar las posibilidades de que niñas o niños en desamparo puedan ser adoptados.

Algunas de las organizaciones firmantes mantenemos una demanda de juicio político contra el ombudsman local precisamente por omitir ejercer facultades para proteger las garantías individuales.

La solicitud para que interponga este recurso sin duda pondrá a prueba la autonomía del ombudsman local y su capacidad para actuar de acuerdo con su finalidad esencial, que es la protección de los derechos humanos en Yucatán.

La petición de interponer la acción de inconstitucionalidad se le dirigió también al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, ya que la ley lo faculta para hacer uso de este recurso “en contra de leyes de carácter federal, estatal y del distrito federal”.

La acción de inconstitucionalidad se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la constitución federal.

En el escrito entregado a la CODHEY y a la CNDH se sustenta ampliamente, con resoluciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los criterios que deben regir para garantizar que las normas salvaguarden el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Asimismo, consideramos que el decreto aprobado y publicado contraviene el principio del estado laico ya que, desde nuestro punto de vista, la iniciativa popular presentada está basada en prejuicios derivados de doctrinas religiosas en materia sexual que consideran pecado las relaciones homosexuales.

Le hemos recordado a los defensores públicos que precisamente el principio del estado laico constituye un dique a la imposición de un determinado pensamiento religioso a toda la población, esto dicho con pleno respeto y a favor de las distintas iglesias y de los creyentes de las diferentes confesiones, ya que dicho principio tutela el derecho a profesar una religión, y no otra, o a no profesar ninguna.

Con la presentación de esta exigencia reiteramos a todas las personas que luchan por la igualdad, y a quienes la combaten, que indeclinablemente continuaremos nuestro trabajo para eliminar todas las formas de discriminación y para lograr que en Yucatán sean reconocidos y respetados todos los derechos de todas las personas.

7 de agosto de 2009

* Buenas Intenciones A.C.

* CEPRODEHL A.C.

* Equipo Indignación A.C.

* Foro Amaro

* Kóokay, Ciencia Social Alternativa A.C.

* Oasis de San Juan de Dios A.C.

* Padres y Madres por la Diversidad Sexual, Grupo Yucatán

* Red de Personas Afectadas por VIH

* Yucatrans
*Comisión de Pueblos Indígenas en VIH/SIDA, Yucatán

Irrumpe Ejército en casa de Manuel Espino


Fuente: Proceso

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 17 de agosto (apro).- Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), informó que la madrugada del sábado elementos del Ejército mexicano irrumpieron, sin orden de cateo y provistos de armas largas, en su domicilio particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, en respuesta a un supuesto "pitazo".

Expuso que la irrupción de la tropa es algo frecuente ya en Juárez. La "ocupación de facto", se produjo cuando se celebraba una fiesta de cumpleaños de uno de sus sobrinos y en la que se encontraban sus dos hijos, otros familiares y amigos, todos jóvenes que ni siquiera beben alcohol y tampoco estaban escandalizando.

"A mi casa se metió el Ejército, a las 2 de la mañana y así, de una manera atropellante, se meten a las propiedades (y) agredieron a los jóvenes", declaró Espino, quien detalló que eran unos 20 soldados. "Platiqué con ellos 30 minutos dentro, sin orden de cateo por supuesto y armados".

Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), afirmó que es difícil vivir en Ciudad Juárez, donde "es una comunidad sin gobierno" y, por tanto, no hay ante quien denunciar las arbitrariedades.

"El oficial me decía que tengo el derecho de ir a imponer una denuncia, pero a dónde. ¿Quién gobierna Ciudad Juárez? Ahí ya no hay una autoridad visible", declaró en conferencia e prensa.

-- ¿Por qué no se queja ante Felipe Calderón, quien es, según la Constitución, comandante supremo de las fuerzas armadas.

--Yo no voy a ir a quejarme ahí --contestó con desgano.

Espino, quien convocó a conferencia de prensa para anunciar la celebración del segundo foro internacional "Inseguridad, dolor inevitable", con el tema "acciones para la paz", precisamente en Juárez, afirmó que, si bien respeta la propuesta del expresidente Vicente Fox de regresar al Ejército a los cuarteles, es preciso revisar la estrategia del gobierno de Calderón en materia de inseguridad.

