domingo, 20 de enero de 2013

Madre de desaparecida denuncia intento de atentado y bloqueo de las autoridades


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).-

Margarita López, la madre de una desaparecida que hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación en noviembre pasado, denunció que la tarde de este sábado, cuando se dirigía al Semefo de esta ciudad para presenciar la toma de muestra genética del cadáver que presuntamente corresponde al de su hija Yahaira Guadalupe, una camioneta con hombres armados la interceptó.

“Apuntaron con armas largas mientras se atravesaban, si no es porque el escolta que me asignaron se cerró y se metió en el carril del Metrobús no sé qué hubiera pasado”, dijo entre lágrimas a Proceso durante una entrevista telefónica.

Explicó que la llamada la realizó desde el Semefo, donde el equipo argentino de antropología forense realiza la toma de muestras para cotejar la sangre de Margarita y verificar si el cuerpo es realmente el de su hija, como le aseguraron -sin pruebas- las autoridades de la PGR el sexenio anterior.

Cabe recordar que junto con otra madre con un hijo desaparecido y una defensora de derechos humanos, López encabezó la huelga de hambre en la que exigía le permitieran cotejar con peritos independientes el parentesco con el cuerpo que querían entregarle.

En este momento la mujer recibe atención de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.

López, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, denunció que durante este mes y hasta hoy ha sufrido el bloqueo de los mandos de la SEIDO que no quieren permitirle cotejar con peritos independientes la identidad del cadáver.

“Vinieron las peritos argentinas a la toma de muestra de ADN, algo que ya estaba convenido; tuvo que intervenir Gobernación para lograr que Rodrigo Archundia, encargado de la SEIDO, autorizara su intervención ya que estaba obstruyendo su participación”, afirmó.

Sin embargo, en esa primera entrevista, señaló, las peritos argentinas no pudieron ingresar al Semefo porque Archundia no giró los oficios correspondientes para permitirles el ingreso.

Durante la huelga de hambre, López había solicitado que le entregaran el examen genético que el FBI había realizado siete meses atrás al cuerpo que los funcionarios de SEIDO aseguraban correspondía al de su hija veinteañera Yahaira Guadalupe, secuestrada en Oaxaca y supuestamente asesinada y decapitada por un grupo armado. La madre se rehusaba a enterrarla sin tener la certeza de que fuera su hija.

A cambio de que levantara la huelga de hambre en la PGR le dieron la respuesta del FBI, en la que la agencia estadunidense señalaba que a las muestras genéticas de los restos que el gobierno calderonista le envió era imposible determinar si correspondían a una persona de sexo femenino o masculino.

“Definitivamente me han puesto, sobre todo el licenciado Rodrigo Achundia, todas las trabas del mundo y no volvieron a pedir la intervención del FBI como se volvió a acordar, ya que tardaron siete meses en girar un oficio para pedir esos resultados”, expresó.

“Ignoro cuál sea la razón por la que también me han bloqueado la asistencia a las diligencias, como ahora que arraigaron a dos involucrados en el secuestro y supuesta muerte de mi hija y se llevó la consignación a Oaxaca; dijeron que si quería ir era por mis propios medios y riesgo porque la delegada no prestaría vehículo blindado y pusieron mil trabas para recibir la consignación de la MP, por lo que tuvo que durar varios días en Oaxaca poniendo puntos y comas donde ellos pedían o ponían pretexto y era enviada la consignación de un juzgado a otro sin que ningún juez quisiera conocer la causa, alegando incompetencia”, detalló López.

Agregó:

“Para finalmente recibir y girar orden de aprehensión por secuestro y negando delincuencia organizada, lo cual se me hace ilógico si hay señalamientos en contra de ellos y hubo participación de más de 10 gentes de los cuales la mayoría están detenidos por pertenecer a los Zetas”.

Andan “zopiloteando” el petróleo, advierte AMLO y anuncia plan de defensa


ARMANDO GUZMÁN

COMALCALCO, Tab. (proceso.com.mx).- Andrés Manuel López Obrador convocó a una reunión extraordinaria de los comités y consejos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el 5 de febrero, a fin de definir acciones en defensa del artículo 27 constitucional y del petróleo.

