lunes, 9 de mayo de 2011

VIDEO: El Fisgón en la marcha por la paz



Imágenes de la Marcha por la Paz





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CFE no ha respetado convenio sobre tarifas preferenciales a vecinos de LV


SARÍAH SOSA TRUJILLO - DOMINGO, MAYO 08, 2011

Veracruz Ver.- La Jornada Veracruz tuvo acceso al convenio firmado entre el gobierno del estado y la Federación hace poco más de 20 años, en el cual se estipula una serie de beneficios para los municipios asentados en los 60 kilómetros perimetrales de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde. De una simple lectura se resume que todo ha sido una mentira.

Por ejemplo –y el más importante– las familias que viven en la zona de influencia de la planta, según este documento, deberían contar con tarifas preferenciales en el pago de luz eléctrica dado el peligro que viven diariamente ante una posible eventualidad nuclear.

A la fecha, la resistencia civil La Leyenda de Chucho el Roto Vive, no al pago de tarifas injustas de energía eléctrica sostiene una pelea pacífica contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como David contra Goliat, para hacer valer dicho documento, que es su principal base legal.

Un luchador social está en la cárcel, Francisco Morales Fernández, El Potro. Cuenta los días en el penal de Pacho Viejo, irónicamente, donde se pasó buena parte de su vida el ex gobernador Dante Delgado Rannauro –inventando el partido Convergencia por la Democracia– y quien firmó el documento en su papel de secretario de Gobernación de Fernando Gutiérrez Barrios.

El Potro, como se le conoce popularmente, tiene una sentencia de 20 años de prisión por los cargos de privación ilegal de la libertad, amenazas y delitos cometidos contra funcionarios, de los cuales ya purgó dos.

Este hombre logró que más de 35 mil veracruzanos asentados alrededor de la nucleoeléctrica dejaran de pagar a CFE para exigir que se cumplan sus demandas. Las pérdidas que se originaron para la paraestatal superaron los 22 millones de pesos.

Actopan, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas y Veracruz son parte de los contagiados con las ideas progresistas del ex diputado del PAN, cuyos compañeros de partido lo abandonaron en la adversidad.

Dicho documento fue firmado en los primeros meses de 1990 por el presidente de la República en turno, Miguel de la Madrid Hurtado, como gobernador de Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios y secretario de Gobernación, Dante Delgado Rannauro, en donde se especifican los beneficios de los ciudadanos que habitan alrededor de la nucleoeléctrica.

Según el escrito antes mencionado, en la declaración 1.4.4 indica que: quienes vivan en comunidades aledañas a esta central en un radio de 60 kilómetros recibirían tarifas preferenciales en la facturación de su consumo de energía eléctrica por Comisión Federal de Electricidad por ser quien la maneja.

Algunos fraccionamientos de esta urbe se encuentran instalados dentro de este perímetro, por lo que se han unido a habitantes de lugares como Alto Lucero y La Antigua para reclamar lo que por derecho y decreto es justo, una tarifa preferencial.

“Apoyar en todo momento a la ciudadanía y a los gobernados para que éstos reciban los beneficios que en este convenio plantea el Ejecutivo federal”, este texto está manifestado como parte de las declaraciones aceptadas por ambos niveles de gobierno en donde se comprometían a cumplirle a la gente lo ahí asentado.

En la cláusula cuarta señala que la vigencia del mismo será de manera indefinida, pudiéndose adicionarse si esto es conveniente para el gobierno estatal o del federal. Hasta la fecha no ha sido invalidada ni modificada.

“Se firma con el objetivo de controlar las reacciones de la ciudadanía en contra de la puesta en marcha de lo que llamaremos La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV), misma que se estableció su construcción mediante un convenio”, es lo que se puede leer en la tercera hoja sexto párrafo del mismo.

La conservación de caminos y carreteras dentro de los primeros 16 kilómetros, así como la construcción de nuevas vías de comunicación alternas para las comunidades en caso de accidente en la planta generadora de energía está establecida en la declaración 1.4.2 y, a la fecha, los alcaldes de esa región, hasta del PRI, reclaman la reparación de las vías de comunicación.

De igual forma en la cláusula 1.4.1 y 1.4.7 garantizan la seguridad de la población en materia de energía nuclear, además de la construcción de clínicas rurales y hospitales donde se dé atención médica general, que deberían ser dotadas de medicamento por la misma planta, lo que no se ha cumplido, la alcaldesa de Vega de la Torre mantiene un reclamo constante contra el Sector Salud pues sospecha que la empresa es responsable del gran número de enfermos de cáncer en su municipio.

Finalmente, salvaguardar en todo momento la seguridad y la vida de todos sus gobernados mediante la aplicación de programas de seguridad, así como la creación de un programa radiológico externo para garantizar la seguridad de la ciudadanía es lo que marca el primer párrafo de la tercera hoja.

Este acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en la Gaceta Oficial del Estado, luego de ser aprobado.

Fuente: La Jornada de Veracruz

En defensa propia

ISMAEL GARCÍA MARCELINO

Otro grupo social hasta la madre de la ineficacia de las apenas identificables políticas públicas para su atención es el que conforma el pueblo indígena de Cherán, cabecera del municipio con el mismo nombre. La indignación y la desesperanza –no por la justicia divina, ésa ya vendrá, sino por la justicia terrenal– cubren el ánimo de la población indígena en su conjunto.

Lacerados sus bosques y mancillado su territorio, golpeada y asesinada su gente, desoídas sus quejas, indigna mucho el discurso del gobierno federal que tanto insiste en que su guerra contra la delincuencia organizada va de gane. Creer eso sería igual que seguir creyendo que Felipe Calderón es el presidente del empleo.

Hay hechos: la corporación de delincuentes que asuela los bosques de la Meseta está integrada por personas con rostro. Son rostros desconocidos, pero visibles, como las armas que ostentan sin disimulo.

