lunes, 29 de octubre de 2012

Acción Urgente: Manifestantes amenazados con violencia


El 24 de octubre, un campamento de protesta montado por propietarios de tierras comunitarias y mineros en huelga fue destruido y quemado en el exterior la mina de plata La Platosa, en La Sierrita, noroeste de México.

 A primeras horas de la mañana del 24 de octubre, un grupo de unas 180 personas destruyó y quemó el campamento de protesta montado en el exterior de la mina La Platosa, en La Sierrita, estado de Durango. Según los informes, los agresores iban armados con palos y piedras, y llegaron en cinco autobuses locales y en otro perteneciente a la empresa minera, La Platosa. Los propietarios de tierras comunitarias (ejidatarios) y los miembros de la Sección 309 del Sindicato Nacional de Mineros consiguieron escapar ilesos.

Según la información recibida, los agresores eran miembros del Sindicato Minero Metalúrgico, Siderúrgico Don Napoleón Gómez Sada. Estos sindicalistas llegaron y no permitieron hablar a los ejidatarios. Les dijeron: “Traemos órdenes de quitarlos a trancazos o con muertos, como pasó en Coahuila”. En el campamento estaba presente un auto patrulla de la policía municipal que no hizo nada por detener a los agresores. Más avanzada la mañana llegaron también miembros del ejército mexicano y de la Policía Federal, que tampoco hicieron nada.

El campamento de protesta se estableció para limitar el acceso a la mina. Los ejidatarios y mineros que participan en la protesta afirman que los operadores de La Platosa han incumplido sus compromisos legales para con los trabajadores y la comunidad local. Los gobiernos federal y estatal, hasta el momento, han declinado intervenir para lograr que se resuelva la disputa y se respeten los derechos humanos. El 23 de octubre, la policía municipal había dicho a los manifestantes que serían desalojados el 25 de octubre, pero no había mostrado orden judicial alguna.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

- pidiendo a las autoridades federales y estatales que, ante estas amenazas y actos de violencia, garanticen la seguridad de las personas que protestan en La Sierrita;

- instándolas a investigar a fondo los sucesos del 24 de octubre, en los que miembros de un sindicato oficial utilizaron la fuerza para destruir un campamento de protesta mientras las autoridades públicas se limitaban a mirar, y pidiendo que se haga rendir cuentas a todos los responsables;

- pidiéndoles que respeten del derecho de estas personas a protestar pacíficamente y a la libertad de asociación, y que garanticen que durante el conflicto se respetan los derechos humanos de la comunidad y de los mineros en huelga.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2012, A:

Lic. Jorge Herrera Caldera

Gobernador del estado de Durango

5 de Febrero #800 Pte, Col. Centro, Durango, Durango, México, CP 34000

Fax: +52 618 827 0847 (insistan)

Correo-e.: transparencia@durango.gob.mx

Tratamiento: Sr. Gobernador

Dr. Alejandro Poiré Romero

Secretario de Gobernación

Secretaría de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez

Delegación Cuauhtémoc

México D.F., C.P.06600, México

Fax: +52 55 5093 3414

Correo-e.: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Sr. Ministro

Y copia a:

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Correo-e.: prodesc@prodesc.org.mx

Oficio de Papel


Lunes 29 de octubre de 2012

 • Iniciativa Mérida, un plan equivocado
• Critican en EU la política de Calderón
• Nunca defendió los derechos humanos

Además de los millones de mexicanos que padecen el fracaso de Felipe Calderón en su “guerra” contra el crimen organizado, al sumergir al país en una espiral de violencia, en Washington observan que el balance del Plan Mérida instrumentado en México es negativo. Esto hace prever que la estrategia inspirada en el Plan Colombia, impuesto por Estados Unidos durante el gobierno de Andrés Pastrana, tendrá que ser fortalecida y rediseñada durante los próximos años.Para no incurrir en los mismos errores de Calderón, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendrá que exigir a Estados Unidos una política contra el narcotráfico que opere más allá de la retórica, los intentos de intervencionismo y la militarización. El próximo gobierno mexicano deberá exigir que en Washington se comprometan con su propia política interior: reducir la demanda de drogas, detener el flujo de precursores químicos y armas en la región, y abordar los problemas de contrabando de dinero y lavado de dinero. Esa es la visión de analistas críticos que en Estados Unidos advierten como una amenaza para la seguridad interna de su país el “narcoterrorismo”, el cual dicen toma fuerza en territorio mexicano.

