martes, 13 de abril de 2010

Agenda Ciudadana de “Agua, Ríos y Pueblos”


Difusión Cencos México D.F., 13 de abril de 2010
Boletín de prensa
Agua, Ríos y Pueblos

El objetivo de la exposición fotográfica “Agua, Ríos y Pueblos” es presentar de manera gráfica algunas luchas surgidas en el mundo relacionadas con la defensa de los ríos y en contra de grandes obras hidráulicas que amenazan pueblos enteros.

Desde un inicio la exposición ha sido concebida como un homenaje a quienes luchan en el mundo por defender sus ríos y su gente, con el propósito de superar la invisibilidad y el silencio. En esta exposición, los afectados cuentan sus historias y comparten sus vivencias a través de imágenes y relatos profundamente cargados de significados y de sentido. En cada uno de los casos presentados son evocadas todas aquellas experiencias que han marcado su vida y que han formado parte de su lucha diaria por preservar sus ríos, sus pueblos, sus formas de vida y su historia.

Agenda Ciudadana de “Agua, Ríos y Pueblos”.

La Agenda Ciudadana dará inicio a sus actividades el 14 de abril, a las 13:00 horas en el Auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, presentando la mesa redonda titulada “El Derecho Humano al Agua Potable”, en donde contaremos con los siguientes ponentes:

Pedro Arrojo. Director de la exposición “Agua, Ríos y Pueblos” y Premio Goldman 2003. Javier Bogantes. Presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua. Rosario Ibarra. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Samuel Ruiz. Obispo, miembro del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Martha Delgado. Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Como moderador estará el periodista Javier Solórzano.

La Agenda Ciudadana tiene como principales sedes la Casa Rafael Galván que pertenece a la UAM (Zacatecas No. 94, Col. Roma.) y el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM (Torre II de Humanidades 4to piso. C. U. UNAM).

Durante el transcurso de los dos meses, la Agenda Ciudadana contará con la presencia de invitados internacionales dentro de los que podemos destacar a Pedro Arrojo (España), presidente de la exposición Agua, Ríos y Pueblos y Premio Goldman 2003; Javier Bogantes (Costa Rica), presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua; Patrick McCully (Estados Unidos) presidente de International Rivers; Luis Infanti (Chile) miembro de la plataforma Patagonia sin Represas; Francois Houtart (Bélgica) profesor de la Universidad Louvain, y fundador del Foro Social Mundial; Ever Piche (El Salvador) miembro del Foro Mesoamericano de los Pueblos.

Dentro de las actividades contaremos con la presencia de los opositores a las presas de La Parota en Guerrero; de Arcediano, Zapotillo y La Yesca en Jalisco; y de Paso de la Reina en Oaxaca. De igual manera estarán presentes los afectados por la contaminación del río Santiago en Jalisco; por las Granjas Carroll en Veracruz, por las inundaciones de Chalco en el estado de México y los afectados ambientales del oriente de Michoacán. Asimismo, Estarán dando su testimonio las mujeres mazahuas del estado de México, el movimiento de los 13 pueblos de Morelos, los chinamperos de San Gregorio, San Luis y Xochimilco en el D.F., los opositores a la Minera San Xavier en San Luis Potosí y a la privatización del agua en Saltillo.

Actividades:

• La Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua durante dos semanas estarán coordinando mesas de trabajo, talleres, presentaciones de casos y de videos documentales con las temáticas centrales de la exposición. De igual manera, han coordinado el Encuentro Nacional de Abogados Ambientales, quienes sesionaran durante dos días intercambiando opiniones, puntos de vista y experiencias.

• La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, durante una semana presentará casos nacionales en voz de los propios afectados.

• Diversas organizaciones sociales, culturales, ambientalistas, de derechos humanos, de capacitación y formación socio-ambiental, participaran de manera independiente con la presentación de conferencias, talleres y mesas redondas.

• La UAM y la UNAM, a través de sus centros de investigación han coordinado mesas y debates, que contará con reconocidos académicos e investigadores que abordarán temáticas tales como: la sustentabilidad hídrica en el Valle de México y la política de acceso al agua en la ciudad de México; el agua y la resolución de conflictos sociales; los movimientos sociales y derechos humanos en temas de agua; y el cambio climático.

• La casa Lamm y La Jornada, presentarán dos mesas sobre el movimiento mexicano de afectados por las presas y sobre los impactos sociales, ambientales y la resistencia anti-represas en el mundo, las cuales contarán con representantes de las luchas en contra de las presas en México y en América Latina.

• La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, durante dos días debatirán sobre el Derecho Humano al Agua en la ciudad de México.

• Como parte de la Agenda Ciudadana se desarrollará un ciclo de cine documental “Agua, Ríos y Pueblos”. Se presentarán 25 videos documentales, nacionales e internacionales, con la temática de la problemática del agua y las luchas del agua en el mundo. El ciclo de cine se estará presentado en tres sedes distintas: Faro Tláhuac, Quinta Colorada en Chapultepec y la Facultad de Economía de la UNAM.

Personas presentes en la conferencia de prensa:

- Dr. Pedro Arrojo Agudo. Director de la exposición.
- Lic. Martha Delgado Peralta. Secretaria del Medio Ambiente del GDF.
- Arq. Jorge Legorreta. Representante en la conferencia de la UAM.
- Dr. Gian Carlo Delgado. Represente en la conferencia de la UNAM.
- Lic. Brenda Rodríguez. Representante en la conferencia de la Coalición de Organizaciones Ciudadanas por el Derecho al Agua (COMDA).
- Mtro. Octavio Rosas Landa. Representante en la conferencia de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

http://www.aguariosypueblos.org/

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Realiza careo el líder del SME ante juzgado de distrito


Arturo Alfaro- El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas de la división Nuevo Necaxa, Domingo Aguilar Vázquez, se presentó en las oficinas del Juzgado Décimo de distrito, ubicado en Ciudad Judicial donde realizó un careo con las autoridades de justicia en relación a su última detención por parte de policías ministeriales el fin de semana anterior.

Durante el careo, Aguilar Vázquez alegó en su defensa no haber amenazado a los empleados de Sepomex para dejar de repartir los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad para la región de Ahuazotepec, Huauchinango y Juan Galindo.

Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: AMLO TV

Asesinato colateral o usted disculpe



El pasado 5 de abril la ONG WikiLeaks dio a conocer un video donde se aprecia como un grupo de civiles desarmados, entre ellos dos empleados de la Agencia de Noticias Reuters y dos menores de edad que resultaron heridos, eran masacrados desde un helicóptero del la Fuerza Aérea de los EE.UU. El crimen ocurrió en el año 2007 y en aquel entonces el Gobierno Estadounidense calificó el hecho de un daño colateral, ya que habían sido víctimas de un fuego cruzado entre soldados americanos e insurgentes iraquís.

En tanto, al día siguiente de este escándalo contra el militarismo norteamericano, en México el Ejército no se quedaba atrás y daba una de las más brutales muestras de lo que al Sur del Río Bravo entendemos por daño colateral. Una familia era ametrallada dentro de su vehículo al pasar por un retén del Ejército, a pesar de que los adultos hicieron señas para indicar que eran civiles desarmados y que a bordo del vehículo se encontraban menores de edad, los militares mexicanos respondieron con fuego de fusiles de asalto e incluso con una granada. El tiroteo cesó hasta que otro grupo de militares intervino y pidió disculpas por lo sucedido, lamentablemente hubo dos menores muertos y dos adultos heridos.

Aunque podían parecer hechos aislados, en realidad ambos eventos son expresión de un mismo fenómeno: el militarismo promovido por Norteamérica para proteger sus intereses estratégicos. Recordemos que actualmente Canadá, EE.UU. y México conducen su política interior y exterior en función del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, acuerdo que sin tener el estatus de tratado internacional (no fue aprobado por el poder legislativo de ninguno de los 3 países) es evidente que tiene más fuerza en los hechos que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Con el ASPAN, los gobiernos de norteamérica buscan crear un frente común contra otras potencias económicas como son la Comunidad Europea, el Mercosur y las naciones asiáticas, este frente incluye la defensa armada de sus intereses económicos, no de sus pueblos claro está sino de las principales empresas de los tres países.

Tanto en Canadá como en EE.UU. se han acotado los derechos humanos de sus ciudadanos a través de reformas legislativas aprobadas después del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En el caso de México, la resistencia popular frenó parcialmente la aprobación de la llamada Ley Gestapo, sin embargo, con el pretexto del narcotráfico, el gobierno de Calderón echó mano del Ejército para realizar tareas de Seguridad Pública que se han traducido en violaciones constantes a los derechos humanos y una muy peligrosa criminalización de la protesta social.

