lunes, 28 de enero de 2013

Que nos expliquen por qué Pemex debe buscar alianzas: Meyer


El historiador Lorenzo Meyer pidió al gobierno de México que antes de entablar negociaciones para buscar alianzas con petroleras del extranjero, el tema debe discutirse de forma pública y suficiente.



Después de que se conociera que el presidente Enrique Peña Nieto acordó con su homóloga de Brasil, Dilma Rousseff, analizar el establecimiento de alianzas estratégicas entre Pemex y Petrobras, el historiador Lorenzo Meyer opinó que el gobierno mexicano debería dar una explicación sobre estos primeros acercamientos.

“Antes de que nos diga que se van a asociar con Petrobras, que se discuta de manera pública y suficiente en México”, demandó el historiador al tiempo que pidió que el gobierno debe convencer a la sociedad sobre los beneficios de asociarse y por qué Pemex no puedo explotar solo el hidrocarburo.

Durante la Mesa Política de Noticias MVS primera emisión, recordó que el marco legal sobre la explotación de petróleo viene desde principios del siglo pasado, ante la necesidad de sustituir el carbón por el petróleo para abastecer la red ferroviaria que había construido el porfiriato.

Y detalló que en un principio se creyó la idea de que en México había poco petróleo, por eso se creó un marco legal que diera todas las facilidades a los inversores que se animaran a explotar el hidrocarburo.

Relató que dichos inversionistas, a través de las empresas El Águila (Inglaterra) y La Huasteca (Estados Unidos), obtuvieron grandes beneficios económicos, ya que se demostró que en México había mucho petróleo, y el país logró ubicarse entre los principales exportadores durante la segunda guerra mundial.

La situación en la que los inversores pagaban impuestos paupérrimos y obtenían grandes ganancias se acabó hasta que el general Lázaro Cárdenas expropió las petroleras, lo que generó un nacionalismo de la explotación del petróleo, para demostrar que México sí podía realizar esas labores, señaló Meyer.

Sin embargo, el historiador consideró que esta situación nacionalista terminó y actualmente regresamos la idea de que es necesaria la inversión extranjera.

Toman “Los Malnacidos” calles de Sonora contra más impuestos


Hermosillo, Son. Miles de integrantes del Movimiento Ciudadano No Más Impuestos, autollamados Los Malnacidos, volvieron a salir a las calles este domingo en varias ciudades y comunidades de Sonora, principalmente en Hermosillo, para exigir se deroguen los nuevos impuestos y alzas en cobros de servicios estatales en la Ley de Ingresos 2013.

La llamada Marcha de los Burros recorrió las calles al norte de Hermosillo hasta llegar a la "Casa de Gobierno", en donde habita el mandatario estatal Guillermo Padrés Elías. Ahí exigieron que se eliminen, entre otros impuestos, el del Fortalecimiento Municipal, que obliga al pago del tres por ciento del valor factura a los dueños de vehículos con menos de 10 años de antigüedad.

Los manifestantes llevaban en las protestas imágenes de burros, debido a que el pasado jueves el diputado perredista Carlos Navarro López aseguró que en la Ley de Ingresos, aprobada el pasado 13 de diciembre en el Congreso Local, se avaló un impuesto de 100 pesos por la tenencia de cada uno de esos animales. El gobierno estatal ha desmentido este hecho, pero se ha tomado como consigna en las protestas.

Con gritos como "Fuera Padrés y Caballero de una vez" (por el ex secretario de Hacienda y actual alcalde, Alejandro López Caballero), los manifestantes marcharon por más de tres kilómetros por el Bulevar Rodríguez y el Bulevar Kino, hasta llegar a la residencia del mandatario estatal, en la exclusiva colonia Pitic, una zona residencial construida a mediados del siglo pasado y en donde hasta hoy en día se pueden observar algunas de las más grandes residencias del estado.

En ese andar, y frente a la llamada "Casa de Gobierno", se podían observar pancartas con leyendas como "Soy un Malnacido Sonorense, pero no pagaré más impuestos" o "Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el Gobierno".

