miércoles, 16 de enero de 2013

Denuncian omisión de SEP en casos de abuso sexual contra 30 niños en kínder


ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D. F. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) manifestaron su preocupación por la actitud omisa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el caso de los 15 menores abusados sexualmente por siete trabajadores del jardín de niños “Andrés Oscoy Rodríguez”.

El pasado 15 de junio, dos niñas acusaron a Saúl Blancas, conserje del plantel ubicado en la delegación Iztapalapa por abuso sexual. Su detención destapó la cloaca en ese centro escolar al punto de alcanzar a la directora María de la Luz Cano Rodríguez, quien se jubiló cinco días después de que el primero de los acusados fue aprehendido.

Desatado el escándalo, los familiares de otros 13 menores presentaron cargos judiciales contra siete funcionarios de la SEP que abusaron sexualmente de sus hijos. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió nueve recomendaciones en el folio 76/2012 e inició una investigación sobre el caso.

No obstante, la Redim y la ODI lamentaron que las recomendaciones se limitaran a temas administrativos, de capacitación y servicios psicológicos, dado que –aseguraron– no velan por los intereses de las víctimas ni sugieren medidas para reforzar la protección de menores que son abusados sexualmente en las escuelas.

En un comunicado, ambas organizaciones criticaron que la CNDH sólo reconociera como víctimas a 15 de 30 menores abusados, dejando al resto en la indefensión legal.

“Las nueve recomendaciones (de la CNDH) resultarán pasajeras si no se realiza una profunda reforma estructural y normativa que garantice la seguridad de los niños y niñas bajo cuidado de la Secretaría de Educación Pública”, se lee en el boletín.

La ODI, que se hizo cargo de la defensa jurídica de los 30 menores víctimas de agresión sexual, señaló que el proceso penal iniciado en 2011 aún continúa y, dependiendo de los alcances en la jurisdicción local, “se podrá llevar el caso a instancias internacionales”.

AMLO: en el gabinete de Peña sólo falta Raúl Salinas


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, ironizó que en el gabinete de Enrique Peña Nieto sólo falta Raúl Salinas de Gortari.

“Ahora que EPN nombró a Carreño Carlón en el FCE sólo falta que designen a Raúl Salinas como encargado del combate a la corrupción. Cínicos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ayer, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dio a conocer las designaciones de José Carreño Carlón al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE), en sustitución de Joaquín Díez-Canedo, quien ahora dirigirá la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y de Raúl Cremoux, quien encabezará el Canal 22.

Carreño fue director de Comunicación Social de la presidencia en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Por ello, López Obrador escribió en tono sarcástico que al gabinete de Peña Nieto sólo le hace falta el hermano de Carlos Salinas de Gortari, arrestado en 1995, acusado de enriquecimiento ilícito.

Madres de desaparecidas en Chihuahua marchan a diez grados bajo cero


PATRICIA MAYORGA



CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- Entre indignación, dolor y coraje y con una temperatura de hasta 10 grados Centígrados bajo cero, tres madres y un padre de mujeres desaparecidas iniciaron anoche la “Caminata por la vida” de Juárez a Chihuahua (aproximadamente 350 kilómetros), con el fin de reclamar al gobernador César Duarte Jáquez quien les ha mentido sistemáticamente porque no hay investigación en ninguno de los casos.

Los inconformes emprendieron el camino la tarde de este martes luego de asistir al funeral de Beatriz Alejandra Hernández Trejo, una mujer identificada un año después de haberse encontrado su cuerpo –junto con otras víctimas– en el Valle de Juárez.

Las madres pasaron la noche en el poblado de Samalayuca, donde el presidente seccional, Javier Meléndez, les ofreció cena y un lugar donde quedarse, ya que esta madrugada se registró la temperatura más baja en lo que va de la temporada invernal.

Karla Castañeda, madre de Cinthia Jocabed Castañeda Alvarado, explicó esta mañana que caminan para exigir justicia al gobernador, “ya que él no pudo venir a acá, nosotros vamos y si no nos puede recibir, de ahí nos vamos a México para buscar a Peña Nieto y exigirle resultados porque estamos hartos de que nos den atole con el dedo y Duarte no cumple nada, no hay nada de resultados”.

Agregó que para ellos no es fácil caminar con el frío congelante que azota a la entidad.

Castañeda aseguró que trae un dolor en el pecho, pero que la voluntad y el ánimo de buscar justicia es más fuerte, “ya estamos muertos en vida, ¿qué más podemos perder?”, cuestionó.

Y agregó:

“Con las desapariciones de nuestras hijas, las madres nos convertimos en abogadas, investigadoras y hasta psicólogas porque ni para eso sirve la Fiscalía, nosotros terminamos sabiendo más que ellos”.

Señaló que les han llevado evidencias a las autoridades para que investiguen los casos, en los que incluso hay indicios de trata de personas, pero no les han hecho caso.

“A ver: ¿Qué están esperando para rescatar a Berenice? Ya se les dijo dónde está y la quieren ubicar un mes después de que se les dijo dónde estaba. ¿Quieren que se las llevemos así, de la mano?”, manifestó Castañeda.

En tanto, la coordinadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, Norma Ledezma Ortega, denunció que las autoridades han sido indiferentes, ya que ellas han señalado que la investigación debe apuntar al crimen organizado, a la trata de personas y a la complicidad de funcionarios.