"La vía de las armas no es la mejor forma de resolver el problema", puntualizó Espino, quien afirmó que además de los grupos del crimen organizado, los soldados también cometen delitos: "Asaltos, violaciones de mujeres, pleitos, allanamientos de morada en domicilios particulares."

Añadió: "El Ejército también se encuentra vinculado con otros problemas, pues son seres humanos y cuando traes a los soldados de la sierra o de la selva, para ponerlos en zonas urbanas, los pones también en la tentación de delinquir y hay muchos delitos que están vinculados con elementos del Ejército y la Policía Federal."

La gravedad de la violencia en Juárez es extrema, añadió el panista, quien señaló que las arbitrariedades cometidas por parte del Ejército Mexicano ocurren todos los días:

"He visto ejecutar gente, mis hijos han visto asesinar a otras personas, ya tenemos amigos cuyos padres de familia o tíos están hoy secuestrados, tenemos amigos secuestrados y ese es el ambiente de zozobra que se vive en Ciudad Juárez y el Ejército no lo ha resuelto."

No es la primera vez que Espino padece una arbitrariedad de parte de la tropa, porque, hace seis meses, un grupo de soldados detuvo, sin justificación, una convoy de automóviles que salía de su domicilio hacia una iglesia para celebrar una misa de 15 años de una de sus sobrinas. "Es sólo rutina", le dijeron los soldados.

Será en esa ciudad donde, el miércoles 26 y el jueves 27, se celebre el foro internacional convocado por la ODCA en el que participarán el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y los gobernadores panista Marco Antonio Adame, de Morelos; el perredista Leonel Godoy, de Michoacán, y priista Eduardo Bours, de Sonora, cuyo anfitrión será el mandatario de Chihuahua, José Reyes Baeza.

Narcotráfico en México, efecto del neoliberalismo


Fuente: La Jornada de Zacatecas

Redacción

Gabriela Guerra Rey*

–Primera de dos partes–

MEXICO, DF. Aunque el trasiego de drogas desde Centro y Sur América ya existía desde viejos tiempos, el neoliberalismo trajo consigo la formación de los cárteles de la droga y el desarrollo de grupos armados que mantienen a México en un estado permanente de inseguridad.

En estos momentos se declara que este país está en pie de guerra con el auge de las diferentes corrientes de traficantes, que transportan armas y personas; y mueven, producen y consumen enervantes, con todas las consecuencias fatales que esto implica para la sociedad.

Durante el mandato del presidente Felipe Calderón se mezclan dos crisis, la de inseguridad y violencia, que el gobierno achaca al narcotráfico, y la económica, vinculada a la debacle de los mercados globales.

Sin embargo, advierte el especialista Hugo Rosell, ambas consecuencias son dependientes también de las malas estrategias nacionales y tienen una causa común, la implantación de políticas neoliberales a partir de los años 70 del siglo XX, que cambiaron la situación interna del país.

En exclusiva para Prensa Latina, Rosell, representante del Centro de Investigación Laboral y Estudios Sindicales (CILAS), destacó que es precisamente en esa fecha en que los traficantes de drogas se organizan, dan fuerza y desarrollan diversas gamas de la delincuencia, como la piratería y el movimiento de migrantes.

Poco a poco se va dando paso en México a lo que hoy se denomina crimen organizado, y que tiene tanta fuerza como en otros países del continente, que históricamente padecieron estos males y la violencia asociada.

Los orígenes de los cárteles en México Sin dudas, asegura el politólogo del CILAS, la conversión de México desde un territorio de tránsito, a uno de consumo, avaló el desarrollo de ese crimen que hoy se organiza y arremete contra las más altas instancias estatales, a la vez que las penetra.

Crimen que tan sólo en lo que va de 2009 ya dejó alrededor de 4 mil muertos y se instala en los tres niveles de gobierno y los corrompe, limitando las posibilidades reales de desarrollo de esta nación.

Antiguamente eran los cárteles colombianos, los más famosos del continente, los que utilizaban el territorio mexicano para mover su droga rumbo al mayor mercado, fronterizo al norte, rememoró Rosell.

En ese entonces los pagos eran en dinero y la situación estaba bastante controlada, sin embargo los conflictos ganaron complejidad cuando el pago a quienes la transportaban comenzó a ser en estupefacientes, que a la vez había que vender y convertir en dinero.