Por considerar que una minoría anda “zopiloteando” uno de los bienes propiedad de la nación, en este caso la industria petrolera, el presidente del Consejo Nacional de Morena adelantó que en el 96 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se lanzará el plan de defensa del patrimonio de los mexicanos y de la nación.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras se destruye al país”, advirtió y puso una muestra de que andan “zopiloteando” sobre la riqueza petrolera: las declaraciones del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Citó que el representante de la cúpula empresarial, al término de una reunión con autoridades hacendarias, declaró que están absolutamente dispuestos a invertir, que hay suficiente dinero y créditos, y habría “un apetito muy importante de inversionistas extranjeros”, los niveles de inversión serían únicos y se traducirían en niveles de inversión del 6%, que generaría riqueza suficiente “para poderla distribuir de mejor manera y cumplir con los 50 millones de mexicanos en la pobreza”.

“Los zopilotes andan al acecho para sacar beneficios a costillas del erario y urgen a que ya se eche a andar la llamada reforma energética”, alertó a la vez que reiteró que “la patria no se vende, la patria se defiende”.

Al asistir a la asamblea constitutiva del comité municipal de Morena en esta localidad, el excandidato presidencial explicó los motivos de las reformas energética y fiscal, que resumió en depositar la renta petrolera en manos de empresas particulares, nacionales y extranjeras, y aplicar IVA a todos los bienes y servicios, incluidos medicinas y alimentos.

Aseguró que en caso de que se privatizara la industria petrolera, no habría presupuesto nacional suficiente para financiar los programas sociales, educativos y de salud, si se considera que 40 centavos de cada peso provienen de la venta del energético.

Reiteró que “la mafia del poder” tiene previsto aumentar de 16 a 19% la tasa del IVA y aplicarla “por parejo”, lo cual lesionaría aún más la mermada economía de millones de familias con alzas al precio de la carne de pollo y el arroz, por ejemplo. “Nos quieren hacer creer que las cosas van a mejorar”, pero el retorno del PRI al poder sólo significa que se mantendrá el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, insistió.

Destacó que lo que quiere el gobierno peñista es más pobreza y desempleo, inseguridad y violencia, porque no va a cambiar la política económica.

El político tabasqueño reiteró que no reconocerá a Peña Nieto como presidente de México, “porque no ganó en la pasada elección con votos libres, sino mediante la compra de voluntades y lealtades y traficando con la pobreza de los mexicanos”.

Afirma ONG que siguen las labores en mina de oro


CÉSAR MÉNDEZ

A pesar de que presuntamente la minera Caballo Blanco ha sido clausurada por autoridades federales, ambientalistas veracruzanos aseguran que en noviembre la minera reabrió sus puertas, denunció el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) Guillermo Rodríguez Curiel.

En entrevista, indicó que aunque los sellos de clausura continúan en la entrada principal de la mina, específicamente por la comunidad de Arroyo Agrio, en Alto Lucero, existen otros caminos para entrar a la mina y continuar con los trabajos. “Para entrar a la minera, como está en la sierra, hay otros caminos. Hay una entrada principal para vehículos pero, hay muchos caminos vecinales que permiten que se mantenga en actividad de baja intensidad la minera Caballo Blanco. Yo he dicho que la minera sigue funcionando”, argumentó

Lamentó que autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) continúen solapando este tipo de acciones, pues afirman que los trabajos siguen detenidos. “Las autoridades de la dependencia realizan supervisiones por donde les conviene (...) Pero si se van por los caminos vecinales se van a encontrar la actividad en los socavones, en los viveros, en los caminos y en las pequeñas represas que están haciendo”, señaló.

Y es que decir del activista, hay otros dos caminos por Arroyo Agrio, otro por Yerbabuena, otro por El Pital y muchos más, situación que permite que los trabajos continúen. En ese sentido, Rodríguez Curiel confió en que la sociedad veracruzana impedirá que se instale la minera Caballo Blanco, toda vez que generará un daño significativo a la comunidad, pues, a su parecer, este tipo de trabajos solamente deja “desolación, muerte, enfermedades y dejan a la población sin agua, sin tierra, sin aves, sin insectos”.

Aunque no mostró pruebas tangibles afirmó que Lavida posee las evidencias necesarias para demostrar que los trabajos no se han detenido. Además, comentó que en el Pacto por México existe un apartado que habla de las mineras y de las reformas que se pretenden realizar, sin embargo, subrayó, se habla de reformas a la Ley Minera para que paguen impuestos las empresas, pero no se puntualizó una reforma para impedir que se dañe el medio ambiente e impedir la minería tóxica.

