lunes, 5 de septiembre de 2011

¿Existe la opinión pública? Los supuestos fallidos de las encuestas


MARIO ÉDGAR LÓPEZ

El problema de la confiabilidad de las encuestas es fundamentalmente un problema de esencias y no de método. Las encuestas parten de un presupuesto básico: la opinión pública existe, como una especie de pensamiento promedio que deriva en un consenso. Valdría la pena reflexionar la validez de dicho presupuesto antes de comenzar a cuestionar la técnica de levantamientos de datos y su interpretación; lo cual es secundario frente a esta apuesta fundamental, de la que parten las compañías encuestadoras y que se instala en el imaginario de los ciudadanos en general. No se trata, pues, de que algunas encuestas utilicen métodos más objetivos o con mayor rigor técnico, para así volverse más confiables en cuanto a la generación del consenso público. Se trata de si en realidad existe la opinión pública.

Sobre el asunto, es clarificador seguir el pensamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Para Bourdieu todas las opiniones parten de una posición particular de las personas, es decir, desde una realidad social diferenciada, con su propia historia y su propia experiencia, la cual no puede promediarse con otras posiciones, porque su principio es la diferenciación y no principalmente la homogeneidad social (aunque quizá pueda existir cierta idea de homogeneización cuando las personas opinan desde un campo específico que comparte con otros pares: su campo laboral, su campo estudiantil, su familia, etcétera, y sin embargo también en esas circunstancias, pensar en promedio, se traduce por lo general, en la obediencia a una opinión impositiva de quien representa la respectiva autoridad). Bajo este análisis, los datos levantados en las encuestas de opinión pública son perfectamente incomparables.

Para Bourdieu, entonces, un análisis riguroso del funcionamiento y las funciones de las encuestas de opinión, implica sobreponerse al efecto de un presupuesto superficial, el cual propone la existencia de algo a lo que se le pretende llamar “opinión pública”. Para desarrollar un verdadero acercamiento sociológico al asunto, Bourdieu plantea que es necesario desglosar el presupuesto básico mencionado, en tres supuestos que están detrás de todas las encuestas de opinión:

Se supone que todo el mundo puede tener una opinión; dicho en otras palabras, se supone que opinar está al alcance de todos.

Se supone que las opiniones de los diversos agentes que participan tienen el mismo valor a la hora de hacer el sondeo o la encuesta.

Se supone que existe un acuerdo tácito sobre las preguntas que vale la pena hacer y las que no.

Estos tres supuestos muestran el límite real que tienen las encuestas. En primer lugar, no todas las personas pueden tener una opinión consistente sobre un asunto particular (ni siquiera cuando se trata de elegir por quién votar); en todo caso, una persona tiene más y mejores opiniones sobre un problema cuanto más interesada se encuentra en el problema. De hecho la organización de aquellas opiniones que han incorporado una verdadera reflexión, se dan a partir del acceso a ciertos campos de especialización y para acceder a uno de estos campos hay que aprender un lenguaje especializado en particular (¿puede alguien tener una opinión reflexionada a profundidad, sobre la totalidad de una propuesta de gobierno, integral y compleja, que incluye una propuesta de política económica y a la vez de política exterior, de política social, de política cultural, etcétera?). En todo caso se podría pensar que son los expertos que participan en los campos: economistas, politólogos, sociólogos los que, supuestamente, podrían opinar mejor sobre sus materias de competencia y aun entre ellos habría más diferenciación que homogeneización. Lo anterior no significa que aquellos que no son expertos no tengan derecho a opinar sobre temas públicos, pero sí infiere la necesidad de agregar información y reflexión a las opiniones, para no dejarse avasallar con la idea de que lo que más pesa en la decisión es un pensamiento promedio al que se le llama opinión pública.

Sobre el segundo supuesto, habrá que decir que, en el espacio social hay jerarquías, hay poderes fácticos o reales (empresariales, de la clase política, etcétera), hay posiciones de intereses grupales, hay concentración de diversos capitales en el campo de poder, de ahí que existan opiniones que pesan mas que otras: no todas las opiniones tienen el mismo valor a la hora de una encuesta, en ciertos campos, la opinión de un solo y poderoso agente puede pesar más que la de miles. De ahí el papel de los expertos que salen en televisión o de los escándalos políticos, los cuales son capaces de cambiar el rumbo, la percepción que hace unas horas se tenía sobre alguien: no cabe duda que esa opinión pesa en el sentido que toman miles de opiniones que no están informadas. Pero estos “golpes mediáticos” no logran hacer que la opinión personal sobrepase un nivel superficial, de hecho quien se guía por informaciones instantáneas se mantiene en el nivel superficial y no de fondo. Agregar información y reflexión a la opinión personal, requiere más información de la que dan los noticieros.