Por lo tanto, no es extraño que la forma de operar de las fuerzas armadas de los tres países sea muy similar, tanto en las Guerras de Afganistán e Irak, como en la Narcoguerra Mexicana, los militares están aterrorizando a la población civil más que luchando con terroristas y narcotraficantes. Mientras el número de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos se eleva, también lo hacen el tráfico de drogas y armas, para muestra dos botones: Durante el gobierno Talibán en Afganistán el tráfico de morfina casi se erradicó, pero con la invasión norteamericana este creció a niveles aun mayores a los del periodo anterior al gobierno Talibán. En México, tal parece que el único favorecido de la narcoguerra es el Cartel liderado por el Chapo Guzmán, quien recientemente fue catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo, por la Revista Forbes.

Mientras tanto, familias de las víctimas fatales de estas guerras, reciben con impotencia la explicación de que todo fue un daño colateral y un usted disculpe.

L.D. Jesús A. Palma M.

Ciudad de México, Sede del Gobierno Legítimo de México, a 13 abril de 2010.

IMPARABLE VIOLENCIA: AHORA CONTRALÍNEA Y DOS PERIODISTAS DE MICHOACÁN



BOLETÍN DE PRENSA


* Van cinco periodistas asesinados en 2010

México, D. F., a 12 de abril de 2010

La violencia contra el gremio periodístico se incrementa cada día y se ha vuelto imparable como lo confirman los hechos de las últimas horas y días en los que fueron allanadas las oficinas de la revista Contralínea, además del asesinato y desaparición de dos periodistas en el estado de Michoacán.

Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión dijo que los hechos violentos en contra de la Libertad de Expresión “no pueden oscurecer el futuro de nuestro país ni mucho menos romper los sueños de alcanzar una sociedad verdaderamente democrática”.

El periodista Miguel Badillo Cruz dio a conocer a la Fundación para la Libertad de Expresión que esta mañana al llegar a las oficinas de la revista Contralínea encontraron que las cerraduras de la oficina ubicada en un cuarto piso habían sido violadas, varias puertas y cajones de escritorios fueron rotos y sustraída información contable y administrativa, además de sustraer teléfonos celulares y equipo de cómputo, entre ellas su computadora personal.

Badillo Cruz, Director General de Contralínea, recordó que en dos ocasiones anteriores hubo acoso con supuestas órdenes judiciales por parte de empresarios ligados a la paraestatal Petróleos Mexicanos, pero esta ocasión ya es un abierto acto delicuencial “y lo que nos queda muy claro es que no se trata de un robo del fuero común, sino que esto es un ataque dirigido porque estamos en un edificio de varios pisos y la única oficina violentada fue la nuestra”.

En un comunicado de la revista, se recuerda que “actualmente, Contralínea enfrenta seis demandas civiles y una penal interpuestas por los corporativos Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine”, además de que esta publicación con sede en la ciudad de México y ediciones en varios estados de la República “investiga temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, los delitos de cuello blanco, narcotráfico, lavado de dinero, así como temas sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla”.

Asimismo, recuerda el comunicado de Contralínea que “el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009, en la cual determinó que los poderes federales Ejecutivo y Judicial violaron los derechos humanos de los reporteros de la publicación”, donde “se acreditó como formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Petróleos Mexicanos”.

REPORTERO DESAPARECIDO EN MICHOACÁN

Conocido por la publicación de los conflictos sociales que en la meseta purépecha, en Michoacán, han protagonizado indígenas campesinos contra talamontes, el periodista Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, desapareció el 6 de abril último.

Del corresponsal del periódico Cambio de Michoacán se perdió toda comunicación y rastro desde esa fecha cuando, a las 13 horas, se dirigía a las instalaciones de la Universidad Nacional Pedagógica, en el municipio de Paracho.

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) lamenta la desaparición del periodista de extracción purépecha, quien es parte de esta comunidad y cuyo trabajo en el referido medio es bien conocido, tanto por sus vecinos campesinos, como por quienes se dedican a la deforestación en la zona.

Ramón Ángeles Zalpa, especializado en política, seguridad pública, temas agrarios y ambientales, hacía poco había informado del ataque de un grupo armado contra una familia indígena en los límites de los municipios de Angahuen y San Juan Nuevo Parangaricutiro.

Tras ese trabajo, el viernes 2 de abril comenzaron a recibirse llamadas telefónicas en su domicilio, la última de las cuales contestó el propio Ángeles Zalpa y, como sus familiares en las anteriores, tampoco escuchó voz alguna del otro lado de la línea; cuatro días después se produjo su desaparición.

El trabajo de Ramón Ángeles Zalpa no sólo daba cuenta de la lucha de indígenas campesinos de la región en contra de talamontes, sino también de la complacencia de autoridades municipales y estatales que permitían el saqueo de la riqueza maderera de la región.

Como en el caso de la desaparición de otra periodista, María Esther Aguilar Casimbe, ocurrida el 11 de noviembre último e igualmente colaboradora de Cambio de Michoacán, tampoco en éste se tiene evidencia de que la investigación demandada, realmente se lleve a cabo.

De la desaparición de Aguilar Casimbe ocurrida hace cinco meses, nada se sabe hasta esta fecha.

La Fundación para la Libertad de Expresión, que preside Armando Prida Huerta, sostiene que las autoridades legalmente constituidas están obligadas a poner un alto al método del terror que poderes, institucionales o no, utilizan para limitar o de plano detener la búsqueda de la verdad, que es substancia del periodismo.

COLUMNISTA ASESINADO

El cadáver del columnista, catedrático, notario y político, Enrique Villicaña Palomares, de aproximadamente 55 años de edad, fue localizado este domingo en la capital de Michoacán, luego de haber sido secuestrado el lunes 5 de abril y pese a que su familia habría pagado el rescate exigido para entregarlo con vida.

Además de notario y político, Villicaña Palomares fue Director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Secretario Académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Presidente del Patronato para el Rescate del Centro Histórico y Columnista de periódicos locales.

Fundalex expresa su preocupación por el clima de hostigamiento e inseguridad que pesa sobre los periodistas en Michoacán y el resto de la República, toda vez que la desaparición de Ángeles Zalpa, es la cuarta en Michoacán, desde 2006, y la décima a nivel nacional, desde 2000. Asimismo, el asesinato de Enrique Villicaña Palomares es el quinto en este año.

La Fundación para la Libertad de Expresión se suma a la exigencia de los familiares de los periodistas, así como del periódico Cambio de Michoacán y de diversas organizaciones, para que las autoridades locales esclarezcan cuanto antes el paradero de Ángeles Zalpa, encuentren a los asesinos de Enrique Villicaña Palomares y establezcan garantías reales al libre ejercicio del oficio periodístico.

También, considera inadmisible que las instituciones de seguridad del Estado se hayan vuelto tan débiles como para no poder garantizar el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de la sociedad, el de la libertad de expresión, al que han dejado vulnerable y, prácticamente, en estado de indefensión absoluta.

Difusión: AMLO TV

Fundamental, legislar sobre telecomunicaciones: OSC


Difusión Cencos México D.F., 12 de abril de 2010
Boletín de Prensa
OSC de defensa y promoción de derechos humanos

 La importancia de Legislar en material de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, fundamental para la democracia
 Legislar con enfoque la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad.

En el marco de la alternancia en el año 2000 se abrió la oportunidad de construir una nueva ley de medios de comunicación con enfoque integral, desafortunadamente esta iniciativa de dialogo concluyó en la decisión del Poder Legislativo hacia la "Ley Televisa"1

El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de la Quincuagésimo Novena Legislatura interpusieron un recurso de inconstitucional, lo cual llevo a que el 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará resolución, declarando inválidas algunas partes de las reformas a las Leyes Federales de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones. De los 46 artículos involucrados en la reforma de 2006 a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, 16 fueron impugnados y sólo ocho fueron afectados total o parcialmente por la Sentencia de la Corte. Asimismo, tras la declaración de invalidez, la Sentencia fue publicada el 20 de agosto de 2007 en el Diario Oficial de la Federación y el Senado de la República asumió la responsabilidad de ajustar el marco jurídico en ambas materias, basándose en los principios de legalidad, pluralidad, inclusión, transparencia y difusión, y asegurándose de atender -puntual e integralmente- los resolutivos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada finalmente se abrió la oportunidad de legislar en la materia, desde la sociedad civil ponemos en el centro que para legislar el impulso a: la pluralidad, la competencia, la calidad y la transparencia en los medios de comunicación y en los servicios de telecomunicaciones que recibe la sociedad. De impulsar una propuesta completa que rescate las preocupaciones sostenidas durante largo tiempo por profesionales y estudiosos de los medios, pero que además reivindica el legítimo interés de los empresarios de la comunicación para contar con un marco legal que les permita desarrollar sus actividades con libertad y en un contexto de diversidad.

