jueves, 15 de agosto de 2013

Exigen al gobierno de Oaxaca frenar ataques contra Asamblea Popular de Juchitán


Rosa Rojas

México, DF. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CódigoDH) de Oaxaca demandó la inmediata intervención de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca para frenar la "ola de violencia contra simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ)" -con amenazas, hostigamiento, persecusión, agresiones, incluyendo la muerte de un integrante de esta organización- que ha generado el conflicto por la construcción del parque eólico Fuerza y Energía Bií Hioxo, por parte de la empresa Gas Natural Fenosa (GNF).

La APPJ demanda la suspensión de las obras de dicho parque en tierras comunales de Juchitán y el respeto a sus derechos colectivos como pueblo indígena zapoteca a una consulta previa e informada y a que no se les impongan "proyectos de fuera para beneficio de gente de fuera".

En un comunicado, CódigoDH indicó que deben revisarse los permisos, estudio de impacto ambiental y la situación de las tierras sobre las que se asienta el parque eólico Bií Hioxo.

Asimismo, que debe haber respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas resguardados en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de las leyes vigentes que deben aplicarse en el caso de la construcción del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa.

Indicó que el martes 13 debía efectuarse una reunión con funcionarios de dependencias federales como la Secretaría de Energía, con integrantes de pero únicamente llegaron representantes del gobierno estatal, "que no han dado soluciones concretas al conflicto", lo que ocasionó el enojo de los indígenas zapotecas de la APPJ.

Entonces CódigoDH, junto con los representantes del gobierno del estado, la APPJ y otrtas organizaciones presentes, como Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se trasladaron a la entrada de las obras del parque, donde se encontró cerrado el acceso al paraje Gúsebenda, que la población local utiliza; se pudo constatar el cierre del camino, la presencia de policia auxiliar PABIC encapuchados y fuertemente armados y otras personas en la obra quienes impidieron el paso y grabaron y tomaron fotografías de los integrantes de la APPJ, además de que ningún representante de la empresa acudió al llamado que se le hizo para participar en la reunión.

CódigoDH considera que son urgentes las políticas de mitigación del cambio climático, sin embargo lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec con la instalación de parques eólicos, simplemente no puede considerarse “energía limpia”, mucho menos “sustentable” añadió, recordando que toca al estado mexicano garantizar que la implementación de megaproyectos, incluidos los eólicos, respete los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Detalló que en este caso concreto, la empresa está violentando procedimientos que lesionan los derechos de las comunidades indígenas de la zona y de la ciudadanía en general, no está garantizando procesos de información ni consulta previa y consentimiento y hay irregularidades en la construcción pues se está construyendo sobre tierras comunales (reconocidas en el decreto presidencial del 17 de junio de 1964)".

Además, se está afectando el acceso a zonas sagradas junto a la Laguna Superior como Gúsebenda, Guela Be’ñe’, Chiguese y Laxada, se impide el paso a los pobladores de la zona a sus tierras de cultivo y para la recolección de plantas medicinales, se están tapando los canales de desagüe de la ciudad de Juchitán que atraviesan por la Séptima Sección, lo que podría generar inundaciones en un futuro y serias situaciones de insalubridad, advirtió CódigoDH.

No hay comentarios: