lunes, 21 de enero de 2013

México tiene el mayor número de indigentes y pobres de AL: Cepal


La magnitud de la población de México que sobrevive “bajo la línea de la pobreza” y “bajo la línea de la indigencia” es mayor a la que, en promedio, registran América Latina y el Caribe.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), citado por el diario La Jornada, revela que hasta 2011, último año del que se tienen cifras comparables para 17 naciones de la región, 36.3 por ciento de los mexicanos vivían en pobreza, casi siete puntos porcentuales más respecto al 29.4 por ciento de la población latinoamericana que se encontraban en igual condición.

Los mexicanos en indigencia representaron 13.3 por ciento de la población total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5 por ciento.

Esto quiere decir que 40 millones 778 mil mexicanos viven bajo la línea de la pobreza y 14 millones 940 mil en la indigencia, al aplicarse los porcentajes referidos por la Cepal con los 112 millones 336.5 mil habitantes del país contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el último censo de población.

En contraste con México, nueve naciones (ocho latinoamericanas y una centroamericana) reportaron porcentajes de pobreza e indigencia entre su población menores al promedio regional.

El país con el menor porcentaje de pobres es Uruguay (6.5 por ciento), seguido de Chile (11 por ciento), Costa Rica (18.8 por ciento) y Brasil (20.9 por ciento). Incluso Perú y Ecuador presentan porcentajes menores que México, con 27.8 y 35.4 por ciento de su población en esta condición, respectivamente.

En indigencia apenas 1.1 por ciento de los uruguayos viven en tal condición, 3.1 por ciento de los chilenos, 6.1 de los brasileños, 7.3 por ciento de los ticos y 10.6 por ciento de los colombianos, contra 13.3 por ciento de los mexicanos.

Despojan gobiernos a comunidades rurales


NORMA TRUJILLO BÁEZ Y JAIR GARCÍA / LUNES, ENERO 21, 2013

El gobierno está destinando los recursos naturales para los ricos y los “señores del poder”, por eso en la zona norte del estado de Veracruz no hay desarrollo, los indígenas viven en la pobreza y sólo “nos dan basura”, mientras que hay ex alcaldes de Tantoyuca y Pánuco que ahora son concesionarios de gasolineras, afirmó Francisco Hernández, presidente de la Unión Campesina Indígena Popular Cuahutémoc, AC, quien señaló que con el Paleocanal solo ha habido desplazamiento de familias y detenciones arbitrarias de indígenas, que han alzado su voz ante el despojo de sus tierras.

En entrevista, el luchador social de los municipios de la zona norte de la entidad dijo que el principal problema de los pueblos indígenas son las grandes injusticias en que se vive desde hace más de 500 años y solo los han utilizado al participar en elecciones sin beneficios para todos, “el indígena está tirado a la basura, está con sus instrumentos de labranza primitivos, las instituciones están aplastando al pobre, al indígena, a los campesinos, es una institución de la clase rica”.

Y mucho tiene que ver que el gobierno destina presupuesto, recursos naturales como a Pemex y todos están destinados a la clase rica y la clase pobre está en la marginación total, nosotros de las organizaciones estamos pidiendo migajas a estos señores: que nos den proyectos productivos, o por lo menos un tianguis de alambre, carretillas, lo más mínimo, nada más nos tienen en minutas firmadas por años, pero no hacen caso al indígena, dijo Francisco Hernández.

Así, refirió que con la perforación de pozos Pemex está contaminando y han quitado tierras a los ejidatarios, comuneros, campesinos e indígenas, “les han pagado una migaja y no como corresponde, se aprovechan porque no tienen abogados los comuneros, los indígenas, y cuando uno de ellos protesta Pemex está intimidando y está encarcelando a la gente que habla, ya hay encarcelados”.

Y mientras hay encarcelados porque luchan por su tierra de la que fue expropiada por el gobierno, “porque exigían su derecho ante las invasiones petroleras, las centrales oficiales CNC, CCI, están coludidos con ellos, incluso han existido presidentes municipales que hoy son concesionarios de gasolineras, hacen negocio y les importa poco el pueblo, hay casos de ex alcaldes de Chicontepec, de Pánuco, de toda la zona norte del estado”.

También –citó– muchos indígenas se han ido al norte, han abandonado a sus familias, “los hijos de campesinos están regados en Tampico, Reynosa, porque les quitan sus tierras y tienen que irse, hay desplazamiento de familias en la región, ya no hay producción y por eso se van de sus lugares”.

Así, del abandono de las instituciones se quejó que en el gobierno del estado han solicitado a la Sedarpa apoyos productivos, la Secretaría de Salud, porque los centros de salud rural están abandonados y como ejemplo citó a Pocilla Chica, San Lorenzo; la comunidad Laja del municipio de Tantoyuca tiene 11 mil habitantes para un doctor, una enfermera y luego de ahí para que den servicio hay una fila y luego no atienden. Es un sufrimiento y luego no hay medicina.