En tercer lugar, no existe ninguna prueba que nos indique que las preguntas alrededor de las cuales se encuesta a los ciudadanos sean las más importantes (por obvio que esto parezca), en realidad se trata de preguntas seleccionadas por los expertos encuestadores, y detrás de ellos, por su clientela, quienes a su vez están posicionados desde algún lugar del espacio social y ambos carecen de la objetividad necesaria (de hecho nadie puede decir que goza de total objetividad, que no tiene partido, que no tiene alguna influencia o sesgo). Toda pregunta tiene algún nivel inductivo, tan es así que el propio método inductivo, utilizado en diferentes hermenéuticas, está basado en preguntas.

Según Bourdieu, el sondeo de opinión es, finalmente, un instrumento de acción política y su función más importante es precisamente, no la encuesta misma, sino la imposición de la idea de que existe una “opinión pública”. A este efecto, que busca generar la encuesta, se le llama efecto de consenso o, para decirlo con el lingüista Noam Chomsky, se trata de una generación del “consentimiento” social; término que quizá sea aún más descriptivo, ya que dar un consentimiento a alguien, no es lo mismo que consensuar, que armonizar. Al oficializar la idea de que existe una opinión pública, se busca agregar un proceso de legitimidad a cierto lado del poder –que por cierto, se trata generalmente de aquel lado que más poder concentra–, al hacer intervenir una especie de voz divina: el pueblo ha dicho. Éste es un asunto complejo, no fácil de explicar, pero importante de reflexionar.

Una primera solución ante esta idea impositiva de la opinión pública promedio, es que los ciudadanos agreguen mayor información y mayor reflexión a sus opiniones, tarea que no es fácil porque cada persona tiene distintas demandas en la vida cotidiana. Sin embargo la opinión expresada, desarrollada e incluso movilizada en diversos espacios individuales y grupales (laborales, de amistad, familiares) puede ser un comienzo para subir el nivel de información y reflexión de las opiniones personales, con el fin de evitar que se impongan los “golpes mediáticos”, que son capaces de modificar el sentido de la opinión desinformada en un instante. La opinión ciudadana que agrega información y reflexión sobre sus apuestas, puede desarmar al poder impositivo, de donde quiera que éste provenga.

Fuente: La Jornada de Jalisco

El debate sobre la estrategia de seguridad de Calderón


JORGE ROCHA

El condenable ataque al Casino Royale en la capital del estado de Nuevo León, donde murieron 52 personas la semana pasada, generó un debate crucial para la vida del país. Este acontecimiento marcó un paso más en la escalada de violencia que vive México. Por primera vez en muchos años, se perpetró un ataque en contra de personas que no tenían ningún tipo de implicación con la guerra que empezó Felipe Calderón en contra de la delincuencia organizada, es decir: 52 personas inocentes fueron víctimas de este acto delicuencial. Por un lado está la versión oficial a la que se están sumando los poderes fácticos (grandes empresarios y el oligopolio televisivo) y los simpatizantes del partido en el poder, que ante los hechos piden aumentar la militarización, aprobar la Ley de Seguridad Nacional en los términos en los que está, junto con otras reglamentaciones en la materia y conceder un apoyo irrestricto a la estrategia emprendida por el Presidente de la República y su gabinete de seguridad. Las personas y grupos que comulgan con esta idea están dispuestos a acotar libertades y ceder derechos en aras de mantener una paz a costa de las armas y que no toca las raíces profundas del problema.

La otra vertiente, donde se aglutinan buena parte de las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, defensores de derechos humanos, amplios sectores académicos, medios de comunicación críticos y prensa escrita, plantean que la estrategia de Calderón está errada, que los hechos violentos del pasado jueves es la evidencia empírica más contundente de que esa forma de combatir a la delincuencia organizada no está funcionando y que es necesario hacer un abordaje que abarque múltiples soluciones, de corto, mediano y largo plazo, que ataque a la par las causas profundas del problema, sin dejar de lado la necesidad de controlar la creciente violencia.