Así fue como México, a finales del siglo XX, y luego de haber superado muchos rasgos comunes del subdesarrollo en Latinoamérica, se integró a los países con mayores problemas de este tipo.

El país se convirtió en consumidor y en su territorio esos grupos comenzaron conflictos por mercados para la venta de esa droga, explicó el politólogo a esta agencia.

El narcotráfico, que antes fue un negocio alejado de la sociedad, ahora la invadía, agregó.

Según Rosell las bandas armadas al servicio de narcotraficantes fueron pasando de vigilar pistas de aterrizaje clandestinas a convertirse en grupos de combate que se disputan los caminos para pasar la frontera hacia Estados Unidos, los mercados internos de venta y el poder necesario para dominar esta industria, la más lucrativa de los negocios ilícitos en México y el mundo.

Grandes ejércitos existen ya en la actualidad, que aprovechando su capacidad han diversificado operaciones hacia el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de personas (el tercero que aporta mayores beneficios, luego de las armas), entre otras actividades.

El dinero les ha dado poder, y el poder autonomía y mayor capacidad operativa, explicó el también periodista, colaborador de importantes medios de prensa.

Narcotráfico negocia con el poder Hay en esta panorámica otro asunto de relevancia, y es la filtración que se ha dado hacia el gobierno, a veces simplemente mediante negociaciones.

Antes de que el Partido Acción Nacional (PAN) asumiera el poder, con la llegada del siglo XXI, varias décadas de mandato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvieron controlada la violencia, circunscrita sólo a algunas ciudades, gracias a los acuerdos con las autoridades de alto nivel.

La práctica era sencilla, el gobierno permitía las drogas impunemente a cambio de que los cárteles no exacerbaran el terror, mientras los órganos de poder atacaban a algunos grupos para que el mundo viera la efectividad de México contra la delincuencia que se estaba organizando, acotó el investigador del CILAS.

El propio Estados Unidos certificaba la lucha mexicana contra las drogas para establecer apoyos económicos. Pero hoy todo cambió, y el asunto no parece tener salida efectiva, al menos en los próximos años.

Al incrementarse la operatividad militar de los cárteles, el narcotráfico se vio en condiciones de enfrentar al gobierno y ya no hicieron falta los acuerdos, indicó Rosell, y dejó abierta una pregunta con respuesta evidente: “¿Para qué negociar si pueden imponer sus condiciones por la fuerza?”

* La autora es corresponsal de Prensa Latina en México

Más de cinco millones dona Minera San Xavier a la alcaldía de Cerro de San Pedro

Gran parte del dinero fue a parroquias sin que se comprueben gastos

Fuente: La Jornada de San Luis


En la auditoría realizada a la cuenta pública del municipio de Cerro de San Pedro, por la Auditoria Superior del Estado, se observa en el informe definitivo correspondiente a la auditoría de la cuenta pública, así como en el Pliego de Observaciones correspondientes al año 2008, cuya copia se encuentra en poder de La Jornada San Luis, inconsistencias relativas a un donativo realizado por Minera San Xavier al municipio y del ayuntamiento a los curas de las parroquias locales.

La compañía Minera San Xavier donó un total de cinco millones, 378 mil 424 pesos el cual constituye el 28.7 por ciento del presupuesto ejercitado por el ayuntamiento en ese año, sin que existiera un convenio sobre el compromiso de la forma en que se tendría que utilizar dicha cantidad.

De igual manera en el documento destacan los donativos de ese municipio al párroco del lugar y el fin de estos se especifica, serían destinados para restaurar el templo, pero sólo se reportan las pólizas del dinero entregado al cura, y no existen documentos con comprobantes que especifiquen en donde fueron aplicados finalmente los más de 150 mil pesos.

En el rubro contemplado bajo el título donativos al ayuntamiento se especifica textualmente que “se registró el importe de cinco millones, 378 mil 424 pesos por concepto de aportaciones de la Compañía Minera San Xavier S.A. de C.V., pero no se anexa convenio donde se especifique en que se van a utilizar dichos recursos”, señala el documento.

En esta parte del informe definitivo se establece también que la Compañía Mexicana de Servicios Mineros S.A. de C.V. aportó seis mil pesos para festejo de Día de las Madres, y Tracsa cuatro mil 500 pesos en apoyo a Fiesta Mexicana. El total de lo donado en el 2008 asciende a cinco millones 400 mil 924 pesos, quedando como el mayor donador la Minera San Xavier.