En educación no hay equipos, aulas, material, entonces los niños no tienen forma de estudiar y luego los indígenas no tienen trabajo, solo viven de lo que ganan de la venta de quelites, señaló el dirigente de la Unión Campesina Indígena Popular Cuahutémoc, AC.

Accidentes en Pemex

Durante 2012, Petróleos Mexicanos y sus diversas subsidiarias reportaron un total de 112 accidentes en sus instalaciones que derivaron en un total de cinco trabajadores fallecidos y 52 lesionados, al mismo tiempo que advierte que tras cada hecho muchos empleados comienzan a sufrir crisis nerviosas.

Según un reporte entregado por Pemex y sus subsidiarias Petroquímica, Refinación, Gas y Exploración Producción, la mayoría de los accidentes son el resultado de algunas deficiencias en sus instalaciones que frecuentemente salpican químicos cayendo en el rostro o cuerpo de los obreros.

Sin embargo, también en algunos casos como Pemex Exploración y Producción, en casi todos los casos atribuye a “un acto de inseguridad del trabajador” la responsabilidad de que se haya lesionado.

Conforme a los datos proporcionados por Pemex a una solicitud de información los sitios más inseguros o que registraron un mayor número de accidentes, derivando en empleados lesionados o fallecidos son la planta criogénica de Poza Rica, la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, la zona de ductos de Ciudad Mendoza, así como los complejos petroquímicos Morelos, Cangrejera y Pájaritos.

De los 52 obreros lesionados, 39 eran trabajadores de Pemex y 13 pertenecían a alguna empresa contratada por la paraestatal; mientras que en el caso de los fallecidos cuatro eran empleados de Pemex y el otro era ajeno.

Con los 112 accidentes, de los que al menos se tiene un reporte oficial, establece que prácticamente cada tres días ocurre un hecho que pone en peligro la salud de los empleados que laboran en las instalaciones de Pemex y de cualquiera de sus subsidiarias.

El sitio que reporta el mayor número de accidentes es el complejo petroquímico Morelos, ubicado en Coatzacoalcos, pues la mayor parte de los empleados lesionados son por productos de químicos que brotan de todas partes quemando la piel de los trabajadores, así como tubos o piezas metálicas que se desprenden y caen.

También la zona de ductos de Ciudad Mendoza reporta varios accidentes, incluyendo la muerte de dos personas, un obrero de Pemex y uno de una empresa contratista, que de acuerdo con la descripción del hecho, establecen fallas al momento de revisar las líneas de distribución de combustibles.

De todas las subsidiarias es Pemex Gas la que menor número de accidentes reportó durante el 2012 con apenas tres, ocurridas precisamente en la planta criogénica de Poza Rica.

Por el contrario, Pemex Petroquímica (establecida en el sur de Veracruz) tuvo un registro de 38 accidentes, en los cuales, ninguno es atribuible a los trabajadores, pues advierte los problemas técnicos de sus instalaciones, que hacen comunes las lesiones de los empleados, pues en 2012 fueron 17 los afectados y dos fallecidos

Además, Pemex Exploración y Producción reportó un elevado número de accidentes con un total de 28, dejando como resultado seis obreros de Pemex lesionados y ocho de empresas contratistas.

Se congregan en protesta en Cardel familias de víctimas y desaparecidos



Veracruz, Ver.- En el parque central de Cardel, familias de personas desaparecidas en los municipios aledaños a esta ciudad, colocaron veladoras y pancartas para pedir a las autoridades que den resultados en las investigaciones.

A petición de las esposas y madres de los ocho oficiales reportados como desaparecidos desde hace una semana, se juntaron personas que tienen hijos, esposos y nietos en similar situación.

Desde un altavoz, los manifestantes, vestidos de blanco, lanzaron un mensaje al pueblo de Cardel a sumarse. A dejar atrás el silencio y el miedo para contar el dolor.

Así, el suelo del parque de Cardel fue mojado por las lágrimas de los dolientes. La mayoría portando fotografías de los perdidos, contó su caso al micrófono y lo compartió.

Muchas de las críticas se centraron al poco trabajo efectuado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, así como la sospecha de que tras muchas desapariciones se encuentran las fuerzas armadas.

“Sabemos que son muchas más las personas desaparecidas en estas región y nadie dice nada por miedo. La autoridad sabe lo que está pasando y no quieren actuar”, dijo Luis Alberto Valenzuela, padre de uno de los desaparecidos.

Al tomar el micrófono, expresó a la ciudadanía de Cardel: “pedimos a todas las personas que tengan desaparecidos, que vengan. No teman. Solo así podremos presionar a la autoridad. No estamos contra la seguridad, contra los operativos, pero sí queremos resultados”.