La residencia del mandatario estaba rodeada por decenas de policías estatales e integrantes del equipo de seguridad del gobernador del estado y ahí una de las voceras del movimiento ciudadano, Rebeca Villanueva Oviedo, dijo que las protestas seguirán firmes ya que acusó al gobierno estatal de ordenar a los diputados de su partido, el PAN, a evitar que se vote en el pleno del Congreso la propuesta de eliminar los nuevos impuestos estatales, aprobada en comisiones.

"Somos más de diez mil personas las que estamos aquí, otra vez rebasamos todas las expectativas y exigimos austeridad en el Gobierno, ¡escúchanos Padrés!, te exigimos que obligues a tus funcionarios a dejar de derrochar el dinero del pueblo, que dejen de gastar en autos, en celulares, en esposas nuevas, escúchanos Gobernador", decía a través de un equipo de sonido Villanueva Oviedo.

Los manifestantes permanecieron por más de media hora frente a la "Casa de Gobierno" y siguieron mostrando pancartas con mensajes ingeniosos, como aquella que decía: "A parte de ratas, salados, Ganaron los Yaquis", al hacer referencia al título de los Yaquis de Ciudad Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico y a la confrontación que el mandatario estatal ha tenido con algunos agricultores del sur del estado por la construcción del Acueducto Independencia, el cual dotará de agua del Río Yaqui a la capital sonorense.

Antes de retirarse, los Malnacidos gritaron a coro boicot-boicot para dejar en claro que el próximo viernes, cuando inicie la Serie del Caribe de Beisbol (en la que participan los equipos de Puerto Rico, Dominicana, Venezuela y México) bloquearán los accesos al nuevo estadio de beisbol construido para el evento.

Durante casi 24 horas retuvieron a 70 activistas opositores a la hidroeléctrica en Olintla


Por : Martín Hernández Alcántara
2013-01-28 04:00:00

Durante casi 24 horas integrantes del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica de Olintla mantuvieron retenidos con lujo de violencia a 70 integrantes del Consejo Tiyat Tlali y vecinos de Ignacio Zaragoza, Viviano y otras comunidades de ese municipio de la Sierra Norte de Puebla, quienes acudieron el sábado pasado a una asamblea informativa sobre las consecuencias nocivas que atraerá la presa que el Grupo México pretende edificar en la ribera del río Ajajalpan. Los activistas y pobladores fueron liberados este domingo por la tarde, no sin antes recibir amenazas y sufrir otros actos intimidatorios. En tanto, uno de los participantes en la protesta, de nombre Constantino Sánchez Gómez, fue interceptado en el camino a Olintla y cuando manifestó que iba a sumarse a la movilización, lo golpearon en la cabeza y brazos, además de que le robaron 600 pesos.

Durante el tiempo en que duró la crisis, desde las 18 horas del pasado sábado hasta las 17:30 de este domingo, la fuerza pública estatal brilló por su ausencia, a pesar de que una turba impidió a los integrantes del Consejo Tiyat Tlali retirarse, tras la realización de una asamblea sobre los efectos nocivos de la pretendida presa.

El sábado, cuando la asamblea del Consejo Tiyat Tlali culminó, sus integrantes decidieron ir a solidarizares con los vecinos de Ignacio Zaragoza que desde el 5 de diciembre pasado sostienen un plantón cerca de los márgenes de Ajajalpan, porque el presidente municipal intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin el consentimiento de la población.

A las 17 horas, los integrantes del consejo emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a “nunca más” volver al municipio. De entre la turba surgieron gritos de que lincharían a los activistas y los quemarían vivos.

Cecilia Zeledón, directora de la Universidad de la Tierra, quien también permanecía retenida, relató vía telefónica que un integrante del Sindicato Mexicano de Electricistas que acudió a solidarizares con el movimiento, acompañado de su familia, en la que hay dos niñas pequeñas, accedió a firmar con tal de irse. A las 19 horas llegó un contingente de la Policía Estatal, pero se limitó a mantenerse a la expectativa y al filo de las 21 se retiró sin intervenir.

Entre los activistas del Consejo Tiyat Tlali privados de su libertad estaban integrantes de la Organización Indígena Independiente Ahuacateca, la Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa del Medio Ambiente, Pastoral Social, la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, Naku Skgoy, el Centro de Estudios Ecuménicos, entre otras.