Por ello, sostenemos que la iniciativa presentada el pasado jueves 8 de abril, en la que colaboraron diversos especialistas en la materia así como integrantes de organizaciones de la sociedad civil, recoge la integralidad que se necesita en este momento para el tema. Desde las organizaciones civiles, hacemos un llamado para legislar de manera integral en la materia, asimismo, estaremos pendientes de la discusión y observando el proceso así como las decisiones que se tomen.

Organizaciones:

Al Consumidor- Article 19 Oficina México y Centroamérica - Asociación Mexicana de Comunicadores e Investigadores de la Radio, AMCIR- Asociación Mexicana de Derecho a la Información , AMEDI – Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC - Calacas y Palomas -Católicas por el Derecho a Decidir - Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro - Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS - Colectivo 1060 - Comunicación Comunitaria - Mujeres en Frecuencia - Consejo Nacional para la Enseñanza y la investigación de las Ciencias de la Comunicación CONEICC - Federación Internacional de Periodistas -Federación Mexicana de Sociedades Cooperativas y Medios - Fomento Cultural y Educativo - Frente Nacional contra Wal-Mart - Frente por la Libertad de Expresión Alfredo Jiménez Mota - Revista Contralínea Sinaloa – GENES Mujeres Pro Salud - Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE - Letra S, Sida Cultura y Vida Cotidiana - Agencia de Información NotieSe – INCIDE SOCIAL - Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos - Poder del Consumidor - Paz con Democracia - Propuesta Cívica - SHOTTAMA - Sindicato de Radio Educación - Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa -Sociedad de ex alumnos del CUEC - Intermedios. Organización de Profesionales de la Comunicación - Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales - El Barzón Nacional – ANDEN - Radio la Voz de los Campesinos - Revista Zócalo - Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación - Servicios para una Educación Alternativa EDUCA / Oaxaca - Servicios y Asesoría para la Paz SERAPAZ - Ciudadanos En Movimiento por Tlalpan

1 El 11 de abril de 2006 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el Decrete por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones v de la Lev Federal de Radio v Televisión.

Fuente: CENCOS
Difusión: soberanía popular

Dilación de justicia para esclarecer agresiones en contra de defensores


Difusión Cencos México D.F., 12 de abril de 2010
Boletín de prensa
Red por la Paz en Chiapas

Las organizaciones civiles, que integramos la Red por la Paz en Chiapas, manifestamos nuestra preocupación por la dilación en la aplicación de justicia en torno a las agresiones a la integridad de Adolfo Guzmán Ordaz, Margarita Guadalupe Martínez Martínez, su familia y del equipo que colabora en la organización civil Enlace Comunicación y Capacitación AC, con sede en el municipio de Comitán.

Como organizaciones civiles hemos estado al pendiente de las denuncias que, desde el mes de noviembre del 2009, Enlace CC ha hecho públicas para denunciar los diferentes actos de amenazas, hostigamiento y ataques físicos que han recibido tras no aceptar desistir de la demanda penal y la denuncia pública.

Observamos con preocupación que la denuncia penal interpuesta se ha querido detener mediante amenazas, secuestro y acciones de tortura que ponen en riesgo la integridad emocional y física de Adolfo, Margarita, su familia y del equipo de Enlace Comunicación y Capacitación, AC. Al día de hoy persisten las amenazas y el hostigamiento contra los denunciantes y contra quienes aportan elementos para la investigación.

Expresamos nuestra preocupación por la falta de resolución del caso, que pone a las y los afectados en un estado de vulnerabilidad permanente. Por lo tanto solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional su solidaridad, seguimiento del caso y participación en las acciones de difusión.

Exigimos a las autoridades competentes y al gobierno chiapaneco y mexicano que:

• Cesen las amenazas de muerte y el hostigamiento contra Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y familia, así como los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, AC y de otras organizaciones civiles, sociales y personas que han manifestado su solidaridad y que se han involucrado en el caso para apoyar el esclarecimiento de estos hechos.

• Que se realice una investigación pronta, eficaz e imparcial que lleve a dar con los responsables de estos actos, sancionando a los autores materiales e intelectuales de los actos de allanamiento, amenaza, tortura y secuestro ocurridos desde el día 8 de noviembre de 2009 hasta la fecha.

Como defensoras y defensores de derechos humanos, vemos con preocupación la cada vez más recurrente criminalización del trabajo de defensa y acompañamiento que realizamos a distintas organizaciones y comunidades que apuestan a la transformación civil y pacífica en Chiapas.

Atentamente
Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)
Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)
Enlace, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)
Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)
Chiapas, México a 09 de abril de 2010

Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular

Oficio de Papel




* Fiscaliza Hacienda a políticos y funcionarios
* La lista de personas políticamente expuestas
* Reporte incriminatorio del lavado de dinero

Entre 2008 y 2009, la Secretaría de Hacienda generó mil 599 reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionados con las llamadas “Personas Políticamente Expuestas” (PEP´s). Al elaborar y presentar a los círculos de gobierno su más reciente evaluación sobre el problema del lavado de dinero y la posible vinculación de las esferas políticas del país, Hacienda insistió, sin embargo, en eufemismos.

En el documento destaca la importancia de continuar con la práctica de detección de anormalidades operativas u actividades “inusuales” de los PEP’s para inhibir el uso del sistema financiero mexicano para actos de probable corrupción; sin embargo, nunca llamó a estas prácticas actividades ilegales. Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) consideran una operación inusual aquella que no es común en el comportamiento de los clientes del mercado financiero, y que, de acuerdo con ciertas características, se puede presumir que el dinero proviene de actividades ilícitas.

Pero más allá de los calificativos eufemísticos, es un hecho, según las investigaciones gubernamentales, que fueron los políticos del mismo partido en el poder, el PAN, los que en su mayoría, casi el 30 por ciento de los políticos investigados, quienes omitieron reportar en sus declaraciones el manejo y depósito de efectivo en sus cuentas bancarias, bursátiles y de inversión.

La Unidad de Inteligencia Financiera se dio a la tarea de analizar las cuentas y movimientos bancarios para detectar posibles operaciones vinculadas con el blanqueo de capitales de 4 mil 56 candidatos de mayoría relativa; de 3 mil 134 candidatos de representación proporcional, un total de 7 mil 190 políticos que fueron colocados bajo la lupa de la Secretaría de Hacienda.

Como parte del proceso de revisión de las elecciones federales y el análisis de las operaciones de PEP’s en el sistema financiero mexicano realizado por la UIF, se procedió a buscar datos de operaciones inusuales reportadas por instituciones sobre candidatos a diputados.

Por su parte el Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó, además, que se examinara el comportamiento financiero de estos 7 mil 190 candidatos a diputados tanto propietarios, como suplentes clasificados por tipo de candidatura.

Hacienda justifica que de éstos 7 mil 190 candidatos investigados sólo se encontraron reportes de operaciones inusuales de 45 personas (menos del 1 por cientio). Además, aclara que el total de los reportes generados se presentaron, principalmente, por anormalidades operativas más que por ser PEP’s. Sin embargo, varios de estos reportes financieros en poder de esta columna revelan graves anomalías y confirman la complicidad de Hacienda para procesarlos penalmente por el uso de dinero sucio.

Según los doumentos oficiales, algunas operaciones revelan, a juicio de la propia SHCP, “hallazgos interesantes”. Por ejemplo, el perfil declarado al abrir la cuenta no contemplaba el perfil actual de manejo de efectivo. A pesar de ello, Hacienda encontró que el depósito promedio anual era de aproximadamente de 2.5 millones de pesos, pero va de los 80 mil hasta los 8.6 millones de pesos, con una gran actividad en efectivo.

Además, en algunos casos se utilizan pólizas de seguros para introducir el efectivo en una modalidad de inversión. Lo relevante, a pesar de que sólo reporta Hacienda a 45 personas con reportes inusuales, fue que sólo cuatro generaron una declaración fiscal de acuerdo con los recursos manejados. Al identificar el origen de los recursos, las investigaciones fiscales establecieron que los recursos provienen frecuentemente de instituciones políticas, asociaciones, gobiernos estatales y negocios propios.

