martes, 6 de septiembre de 2011

Oficio de Papel


Luto en Contralínea
Asesinan periodistas
Silencio de Calderón

Con todo mi cariño para Fer y Chuchín

Estamos de luto en Contralínea. Marcela Yarce y Rocío González Trápaga, dos mujeres, dos periodistas, una de ellas madre, queridas amigas y compañeras de trabajo, perdieron la vida la madrugada del 1 de septiembre –día del informe presidencial–, a manos de cobardes asesinos. En la redacción de la revista hay dolor, indignación, frustración, ira, impotencia. De un escritorio a otro se respira el miedo, con justa razón. Las desgracias no han cesado, una a otra nos persiguen en los escasos 10 años de vida de nuestra publicación. Todo por neciar en mantener una línea editorial independiente y crítica hacia los hombres y mujeres del poder político y económico en México, quienes se niegan a entender que el periodismo es dé y para la sociedad.

¿Qué sentido tendría llamarnos reporteros si no investigamos ni denunciamos lo que está mal en este país y le ponemos nombre y apellido a los responables? Hemos decidido continuar, no detenernos, no parar a pesar de las desgracias y los malos augurios. La sociedad nos necesita y a ella nos debemos.

Es sólo el trabajo periodístico que hacemos lo que nos ha convertido en indeseables, en blanco fácil para quien controla y maneja a su antojo este país. Apenas el año pasado, el 27 de abril de 2010, dos de nuestros reporteros, Érika Ramírez y David Cilia, que investigaban los asesinatos de indígenas triquis en las apartadas montañas de Oaxaca, fueron agredidos con armas de grueso calibre cuando viajaban con una caravana de paz rumbo al pueblo de San Juan Copala. Hubo muertos y heridos, entre estos últimos nuestro fotógrafo David Cilia.

Desde que inició el gobierno de Felipe Calderón, han sido varias las acciones de hostigamiento emprendidas en contra del equipo de trabajadores que hacemos el semanario de investigación. Una que nos mantiene ocupados hasta ahora, es el cúmulo de demandas por supuestos daño moral y daño al honor de empresarios y compañías que mantienen negocios con Petróleos Mexicanos, tales como Grupo Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine. Empresas que, en complicidad con el gobierno de Calderón, buscan presionar y asfixiar económicamente a la revista para que deje de denunciar los contratos irregulares que se hacen con la paraestatal Petróleos Mexicanos.

Han habido en contra nuestra detenciones arbitrarias ordenadas por jueces corruptos y manipuladas por empresarios impunes, procesos judiciales amañados pagados por personas sin escrúpulos, amenazas de muerte para amedrentar, allanamientos ilegales a nuestras oficinas encabezados por secretarios de juzgados, robos de computadoras y sustracción de expedientes de reporteros. A éstos nos enfrentamos en Contralínea, sin descartar intervenciones telefónicas y seguimientos de personas extrañas a nuestros periodistas que investigan corrupción pública y privada, fraudes financieros, lavado de dinero, seguridad nacional, pobreza y marginación. Estamos acostumbrados a trabajar en este clima de persecución.

También desde que Calderón asumió el gobierno, la revista dejó de recibir publicidad del dinero público que maneja su administración. Fue una orden, nos dijeron de adentro del régimen, por la línea editorial que critica al gobierno. Nada qué hacer en contra de eso. No importa que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya documentado puntualmente la discriminación que hace el régimen de Calderón en contra de Contralínea y que por ello emitió una recomendación a favor nuestra. Con cinismo, el gobierno rechazó el dictamen de la CNDH.

La última demanda por daño moral llegó hace apenas unos días a la redacción de Contralínea. Esta vez es contra la reportera Ana Lilia Pérez por su libro Camisas azules, manos negras, en el que hace un recuento de la corrupción que envuelve a los hombres del Partido Acción Nacional que se benefician con dinero público. El acusador es un senador de la República, Juan Bueno Torio, destacado integrante del partido en el poder y quien recibe un salario del dinero público. Además, como legislador, cuenta con fuero para que ninguna autoridad judicial lo pueda tocar o molestar por lo que hace, no importa que muchas cosas se relacionen con negocios en Pemex. Este caso, como muchos otros, ya se atiende en tribunales, en donde jueces, magistrados y ministros tendrán que resolver si siguen protegiendo la impunidad, la corrupción y la desvergüenza de políticos y empresarios o, como es su obligación, se inclinan por defender la libertad de pensar, de expresar, de informar, de criticar, de investigar y de denunciar que tenemos los periodistas y toda la sociedad sobre los hombres y mujeres del poder.

Respecto del asesinato de las dos periodistas Calderón no se ha pronunciado, quizá porque este crimen no representa un triunfo de su administración. No es una victoria deportiva por la cual invita a los ganadores a Los Pinos para tomarse la foto y decir que no todo está mal en México. Es mejor para él alejarse lo más posible de estos crímenes sucios y cobardes en contra de periodistas que empañan más su régimen arbitrario y corrupto. En este gobierno, miles de mexicanos son masacrados por todo el país. Es mejor así, Calderón: de lejos, porque esta casa editorial no es tu casa, como la mía –y la de millones de mexicanos– tampoco es Los Pinos.

Los hechos

Dos cuerpos desnudos de mujeres amordazadas, atadas de pies y manos, con una soga al cuello y dos tiros de bala cada una, fueron levantados la mañana 1 de septiembre por la policía y el Ministerio Público del parque El Mirador, en la delegación Iztapalapa, al Oriente de la ciudad de México. En la delegación policial aparecían en calidad de “desconocidas”.

De la sala de juntas de la redacción de Contralínea, Marcela Yarce se retiró poco antes de las nueve de la noche del miércoles 31 de agosto. Comentó que iba a su casa, en donde la esperaban, como todos los días, sus dos hijos adolescentes, Fernanda y Jesús. Antes de ir a su hogar, Marcela se encontró en algún punto desconocido con su amiga y colega Rocío González Trápaga.

La siguiente noticia que tuvimos de ambas fue 12 horas después: no habían llegado a sus hogares. Desde las ocho de la mañana del jueves se movilizó la redacción de Contralínea en centros de salud, delegaciones policiales, centros de atención a víctimas y desaparecidos. Los que conocemos a Marcela sabemos que por nada del mundo faltaba a su casa, siempre preocupada por sus pequeños hijos.

Así, hasta que llegamos a la Procuraduría capitalina, en donde nos reportaron a las 12 del día haber encontrado dos cuerpos de mujeres sin vida que habían sido botadas en un parque público, con huellas de tortura y apenas cubiertas por unas lonas de plástico.

Acudimos a identificar los cuerpos y nos encontramos con la terrible noticia que se trataba de nuestras colegas Marcela y Rocío. La información empezó a circular por las redacciones de los medios y de inmediato la indignación y el reclamo se hicieron públicos. Los asesinos de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González Trápaga ejercieron sobre ellas, las víctimas, violencia extrema.

Las autoridades del Distrito Federal se han comprometido a agotar todas las líneas de investigación y señalan –sin descartar otros móviles– que por las circunstancias del crimen se trata de un feminicidio con posible motivación de robo.

Al momento de escribir estas líneas han pasado 72 horas de este lamentable hecho violento. Desde el primer día el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, llamó consternado por los crímenes para dar el pésame y comprometerse a seguir personalmente el caso y saber quiénes son los responsables. El procurador Miguel Mancera ha mantenido el contacto estos tres días para informar el avance de las indagaciones.

Hasta ahora lo que sabemos es que Rocío González Trápaga habría recogido la noche del miércoles 31 una cantidad de dinero de la casa de cambio de la cual es socia y se ubica en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por eso una de las líneas de investigación más sólidas hasta el momento es el robo. Pero Mancera ha aclarado una y otra vez que todas las líneas siguen abiertas, incluída la de alguna represalía por la línea editorial de la revista. Aunque se cuenta con más información, por la secrecía del proceso judicial y para no entorpecer las investigaciones, es necesario esperar hasta que se descubra quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen.

Minuto de silencio en la Cámara

Mientras el Ejecutivo guarda un cínico silencio ante este crimen de dos periodistas, en la inauguración del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados el pasado 1 de septiembre, el legislador Gerardo Fernández Noroña convocó al pleno a guardar un minuto de silencio, luego de que informara del asesinato de las comunicadoras. El diputado Agustín Guerrero, secretario de la Comisión Especial para Atender las Agresiones a Periodistas, propuso que se emitiera un pronunciamiento al respecto. El presidente de la Mesa Directiva, el priísta Emilio Chuayfet, dijo que en la próxima sesión la asamblea analizará las propuestas por escrito.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió un comunicado en el que “condena enérgicamente este asesinato que atenta directamente contra la libertad de expresión y la convivencia social en el Distrito Federal”, además de enviar personal para proponer medidas cautelares a la revista y sus trabajadores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también envió a un representante para salvaguardar los derechos de los periodistas y vigilar el proceso judicial.