Acoso

Pero si el sábado la turba apedreó autos, colocó rocas para bloquear la única salida de Ignacio Zaragoza –donde el Grupo México quiere construir la presa y donde la mayoría de los pobladores se oponen al proyecto–, prendió fuego a pastizales e intimidó a lo activistas con grupos de golpeadores bien identificados por los avecindados, este domingo hubo actos serios de acoso contra los habitantes de la comunidad que rechazan la hidroeléctrica.

Por ejemplo, colocaron cadenas y candados a la Casa Misión de las Carmelitas que a través de su Pastoral Social han apoyado el movimiento de resistencia al proyecto. No sólo encerraron a las religiosas, sino que también hicieron pintas en los portones del inmueble que decían: “Fuera monjas, pueblo unido”.

Las agresiones contra las misioneras ocurrieron justo cuando la caravana de activistas y pobladores de la Sierra Norte se disponían a irse de Ignacio Zaragoza, escoltados por dos patrullas de la Policía Municipal de Olintla. Por esa razón, la salida se complicó, pues los visitantes y la gente de esta localidad exigieron garantías de seguridad para los pobladores que abiertamente han ejercido su derecho a organizarse para no permitir la edificación del embalse.

Fue hasta que un enviado de la Secretaría General de Gobierno se comprometió a que “las autoridades” velarían por la integridad de los vecinos, que los miembros del Consejo Tiyat Tlali accedieron a retirarse.

Cuando la caravana pasó por el sitio donde estaba el retén del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica, los integrantes de este movimiento, que rondaban la centena, gritaron consignas como: “¡lárguense y no vuelvan nunca a Olintla, hijos de la chingada!” y “¡ganamos!”.

Las dos patrullas de la Policía Estatal llevaron a los habitantes de la comunidad de Viviano –perteneciente a Olintla– y luego escoltaron al resto de la caravana hasta los linderos del municipio.

“Que no vengan”

Hasta Olintla llegó la noticia de que el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, había declarado que en ese municipio serrano nada ocurría, lo cual enardeció a la gente de Ignacio Zaragoza y de las demás comunidades del municipio que se oponen a la hidroeléctrica.

Quienes rechazan la presa consideran que el conflicto es alentado por el presidente municipal Héctor Arroyo Bonilla, pues la víspera repartió despensas a los miembros del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica, amén de que su síndico Domingo de Jesús Francisco Galindo y el suplente de éste, Bernardo Vega Sánchez, estuvieron repartiendo volantes y otra propaganda que decía “yo estoy a favor de la presa hidroeléctrica en Olintla”.

Hubo también actos de provocación. El sábado, tres hombres que son conocidos en Olintla por su talante violento –Mateo Gaona Guzmán, Mateo Rodríguez Galindo y Miguel Guzmán– en estado de ebriedad golpearon a uno de los campesinos que rechazan el proyecto del Grupo México. Por la noche, había hombres ingiriendo bebidas alcohólicas entre la gente del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica y también algunos individuos que hacían lo propio en Ignacio Zaragoza, para intimidar a los opositores.

Sin embargo, el presidente del Frente Cívico a Favor de la Construcción de la Hidroeléctrica, Héctor Cristóbal Serrano Cholula, negó que el edil tuviera alguna injerencia en su movimiento y señaló que, en todo caso, las agresiones habían emergido del grupo opositor, pues ellos “trajeron gente de fuera que se aprovecha de la inocencia de nuestro pueblo” y además, durante una asamblea celebrada el sábado anterior en Ignacio Zaragoza, maltrataron al munícipe, obligándolo a firmar un documento en el que se comprometía a no seguir apoyando más la construcción de la presa.

Acompañado por integrantes del Frente –entre quienes también había mujeres y niños–, Serrano Cholula expresó que la mayoría de los vecinos de Olintla están a favor de la hidroeléctrica y que en todo caso es obligación de las autoridades estatales y federales garantizar que no haya impactos negativos al medio ambiente ni afectaciones a la salud.

También manifestó que no se había impedido el libre tránsito de los integrantes del Consejo Tiyat Tlali: “simplemente les decimos que antes de irse firmen un documento comprometiéndose a que nunca deben volver a Olintla o en su defecto que lo hagan sus representantes”.

