miércoles, 31 de agosto de 2011

Rechaza López Obrador reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos para regular los casinos



San Luis La Paz, Guanajuato
Miércoles 31 de agosto de 2011



* Propone que se reactiven las actividades productivas, que se generen fuentes de empleo y que se garantice el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas

*Los permisos para la operación de los casinos disfrazados de centros de juego se extendieron con Fox manifiesta.


Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a cualquier iniciativa de reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que regule las actividades de casas de apuestas y casinos, como lo sugieren legisladores panistas y priistas, así como autoridades de diferentes niveles de gobierno.

En su lugar de modificar cualquier legislación, el presidente legítimo de México propuso que se reactiven las actividades productivas, que se generen fuentes de empleo y que se garantice el bienestar de la mayoría de las familias mexicanas.

Para mostrar la doble moral de los gobernantes de extracción panista, manifestó que los permisos para la operación de los casinos disfrazados de centros de juego y de apuestas se extendieron precisamente en la administración del ex presidente Vicente Fox.

Sin embargo, prosiguió, legisladores y autoridades surgidas del partido albiazul “hablan que no deben autorizarse más permisos para operar casinos, porque son malos ejemplos para los niños, porque propician vicios y son ambientes muy dados a la delincuencia”.

En entrevista que concedió al término de una asamblea informativa que se llevó a cabo en este municipio, el presidente legítimo de México recordó que el gobierno foxista autorizó los permisos “porque querían quedar bien con Televisa, si se considera que el mayor número de ellos se otorgaron a Televisa en el 2005, un año antes de la elección presidencial, para que el PAN tuviese el apoyo de Televisa”.

Pero ahora “Televisa inicia toda una campaña para hacerse pasar como la salvadora de México. Pura hipocresía”, a raíz de la tragedia de Monterrey, afirmó.

Un segundo ingrediente en el asunto de la operación de casas de juego, centros de apuestas y casinos es el millonario negocio en donde están involucrados “los de arriba”, tanto panistas como priistas, que en el fondo son iguales y su única diferencia radica en que los primeros son corruptos y ladrones los segundos.

Por esa razón carece de todo “sentido estar cuestionando a los panistas, cuando los miembros de la mafia del poder son en su mayoría priistas. Son priistas de corazón y de conveniencia, porque se hicieron inmensamente ricos cuando el PRI estaba en su apogeo”, subrayó.

Luego hizo énfasis en que fue precisamente el ex presidente Carlos Salinas quien facilitó el enriquecimiento, al amparo del poder público, de los 30 integrantes de la mafia del poder, de la política y del dinero.

Antes de Salinas, ninguno de los 30 pintaba ni existía, y sus intereses son contrarios al interés del pueblo, “porque no les importa el bienestar de la gente ni la paz, la tranquilidad, la existencia de la gente. En suma, son unos ambiciosos de poder y de dinero”, añadió.

A pregunta expresa que le formularon los comunicadores, López Obrador aseguró que la tragedia de Monterrey confirma que el régimen ya se pudrió y que es necesaria una transformación de fondo de la vida pública de México.
“No hay posibilidad de que las cosas mejoren, si no hay un cambio de régimen”, alertó.

Luego se le preguntó si iniciaría campaña en los tiempos marcados por la legislación electoral. Expresó que todo depende del aspirante de las fuerzas progresistas que esté mejor posicionado. ”Ese es el acuerdo que mantengo con Marcelo Ebrard”, jefe de gobierno del Distrito Federal”, recordó.

Un reportero atajó: Navarrete dice que podría ser Juan Ramón de la Fuente Ramírez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El presidente legítimo dijo que “todas las propuestas son buenas y todos somos libres de participar”.

Durante la asamblea informativa ante el pueblo de San Luis La Paz, Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador denunció que el gobierno usurpador de Felipe Calderón abrió las fronteras para dar entrada a la importación de calzado fino, en vez de apoyar la actividad productiva en el país y crear empleos en el país.

Con la inundación de calzado del extranjero, sostuvo, podrían verse afectadas por lo menos 40 mil familias que se dedican a elaborar zapatos en León, Guanajuato, además hay posibilidad de que quiebren los pequeños productores, así como los fabricantes de calzado de Guanajuato y del país.

Destacó que en México no se protege a la mediana y pequeña empresa, los productores no tienen ningún apoyo y se les pone a competir, sin condiciones de igualdad, con empresas trasnacionales.