A través del boletín 326/2011, el presidente de la CDHDF, Luis Armando González Placencia, “exigió a las autoridades competentes una investigación inmediata, exhaustiva, hasta agotar todas las líneas del caso, para dar con los responsables materiales e intelectuales de este artero crimen que enlutece al periodismo mexicano”. Expresó además “sus más sinceras condolencias y su solidaridad a las y los familiares de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, quienes fueron asesinadas”.

Al respecto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se comprometió con los familiares de las periodistas a esclarecer las circunstancias del crimen y detener lo antes posible a los responsables del doble asesinato. La Fiscalía de Feminicidios de la Procuraduría capitalina atrajo las investigaciones.

Reporteros, periodistas y amigos de todo el país han dado muestras de solidaridad y apoyo. También exigen el esclarecimiento de estos crímenes y que se frene la ola de violencia en contra del gremio.

Hasta ahora he sido fuerte ante cámaras, micrófonos, libretas y plumas de mis compañeros reporteros que hacen su trabajo de indagar, preguntar e informar. Pero en esta soledad de escribir, un nudo en la garganta me impide respirar y mis ojos me traicionan. Es hora de terminar esta columna, cerrar la computadora y seguir viviendo. Algo que Marcela y Rocío ya no podrán hacer. Descansen en paz.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Lo absurdo de las tarifas eléctricas


ADALBERTO TEJEDA MARTÍNEZ - LUNES, SEPTIEMBRE 05, 2011

El esquema de las tarifas eléctricas domésticas es absurdo al menos por dos razones: privilegia el consumo sobre el ahorro y beneficia a los sectores de mayores ingresos; pero difícilmente los legisladores federales actuales lo cambiarán antes de que los sustituya la LXII Legislatura dentro de un año.

Las tarifas las establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no la Comisión Federal de Electricidad, como creen muchos. Dos acuerdos de la SHCP emitidos en 2002 asignan las tarifas a partir de la temperatura del aire, según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, con el claro propósito de subsidiar la electricidad en lugares cálidos donde la vida sin aire acondicionado y sin refrigerador es severa.

La explicación es engorrosa pero necesaria. Si en dos meses consecutivos en cada uno de tres de los cinco años más recientes se alcanzan temperaturas promedio mensuales de 25, 28, 30, 31, 32 o 33 grados centígrados, se aplicarán las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F, respectivamente. Si no se llega a los 25, simplemente será tarifa tipo uno. Nótese que esos umbrales dependen de promedios mensuales y no de valores ocasionales. Son los promedios de los días cálidos y los templados, de las tardes bochornosas y las madrugadas frescas, de las semanas de canícula y las de algún “norte” si coincidieran en el mismo mes y deben alcanzarse en años afectados por El Niño, La Niña o ninguno, de suerte que no se llega a esos umbrales simplemente con una ola de calor de varios días. Son los criterios que inventó algún tramposo de la SHCP.

El subsidio al consumo eléctrico va en función de la tarifa asignada: 150 kilowatts-hora al mes, con precio de aproximadamente la mitad del costo de producción, si la tarifa es tipo uno, que es la que se aplica a Xalapa y en todas las zonas templadas o frías del país o 300 si la tarifa es 1A, o 400 si es 1B. La regla da un gran brinco y a los sitios con tarifa 1C se les subsidian 850 kilowatts-hora al mes o mil, 2 mil o 3 mil si son 1D, 1E o 1F.

Expertos opinan que la temperatura ambiente no es el único factor que determina las necesidades de aire acondicionado, ventilación eléctrica o refrigeración de alimentos en sitios cálidos, sino también la humedad atmosférica, pero este elemento no ha sido aceptado por la SHCP por la sencilla razón de que el Servicio Meteorológico no tiene una cobertura suficiente de mediciones de humedad.