“La Fiscalía ha sido indiferente ante la hipótesis y se han negado a realizar la investigación correspondiente con efectividad. Los recientes crímenes de las 12 jóvenes que se han identificado en esa zona (Valle de Juárez), permanecen impunes”, afirmó.

Recordó que entre enero y febrero de 2012 se encontraron múltiples restos óseos, entre los cuales han sido identificadas 12 mujeres que contaban con reporte de desaparición en distintas fechas, entre ellas Jessica Leticia Peña García y Perla Ivonne Aguirre González.

Sin embargo, un número indeterminado de restos de mujeres continúa sin ser identificado, aseguró.

El primer cuerpo encontrado en la zona del Valle de Juárez fue el de Adriana Sarmiento, el 5 de noviembre de 2009 y Ledezma Ortega denunció que la Fiscalía mostró un retraso injustificable en el cotejo de ADN con la familia de la víctima.

“Escondió durante meses los resultados de las pruebas. Fue hasta casi dos años después, en noviembre de 2011, que notificaron a la familia que se trataba de Adriana”, recriminó.

De acuerdo con Justicia para Nuestras Hijas, entre 2009 y 2011, grupos del crimen organizado habrían utilizado la zona del Valle de Juárez para abandonar los cuerpos de jovencitas.

A las 8:00 horas el grupo salió de Samalayuca para reanudar la caminata y pedir además que las autoridades les entreguen los restos que aún tienen en el Servicio Médico Forense (Semefo).

Las madres y el padre de las jóvenes son escoltadas por elementos de la Policía Estatal Única y una ambulancia que envió este martes la Fiscalía General del estado, luego de que anoche rechazaron ser trasladados a la capital y hospedados en un hotel para esperar la entrevista con Duarte.

Durante la mañana llegó el titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Ernesto Jáuregui Venegas, quien ofreció trasladar a los inconformes, pero ellos continuaron con sus planes de trasladarse a pie a Chihuahua.

En la caminata participan Juana Ibarra, mamá de Gabriela Espinoza Ibarra; Bertha Alicia García, madre de Brenda Berenice Castillo; Karla García, mamá de Jocabed Castañeda; la mamá de Jésica Ivonne Padilla Cuéllar y José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo.

Fascistas dentro de Segob: ‘Reforma’


En 2010, Juan Iván Peña Neder, ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, acusado de violación tumultuaria, creó la organización clandestina México Despierta, de corte filofacista y antisemita, partidaria de la supremacía aria y la esterilización de los indígenas, publica el diario Reforma.

La sociedad secreta fue fundada también por Carlos Villar Erives, ex funcionario de la Función Pública, así como Rafael Mendoza y uno de los amigos de Peña Neder, de nombre Juan Ramón. Había funcionarios del Gobierno federal, pero también algunos ligados al PRI y al PRD, contaron informantes al periódico.

Peña Neder, quien fue coordinador de Asesores de Abraham González, subsecretario de Gobernación en la administración pasada, se encuentra preso en el penal de alta seguridad en Matamoros, Tamaulipas. Su ex esposa, Talía Vázquez lo acusa de violación tumultuaria y, en declaración a Noticias MVS primera emisión, lo señaló de encabezar una red de traficantes de permisos para casinos.

“El grupo nació como enemigo de la masonería, con ideas antisemitas y de defenestración de los indígenas, con la convicción de que el mestizaje era el origen de los problemas en el País, pero paradójicamente tenían una vertiente mexicanista que reivindicaba la raza de bronce de la que hablaba José Vasconcelos y tenía contactos con militantes sinarquistas, cuentan ex seguidores”, relata Reforma.

El plan de Peña Neder era adquirir una hacienda en Hidalgo o Morelos para fundar una Escuela de Formación e internar niños; para ello, fue contactado un sacerdote nazi de Hidalgo que serviría de rector de la escuela.

Segob canceló reunión con familiares de desaparecidos


Familiares de personas desaparecidas en México denunciaron que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación les “cerraron las puertas”, a pesar de que hace unos días el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se comprometió a estar “cercano” a las víctimas.

Miembros de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México -que agrupa casos sobre todo de Coahuila- se presentaron este miércoles en las instalaciones de la Segob, porque se les había prometido una audiencia con Peña y con el propio Miguel Ángel Osorio Chong, la cual fue cancelada porque “la agenda estaba saturada”.

Yolanda Morán, quien busca a su hijo, dijo que el Presidente está incumpliendo con su compromiso público de atenderlos, como lo expresó al promulgar la Ley de Víctimas, la semana pasada en Los Pinos, a donde por cierto invitaron a esta asociación civil.

Luego de la primera cancelación, los familiares iban a ser recibidos por Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, para agendar una nueva fecha de reunión con el Presidente, pero esta también fue suspendida después de que los deudos hablaron con los medios de comunicación.

“Suena a amenaza no recibirnos porque ya hablamos con los medios”, comentó Morán.

“Debería ser al revés, que nos buscaran ellos a nosotros, no nosotros a ellos”, comentó un padre de familia.

El grupo de víctimas comentó que no buscan ayuda económica sino que se emprenda una verdadera búsqueda de sus seres queridos.

Afirmaron que en la pasada reunión con Chong “no se llegó a nada” y todo ha quedado en palabras.