Otro hecho es que han muerto en la reyerta Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada y ha sido herido de gravedad un número no determinado de lugareños por reaccionar a la devastación de su zona boscosa.

La naturaleza de la transgresión –derribo de pinos, pinabetes y hasta encinos (que no alcanzan un grosor mayor a 50 centímetros ni una envergadura de diez metros), la extorsión y el control de la zona– ha sido expuesta al gobierno del estado, pero éste, dado lo delicado del asunto, no ha mostrado condiciones para destrabar el problema.

El resultado hasta el momento es el reguardo, a uñas y dientes, de su territorio por parte de los pobladores de Cherán, que no están dispuestos a creer que la guerra desatada contra el crimen organizado vaya a ponerlos a salvo. Armados con palos y piedras, más lo que la creatividad permita, parapetados tras improvisadas barricadas, el pueblo de Cherán parece haber decidido someterse a una especie de sitio donde, con apenas un poco de víveres, se ha propuesto resistir en defensa propia contra los sin rostro que así les roban lo poco que tienen.

Ante esta situación, conviene reflexionar sobre la estampida en la que se ve atrapada la gran mayoría de población indígena en cualquiera de las cuatro subregiones, hablando del pueblo purépecha, pero también del Oriente y de la Costa, no solamente por la pobreza en que vive a pesar de los programas de desarrollo, cuya eficiencia hoy se cuestiona por obvias razones, sino por la falsa ilusión de fundar su desarrollo en el éxito económico, desde las acciones emprendidas por particulares hasta las oficiales.

La lucha es desigual: unos pugnan por el comercio con todo lo que hojas tenga (si de las jaras se hicieran sillas…), por comerciar con peces que entre el fango y el aceite apenas sobreviven, por retratarse para los turistas en el marco de comunidades convertidas en pueblos mágicos; mientras que otros, los menos, llaman al fortalecimiento de la conciencia, a la recuperación de las formas culturales de sus antepasados. Esa forma histórica de existencia quizá, la que sostiene el espíritu comunitario, pudiera ser luego la única defensa propia.

Los árboles de los pueblos de la Meseta no son de nadie de fuera y sí que lo son de todos los de dentro. Todos los de dentro son viejos adentro; son hombres y mujeres que nacieron ahí y no hay forma de entender que vivan lejos de su territorio donde guardan profundas sus raíces, literalmente. Por eso la furia y la indignación.

Este antiguo territorio no es tampoco del Ejército, y resulta comprensible, por mucho que inadmisible, que en su desesperación, el pueblo quiera y hasta solicite su intervención, olvidando peligrosamente que aquél es un imbatible instrumento de represión del Estado mexicano.

El estado de sitio parece generalizado en el país y no hay poder humano que convenza al gobierno de Calderón del vacío en sus discursos sobre la seguridad, ni mucho menos de que cambie de estrategia. Sigue amachinado en que a Michoacán le vaya bien. Muchas gracias, podría decir cualquiera, la guerra ya nos es indiferente.

El pueblo purépecha de la Sierra tarasca, bélico desde antes de la Colonia, se ha defendido siempre de históricas transgresiones: de los guerreros del antiguo pueblo azteca, de bandoleros como Inés Chávez o depredadores como el gringo Santiago Isgley. Ante la situación actual contra quien parece no ser visible, una estrategia basada en la autodefensa de las huestes indígenas del pueblo purépecha parece inminente. La base sobre la que descansen las estrategias de una eventual policía comunitaria tendría que ser la organización tradicional por barrios y un profundo espíritu de autonomía y libre determinación.

El pueblo de Cherán recordará que una parte de la tradición purépecha descansa en el sentido intercomunitario. Ya los pueblos de la Ribera y la Cañada se aprestan a brindar apoyo con agua y alimentos a la gente del pueblo de Cherán. Sin distinción de ninguna naturaleza, ojalá que se sume todo mundo a esta lucha como se suman a la “Marcha-Caminata por la Paz con Justicia y Dignidad” que desde el jueves pasado encabeza el poeta Javier Sicilia y secundamos los que creemos que el camino es otro, y que éste nos tiene hasta la madre.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Celebran comuneros acuerdo para crear una fuerza mixta que resguarde Cherán


Sigue pendiente “la justicia para nuestros asesinados, para los desaparecidos y desplazados”

CARLOS F. MÁRQUEZ

Comuneros de Cherán celebraron el acuerdo entre los gobiernos federal y estatal para conformar una fuerza mixta que resguarde esa zona de la Meseta Purhépecha de la actividad de los talamontes; sin embargo, advirtieron que sus operativos deberán desplegarse del perímetro de la cabecera municipal hacia afuera, toda vez que si intentan establecerse en la comunidad, “sería una violación a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas”.

Agregaron que con el envío del Ejército a la región, la federación sólo está respondiendo a una de las demandas que han planteado, pero sigue pendiente la respuesta a uno de los reclamos más relevantes de la comunidad: “la justicia para nuestros asesinados, para los desaparecidos y desplazados”, por lo que –aseguran– se mantienen a la espera de que la Secretaría de Gobernación defina la fecha de la reunión solicitada por el gobernador Leonel Godoy.

Ayer trascendió que elementos de la Policía Federal habían arribado ya a las inmediaciones de Cherán para colocar retenes en la gasolinera de Nahuatzen y en la salida a Pichátaro. Comuneros consultados por La Jornada Michoacán dijeron desconocer el despliegue de las fuerzas federales de seguridad y refirieron que sólo se habían percatado de la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, lo cual no los deja satisfechos, pues aseguran que algunos activos de esta corporación han estado coludidos con grupos del crimen organizado que opera en la región.

