lunes, 19 de agosto de 2013

Retornarán indígenas desplazados a Chenalhó tras un mes de exilio


Hermann Bellinghausen, enviado

San Cristóbal de las Casas. Al cumplirse 30 días de desplazamiento y exilio, anunciaron su retorno al ejido Puebla (Chenalhó) los católicos agredidos y amenazados por grupos de evangélicos vinculados abiertamente a los paramilitares que realizaron la masacre de Acteal en 1997. El día 8 se firmó un Convenio de Civilidad, Distensión y Respeto Mutuo, mediado por el gobierno. “Que quede claro que respetamos el acuerdo desde el momento en que no hemos hecho ninguna agresión, decididos a hacer valer su contenido” pese a “fundados temores de que no sea respetado por la otra parte”, expresaron hoy los tzotziles que retornarán esta martes acompañados por una caravana civil.

Por su parte, el Frayba turnó una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la implementación de medidas cautelares para estos indígenas y alertó “sobre el riesgo latente de que la violencia persista y aumente, debido a la nula actuación de las autoridades del gobierno de Chiapas encargadas de procurar y administrar justicia. Además informó que acompañará el retorno este martes y mantendrá un monitoreo permanente sobre la situación de los derechos humanos en la zona.

Los indígenas desplazados aclararon: “Tuvimos que salir de la comunidad por las amenazas y el clima de violencia creado por las autoridades comunitarias y sus seguidores”, y retornan aunque “los peligros no han desaparecido”. Los católicos de la Colonia Puebla y los representantes de la parroquia de San Pedro Chenalhó firmaron con las autoridades comunitarias, ante una comisión interinstitucional, un convenio que establece “el libre tránsito en el ejido, así como el cese de las agresiones verbales y amenazas”. Se establece que “las partes en controversia” respetarán el pacto.

“Creemos en el diálogo, pero no puede haber un auténtico diálogo si no es sobre la base de la verdad. Por esto nos vemos en la necesidad de reiterar algunas verdades que no se han respetado” apuntan los desplazados. En la reunión citada “dijeron los representantes de las autoridades comunitarias que no somos desplazados porque ellos nunca firmaron una orden de que saliéramos y nunca nos amenazaron. Es claro que no se necesita firmar un papel para obligar a que alguien salga de su comunidad por seguridad. Y las amenazas que han hecho contra nosotros son claras desde el momento en que hicieron que su grupo intentara linchar a tres de nuestros compañeros. Mientras sigan diciendo la calumnia de que envenenamos el agua, nos están amenazando, y mientras sigan diciendo que no golpearon a nadie, están mintiendo”.

Constaba en las actas del ministerio público “la verdad de los golpes, y en cambio ellos nunca demostraron la verdad del envenenamiento”, alegando “que habíamos dado dinero al ministerio público. Las autoridades tienen que aclarar la verdad para que el comisariado y su grupo no sigan mal informando”.

Otro ejemplo de “cómo confunden las autoridades de la colonia” es el que se anden presentando como “católicos tradicionalistas” y pretenden disputar la ermita del ejido, Domingo Gutiérrez Gutiérrez y Antonio Gómez. “Pero el primero es diácono presbiteriano y el segundo pastor del Séptimo Día. Y eso es nada más un ejemplo de todas las falsedades”.

Los católicos “queremos que haya paz y tranquilidad en nuestra comunidad y en todo el municipio, pero que sea con justicia y verdad”. Demandan que se suspendan las guardias alrededor de la comunidad que no permiten el libre tránsito; que dejen de hacer acusaciones falsas contra nosotros; que haya total respeto a las personas, familias y propiedades de todos los que vivimos en Puebla; que cesen la agresiones con piedras a nuestras casas; que se acelere el proceso legal para determinar la legítima posesión y propiedad del predio de la iglesia católica; que se nos pague por los daños y perjuicios ocasionados por la destrucción de nuestro trabajo y del material para la construcción.

A las autoridades que integran la comisión interinstitucional les piden vigilar el cumplimiento de lo acordado y que ellos, que también firmaron, y gestionen a la brevedad “la resolución de la problemática”.

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