“La sociedad civil tenemos una propuesta de reforma a la Ley Minera sobre todo el Artículo Sexto que dice que el agua en donde hay una minera es prioridad para la minera, porque esa actividad es prioritaria, nosotros decimos que el agua tiene que ser primero como un derecho humano para la sociedad”, culminó.

#YoSoy132GDL critica centralismo en la visión del movimiento


(Huexca, Morelos).- México necesita una verdadera oposición que no negocie ni sea cooptable y en ello el Movimiento #Yo Soy 132 debe ser un referente, planteó la representación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante la XIII asamblea del mismo.

Más de 300 estudiantes de al menos 56 universidades, escuelas y facultades -públicas y privadas- de 11 estados del país, entre ellos Puebla, Jalisco, Estado de México, Morelos, Baja California, Querétaro, Tamaulipas, Campeche,Veracruz,y del Distrito Federal se dieron cita en este poblado morelense para discutir qué clase de movimiento quieren que sea el 132 en adelante, cómo remontar el reflujo experimentado luego del proceso electoral y con qué organización.

En la sesión vespertina del sábado Posgrado UNAM coincidió con otras asambleas, como la de Guadalajara y la del MAES (Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior) en que el 132 es un referente de resistencia y debe constituirse en un espacio de confluencia y apoyo a las luchas que hagan frente al plan de gobierno de Enrique Peña Nieto. Subrayó asimismo la necesidad de volver a las calles a convencer al pueblo.

Los voceros de las asambleas de Ensenada y Guadalajara criticaron –sin usar esa palabra- el centralismo en la visión del 132 del DF; apuntaron que en cuestiones de seguridad lugares como Ciudad Juárez y Tijuana o Veracruz es muy grave la represión y militarización. Ambos, en sus participaciones enfatizaron que la represión no empezó el 1 de diciembre ni con el 132, empezó hace mucho tiempo y el movimiento tiene que tener una visión más integral de la gente y del país, ir a la base social a trabajar con otros sectores de la sociedad civil.

Ensenada llamo a los del Distrito Federal a dejar la discusión sobre si algunos son moderados o ultras “eso es una estupidez, es banal, no se están discutiendo los verdaderos problemas del movimiento”, remachó.

Guadalajara solicitó la cooperación del movimiento a nivel nacional tanto en dinero como en todo tipo de apoyo para defender a los 18 detenidos en las movilizaciones del 1 de diciembre que enfrentan un proceso que podría durar un par de años.

En la sesión matutina de hoy la discusión se centró en la revisión de los mecanismos organizativos, coincidiendo varios voceros de planteles universitarios y asambleas populares en que es necesario remontar el reflujo experimentado por el 132 una vez pasada la etapa electoral, lo que los llevó a reconocer que éste dejó de ser un movimiento de masas, circunstancia que requiere de nuevas estrategias.

La asamblea del MAES señaló que la lucha contra la imposición ha concluido

Estamos en una nueva etapa de lucha contra el régimen, apuntó, coincidiendo en que deben ratificarse los principios del 132: apartidismo, pacifismo y pluralismo, así como en la necesidad de fortalecer las asambleas locales reforzando el trabajo con las bases.

En ese sentido hubo consenso en que las asambleas de escuelas y facultades tendrían que convertirse en comités; en la necesidad de convocar a un encuentro nacional estudiantil, que organizaría la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y convocar asimismo a un encuentro nacional de asambleas populares.

También se consensó que las mesas de trabajo deberían concentrarse en generar contenidos pero no tomar decisiones respecto a acciones a realizar por el movimiento, algo que deberán decidir las asambleas.

Asimismo, que antes de cada asamblea nacional se haga una asamblea virtual en la que se defina el orden del día y que las asambleas nacionales discutan sólo asuntos de carácter nacional, dado que actualmente –y en esta ocasión así ha ocurrido también- se pierde mucho tiempo discutiendo asuntos de interés de las asambleas locales.

Vuelve el Ejército a Ayutla, tras su salida por quejas de militarización


Tlachinollan y la OPIM lucharon contra los abusos de soldados en la zona indígena y otras violaciones

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 19 de enero. Después de salir de la zona por la denuncia social y el levantamiento popular, los soldados regresaron a Ayutla, La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan lucharon contra la militarización en la zona indígena de ese municipio, donde acreditaron que los militares persiguieron y violaron derechos humanos de los habitantes.