El debate por sí mismo resulta de mucha trascendencia, pero si a esto le agregamos que está inmerso en un contexto preelectoral, su nivel de beligerancia puede empañar la discusión y provocar que no se realice un auténtico espacio de discusión y discernimiento social. No nos podemos permitir que en un asunto tan álgido y complejo, se sobrepongan los intereses político-electorales, ni las visiones de corta mira y estrechez de entendimiento.

Por eso es necesario, desde mi particular punto de vista, plantear una serie de reflexiones que ayuden a regular el debate en un marco que no deje que los presupuestos electorales marquen el rumbo de la discusión.

Uno de las acciones primordiales que tendrían que realizarse para desde allí generar la discusión es tener un diagnóstico completo del problema. De hecho este es uno de los planteamientos que proponen los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunos dirán que no hay tiempo, pero si se recogen la multitud de estudios, diagnósticos locales, investigaciones, relatorías de foros, informes de organismos públicos y de organizaciones de la sociedad civil, se puede tener en un tiempo relativamente corto un documento integrador, que ponga cada una de las partes del problema en su justa dimensión. No hacerlo implicaría discutir haciendo castillos en el aire y condenando cualquier estrategia que se adopte a la inviabilidad y al error al no partir de la realidad concreta.

Un segundo elemento fundamental que se debería tener como punto de partida, es una evaluación concienzuda y desinteresada de la estrategia implementada por Felipe Calderón. Esta acción implica la determinación de indicadores para evaluar si efectivamente se ha avanzando en alguno de los puntos que se pretendía resolver. Algunos de estos factores que se tendrían que poner a consideración son: disminución y debilitamiento de los grupos delincuenciales, disminución de los hechos de violencia, disminución del consumo de drogas ilegales, abatimiento de la corrupción en instituciones de gobierno, decrecimiento de los niveles de impunidad, fortalecimiento institucional de los cuerpos policiales, grado de coordinación entre instancias de seguridad pública, transformación de espacios y territorios que antes se dedicaban a actividades ilegales a formas de trabajo legal, ruptura de redes de lavado de dinero, son algunos de los aspectos que tendrían que ser evaluados. Si se sigue creyendo que los indicadores para resolver este problema son aumentar el número de grandes capos detenidos o abatidos, o el número de detenciones o el número de efectivos y armamentos en un lugar, representa sin duda un grave error y una tremenda falsedad, ya que estos indicadores no dan muestra de efectividad y eficacia. Estos indicadores son para medir las acciones del gobierno, pero no dan cuenta del impacto y la eficacia. Si se entra en el terreno de la transformación y resolución del problema, seguramente los resultados serían muy poco halagadores.

El gobierno de Calderón al saber que no tiene la razón en su estrategia y que los efectos nocivos son más grandes que los aciertos, intenta sustentar en el miedo de la población, en la publicidad a través de los grandes medios de comunicación y en promesas a los poderes fácticos, continuar con esta forma de proceder, que puede poner al país en el borde de la constitución de un Estado represor, militarizado y donde las libertades se restrijan y los derechos queden soslayados. El segundo presidente del “cambio” puede poner nuevamente a México como en los tiempos más autoritarios del priísmo.

Por eso, antes de darle rienda suelta a sus pretensiones, necesitamos contar con un diagnóstico amplio y consensado y una evaluación exhausitiva de la estrategia, de no hacerlo así, estaríamos corriendo el riesgo de transitar a un país represivo y autoritario.
Postdata: El discurso precario y barato de “todos somos culpables” para lo único que sirve es para generar inmovilidad, pensar ingenuamente que en la esfera de lo individual se resuelven este tipo de problemas y para eximir a los verdaderos responsables de su culpa.

Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com

ASESINATOS DE PERIODISTAS DEBEN SER ESCLARECIDOS CON PERICIALES EXPERTAS



Fueron victimadas las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga

México, D. F., a 1 de septiembre de 2011

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), eleva su más enérgica condena ante el cobarde asesinato de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, y al mismo tiempo conmina a las autoridades a realizar una investigación pericial experta, profunda, pronta y expedita, en la cual sean agotadas todas las líneas de investigación vinculadas con su trabajo periodístico.

Para la Fundalex es importante esclarecer que no existan grupos o personas que, aprovechando la vorágine producida por la incidencia del narcotráfico en la violencia cotidiana que hoy vivimos, utilicen el asesinato con estas características como una forma para saldar sus motivaciones particulares si en su caso lo fuera.