Se consolida Morena como fuerza política, según datos publicados por Consulta Mitofsky


• La encuesta refiere que el 26 por ciento de los ciudadanos votarían por el movimiento que está en vías de convertirse en partido político.

Alfredo Ramírez Bedolla, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sostuvo que esta organización tiene una buena aceptación de parte del electorado mexicano, como lo demuestra una encuesta recientemente publicada por Consulta Mitofsky en donde el 26 por ciento de los ciudadanos votarían por el movimiento que está en vías de convertirse en partido político.

Ramírez Bedolla se refirió a los datos que arrojó la encuesta denominada Morena: Un Nuevo Partido Político, que publicó dicha empresa en días pasados.

“Nuestra organización, sin tener ser todavía formalmente un partido político y sin estar en tiempos electorales, tiene una aceptación del 26 por ciento según este ejercicio demoscópico”, aseveró el Secretario de Cooperativismo, Economía Social, Movimientos Sociales y Civiles del CEN de MORENA.

Lo anterior, consideró, demuestra que esta agrupación se encuentra en el ánimo de buena parte del electorado mexicano, “tomando en cuenta que estamos a favor de impulsar transformaciones sociales y económicas en beneficio de millones de personas, las cuales han visto reducir drásticamente su nivel de vida durante los últimos 30 años a consecuencia de la implementación de un modelo económico marcadamente antisocial”.

MORENA, remarcó, es y será una organización que en el discurso y en la práctica ejercerá “incansablemente una oposición al régimen antidemocrático y autoritario que tiene el país”.

Apuntó que la fuerza política y electoral de MORENA se confirma con los cifras de la referida encuesta -aplicada a mil personas en viviendas particulares del 7 al 10 de diciembre, con un margen de error de +/- 3.1%-, donde uno de cada 4 mexicanos votaría por esta organización.

“Y es que millones de mexicanos están inconformes con la forma en que han gobernado los partidos del PAN y PRI, los cuales han sostenido un sistema económico generador de pobreza por doquier, que ha sido incapaz de generar los empleos que demanda la población”, puntualizó Ramírez Bedolla.

Iniciativa de reforma es violencia institucional hacia las mujeres


Criminalizan sólo a la mujer, dejando a un lado la responsabilidad del hombre
Si se aprobara la iniciativa, las tres excepciones de materia de aborto no podrían ser utilizadas

En caso de aprobarse la ley de protección a la vida desde sus concepción se condenará a las mujeres embarazadas por violación, a las que tienen un feto probado con malformación y a las que estén riesgo de perder su vida, quienes no podrán hacer uso de su derecho que actualmente les concede la Constitución, “quiere decir que las mujeres van a tener que arriesgarse a morir en el parto porque su organismo no está en condiciones del alumbramiento y la ley las obliga” señaló Norma González, catedrática de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Las organizaciones que están en contra de esta iniciativa están trabajando arduamente para erradicar la violencia hacia las mujeres, y declararon que esta reforma es violencia institucional, ya que este tipo de legislaciones lo que buscan es criminalizar la condición de ser mujer. Existen dos factores importantes que ya se han olvidado: el primero es criminalizar sólo la sexualidad de las mujeres y no la responsabilidad que también tienen los hombres, “no vemos ninguna propuesta que penalice con corporalidad el hecho de la paternidad irresponsable, eso seguimos sin verlo”; el segundo es llevar argumentos “bizantinos” al Congreso, los cuales no tienen ningún fundamento, científico, además de que sigue siendo un caso inequitativo.

Las representantes de las asociaciones propusieron que se “toque” de manera seria los temas sobre las mujeres, así como también que se respete y que no se permita el retroceso de los derechos.

En el caso de Aguascalientes existen tres excluyentes en materia del aborto, sin embargo cada estado tiene su propia legislación penal. La primera de ellas se le llama aborto terapéutico, es decir cuando peligra la vida de la madre a juicio del médico que la asista.

El segundo y uno de los más importantes, según la Colectiva Feminista, es cuando el embarazo ha sido resultado de una violación, y el último se refiere cuando éste es por causas imputables a la imprudencia de la mujer embarazada. Fuera de estas tres causas, todo lo demás es sancionado penalmente; y si llega a modificarse la ley, aun en el caso de estas hipótesis no se permitirá el aborto si así lo decidiera la madre.

Asimismo, declararon la necesidad de un educación sexual desde los primeros niveles educativos, “si evitamos que tantas mujeres se embaracen no estaremos hablando del aborto”, y propusieron que se trabaje en la planificación familiar, creando conciencia sexual, “vamos a dar educación y no cárcel”.

Actualmente, los estudios científicos que se han hecho a las mujeres que abortan, no tienen un perfil criminológico: sólo son ignorantes, por lo tanto, en vez de criminalizarlas se debe educarlas. La educación es la única solución viable para dicha problemática.

Si se habla de equidad, los dogmas religiosos nunca podrán brindar unanimidad de criterio, ésta sólo puede darla la ley. Las leyes rigen y las investigaciones científicas comprueban, la religión está lejos de esto.

Penalización del aborto es pago de Lozano de la Torre a la Iglesia: Norma González


Intereses centrados en la elección y no en el derecho a la vida
Un diputado solitario y conservador como Alférez no es el PRI

La abrupta propuesta de ley es un pago de los compromisos asumidos por parte los priístas y en concreto de quien en su momento fue candidato a gobernador, Carlos Lozano de la Torre. Mediante ella se busca que se penalice a las mujeres que opten por interrumpir su embarazo, situación que evidentemente se hace de forma estratégica y que se aprovecha de la conclusión de la actual legislatura local.