En el noroeste desértico como Mexicali o el sureste cálido y húmedo como Tabasco y el sur de Veracruz, con frecuencia aparecen movimientos ciudadanos contra este esquema de tarifas, sobre todo porque el subsidio sólo se aplica a la mitad más cálida del año, de modo que en otoño, aun con temperaturas y consumos eléctricos altos, suelen llegar los recibos de electricidad con cobros mayores que en el verano.

En 2003 hubo un movimiento encabezado por alcaldes del sur del estado, en el que concurrieron todas las clases sociales. Se actualizaron los datos de temperatura y el puerto de Veracruz llegó a 1C; toda la costa quedó en 1B y de ahí hasta los mil metros de altitud, en 1A. No obstante, las personas de menores ingresos no se beneficiaron porque el esquema favorece a quienes consumen más energía. Para alguien que no tiene aire acondicionado en su casa, estar en una u otra tarifa es prácticamente lo mismo.

Por cierto, si se actualizaran los datos térmicos, muy probablemente toda la franja costera del estado de Veracruz pasaría a tener la tarifa 1D.

En el Congreso federal están congeladas varias iniciativas, algunas que incorporan la humedad, pero no se ve que vayan a ser descongeladas pronto. Pocas, o quizás ninguna, plantea que el subsidio a la electricidad debería repartirse usando un criterio climático, sí, pero acompañado de uno social que considere el ingreso económico y el grado de marginación, entre otros. (www.publicacionesatm.blogspot.com)

Fuente: La Jornada de Veracruz

Trabajos de Minera San Xavier deben terminar pronto


ZAIRA QUEVEDO TORRES

Armando Mendoza un insistente luchador en contra de MSX, señaló que las secuelas de los trabajos agresivos de minería han traído grandes daños al viejo pueblo de Cerro de San Pedro, “el método de fundición es el más agresivo, se detonan a diario siete toneladas, deben de terminar estos trabajos pronto, ya fue demasiado tiempo de corrupción, es claro que no hay preparación para la remedición, se puede identificar en la entrada del pueblo sulfuro”.

En la comunidad de La Zapatilla, Cerro de San Pedro, en su mayoría los habitantes son empleados de la Minera San Xavier, por lo cual se cuenta con un pequeño centro médico, una iglesia, canchas deportivas, un quiosco y pequeñas tiendas para satisfacer las necesidades de la gente que habita en el lugar.

En octubre se realizará el informe por parte de la presidencia municipal: “han existido mejoras para el pueblo, pero en lo que refiere al medio ambiente se ha dañado notoriamente, la salud de los pocos pobladores se tiene amenazada ante los gases tóxicos que salen en cada detonación que se realiza”.

Ante las detonaciones que se realizan día a día a las tres de la tarde se han debilitado algunas casas, “es claro que los proyectos destructivos no han dejado riqueza en cerro, con simples pavimentaciones que ya eran obligadas realizarlas se quieren ganar la simpatía de los habitantes, ya son 12 años en contra de la MSX en contra de la ilegalidad, corrupción, embajadores de Canadá, gobierno federal y estatal”.

En Cerro de San Pedro existe nueva señalética sin embargo algunos datos son incorrectos aseguró Armando Mendoza: “datos históricos plasmados en las placas son erróneos”. Las nuevas obras que se están realizado en el viejo pueblo son: rehabilitación del drenaje y del empedrado. Don Armando señaló que padece de problemas renales debido al estrés y al envenenamiento de la atmosfera, “el veneno arraso con los mantos acuíferos”.

Por su parte, Juan Manuel Rodríguez, habitante de la comunidad de Portezuelo, declaró que han existido muertes y accidentes dentro de las labores mineras en MSX, “ en los famosos Yunkles, un camión que traslada las piedras y mineral una señora se mató , ya hay casos de problemas de la vista por los gases tóxicos y en las vías respiratorios, desconozco si los trabajadores tengan un seguro médico, pero aquí en el pueblo no hay nada inmediato para socorrerlos”.

“A pesar de que MSX contamina seriamente al pueblo de Cerro de San Pedro y a la periferia de la ciudad, la empresa no cuenta con la revisión necesaria para los trabajadores” puntualizó.

El próximo 10 de septiembre se realizará la fiesta de los mineros, sin embargo los habitantes de estás tres comunidades expresaron que no hay nada que celebrar ya que ahora “cualquiera es un minero”.