De esas 41 personas que no justificaron el uso de efectivo, el 80 por ciento pertenece a los principales partidos: el Partido Verdad:10 por ciento; Nueva Alianza, 7 por ciento; Salvemos México (PT y PC) 7 por ciento; Convergencia 3 por ciento; PSD 3 por ciento; PAN 29 por ciento; PRD 12 por ciento y PRI 29 por ciento. La SHCP destacó que el periodo en el que se generaron los reportes de inusualidad operativa fueron en fechas diferentes a periodos electorales.

Los reportes incriminatorios

En agosto de 2009 esta columna y la revista Contralínea dieron a conocer que, con el propósito de impedir que dinero proveniente del crimen organizado sirviera para financiar campañas políticas, Hacienda llevaba a cabo investigaciones fiscales, financieras y de lavado de dinero precisamente sobre las PEP´s que pertenecían a todos los partidos políticos.

En esa ocasión informé como el diputado federal del PRI, Emilio Chuayfett Chemor, era uno de los muchos políticos que ahora son investigados por las autoridades financieras del país encargadas de prevenir e impedir que dinero sucio proveniente del narcotráfico, tráfico de armas, fraudes financieros y secuestros, sea utilizado para financiar las campañas políticas.

Chuayfett, según los reportes de la SHCP, realizó operaciones financieras en instituciones bancarias con operaciones del país por 17 millones de pesos, de los cuales algunos movimientos fueron depósitos en efectivo. Hacienda buscó el origen de esos recursos para descartar que no fueron resultado de alguna actividad ilícita. No obstante, el legislador no pudo convencer a las autoridades y en el expediente abierto en su contra se estableció que Chuayfett nunca aclaró plenamente el origen de dichos recursos, identificados como operaciones “inusuales” y “relevantes”.

La SHCP explica en el documento que da a conocer los resultados globales de su investigación con la intención de que las autoridades detecten y analicen casos de alto riesgo para que sean atendidos por la autoridad competente.

También, por primera vez, Hacienda revela la metodología de sus investigaciones. Explica que en la base de datos de la UIF están aquellos reportes que incluyen dentro de los campos de razón de “inusualidad” así como la descripción y ubicación de palabras clave relacionas con PEP’s. Así, de los reportes obtenidos se realiza un filtro para determinar cuáles clasifican dentro del concepto de personas políticamente expuestas. De esta forma, resultó que con la palabra clave “Gobierno” se generaron 641; con “Secretario”, 232; con “Pemex”, mil 193; con “Juez”, 182; “Diputado”, 112; “PEPS”, 111; “Servidor Público”, 98; “Ministerio Público”, 83; “Gobernador”, 37 ; “Político”, 27 y “Congreso”, 18.

Con la palabra “Gobierno” se encontró el 40 por ciento de los reportes generados, mientras que la palabra “Secretario” fue el 15 por ciento. Considerando la entidad federativa donde se localiza la sucursal que emite el reporte, se observa que es el Distrito Federal el que registra el mayor número de reportes de operaciones inusuales y preocupantes relacionadas con PEP´s (39 por ciento del total). En otras 12 se concentra el 80 por ciento de las operaciones detectadas con más de 30 reportes cada uno.

Considerando la entidad federativa de origen del titular de la cuenta, se observa que los reportes se generaron en su mayoría para sujetos del Distrito Federal, Zacatecas, Hidalgo y el Estado de México. Las autoridades financieras del país destacan, sin embargo, que no se observa una fuerte concentración de reportes de operaciones inusuales en algún estado en particular, pero que el mayor número de las reportadas se encuentran en Estado de México, Veracruz, Zacatecas y Chiapas.

Sobre el IFE, la SHCP precisó que la “inusualidad” de los casos revisados (91 por ciento del total) corresponde con un manejo irregular de cuentas personales en las instituciones financieras, al utilizarlas para un uso diferente al inicialmente convenido con las mismas y este comportamiento no se presenta necesariamente en periodos electorales.

El pasado 8 de abril Hacienda emitió un boletín en el que hace un recuento de sus acciones contra el lavado de dinero, y precisa que en los últimos dos años la UIF recibió un promedio anual de 45 mil reportes inusuales, y remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia, es decir 322 reportes menos que los registrados entre los políticos, lo que revelaría la concentración de actividades “inusuales” entre la clase política, en donde las operaciones de efectivo parecen ser una gran constante.

Pero México, dice la SHCP, está avanzando en el combate contra el lavado de dinero y ha dado muestra de ello en la presente administración de un compromiso internacional en la lucha contra el lavado de dinero, lo que se refleja en un incremento en los reportes de actividades financieras inusuales que obedece, tanto a las acciones de revisión iniciadas por la UIF, como por la incorporación de nuevos actores al monitoreo de estas actividades, como son los transmisores de dinero y centros cambiarios.

En 2008, refiere Hacienda, se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los 7 mil 867 reportes.

Precisa que el volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero. Tomando en cuenta los resultados de los análisis e investigación de la clase política, también diríamos que depende del desarrollo de su democracia pero sobre todo de la honestidad de su clase política.

La SHCP también precisa otra clasificación que analizaremos más adelante: la participación de directivos del sector financiero. De hecho, si en las operaciones identificadas como inusuales interviene algún empleado de la institución, ésta debe elaborar un Reporte de Operación Preocupante. En 2008 se recibieron un total de 96 reportes de operaciones preocupantes, en 2009 se llegó a 119 y en el presente año se han recibido 28 reportes de este tipo.

Cabe señalar que una operación o comportamiento inusual detectado por las instituciones financieras puede o no referirse a operaciones originadas por actividades ilícitas, esto se debe a que las instituciones no tienen disponible toda la información necesaria para un análisis integral, es por ello que se hace necesaria la intervención de la UIF, la cual tiene mayor información, lo que le permite identificar con mayor grado de certeza aquellas operaciones que pudieron ser originadas en actividades lícitas.

Entre 2008 y febrero de 2010, la UIF remitió a las autoridades encargadas del combate a este tipo de delitos financieros un total de mil 277 Reportes de Inteligencia, 938 derivados de peticiones que la autoridad procuradora de justicia realizó y 339 derivados de análisis de la propia UIF, que se consideraron podrían estar relacionados con ilícitos.

En estos Reportes de Inteligencia se informó a la autoridad sobre 3 mil 495 sujetos, con 12 mil 536 Reportes de Operaciones Inusuales y 196 Reportes de Operaciones Preocupantes reportados por las instituciones financieras.

El lavado de dinero y las remesas

A las compañías especializadas en el envío de remesas así como los bancos que atienden este mercado, no sólo les está afectando la crisis económica sino también las fluctuaciones en el tipo de cambio y las medidas para combatir y prevenir el crimen organizado. Una de las empresas que controla más del 17 por ciento del mercado de remesas entre México y Estados Unidos, Western Union, ha invertido más de 40 millones de dólares en garantizar los controles necesarios para evitar que el dinero ilícito ingrese a sus circuitos de transferencia. Además durante los próximos dos años espera invertir más de 23 millones de dólares para garantizar la seguridad del negocio.

A pesar de ello, las compañías de este sector esperan mayor regulación por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos como por ejemplo: prohibir transacciones entre ciertas ciudades de México y Estados Unidos; imponer requisitos adicionales de capitalización para proveer los servicios de transferencia de efectivo; limitar los márgenes de ganancia o las comisiones generadas en el negocio de transferencia de efectivo; solicitar información adicional a quienes soliciten los servicios de transferencias; exigir que el monto de las transferencia permanezca en fideicomisos cuando se trate de grandes sumas así como limitar el número de transferencias a un individuo. Esto ya sucedió en Estados Unidos en donde se modificaron las reglas para ciertos servicios de pagos directos.

Fuente: Contralínea
Difusión: Soberanía Popular

Por segunda vez, detienen a líder del SME; ahora la PGR lo retuvo por 17 horas



ARTURO ALFARO GALÁN

Elementos de la Policía Federal aprehendieron, por segunda ocasión en el año, a Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), por la presunta violación a la Ley General de Vías de Comunicación, así como hostigamientos y amenazas en contra de funcionarios públicos del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

No obstante, Aguilar Vázquez salió libre 17 horas después de su detención, luego de pagar una fianza de 20 mil pesos, fijada por el Juez Décimo de Distrito, José Luis Vázquez Camacho, quien procesó al líder de los electricistas en la averiguación previa número PGR/PUE/HU/24/2010.

La fianza fue pagada por integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap) y electricistas de la Sierra Norte de Puebla, quienes permanecieron en protesta en las afueras de Ciudad Judicial desde el mediodía hasta el momento de la liberación del líder del SME.