Planteó que es necesario un cambio a partir de apoyar la actividad productiva para que haya empleos y la gente no se vaya a buscar la vida del otro lado de la frontera, que pueda la gente trabajar donde nació y además que se utilice el petróleo como palanca del desarrollo y solo comprar las gasolinas a empresas extranjeras.

Al manifestar que por el mal gobierno de Felipe Calderón los mexicanos padecen de una crisis económica, política, social, de inseguridad y de violencia, manifestó que los potentados son los responsables de la debacle nacional, porque se quedaron con todos los bienes de la nación y le cancelaron el futuro a millones de mexicanos.

“Son 30 personajes, varones del dinero y del poder que son los que mandan a México, porque no es cierto que vivamos en un Estado de Derecho o que las instituciones están al servicio del pueblo o que vivamos en una democracia”, mencionó.

Acompañado por el presidente municipal de San Luis La Paz, Guanajuato, Javier Becerra, indicó que el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) nació para transformar la vida pública del país, porque si sigue este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no se va a encontrar la salida ni como pueblo, ni como nación.

MORENA, comentó, es una lucecita que nos indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos “y es la única esperanza para la mayoría de los mexicanos y por eso no estamos organizando”.

Informó que desde abajo y con la gente se viene construyendo el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), para sacar a México del atolladero en que se encuentra, para sacar al pueblo de la pobreza y de la marginación y para lograr entre todos el renacimiento del país.

Para mañana, el presidente legítimo de México estará en los municipios de Ciudad Mante y Ciudad Madero, Tamaulipas.

Boletín y Conferencia 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido



El 30 de agosto es un día emblemático para recordar, no olvidar y no perdonar a los perpetradores de estos crímenes, así como también para dignificar a nuestros detenidos desaparecidos, para seguir luchando por el juicio y castigo a los responsables y para lograr garantías de no repetición de este crimen de lesa humanidad.


Exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada, el castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta política de Estado, así como también para exigir la promulgación de una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas, una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN y un fondo de contingencia social para las familias víctimas de desaparición forzada que queden en el desamparo y que así lo deseen.
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Fuente: Comité Cerezo

Sólo quieren saber donde están




Por Javier Zúñiga, Asesor Especial de Amnistía Internacional

La última vez que Supaya Serrano Cruz vio a sus hermanas, Erlinda y Ernestina, las niñas tenían apenas 3 y 7 años respectivamente.

Las tres caminaban por un monte, escapando de un operativo del ejército salvadoreño en la localidad de Chalatenango. El año era 1982 y El Salvador vivia un sangriento conflicto armado. Cuando Supaya escuchó tiros, escondió a las niñas y fue a buscar refugio. Al regresar a buscarlas, sus hermanas ya no estaban.

Tiempo después supo que testigos vieron como soldados secuestraron a Erlinda y Ernestina y se las llevaron en un helicóptero.

Nadie supo más de ellas.

Casi 30 años han pasado, pero no se ha iniciado ninguna investigación seria sobre su desaparición. Nadie ha sido llevado a la justicia.

Hoy, Supaya habla de la desaparición de sus hermanas como si el tiempo no hubiera pasado.

“Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más que eso. Tengo la esperanza que alguna vez las voy a volver a ver,” dice.

El 30 de Agosto marca el Día Internacional de los Desaparecidos. El día fue establecido en 1983 para llamar la atención sobre los cientos de miles de personas detenidas sin acceso a sus familiares o representantes legales alrededor del mundo.

En mis más de 30 años trabajando con Amnistía Internacional en América Latina, conocí a muchas personas como Supaya. Madres, padres, abuelos y hermanos que durante años han pasado cada uno de sus días recorriendo tribunales, manifestándose con fotos gigantes, siguiendo pistas y golpeando puertas, en sus países y en otros.

Personas que sólo quieren saber que fue de sus seres queridos.

Muchas cosas han cambiado desde mis primeros viajes de investigación a Chile y Argentina, allá por los años 70’s. A casi tres décadas del final de las últimas dictaduras latinoamericanas, comenzamos a ver importantes avances hacia la justicia.

En Argentina, por ejemplo, se han abierto decenas de procesos contra altos mandos militares por su responsabilidad en abusos a los derechos humanos, incluyendo su rol en miles de desapariciones forzadas. Decenas de niños apropiados ilegalmente encontraron su verdadera identidad.