Felipe Calderón, en cambio, se limitó a concentrar su “guerra” contra el narcotráfico en la confrontación con el crimen organizado y olvidó la política de mitigación de daños colaterales observada, incluso, en el Plan Colombia. Otro gran error de Felipe Calderón.

Ante el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, congresistas y expertos en problemas de migración y terrorismo analizaron el Plan Mérida, que recibió menos recursos que el Plan Colombia pero que, sobre todo, olvidó las políticas vinculadas con la protección de derechos humanos.

Para el Plan Colombia, el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de 4 mil 500 millones de dólares hasta el 2006 y 6 mil 100 millones hasta el 2008. Para el Plan o Iniciativa Mérida, el gobierno de Estados Unidos estableció un presupuesto de mil 500 millones de dólares para el período 2008-2010. Para el año fiscal 2011, el gobierno de Obama pidió 310 millones de dólares y 282 millones de dólares para el año fiscal 2012.

Paralelamente, operativos como “Rápido y furioso” generaron graves problemas internos en México, al permitir el ingreso de armas para las organizaciones criminales. Frente a ello, el gobierno de Calderón adoleció de una política exterior contundente.

En su testimonio ante el Congreso, John Bailey, investigador del Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown, aseguró que Felipe Calderón rechazó la ayuda que Estados Unidos ofreció en materia de derechos humanos, porque estaba condicionada a normas impuestas desde Washington.

Si Calderón rechazó las políticas de mitigación sugeridas por Estados Unidos para salvaguardar la soberanía del Estado mexicano, debió entonces ocuparse de la protección de los derechos humanos y no sólo concentrarse en el enfoque que preocupaba al gobierno estadounidenses: la seguridad interna y bilateral.

El Plan Mérida, desde la perspectiva de Washington, se concentró en la creación de instituciones para la aplicación de la ley y la administración de la justicia. Debido a ello, el gobierno de Barack Obama ha sido blanco de críticas al permitir que el Plan Mérida se enfocara en programas que tardarán años en presentar resultados positivos y que elevaron la fuerza del “narcoterrorismo” al poner en riesgo la seguridad interna de su país.

Para el Plan Mérida – dice el experto – debió tomarse en cuenta la experiencia que dejó el Plan Colombia, en donde se aprendió cómo hacer frente a la violencia y la corrupción asociadas con el crimen organizado. En México la situación se observa sumamente delicada, porque las organizaciones delictivas ramificaron su participación en actividades criminales e ilegales extendiendo sus operaciones hacia nuevos terrenos, tanto en México como en otros países que también son una amenaza para Estados Unidos.

Para empezar, Bailey dijo ante los Congresistas que el Plan Mérida debió concebirse de una manera diferente, porque México es mucho más complejo y grande con relación a Colombia. México tiene más del doble de población y mucho más territorio, un producto interno bruto cinco veces más grande y un presupuesto tres veces más cuantioso. No sólo era cuestión de presupuestos aprobados desde Washington que, además, resultaron insuficientes.

En México, el Ejército mexicano es uno de los actores más aislados en términos de transparencia y rendición de cuentas. Además, el papel protagónico del Ejército Mexicano crea una complicación adicional: reforzó la tendencia de Estados Unidos a militarizar la política antidrogas. A diferencia de Colombia, México comparte una frontera terrestre de 2,000 kilómetros con Estados Unidos, que coloca su situación de seguridad interna en la agenda de los temas que más preocupan al gobierno de Barack Obama.

Además, los problemas de los dos países también difieren en aspectos importantes. La violencia asociada con el crimen organizado es un desafío significativo pero en contextos muy diferentes. En Colombia, desde 1948 se vivió una fase de guerra interna profunda, mientras que México empezó a consolidar la paz interior basado en el imperio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las fuerzas de insurgencia (especialmente las FARC) han emprendido una lucha armada de 40 años contra el gobierno colombiano, con las variedades de fuerzas de autodefensa que se multiplicaron y complicaron la violencia. Una estimación sugiere que en su apogeo en 2006, las FARC controlaban aproximadamente el 30 por ciento del territorio nacional.