Los cheranenses refieren que no han sido informados sobre el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y Ministerial de la Procuraduría General de la República en la región y manifestaron que, de ser así, esperan que sus operativos vayan dirigidos, efectivamente, a desarticular a los grupos del crimen organizado que asuelan la región.

Aunque una de las principales exigencias de los comuneros de Cherán era que fuerzas del Ejército resguardaran la zona, ahora que se ha pactado el despliegue de una fuerza mixta temen que la presencia de las fuerzas de seguridad violente la autonomía de la población, por lo que afirman que éstas “no tienen que hacer nada al interior de nuestra comunidad, porque el problema no es de la comunidad contra el gobierno o las corporaciones policiacas; nos estamos defendiendo del crimen organizado”.

Refieren que en las asambleas, que se realizan diariamente en Cherán, han analizado el posible escenario de una irrupción del Ejército y la Policía Federal en la comunidad, por lo que han resuelto defender la autonomía con base en las leyes que garantizan la libre autodeterminación: “como dictan nuestras leyes, el gobierno debería brindar la seguridad a nuestro país y nuestros pueblos, ¡ése es el trabajo que deben hacer!”, manifiestan.

Aseguran que mantendrán firme su organización comunal, “a salvo de los intereses de partidos políticos que sólo han dividido al pueblo”, pues la unidad de la comunidad es algo que no debe perderse en tiempos adversos, por lo que hicieron un llamado a cumplir con la responsabilidad que cada comunero tiene para con su gente: “defender su patrimonio y su territorio, y la resistencia que estamos dando es una forma de cumplir con el deber”.

En los últimos días, trascendió la especie de que los comuneros pensaban desconocer al actual presidente municipal de Cherán y nombrar a un alcalde de acuerdo con sus usos y costumbres; empero, ayer puntualizaron que en estos momentos “no estamos metidos en el asunto de nombrar un jefe, no son los tiempos; ahorita son los tiempos del interés colectivo”.

Comuneros se solidarizan con Javier Sicilia

Una comitiva de aproximadamente 300 cheranenses arribará esta mañana a la ciudad de México para sumarse a la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, convocada por el poeta Javier Sicilia.

“La idea es llegar hasta el Zócalo apoyando una causa justa: ¡no se quiere un inocente muerto más en nuestro país!”, comentaron los comuneros y refirieron que en la marcha exaltarán su propia consigna: “justicia para Cherán, para el pueblo purépecha, para México y para todos los pueblos que luchan por sus recursos”.

Fuente: La Jornada de Michoacán

La situación en Cherán podría derivar en la unidad de los pueblos indígenas

El escritor Ismael García Marcelino confía en la organización de los purépechas

ÉRICK ALBA

La movilización del sector indígena en apoyo a la comunidad de Cherán, que enfrenta a talamontes presuntamente apoyados por el crimen organizado, debe surgir “como comunidad e individuos, sin grupos de por medio”, señaló el promotor literario de origen purépecha, Ismael García Marcelino, en referencia al llamado hecho por la organización Nación Purépecha a otros colectivos para sumarse a la causa cheranense.

El contexto en el que García Marcelino desarrolló su análisis se basa en la suma de seguidores y detractores con que cuenta la agrupación Nación Purépecha y su influencia, a veces apoyada y en otras rechazada, en la conducción de la política pública michoacana relacionada con el sector indígena.

De ahí que el literato señalara que el llamado de la organización a otras similares para apoyar a los cheranenses se observe como una evidencia de que “se está aprovechando lo que políticamente les reditúe a las organizaciones”.

“Es importante que Cherán convoque a la unidad del sector indígena y que incluso pueda llegar a decir ‘estamos hasta la madre’”, en referencia a la frase difundida por el poeta y activista social Javier Sicilia al exigir el esclarecimiento del asesinato de su hijo y de seis personas más en el estado de Morelos.

El entrevistado defendió la movilización indígena en apoyo a la comunidad de Cherán, aunque explicó que en los usos y costumbres de la cultura ancestral no se contempla la intervención de organizaciones civiles, pues “en lo indígena prevalece el sentido comunitario, deberíamos responder (al llamado) como comunidad e individuos, sin grupos de por medio”.

Ismael García agregó que “los que no estamos ahí (en Cherán) también nos sentimos agredidos por las cosas que hacen los delincuentes y por las cosas que no ocurren por parte de las autoridades en su deber de garantizar la seguridad. Nos sentimos agredidos también por el ataque a los recursos naturales que se dicen a favor de proteger”, concluyó.

Por su parte, el activista social César Ramírez, líder de una alianza de organizaciones de ascendencia indígena, dijo desde Pamatácuaro que el llamado de Nación Purépecha debe atenderse de inmediato “y es conveniente que le atoremos, porque si no, esto se sigue propagando, tenemos que hacer esa unión” para detener al crimen organizado y su ataque contra los bienes indígenas.

Ramírez explicó que recibió la invitación de Nación Purépecha y se puso en contacto con los líderes agrupados en la alianza de organizaciones que dirige, y aunque se negó a dar nombres, aseguró que la mayoría de ellos dio respuesta positiva al llamado de movilización en apoyo a Cherán, entre ellos, productores de la región de Tierra Caliente, productores de maíz e incluso otros del propio Cherán.

Entrevistado sobre el mismo tema, el promotor de la cultura indígena en la comunidad de Tiríndaro, Hermilo Alonso, prefirió guardar su respuesta al desconocer los puntos exactos de la convocatoria hecha por el grupo Nación Purépecha.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Real, el riesgo de estallido social en la Meseta Purépecha, advierte la AERP


CELIC MENDOZA ADAME

Los pueblos de la Meseta Purépecha corren el riesgo de un estallido social en caso de que continúe la desatención a sus necesidades y actual situación, alertaron miembros de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular (AERP).

En rueda de prensa en la que se anunció una marcha para este 8 de mayo desde la plaza Villalongín a las 17 horas, el representante de dicha organización, Gerardo Rodríguez González, aseguró que los pueblos indígenas del estado se han unido en la exigencia de que se desmilitarice el país o la renuncia del presidente Felipe Calderón.

“La comunidad indígena de Cherán se suma a la lista de las comunidades acechadas, despojadas y violentadas por grupos paramilitares, como es el caso de la comunidad indígena nahua de Santa Mará de Ostula, Michoacán, o la comunidad indígena triqui San Juan Copala, en Oaxaca, o las comunidades zapatistas de Chiapas”.

En este marco, dejaron en claro que no creen que la solución se encuentre en la militarización de la comunidad, pues “está comprobado que a donde llegan los militares, así como la Policía Federal, se incrementan las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos y represalias tanto de luchadores sociales como de la sociedad civil, claro ejemplo de ello es Ciudad Juárez”.

En este sentido, señalaron que no se permitirá ni un asesinato más en Cherán, lo cual –dijeron– deberá extenderse al resto del estado y el país, pues los ciudadanos, aseguran, nos encontramos en medio del fuego cruzado, por lo que señalaron que continuarán con las manifestaciones pacíficas e incluso ya se tiene programada otra marcha para el 19 de mayo, que partirá desde la delegación del ISSSTE hasta Palacio de Gobierno.

“Si los gobierno estatal y federal no pueden garantizar la libertad y seguridad de los ciudadanos, que reconozcan nuestro derecho de organizar policías comunitarias y legalizar su permiso para la portación de armas; en el estado de Guerrero y en otras partes del país ha quedado perfectamente demostrada la eficacia y buena conducta de las policías comunitarias”.

En este sentido, extendieron la invitación a la sociedad en general, estudiantes, campesinos, amas de casa e indígenas a solidarizarse con Cherán y solidarizarse de las formas posibles en la lucha: “expresamos nuestra plena disposición, cuando el pueblo de Cherán así lo determine, de trabajar en la convocatoria de un foro de solidaridad y denuncia con el pueblo de Cherán y su lucha en defensa de la tierra, del agua y de los bosques”.

Los representantes de la AERP reconocieron las acciones de los habitantes de Cherán en razón, dijeron, de que representa la esperanza de miles de mexicanos de que sí es posible resistir como pueblo al crimen organizado, narcopolíticos, altos mandos militares y policiacos corruptos, y a empresarios y banqueros dedicados al lavado de dinero del narco.

“Exigimos el total respeto a los derechos económicos, políticos y sociales de las comunidades campesinas en México”.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Rechaza Aguirre firma en caliente contra La Parota; lo analizará


HÉCTOR BRISEÑO

El gobernador Ángel Aguirre Rivero visitó la comunidad de Aguacaliente, en los bienes comunales de Cacahuatepec, donde se reunió en una huerta con unos mil 600 pobladores de la zona e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), quienes pidieron al mandatario estatal poner “punto final” al proyecto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intenta construir desde hace ocho años en el río Papagayo, conocido como Presa La Parota.

Ante la insistencia de los asistentes, el mandatario estatal se puso una playera negra con la leyenda “Punto final al proyecto hidroeléctrico La Parota”, ofreció no impulsar ninguna asamblea con el tema de la presa y sí en cambio promover programas sociales en la zona, pero se negó a firmar un documento llamado Acuerdos de Cacahuatepec. En cambio, dijo que empezará ya a operar el proyecto Lomas de Chapultepec para dotar de agua a Acapulco, lo cual “no tiene nada que ver con la presa”.

En este escrito, de cinco puntos, se obligaría a gestionar la cancelación definitiva del proyecto ante la presidencia de la República, a no usar la fuerza pública para hacer nuevas asambleas, a promover el desarrollo de las comunidades, a coadyuvar a recomponer el tejido social de los poblados de la zona, y respetar las luchas legales y pacificas que el Cecop ha entablado desde 2003 en los tribunales.

Pero Aguirre dijo “no”, porque no le habían dicho que habría ningún documento para firmar, y sólo se comprometió a que la Secretaría de Gobierno haría un análisis del texto pues firmarlo ahí sería “irresponsable”.

Día histórico

“Hoy es un día histórico”, expresó José Venus Hernández, secretario del Cecop, quien agregó que “queremos que hoy Ángel Aguirre se comprometa ante miles de huarachudos, como nos llamó el ex gobernador Zeferino Torreblanca, a ponerle punto final a La Parota. Aquí vino la CFE a tratarnos de engañar. El hecho de ser indios no quiere decir que somos ignorantes”. Agregó que “llevamos ocho años de lucha, 11 encarcelados y cuatro muertos. De la tierra hacemos crecer a nuestros hijos. Este pueblo jamás va a vender su tierra”.

El vocero del Cecop, Felipe Flores Hernández, recalcó que los proyectos de las trasnacionales sólo traen consigo el desplazamiento de las comunidades.

El otro vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, entregó al gobernador una copia de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario 41 el pasado 18 de abril, la cual declaró nula la asamblea realizada el 28 de abril de 2010 en el poblado de La Concepción, mediante la que supuestamente se aprobó la edificación de la presa.

Agregó que “hoy tenemos otro integrante del Cecop, hoy tenemos otro aliado en Ángel Aguirre, el hecho que la gente se le amontone, quiere decir que no hay recelo, como sucedía con el otro gobernador, eso es una buena señal”.

Fuente: La Jornada de Guerrera

Instan ONG a Aguirre a respetar decisión del Cecop por La Parota


Hoy el gobernador se reunirá con comuneros quienes expondrá sus razones contra la presa

CITLAL GILES SÁNCHEZ Y
 FRANCISCA MEZA CARRANZA

Organizaciones sociales emplazaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien estará hoy sábado en Aguacaliente, bastión del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), a que se comprometa a garantizar la decisión de los comuneros y ponerle “punto final a las pretensiones amañadas de los empresarios”.