Cuando los enviados de La Jornada de Oriente arribaron, los miembros del Frente los retuvieron, pretextando que iban a llegar a Olintla “los del 132 (#YoSoy132) para hacer desmanes y llevarse a los fuereños”, por lo que necesitaban que este medio diera cuenta de dicho acto. Tras media hora de espera, se permitió el tránsito de los reporteros a Ignacio Zaragoza, donde ya se preparaba la salida de los activistas.

Solidaridad

A lo largo de este domingo diversas organizaciones, como El Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM–X, la Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo Tiyat Tlali, el Programa Mesoamerica, Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. De la Universidad Iberoamericana, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso), el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, emitieron desplegados y mandaron cartas a las autoridades estatales para exigir la liberación de los miembros del Consejo Tiyat Tlali, tras calificar la retención de los activista como una flagrante violación a sus derechos humanos y la legalidad.

En tanto, el Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), envió comunicados a la presidencia de la República y a Navanethem Pillay, quien es la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y Alberto Herrera, de la Dirección Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Al medio día, un grupo de 25 universitarios, principalmente de la UAP y la Ibero, se congregaron en el zócalo de la ciudad de Puebla para protestar y posteriormente trasladarse a Casa Aguayo, en donde fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno a quienes expresaron su demanda de pronta liberación de los activistas y que se mantuviera a salvo su integridad física.

Advierten usuarios de CFE de Papanoa que no pagarán sus recibos del servicio


Noé Sánchez Flores se comprometió solamente a revisar las facturas alteradas, reclaman

HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 27 de enero. Pobladores de Papanoa manifestaron que no pagarán los recibos de luz debido a que el gerente de zona de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Noé Sánchez Flores, no les dio solución a su demanda de aplicar tarifa preferencial, por lo que se dirigirán a la superintendencia de la CFE en Cuernavaca, Morelos.

La comunera Hortensia Ávila García señaló que hoy tuvieron la tercera reunión con Sánchez Flores, pero las expectativas de que les fuera rebajado el alto costo del servicio de luz eléctrica no se cumplieron por lo que la comunidad acordó que no pagarán más los recibos.

Expresó que fue decepcionante la actitud de Sánchez Flores, ya que sólo les propuso revisar los recibos alterados y los correspondientes a las casas donde no tengan medidor de luz, pero nuevamente no se quiso comprometer a bajarles las tarifas.

Resaltó que esa actitud causó molestia entre los 80 inconformes que estuvieron presentes, lo que determinó que le expresaran al encargado de la CFE que no pagarían más el servicio en los recibos subsecuentes.

Por su parte, Juan Ramón Jiménez, integrante del Frente Libre Hermenegildo Galeana, manifestó que han continuado con las pláticas informativas en Papanoa, y que el movimiento sigue creciendo, ya que son muchos los usuarios con esa misma problemática.

Sentenció que ante la actitud de Sánchez Flores le expresaron que acudirán con su superior de la intendencia de Cuernavaca, y de no ver solución a sus demandas es probable que se amparen.

Jiménez y Ávila García recordaron que el movimiento contra las altas tarifas de luz surgió a mediados de noviembre, por lo que se congratularon de que en estos dos meses se hayan unido más comunidades como Puerto Vicente Guerrero, Los Laureles, Estero Colorado, El Trapiche y El Rincón, así como que la gente siga dispuesta a luchar hasta que obtengan una tarifa única.

Oficio de Papel



La tremenda Corte
El negocio de la justicia
Salarios de ministros

Si hiciera falta algún elemento para que la población esté totalmente convencida de que la justicia en este país es una farsa y un negocio, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) lo ha aportado con su fallo que libera de toda culpa de los delitos de secuestro y delincuencia organizada a Florence Cassez, quien ya duerme en París convertida en una estrella francesa que derrotó a la impunidad e inmundicia de las autoridades mexicanas.Este vergonzoso hecho se suma a la pésima imagen de México en el mundo, a lo cual contribuyó el fugado Felipe Calderón, en donde ven al país como un centro de corrupción, de drogas, de violencia extrema, de impunidad, de injusticia, de abuso de poder y de tráfico de influencias. Todo ello acreditado, por supuesto, a nuestros gobernantes, al vacío de poder que provocaron y al Estado fallido que ya lleva varios sexenios.

Movidos más por intereses políticos que por hacer justicia, los ministros de la Corte se lavan las manos, como siempre lo hacen a la hora de impartir justicia, y se justifican al decir que no revisaron el fondo del asunto, que su decisión sólo se basó en el proceso fallido de la captura de la ciudadana francesa el 9 de diciembre de 2005; en donde otro personaje corrupto, abusivo y torpe, como es Genaro García Luna (entonces director de la extinta Agencia Federal de Investigación), violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuantas leyes le pusieron enfrente para promocionarse en televisión como el “gran policía” y realizar un montaje en la detención de un grupo de secuestradores que involucra directamente a Cassez.

Porqué el máximo órgano de impartición de justicia en este país no observó que Felipe Calderón y su policía Genaro García Luna fueron responsables del montaje que provocó la liberación de una secuestradora. El primero por omisión como presidente de la República ante los delitos que cometió su subalterno, así como defenderlo al presionar a la misma SCJN para que ratificara la sentencia de cárcel para Florence, a pesar de las violaciones al debido proceso. El segundo, con igual responsabilidad, por violentar los derechos humanos de la francesa y fabricar delitos ante las cámaras de televisión.

No hay duda que la justicia es ciega, pero no por impartir justicia por igual, sino porque los ministros, quienes se conducen como semidioses de la Corte, fallan a favor del mejor postor, sin importar que las víctimas de secuestro y el pueblo mismo clame justicia. Los ministros sostienen que ellos defienden la Constitución, entonces porqué y no ordenaron una investigación en contra de los responsables del Poder Ejecutivo que la violaron. Ante eso no hay respuesta.

Como este caso involucra a una ciudadana francesa (a quien su presidente defendió como correspondía a un jefe de Estado), entonces la Corte sí revisó a detalle el proceso, pero cuántos mexicanos y extranjeros también hay presos sin derecho a la justicia o, peor aún, les aplicaron una justicia vendida, convertida en un rentable negocio para jueces, magistrados y ministros, quienes viven sometidos al presidente en turno.

Cómo explicarles a las víctimas y sus familias, a toda la sociedad, que ve con horror la injusticia en México, en donde una mujer señalada y acusada por los secuestrados abandona la cárcel porque las autoridades hicieron lo mismo de siempre: abusar, abusar y abusar. ¿Quién es culpable entonces de lo ocurrido? Sin duda que Calderón y su protegido García Luna, quienes en un Estado de Derecho deberían pagar por su delito, pero en México la justicia no existe para quienes no tienen poder político o dinero.

El abusivo negocio de la justicia

Además de los altos salarios de los 11 ministros de la SCJN, que rondan el medio millón de pesos mensuales, muy por arriba del asignado al presidente de la República, cada uno de ellos se embolsa en forma discrecional más de 1 millón de pesos al año por “realizar diversas actividades que contribuyen a fomentar los valores del estado de derecho”.

Otro gasto abusivo en la Suprema Corte es el de los “pensionados” –53 titulares y 28 viudas–, quienes cuestan al erario, de manera individual, más de 1 millón 600 mil pesos anuales; es decir, 133 mil 300 pesos cada mes.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación revela que la SCJN ejerce, a partir de 2004, 44 millones 359 mil pesos destinados a la partida presupuestal 150902, también denominada “ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad”. En el ejercicio 2005, la cifra aumentó a 49 millones 341 mil 502 pesos, y las compensaciones económicas por este concepto oscilaron entre 2.5 y 10 veces el pago diario por percepción ordinaria mensual y prestaciones mensuales, es decir, de 1 a 4 meses del sueldo bruto. A partir de entonces cada año se eleva esa prestación.

El máximo órgano de vigilancia detalla que estas erogaciones se dan “únicamente a los servidores públicos de mando superior que, por sus funciones, realicen actividades que contribuyan a fomentar entre la sociedad mexicana los valores que permitan alcanzar un auténtico estado de derecho, por lo que se realizaron pagos individuales discrecionales que van desde 26 mil 100 pesos hasta 1 millón 236 mil pesos, según el nivel correspondiente”. Esos valores del estado de derecho incluyen la liberación de la secuestradora Cassez.

Por promover la cultura de la legalidad, incluso a domicilio, desde 2004 los ministros cobran una compensación del presupuesto público por 1 millón 236 mil 200 pesos, equivalentes a 4 meses de salario bruto de 309 mil pesos.

Por si fuera poco lo anterior, los ministros cuentan con instrumentos fiduciarios para administrar el patrimonio de la Corte sin que nadie ni nada les preocupe. El responsable de estos fideicomisos es el oficial mayor de la SCJN, y el día que se conozca el destino de esos recursos, será un verdadero escándalo.

Desde el 31 de diciembre de 2008, el Fideicomiso para Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN registró un saldo de 196 millones; el de Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN cuenta con 842.7 millones de pesos; el del Plan de Prestaciones Médicas Complementarias y de Apoyo Económico Extraordinario a los Empleados del Poder Judicial de la Federación tiene 106.7 millones, y el creado para la Administración de los Recursos Producto de la Venta de Publicaciones de la SCJN para el Financiamiento de Nuevas Publicaciones y cualquier Proyecto de Interés para el Fideicomitante gestiona 58 millones de pesos; finalmente, el Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica) registra recursos por 632.8 millones.

Estos ministros con dichos beneficios económicos son quienes liberaron a Florence Cassez.

La relación Calderón-García Luna

Y ya que hablamos de los delitos de omisión, abuso de poder y mala administración de la justicia cometidos por Calderón y su policía García Luna, hay una historia que cuenta un militar, general para ser más exacto, sobre aquel empresario chino lavador de dinero del narcotráfico llamado Zhenli Ye Gon, a quien supuestamente la decomisaron 200 millones de dólares en su casa.

Ese militar de alto rango contó que el monto real del dinero decomisado en esa residencia de Ye Gon era superior a los 250 millones, más de lo reportado por los policías del entonces jefe Genaro García Luna, lo que debería ser investigado por las autoridades para determinar si esto es cierto y quién se quedó con el resto del dinero.

Según ese egeneral del Ejército, dos de los beneficiafrios inmediatos habrían sido el propio García Luna y su jefe Calderón, lo que de ser cierto explicaría en parte esa perversa relación que establecieron durante seis años y que permitió encubrirse mutuamente hasta el final del sexenio pasado, en donde Calderón se negó a destituirlo a pesar de las pifias y abusos exhibidos de su jefe policial.

El militar asegura que Ye Gon era extorsionado desde el sexenio de Vicente Fox por funcionarios mexicanos y personas cercanas al entonces presidente de la República. Esos extorsionadores le pedían constantemente ayudas económicas a cambio de permitirle seguir importando seudoefedrina, químicos que eran utilizados por cárteles de la droga.

El general asegura que las extorsiones al traficante chino iban en aumento y las solicitudes de dinero eran más constantes, lo que hacía imposible mantener el negocio ilícito de la importación de metanfetaminas y, al mismo tiempo, obtener ganancias para todos.

Desesperado, contaba el general, el chino Ye Gon se queja con amigos que tenía en la embajada de Estados Unidos en México (presuntos agentes de la DEA) y, a cambio de protección, les revela la red de corrupción y extorsión de que era objeto por personas del gobierno mexicano.

Mediante esa declaración que el empresario de origen chino hace en la sede diplomática, las autoridades de Estados Unidos se enteran que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas no ascendía a 205 millones de dólares, como ha reportado el gobierno mexicano, sino a 255 millones de dólares, de los cuales los policías bajo el mando del secretario de Seguridad Pública Federal habían sustraído 50 millones de dólares, dinero que le fue entregado a su jefe.

Por esos días un funcionario de la embajada estadounidense se comunicó con el titular de Seguridad Pública Federal para enterarle que tenían conocimiento que el dinero encontrado en la residencia de las Lomas de Chapultepec rebasaba los 250 millones de dólares y que “alguien” se había quedado con 50 millones. Esta historia que parecía poco creíble, como aquella que contó desde un principio Ye Gon, de que era extorsionado por Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, para financiar la campaña presidencial de Felipe Calderón, debe ser ahora investigada.

Según el militar de alto rango, la relación del chino Zhenli alcanzaba a los hermanos Bribiesca Sahagún, quienes tenían acceso a directivos aduanales para pedirles favor e introducir al país lo que éllos quisieran. Parece esta una oportunidad inmejorable para el gobierno de Enrique Peña Nieto de abrir un expediente que hasta ahora parecía cerrado.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Boletín de Democracy Now! en Español


28/1/2013

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