Armando Mendoza señaló que ya no existe transporte público que comunica al pueblo de San Pedro con la ciudad de San Luis Potosí: “ya van tres meses que no tenemos cómo trasladarnos, poca honestidad de los choferes fue el motivo para que se cancelara el transporte”.

“Los trabajos por parte de MSX deben de finalizar pronto, ya extrajeron oro y plata, no hay riqueza para el pueblo, solo unos pocos se beneficiaron con este proyecto, de 380 trabajadores tan solo seis son procedentes de la cabecera municipal”.

Durante el recorrido por Cerro de San Pedro, personal de MSX a bordo de una camioneta siguió a distancia al vehículo de La Jornada San Luis.

Ante esto, Armando Martínez recordó: “los guardias no tienen permitido utilizar gas lacrimógeno y esposas deben de cuidar su empresa y no agredir a la gente que siempre ha estado en contra de este proyecto corrupto”.

Fuente: La Jornada de San Luis

Carta de AI a la SRE

Car Tap a Tri CIA

Ejecutan el sábado a familiar de refugiado en Puerto las Ollas


REDACCIÓN

La tarde del sábado un grupo de personas armadas ejecutó a Enrique Rodríguez Santana, primo hermano de Rubén Santana, refugiado en Puerto las Ollas, en Coyuca de Catalán. Enrique Rodríguez Santana recibió una llamada de unas personas que le dijeron que saliera para hablar con ellos, según informó una de las personas que está refugiada en Puerto las Ollas, pero por temor se negó a dar su nombre. La fuente informó que una vez que Rodríguez salió de su casa, las personas se lo llevaron a unos metros de su domicilio y fue ahí donde lo mataron, dándole varios disparos. Las personas que asesinaron a Enrique Rodríguez, según la fuente, pertenecen a una banda de personas armadas que toda la población de El Pescado ya conoce. Comentó que el asesinato podría ser porque es familia de los Santana que están refugiados en Puerto las Ollas. Desde abril de este año, al menos unas 150 personas, en su mayoría mujeres y niños huyeron de su comunidad de La Laguna hacia Puerto las Ollas debido a la ola de violencia que se vive en la zona, y que ya ha cobrado varios muertos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Importantes, pero insuficientes, logros sobre la guerra sucia: Afadem


Celebra el secretario ejecutivo de la organización que militares sean juzgados en tribunales civiles

RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 4 de septiembre. El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, dijo que a pesar de los logros que han obtenido los miembros de esa organización, como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra del Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla o la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los militares sean juzgados por civiles, “éstos aún no son suficientes”.

Manifestó que son varios y muy importantes los logros obtenidos hasta hoy, entre los que se cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el 23 de noviembre de 2009 emitiera una sentencia contra el Estado mexicano en la que lo obliga a encontrar los restos de Radilla Pacheco, así como otorgar la reparación de los daños a los miembros de la familia.

Otro de ellos, abundó, fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los militares sean juzgados por tribunales civiles cuando algún miembro del Ejército viole los derechos humanos de algún ciudadano.

Asimismo, dijo que otros logros de gran importancia son el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la recomendación 26/2001 que reconoce la desaparición forzada de personas como una política de Estado contra los opositores, así como la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) que en su informe reconoce también esta política criminal.

En cuanto a la lucha que han sostenido los miembros de Afadem, agregó, podemos contar como logros que el propio gobierno federal publicara el libro biográfico del desaparecido Rosendo Radilla, así como un video donde se expone la afectación sicosocial que quedó en Atoyac por la política de terror implementada por el Estado.

“En fechas más recientes las excavaciones efectuadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en los terrenos del ex cuartel militar, para buscar los restos de Rosendo Radilla, aunque aún sin resultados”, puntualizó.

En entrevista, expuso que “se han revolucionado las leyes por dichas resoluciones, pero eso no ha sido lo principal, porque la prioridad de los familiares de los detenidos desaparecidos es encontrar los restos de quienes fueron detenidos por los miembros del ejército, por eso es que decimos que los resultados obtenidos no son los que hemos querido”.

El luchador social culpó a las autoridades del gobierno federal de no hacer lo necesario para cumplir con la sentencia emitida por la Coidh, “porque siempre, dentro de ese proceso, ellos hacen como que cumplen sin que haya resultados positivos”.

Fuente: La Jornada de Guerrero