Este sábado estará Aguirre Rivero en Aguacaliente, donde se reunirá con los opositores a La Parota, a quienes escuchará sus razones por los que no quieren el mego proyecto hidroeléctrico.

El director de la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Redgroac), Manuel Olivares Hernández, así como las organizaciones que integran la Red, recordaron que a ocho años de iniciada la defensa de las tierras y territorio de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, donde pretende hacer la presa, el Tribunal Unitario Agrario (TUA) notificó el 19 de abril, la sentencia donde del juicio agrario de nulidad 360/2010, en la que declara nula la asamblea que se hizo el pasado 28 de abril de 2010 en la comunidad de La Concepción y con la que pretendían arrancar la construcción de la presa.

“Con lo anterior suman cinco juicios agrarios ganados por los opositores, confirmando que dicho proyecto hidroeléctrico es social, legal y ambientalmente inviable, por lo que emplazamos al gobernador a que en su visita de este día garantice públicamente el respeto a las decisiones de los comuneros, de poner punto final a la parota”, manifestaron.

Organizaciones como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), el Consejo de Autoridades de los Cinco Pueblos de Tecoanapa, el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan urgieron al gobernador a que termine con las pretensiones empresariales de construir el mega proyecto hidroeléctrico y garantice poner punto final “a consultas y asambleas amañadas que promuevan mediante sobornos y acarreados, la construcción de la presa.

Le recordaron al ejecutivo estatal que no se trate de hacer asambleas, ni consultas “a modo” e indicaron que la consulta ya fue hecha con la participación de la CFE y expertos independientes, el 12 de agosto de 2007, consulta que aclararon “fue genuina, libre e informada con los pobladores de la zona y en el que se rechazó de manera unánime por la población dueña de la tierra”.

Advirtió que de insistir con la construcción de la Parota, el gobernador le apostaría a la confrontación y violación a los derechos humanos de miles de personas.

La visita

Luego de meses de que el Cecop buscó el acercamiento con el gobernador, Ángel Aguirre Rivero, hoy se tiene prevista la visita del mandatario en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico; la visita será en el poblado de Agua Caliente, el cual es bastión del movimiento.

El hecho calificado por los mismos pobladores como sin precedentes, por las negativas del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo a entablar diálogo con ellos, se da luego que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41 falló a favor del grupo opositor en el juicio de nulidad de la asamblea efectuada el 28 de abril del año pasado en La Concepción.

No obstante, el acercamiento no significará algún avance para que se concrete el proyecto pues a decir de los integrantes del Cecop servirá para confirmar su rechazo a la obra.

Por lo contrario, el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz aseguró que la visita del gobernador a “el corazón de la resistencia” servirá para que los comuneros entreguen un pliego petitorio con obras y proyectos que servirían para detonar la región de manera económica sin afectar a los pobladores.

De acuerdo con el comunero entre las peticiones que se le harán al gobernador “no a cambio del sí a La Parota” está una universidad campesina para Cacahuatepec, un puente que comunicaría ese poblado con Parotillas el cual sería un detonante económico además de carreteras e introducción de agua potable.

En la reunión se espera contar con organizaciones sociales del estado y defensores de derechos humanos además del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Exige ONG protección inmediata para los familiares de Torres Cruz


Apremia a crear mecanismos que garanticen la labor de los defensores de derechos humanos

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 7 de mayo. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó el asesinato del ecologista Javier Torres Cruz, quien fue emboscado y asesinado el 18 de abril. El organismo internacional exigió a las autoridades estatales y federales a proteger “de manera inmediata” a los familiares de Javier Torres, quienes “se encuentran en peligro inminente”.

A casi un mes del crimen contra el ecologista e integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), el Cejil recriminó a las autoridades que nuevamente los defensores de los derechos humanos vivan las amenazas y criminalización es por ejercer su trabajo.

“El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva”, destacó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del organismo internacional.

Recordó que desde diciembre de 2008 había una orden por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le otorgaran medidas cautelares a Javier Torres y su familia, solicitud que fue ignorada por el gobierno mexicano. También agregó que la CIDH solicitó en reiteradas ocasiones al Estado mexicano información sobre el caso.

Ante el homicidio contra el ecologista, el Cejil exigió al Estado mexicano “que proteja inmediatamente a sus familiares, quienes corren un peligro inminente y se investigue exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables”.

Indico que la situación en Guerrero “es particularmente alarmante, pues la Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas”.

Sin embargo, el Estado mexicano ha sido omiso en proteger a los activistas guerrerenses y, por tanto, consideró que dichas actitudes omisas “acarrean responsabilidad moral, política y jurídica por las muertes prevenibles”.

Finalmente dijo que hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice “de una vez por todas” un mecanismo de protección adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos y con otros actores que puedan brindar asistencia técnica.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Colectivos adherentes a La Otra Campaña llaman a la autodefensa y la autovigilancia


El problema no es el crimen organizado, sino el capitalismo, que posiciona al narco como prestigioso, dicen

RAÚL TORRES

En el contexto de la marcha nacional por la justicia y contra la impunidad, varios colectivos de Jalisco adherentes a La Otra Campaña lanzaron un llamado a pueblos, comunidades, barrios, colonias, familias y colectivos, a “procurarnos entre nosotros mismos la seguridad y la paz que gobiernos y delincuentes nos han arrebatado. Con autovigilancia y con autodefensa y autogestión de nuestros problemas, procurando en primer lugar que nadie se muera de hambre en nuestro barrio o nuestro pueblo y procurando resguardar a nuestros hijos y hermanos para que no se conviertan en carne de cañón, ya sea como policías o soldados o como sicarios y empleados de narcos”.