En cuanto a las aportaciones entregadas al párroco de Cerro de San Pedro, por parte del ayuntamiento se detalla que el 6 de mayo de 2008, en trasferencias y ayuda a instituciones privadas sin fines de lucro se aportó la cantidad de 120 mil pesos, mediante cheque expedido al C. Alberto Moreno, párroco de la localidad, por el concepto para la conservación del retablo barroco del siglo XVII de la parroquia de Cerro de San Pedro, se especifica que faltan los comprobantes con requisitos fiscales de los gastos realizados.

Otro por 10 mil pesos, con fecha 6 de mayo de 2008 para apoyo a la parroquia de Cerro de San Pedro, a nombre de Leoncio Rivera Cabrera, párroco en donde solamente se anexa póliza de egresos, y otro más con fecha primero de julio de 2008 por 32, 500 pesos.

Con el mismo beneficiario pero en el rubro Transferencias Ayudas a Ejidos y Comunidades con fecha 21 de mayo de 2008, por 32 , 500 pesos en donde se dice que falta factura que acredite el pago por apoyo urgente para la conservación de la parroquia de San Pedro Apóstol se anexa solamente póliza de egresos.

Las aportaciones de MSX han servido para controlar a la presidencia municipal: FAO

A consideración de los miembros del Frente Amplio Opositor con las aportaciones que Minera San Xavier ha llevado a cabo ésta controla a las autoridades municipales encabezadas por Rosaura Loredo y su esposo Santos Nava. Esto le permite a la empresa, suscriben, el control absoluto del territorio municipal sin dar la cara, pues es la presidenta y sus empleados quienes hacen el trabajo sucio.

Lo interesante, señalan los integrantes del FAO, es que el donativo es para gasto corriente y se aplica a discreción por parte de la presidencia (camionetas, bonos, incluso donativos),pero lo que mas destaca , apuntan es el dinero que obtuvo Leoncio Rivera Cabrera, anterior párroco de San Pedro, supuestamente para restaurar los templos, de hecho, sólo se reportan las pólizas del dinero entregado al cura, y no existen documentos con comprobantes sobre su aplicación.

A todo ello se agrega la ayuda en dinero que la MSX, a través de la presidencia, le da a diversos grupos para fiestas religiosas y festejos cívicos, apoyos que después se promocionan como parte del respaldo de la empresa a “las tradiciones y cultura del lugar”.

Califican de propaganda falaz a la cual se han hecho eco “libros basura como el escrito por unas tales Marisol Sandoval e Isabel Carlín, y que incluso fue patrocinado por PACMYC. De forma por demás absurda, estas pseudoantropólogas hablan de los beneficios que ha traído la MSX a la población, entre otros el donarles dinero para sus fiestas supuestamente tradicionales.”

Con respecto al cura Leoncio Rivera, afirma el FAO, este se caracterizó por su incondicional apoyo a Minera San Xavier, aprovechando su investidura para influir sobre muchos pobladores y atacar a los opositores. Agregan que no es la única forma en que MSX utilizó a miembros del clero secular de la arquidiócesis de San Luis Potosí, recuerdan que Angel Candia Pardo y su esposa estuvieron involucrados en el Patronato Pro Restauración de la Catedral de San Luis, y consiguieron dinero para dicho objetivo.

Precisan que esto explica en mucho el cambio de postura del arzobispo de San Luis, Luis Morales Reyes, quien tras hacer manifiesta su preocupación por el proyecto de MSX en su plan pastoral, en 2006 cambió radicalmente y se manifestó de manera irresponsable en favor del proyecto.

Denuncian que la Minera San Xavier a través de la presidencia municipal ha continuado con la instalación de mallas ciclónicas de terrenos que no les pertenecen. El último caso lo tenemos con el terreno del difunto Pantaleón Barbosa, cuyo nieto, Jesús Barbosa, es el dueño legítimo, además de ejidatario opositor a MSX. Su terreno fue bardeado con malla ayer por órdenes del secretario del ayuntamiento, Víctor Gutiérrez Márquez.