En Perú, un grupo de miembros del escuadrón de la muerte “Grupo Colina” y de ex altos cargos del gobierno de Alberto Fujimori fueron hace poco declarados culpables del homicidio de 15 personas y de la desaparición forzada de otras 10, cometidos en 1991 y 1992.

En Colombia, el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega fue condenado en 2010 a 30 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas en 1985, después de que el ejército asaltara el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19 retenía a varias personas como rehenes.

Pocos hubiéramos imaginado hace apenas 20 años, que veríamos a estas personas rindiendo cuentas. Aunque en otros lugares, sin embargo, las cosas no han avanzado.

En Bolivia, por ejemplo, las autoridades que investigaban desapariciones forzadas cometidas entre 1980 y 1981 siguen teniendo dificultades para acceder a los archivos militares, pese a que la Corte Suprema del país ha dictado dos órdenes para que se desclasificaran.

Brasil todavía se niega a derogar una Ley de Amnistía de 1979 que no permite que cientos de casos de tortura, asesinatos y desapariciones sean investigados.

Mientras tanto, en Estados Unidos, los responsables de delitos de derecho internacional cometidos en el marco de la “guerra contra el terror”, como torturas y desapariciones forzadas, no rindieron cuentas de sus actos.

Aun hoy, Amnistía Internacional continúa recibiendo cientos de denuncias de desapariciones forzadas desde cada rincón del planeta.

En México, por ejemplo, hemos visto un aumento en los informes de desapariciones a manos de las fuerzas armadas en el contexto de operativos para combatir el crimen organizado.

No es casual que las desapariciones continúen siendo una realidad en las Americas. Cuando los responsables de los abusos a los derechos humanos no son llevados a la justicia y castigados, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse. El mensaje que se envía es muy peligroso.

Tan seria es la situación que en 2007, las Naciones Unidas acordaron una convención contra las desapariciones forzadas, destinada a prevenir estas violaciones a los derechos humanos, iniciar investigaciones cuando se cometen y llevar a los responsables a la justicia.

La convención, ratificada por la mayoría de los países en América Latina es un importante paso hacia el esclarecimiento de estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, para que este acuerdo sea realmente útil, es imprescindible que todos los estados se comprometan a llevarlo a la práctica.

“Es muy duro hurgar el pasado pero lo que me mantiene viva es la esperanza de que algún día mis hermanas y yo nos volveremos a ver,” dijo Supaya.

Es que esa esperanza es lo único que queda cuando alguien pierde a un ser querido sin saber que pasó. Cuando se les quita el derecho a un entierro, a saber si viven o no. Cuando no les queda más opción que pasar cada día de sus vidas, preguntándose: ¿dónde están?

Pero no están solos, nunca los dejaremos solos.

Organizaciones demandan al Estado cumplir con la Coidh


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 29 de agosto. Como parte de la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido, los miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem) y de la Fundación Lucio Vive AC, exigieron al gobierno federal que cumpla con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

En un comunicado, Cuauhtémoc Contreras Javier, dirigente de la Fundación Lucio Vive, manifestó que quienes integran ese grupo demandan al Estado mexicano que cumpla la sentencia de la Coidh, particularmente en el caso del luchador social, Rosendo Radilla Pacheco, “ya que de hacerlo, sería una muestra clara de que en México existe y se hace valer el Estado de derecho como tanto pregonan las autoridades; de lo contrario, no estaremos más que frente a un Estado que hace de la desaparición forzada de personas su más vil y cobarde acción contra su pueblo y contra la humanidad entera”.

Manifestó que el martes, fecha que las organizaciones no gubernamentales reconocen como el Día Internacional del Detenido-Desaparecido, no debe quedar en el olvido la demanda del esclarecimiento de los crímenes cometidos por el Estado mexicano contra los ciudadanos que han sufrido este delito.

La Afadem rememoró que en 1988 fue fundada esa organización con muchas dificultades por ser un movimiento de víctimas, además de que sus miembros fueron objeto de persecución, hostigamiento, campañas de difamación e incluso, en algunos casos, víctimas de desaparición, mientras que otros fueron asesinados.