Enrique Tostado Ruiz, comerciante, originario de Puente Nacional, contó: “el pasado 20 de diciembre el ejército se llevó a mis dos hermanos, Sergio Luis y Cristian Tostado Ruiz. Fueron arrestado por las fuerzas armadas después de la balacera de ese día en Chichiclaxtle.

“Los vecinos de ese pueblo me dijeron que los bajaron de su coche a punta de fregadazos, de forma violenta. Pero ya fui a las comandancias de la Marina y Ejército, y dicen que no saben nada”. Sus hermanos –dijo- habían ido a comprar refrescos para un bautizo. Pero les tocó el retén que pusieron después de la balacera. Por ello interpuso la denuncia 123/2012 en el Ministerio Público de Cardel.

“Ya la vida no me importa, vengo a denunciar la desaparición de mi nieto Max Bartolomé López, de 18 años. Se lo llevaron el 20 de noviembre en las proximidades de su casa, en Cardel”, dijo Laurencio López Morales, 70 años.

El abuelo porta una foto de su nieto en el pantalón trasero. Se muestra tímido a sumarse a la protesta.

En tanto, las esposas de los policías perdidos también tomaron el micrófono y lamentaron la falta de resultados por el gobierno del estado. Dejaron patente que sí han sido atendidas, pero “lo que queremos es que nuestros familiares aparezcan”, indicó una de ellas.

Culpan a la iglesia católica de envenenar a los pichones



Por : Elizabeth Rodríguez Lezama
2013-01-21 04:00:00

Tehuacán. La muerte de más de 30 palomas, de las conocidas como pichones, cuyos cuerpos amanecen en zonas céntricas de la ciudad, como es el área de Catedral, la explanada del Palacio Municipal y el Parque Ecológico, generó que corrieran una serie de rumores, entre los cuales se responsabiliza a la iglesia católica.

Vecinos del centro de la ciudad expresaron su preocupación ante la muerte repentina de las aves, misma que coincidió con la aparición de trigo regado alrededor de la Catedral, lo cual fue la causa de la especulación sobre si ministros o feligresía, católicos, son los que han envenenado a las palomas.

Por esa razón la mañana del viernes uno de los inconformes tomó los cuerpos de los pichones y los colocó en la explanada del palacio municipal para pedir que el ayuntamiento muestre interés en el problema y aclare cuál es la causa por la que esos animales están muriendo.
El temor de que el catolicismo esté involucrado en esos actos obedece a las medidas que han tomado para que las aves ya no pernocten en Catedral, donde colocaron púas para que las palomas ya no logren pararse en el edificio, bajo el argumento de que su excremento daña el templo.

Antes de morir los pichones pierden el equilibrio y se proyectan en contra del piso, además de arrojar un líquido viscoso y oscuro de su pico, aletean con desesperación y finalmente se quedan inmóviles.

Según Guillermo Alonso, uno de los vecinos preocupados por este caso, son muchos los pichones que han muerto, pero sus cuerpos los arrojan a los contenedores para que la ciudadanía no se percate de la situación.

Dio a conocer que de manera personal buscará que expertos en aves de la Universidad Autónoma de México (UNAM) puedan analizar los cuerpos de las palomas muertas, para que se sepa lo que les ocurrió.

Por otra parte, el director de ecología municipal, Ernesto Castañeda Barbosa, señaló que la Comuna también ya envió a un laboratorio algunos de los cadáveres con el mismo objetivo, por lo que hubo un acuerdo para cotejar los resultados.

Castañeda Barbosa manifestó que, por el momento, las autoridades locales tienen la sospecha de que la razón de la muerte de las aves es el intenso frío que se sintió durante los últimos días, algo a lo que los pichones no están acostumbrados.

Las víctimas: la herencia del horror


• Antes de concretar el compromiso de encontrar a los desaparecidos, se debe escuchar el testimonio de las víctimas

 Gustavo Ogarrio.- Una de las grandes resistencias sociales que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón fue la de la memoria, una política contra el olvido y contra la impunidad gubernamental; la pugna por el reconocimiento de las miles de víctimas de la supuesta guerra contra el crimen organizado y de la responsabilidad del Estado en este ciclo de violencia deshumanizada. Sin embargo, todavía no está resuelto el problema de las circunstancias históricas en las que tuvieron lugar las miles de muertes y desapariciones en los últimos años.

Todavía no se tiene un cuadro completo de las condiciones del homicidio contemporáneo, mucho menos existe una lista amplia y confiable de desaparecidos, el mismo gobierno federal se encargó de obstaculizar cualquier registro de víctimas y, en casos extremos, se ha ocultado información o se carece de condiciones básicas para establecer este registro. Además, la narrativa de la memoria de las víctimas, el reconocimiento básico de la experiencia del horror, ha sido doblemente invisibilizada: ha sido negada como posibilidad jurídica de una verdad y borrada de la narrativa cotidiana de los grandes corporativos de la comunicación, especialmente de las dos televisoras de mayor alcance entre la población, Televisa y TV Azteca.

Los grandes medios de comunicación se comportan como el correlato de los verdugos: trabajan sobre el olvido, sobre la ampliación de los efectos de la desaparición; melodramatizan las historias de los desaparecidos y de las víctimas, al tiempo que sistemáticamente les borran de sus agendas informativas y políticas, por no decir que jamás lo relacionan con las responsabilidades directas del Estado con la sociedad. Mucho menos se ven a ellos mismo como parte de esa lógica de la impunidad que padecen y viven las víctimas, cotidianamente, como olvido.

En los últimos días se ha abierto un intenso debate sobre la fundamentación jurídica y la viabilidad de una Ley General de Víctimas. Felipe Calderón no promulgó esta ley que él mismo ordenó que se hiciera. Tampoco fue capaz de hacer consciente su propio impulso de destrucción y de criminalización de la sociedad, ese ámbito en el que las víctimas dejan de ser tales porque todos los ciudadanos pasamos al terreno indómito de la sospecha. El 2 de febrero de 2010, Calderón declaraba, ante la matanza en Ciudad Juárez de 16 adolescentes y dos adultos en una fiesta: “Probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”. La última escala del horror, después de la muerte violenta, es la negación de la condición misma de víctima.

A su favor, se dice que esta Ley General de Víctimas que acaba de promulgar Enrique Peña Nieto es un avance en el reconocimiento de derechos básicos de las víctimas, como ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, y hasta “reparación integral” del daño; en fin, que significa el reconocimiento por parte del Estado de la violencia sistemática contra la sociedad mexicana y de la violación de sus Derechos Humanos en este ciclo de guerra contra el crimen organizado. Sin embargo, también se dice que esta ley es insuficiente, en primer lugar, porque presenta dificultades institucionales y presupuestales fundamentales para su aplicación; y también porque en México existe un abismo entre el orden legal y el país real.

Además, con toda la importancia que tiene este debate, es posible afirmar que esta ley se inscribe todavía en la dimensión jurídica de un problema mayor: la estructura profunda que da sentido en México a la violencia actual. Ni siquiera contamos con una simple comprensión generalizada de lo acontecido en los últimos años. Esta falta de diagnóstico, torcido hasta sus últimas consecuencias por Felipe Calderón en 2006, fue el fundamento para iniciar una guerra absurda y feroz contra el crimen organizado que se transformó en una agresión sistemática contra la sociedad. Todavía no se discute suficientemente el alcance ético y político de este ciclo de violencia, mucho menos se reconocen los testimonios de las víctimas como la puerta de entrada a un nuevo ciclo de memoria comprensiva y explicativa de lo que ocurre en todo el país en términos de violencia.

Todavía hay mucho horror por relatar y sus efectos apenas están siendo metabolizados por a la sociedad. La estructura de la violencia en México sigue intacta. Todavía no sabemos la manera en que el gobierno de la restauración desmontará el paradigma de guerra contra el crimen organizado literalmente montado por Felipe Calderón. Es más: no sabemos si su objetivo será desmontarlo y hacer un uso político y funcional de la herencia de este horror.

La promulgación de la Ley General de Víctimas no es ninguna prueba de que se haya desterrado una visión belicista en la configuración actual del Estado mexicano. El daño y la memoria de las víctimas exceden el pragmatismo con el que la clase política quiere responder a este problema.

Antes del compromiso demagógico, que ha hecho el gobierno federal, de encontrar a todos los desaparecidos, se tendrá que escuchar toda la verdad silenciada en los testimonios de las víctimas, en los que late la no coincidencia entre realidad y verdad, entre impunidad y derecho, entre muerte violenta y justicia.

Ong: desplazamientos son obra de la delincuencia; el gobierno no lo acepta


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

 Zihuatanejo, 20 de enero. El coordinador de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares Hernández, señaló que el gobierno estatal el gobierno del estado nunca ha querido reconocer que el problema del desplazamiento forzado es del accionar de la delincuencia organizada, mucho menos ha querido reconocer que ha rebasado la capacidad del estado para resolver estos conflictos”, dijo.

Expresó que las familias que abandonan sus lugares de origen, reinician una “vida desconocida, en un lugar donde no tienen ninguna relación social”, en tanto el estado trata de lavar su imagen y dar una apariencia de que va a arreglar los problemas.

Subrayó que la mayor problemática es que el gobierno no ha reconocido que los desplazamientos forzosos o forzados se deben a la expansión y el poder de la delincuencia organizada.

Explicó que ya no es tan sólo la situación de los cacicazgos, “sino que todo evoluciona; los caciques antes detentaban un poder político que les creaba cierta protección, cierta impunidad, hoy esos grupos caciquiles han pasado a formar parte de la delincuencia organizada, incluso se crean co-gobiernos”.

Destacó que ese factor crea un Estado-delincuencia y somete al pueblo.

