miércoles, 23 de febrero de 2011

Audio: Entrevista a AMLO por Carmen Aristegui 23 de febrero 2011

entrevista










Difusión: AMLOTV

El Renacimiento de México



Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo.
AMLO, Texcoco, 20 de febrero de 2011


La noticia de la política de esta semana es la solicitud de licencia que hiciera el Presidente Legítimo de México al Consejo Nacional del PRD, como reacción a la realización de una consulta para definir una alianza electoral con el PAN en las elecciones del Estado de México.

Esta decisión ha cimbrado al principal partido de izquierda y opositor del país, algunos hablan ya de un cisma y así pareciera cuando vemos a algunas "tribus" convocando a los militantes a pedir licencias temporales en masa al PRD.

La izquierda moderada en las voces de Jesús Ortega y Marcelo Ebrard llaman a la calma a Andrés Manuel López Obrador y le piden que reconsidere su decisión.

Por otra parte, Alejando Encinas, propuesta del MORENA para competir como candidato a gobernador en las elecciones del Estado de México, ha expresado su desacuerdo con esta decisión, ya que en nada ayuda a la unidad de las izquierdas.

Ser perredista o no serlo.

Para muchos militantes del MORENA e incluso me atrevo a decir, para un grupo considerable de izquierdistas ajenos a la vía electoral, la decisión de López Obrador es la correcta, demuestra congruencia y obliga a los moderados a definirse respecto al modelo de país que desean: el del libre mercado que durante 30 años el PRI y el PAN nos han impuesto, generando una caída del 70 por ciento en el salario mínimo y la concentración de la riqueza, o bien uno que fortalezca el mercado interno y permita el desarrollo nacional y la justa distribución de la riqueza, que es precisamente lo que propone el MORENA con el Proyecto Alternativo de Nación.

Sin embargo, para un sector del PRD, -y no me refiero a los chuchos y los marcelos, sino a quienes piensan como Alejandro Encinas- la decisión crea un cisma en el que ha sido pese a todos sus defectos la principal fuerza opositora de la derecha desde 1979, cuando el Partido Socialista Unificado de México, PSUM, le arrancó el registro electoral al régimen de López Portillo, siendo esta victoria de los comunistas la que 10 años más tarde permitiría el nacimiento del PRD al ceder su registro e instalaciones al naciente partido del sol azteca, ante la negativa de Salinas de Gortari de otorgarle de manera separada su registro. Para este sector de la vieja guardia, abandonar el PRD es desechar de un día para otro el trabajo de varias décadas de lucha que les ha costado centenares de muertos.

En mi particular punto de vista ambas posturas tienen su parte de razón, por un lado, la decisión de romper con el PRD tiene la ventaja de desembarazarse de una izquierda tibia y moderada que solamente cumple el papel de legitimar el neoliberalismo, sin embargo, en efecto crea una ruptura en la tercera fuerza electoral del país, y esta división a escasos 17 meses de la elección del 2012, puede significar la derrota total de las izquierdas, ya que la derecha aprovecharía muy bien esta división para enfrentar a ambos grupos mientras que la derecha unida bajo los intereses de los grandes oligarcas acudiría como un solo bloque con la candidatura de Enrique Peña Nieto. Lo peor del asunto, no sería solamente la derrota electoral sino el desmembramiento del PRD como institución, haciéndose realidad el sueño de Carlos Salinas de Gortari.

Ahora bien, es necesario puntualizar que Andrés Manuel López Obrador no está anunciando todavía una ruptura total con el PRD, aunque claro está que al no existir de manera legal la figura de licencia en los estatutos del partido, esto podría orillar a que los moderados lo expulsaran del mismo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el peso que tiene el liderazgo de López Obrador en el PRD, ya que aun cuando la cúpula es más propicia a coquetear con la derecha, la militancia perredista es mayoritariamente obradorista, lo cual daría origen a otro planteamiento, en este caso para la cúpula: expulsar a López Obrador o no expulsarlo.

Después de todo, para los moderados ha sido benéfica la figura del Presidente Legítimo de México, ya que precisamente su carisma entre las clases populares les ha permitido tener tanto en el partido como en sus respectivas “tribus” una fuerza política considerable que les ha permitido negociar con la derecha diversos espacios de poder, como ejemplo de lo que digo están las pasadas elecciones en Guerrero y Oaxaca, en ambos casos el peso López Obrador a pesar de que no participó en las campañas electorales si permitió que hubiera una predisposición del electorado para votar por los candidatos aliancistas, en el caso de Oaxaca debido a que un año antes López Obrador promovió a Gabino Cué como el líder ideal para encabezar la transición y en el caso de Guerrero al proponerle de manera pública a Ángel Aguirre un proyecto de desarrollo económico social para dicho Estado, condicionando su apoyo y el del MORENA a la adopción de dicho proyecto, el cual si bien no fue adoptado al cien por ciento, Ángel Aguirre si retomó varios de sus puntos durante la campaña electoral. Que decir de Marcelo Ebrard, quien ha mantenido e incluso incrementado los programas sociales que le dejaron López Obrador y Alejandro Encinas, lo que le ha permitido tener una bandera para apuntalarse como eventual candidato a la Presidencia de la República.