Norma González Martínez, ex legisladora local, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, indicó que debe recordarse que posterior a la elección de 2010, la Iglesia Católica hizo una serie de declaraciones mediante las cuales se señalaba a los priístas como incapaces de cumplir los acuerdos que asumieron en la campaña, por lo que de una forma desmesurada han obligado al gobernador a sostener reuniones con la alta jerarquía católica para firmar la “pipa de la paz”, lo cual ha representado ofertar que dicha ley sea aprobada.

Uno de los reclamos y que a la vez puede convertirse en una estrategia de la Iglesia Católica, es que de cara a la elección local que se realizará el presente año, exigirán a Lozano de la Torre que se cumpla con los compromisos que en su momento se asumieron, “el PRI no es un diputado solitario y conservador como Alférez”, por lo que considera que la responsabilidad total de la iniciativa y de sacarla en las condiciones actuales debe otorgarse solamente al titular del Ejecutivo estatal.

Lejos de estar en juego la responsabilidad por el derecho a la vida y el de la integridad de las mujeres, se encuentra el interés del resultado electoral que se obtenga en las próximas elecciones, “esto demuestra que sólo se están acomodando las piezas políticas para la elección local,” ya que el PRI quiere mantener la plaza y congraciarse con la alta jerarquía católica para lograr movilizar todo el sector poblacional que puede manipular electoralmente la Iglesia Católica, dejando de lado los derechos de la mujer, pues reitera que lo importante para las diversas esferas gubernamentales es ganar la elección.

Tlaquepaque autoriza a Morena instalar módulo de afiliación en primer cuadro

• Inspectores de Mercados impedían realizar las inscripciones arguyendo que no tenían permiso para instalarse


Simpatizantes de MORENA se manifiestan frente al palacio municipal de Tlaquepaque, debido a que fue desalojada su mesa de afiliación. Foto Arturo Campos Cedillo.

Aníbal Vivar Galván.- El ayuntamiento de Tlaquepaque permitirá que durante 10 días los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realicen su proceso de afiliación en un módulo instalado en el primer cuadro de este municipio, esto luego de una manifestación realizada en las puertas del palacio municipal por militantes de esta organización política para denunciar que desde el pasado 9 de enero, fecha en la que algunos inspectores de Mercados les retiraron su módulo de afiliación, no se les ha permitido inscribir gente.

Los manifestantes, que eran alrededor de medio centenar, afirmaron que el personal del ayuntamiento les indicó que “en Tlaquepaque no habría ni un centímetro para Morena”, ya que este municipio pertenece sólo a quienes están en el poder.

Aseguraron además que los inspectores alegaban que aplicaron el reglamento municipal pues los militantes carecían de permiso de parte de Mercados para colocarse. Los miembros de Morena indicaron que un día antes del incidente entregaron en la oficialía de partes de la presidencia un escrito en el que informaban que se colocarían para invitar a nuevos partidarios; además recordaron que este tipo de actividades no requiere de ningún permiso especial, pues en la Constitución Mexicana se garantiza el derecho de asociación y de manifestación siempre y cuando ésta sea pacífica y sin alterar el orden público.

Luego de iniciada la manifestación de ayer, personal del ayuntamiento llamó a una comisión para que se entrevistara con el alcalde. Durante la reunión, Alfredo Barba se disculpó por la actitud que tuvo el personal del municipio y les aseguró “no tener inconveniente” en que los morenistas realicen el proceso de afiliación, sin embargo, les dijo que no podrían instalarse en el primer cuadro ya que actualmente se está aplicando un proyecto de mejora de la zona Centro y no se permite la colocación de puestos.

Los militantes le insistieron en que su actividad no tiene fines comerciales, sino que buscan cumplir con los procesos que marca la ley para la conformación de su partido. Además le recordaron que en los demás municipios los módulos de afiliación se colocaron dentro del primer cuadro.

También le aclararon que este proceso de afiliación, que concluirá los primeros días del mes de abril, se desarrollará de igual manera en otros puntos de Tlaquepaque, por lo que el módulo del Centro sólo estará por un tiempo.

Finalmente, el munícipe les permitió instalarse por 10 días, siempre y cuando no generen molestias a vecinos o a comerciantes, sin embargo, los militantes de Morena tomaron este acuerdo con reservas pues no descartan que las autoridades convenzan a algunos habitantes de la zona para que se opongan a la instalación del punto de afiliación.

Agregaron que para evitar esto acudirán con los vecinos para conocer su opinión además de realizar la tramitología necesaria para que el municipio esté enterado de los puntos y las fechas en las que se instalarán y así evitar más conflictos pues, insistieron, sólo desean continuar con su proceso de afiliación y no iniciar una campaña o algún ataque en contra de la administración municipal.

Atoyac podría seguir el ejemplo, augura la OCSS


R. VALADEZ, CORRESPONSAL

 Atoyac, 15 de enero. La dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (Ocss), Rocío Mesino Mesino, advirtió que de continuar la impunidad en los hechos delictivos ocurridos en los pueblos de Guerrero, como asesinatos, secuestros y asaltos, en otros lugares del estado pudiera darse también la organización de la gente para hacerse justicia con sus propias manos.

