La iniciativa de reforma energética presentada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, contempla la participación de la iniciativa privada en Petróleos Mexicanos a través de “contratos de utilidad compartida”, los cuales no están permitidos actualmente en la Constitución Mexicana y por los que se tendrían que modificar los artículos 27 y 28.
Para obtener los contratos de utilidad compartida, concursarían diferentes empresas petroleras, extranjeras y nacionales.
La empresa ganadora tendría que tomar riesgos al invertir recursos considerables en exploración y explotación, sobre todo en zonas que actualmente no han sido exploradas ni explotadas debido a la falta de tecnología.
Las empresas que detecten yacimientos petroleros tendrían que reportarlo a Pemex y éste sería quien lo vendería. Luego de venderse, los recursos obtenidos se compartirían.
“El Estado se reserva una función casi exclusivamente reguladora y de policía”, señala la iniciativa de reforma.
“Se incorporó la posibilidad de celebrar con particulares contratos de exploración y explotación”, agrega el documento.
El martes, en entrevista en Noticias MVS, primera emisión, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, especificó que sólo se les pagará a las empresas (que obtengan contratos) la utilidad que generen y éste deberá ser menor al 50 por ciento.“La utilidad es el pago por la actividad en la que invierte… la renta petrolera no deriva de la inversión del capital sino del petróleo que está ahí”, señaló.
“No se va a compartir la renta petrolera con las empresas internacionales, estamos hablando del patrimonio de los mexicanos”, agregó.
Los contratos se obtendrán “siempre por licitación”, pero no se otorgarán en actividades o zonas donde ya esté laborando Pemex.
Consulta la iniciativa completa, que consiste en modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución:
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