En mi particular punto de vista, la decisión de Andrés Manuel López Obrador puso en jaque a los moderados que tienen secuestrado el PRD, ya que de darse la expulsión de López Obrador del PRD quienes saldrían mayormente afectados serían los moderados, quienes ya no tendrían un parapeto llamado López Obrador tras el cual ocultar su verdadera cara de legitimadores del neoliberalismo, mermando con ello la fuerza política que les ha permitido negociar con la derecha. Por lo que respecta a López Obrador, al ser parte de un Movimiento Social, tiene mayor margen de acción ya que no está casado con un partido político, como no lo están miles de sus seguidores que carecen de filiación partidista, aquí mas bien sería interesante ver que postura van a adoptar los obradoristas de filiación perredista, los cuales a mi juicio tendrían dos opciones: emigrar hacia el PT o Convergencia y construir ahí una nueva trayectoria política teniendo que adaptarse a los esquemas de dos partidos que hay que recordar nacieron con el objetivo de torpedear al PRD, y que son carentes de mecanismos democráticos, manejados por los cacicazgos de Alberto Anaya y Dante Delgado; o bien la que creo yo va a ser la postura de Alejandro Encinas, continuar su militancia en el PRD y no darles el gusto a los moderados de dejarles en bandeja de plata el producto del trabajo de años de lucha, y en cambio continuar luchado al interior del PRD para rescatarlo de las garras de los moderados encabezados por Jesús Ortega y Marcelo Ebrard. Esta última opción sería la idónea para los obradoristas de filiación perredista, además dicho esquema ya fue planteado públicamente por Andrés Manuel López Obrador desde octubre del 2010 en la primera gira de la lealtad, cuando anunció que de darse una alianza con la derecha en el Estado de México, el Movimiento construiría entonces una alianza desde abajo con los militantes de los tres partidos de izquierda, con organizaciones sociales y con los miles de ciudadanos sin partido que militan en el MORENA.

Ciudad de México, sede del Gobierno Legítimo de México, 22 de febrero de 2011.

Colibrí Zurdo

Libertad De Expresion Mexico 21-02-11 Mesa 2 FORO CAMARA DIPUTADOS













Fuente: politicaypoliticosmx

La huelga de hambre de Marisela Reyes

Por: Laura Castellanos*

Marisela Reyes continúa en huelga de hambre para exigir la presentación de su hermana, hermano y cuñada, levantados el lunes 7 de febrero. Ella no tiene dinero ni influencias políticas, por lo que desde el 8 de febrero arriesga su integridad para acelerar la localización con vida de los suyos.

La ama de casa exige la presentación de su hermano Elías, inmovilizado parcialmente por un derrame cerebral, su hermana Magdalena, con placas en cadera y rodillas debido a la artritis, y su cuñada Luisa Ornelas, con capacidades diferentes.

Las atrocidades cometidas contra la familia Reyes son resultado de la convulsión provocada por el crimen organizado y la militarización en el norte del país.

La hermana de Marisela, Josefina, fue una activista que exigió esclarecer casos de desaparición forzada en Valle de Juárez, así como la salida del ejército en la zona por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Josefina recibió amenazas de muerte. Primero asesinaron a su hijo, Julio César. Después ella fue ejecutada. Siguió su hermano Rubén. La impunidad privó en todos los casos. Ahora tres familiares están desaparecidos, y se señala como responsables a comandos paramilitares.

Marisela, como otras mujeres pobres atrapadas en territorios de la guerra contra el narco, enfrenta una realidad brutal y despreciada. Para el gobierno federal ella es sólo una “víctima de daño colateral”. Es decir, no la han matado ni secuestrado (hasta ahora), nada más le destrozaron la vida. Ella enfrenta una cotidianidad llena de dolor, incertidumbre, miedo, impotencia, y necesidad económica.

De estas mujeres, entre otras “víctimas colaterales”, habla el libro de Marcela Turati Fuego cruzado. La periodista se internó en comunidades desgarradas por esa guerra. Encontró familias despedazadas, como la Reyes, muchas encabezadas por mujeres. Las familias padecían crisis depresivas, temor, empobrecimiento creciente, deseos de venganza, y algunos de sus jóvenes estaban a punto de cruzar la línea hacia las adicciones o el narcotráfico.

Turati estima que por cada uno de los 35 mil muertos de esta guerra, la mayoría varones, hay de 3 a 200 personas afectadas psicológica, moral y económicamente. La mayoría son infantes, jóvenes, mujeres, gente anciana o enferma. ¿Quiénes resguardan a ese ejército indefenso? Son las propias mujeres. Ellas alimentan, protegen, curan, arriesgan su vida por sustento, consuelan, y lloran a los suyos, en medio del fuego cruzado. Ellas mantienen la cohesión social en las regiones más peligrosas.

Además de todo, ellas sacan coraje de manera ejemplar, como Marisela y las madres de Salvárcar, para exigir al Estado, no de forma colateral, si no frontal, justicia y el fin de la violencia. Ellas son admirables. Y, por lo visto, también relevo de carne de cañón.

Lo digo porque estas mujeres están dispuestas a relevar hombres en su desbandada por miedo al narco. Me refiero a la oleada reciente de nombramientos de jefas policiacas en Chihuahua y al incremento de mujeres policía en Ciudad Juárez. Medio millar de ellas vigila la urbe más peligrosa del mundo. No confundamos, no es un logro de género. Estas mujeres aceptan el empleo al no tener otra alternativa laboral, e inevitablemente se ponen en la mira.

Así le sucedió a Erika Gándara, la única agente policial de Guadalupe Distrito Bravo, desaparecida por un comando armado en diciembre pasado. Por cierto, la familia Reyes se aposentó en ese poblado hace 50 años y ahí quedó atrapada en el fuego cruzado.

Hoy Marisela está en huelga de hambre, en una carpa pequeña frente a la subprocuraduría de Justicia estatal, acompañada por su madre, Sara Salazar, y Claudia, su hermana, expuestas al frío extremo. La respuesta oficial al momento es de nulo avance en la investigación.

En una semana de ayuno la salud de Marisela se deterioró, el campamento ha sufrido hostigamiento y la casa de doña Sara en Valle de Juárez fue incendiada.

Otra Marisela, de apellido Escobedo, fue asesinada hace dos meses en Chihuahua por un sistema corrupto e impasible al caso de asesinato de su hija. No dejemos sola a Marisela Reyes y su familia. Ella es una de las decenas de miles de víctimas invisibles del llamado “daño colateral”.

Nota: Más información y donativos en la página ttp://jzmov.com/porlavida/
*Periodista independiente, autora del libro México armado 1943-1981, y Corte de caja, entrevista al Subcomandante Marcos.

Desoyen diputados demandas de periodistas sobre la reforma a losdelitos de prensa

MÓNICA CAMACHO

Los diputados de PAN, PRD, Panal y algunos PRI desatendieron las demandas realizadas por un grupo de periodistas de posponer la aprobación de la reforma a los delitos de prensa que propone el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, por lo que se espera que la aprueben este día con correcciones mínimas que según especialistas no garantizan el ejercicio de la libertad de expresión en el estado.

Los comunicadores buscaban tiempo para someter la iniciativa a una consulta pública con el fin de impulsar una contrarreforma, definir de manera más clara los alcances del delito de daño moral por el que serían perseguidos los medios de comunicación y establecer topes a las sanciones económicas.

La negativa de los legisladores a posponer la aprobación del proyecto provocó la indignación de periodistas y reporteros durante un encuentro que sostuvieron con ellos ayer para conocer su opinión sobre la propuesta, la cual promueve la desaparición de los delitos de difamación y calumnia para que sean perseguidos por la vía civil, en vez de la penal, bajo la figura de daño moral.

En el cónclave, sólo los diputados Enrique Doger Guerrero, del PRI; José Juan Espinosa Torres, de Convergencia, y Zeferino Martínez Rodríguez, del PT, respaldaron la petición de los informadores.

En la tarde los integrantes de las bancadas del PRI y del PAN se reunieron por separado a puerta cerrada para definir la postura que asumirán en la sesión del pleno de este día en la que se someterá la propuesta a consideración de los legisladores. Trascendió que ambas fracciones acordaron respaldar la iniciativa.

Al cierre de la edición, los legisladores de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional se mantenían herméticos sobre las modificaciones que se impulsarían al proyecto.

Sin embargo, versiones extraoficiales indicaron que el concepto de daño moral no sufriría correcciones de fondo y que se incorporaría al dictamen un artículo transitorio que obligaría al Congreso a elaborar en un término de 90 días una ley complementaria a la reforma para regular la vida privada, el honor y la imagen.

Oídos sordos

La reunión entre los diputados y los informadores se llevó a cabo en el salón Miguel Hidalgo del palacio legislativo a propuesta de Enrique Doger, quien convocó el diálogo a través de la red social Twitter.

Pocos minutos antes de la 1 de la tarde comenzaron a arribar los periodistas de manera espontánea, quienes sostuvieron una reunión previa en la que intercambiaron puntos de vista.

Al encuentro se sumaron los líderes de las cinco fracciones legislativas: PRI, Convergencia, PVEM, PT y PAN, esta última conformada por representantes populares del albiazul, sol azteca y Nueva Alianza.

Algunos integrantes de los medios de comunicación que asistieron al encuentro criticaron la ausencia del presidente de la Gran Comisión, el panalista Guillermo Aréchiga Santamaría. En ese grupo se encontró el director de Intolerancia Diario, Enrique Núñez, quien reprobó que el legislador se rehusara a salir de su oficina para participar en el cónclave, cuando ha abordado el tema de forma asidua en las redes sociales.

En la discusión, la mayoría de periodistas y reporteros coincidieron en que la iniciativa de Moreno Valle que reforma los códigos Civil y de Defensa Social del estado no define claramente el concepto de daño moral, lo que podría ser utilizado por las autoridades para demandar por la vía civil a los medios, aunque la información refutada sea verídica y se encuentre justificada.

En ese sentido, el director Editorial de Diario Cambio, Arturo Rueda, expresó que es necesario definir con claridad los alcances del daño moral, así como establecer sanciones mínimas y máximas en la reforma, para que el monto de la indemnización no quede a criterio del juzgador.

Mencionó que la sanción económica mínima por daño moral que se maneja actualmente en el estado es de 62 mil pesos, cuando en el Distrito Federal asciende a 22 mil pesos y en el resto de las entidades federativas no se establecen límites.

En tanto, el jefe de información de La Jornada de Oriente, Fermín Alejandro García, propuso emprender una consulta pública para impulsar, con especialistas, una iniciativa de reforma alterna que podría ser discutida en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Asimismo, alertó que no existen garantías de que los jueces civiles actúen de manera justa en la definición de las indemnizaciones que se impondrían a los medios de comunicación.

El punto más ríspido del encuentro aconteció en el momento en que el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional Mario Riestra Piña, reconoció que, pese a la demanda de los medios, la propuesta sería sometida a votación del Congreso este día.

La declaración incitó la inconformidad de los periodistas, quienes protestaron desde sus asientos, la falta de voluntad política de los legisladores. En respuesta, Riestra arguyó que el proyecto no podría regresarse a estudio porque el trámite legislativo exige su presentación al pleno.

En ese ambiente de malestar, confrontación e indefinición, Enrique Doger dio por concluido el encuentro con la demanda a los poderes Ejecutivo y Legislativo de que, a partir de ahora, todas las iniciativas que afecten a la población se sometan a consulta pública antes de aprobarse.

Fuente: La Jornada de Oriente

Periodistas encontramos oídos sordos en el Congreso

FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

El bono democrático de la nueva clase política dominante en Puebla, la que ganó las elecciones el 4 de julio mediante una coalición de fuerzas opositoras, se está agotando de manera rápida y precipitada en el Congreso local por la posición autoritaria de los diputados de la fracción del PAN –que incluye al PRD y el Panal–, que están reproduciendo los peores vicios que antes eran característicos de los regímenes priistas. Esa situación la constatamos un grupo de periodistas que ayer pedimos al Poder Legislativo revisar la iniciativa de reforma a los llamados “delitos de prensa”, establecer foros de consulta y que nos dieran la oportunidad de presentar una contrapropuesta. A esos reclamos, sólo hubo oídos sordos.

Resulta sorprendente que hasta hace unos meses en la mente de muchos electores había la firme idea de que solamente derrotando al PRI se podría generar una apertura democrática en Puebla que frenara autoritarismos y cambiara de manera radical la forma de gobernar y legislar. Pero ahora resulta que a menos de dos meses del cambio en los poderes públicos, los papeles se han invertido de manera drástica.

Quien este lunes mostró apertura y disposición al diálogo fue el diputado del PRI Enrique Doger Guerrero, quien secundado por otros legisladores de su partido, nos invitaron a varios periodistas a expresarnos en una improvisada sesión de consulta –que se realizó en el salón Miguel Hidalgo– en el Congreso local, a la que acabaron llegando miembros de todas las bancadas.

Este encuentro ha sido el único espacio de discusión en torno al proyecto de despenalizar y pasar al ámbito civil los delitos de difamación y calumnia. Dicha sesión de consulta parece que será de muy corto alcance, ya que se hizo al cuarto para las 12, pues el proyecto pretende ser votado este día en el pleno del Congreso.

En particular, el autor de esta columna fue el tercero en tomar la palabra y pidió que se pospusiera la aprobación de la reforma por lo menos hasta el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia a mediados de año.

También demandé que se nos permita a los periodistas, presentar una contrapropuesta y que se amplié la consulta sobre la iniciativa, que se incluya a colegas del interior del estado y a otros actores sociales, ya que el tema no solamente se agota en el ámbito de los medios de comunicación, es un asunto que afecta a toda la ciudadanía.

Frente a esa petición mía, y otras más, que formularon otros colegas, en el sentido de definir con claridad y sin ambigüedades qué es daño moral, establecer los límites de sanciones contra periodistas y reglamentar el derecho de réplica, solamente encontramos eco en los legisladores del Partido Convergencia, José Juan Espinosa Torres; del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez Rodríguez, y en Enrique Doger, quienes reconocieron que se debe ampliar la discusión del tema y sobre todo hacer una consulta.

En cambio la actitud de los legisladores del PAN, el Panal y el PRD, que ahora hacen mayoría en el Congreso, fue de negarse a ampliar el periodo para aprobar la reforma, no se comprometieron a hacer algún cambio en específico, a realizar una consulta y algunos de los legisladores asistentes, de plano guardaron silencio.

Es decir, quedó borrada la derecha democrática del PAN. El pensamiento liberal que ha privado en los miembros del magisterio y que se pensaba estaría presente en el Partido Nueva Alianza. Y sobre todo, se echaron por la borda los postulados de izquierda del PRD que pugnaban por la tolerancia, la inclusión y la defensa férrea de la libertad de expresión.

Incluso, resultó oprobiosa la actitud del presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, que se ausentó de la sesión y en los momentos en que periodistas y diputados dialogaban, el líder del Congreso se encontraba mostrando su afición al twitter y sobre todo, su frivolidad.

Por eso es previsible que este día se acabe aprobando el proyecto que mando el jefe del Poder Ejecutivo y que aunque fue modificado en algunas de sus partes, sigue adoleciendo de ambigüedades o propuestas autoritarias que permitirán a los jueces actuar de manera discrecional contra los medios de comunicación o ciudadanos en general que resulten incómodos para quienes detentan el poder político.

Resulta inadmisible que los diputados busquen aprobar una redacción en la que se defina daño moral de la siguiente forma:

Que una persona se sienta afectada en “sus afectos, creencias, en su honor, decoro, prestigio, reputación y sentimientos”.

Por tanto, si un funcionario público o cualquier actor social es encontrado responsable de graves actos de corrupción y éstos son dados a conocer en la prensa, esa persona podría proceder legalmente contra los periodistas por argumentar que se dañó su relación con sus seres queridos al darse a conocer su comportamiento negativo.

Se va a llegar al extremo de lo que pasó con la actriz Sasha Montenegro, quien en los años 70 fue la reina del género de ficheras en el cine mexicano. En la actualidad si alguien pone su nombre en Google y le da en imágenes, aparecen varias portadas de revistas, fotos de filmes y algunos carteles en donde se le ve con pocas prendas o sin nada de ropa. El caso es que hace algunos años le ganó un juicio a la periodista Isabel Arvide debido a que la segunda llamó a la primera “encueratriz”,

Arvide no dijo ninguna mentira. Hay docenas de películas, que se pueden comprar en DVD o ver en los canales de cable dedicados al cine mexicano, en donde la actriz aparece desnuda, pero al final acabó embargándole su casa a la periodista y haciendo gala de su poder por haber sido la última pareja sentimental del ex presidente José López Portillo. Todo por invocar un daño moral y la ambigüedad con que está definido en la ley.

Tal parece que hacia allá se quiere ir en Puebla. Permitir que se proceda contra los periodistas por la vía civil para que puedan ser sancionados económicamente y posiblemente despojarlos de su patrimonio.