“Estamos de acuerdo en que la decisión de la gente es la única vía para la situación que se viene dando en el estado sobre la violencia generada, no sólo por el crimen organizado, sino también por el pisoteo de los derechos humanos de la población de parte de los miembros del Ejército y la Policía Municipal, Estatal y Federal”, manifestó la líder.

La ex regidora apuntó que lo ocurrido en pueblos como Ayutla y Tecoanapa, en Costa Chica, muestra el hartazgo de la gente por la ineficacia de las políticas de seguridad que se han empleado en Guerrero.

Manfiestó que es importante que el gobierno sepa que lo que pasó en Ayutla es lo que puede pasar en otros lugares, incluso en Costa Grande donde se vive una violencia generalizada, y aseguró que lo sucedido con la gente de los pueblos es una muestra al gobierno de lo que puede pasar si éste no pone un hasta aquí a los asesinatos y combate la impunidad que existe, es decir, “es una muestra de cómo el gobierno queda rebasado por el pueblo”, concluyó.

En entrevista, Mesino Mesino señaló que de continuar el clima de inseguridad la gente de Atoyac no descarta posibilidad de organizarse igual que lo han hecho los pobladores de Ayutla y sugirió que el gobierno del estado impulse una política de investigación de los casos delictivos ocurridos en la entidad que arroje resultados verdaderos y eficaces, en vez de que continúe la impunidad, y recordó que aún están pendientes los resultados en las investigaciones de los secuestros de los ecologistas Eva Alarcón, Marcial Bautista y Juventina Villa, así como del ex dirigente del Consejo Estatal del Café (Cecafé), Francisco Piedragil Ayala.

La autoprotección desplaza al hartazgo y da seguridad en Ayutla y Tecoanapa


La población desarrolla sus actividades con confianza y respalda acciones de autodefensa

 HÉCTOR BRISEÑO ( Enviado)

Ayutla, 15 de enero. "Nos ponemos los huaraches o nos espinamos", expresó un comandante de la Policía Comunitaria (PC) entrevistado en el crucero de Las Ánimas, en la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa, donde decenas de integrantes del comité de autodefensa ciudadana contra la delincuencia organizada montaron un puesto de control para impedir que los "chicos malos" transiten entre localidades y rancherías de la Costa Chica.

De origen indígena, moreno, con visión de largo plazo, consciente y seguro de que el movimiento que representa está basado en la justicia y el bienestar de los pueblos, subrayó que la situación de inseguridad era insostenible, por lo que campesinos tuvieron que organizarse para evitar extorsiones, secuestros y asesinatos.

Mientras compañeros de guardia piden documentación a conductores que transitan por el área, el comandante manifestó que “nos duele cómo otras personas vienen buscando el dinero extorsionando a campesinos, secuestrando y no conformes con eso, matando”, y enfatizó que “no estamos contra el narcotráfico, ni sus clientes ni lo que vendan, sino del crimen”.

-¿Qué sienten como indígenas de esta situación? -se le pregunta.

-Sentimos rabia y coraje.

-¿Cómo empezó esta resistencia?

-Nos habían secuestrado a dos comisarios; les advertimos que si había un tercero nos levantaríamos, que haríamos limpieza total, quisieron medir fuerzas y aquí estamos. Se equivocaron al meterse con el pueblo: no somos uno, somos muchos.

Puntualizó: “ya están advertidos, por cada uno que nos levanten, vamos por 10 de ellos". 

Sostiene que el artículo 39 de la Constitución mexicana los respalda, pues el poder reside en el pueblo.

Recalcó que la ni la PC ni la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero están divididos, pues "por un par de líderes no se va a definir un movimiento", el cual, expresó, no se trata de una cuestión policiaca meramente. Manifestó: “estamos poniendo el ejemplo, unirse para lograr la paz y la tranquilidad; en Ayutla, que es una ciudad, la gente ha empezado a dejar el egoísmo, se debe trabajar colonia por colonia; las diferencias entre nosotros las arreglamos, aquí es como en el cielo, todos tienen cabida”.

Al sitio acuden mujeres protegidas con rojos paliacates en sus rostros, a repartir tacos de guisados y chilate; las labores del campo no han sido descuidadas, mientras unos vigilan los caminos día y noche, otros se hacen cargo de las cosechas,  pues la organización es importante para mantener la resistencia.

El también responsable de la vigilancia en el lugar, rememoró que fueron los partidos políticos y la religión lo que dividió a los pueblos. 

Señaló que a más de 70 malhechores detenidos en la última semana se les respetan sus derechos, no se les ofende, se les proporciona atención médica y se les brindan alimentos. 

-No queremos convertirnos en lo que tanto criticamos -expresa, y explica que es lo único que falta por definir con el Ejército: la situación de los delincuentes detenidos. 

Cáncer nacional.

Pobladores de Ayutla y Tecoanapa, municipios de la Costa Chica de Guerrero, manifiestan mayor confianza y seguridad en su vida cotidiana tras el levantamiento ciudadano ocurrido el pasado 5 de enero contra la delincuencia organizada.

Hasta el chofer de un taxi colectivo que viaja de Acapulco a Ayutla, se apura a colocar la papeleta que muestra el permiso provisional para circular por la carretera libre, instantes antes de pasar por el primer puesto de vigilancia, pues manifiesta que los nuevos guardias "están muy estrictos".