Fuente: La Jornada de Guerrero

El pueblo de Vícam, Sonora, territorio de la tribu yaqui, vive momentos alarmantes


FERNANDA NAVARRO

Recibimos una convocatoria de las autoridades de la tribu yaqui donde relata que en estos instantes, en suelos sonorenses se está perpetrando un atraco criminal contra su tribu y su supervivencia, acciones orquestadas por parte del presidente de la República, Felipe Calderón, y el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, dando continuidad a una de las guerras más largas que se tenga en la historia contra los pueblos indígenas.

Se están dando los pasos para construir el acueducto llamado “Independencia”, violando flagrantemente disposiciones judiciales que otorgan protección a las garantías constitucionales, a través de una medida cautelar precautoria urgente otorgada por un tribunal agrario a la tribu yaqui, a favor de la demanda de restitución de aguas y un amparo interpuesto por los agricultores del valle del yaqui contra la licitación del acueducto, ordenando parar las obras por parte de un juzgado de distrito, el pasado 14 de agosto del año en curso. Lo anterior ratifica que el gobierno de Guillermo Padres Elías se encuentra en desacato.

Los efectos de alto riesgo que significa el proyecto del acueducto “Independencia” en Vícam no tiene precedentes en la historia de Sonora. Se le califica de “criminal”, nos explican, porque además de constituir una flagrante ruptura del estado de derecho, se traduciría en despojar a la población originaria del Valle del Yaqui del agua; en otras palabras, provocar su muerte por sed, literalmente.

Dicho proyecto de destrucción proviene, en primer lugar, del gobierno del estado, a través del gobernador Guillermo Padres Elías, aunado a la complicidad e irresponsabilidad del Ejecutivo federal que, como suele ocurrir, antepone los intereses trasnacionales a los del propio país. Por otro lado, los abogados enterados de la situación han guardado un ominoso silencio. Los únicos esfuerzos evidentes han venido, desde hace más de un año, de los ciudadanos afectados del Valle del Yaqui.

Nos comunican los pobladores del Valle del Yaqui: “una vez más, el Estado mexicano queda expuesto ante la opinión pública mundial, nacional, regional y local y concretamente Felipe Calderón, Guillermo Padres Elías, como instrumentos del poder económico de empresas extranjeras, al violar y despreciar las leyes mexicanas y convenios y tratados mexicanos, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169, instrumento que utilizaron las autoridades tradicionales contra el manifiesto de impacto ambiental, que fue aprobado a favor de la construcción del acueducto por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su secretario encargado de despacho, José Luis Luegue Tamargo, violando flagrante la ley en materia de derechos humanos de tercera generación, que protege a los indígenas el derecho al trabajo y el desarrollo”.

“Bajo estas condiciones de guerra de baja intensidad, y una vez más, confabulados el gobierno mexicano y el gobierno del estado de Sonora, sirviendo como instrumentos e interés del gran capital y sus trasnacionales, quieren cometer el despojo más descomunal de nuestra historia reciente al quitarnos el agua, patrimonio de la humanidad, un bien de la nación y propiedad de la tribu yaqui –a través del decreto presidencial de 1940 y convertirlo de un instrumento e insumo para el desarrollo y producción de alimentos en un bien privado y sujeto a las reglas del mercado especulativo-.

“Es por ello que la tribu yaqui y la sociedad civil de siete municipios del estado de sonora, representados en sus diferentes organizaciones, queremos hacer valer la ley y el estado de derecho, y constituirse en fuerza civil para detener el acueducto a través de la denuncia, la resistencia y la desobediencia civil pacífica e impedir que se cometa uno de los actos más injustos de la historia reciente. En nuestro carácter de autoridades tradicionales de la tribu yaqui de Vícam y Potam, no vamos a permitir que se vuelvan a cometer más injusticias contra nuestro pueblo, haremos hacer valer nuestra razón histórica como pueblos originarios de estas regiones áridas y nuestros derechos históricos. Donde toda autoridad tradicional y todo integrante de la tribu yaqui se consagra en la defensa de la tierra y el agua.

“La lucha por la autonomía y autodeterminacion son principios irrenunciables.Nunca más un méxico sin nosotros”.