Es decir, las fuerzas políticas dominantes quieren seguir repartiendo coscorrones a la prensa de la misma manera en que se quiso hace en el sexenio pasado, cuando gobernaba el PRI.

Fuente: La Jornada de Oriente

Conmemoran a mineros de Pasta de Conchos

Protestas simultáneas por el proceso contra activistas de Radio Ñomndaa

En Chilpancingo, exigen imparcialidad al TSJ ; manifestación en la oficina de Guerrero en el DF

LUCIANO TAPIA Y 
 MARGENA DE LA O (Corresponsal y reportera)

Para protestar contra las autoridades de impartición de justicia con sede en Ometepec, por las sentencias dictadas en el Juzgado Mixto de Primera instancia contra Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra, integrantes de Radio Ñomndaa, miembros de diversas organizaciones sociales realizaron una manifestación frente a la representación del gobierno de Guerrero en la ciudad de México, y entregaron un documento en el que exigen el cese inmediato a las persecuciones, la absolución de los acusados, así como el respeto a la declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, de las Naciones Unidas.

También entregaron un pronunciamiento de solidaridad y apoyo a radio Ñomndaa la Palabra del Agua que firman entre otros, los escritores José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Paco Ignacio Taibo ll, el filósofo Pablo González Casanova, el cineasta Alfonso Cuarón, el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, y más de 250 firmas más de representantes de organizaciones no gubernamentales, en donde muestran su preocupación frente a los procesos judiciales que de manera arbitraria han sido imputados contra los compañeros miembros de Radio Ñomndaa.

Decenas de personas de la sociedad civil como los de la Campaña por la Justicia para la Palabra del Agua, Coordinadora de Apoyo a Apoyo a Suljaa’ y Jóvenes en Resistencia se apostaron en las afueras del edificio sede de la representación de esa entidad, ubicado en la colonia Polanco.

Luego de más de dos horas de movilización, el coordinador de la representación, Alejandro Zúñiga, recibió a una comisión, entre estos a los de la campaña Por la justicia para la Palabra del Agua, Coordinadora a Apoyo a Suljaa’, y Jóvenes en Resistencia, quienes le entregaron el pliego petitorio.

Alejandro Zúñiga se comprometió a comunicarse de inmediato a la Secretaría de Gobierno para dar seguimiento a la petición, pues aclaró que no está en sus manos resolverlos, pero sí escucharlos.

Los integrantes de la comisión representativa advirtieron que en caso de que el juez mantenga el enjuiciamiento a los tres procesados y no se cancelan las ocho órdenes de aprehensión que siguen vigentes, se intensificaran las movilizaciones en el país y el extranjero.

La causa penal 110-lll/2004 se remonta a 2002, cuando en una asamblea general de ejidatarios de Xochistlahuaca, celebrada el 2 de mayo, se solicitó al señor Narciso García dejar de invadir y vender 12 hectáreas de tierras de uso común del ejido; al reaccionar Narciso García, insultó y amenazó a todos los integrantes del ejido, por lo que la asamblea decidió encarcelarlo, según sus usos y costumbres, quedando bajo custodia de las autoridades tradicionales por un día.

A pesar de los acuerdos firmados, García, acompañado por la cacique y actual diputada local del PRI Aceadeth Rocha Ramírez, denunció ante el agente del Ministerio Público a Genaro Cruz y David Valtierra.

El documento señala también que José Luis Rocha Ramírez, hoy secretario general del ayuntamiento de Xochistlahuaca es responsable de la agresión contra el ejidatario de 79 años Slverio Matías Domínguez, a quien le provocó la pérdida del ojo izquierdo, y que después de un proceso de más de 10 años y los testimonios que se han presentado en su contra, la Procuraduría de Justicia del Estado no ha consignado ante un juez competente, lo que demuestra que la impunidad sigue vigente en la entidad, donde “se criminaliza a los indígenas y se abusa de los más desprotegidos”.

Irregularidades

En Chilpancingo, en otra protesta simultánea, después de la audiencia de vista que tuvieron esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia, los integrantes de la Radio Ñomndaa, Genaro Cruz Apóstol, David Valtierra Arango y Silverio Matías Domínguez, las organizaciones sociales exigieron a los magistrados una revisión imparcial del recurso de apelación que presentaron sus compañeros por el dictamen de privación a la libertad en su contra, por supuestos delitos cometidos en agravio de Narciso García.

Mientras se llevaba a cabo la audiencia, los representantes de la organizaciones se concentraron en el modulo del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) para denunciar los casos hostigamiento y represión a que han sido objeto sus compañeros amuzgos desde 2004, particularmente de parte de la diputada local priísta, Aceadeth Rocha Ramírez, a quien ubicaron como la cacique de Xochistlahuaca, con un interés especial de reprimir y hostigar a la radio por denunciar sus arbitrariedades.

Derivado de la causa penal 110-III/2004, el juez de de Primera Instancia del Distrito Abasolo, con sede en Ometepec, Derly Arnado Alderete Cruz, de manera “irregular” dictó privación de la libertad contra Genaro Cruz Apóstol, David Valtierra Arango y Silverio Matías Domínguez, por supuesta privación ilegal de la libertad contra Narciso García Valtierra, durante una Asamblea de Ejidatarios en Xochistlahuaca.

Al salir de la audiencia, David Valtierra acusó al juez de Ometepec de coludirse con Aceadeth Rocha, ya que pese a las pruebas, donde incluso incluyeron la declaración de Narciso García donde admitía no conocer a los acusados y negaba que lo hayan retenido, les dictó una sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses, además de una multa de mil 753 pesos.

Por esa razón, las organizaciones se concentraron hoy para respaldar a sus compañeros, y exigir al Tribunal de Justicia que resuelva con imparcialidad el recurso de apelación.

David Valtierra señaló que el único delito que han cometido como pueblo Nanncue Ñomndaa, es que su voz se escuche mediante una frecuencia, y por hablar una lengua, pues se les ha recriminado por ello.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Funcionarios del municipio hostigan a ejidatarios de Tíla en plena Suprema Corte de Justicia de la Nación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a
22 de febrero de 2011
Nota Informativa



El día de hoy, a las 11:15 hrs. cuando integrantes de este Centro de Derechos Humanos y del Consejo de Vigilancia del ejido Tila, se encontraban en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la ciudad de México, para dar seguimiento jurídico al expediente del ejido Tila bajo estudio de la Primera Sala, funcionarios del Ayuntamiento Municipal de Tila comenzaron a seguirlos y a fotografiarlos sin su consentimiento y de forma intimidatoria.

Momentos después, cuando iban a cruzar la avenida Pino Suárez, a una distancia de 10 metros los funcionarios del Ayuntamiento continuaron tomando fotografías. Dos de estas personas fueron identificadas, por los integrantes del Consejo de Vigilancia y de este Centro de Derechos Humanos, y corresponden a los nombres de: José Ángel Decelis Guillén, quien al parecer todavía es secretario municipal de Tila; Sandra Luz Cruz Espinoza, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tila por el Partido Verde Ecologista de México (esposa del Ing. Limber Gutiérrez Gómez, ex presidente municipal anterior).

El día de mañana, 23 de febrero de 2011, la Primera Sala de la SCJN sesionará en audiencia pública para resolver el Incidente de Inejecución 1302/2010 referente a la solicitud del Juez Primero de Distrito en Chiapas, Alejandro Jiménez López quien ha solicitado que el máximo tribunal del país determine el pago de una indemnización al ejido Tila por la expropiación inconstitucional de 130 hectáreas de su territorio efectuada mediante el Decreto 72 emitido por el entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez.

El ejido Tila a través de su Consejo de Vigilancia el día de hoy ha reiterado a la SCJN que la Asamblea General no aceptará ninguna indemnización económica por sus tierras y exige que sea respetado su derecho como pueblo indígena.

Para mayor información: Estado mexicano pretende despojar parte del territorio del Pueblo Ch´ol de Tila

Fuente: FRAYBA

Comunicado de las Abejas de Acteal.

Comunicado 22 de febrero

Fuente: FRAYBA

21 días de huelga de hambre Penal No. 6 de Motozintla


A lo opinión publica
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los defensores de los Derechos Humanos
“Fray Bartolomé” ONGs.

Los solidarios de los presos políticos de
La Voz del Ámate.

Dice la frase célebre del indio oaxaqueño Don Benito Juárez: Entre las Naciones, entre los pueblos y entre los individuos el Respeto al derecho ajeno es la paz.

Y dice una gran verdad cuando habla de respeto. Respeto del cual no lo tuvieron con nosotros. Y ante la falta de respeto a nuestros derechos nos quitaron nuestra paz al privarnos de nuestra libertad. Las autoridades corruptas bajo el visto bueno del mal gobierno. Argumentando una culpabilidad ficticia con sus artimañas y estratagema de tortura y amenaza. Por ser indígenas, pobres y sin influencias. Nos encarcelan por delitos jamás cometidos por nosotros.

Esto ha sido la causa de que hoy llevamos 21 días en huelga, sufriendo debilidad, dolor por la abstención de alimentos. Con el riesgo de enfermarnos o perder la vida. De esta manera exigimos al C. Gobernador nuestra libertad incondicional inmediata y la de nuestros compañeros que se encuentran en huelga de hambre y ayuno, en otros penales sufriendo por las mismas injusticias que imperan siempre hacia los más pobres y marginados del pueblo.

Penal No. 6 de Motozintla de Mendoza Chiapas lugar donde estamos recluidos injustamente y desde aquí invitamos a nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras a unirse a nuestras voces.

¡Ya basta de injusticia!
¡Ya basta de maltrato!
¡Ya basta de violaciones a
Nuestros derechos!

¡Hasta la victoria siempre!

FRATERNALMENTE

Firma
Juan Collazo Jiménez
Firma
Ramón de Jesús Ruiz Rodas

Fuente: FRAYBA

Por qué Estados Unidos apuesta a militarizar la guerra contra el crimen en América Latina


Por: Eduardo Blaustein

La participación militar de EE.UU. a menudo parece tener poco que ver con los objetivos oficiales para la región y alienta a los militares latinoamericanos a asumir funciones que serían ilegales en los Estados Unidos. “El rol del Pentágono en el diseño de políticas (para América latina) es cada vez mayor. Las actividades militares han ido creciendo en su participación, mientras que el Departamento de Estado y los presupuestos de ayuda exterior han caído o se han estancado.” Ninguna de las dos afirmaciones pertenece a algún funcionario del gobierno argentino proclive -según las interpretaciones de la prensa conservadora- a las desmesuras o las sobreactuaciones antiimperialistas. Ambas frases destacan en un artículo publicado en octubre de 2005 (“Militarizing Latin America Policy”, ver recuadro) por un conocido analista estadounidense, Adam Isaacson, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale y director de Programas para América Latina del Centro para las Políticas Internacionales en Washington. Siguiendo las tesis de Isaacson, la llegada del Boeing Globmaster III estadounidense cargado de “material sensitivo” se inscribe no necesariamente en una política exterior afinada (y menos aún controlada) por el gobierno de Obama, sino más bien en su ausencia, convenientemente explotada por la desproporcionada capacidad presupuestaria y operativa del Pentágono y del complejo militar yanqui. Los recursos estadounidenses destinados a “ayuda” a las fuerzas militares y policiales de América latina y el Caribe pasaron de 225 millones en 1996 a un pico de casi 900 millones hacia 2009. En un párrafo de aquel artículo, Isaacson se preguntaba: “¿Por qué las Fuerzas Especiales de EE.UU. necesitan entrenar a los comandos argentinos en las técnicas de la guerra de montaña?”.