Ex braceros, en el olvido de los gobierno estatal y federal: representante

Esperan tener mejor suerte con el gobernador electo, Fernando Toranzo

Fuente: La Jornada de San Luis


PAULINA BÁRCENAS

El gobernador del estado continúa haciendo caso omiso a las demandas de los ex braceros en el estado pues aunque en diversas ocasiones han tenido audiencias con el mandatario estatal aún no se les da una respuesta concreta a sus demandas. La desesperación es cada vez más para los afectados pues a casi un mes de que Marcelo de los Santos termine su gestión no se ha logrado una solución, lo que ya los ha llevado incluso a buscar el apoyo del gobernador electo Fernando Toranzo Fernández.

El ingeniero Jorge García, representante de los ex braceros y director de la Asociación de Defensa Permanente de los Derechos Sociales, consideró como una burla que hace dos meses se publicara en el Diario Oficial de la Federación que se les iban a entregar cuatro mil pesos anuales, cuando ellos están esperando que se les entreguen sus treinta y ocho mil pesos. Eso es una verdadera burla porque dinero sí hay, el gobierno federal tiene dinero mas no lo quiere gastar o distribuir en apoyo social, con cuatro mil pesos anuales lo que hacen es comprarse un kilo de tortillas por día, el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón una vez más se burla de los braceros”, expresaron.
Asegura que este es un problema que se encuentra estancado; “hoy venimos encabezando una marcha porque le queremos dejar un oficio al gobernador electo Fernando Toranzo para que nos dé una audiencia tan pronto entre en función por que durante los seis años de su mandato Marcelo de los Santos lo que hizo fue darnos atole con el dedo”, aseguró.

A pesar de que en diversas ocasiones el gobernador Marcelo de los Santos les otorgó audiencias en donde se le expuso la problemática de los braceros, solamente quedo en pláticas de trabajo pues los afectados nunca vieron respuesta alguna a su problema, pese a que el mandatario estatal se comprometió a crear un fidecomiso en beneficio de los ex braceros; “él siempre argumenta que nos quiere apoyar y nos escuchó muchas veces lo cual le agradecemos pero la realidad de las cosas es que él había programado que iba a dar un apoyo y se iba a crear un fidecomiso como se ha hecho en otros estados, sin embargo es algo que nunca se hizo a pesar de que también estuvimos en la Cámara de Diputados y también los diputados acordaron que iban a hacer un fidecomiso y al último no se hizo nada”.

Desgraciadamente esto no es una situación que afecte únicamente a los ex braceros de San Luís Potosí, pues los propios involucrados aseguran que el gobierno federal está actuando de manera errónea con este caso “sabemos que se registraron cerca de 175 mil braceros en todo el país sin embargo faltan muchos por registrarse, queremos que el gobierno federal abra una vez más la lista pues debe haber un padrón indefinido hasta que se cubran a todos los braceros” añadieron además ser objeto de discriminación, pues por su edad y falta de conocimientos son presa fácil de burlas por parte de las autoridades; “a los braceros se les ha estado discriminando porque no se les permite comprobar sus dichos de acuerdo al código federal de procedimientos, se les están exigiendo documentos originales y ellos de dónde van a sacar documentos originales, lo que queda claro es que el gobierno federal no tiene intención de cumplir y el estatal tampoco” añadieron.

Amenazan colonos y pescadores de la ribera de Cajititlán con tapar canal de aguas negras

También analizan irse del lugar antes de que se agudice la contaminación

Fuente: La Jornada de Jalisco


JORGE COVARRUBIAS

En el kilómetro 15 de la carretera Tlajomulco-Cajititlán se alcanza a divisar la laguna del mismo nombre, que semeja un enorme espejo de agua, a pesar de que las lluvias no han sido tan copiosas en este temporal.

Rodeada de cerros verdes, aire limpio y abundante vegetación, parecería ser el sitio ideal para establecer una residencia toda la vida. Sin embargo, desde hace un año los pobladores de las delegaciones de San Miguel Cuyutlán y Cuexcomatitlán han denunciado la grave contaminación del vaso lacustre mediante un canal que construyó el Ayuntamiento de Tlajomulco para desfogar las aguas residuales de los nuevos fraccionamientos y en algunos casos las descargas residuales.

Los residentes valoran dos opciones: tapar el canal con arena y escombro o marcharse del lugar antes de que la contaminación se torne más aguda.

Por lo pronto, dice el presidente de la Asociación de Colonos Coyotl del fraccionamiento Las Gaviotas, Norberto Clark, que ya no soportan el hedor que emana del canal. “La gente se ha enfermado”, resalta.

“Nos duelen los ojos, nos duele la cabeza, hay vómitos, etcétera, etcétera. Porque acuérdate que en 15 minutos se acostumbra el olfato a ya no distinguir los malos olores, pero a mí inclusive un perro se me murió porque salió y bebió agua y se enyerbó”, dijo el representante vecinal.

La contaminación no ha llegado a los límites del municipio de El Salto, donde se han registrado casos de personas con cáncer e insuficiencia renal; sin embargo, Clark no descarta que pudiera haber situaciones semejantes que no se hayan reportado porque la gente de este lugar, asegura, es más reservada.

Las Gaviotas, en la delegación de San Miguel Cuyutlán, es un fraccionamiento con casi 15 años de antigüedad que colinda con la laguna de Cajititlán. A unos metros de las primeras viviendas se encuentra el canal de aguas sucias, que los vecinos suponen provocó la mortandad de peces registrada el pasado 11 de agosto.

Sus residentes recuerdan que el atractivo de vivir rodeados de vegetación y aguas cristalinas que bajaban de los cerros a raudales, los motivó a comprarse un “terrenito” e irlo edificando poco a poco. Hoy, dice Nancy Gámez, una de las vecinas, ni siquiera tienen agua potable para bañarse.

“Nos dañaron la bomba de agua potable, el pozo que teníamos era un pozo con agua limpia, que era con el que surtíamos el agua para todos, aquí en el fraccionamiento, y ese pozo se dañó. Nos dañaron la bomba”, dijo.

“Se baña uno en la Laguna y parece manteca”, agregó uno de los pescadores que acudió para inconformarse.

La construcción del canal inundó además los terrenos de otros residentes que aún no empiezan a edificar, y es muy probable que no puedan hacerlo, dice Nancy, porque esos predios ya no sirven para vivienda.

Vender sería una opción, pero con el tamaño de la contaminación a cuestas, nadie querrá comprarles, precisa otra de las vecinas.

Ahora el municipio de Tlajomulco ni siquiera les quiere llevar agua potable a través de pipas.

Clark menciona –sin estar seguro– que alrededor de 243 fraccionamientos vierten sus aguas negras al canal en litigio, y de ahí sigue su trayectoria hasta la Laguna de Cajititlán.

Las aguas negras dañaron el transformador que bombea agua potable a las viviendas y a una arboleda compuesta por tules.

Ante la alerta sanitaria, la Asociación de Colonos se constituyó en asamblea permanente y cada semana se reúne para tomar decisiones. En la última de ellas, y como una medida drástica ante el desdén de las autoridades, se consensuó rellenar el canal con arena y escombro.

Ayer sería el día en que tres camiones descargarían el material sobre el conducto, pero nunca llegaron.

A unos metros del fraccionamiento sobre la mencionada carretera, el Ayuntamiento de Tlajomulco construye una planta de saneamiento de aguas negras, pero no se incluirán las del canal en conflicto.

“Desde ahorita se los digo, esa planta de tratamiento será un elefante blanco”, vaticina el líder vecinal.

Para los pescadores no es menor la contaminación de la Laguna. Del vaso lacustre depende la economía y alimentación de casi 200 familias que viven en la ribera.

La pesca ha disminuido, reconoce Ramón Parrilla, pescador de la delegación de San Juan Evangelista.

“Se nos va a terminar la fuente de trabajo, ése el problema y el pendiente de la gente”, señala.

Comenta que se han hecho pruebas toxicológicas a los peces y todavía son consumibles, pero la interrogante es por cuánto tiempo.

En la actualidad se pesca mojarra, tilapia, huachinango, charal y una clase de pez verde, cuyo nombre no recuerda el lugareño.

Cuando no se logra colocar el producto en los mercados de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el pescado sirve para el autoconsumo.

“Si ellos (los colonos) apoyan a la gente de los pueblos ribereños, por qué no apoyarlos a ellos, es un vaso regulador de aquí, se contamina el lago, se contaminan todos los pueblos”, asevera.

La cobertura europea de prensa a la cumbre de Norteamérica: ¿cómo manejar la guerra en México?