En pequeños locales de comida, en el mercado y camionetas de rutas alimentadoras, la coincidencia es casi absoluta; "la verdad es que la gente está más tranquila desde que el pueblo se levantó en armas", señaló el conductor de una camioneta de transporte de Ayutla a Tecoanapa.

Ataviados con playeras en tonos oscuros, negros y café, pantalones de manta y mezclilla, pistolas, machetes, rifles de bajo calibre y paliacates, bufandas, playeras e incluso máscaras de luchador que cubren sus rostros, integrantes del comité de autodefensa ciudadano se instalan en puntos clave de caminos y comunidades desde las 8 de la mañana. 

En uno de los accesos a Ayutla, un grupo de 40 hombres de todas las edades, planifica las actividades del resto del día.

Su coordinador, un hombre de canas y edad avanzada quien omite proporcionar su nombre, pues “el enemigo es peligroso y demasiado grande”, explicó que colaborarán con Ejército en vigilar sus comunidades. 

Recalcó que se mantendrán vigilantes de la actuación de las fuerzas armadas, pues los pobladores siguen sin confiar plenamente en las autoridades.

Consultado por el sistema de autoprotección implementado por los ciudadanos, en su mayoría campesinos, manifestó que el problema de la violencia es un "cáncer nacional", y no solamente de Guerrero. 

Comentó que serán respetuosos de la intervención oficial, pues también desean respeto a los usos y costumbres.

-¿Qué ocasionó el levantamiento, fue la inseguridad? -se le cuestiona después de organizar al grupo matutino encargado de la vigilancia en Ayutla.

-Fue el hartazgo; la tranquilidad social ha sido rebasada, a cada campesino le pedían 200 pesos y a los ganaderos 500, ya estaban fijando cuotas de acuerdo al tamaño de la casa y a las muchachas de Bachilleres las empezaban a molestar.

Recalcó que “no vamos a soltarles los callos, sabemos dónde están, vamos a peinar todas las comunidades”.

Explicó que el siguiente paso será unir a otros municipios, entre ellos San Marcos y Copala.

Expresó que “si los pueblos se unieran y adoptaran este sistema no pasaría la delincuencia organizada”.

-Al gobierno le debería dar pena y vergüenza, que con toda la ley y todo lo que tiene no haya podido poner orden; y que los pueblos que no conocen la ley se hayan organizado para acabar con el problema -señaló un carpintero en Ayutla.

-Yo les tuve que dar 5 mil pesos para que no se llevaran mi camioneta para trabajar; la verdad se estaban pasando de lanza los delincuentes -expresó un productor de jícama de la comunidad de El Limón.

-Nuestros padres se saludaban y se quitaban el sombrero, entre todos nos conocíamos, ahora vivíamos con la cola entre las patas, qué bueno que este movimiento surgió de la población indígena -mencionó un comensal de un local de barbacoa.

-A un vecino le llamaron y le pidieron 25 mil pesos, eso fue lo que detonó el problema aquí -relató un habitante de Tecoanapa.

Campesinos vigilantes se observan en diversos puntos de la carretera, y aseguran que lo mismo sucede en más de 150 comunidades en Ayutla y Tecoanapa.

El plagiado fue rescatado, informan

MARGENA DE LA O ( )

 Chilpancingo, 15 de enero. Los pueblos de Tecoanapa y Ayutla tendrán su asamblea mañana (miércoles) aparentemente para definir qué hacer con los detenidos desde que los pueblos se organizaron contra la delincuencia organizada en esa zona de la Costa Chica.

La asamblea está prevista, según informaron los voceros del movimiento que encabeza la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), a mediodía en la cabecera municipal de Ayutla. Aunque no adelantaron detalles, se conoce que el tema central será decidir qué hacer con los detenidos, que son más de 40.

En el contexto del movimiento de autodefensa, Bruno Plácido Valerio, líder de la Upoeg, denunció que esta mañana fue levantado, y luego rescatado, Erwin Pacheco Pérez, antes de llegar a la cabecera municipal de Cruz Grande.

En otra acción ocurrida en uno de los retenes de la comunidad de Las Mesas, municipio de San Marcos, fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la delincuencia organizada, uno originario de ese poblado, y los otros tres, del poblado de Xalpatláhuac, municipio de Tecoanapa.

Aclaró que Erwin Pacheco es un ganadero que ha participado en el movimiento y vive en a la zona Delta, ubicada en Cruz Grande.

Escuelas cerradas

La secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, precisó que hay 33 escuelas cerradas en Ayutla y 7 en Tecoanapa, por seguridad y recomendación del movimiento de autodefensa.

“La decisión de parar labores fue decisión de los padres de familia y de las autoridades comunitarias, que los niños no asistirían a clases en tanto pasaran estos días, por el temor a un enfrentamiento”, comentó.

Secuestran en Cruz Grande a miembro de la Upoeg; es un desafío: Bruno Plácido


Analizarán hacia qué otras comunidades rurales se puede extender la autodefensa, adelanta

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 15 de enero. Ante el movimiento armado ciudadano que instaló puntos de control en municipios de la Costa Chica, la delincuencia organizada secuestró a uno de los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), Erwin Pacheco Pérez, denunció el coordinador de la organización, Bruno Plácido Valerio.

Durante una reunión en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local,0 para tratar diversos temas, entre ellos el de la seguridad, Plácido Valerio denunció que cerca del mediodía fue secuestrado el ganadero Pacheco Pérez.

El plagio, precisó, fue en la zona Delta, cerca del mar, en el municipio de Cruz Grande.

Este secuestro es el segundo que se comete en esta semana; el primero fue el comisario de Barrio Nuevo, Tecoanapa, e integrante también de la Upoeg.

“Ahorita estamos planteando que vamos a rescatar al compañero; ya se está organizando la gente, y seguramente vamos a abarcar otros municipios, como San Marcos, Cruz Grande y Copala, porque tenemos identificados plenamente a todos los que se dedican a esto y quieren atentar contra las comunidades”, dijo.

–¿Están retando a los pueblos, es una reacción a sus acciones?

–Están retando a los pueblos, es una reacción, pero están identificados, y vamos a ir al grano; sólo esperamos la respuesta del gobierno del estado.

Plácido Valerio dijo que en la reunión que sostuvieron ayer con el gobernador en Ayutla acordaron que todos los integrantes de la Upoeg regresen a sus comunidades a hacer asambleas, sin dejar de hacer guardias en la cabecera municipal y sin dejar de hacer operativos.

Agregó que en estos días se fijará una fecha para hacer una asamblea popular para analizar la situación de las comunidades y ver hacia qué otras se pudiera extender este movimiento.

Dejan sin transporte a Ajuchitlán por supuestas cuotas de la delincuencia


CECILIO PINEDA (Corresponsal)

 Ciudad Altamirano, 15 de enero. Más de tres mil ciudadanos del municipio de Ajuchitlán del Progreso se quedaron incomunicados este martes porque el transporte público de ese lugar decidió no laborar porque supuestamente fue amenazado por la delincuencia organizada.

Las más de 30 combis del servicio público que transportan a más de 3 mil personas de ese municipio a Ciudad Altamirano diariamente a realizar sus diferentes actividades, se quedaron sin realizarlas ayer, pues ninguna unidad se presentó a laborar por temor a ser agredidos por grupos delincuenciales.

La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales, en las que también se mencionó las extorsiones de las que son víctimas comerciantes, que prefieren cerrar que pagar la cuota.

Por su parte, el coordinador regional de Transporte en la Tierra Caliente, Eduardo Evaristo Longares, informó que este martes choferes de la ruta Ajuchitlán del Progreso–Ciudad Altamirano decidieron parar labores en protesta contra las altas tarifas que les piden sus patrones como cuentas por trabajar sus unidades.

Dijo que son alrededor de 30 unidades las que no están trabajando, afectando a 50 por ciento de la población de ese lugar, por lo que advirtió que si este miércoles no reanudaban el servicio se verá en la necesidad de dar el servicio con vehículos provisionales, pues es facultad de la Coordinación Regional velar por los intereses de los ciudadanos.

Hace cuatro meses taxistas del sitio Plutarco Hasas dejaron de prestar el servicio supuestamente porque también les estaban exigiendo cuota .

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

En concreto | Laura Itzel Castillo

 El Congreso aprobó en diciembre pasado la propuesta del gobierno federal para desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria y crear la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorrial y Urbano. Esta modificación (que prácticamente pasó desapercibida hasta por los mismos legisladores) acaba por extinguir prácticamente la figura jurídica del ejido y la propiedad comunal, con el objeto de lograr urbanizar el territorio.

La reciente reforma implica, desafortunadamente, renunciar al campo e imponer la ciudad. Es visualizar lo agrario como un nicho de mercado para hacer negocios privados con proyectos urbanizadores. No contempla como objetivo el impulso del campo para la necesaria generación de alimentos. Se trata sólo de fraccionar y dividir para vender la tierra. ¿De dónde van a comer las ciudades? Se trata de un contrasentido que perjudica tanto a los habitantes del campo como a los de la ciudad.

Pareciera que no se ha evaluado que uno de los principales problemas que aquejan a las ciudades en el mundo y especialmente a las latinoamericanas es el desbordado crecimiento expansivo hacia el suelo forestal y agrícola, es decir, el cambio acelerado de uso de suelo. Según datos oficiales, durante los últimos 50 años los países desarrollados emitieron al ambiente alrededor de 600 mil millones de toneladas de CO2, más de 90% de las cuales derivan de la quema de combustibles fósiles y producción de cemento.

No obstante, en el mismo periodo, los países eufemísticamente llamados en vías de desarrollo, entre los cuales estamos, emitieron casi 500 mil millones de toneladas de CO2, de las que solamente 37% corresponde a quema de combustibles fósiles y cemento, en tanto que 63% corresponde al cambio de uso de suelo.

Sistemáticamente se desconocen o niegan los umbrales ecológicos y termodinámicos de la naturaleza, y se ofrecen como externalidades del modelo, el agotamiento de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas, los residuos industriales y la emisión de diversos tipos de contaminantes y sus documentados efectos sobre la población.

Entonces, ¿cuáles son los requisitos para alcanzar un desarrollo sustentable? En el plano general, sin hacer énfasis en la situación particular de cada nación, los requisitos para la sustentabilidad deben ser los siguientes: un sistema político que asegure la participación ciudadana; un sistema económico capaz de generar excedentes que sean aplicados a la sustentabilidad; un sistema social que reduzca la posibilidad de que se generen conflictos ambientales; un conjunto de sistemas de producción compatibles con la conservación de la calidad ambiental, e inversiones importantes en investigación y desarrollo tecnológico.