Para divulgar esta convocatoria, el doctor Jorge Alonso, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) occidente, leyó un pronunciamiento firmado por la Asamblea de Comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, el Colectivo Cuadernos de la Resistencia, la Brigada Callejera, el Colectivo Rebelión Cotidiana de Ciudad Guzmán, el Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas, el Centro de Reflexión Laboral (Cereal) y la Coalición de Ex Trabajadoras y Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional.

Tras hacer un diagnóstico con datos duros sobre los costos de la “guerra contra las drogas” en Jalisco (mil 73 asesinatos, 131 enfrentamientos entre fuerzas armadas oficiales y de la delincuencia, una impunidad de 97.9 por ciento en los delitos), los firmantes aseguraron que a esta violencia se suma la violencia ancestral y reciente que padecen los de abajo en Jalisco.

“Estamos hasta la madre porque esta guerra tiene otros propósitos. En primer lugar la batalla en contra de la delincuencia organizada fue lanzada para buscar la legitimación política de Calderón después del fraude electoral y de su imposición en el Ejecutivo federal en 2006. En segundo lugar, busca legitimar y normalizar la presencia del Ejército y de las fuerzas armadas en las calles y poblaciones del país, en abierta violación a las leyes mexicanas que señalan que el Ejército únicamente puede estar en las calles en periodo de excepción. El aumento de la criminalización de la protesta social es un tercer propósito de la farsa que se disfraza de “guerra contra las drogas”. En el sexenio de Calderón ha aumentado la represión en contra de activistas, militantes y personas que salen a defender sus derechos. El clima de ‘inseguridad permanente’ es usado y utilizado por los distintos gobiernos de todos los partidos para perseguir y reprimir activistas sociales. El cuarto propósito que identificamos en esta falsa guerra contra la delincuencia consiste en preparar el terreno para la creación del Estado de excepción con el pretexto de enfrentamientos o narcobloqueos. La complacencia y beneplácito del gobierno de Estados Unidos es un quinto propósito que identificamos en esta guerra de Calderón”, señala el pronunciamiento

El problema, señalaron, no es la delincuencia organizada, sino el capitalismo, que ensalza la búsqueda del poder y la riqueza: “ahora es más prestigioso ser narco de barrio y miembro de un cártel de la droga que un representante popular o incluso un maestro”.

Finalmente, aclararon que no participarán en la marcha del 8 de mayo –“lo que no implica que estemos en contra” – porque no buscan una interlocución con los gobiernos y los políticos: “de ellos no va a venir ninguna solución y creemos que nuestro trabajo debe ser en los barrios, con la gente de abajo”.

Fuente: La Jornada de Jalisco

CRÍMENES DE ODIO


El asesinato del activista de la diversidad sexual, Quetzalcóatl Leija Herrera, a la sazón ex presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral, AC tiene que asumirse en un contexto mucho más amplio que en el simple expediente de la violencia.

Leija Herrera era un activista por los derechos de los homosexuales, con una importante presencia en la comunidad lésbico gay no sólo en Guerrero sino en el país y se había caracterizado precisamente por denunciar la violencia contra este sector. Su muerte ocurrió en el centro de Chilpancingo, inclusive muy cerca del zócalo, y de una manera cruenta, a pedradas, lo que lleva a asumir dos hechos ineludibles: por una parte, la expresión de odio que eso implica y por la otra, la ausencia policiaca en el área, o su omisión para contener el ataque.

Pero además, este asesinato exhibe la violencia sistemática, aunque silenciosa, contra homosexuales. En el país, según recuento de las organizaciones, ha habido más de 600 crímenes de este tipo en 14 años.

Pero en Guerrero, las cifras son imprecisas porque casi por regla no hay denuncia. El propio Leija en algún momento había hablado de 16 casos, pero hay muchos otros datos más de agresiones que no se denuncian o que no se vinculan con una agresión homofóbica.

En Acapulco varios jóvenes homosexuales han sido agredidos por individuos que se desplazan en un mismo vehículo y que suele esperarlos afuera de los bares, amenazarlos y golpearlos con un procedimiento que tiene un sello particular. Pero, según expresiones de las mismas víctimas, no presentan ninguna denuncia por temor a seguir siendo agredidos o a veces por no hacer mayor escándalo.

En Chilpancingo y en otras poblaciones la situación no ha de ser muy diferente. Sin embargo, es necesario advertir que esta violencia no va a disminuir mientras no se promuevan políticas de respeto a la diversidad, en lo cual la Iglesia tiene mucho que hacer porque es el sector más reacio a reconocer los derechos a la comunidad lésbico gay; y de cero tolerancia ante las agresiones a este sector, por lo que las autoridades tienen que investigar y sancionar a los responsables.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Las dos muertes de Juan R. Escudero V


PACO IGNACIO TAIBO II

Tratando de obtener el apoyo del gobierno regional, el POA dirigió un telegrama a Neri, pidiendo un juez especial para que se hiciera cargo del asunto. El día 3 de abril insistieron celebrando una manifestación de apoyo a Escudero y Neri, en la que participaron trescientas personas.

Dos días más tarde, el jefe de la guarnición, emborrachado por los comerciantes gachupines, detuvo dos minutos antes de las dos de la mañana a Juan AR.; varios miembros del POA que fueron a preguntar por qué se le había detenido, también fueron encarcelados. El puerto se movilizó ante el temor de que fueran a matar al alcalde. Nuevamente se telegrafió al presidente Obregón, y este contestó que la detención se debía a órdenes del juez de distrito y que él no se inmiscuía.

Mientras tanto, Escudero fue sustituido por Tomás Béjar y Ángeles, que mantenía una actitud ambigua ante las presiones, tratando de deslindarse dl radicalismo de Juan. Solano tomó la defensa del dirigente, señalando que:

Como miembros de esta corporación están obligados a defender no al c. Juan R. Escudero sino al c. presidente municipal que ha sufrido vejaciones sin límite, y al no tomar medidas específicas se hacen cómplices del atropello iniciado y los que se sucedan, de los que el pueblo tomará estrecha cuenta a sus representantes.

Escudero fue liberado meses más tarde (julio de 1921) , gracias a un amparo. Arsenio Leyva sustituyó a Béjar en la alcaldía, y Escudero pasó a la Secretaría del POA.

Durante su estancia en la cárcel, una buena noticia sacudió al puerto. El fin las autoridades del centro habían decidido iniciar las obras de construcción de la carretera Chilpancingo- Acapulco. Por iniciativa presidencial se otorgaba un crédito de setenta y cinco mil pesos para la realización de la obra.

A l salir de la prisión Juan trató de ganarse la vida montando un cine y teatro popular, donde cobraría entradas de veinticinco y cincuenta centavos a los espectadores, y para eso pidió permiso para usar la parte delantera del Palacio Municipal. Nunca podría llevar a cabo su proyecto.

A mediados del mes un par de ricos gachupines, los hermanos Jesús y Enrique Nebreda, dueños de las tierras de la orilla del río Papagayo, fueron muertos junto con L. Quezada y Venustiano Suástegui por las balas de una familia campesina. El conflicto tenía negros antecedentes: las violaciones de doncellas campesinas por parte de los asesinados, motivo por el que tenían un juicio pendiente, el robo de ganado de los pequeños propietarios de la zona por los Nebreda, que lo vendían a las casas Alzuyeta y Fernández Henos., y el asesinato de catorce campesinos por el general Martínez, instigado por los hermanos gachupines. Juan había formulado las demandas contra los Nebreda apoyando a los campesinos de la familia Guatemala (Florencio, Carmelo y Francisco), que ante la ausencia de justicia terminaron matando a tiros a los españoles.

El 28 de julio la colonia española publicó una carta en el periódico más importante de la capital, El Universal, y el diario se hizo eco al día siguiente en un editorial, acusando a Juan de instigar el asesinato y de haber disparado un revólver y haber gritado -¡Mueran los gachupines!-, en un acto público.

Escudero se defendió de los cargos diciendo que eran absolutamente falsos, pero las presiones continuaron. El 5 de agosto, El Universal publicó una carta del gobernador Neri en la que decía que la muerte de los Nebreda se debía a sus bárbaros actos contra la población, pero al mismo tiempo señalaba que Escudero no era desde Hacía solidario con su actuación.

Enfrentados a Obregón y sin el apoyo de Neri, el POA y Escudero se encontraban dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas.

Durante los meses de julio y agosto el Ayuntamiento escuderista fue bombardeado por demandas judiciales, en particular dirigidas contra el jefe de policía Francisco Escudero y actos de la corporación. Incluso se dictó orden de aprehensión contra la nueva compañera de Juan, Josefa Añorve. Detrás de estas acciones estaban Uruñuela, Sutter, González y los gachupinistas al servicio de las casas.

El 6 de agosto Villaseñor trató de detener nuevamente a Escudero, pero este, avisado por sus amigos en telégrafos de la orden enviada por el propio Obregón, se amparó nuevamente, Entre el 8 y el 11 de agosto otra guerra de telegramas se desarrolló, teniendo como destinatarios a Obregón, al propio Escudero y al mayor Villaseñor. Los empleados de telégrafos, que habían avisado al líder acapulqueño, fueron cesados por orden presidencial, y Obregón presionó para que el juez que había dado el amparo lo retirara; pero este se mantuvo firme. Juan, para romper la situación que se había creado, citó al Ayuntamiento y pidió una nueva licencia; tras este acto se fue a meter a la cárcel a la espera del juicio que aclarara la situación de una buena vez. Pero no se entregó atado de manos; se llevó con él la pequeña imprenta en la que se imprimía Regeneración y siguió haciendo el periódico desde la celda, utilizando la propaganda para golpear a sus enemigos y para llamar a la organización popular.

Los pocos estudios que se han hecho sobre Escudero han recogido la versión de que existía una íntima alianza entre el socialismo local y la administración obregonista, en particular con el gobernador Neri. En los hechos relatados, se muestra claramente que tal alianza nunca pasó de ser un apoyo táctico por parte del POA al obregonismo en la medida en que la victoria de este golpeaba, aunque fuera mínimamente, a una parte de los enemigos del movimiento acapulqueño: a los militares y los administradores públicos. Queda claro también que este apoyo del POA no se tradujo en el favor de Obregón o en el del gobernador de Guerrero, que no solo se deslindaron de la política de Escudero sino que incluso la agredieron apoyando (en el caso de Obregón al menos) a militares y jueces vendidos a los grandes comerciantes del puerto.

Quizá estos elementos pesaban en la cabeza de Escudero, quien una vez que hubo abandonado la cárcel, absuelto del juicio que lo había obligado a encerrarse, puso un mayor empeño en las medidas de organización económica del pueblo al reincorporarse al Ayuntamiento de Acapulco.

En los últimos meses de 1921, además de sacar un nuevo periódico, El Mañana Rojo, monto en el Palacio Municipal un pequeño taller para fabricar bolsas de papel y canastas, organizó la cooperativa de pescadores, con lo cual golpeó durante al monopolio comercial en la venta de aperos que tenían los gachupines; montó la Casa del Pueblo, una cooperativa de consumo que además compraba directamente a los campesinos los productos de la tierra, inició una campaña contra el analfabetismo y organizó un comité para fundar una colonia agrícola que pidió la expropiación de las haciendas El Mirador y la Testadura, propiedad de los comerciantes españoles.

En POA creció en esos meses y parecía que la campaña de organización de la economía popular dañaba seriamente los intereses de las casas comerciales.