De acuerdo con información de la delegación en Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR), Aguilar Vázquez fue detenido por los uniformados el mediodía del viernes en las afueras de los juzgados federales, ubicados en el municipio de San Andrés Cholula, cuando salía de las oficinas en las que se presenta semanalmente a firmar su libertad provisional conferida en marzo pasado.

Domingo Aguilar, según la PGR, cometió violaciones a la Ley General de Vías de Comunicación, al encabezar las acciones de resistencia el pasado 16 de marzo –durante la huelga político nacional del SME– en la que se bloquearon los accesos de las 17 subestaciones de la empresa LFC en la región de Nuevo Necaxa y Huauchinango, en Puebla.

Además de haber bloqueado, durante dos noches continuas, el acceso vehicular a la comunidad de Nuevo Necaxa, como estrategia de presión para que el gobierno federal retire a los elementos de la Policía Federal que resguardan la paraestatal, luego del decreto del pasado 10 de octubre.

Asimismo, la PGR indicó que presuntamente Aguilar Vázquez hostigó y amenazó a los empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) en Nuevo Necaxa y Huauchinango, a quienes advirtió no entregar los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los habitantes de la zona, pues de lo contrario “se las verían con él”.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, en reiteradas ocasiones Aguilar Vázquez ha hostigado y amenazado a los trabajadores de Sepomex, lo que en reincidencia se constituye como un delito penado por ley.

En lo que va del año es la segunda orden de aprehensión ejecutada en contra del líder de los electricistas de la Sierra Norte de Puebla, quien fue procesado en la averiguación previa 01/2010 el pasado 21 de febrero.

En esa ocasión, Aguilar Vázquez fue detenido por robar alrededor de 3 mil recibos para el cobro de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad, destinados para los usuarios de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) en la región de Nuevo Necaxa, Huauchinango y Ahuazotepec; sin embargo, tras pagar una fianza de 5 mil pesos recobró su libertad personal, 22 horas después de su aprehensión.

Nodho acusa represión

En relación a la segunda detención de Domingo Aguilar Vázquez, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Nuevo Necaxa, perpetrada el pasado viernes, el representante de la organización Nodo de Derechos Humanos (Nodho), Eduardo Almeida Sánchez, acusó que el gobierno federal ha iniciado con una estrategia de intimidación y debilitamiento del movimiento de los electricistas de la Sierra Norte, luego de que han sido los únicos que mantienen resistencia a las políticas laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

“Esta nueva detención se da tras un fuerte operativo policíaco que reprimió violentamente las movilizaciones del SME en varios puntos del país, incluyendo Nuevo Necaxa el 16 de marzo. Nosotros tememos por la seguridad de Domingo Aguilar Vázquez y se teme que no sea respetado el debido proceso en sus casos, por eso vemos con preocupación el constante hostigamiento jurídico por parte de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación en contra de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas”, acotó en un comunicado.

Por último, el representante del Nodho exigió al gobierno federal brindar las garantías de seguridad necesarias, dejar de hostigar a los electricistas y detener a “los verdaderos delincuentes que andan libres por las calles”.

Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular

AMENAZAN A MIEMBROS DEL COMITE SALVEMOS TEMACA ACASICO Y PALMAREJO, A ACTIVISTA DE DERECHOS HUMANOS Y A PERIODISTA POR EL CASO EL ZAPOTILLO

Boletin de Prensa 9 de Abril de 2010

Fuente: CDHBCASAS
Difusión: Soberanía Popular

Condena el Congreso Nacional Indígena el hostigamiento del gobierno jalisciense

Repudia la represión contra wixaritari, cocas y nahuas

JUAN CARLOS G. PARTIDA

El Congreso Nacional Indígena (CNI) condenó las acciones del gobierno de Jalisco contra los wixaritari que habitan la zona norte del estado, los cocas en la comunidad de Mezcala, que incluye la histórica isla en el lago de Chapala, y los nahuas en la zona de conflicto de límites territoriales con Colima, al sur de la entidad. La declaración se dio tras celebrarse la 27 reunión plenaria de la Región Centro Pacífico del CNI, en el pueblo wixárika de Uweni Muyewi o Bancos de San Hipólito, del municipio de Mezquital, Durango.

Entre otros temas, el CNI condenó la “presión y hostigamiento” de las autoridades jaliscienses contra los wixaritari, tras la oposición india a que se construyera en su territorio el tramo casi final al norte de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla. También repudia la persecución a tiros por parte de policías de Huejuquilla contra un grupo wikárika a bordo de una camioneta, y pide que se ponga freno a los despojos territoriales en Mezcala y en Ayotitlán.

La llamada Declaración de Uweni Muyewi suma diez naciones indígenas de 11 estados del país. Fue firmada el pasado 28 de marzo por autoridades y representantes indígenas pertenecientes a los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purépecha, triqui, hñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala.

“Acompañados en el camino por la luz de la luna en crecimiento, que marca el inicio de la siembra y nos otorga la fuerza y la buena palabra para platicarnos y hacer acuerdos en el Congreso Nacional Indígena, que es la casa de nuestros pueblos”, inicia la redacción del manifiesto.

Modernidad

El documento denuncia que Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, comunidad del pueblo wixárika, fue reprimida en su peregrinación tradicional cuando se encontraba en una ceremonia en el lugar sagrado de Wirikuta y ha sido objeto de múltiples agresiones y hostigamientos desde que, haciendo uso de su derecho territorial y autonomía, se opuso y detuvo la imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla, en 2008.

“Tal es el caso de la represión laboral contra los comuneros profesores que fueron destituidos y cambiados de puestos y zonas en complicidad con el sindicato y autoridades educativas, difamación y hostigamiento contra sus autoridades y amenazas de muerte contra comuneros por grupos paramilitares organizados por el mal gobierno”, apunta.

Advierte que prevalece el intento de imposición de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en territorio de la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, “mediante la represión, fraudes y mentiras del mal gobierno, por lo que señalamos que como pueblos indígenas organizados no permitiremos este despojo, sabiendo que la defensa del territorio debe ejercerse por todos los medios necesarios, defendiendo también los lugares sagrados y su peregrinación ancestral”.

También recuerda que apenas el día 18 de marzo anterior, la policía municipal de Huejuquilla, “en una maniobra de asaltantes, siguió y disparó contra un vehículo de la comunidad de Tatei Kie (San Andrés Cohamiata)”, en el poblado llamado San Antonio de Padua, Zacatecas, hiriendo de bala a cuatro comuneros, en un tema que aún continúa impune.

“Condenamos el ataque armado que como delincuentes realizaron policías de Huejuquilla, Jalisco, contra comuneros de la comunidad wixárika de Tatei Kie, advirtiendo que es una amenaza y provocación contra todo el pueblo wixárika, por lo que responderemos en consecuencia”, dice el acuerdo.

Además, denuncia lo que considera una embestida de invasores “que roban parajes del territorio de la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco, como es El Pandillo, La Zalatita, La Cuesta, La Clavillina, teniendo a personal armado vigilando”.

En ese sentido, el CNI hace responsable de cualquier atentado en contra de los comuneros y autoridades cocas al gobierno jalisciense, reiterando que su lucha es por la conservación de su territorio.

“Asimismo, volvemos a reiterar que no permitiremos que el corazón del pueblo coca, la isla de Mezcala, sea convertida en un atractivo turístico con el pretexto del festejo del Bicentenario”.

El CNI afirma que continúa y se intensifica la invasión por parte de empresas mineras en el territorio de la comunidad nahua de Ayotitlán, al sur de Jalisco, además de la ocupación de las tierras de la comunidad nahua de Tuxpan por parte de empresas aguacateras y de invernaderos, por lo que exige “el respeto a la autonomía territorial del pueblo nahua del sur de Jalisco”.

La declaración, que incluye también condenas a los excesos contra comuneros nahuas de Santa María Ostula, en Michoacán, triquis, mepha, mixteco, amuzgo, rarámuri, entre otras naciones de la región, puede consultarse en el sitio electrónicohttp://enahmx.wordpress.com/2010/04/07/acuerdos-de-la-xxvii-reunion-ampliada-del-congreso-nacional-indigena-en-la-region-centro-pacifico/.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

Mixtecos comienzan un movimiento en Estados Unidos contra la empresa Dragón


JAVIER PUGA MARTÍNEZ

Ante la pasividad de las autoridades ambientales y de salud de la Federación y del estado sobre el caso de la empresa de pesticidas Dragón, las cuales continúan sin aparecer en Izúcar de Matamoros, un grupo de mixtecos poblanos migrantes en EU está creando una red social de ayuda para sintetizar información sobre el riesgo de esta fábrica y las consecuencias que su permanencia puede acarrear sobre la salud humana y el medio ambiente en esta región.