Mencionó que hay desplazamientos que no se dan a conocer y mucho menos hay un dato estadístico que pueda ilustrar el problema.

“Pero aquí hay otra cosa importante, yo creo que el gobierno pretende invisibilizar este asunto y reducirlo a un problema entre familias; cuando se está hablando de armas de alto poder, de uso exclusivo del Ejército, de más de dos personas que se unen para asesinar a alguien, para expulsar a personas de su comunidad, ahí estamos hablando de delincuencia organizada”, dijo.

Un error, el regreso de los militares a Ayutla, lamenta Tlachinollan


CITLAL GILES SÁNCHEZ

 Chilpancingo, 20 de enero. El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que el regreso de los militares a Ayutla para combatir la delincuencia organizada, “es un gran error” del gobierno federal y estatal pues previó que se incrementarán las violaciones a los derechos humanos. También consideró que la autodefensa de los ciudadanos ha logrado lo que en varios años el Ejército no pudo. Entrevistado sobre los acuerdos entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y el gobierno del estado de reforzar el movimiento de autodefensa que desde hace unas semanas tienen los habitantes de los pueblos de Ayutla y Tecoanapa con las corporaciones policiacas entre ellos, el Ejército, Rosales Sierra dijo que desconoce esos pactos, a pesar de que han trabajado en coordinación con dicha organización. El abogado recordó que Ayutla es considerado como foco rojo en cuanto a la organización y conflictividad que ahí se vive, “es un laboratorio de guerra de baja intensidad después de la masacre del El Charco”. Calificó de lamentable que después de mucho esfuerzo de las organizaciones defensoras de derechos humanos por expulsar al Ejército de las comunidades por las constantes violaciones y atropellos contra la población, ahora se pretenda que incursionen nuevamente los soldados, “es poner el dedo en la llaga, es otra vez levantar una llamarada y facilitar el camino para que se den una serie de violaciones a los derechos humanos”. Rosales Sierra dijo que este movimiento ciudadano de autodefensa en pocos días han logrado detener a más de 40 delincuentes.

En ayuno, el sobrino del comandante Ramiro

REDACCIÓN ( ) 

Chilpancingo, 20 de enero. Preso bajo la acusación de secuestro, Antonio Díaz Bahena –sobrino del comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)– empezó ayer una huelga de hambre para “hacer visible lo que ha sido invisible para las autoridades”.

Internado en el penal de Chilpancingo desde agosto de 2011, Díaz Bahena denunció que no hay elementos para procesarlo por el secuestro del médico Rodrigo Borja García, por lo cual demandó que el Tribunal Superior de Justicia resuelva en cumplimiento del amparo que la justicia federal le otorgó, y lo libere.

Su abogado, Hégel Mariano Ramírez, expresó su temor de que los integrantes de la tercera sala se conduzcan con prejuicio.

Oficio de Papel



La incapacidad de la justicia mexicana
Extradiciones de narcotraficantes a EU
Va en aumento la violencia en México

Presionado por Estados Unidos, el gobierno de Colombia inició hace ya casi 3 décadas un programa de extradición de narcotraficantes integrantes de los cárteles de Cali y de Medellín con un doble propósito: disminuir la violencia que azotaba al principal país productor de cocaína y garantizar que los delincuentes cumplieran sus condenas en prisiones estadunidenses sin beneficio alguno.Esa acción de las autoridades colombianas, asesoradas por Washington, provocó la peor violencia que ese país suramericano haya vivido en su historia, en donde fueron secuestrados y asesinados políticos, candidatos a la Presidencia de aquel país, legisladores, periodistas, dueños de medios de comunicación, generales y directores policiales. Los periódicos fueron atacados con una enorme brutalidad: bombas, granadas, ráfagas de metralleta. Los reporteros que se atrevían a investigar y escribir de las actividades del narcotráfico también sufrieron agresiones y secuestros.

Esa violencia obligó al gobierno de Colombia a pactar con los jefes de la mafia el cese de las extradiciones, y a cambio se entregarían a las autoridades, se respetaría a sus familias y, sobre todo, les dejarían parte de la fortuna que habían acumulado con el tráfico de drogas. En esta negociación nada tuvo que ver el gobierno estadunidense, fue una decisión autónoma que, al paso del tiempo, permitió iniciar a los colombianos su recomposición social, redujo la violencia y desarticuló a los tres principales cárteles de las drogas.

Disminuidos los enfrentamientos entre colombianos, el problema se trasladó a México, en donde el crimen organizado asumió el liderazgo mundial del tráfico de drogas. Es en los últimos 25 años, desde la llegada del priísta Carlos Salinas de Gortari al poder, cuando las estructuras del narcotráfico se fortalecieron cada sexenio y, lejos de diezmar su capacidad de producción, tráfico y comercialización de drogas, como supuestamente se lo propuso el panista Felipe Calderón, éstas van en aumento proporcionalmente igual a la violencia.

Aún no sabemos qué hará el nuevo gobierno priísta con este grave problema que ha fracturado la estructura social, ha vulnerado la economía de muchas familias y ha dejado cientos de miles de huérfanos, viudas y desplazados.

Sin embargo, a diferencia del caso colombiano, los cárteles mexicanos parece no preocuparles –o por lo menos no lo han manifestado públicamente como sucedió en Colombia– que sus integrantes y principalmente sus jefes sean extraditados a cárceles estadunidenses y procesados en aquel país ante la incapacidad de la justicia mexicana para retenerlos en sus prisiones de “alta seguridad”. El caso más sonado es el del narcotraficante número uno, Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel del Pacífico, quien fue liberado de la prisión de Puente Grande, Jalisco, cuando Vicente Fox fue presidente de la República.

Desde que en México se puso también en práctica extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes más “peligrosos”, éstos han negociado con las “poderosas autoridades” del vecino país la disminución de sus condenas a cambio del pago de millones de dólares y de revelar todo el entramado del crimen organizado en México y sus implicaciones en las partes política, financiera y empresarial. Con esto, es el gobierno estadunidense el que ha aprovechado la captura de delincuentes mexicanos y ahora es el que controla la historia del narcotráfico en América.

Sin que parezcan las extradiciones un peligro para el gobierno de Enrique Peña Nieto, más allá de otra violación a la soberanía nacional, éste ha iniciado su gestión con la extradición de un supuesto lavador de dinero del cártel de Sinaloa, ni más ni menos que el dirigido por el principal narcotraficante mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán.

Se trata de Pedro Alfonso Alatorre Damy, alias el Piri, supuesto cerebro financiero del cártel de Sinaloa, quien hace unos días fue extraditado a Estados Unidos luego de permanecer preso varios años en México.

Mucho antes de que fuera enviado a una cárcel estadunidense, tuve la oportunidad de entrevistarlo en prisión, y denunció que durante su captura fue víctima de tortura en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), y que en el “interrogatorio” estuvieron presentes agentes de la DEA (Agencia Antidrogas estadunidense).

Desde finales de 2007, el Piri fue acusado por la PGR de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en la Casa de Cambio Puebla, a favor del cártel de Sinaloa. Además del presunto lavado de dinero, se le imputó el cargo de delincuencia organizada.

“No voy a declarar hasta que venga mi abogado”, dijo Alatorre Damy al ser capturado. Frente a él, José Luis Marmolejo García –extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)– le solicitaba revelar su supuesto nexo con el cártel del Pacífico.

Ésta es su narración:

—Estábamos en un pequeño cuarto, tipo bodega, que se localiza en el interior de su oficina. En medio había una silla donde me sentaron y amarraron. Además de Marmolejo, estaban tres agentes de la PGR, altos y corpulentos, y dos de la DEA. Estos últimos eran quienes formulaban las preguntas que Marmolejo finalmente me hacía.

Ahí, la exigencia de “confesar” pasó a los gritos.

“Iba in crescendo: de los gritos vinieron los jalones de cabello, los golpes, la asfixia”, contó Pedro Alatorre en el Reclusorio Oriente, donde se encontraba preso al momento de la entrevista. “Marmolejo no sólo coordinaba las torturas, también me golpeaba”.

Era el jueves 8 de noviembre de 2007. Por la mañana, Alatorre Damy había sido interceptado a las afueras de su domicilio por elementos de la Policía Federal: “Al final de la calle se me cerraron dos autos; bajaron varias personas armadas y vestidas de civil. Inmediatamente pensé que se trataba de un secuestro. A la altura del Auditorio Nacional, hicieron el cambio de vehículos. Ahí ya se encontraban las cámaras de televisión y los reporteros daban cuenta del operativo que había llevado a mi captura”.

Alatorre Damy fue trasladado a las instalaciones de la SIEDO (ahora SEIDO), ubicadas en avenida Paseo de la Reforma, número 75, colonia Guerrero, en el Distrito Federal.

“Trajeron la bolsa, el agua. Me desnudaron. No quería confesar porque no había hecho nada. Entonces Marmolejo solicitó el botiquín. Sacaron una jeringa y una botellita con algo líquido; me lo inyectaron en los testículos. El ardor era insoportable. Aun así me negué a confesar. Me sacaron de la bodega y trajeron a mi esposa. Dijeron que si era tan macho para ver cómo le hacían lo mismo. Accedí a firmar.”

Según la PGR y la DEA, el hombre identificado también como Pedro Barraza Urtusuástegui es operador financiero del cártel del Pacífico. Su esposa, mantenida en arraigo durante 90 días, no fue acusada de delito alguno.

Alatorre Damy, que era gerente de la sucursal Aeropuerto de la Casa de Cambio Puebla, habría participado en las transacciones financieras que llevaron a la compra de activos utilizados en actividades ilícitas: “Como la aeronave DC9 matrícula N900SA, localizada en Campeche el 10 de abril de 2006, en la que se encontraron 5 mil 658 kilos de cocaína provenientes de Venezuela; y la aeronave matrícula N987SA, que se estrelló en Mérida, Yucatán, y que fue asegurada tras descubrir que transportaba aproximadamente 3 mil 300 kilos de cocaína”, indica el boletín de prensa 586/07 de la PGR.

No obstante, el expediente PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/119/2007, al cual se tuvo acceso, da cuenta de que las operaciones no sólo se realizaron en la sucursal Aeropuerto, sino también en otras filiales, entre las que destaca la del World Trade Center.

Alatorre Damy aseguró que participó en una de las cuatro operaciones que derivaron en la compra de un avión. Señaló que de ésta se conoce perfectamente el origen y el destino: fueron operaciones hechas por unos judíos cuya referencia directa la llevaba un intermediario financiero llamado Adrián Licona. Él recibió el dinero, luego lo cambió en la sucursal de Aeropuerto y en otras tres sucursales, “de las que yo no era responsable, no tenía injerencia”. A éste nunca lo mandaron llamar, dijo Pedro Alatorre durante la entrevista. Al poco tiempo, Adrián Licona se “suicidó”.

El Piri fue detenido “en el marco del seguimiento que se realizaba, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, a transacciones bancarias que presumiblemente se efectuaban para lavar dinero producto del narcotráfico”, refiere el boletín de la PGR. Añade que “la investigación se integra tanto con información proporcionada por las autoridades financieras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como del gobierno de Estados Unidos en sus respectivas competencias, y se centra en transferencias de fondos liquidados en efectivo, que fueron enviadas hacia ese país por 74 personas, tanto físicas como morales, a través de diversas sucursales de la Casa de Cambio”.

El doctor en derecho Mauricio Moreno, entonces abogado de Pedro Alatorre, indicó que la integración del expediente estaba llena de irregularidades y que las autoridades no tenían forma de probar que su cliente fue responsable de todas las operaciones que se le endilgan, pues él sólo era gerente de la sucursal Aeropuerto.

Para la PGR, sin embargo, el Piri adquiría divisas presuntamente provenientes del narcotráfico, que posteriormente eran lavadas a través de diversas casas de cambio en Puebla y el Distrito Federal.

Casa de Cambio Puebla

Considerado por la PGR como uno de los casos más relevantes en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la investigación de Casa de Cambio Puebla fue hecha en su totalidad por la DEA, revelan notas diplomáticas. La institución financiera fue vinculada con el cártel del Pacífico, encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

El 16 de mayo de 2007, la Agencia Antidrogas estadunidense congeló 11 millones de dólares dosificados en 23 cuentas bancarias que la institución financiera mantenía en el banco estadunidense Wachovia. Ello, tras conseguir una orden expedida por la fiscal adjunta del distrito Sur de Florida, Andrea Hoffman.

La reacción de las autoridades mexicanas se dio 6 meses después: el 7 de noviembre integrantes de la entonces SIEDO catearon oficinas de Casa de Cambio Puebla y detuvieron a nueve personas, entre ellas a Pedro Alfonso Alatorre Damy o Pedro Barraza Urtusuástegui, el Piri, supuesto operador financiero del cártel del Pacífico.

El operativo fue impulsado por la propia DEA, que solicitó, a través de notas diplomáticas, la captura del Piri. Los documentos están firmados por David L Gaddis, director regional para México, Centroamérica y Canadá de dicha Agencia, y dirigidos a Noé Ramírez Mandujano, extitular de la SIEDO.

El oficio MX-08-0017, con fecha del 31 de octubre de 2007 y sello de la Embajada de Estados Unidos en México, revela que, entre el 24 de agosto y el 3 de octubre de ese año, la DEA entregó a la PGR los resultados de su investigación sobre Casa de Cambio Puebla.

Dicha documentación constó de “aproximadamente 2 mil 130 páginas relativas a contratos de venta, correos electrónicos, transferencias electrónicas, instrucciones para la compra de aeronaves, estados de cuentas bancarias e instituciones relacionadas con esta investigación”.

La nota diplomática refiere que los documentos entregados a la SIEDO “señalan cómo fueron adquiridas las aeronaves e indican cuáles personas y empresas están involucradas”. Agrega: “Estamos trabajando para recolectar inteligencia adicional, una vez [que] la tengamos y sea verificada le informaremos inmediatamente. Si dentro de su investigación solicitan algún otro documento e información los haremos disponibles al momento que se requieran”.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

2 Acciones Salva la Selva- Sube la fiebre del oro

Pacíficamente y en defensa del agua en Ecuador

 Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:

A nivel mundial se vive una renovada fiebre del oro con terribles consecuencias para la naturaleza y para las comunidades cercanas a las minas. Fuentes de agua y acuíferos están severamente amenazados de contaminación por tóxicos como el cianuro y el mercurio que se utilizan masivamente en minería.