Del mismo modo podría preguntarse por qué fueron paracaidistas los que vinieron al país a entrenar a nuestros GEO. La pregunta quizá pueda responderse del siguiente modo: los visitantes que fueron traducidos por la prensa argentina como paracaidistas de la 7ª Brigada Aerotransportada con sede en Carolina del Norte son algo más que eso. Lo que en inglés se conoce como la 7th SFG Airborne, llamada “Brigada del Diablo”, es un cuerpo de fuerzas especiales con un largo historial en el entrenamiento de fuerzas militares y policiales en América latina (cuando se trata de “gobiernos amistosos”) en técnicas de contrainsurgencia y de combate contra el narcotráfico. El Special Forces Group, crecido en tiempos del Gran Satán soviético al que aludía Ronald Reagan, participó en 1983 en la invasión de Granada y en 1989 en la operación Causa Justa en Panamá. Tuvo un rol crucial en el entrenamiento de las fuerzas militares salvadoreñas (que crecieron de 12.000 a 55.000 efectivos), con el conocido saldo de un mar de espanto y de sangre. Las SFG intervinieron también en la década del 80 en diversos países del área andina: desde Venezuela a Colombia, desde Ecuador a Perú y Bolivia. Una de los sitios web derivados de la Brigada del Diablo se enorgullece en afirmar que sus demonios tienen presencia en 19 naciones de Centro y Sudamérica y en otras 13 del Caribe.

El legado

Lo sucedido con el carguero estadounidense, con el antecedente de un caso anterior que mereció lamentos de la embajadora en Buenos Aires ante su propia gente (algo que la diplomacia necesariamente debe disimular), habla de cruces de intereses y visiones dentro de los EE.UU. pero también de los episodios espasmódicos de las naciones latinoamericanas a la hora de diseñar políticas de seguridad plenamente democráticas. Pedro Scuro, coordinador de estudios sobre el Poder Judicial de la Escuela Superior de Magistratura de Porto Alegre, Brasil, en un trabajo titulado “Control policial, innovación y estado de derecho en América Latina” señala a la militarización como la primera de las categorías que se emplean para reflexionar sobre el tema de la seguridad en nuestro continente. Scuro entiende a la militarización como “la tendencia de las fuerzas policiales en la región a asumir características políticas e ideológicas de cuerpos con marcado acento castrense”. También desde Brasil, la organización no gubernamental Viva Río señala que el legado histórico de los gobiernos autoritarios militares constituye aún hoy “una de las principales dificultades” para trabajar en “la desmilitarización ideológica y estructural de las instituciones de seguridad. ‘Desmilitarizar’ significaría transformar los modelos y estrategias de intervención policial, garantizar un diálogo más cercano a las comunidades y, consecuentemente, mayores grados de legitimidad y eficiencia para las acciones policiales”. La visita de las fuerzas especiales con asiento en Carolina del Norte parece ir en contra de cualquier estrategia de desmilitarización. Lo mismo sucede con las doctrinas de seguridad que los Estados Unidos pretenden fomentar en nuestros países, ya no necesariamente en las fuerzas armadas sino también en las policiales. Raúl Eugenio Zaffaroni, miembro de nuestra Corte Suprema, viene advirtiendo hace tiempo sobre el asunto y volvió a hacerlo a propósito del putsch frustrado en Ecuador: “Hoy los golpes de Estado los dan las fuerzas de seguridad, no los dan los ejércitos. No son golpes de Estado tradicionales, son golpes de Estado desestabilizadores...

En América Latina hace ya quince años que voltearon a Nilo Batista en Río de Janeiro; lo volteó una organización de esta naturaleza, en combinación con la Red Globo”. La intentona en Ecuador, los urgidos operativos militares en algunas favelas de Río (durante años el ejército brasileño se resistió a involucrarse en la guerra contra el narcotráfico apelando incluso al argumento de la inconstitucionalidad), el sangriento fracaso de la estrategia antidrogas en México, son algunas pistas que permiten debatir qué políticas de seguridad convienen a las democracias latinoamericanas en consolidación. También lo son las doctrinas de seguridad de los Estados Unidos con sus récords de prisionalización; sus otros récords de negros pobres encarcelados; sus cárceles privadas convertidas en pingües negocios y sus espasmódicos debates acerca del abuso de armas cada vez que a alguien se le ocurre matar a quince adolescentes en una escuela. La memoria democrática argentina es corta y habrá que recordar qué sucede cada vez que a las policías se les da autonomía operativa o doctrinaria. Puede que se hayan olvidado, pero antes que por las rebeliones carapintadas nuestra democracia fue asediada por cuartelazos policiales. En la provincia de Buenos Aires los sufrió Luis Brunatti durante el gobierno de Antonio Cafiero apenas intentó modificar alguna cosa. El Malevo Ferreyra fue emblema del descontrol policial en Tucumán. Y si no son revueltas por presuntos motivos salariales, nunca se sabe cuándo sembrar cadáveres desde policías descontroladas es un modo de conspirar contra la política. En el último informe anual del Cels, el analista internacional Juan Gabriel Tokatlian coincide también en alertar contra el proceso de militarización de las policías latinoamericanas vinculadas a las ayudas y doctrinas estadounidenses. Chile, Uruguay y Argentina, señala, fueron hasta ahora las menos contaminadas. Pero aún así existe siempre un peligro latente: “Washington ya no concibe la diferenciación entre seguridad interna y defensa externa y pretende que los ejércitos del área se transformen en crime fighters (luchadores contra el crimen”.

Manu militari

Isaacson sitúa un cambio en los parámetros de la política estadounidense en temas de seguridad en América latina hacia 1999, año clintoniano, cuando “en lo profundo de la burocracia civil del Departamento de Defensa” esas nuevas políticas se concibieron “bajo el nombre alarmante de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad”. Según su enfoque, “las actividades de los militares de EE.UU. en América Latina por momentos superan la política oficial, lo que lleva a Washington a elegir las soluciones militares a problemas sociales en gran parte de la región”. Lejos de lo conspirativo, el analista asegura que “la militarización de la política de EE.UU. hacia América latina no es el resultado de alguna siniestra estrategia oculta. Más que otra cosa, es un síntoma de la tendencia de Washington a recurrir al Pentágono porque el dinero está ahí. Aumentar los gastos de defensa es más fácil de lograr que hacerlo en casi cualquier otra prioridad. Como resultado, las actividades no militares, tales como la diplomacia y la política de drogas en América latina son financiadas a través del presupuesto de defensa y administradas por los funcionarios de Defensa”. Contra estos llamados de alerta, y aun cuando la visita frustrada de los “paracaidistas” estadounidenses parece la consecuencia de un acuerdo de cooperación aislado, policías como la Metropolitana, la Bonaerense y también la Federal han acudido a la presunta expertise estadounidense. Las tres fuerzas participaron de los cursos de la Law Enforcement Academy (Ilea), que funciona en El Salvador. Tal como se informó desde este medio, Ilea es la institución heredera de la Escuela de las Américas y de los viejos programas de ayuda de la Usaid mediante los cuales, desde los primeros 60, los EE.UU. entrenaron a policías y militares latinoamericanos en tácticas antiguerrilla y técnicas de tortura.

Recuadro: Armas en lugar de embajadores

Los datos recopilados por Adam Isaacson en su artículo “Militarizing Latin America Policy” son reveladores de la desproporción existente en los recursos humanos que EE.UU. dedica a la política exterior para nuestra región y las consiguientes políticas. “El Departamento de Estado -informa el artículo- cuenta con alrededor de 16.000 empleados de contratación directa en los puestos de todo el mundo; América latina tiene una modesta fracción de ese total (alrededor de 4.000).” “Mientras tanto, el Comando Sur, la unidad responsable de las actividades militares de EE.UU. en América latina y el Caribe, cuenta con una plantilla de 800 militares y 325 civiles empleados en su sede de Miami.” Dos enclaves militares en Puerto Rico y Honduras suman 570 militares y 1.390 funcionarios civiles. La presencia militar de EE.UU. en la región tiende a superar a la de los diplomáticos civiles. Sólo mediante despliegues temporales de fuerzas, dice Isaacson, en un año promedio más de 55.000 efectivos militares, incluyendo la Guardia Nacional y reservistas, pasan de visita por América latina.

Fuente: http://sur.elargentino.com/notas/por-que-cayeron-paracaidistas-para-combatir-el-crimen

Fidel Castro alerta sobre plan de EE.UU. para que la OTAN invada Libia


El líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, denunció en su más reciente reflexión que Estados Unidos tiene planes de ordenar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) una invasión a Libia, país del norte de África en el que actualmente se desarrollan protestas a favor y en contra del presidente Muammar Al Gaddafi.

En su reflexión titulada El plan de la OTAN es ocupar Libia, Fidel señala que las intenciones de Estados Unidos están lejos de la normalización de la situación en la nación africana.

“Lo que para mí es absolutamente evidente es que al Gobierno de Estados Unidos no le preocupa en absoluto la paz en Libia, y no vacilará en dar a la OTAN la orden de invadir ese rico país, tal vez en cuestión de horas o muy breves días”, escribió el líder cubano en su artículo.

Fidel enfatizó que Estados Unidos obtuvo poder político en el mundo a través del manejo del petróleo en el mundo, por medio de sus trasnacionales. Recordó que el país norteamericano quizo acabar con la Revolución Cubana privándola de ese recurso energético.

Consideró que Venezuela “fue la nación de este hemisferio que mayor precio pagó”, cuando “Estados Unidos se hizo dueño de los enormes yacimientos con que la naturaleza dotó a ese hermano país”.

En ese sentido, resaltó que Libia guarda importantes yacimientos de petróleo ligero de excelente calidad que hoy alcanzan un millón 800 mil barriles diarios, así como abundantes depósitos de gas natural.

Indicó que bajo Libia está ubicado "un enorme lago de agua fósil, equivalente a más de tres veces la superficie de Cuba, lo cual le ha hecho posible construir una amplia red de conductoras de agua dulce que se extiende por todo el país".

Fidel consideró como una injusticia el “guardar silencio ante el crimen que la OTAN se prepara a cometer contra el pueblo libio”, acción que aseguró le urge llevar a cabo a la jefatura de ese organismo militar.

teleSUR ofrece el vínculo de la reflexión de Fidel en Cubadebate:

http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2011/02/22/el-plan-de-la-otan-es-ocupar-libia/

teleSUR-Cubadebate/MFD

Boletín de Democracy Now! en Español

22/2/2011

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