Al mismo tiempo están enviando correos electrónicos para contactar a especialistas ambientales y jurídicos para recibir asesoría que les permita continuar la lucha de los habitantes para expulsar definitivamente a Dragón.

Con dicha red los migrantes pretenden hacer llegar información confiable y con sustento científico de las consecuencias de tener como vecina a una fábrica de pesticidas e insecticidas. Entre los datos que desde Estados Unidos se piensa hacer distribuir a los izucarenses, vía internet en un primer momento, están algunas acciones para que la propia población se proteja.

La iniciativa es similar a la que un grupo de habitantes de este municipio, ubicado a unos 70 kilómetros al sur del estado, tuvo tras el estallido de tres tambos del insecticida diometato la noche del pasado 23 de marzo: comenzaron a organizarse en barrios y colonias con planes propios de Protección Civil para saber cómo actuar ante una emergencia de esa magnitud, pues a la fecha la Dirección de Protección Civil local, a cargo de Osvaldo Martínez, no ha realizado ninguna acción al respecto.

No era la primera vez

La información, en inglés y español, recopilada por el médico veterinario e investigador Armando García Azcué, está circulando en EU, particularmente en áreas de Los Ángeles, Nueva York y Houston en donde están concentrados amplios grupos de migrantes de la mixteca poblana. Contiene los antecedentes de Agricultura Nacional, propietaria de Dragón, la cual tuvo un catastrófico accidente en Córdoba, Veracruz, el 3 de mayo de 1991.

Tras la información que documentó La Jornada, ahora se sabe que a consecuencia del estallido de agroquímicos en aquella ocasión a la fecha han muerto más de mil 500 personas de cáncer; sin embargo, hace 10 años, cuando la empresa ya había trasladado su planta de insecticidas y plaguicidas de Córdoba a Izúcar de Matamoros, también ocurrió la explosión de cuatro tambores de 198 kilos, cada uno de monocrotofos, que es un insecticida organofoforado y potencialmente teratogénico; es decir, que produce malformaciones en embriones o fetos, de acuerdo con lo difundido.

De este accidente la empresa no informó a ninguna autoridad y ninguna autoridad federal, estatal o municipal hizo algo al respecto.

La información agrega que en el caso del diometato, producto que supuestamente explotó el pasado 23 de marzo, es un insecticida organofosforado sistémico que tiene efectos nocivos para la salud humana, y está asociado al desarrollo de tumores cancerosos a consecuencias teratogénicas en animales de laboratorio.

También se menciona que en Dragón se operan químicos con el fosfuro de zinc y el fosfuro de aluminio, los cuales se venden en pastillas y son comúnmente usados en graneros para conservar maíz y otras semillas. Al ser expuesto al medio ambiente se volatiliza y sus vapores son altamente tóxicos y mortales. Si estas sustancias llegaran a ser utilizadas por grupos terroristas, las consecuencias podrían ser incalculables.

En esta planta se elaboran de productos de alto riesgo algunos de ellos prohibidos en EU y Europa; entre éstos está una serie de productos organoclorados que son capaces de producir dioxinas, considerados los agentes más cancerígenos que existen debido a su capacidad bioacumulativa.

La información sostiene que los productos de Dragón están considerados por la Comisión Interdepartamental para el Control y Proceso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas como cancerígenos, teratogénicos y mutagénicos en personas con alta exposición a estos productos, como es el caso de la gente de Izúcar de Matamoros.

En el documento que circula entre los migrantes izucarenses se informa que el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros está permitiendo que cada vez más asentamientos humanos edifiquen en las inmediaciones de la empresa; sin embargo, la empresa no tiene detectores de humo tóxico ni alarmas audibles para alertar tanto a los trabajadores como a la población civil en caso de un accidente.

Además, la población no tiene conocimiento de los productos que son transportados dentro y fuera de la empresa, como tampoco existe un plan en caso de que los camiones que los llevan sufran un accidente.

Los operadores han demostrado que no respetan las normas de tránsito de carga peligrosa al estacionarse en las calles de Izúcar de Matamoros a alimentarse, o ingerir bebidas alcohólicas, sin ningún tipo de prevención.

Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: soberanía popular

Aviso de la Casa del Movimiento Puebla


CASA DEL MOVIMIENTO
PUEBLA

COMO YA SE SABIA, EL INMUEBLE DE LA CASA DEL MOVIMIENTO PUEBLA SOLO NOS LO RENTARON UN AÑO, (21 PONIENTE 713),
POR LO TANTO A PARTIR DE LA PRÓXIMA SEMANA EMPEZAMOS CON LA MUDANZA.

LA NUEVA DIRECCIÓN DE LA CASA DEL MOVIMIENTO PUEBLA ES 2 SUR 2703.

LES ENVIO ARCHIVO ADJUNTO DE LA FOTO DE LA CASA.


LA COORDINACION


Casa del Movimiento en Defensa de la Economía Popular.
Puebla
2 SUR 2703
Tel 4 67 76 16 http://casadelmovimientopuebla.blogspot.com/
casadelmovimientopue2@gmail.com
casadelmovimientopue3@gmail.com

COMO SE PUEDA, CON LO QUE SE PUEDA, Y HASTA DONDE SE PUEDA
Lic. Benito Juárez

La reforma laboral del Presidente del empleo


Reflexiona Arnaldo Córdoba en La Jornada de ayer domingo sobre la reforma laboral del gobierno de Felipe Calderón en un artículo denominado La ofensiva patronal.

Luego de delimitar el papel que los gobiernos priístas y panistas le dieron a los sindicatos al convertirlos en máquinas de opresión de los trabajadores, los primeros y los segundos en engranajes difíciles de erradicar de su sistema de gobierno, da cuenta de un largo proceso que inició en la década de los 80, cuando las administraciones federales comenzaron a pensar en la eliminación de la contratación colectiva como una necesidad de sus afanes modernizadores.

Ahora, bajo la fachada de la impostergable flexibilización de la jornada laboral, de nueva cuenta se deja venir una embestida en contra de la clase trabajadora, esta vez sin los miramientos y los prejuicios revolucionarios institucionales que frenaban, al menos en el discurso, las intenciones patronales de desarticular determinadas cláusulas de los contratos colectivos de trabajo.

Bajo la óptica de una administración gubernamental que demostró ya con suficientes merecimientos su carácter antisindical, el PAN presentó en fechas pasadas una propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo, cuya columna vertebral, refiere Córdoba, es que “no podrá haber en nuestro país verdadera competitividad ni inversión ni productividad ni exportaciones, así como tampoco auténtica generación de riqueza si no se elimina el derecho colectivo del trabajo, se hace a menos de los sindicatos, se flexibilizan las relaciones de trabajo y se convierte al trabajador en un agente libre de verdad que trate directamente con su patrón y colabore con él en todo lo que sea necesario para alcanzar aquellos sacrosantos valores de la nueva iniciativa privada (que a Reyes Heroles y a los enemigos del no les fascinan)”.

Esencialmente y de manera paralela a lo agresivo para los derechos de los sindicalizados que resulta la reforma calderonista, ésta plantea una novedosa nomenclatura para los convenios que van desde los denominados “contratos de prueba” para ver si el trabajador es capaz de desarrollar la tarea en periodos de tres y seis meses; o cambiar el concepto “por tiempo indeterminado” por el término de “pactar” con los patrones y de acuerdo con las exigencias de la empresa, labores discontinuas o fijas y periódicas o temporales.

De salarios caídos y conversión de protegidos a trabajadores temporales mejor ni hablamos.

Fuente: La Jornada de Veracruz
Difusión: Soberanía Popular

Caravana de exbraceros llegará al Estado de México para exigir ahorro campesino

La deuda es tan grande que se ha vuelto incalculable, expresa representante

NANCY LIZET HERNÁNDEZ

Persiste la lucha que mantienen los exbraceros desde hace 12 años para exigir el pago del 10 por ciento del fondo de ahorro campesino, El frente Nacional de Braceroproa convocó a una marcha nacional iniciando el pasado viernes en Tamaulipas haciendo paradas con mitin en Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Tepeji, donde se concentraran más de dos mil personas para dirigirse al Estado de México el próximo martes y exigir su pago al Ejecutivo federal.

En el paso por San Luis Potosí de la Marcha Nacional rumbo al estado de México la presidenta del Frente Nacional de Organizaciones Braceroproa, Martha Suarez Cantú, manifestó que aún cuando ya son 12 años de lucha y muchos de los ex braceros han fallecido y otros más están cansados, el frente no desistirá de la lucha hasta que el gobierno federal deje de hacer oídos sordos a sus denuncias.