En el primer año de la Presidencia municipal el escuderismo descubrió que el control del Ayuntamiento no le ofrecía impunidad frente a los ataques enemigos. Por el contrario, apoyándose en militares y jueves venales, los gachupines lograron meter entre rejas por tres meses a Juan R.; lo obligaron en dos ocasiones a pedir licencias del cargo y lo aislaron de sus posibles puntos de apoyo en los gobiernos federal y estatal. En cambio, el poder municipal llevado a las calles por Escudero y la realización del programa económico, hicieron del POA, el Ayuntamiento y el pueblo llano de Acapulco un solo movimiento.

Ese fue el motivo de que en las elecciones para el Ayuntamiento del 5 de diciembre, una planilla del POA encabezada por Ismael Otero ganara las elecciones por un margen abrumador. Escudero esta vez no había formado parte del grupo de regidores de la planilla triunfante, y no se incorporó al Ayuntamiento, aunque sí lo hicieron sus dos hermanos, convertidos en tesoreros municipales y jefe de la policía.

Los gachupinistas trataron de legalizar un Ayuntamiento fantasma encabezado por Miguel P. Barrera y apoyado por el eterno Juan Luz desde el Ministerio Público Federal, pero la maniobra cayó por su propio peso.

Las tensiones crecían, los rumores hablaban de que las cosas se resolverían con las armas en la mano. Escudero parecía esperarlo. Gil narra que el comerciante libanés Saad, enfrentando a los gachupines, trató de hacerle varios regalos, que Juan rechazó, aceptando tan solo una carabina 30-30 diciendo: -Con estas armas acabaremos con los capitalistas.

La primera muerte de Juan

A la cabeza de Escudero le pusieron precio. Los comerciantes reunieron la fantástica cantidad de dieciocho mil pesos y los ofrecieron al que se atreviera a matarlo. Protegido por el rumor, Juan R. mudó su vivienda al Palacio Municipal y en torno suyo se estableció una estrecha vigilancia.

A principios de marzo de 1922, Cirilo Lobato, inspector del rastro y miembro del POA, realizó un descubrimiento que había de ser decisivo en el desencadenamiento de la crisis: Ismael Otero, uno de los hombres de confianza de Juan R. y presidente municipal acapulqueño, en complicidad con el carnicero Juan Osorio, evadía los impuestos municipales permitiendo que por cada res que se sacrificaba con permiso, otra lo fuera clandestinamente. Tres regidores más, corrompidos por el dinero que ofrecían los comerciantes, se pasaron al lado de Otero: Ignacio Abarca, Plácido Ríos y Emigdio García. Dos veces salieron a relucir las pistolas y en las dos ocasiones, Josefina Añorve, una costeña de diecisiete años, amante de Juan y –con muchos ovarios, tiró de pistola primero– y disuadió a los agresores Otero y Rebolledo.
Bajo presión de Juan, el Ayuntamiento escuderista hizo renunciar a Otero el día 7 y Manuel Solano fue nombrado presidente municipal.

El 10 de marzo Escudero presentó una comparecencia ante el Ayuntamiento exigiendo la detención de Otero por sacrificar ganado ilegal. El acusado nuevamente trató de matarlo pero la intervención oportuna del policía Severo Isidro lo impidió.

La tormentosa sesión culminó a las nueve de la noche. A esa hora, los cuatro traidores se fueron a conferenciar con el mayor Juan S. Flores, que estaba con los gachupines Pascual Aranga, Marcelino Miaja, José Jordá y Obdulio Fernández. Ahí se fraguó un plan para acabar con el Ayuntamiento socialista y matar a Juan Escudero.

A las dos de la mañana, tras unos disparos hechos por el grupo de Otero contra el resguardo matutino desde las afueras del Ayuntamiento, y que habrían de servir como señal y provocación, el mayor Flores con doscientos soldados, haciendo derroche de disparos al viento-, avanzó sobre el Palacio Municipal. Juan R. trató de defenderse acompañado por siete policías armados con fusiles.

Durante algunos minutos los situados resistieron el ataque de los militares a los que se habían sumado varios marinos y el grupo de traidores encabezados por Otero, Juan disparaba una pistola automática desde una de las ventanas. Los presos pidieron armas para colaborar en la defensa del Ayuntamiento, pero Juan esperaba alterar a los miembros del POA en todo Acapulco y que estos vendrían a apoyarlo y se negó a entregarlas; los acontecimientos se sucedieron con gran rapidez. El mayor Flores con dos latas de diecisiete litros de gasolina, que le había proporcionado el administrador de la aduana Juan Izábal Mendizábal, incendió las puertas del Palacio Municipal. Los policías, comandados por Pablo Riestra, pidieron a Escudero que tratara de huir, puesto que a él era al que querían matar, mientras que ellos intentaban una última resistencia. Juan trató de saltar una barda que daba a la panadería de Sofía Yevale, pero un balazo lo alcanzó rompiéndole el brazo derecho y penetrando entre las costillas.

Mientras tanto los asaltantes habían tomado el Ayuntamiento y golpeaban a policías y presos para que dijeran dónde estaba Juan, quien arrastrándose había llegado hasta el cuarto que usaba de dormitorio. Allí, con la ayuda de Josefina Añorve y Gustavo Cobos Camacho intentaron una última resistencia poniendo un armario contra la puerta.

Inútil. El mayor Flores, siguiendo los rastros de sangre, llegó hasta el cuarto y los soldados derribaron la puerta. Flores entró y contemplando a Escudero tendido en el suelo, dicen que dijo: –¡Vamos a ver si de verdad estás muerto!–, y golpeó el brazo roto del herido contra unos ladrillos. Chepina Añorve trató de intervenir, pero el mayor apuntó a la cabeza de Escudero y disparó el tiro de gracia.

Fuente: La Jornada de Guerrero