A raíz de que los pueblos de Ayutla, seguidos por los de Tecoanapa, encabezados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el día 6, decidieron armarse para defenderse de la delincuencia organizada, se han observado nuevamente que en la zona circulan los militares por esa parte de la Costa Chica.

El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, informó hace unos días que acordó con el gobernador Ángel Aguirre Rivero que respaldaría al movimiento de autodefensa con corporaciones policiacas tanto estatales como federales del llamado operativo Guerrero Seguro. Los habitantes informaron que desde entonces han visto que corporaciones pasan por los puestos de control y revisión, incluido el Ejército, pero que la seguridad de los pueblos la encabezaría los habitantes.

En la asamblea de ayer (viernes) del movimiento de autodefensa de la Upoeg, quien se hace llamar con el Comandante Guerrero dijo que trabajarían de manera conjunta con el Ejército, la Marina y la Policía Estatal para cuidar a los pueblos de la delincuencia organizada. En el caso de la Policía Municipal aclaró que hasta que fuera depurada, sería incluida por el movimiento.

El discurso de ayer fue distinto al de un inicio del movimiento, aunque los líderes han sido cercanos al gobierno estatal. El gobernador visitó a los líderes del movimiento de autodefensa en Ayutla, apenas unos días de que se levantaron, lo que hasta hoy no ha hecho con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Algunos casos de violaciones, de todo tipo, de soldados en Ayutla. Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández, todos integrantes de la OPIM, fueron detenidos el 17 de abril de 2008, acusados del asesinato del soldado Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1º de enero de 2008 en El Camalote, Ayutla. En abril de 2009 fueron liberados cuatro, Raúl Hernández salió después por falta de elementos en su contra.

Los cinco indígenas habían acusado a autoridades civiles y militares de abusos contra indígenas tlapanecos, como de la esterilización forzada a 14 varones en El Camalote, en 1998; las violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cometidas por militares en 2002, y el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla.

Tlachinollan recontó 201 causas penales contra líderes sociales indígenas y mestizos en el estado, según un recuento de casos que elaboró entre 2007 y 2008. El director de la organización, Abel Barrera Hernández, consideró en ese momento que la cifra era muestra de la represión del gobienro estatal contra los movimientos sociales.

La introducción de mineras, trasfondo en desplazamientos en la sierra: Fodeg


La salida de campesinos de sus tierras, un problema generalizado, señala Bertoldo Martínez

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 19 de enero. El vocero del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero, (Fodeg) Bertoldo Martínez Cruz, señaló que el verdadero trasfondo en las comunidades desplazadas en la sierra guerrerense, son las mineras que quieren apoderarse del territorio.

Manifestó que el problema de las comunidades desplazadas y amenazadas como es el caso de La Laguna, es bastante complejo, “ya que se otorgaron concesiones de minas a empresas que ni siquiera son mexicanas”.

Señaló que en las zonas serranas de Petatlán y Coyuca de Catalán predominan las concesiones a mineras y que “la estrategia del gobierno es confrontar las comunidades, para hacer aparentar que es un problema entre particulares, el fondo es que quieren entrar las mineras aquí”.

“La otra situación es que sabemos que la delincuencia organizada siempre ha operado con el aval de los gobernantes; vamos, son secretos a voces que los policías y el gobierno andan en lo ilegal, los legales andan con los ilegales”, detalló.

Recalcó que no es sólo el caso de La Laguna a destacar, sino que existen muchos, pero se enfocan más en esa zona serrana porque son comunidades chicas, donde se notan más los asesinatos y desplazos forzosos.

Mencionó que hay desplazados de la zona de La Laguna, Hacienda de Dolores, Gachupín, Los Órganos, Huajes de Ayala. “Es un fenómeno generalizado; también hubo desplazados de Las Humedades, Rancho Nuevo y la misma comunidad de Puerto de Las Ollas estuvo desplazada mucho tiempo hasta que logró su libertad”.

Por su parte, Ana, comunera de Puerto de Las Ollas, expuso que considera que no son sólo las minas y el paso de la droga por lo que amenazan a las comunidades, sino también la riqueza del recurso hídrico en la región.

En recorrido el pasado miércoles se visitaron comunidades, como Las Humedades y El Nogal, que se encuentran desiertas debido a la violencia que ha forzado a las familias a salir a otros municipios, en busca, de oportunidades.