La marcha nacional tuvo inicio saliendo de Tamaulipas el pasado viernes 9 de abril, para efectuar concentraciones en las principales plazas de algunas entidades, son más de 11 autobuses de ex braceros los que forman parte de la caravana y una vez reunidos en Tepeji iniciarán la caminata rumbo al Estado de México, donde esperan que se reúnan alrededor de 2 mil ex braceros.

El fin de la caravana es recordarle al gobierno federal la deuda que tiene desde hace años con los ex braceros contratados para trabajar bajo el “programa bracero” de 1942 a 1946 en Estados Unidos y así exigir el pago del 10 por ciento del fondo de ahorro que durante años se les descontó de sus salarios y simplemente lo desaparecieron y se niegan a entregarlo.

Son cuatro millones y medio de trabajadores con los que el Ejecutivo federal mantiene una deuda por más de 25 años, con esta marcha le plantean al gobierno que otorgue un pago por 100 mil pesos independiente mente del apoyo social de 38 mil pesos y de esta manera darían por finiquitada la deuda, ya que “la deuda con cada trabajador es tan grande que inclusive se ha hecho incalculable”, manifestó Suárez Cantú.

Dentro de las exigencias se encuentra también que los 38 mil pesos que otorga el gobierno federal por apoyo social sea en una sola emisión y no por cantidades anuales como lo pretende el presidente Calderón Hinojosa.

Además de solicitar que se investigue de manera legal y se identifiquen a los que se robaron el fondo de ahorro de los cuatro millones y medio de trabajadores a lo largo de 25 años.

Por último expresaron que ya han solicitado la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas y de Tribunales Internacionales para exhibir los abusos del Ejecutivo al hacer caso omiso de la deuda que tiene con los ex braceros.

Fuente: La Jornada de San Luis
Difusión: Soberanía Popular

Incumple mayoría de dependencias y alcaldías recomendaciones de la CEDH


PGJE, SEE y SSP, con el mayor número; el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, con más omisiones

HOMERO LEMUS VELÁZQUEZ

Las dependencias y ayuntamientos de Michoacán han cumplido menos de 20 por ciento de las recomendaciones emitidas en 2009 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con el documento en el que se enumeran las recomendaciones emitidas el año pasado –al que tuvo acceso La Jornada Michoacán–, el organismo emitió 129 recomendaciones, de las cuales sólo se han cumplido 23.

Las dependencias estatales que mayor número de recomendaciones aglutinan son la Procuraduría General de Justicia (PGJE), con 26; la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), con 22; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene siete; la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), con cuatro, y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con dos. De las anteriores, la PGJE ha cumplido sólo ocho; la SEE tres; la SSP tres; la SSM y Sedeco, ninguna.

En el caso de las alcaldías, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas es el que más ha incumplido los requisitos de la Comisión, con 14 en total, de los que sólo ha cumplido dos; seguido del de Zamora, Indaparapeo, Apatzingán y Cotija.

En caso contrario, el municipio de Morelia es que el que ha acatado los dos señalamientos que se hicieran en 2009; de igual manera, han cumplido las inconformidades las alcaldías de Venustiano Carranza y Villa Madero.

Los principales conceptos por lo que se han presentado las querellas son por el ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, lesiones, detención ilegal, violación al derecho de petición, tortura, violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como violación al derecho de educación.

A decir de Marco Antonio Tortajada Zamora, director de Quejas de la CEDH, el organismo ha podido superar un rezago en el área de seguimiento de quejas desde 2002. “Cuando arribamos de manera conjunta con el presidente Víctor Serrato Lozano, había expedientes desde 2002 con quejas para todos los órdenes de gobierno, y fue lo que comenzamos a hacer porque son quejas ciudadanas, y es lo que la gente le pide a sus gobernantes, y en la mayoría de los casos tienen la razón”.

Tortajada Zamora dijo que el rezago existente en las recomendaciones de 2009 es “normal”; sin embargo, aseveró que éstas tienen que ser atendidas a la brevedad posible para “que se respeten las garantías y derechos violentados. El año pasado, por lo ocurrido, fue algo difícil, y a esto se han sumado las denuncias contra autoridades federales, y es una labor que tenemos que hacer en dependencias y ayuntamientos, ahora sí que andar presionando para que cumplan lo que es su obligación”.

Señaló que el organismo, aunado a las recomendaciones de 2009, tiene pendientes por cumplir 17 de 2008, en su mayoría hacia la SEE, el Ayuntamiento de Uruapan y Lázaro Cárdenas.

En el presente año, la Comisión ha emitido 19 recomendaciones, cuatro hacia la PGJE; tres a la Dirección de Prevención y Readaptación Social; dos a la SEE; dos más al Ayuntamiento de Zamora, y con una más la SSM, las alcaldías de Tangancícuaro, Ecuandureo, Cotija, Briseñas, Puruándiro y Apatzingán, así como una más al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad Hidalgo. De las anteriores, a la fecha no ha sido cumplida ninguna de las recomendaciones que ha emitido el organismo.

Es de mencionar que de acuerdo con la norma vigente de la CEDH, ésta puede hacer de conocimiento público los casos en los que las autoridades han hecho omisión a las solicitudes de los quejosos, y en los últimos dos años han sido publicadas nueve recomendaciones.

Fuente: La Jornada de Michoacán
Difusión: Soberanía Popular

La SEP es la cuarta institución con más quejas por violación a los derechos: CEDH


ARTURO ALFARO GALÁN

Este lunes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) reinicia el tercer periodo de clases del ciclo lectivo 2009–2010, como la cuarta figura pública con más quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), luego de acumular, en los primeros tres meses del año, 13 querellas por presuntos actos violatorios contra maestros, personal administrativo y estudiantes.

La SEP, que encabeza Darío Carmona García, se ubica después del Ministerio Público, que acumuló 56 quejas; la Policía Ministerial del estado, que registró 26 expedientes y la Policía Municipal de Puebla, que sumó 14 quejas interpuestas en la CEDH del 1 de enero al 31 de marzo de este año.

En tanto, la quinta figura pública con más quejas por la violación de garantías fundamentales es el director del Centro de Rehabilitación Social del municipio de Tepexi de Rodríguez, informó la Unidad de Acceso Público a la Información (Udapi) del organismo.

Según el reporte, en poder de La Jornada de Oriente, en el primer trimestre del año se registraron 552 presuntas violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan: incumplimiento de un deber con 16 por ciento de incidencia, malos tratos con 14 por ciento, privación de la libertad personal con 10.5 por ciento, maltrato, lesiones y golpes con el 8.5 por ciento y la intimidación con 8 por ciento.

El resto –42 por ciento– se debe a actos con menor frecuencia, como la negación de información o cobros excesivos.

De acuerdo con información de la CEDH, en los 200 días que duró el ciclo escolar 2008–2009, la SEP cometió 93 quejas por actos de violación a los derechos humanos de alumnos, padres de familia y personal directivo y docente. Del total de las quejas, 29 por ciento se debe a malos tratos, que van desde agresiones psicológicas hasta ataques verbales, jalones de orejas o exceso en sus reprimendas.

En las quejas interpuestas durante el periodo que comprende del 18 de agosto de 2008 al 13 de julio de 2009 se detalla que la mayoría de las quejas iniciadas corresponden a agresiones verbales, físicas y psicológicas, intimidaciones y la negación al artículo tercero constitucional.

En tanto, el incumplimiento de un deber por parte del personal administrativo de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública, y la negación de los profesores para recibir a los estudiantes en el salón de clases, se repitieron 50 veces en los 200 días formales que duró el ciclo lectivo pasado.

Regreso a Clases

Este día, alrededor de un millón 900 mil alumnos, pertenecientes a 13 mil 421 escuelas de educación básica y media superior, regresarán a clases, después del receso de semana santa, informó la Secretaría de Educación Pública. Entre los pendientes que enfrenta la dependencia estatal etá la realización de la Evaluación Nacional del Logro Académico en los Centros Escolares (ENLACE), que ocurrirá del 19 al 23 de abril en alrededor de medio millón de escuelas de la entidad.