Las investigaciones realizadas por los reporteros a través de los años, y en el caso especial de la revista Contralínea, han sido siempre sustentadas en la ética y esto pudo haber sido motivado por una venganza, pero todo conducido hacia el propio trabajo.

Yarce Viveros y González Trápaga fueron encontradas esta mañana en un terreno utilizado como cancha de futbol en la Colonia Predio Maravillas en Iztapalapa, completamente desnudas; atadas de pies, manos y tenían un lazo alrededor del cuello, de acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Marcela Yarce Viveros era fundadora y reportera de Contralínea y se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas de la revista semanal.

Rocío González Trápaga fue reportera de Televisa y en la actualidad ejercía el periodismo de manera independiente.

La Fundación para la Libertad de Expresión expresa sus condolencias a los familiares de las comunicadoras asesinadas, a sus compañeros y al gremio periodístico en general por la violencia en contra de quienes ejercen la profesión.

Con el asesinato de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga asciende a 84 el número de periodistas victimados desde 2000 y a 8 en este 2011.

La Fundalex siempre ha pugnado porque las familias de los periodistas asesinados o desaparecidos sean protegidas. Exigimos a los gobiernos federal y estatales (en esta caso la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal) se hagan cargo de la vivienda, alimentación, educación, vestido y, sobre todo, tratamiento psicológico de los hijos de las y los periodistas victimados.

México: Amnistía Internacional condena asesinato de dos periodistas


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Conflictos mineros en Indonesia y en Peru: firma hoy mismo una carta solidaria


Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,

La demanda creciente de metales y minerales para la elaboración de “bienes” de consumo tiene un inmenso costo para la tierra y los seres humanos. Los proyectos mineros afectan cada vez más ecosistemas valiosos y comunidades y la oposición a esta actividad industrial es creciente en muchos lugares del mundo. Los conflictos suelen acabar en gran desventaja para los que defienden la vida y la naturaleza y eso es lo que queremos evitar.

Esta semana respondemos a dos llamados de auxilio, haciéndonos eco de los mismos, y pidiéndoles a todos ustedes la firma de las correspondientes cartas de apoyo:

En verano, una compañera de Salva la Selva visitó Sulawesi Central en Indonesia, y pudo comprobar cómo las compañías mineras destruyen los bosques lluviosos y los manglares.

Desde el otro lado del mundo, desde Perú nos llega un llamado de auxilio para enviar el mayor número de cartas posibles, para presionar con miras a que Estinaldo Quispe, campesino, no continúe detenido y encarcelado arbitrariamente por oponerse al proyecto minero La Zanja.

Encuentras más información sobre ambos casos, así como sendos modelos de carta para enviar a las autoridades en:


Y no olvides difundir esta información entre todos tus contactos, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Muchas gracias y un saludo atento,

Cheney, Rumsfeld y el oscuro arte de la propaganda


Publicado el 1 de septiembre de 2011

Por Amy Goodman

“Cuando se miente, se debe mentir a lo grande y ser fiel a esa mentira”, escribió Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del Reich alemán en 1941. El ex Vicepresidente Dick Cheney parece haber tomado el famoso consejo nazi en su nuevo libro: “En mi tiempo”. Cheney continúa siendo fiel a sus convicciones en temas que van desde la invasión a Irak hasta el uso de la tortura. Durante una entrevista en el programa Dateline de NBC News, dijo en referencia a las revelaciones del libro: “Harán rodar muchas cabezas en Washington”. Las memorias de Cheney siguen a las de su colega y amigo Donald Rumsfeld. Mientras ambos promueven su propia versión de la historia, hay gente que los desafía y enfrenta.

El título del libro de Rumsfeld, “Conocido y desconocido”, proviene de una tristemente célebre respuesta que dio durante una conferencia de prensa en el Pentágono cuando era ministro de Defensa. El 12 de febrero de 2002, cuando intentaba explicar la falta de evidencias que vincularan a Irak con armas de destrucción masiva, Rumsfeld dijo: “Hay conocidos que conocemos, hay cosas que sabemos que sabemos. También sabemos que hay conocidos a los que desconocemos, lo que quiere decir que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos. Pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, aquello que no sabemos que no sabemos.”

La enigmática declaración de Rumsfeld se hizo famosa y emblemática de su desdén por los periodistas. Es considerada como un símbolo de las mentiras y manipulaciones que llevaron a Estados Unidos a la desastrosa invasión y ocupación de Irak.

Una persona que se convenció gracias a la retórica de Rumsfeld fue Jared August Hagemann.

Hagemann se enlistó en el ejército para servir a su país, para hacer frente a las amenazas que repetidamente mencionaba el Ministro de Defensa Rumsfeld. Cuando el soldado de comando del ejército de Estados Unidos recibió la citación para su más reciente despliegue (su esposa no recuerda si era el séptimo o el octavo), la presión fue demasiada. El 28 de junio de 2011, Jared Hagemann, de veinticinco años de edad, se disparó a sí mismo en la Base Conjunta Lewis-McChord, cerca de Seattle. El Pentágono indica que Hagemann murió a causa de una herida de bala “auto infligida”, pero aún así no lo llamó suicidio.

Jared había amenazado con suicidarse varias veces antes. No era el único. Según se informó, cinco soldados cometieron suicidio en Fort Lewis en julio. Se estima que más de trescientos mil soldados que volvieron de la guerra padecen trastornos de estrés post traumático o depresión.

La viuda de Hagemann, Ashley Joppa-Hagemann, se enteró de que Rumsfeld firmaría ejemplares de su libro en la base. El viernes 26 de agosto, Ashley entregó a Rumsfeld una copia del programa de los servicios fúnebres en memoria de su fallecido esposo. Ella me contó: “Le dije que quería que viera a mi esposo, y así conocería, así podría poner rostro a al menos uno de los soldados que han perdido sus vidas debido a sus mentiras en relación al 11/S.”

Le pregunté acerca de la respuesta de Rumsfeld: “Todo lo que recuerdo es a él diciendo ‘Ah sí, oí algo de eso.’ Y luego, todo lo que recuerdo es haber sido acosada por personal de seguridad, empujada hacia afuera y advertida de no regresar.” Desafortunadamente es el Sargento del Estado Mayor Hagemann el que nunca va a regresar a su esposa y a sus dos pequeños hijos.

En su entrevista para la NBC, Cheney afirmó haber desempeñado un rol en la renuncia del entonces Secretario de Estado Colin Powell. Consulté al respecto al ex jefe de despacho de Powell, el Coronel Lawrence Wilkerson, quien respondió: “Por los extractos que leí, vale decir que no he leído el libro completo, lo más penetrante que dice el vicepresidente en su libro es que tuvo algo que ver con el alejamiento de Colin Powell de su cargo en enero de 2005. Eso es un disparate total.” Más importante, sin embargo, resulta el decidido llamado de Wilkerson exhortando a que los involucrados en llevar al país a la guerra en Irak sean responsabilizados por sus actos, lo que implicaría castigo para él mismo. Un pilar central de la invasión a Irak fue el discurso de Powell del 5 de febrero de 2003 ante Naciones Unidas, en el que se expuso el caso de las armas de destrucción masiva. Wilkerson asume plena responsabilidad por la coordinación del discurso de Powell: “Desafortunadamente, y lo he reconocido muchas veces públicamente y en privado, fui la persona que preparó la presentación de Colin Powell ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 5 de febrero de 2003. Probablemente fue el mayor error de mi vida. Lo lamento hasta el día de hoy. Lamento no haber renunciado en ese momento.”

Pregunté al Coronel Wilkerson qué piensa de grupos como el Centro por los Derechos Constitucionales y el abogado y bloguero Glenn Greenwald que han pedido el juicio penal de Cheney, Rumsfeld y otros funcionarios del gobierno de Bush. Me respondió: “Estaría dispuesto a testificar, y estaría dispuesto a enfrentar cualquier castigo que merezca.”

El Coronel Wilkerson dijo sobre el libro de Cheney: “Es un libro escrito sin miedo. Sin miedo de que un día alguien haga de Dick Cheney un ‘Pinochet’”. El Coronel Wilkerson se refiere al caso del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue arrestado en Inglaterra y detenido durante un año antes de ser liberado. Un juez español quería que lo extraditaran para juzgarlo por crímenes contra la humanidad.

A pocos días del décimo aniversario del 11 de Septiembre y mientras aumentan las víctimas en todos los bandos, los libros de Rumsfeld y Cheney nos recuerdan una vez más cuál es la primera víctima de la guerra: la verdad.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español. Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.