Desafortunadamente en México, los conceptos científicos y metodológicos de las ciencias ambientales (por ejemplo el ordenamiento ecológico de los territorios, las metodologías de impacto ambiental y la protección de la variabilidad genética) con frecuencia son deformados.

En consecuencia un modelo de desarrollo sustentable real requiere de un conjunto de condiciones que no se dan en México, ni en muchos países del mundo y que son, por definición y por génesis, irreconciliables con el modelo económico actual.

De tal manera que la nueva secretaría tiene como fundamental objetivo fraccionar y vender los ejidos y las tierras comunales para sembrar, en lugar de maíz y frijol: viviendas y especulación.

En Los Pinos


Columna semanal de Sergio Aguayo - 16 de enero 2013

 La publicación de la Ley General de Víctimas, ¿es un avance o un artificio propagandístico?

Cuando terminó el acto en Los Pinos se me acercó un muy buen abogado, Samuel González Ruiz, para enumerarme las deficiencias jurídicas de la ley estrenada minutos antes. Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí y diversos analistas han expresado argumentaciones similares. También ha sido descalificada por cara, porque creará otra burocracia o porque es vista como una manipulación propagandística de Peña Nieto y su equipo. Son críticas justificadas que compartimos quienes consideramos positiva la ley. Razono mi postura a partir de una evocación.

En junio de 1990 se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Fue una ceremonia con la solemnidad de los grandes días. En el majestuoso patio central del Palacio Nacional se dio cita el México institucional encabezado por Carlos Salinas. Atrás quedaban los tiempos en los cuales el régimen priista se indignaba cuando alguien hablaba de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos. Aquel día la República reconocía que había problemas graves en ese terreno. Lo hacía forzada por las negociaciones con los Estados Unidos para un Tratado de Libre Comercio, pero lo hacía. Hubo discursos optimistas, sonrisas y los discretos codazos para hacerse de un buen lugar. Sin embargo en la mesa principal no hubo lugar para alguna víctima.

En el acto realizado el 9 de enero pasado en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos las víctimas fueron protagonistas. Javier Sicilia estaba en el presídium al lado del Presidente y los pasillos del auditorio rebosaban de familiares de desaparecidos con sus fotos, pancartas y lágrimas. Se habían ganado su espacio a pulso. Minutos antes de que iniciara el acto la decena de víctimas que habían sido admitidas amenazaron con salirse si el celoso Estado Mayor Presidencial no admitía a los 45 que habían sido frenados en las afueras con el argumento de falta de espacio. El ultimátum surtió efecto y a partir de ahí se alteró la cuidada coreografía que caracteriza todas las reuniones en las que participa Enrique Peña Nieto.

Tras las concesiones estaba una aceptación implícita de que las instituciones del Estado mexicano han sido incapaces de responder a las necesidades de las víctimas y que urgen nuevos enfoques. En ese sentido me permito una sugerencia de sentido común: además de crear instituciones urge que funcionen mejor las existentes.

El primer presidente de la CNDH fue Jorge Carpizo. Aquel junio de 1990 irradiaba determinación y energía. Estaba decidido a meter "la causa" (así llamaba a los derechos humanos) en la agenda nacional y la empujó hasta donde se lo permitió la realidad y la personalidad de Carlos Salinas de Gortari. Cuando dejó el cargo para irse a la Procuraduría General de la República a padecer el deterioro en la seguridad se inició la lenta transformación de la CNDH en el costoso y tímido elefante que conocemos.

La marginalidad actual de la CNDH fue evidente en la ceremonia de Los Pinos y en el contenido de los discursos. Su presidente, Raúl Plascencia, fue relegado al penúltimo lugar del lado izquierdo del presídium y en ninguno de los cuatro discursos se hizo referencia a la institución. Algo anda mal, muy mal, cuando en un acto de esta naturaleza tiene un papel tan secundario la principal institución creada por el Estado para la defensa de las víctimas. A nadie beneficia. Eso tiene que cambiar.

Una de las oradoras fue Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esa comisión senatorial tiene en sus manos una de las claves para responder a la emergencia humanitaria. Puede meter en la agenda nacional la urgencia de que la CNDH y otras dependencias federales que tutelan derechos asuman las responsabilidades que el momento histórico les exige. Tienen el mandato legal y el presupuesto para seguir el camino marcado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

¿Puede confiarse en Enrique Peña Nieto y su gobierno?, ¿tendrán la capacidad las víctimas y sus aliados para superar sus diferencias y lograr buenas políticas públicas? Imposible responder. El acto en Los Pinos, por lo pronto, fue una ratificación simbólica de que hay voluntad entre algunas organizaciones de víctimas y el nuevo gobierno para darse la oportunidad de construir una relación sobre las ruinas heredadas. Como habitamos un país lleno de paradojas la primera tarea será reformar la ley recién publicada.

La autoridad se mueve por cálculos políticos, las víctimas por la urgencia de resolver su drama. Cualquier solución a fondo exige la colaboración de ambas. El protagonismo compartido de las víctimas y gobierno es lo que separa aquella ceremonia de 1990 en el Palacio Nacional de lo sucedido la semana pasada en Los Pinos. Por eso estoy a favor de la publicación de la ley.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

Boletín de Democracy Now! en Español


16/1/2013

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