Fuente: La Jornada de Jalisco

DANIELA MORALES Y ALBERTO BETANCOURT (Especial para )

De acuerdo con la prensa europea, mientras la cumbre de América del Sur discutía cómo contener el embate estadunidense, materializado por la instalación de nuevas bases militares en Colombia, la Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte enfrentó serios dilemas, entre los que destacaron: ¿qué estrategia seguir en la guerra contra las drogas en México?, y cómo detener la influencia geopolítica de Hugo Chávez?

The Independent: amigos, pero en terreno minado

Las relaciones personales entre los presidentes Calderón, Obama y Harper son excelentes, pero afrontan temas explosivos en el contexto de una grave crisis mundial. Por ejemplo, el Congreso estadunidense violó una disposición del TLCAN, e impidió la entrada de camiones mexicanos a Estados Unidos; adicionalmente, el presidente Obama aprobó un enorme paquete de estímulos proteccionistas que ha sido objetado por los gobiernos de Canadá y México, pero el tema estelar es el narcotráfico, en el cual Calderón obtuvo un gran triunfo al conseguir el espaldarazo brindado por sus dos homólogos cuando contemporizaron con su anfitrión y consideraron que los reportes sobre abusos y tortura cometidos por el Ejército Mexicano “han sido exagerados”.

The Times: las manos atadas de Obama

Este diario de tinte conservador consideró que el presidente estadunidense tendrá pocas posibilidades de cumplir su promesa de presionar al Congreso de su país para desbloquear la ayuda prometida a México, para enfrentar a los cárteles de la droga. Muchos demócratas desaprueban los “duros métodos” del señor Calderón. El diario, de talante conservador, destacó que la “bonita relación” que “los tres amigos” mostraron frente a las cámaras, contrasta con el temor real de la “alarmante extensión” trasnacional de los cárteles de la droga, asentados actualmente en 230 ciudades de Estados Unidos, y en un marco en el que “las autoridades de Estados Unidos saben de la corrupción que pernea en la policía mexicana y en el Ejército”, aseveró el influyente rotativo británico.

The Guardian: cansados de hipocresías

En la única referencia a la crisis política de Honduras que se encontró en la prensa británica, se destacó que el presidente de Estados Unidos acusó de hipócritas a quienes lo han criticado por no haber hecho lo suficiente por la reinstalación del presidente Manuel Zelaya: “las mismas personas que piden a Estados Unidos dejar solos a sus vecinos hemisféricos están acusando ahora a Washington de ignorar Honduras”, señaló Obama, al tiempo que Sthepen Harper lo respaldó aseverando que si él fuera “americano” estaría cansado de ese tipo de hipocresía.

Il Manifesto: motivos para la fricción trilateral

Existen muchos motivos para el roce entre los tres presidentes, dice la nota de Geraldina Colotti, “Obama in Centroamérica” (Il manifesto, 08/agosto/09). Una de las principales preocupaciones radica en que la estrategia del presidente Felipe Calderón ha sido fehacientemente ineficaz para contener la violencia de los cárteles de la droga, la cual ha cobrado 10 mil víctimas en 2008, y ha ramificado sus acciones a Canadá e incluso a África. Obama ha prometido aumentar la ayuda económica, pero a condición de contener las violaciones a los derechos humanos, pero el senador estadunidense Patrick Leahy ha bloqueado 100 millones de dólares por los numerosos reportes de violaciones a los derechos humanos. Aunque Obama condescendió y se retractó de renegociar el TLCAN, el hecho es que éste ha vuelto mucho más vulnerable a México, cuya industria maquiladora (fórmula para la explotación intensiva de la fuerza de trabajo) reporta bajas notables por la crisis estadunidense.

Le Monde: ser o no ser, dos imperativos contradictorios

De acuerdo con la nota de Sylvain Cypel, publicada el 11 de agosto, el tema de Honduras envenenó la buena relación entre los tres dirigentes. Obama reiteró su condena al golpe y dijo que era ilegal, pero aun cuando cuidó la forma, fue ambiguo, pues su declaración sobre la hipocresía de quienes piden más acción y más lejanía, dejó entrever que no usará todo su poder para apoyar al depuesto Manuel Zelaya. Al parecer existen disensiones al interior de la diplomacia estadunidense sobre dos “imperativos” contradictorios: condenar el golpe o contener a Hugo Chávez.