Esta semana pedimos de todo corazón dos firmas de apoyo para dos historias, en diferentes rincones del continente Sudamericano.

En Ecuador, 17 campesinas y campesinos enfrentan un juicio injusto. Tras su participación en un acto ceremonial de purificación del agua y en contra de la minería fueron acusados penalmente por el Estado. Únete para pedir que se retiren todos los cargos.


Por otra parte, el Ministerio de Industria francés ha otorgado una concesión para la extracción de oro en medio del Parque Amazónico de la Guayana. Desde la selva, los habitantes de Saül, la comunidad afectada, se oponen junto a ecologistas y científicos. Únete también con tu firma para solicitar que se detenga el proyecto minero y salvar la selva.


Y por favor, ayúdanos a difundir ampliamente estas informaciones.

Muchas gracias y un saludo atento,

Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org

Boletín de Democracy Now! en Español


21/1/2013

Los titulares de hoy

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El Resto de la Hora de Democracy Now!

Cuatro años después de haber hecho historia al convertirse en el primer presidente afroestadounidense de EE.UU., Barack Obama comienza su segundo mandato hoy, el día de Martin Luther King, Jr. En un programa especial para cubrir la asunción del presidente electo, escuchamos expresiones de esperanza y resistencia emitidas durante la Fiesta de la paz realizada el domingo a la noche en Washington, DC. Más...

Ante los concurrentes a la Fiesta de la paz realizada en Washington, DC, el domingo, la reconocida escritora, educadora y activista política Angela Davies les pidió a quienes estén contentos con la reelección del presidente Obama que lo sigan presionando para que produzca cambios sociales. "Esta vez no podemos subordinar nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas a las agendas presidenciales", afirma Davis. Más...

Ben Chavis asiste al acto de asunción de Obama, luego de recibir un histórico indulto

En el acto de asunción del presidente Obama, nos acompaña Benjamin Chavis, líder de la lucha a favor de los derechos civiles, apenas unas semanas después de que la gobernadora de Carolina del Norte, Bev Perdue, le concediera un indulto de inocencia a él y a los demás miembros de los Diez de Wilmington. El grupo —compuesto en su mayoría por activistas afroestadounidenses— fue condenado sin fundamentos por un ataque con bomba perpetrado en la década de 1970 contra una tienda propiedad de una persona blanca en Carolina del Norte. Más...

"Canción matinal y caminata nocturna para Martin Luther King" de la poeta y activista Sonia Sánchez

La poeta y activista Sonia Sánchez, figura destacada del movimiento de cultura negra llamado Black Arts movement, leyó un poema titulado "Canción matinal y caminata nocturna para Martin Luther King", en la Fiesta de la paz realizada en Washington DC, en honor a las expresiones de esperanza y resistencia. Más...

CODEPINK trae víctimas paquistaníes de ataques con aviones no tripulados a la asunción de Obama

Medea Benjamin, cofundadora del grupo activista CODEPINK, acaba de llegar de Pakistán, donde viajó con los familiares de las víctimas de los ataques estadounidenses con aviones no tripulados. En la Fiesta de la paz realizada el domingo a la noche en Washington, DC, Benjamin les pidió a los sectores progresistas que recuerden el sufrimiento de las víctimas de los ataques estadounidenses en el extranjero. Más...

Obama inicia su segundo mandato con donaciones ilimitadas de grandes empresas

En el acto de asunción de hace cuatro años, el presidente Obama rechazó las donaciones de las grandes empresas, pero este año ExxonMobil, AT&T y Microsoft son algunas de las principales empresas que aportaron para las festividades. Ahora que Obama acepta financiación ilimitada de las grandes empresas, los donantes recibieron ofrecimientos de varias opciones de auspicio, la principal de un millón de dólares destinada a instituciones y $250 mil dólares para particulares. Más...

Julian Bond: Obama ganó con un nuevo electorado, "la coalición de los preocupados"

Julian Bond, el destacado activista por los derechos civiles y ex titular de la junta directiva de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), habla ante los concurrentes a la Fiesta de la paz sobre cómo el cambio de la demografía en EE.UU. ayudó a impulsar la reelección del presidente Obama. Bond participó en la fundación del Comité Coordinador Estudiantil No Violento y fue el primer presidente del Centro legal del sur de lucha contra la pobreza. Más...

Martin Luther King en 1967: "Nosotros como nación debemos atravesar una revolución total de valores"

El acto de asunción del presidente Obama se realiza el día feriado destinado a recordar al reverendo Dr. Martin Luther King Jr., quien hace cincuenta años emitió su discurso "Tengo un sueño". Finalizamos nuestro programa con un fragmento del discurso del Dr. King "Más allá de Vietnam", emitido en la iglesia Riverside de Nueva York el 4 de abril de 1967, un año antes de que lo asesinaran. Más...