Fuente: La Jornada de Oriente
Difusión: Soberanía Popular

Denuncian en el MP amenazas de muerte contra un profesor


MARLÉN CASTRO

Chilpancingo, 11 de abril. El doctorante en ciencias políticas y catedrático del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterrotoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero (CIPES-UAG), Federico Sandoval Hernández, acusó al catedrático de la Unidad de Antropología Social, Adolfo Benito de Paz Solares, de origen guatemalteco, de tenerlo amenazado de muerte, y lo responsabilizó de cualquier cosa que pudiera ocurrirle. Vía telefónica, el catedrático del Cipes-UAG informó que hace aproximadamente tres semanas discutía con De Paz Solares, el proyecto académico que dio origen a la Unidad de Antropología Social, también de la casa de estudios, ubicada en Tixtla, cuando disintieron sobre varias cuestiones relacionadas con ese centro educativo. Agregó que De Paz Solares no estuvo de acuerdo sobre sus planteamientos en relación a quiénes correspondía el mérito de la gestión, creación y elaboración del plan de estudios de ese proyecto de licenciatura en la ciudad de Tixtla; la discusión subió de tono hasta amenazarlo de muerte. Como ambos catedráticos radican en Cuernavaca, Sandoval Hernández citó a de Paz Solares a una audiencia de conciliación en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común en esa ciudad, luego de que aquel apadreara su carro y uno de esos proyectiles le lesionara la rodilla.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular

El Infonavit, lejos de cumplir su objetivo social, según despacho de arquitectos

Necesitaría 35 años para dar cobertura a empleados que ganan de uno a cuatro salarios
En 38 años se han otorgado casi 5 millones de créditos; la demanda sin atención es de 9 millones

JORGE COVARRUBIAS

Con el actual salario de los trabajadores y los altos índices de inflación, se necesitarían 35 años para que el Infonavit dé cobertura a los empleados que perciben de uno a 3.99 veces el salario mínimo (VSM), afirma un estudio del despacho de arquitectos García Rojas y Asociados SC, del que La Jornada Jalisco(7 abril, 2010) publicó una entrega.

En esta información complementaria, el despacho señala que los índices inflacionarios se han mantenido en un dígito durante los últimos diez años, sin crecimiento económico estable y sostenible, y tampoco se han creado los empleos que la Población Económicamente Activa (PEA) necesita.

Según datos del Infonavit, señala el documento, en 38 años se han otorgado 4 millones 805 mil 953 créditos, en tanto que la demanda total sin atención se estima en 9 millones de trabajadores, de los cuales el 76.25 por ciento tiene ingresos entre uno y 3.99 vsm.

“Es evidente la absoluta pérdida del poder adquisitivo de los salarios y que el Infonavit está muy lejos de cumplir con sus objetivos sociales”, concluye el informe.

Analizando las cifras del INEGI y el IMSS, el despacho señala que durante el sexenio de Vicente Fox se crearon 1.15 millones de empleos permanentes, cuando se requieren 1.7 millones anuales, y en el actual gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien se autodefinió como “el presidente del empleo”, esto no ha sucedido.

Los consultores consideran que el Infonavit desestima a 4.3 millones de trabajadores, porque es una población no calificada y sin capacidad de pago; de éstos, 3 millones representan el grupo de mayor riesgo de desempleo con una capacidad de compra entre 136 mil y 205 mil pesos, insuficientes para conseguir una vivienda digna.

Este sector, indica el informe, está subatendido desde el 2007, con “ineficaces subsidios federales” a través del programa “Esta es tu casa”, a un ritmo anual de 85 mil subsidios para adquisición de vivienda nueva, por lo que concluyen que a este ritmo, ésta demanda se atendería en 35 años. “Las cifras del IMSS señalan que el total nacional de cotizantes asalariados a diciembre de 2009 era de 13.8 millones de personas. Las cifras del ISSSTE señalan que el total nacional de trabajadores afiliados activos es de 2.4 millones de personas. Se estima que un millón de personas trabajan por servicios profesionales sin prestaciones sociales, que sumarian un total de 17.2 millones de asalariados; en consecuencia, tendríamos 44.8 millones de mexicanos económicamente activos en la informalidad, que representan el 77 por ciento de la PEA, por lo cual el supuesto bono demográfico, no lo es, ni lo será, en virtud de que esta gran PEA se encuentra sin trabajo y se convierte en un grave problema social por resolver”, aseguran los consultores.

El despacho advierte que se vislumbra un proyecto para convertir al Infonavit en una Afore, con el propósito de emplear los recursos de los trabajadores en fines distintos para los que fue creado.

Fuente: La Jornada de Jalisco
Difusión: Soberanía Popular

Atacan e hieren a balazos a pareja de turistas del DF en Acapulco

Silencio de las corporaciones sobre el incidente; el vehículo recibió más de 20 tiros
Una patrulla de la Policía Preventiva y una camioneta los habrían perseguido y luego dispararon

FRANCISCA MEZA CARRANZA

Dos turistas procedentes del Distrito Federal fueron atacados la madrugada de ayer por presuntos policías preventivos cuando circulaban en su camioneta en el fraccionamiento Magallanes; en el atentado la pareja resultó herida.

De acuerdo con datos extraoficiales, el atentado ocurrió cerca de las 5 de la mañana en la esquina de avenida Universidad y La Nao; según información recabada en el lugar, la pareja formada por Jesús Pimental Lazcano y Norma Álvarez Melgar, ambos de 44 años, señaló que una patrulla de la policía del municipio los seguía y en ese punto los alcanzaron y les dispararon en diversas ocasiones.

Los agredidos viajaban en una camioneta Honda tipo CRV, placas 820-VYS del Distrito Federal, la cual recibió más de 20 impactos de bala en el parabrisas y en el costado derecho; hasta las 11 de la mañana de ayer aún permanecía en el lugar, con las bolsas de aire activadas bajo vigilancia de la Policía Preventiva.

Al respecto, familiares de los agraviados dijeron que luego de hablar con Jesús Pimental supieron que una camioneta Mazda blanca les cerró el paso, la cual era seguida por una camioneta de policías, y al detenerse desde ambos vehículos les dispararon.

Luego del ataque los heridos fueron trasladados a un hospital privado de este puerto en una ambulancia, que fue resguarda por dos patrullas.

Hasta la tarde de ayer no había información oficial del caso; en la Secretaría de Seguridad Pública se dijo que recibieron un reporte de una persona herida por arma de fuego como a las 4:20 de la madrugada, sin embargo, cuando llegaron al lugar vieron el vehículo con orificios de bala, pero que no se encontraron casquillos en el lugar.

En tanto, de la Policía Preventiva no se tuvo información ni se emitió ningún comunicado al respecto.

Más tarde se supo por una compañera de ambas víctimas estaban en el puerto era porque participaron en el sexto congreso internacional de ultrasonido, que se desarrolló en el hotel Farimont Acapulco Princess.

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía popular

Resistencia hondureña pide a OEA que investigue violaciones del Ejército contra campesinos


El Frente Nacional de la Resistencia en Honduras denunció los intensos operativos militares en las zonas populares de Tegucigalpa y otras localidades del país en contra de campesinos, profesores y periodistas que rechazan el gobierno de Porfirio Lobo, y piden a la comunidad internacional y a la Organización de Estados Americanos (OEA) pronunciarse ante los ataques que se han intensificado desde que el gobernante asumió el poder tras unas polémicas elecciones.

"Nos están matando. A campesinos, a profesores, a sindicalistas, a periodistas Y lo peor de todo es que no hay nadie procesado por los brutales crímenes, cometidos antes y ahora. Los han cubierto con un manto de impunidad y de injusticia", denunció Rasel Tomé, nuevo coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras .

El dirigente pidió la presencia del secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, para que nombre una comisión y verifique las violaciones del Ejército y la policía contra las comunidades más pobres de Honduras.

Pedimos que "Insulza venga con una comisión a verificar las violaciones in situ" y "la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", con el objetivo de "restaurar la democracia y el orden institucional en Honduras".

Se conoció que el Ejército lleva a cabo un operativo militar y policial para desalojar a más de 3 mil familias campesinas de Aguán (norte) con el fin de dejar las tierras en manos de empresas privadas. Los medios de comunicación no han informado de las acciones, por lo que los casos sólo quedan bajo el hermetismo.

"Responsabilizamos desde ahora a Porfirio Lobo, al ministro de seguridad de facto, Óscar Álvarez, y a los terratenientes Miguel Facussé Barjum, Reinaldo Canales y René Morales por cualquier violación de los derechos humanos cometida por el ejército, la policía y los grupos paramilitares que forman parte del despliegue militar", se extrae de un comunicado enviado este domingo.

En el documento exigen el respeto al derecho a la tierra tal como lo establece la constitución y una investigación por la muerte de varios campesinos y otras violaciones de derechos humanos.

Fuente: TeleSur
Difusión: Soberanía Popular