Atentamente: autoridades tradicionales de la tribu yaqui.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Muchos insisten en que no habrá crisis, sin reconocer que vivimos en ella



ARTURO HUERTA GONZÁLEZ

El pasado 25 de agosto Felipe Calderón insistió en que no hay riesgo de que ocurra otra crisis económica. Dijo que “hay economías emergentes que reportan un crecimiento notable, pero con riesgos de sobrecalentamiento, mientras el país crece de manera moderada, pero sin calentamiento”. Al respecto cabe señalar que es mejor crecer, aumentar la capacidad productiva y la generación de empleo y el ingreso de la población, a pesar de que se esté en riesgo de sobrecalentamiento, que mantener políticas monetarias y fiscales restrictivas deliberadas para reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio, que solo favorece a los dueños del dinero, a costa de sacrificar el crecimiento económico, el desarrollo industrial y agrícola, la generación de empleos, y el nivel de vida de la población, como ha venido aconteciendo en el país. Ello refleja que no hay visión alguna de estrategia de proyecto de nación. El crecimiento moderado que defiende Calderón ha puesto en jaque la seguridad nacional del país, y tomará muchos años salir de los problemas que enfrentamos, y menos saldremos de ello, si se insiste en lo mismo.

Dijo que “ante el escenario internacional, y lo que sucede en las naciones europeas, debemos estar preparados”, y de ahí “la decisión de mantener firmeza y disciplina en las finanzas públicas con recortes presupuestales cuando son necesarios como ocurrió en 2009”. Siguen sin entender que fue justo el no tener políticas contracíclicas (el defender la política de disciplina fiscal y las altas tasas de interés), lo que llevó a México en 2009 a tener una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 6.2 por ciento, que fue mayor a lo que cayó el resto de América Latina, Estados Unidos y Europa. En dicho discurso, defendió el déficit fiscal de menos de 1 por ciento que está actualmente, y cree que ello protegerá a México de lo que ocurre en otras economías. No se dan cuenta que cuando caen las ventas que el país realiza al exterior, y cuando el sector privado no está invirtiendo porque el mercado está contraído, y las familias no están incrementando el consumo, debido a la caída de salarios, como por las altas tasas de desempleo y la disminución de las remesas recibidas, el gobierno tendría que estar incrementando el gasto, para así dinamizar el mercado interno y contrarrestar la caída de la actividad económica y del empleo ocasionada por los factores externos antes señalados, como por la menor demanda interna. Al insistir el gobierno en lo mismo, en la disciplina fiscal, en las altas tasas de interés, como en el dólar barato, y en más economía abierta, seguiremos recreándonos en un crecimiento “moderado” y en más crisis. A pesar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su informe semanal señale (agosto 26) que México en los últimos seis trimestres trae un crecimiento de 5 por ciento anual, superior al de la OCDE, ello no contrarresta la caída de 6.2 por ciento que se tuvo en 2009. Si se ha crecido así, es por la base tan baja que se dio en 2009, y aparte, no tiene bases internas que lo sustenten. Al caer las exportaciones, como la entrada de capitales, tal como está aconteciendo, la crisis se hará más profunda.

No hay discurso oficial en que no se insista en las reformas estructurales, lo que evidencia el fracaso de la política macroeconómica seguida para que ésta configure condiciones de crecimiento. Por más reformas estructurales, es decir, por más apertura económica, por más proceso de privatización y extranjerización de la economía, por más disminución del tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y por más disminución de salarios y prestaciones laborales, la economía sigue sin crecer. Tal política nos ha llevado a tener menos industria, menos agricultura, menos economía formal, menos empleo productivo, menos activos nacionales, menos nivel de vida de la población, así como a perder el manejo soberano de la política económica, a la mayor violencia, y a comprometer la seguridad nacional, situación que debería alertar a todos los sectores de la sociedad.

La economía mexicana enfrenta una situación de gran fragilidad, en lo económico, en lo político y social. Un Estado, en sus tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– que no dan respuestas a las demandas y reclamos de la sociedad. Un poder Ejecutivo que gobierna para las transnacionales y los dueños del dinero. Un poder Judicial que no frena aquellas medidas que violentan la Constitución (como los contratos que Petróleos Mexicanos acaba de dar al sector privado nacional y extranjero), y un Poder Legislativo, donde la mayoría aprueba las políticas y reformas predominantes que nos han llevado a que el país esté más subdesarrollado, a que no tengamos ni capacidad productiva interna, ni manejo soberano de política económica para satisfacer las demandas de la población. Un país frágil en todos los ordenes, no tiene futuro alguno. Cualquier evento interno y externo lo desestabiliza, lo lleva a crisis profunda, donde será muy difícil salir a flote.

Fuente: La Jornada de Oriente

Boletín de Democracy Now! en Español

30/8/2011

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