Por el contrario, en Washington estiman que la insurgencia guerrillera no es un problema en México. Los zapatistas, dice Bailey, eran una rebelión regional menor, confinado sobre todo a las regiones del estado de Chiapas, en la frontera sur con Guatemala que se convirtió en una fuerza política local. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), agrega el analista, es un misterioso grupo, en gran medida marginados con operaciones poco frecuentes en los estados de Guerrero y Distrito Federal.

Pero en México el desafío para la seguridad interna de Estados Unidos se presentó bruscamente en la violencia criminal que inició en 2004 y en aumento en los años siguientes. El gobierno de Felipe Calderón, cita Bailey, estima que 34 mil 612 homicidios son atribuibles a la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y enero de 2011.

La mayor parte de la violencia en México estuvo asociada al narcotráfico y a la distribución minorista de los mercados de drogas con rápido crecimiento interno. La confluencia de los ríos de dinero de la droga, los combatientes entrenados y armas de alta potencia, han producido hiperviolentas organizaciones de tráfico de drogas y armas bien organizadas, políticamente eficaces, que son capaces de desafiar al gobierno, entidades policiales, al sistema judicial y hasta al Ejército.

Mientras que la mayor parte de la violencia se concentra en quizás seis u ocho de los 32 estados, las organizaciones de tráfico puede afectar a cualquier parte del país. En comparación, la altura de la violencia en Colombia, originada por bandas de narcotraficantes, se presentó a finales de 1980 y principios de 1990. Desde entonces las organizaciones de narcotraficantes han adoptado por un perfil más bajo y métodos menos violentos, pero buscan mantener la producción de droga.

Califica a México como un caso de hiperviolentas organizaciones criminales que utilizan el terrorismo como métodos para desafiar al gobierno y la sociedad.

Así, el gobierno de Felipe Calderón – tal como lo perciben en Washington- se ha concentrado en la represión de la violencia del narcotráfico criminal, un enfoque que el gobierno de Estados Unidos comparte. A diferencia del Plan Colombia, que incluye la promoción de la democracia y el desarrollo institucional, México se concentró en la represión de la violencia.

Sin embargo, las reformas institucionales para fortalecer el Estado de Derecho se ha retrasado, mientras que la única estrategia clara ha sido utilizar a los militares para pulverizar las organizaciones de tráfico en pequeñas bandas, menos potentes para que las autoridades estatales y locales pueden recuperar el control efectivo sobre el territorio. Además, la “débil imagen” de Felipe Calderón también ha contribuido a retrasar los cambios institucionales.

En Colombia, el presidente Álvaro Uribe tuvo éxito en la creación de un fuerte apoyo político a su estrategia, hasta el punto de que podría aplicar un impuesto especial para ayudar a financiar las estrategias contra el crimen organizado.

En México, asegura Bailey, ante los niveles extraordinarios de violencia, Calderón se enfrentó a una fuerte oposición a sus políticas y los principales partidos políticos utilizan el tema de seguridad pública para obtener ventajas partidistas.

México, agrega el analista, tiene una de las tasas más bajas de impuestos en el hemisferio y depende en gran medida de los ingresos de Pemex.

Igual que en México, en Colombia las violaciones de los derechos humanos eran inaceptablemente altas. En el período 2000-2008, se estima que en Colombia 20 mil personas fueron asesinadas por la guerrilla paramilitar. La mayoría de los desplazados se refugiaron en campamentos precarios alrededor de las grandes ciudades.

Colombia sigue enfrentando la crisis más grave de los derechos humanos en el hemisferio, en un panorama rápidamente cambiante de la violencia, mientras que en México, se estima que 230 mil mexicanos se encuentran actualmente desplazados. El nuevo Plan Mérida, de consolidarse en el gobierno de Enrique Peña Nieto, no podrá olvidar – como lo hizo Calderón – las salvaguardas para proteger los derechos humanos. De otra forma, se mantendrá como un área de vulnerabilidad para las fuerzas armadas mexicanas.

A un mes de que Felipe Calderón deje el poder y buque salir del país como una medida de protección, las críticas en su contra se han endurecido y eso incluye a quienes hasta ahora se mantenían como sus aliados. Es de esperarse que el rechazo al mandatario mexicano vaya en aumento conforme se acerca al final de su gestión, la cual está plaga de actos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, violencia y violación a los derechos humanos.

A lo anterior se agrega la petición de juicio penal en contra de Calderón que miles de mexicanos pidieron ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en donde se acepte o no su responsabilidad, para millones de mexicanos Calderón ya es culpable de los caso 100 mil muertos y desaparecidos motivado por su guerra contra el crimen organizado.

Huelga en Walmart.- Segunda parte.


Definición de huelga.- Tiempo que está uno sin trabajar. Abandono voluntario de trabajo que hacen los obreros para obligar a los patrones a ceder ante sus peticiones. Huelga de brazos caídos, la hecha por los obreros, sin abandonar su lugar de trabajo. Huelga general la declarada por todos los trabajadores.

Walmart en Estados Unidos se mantiene libre de los sindicatos, los trabajadores de Walmart en otras partes del mundo son en gran parte sindicalizados como en diversos países de América Latina, África, Reino Unido y Canadá.

El golpe de trabajadores contra Walmart en Estados Unidos se extiende a 12 ciudades, acostumbrándose a que cientos de trabajadores y simpatizantes protesten afuera de sus tiendas y principalmente en sus oficinas centrales; viéndose en la necesidad de no poder correr a todo ese personal con motivo que le afectaría y ahora está tratando de encontrar las soluciones con diversos diálogos erradicando su política de correr a los inconformes que ya son demasiados. Si no son escuchadas sus demandas prometieron no asistir a su trabajo un día después del día de Acción de Gracias que está considerado como el día de mayor venta en el año.

El poder cambiar la economía mundial injusta comienza en nuestros lugares de origen. ¿Qué mejor lugar para empezar contra el monopolio que significa muchas afectaciones cuando se instala?

El comportamiento de Walmart nos afecta a todos ya que su influencia es muy grande y favorece la explotación.

Afectaciones:
Devaluación del trabajo.
Evita impuestos en la localidad que se instala.
Mina a sus proveedores.

Walmart es un gran conglomerado empresarial que tiene intereses económicos y políticos teniendo un poder fenomenal que viene a sustituir partidos políticos de la derecha que han caído en el descrédito y que no tienen capacidad de conservar una sociedad, además de convertirse en operadores políticos como otros monopolios Televisa, Canal 13 que intentan regir nuestro país designando a Presidentes de la República.

La pobreza no se supera con el crecimiento económico, sino también con mejoras sustanciales del ingreso y condiciones de vida.

No es posible aceptar:

En octubre de este año los 6 herederos de Sam Walton, fundador de Walmart, valen 92 mil millones de dólares y en una comparación con la persona más rica del mundo el Sr. Carlos Slim Helú vale 65 mil millones de dólares; en especial Walmart México le proporciona las mayores utilidades de 27 países por lo que parece increíble que nuestras autoridades le permitan el no pago de impuestos y tener 69 mil esclavos a la empresa más rica del mundo y violadora al mismo tiempo.

Se requiere con carácter urgente como prioridad y de gran desafío cambiar de modelo aplicando una excelente economía mixta la cuál evita enorme desigualdad tan marcada, consistiendo que las utilidades se deben repartir entre un 33.3% para la empresa, 33.3% para impuestos y 33.3% para la clase trabajadora, fortaleciendo al país logrando una economía más fuerte porque la clase trabajadora podrá comprar bienes y servicios que es lo que estamos viendo en China que actualmente representa una economía con mayor crecimiento y la más importante del mundo.

En comparación a la actualidad la distribución de las utilidades de Walmart en México es en la siguiente forma: el 97.5% para la empresa, 2% de impuestos y el 0.5% para la clase trabajadora.

"Hay algo que está pasando, la gente está aprendiendo que puede ponerse de pie" Esto no es final de algo. Es sólo el comienzo.

Frente Nacional contra Walmart
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez
fundador y coordinador
frentenacionalac@yahoo.com (agradezco reenviar).