jueves, 31 de enero de 2013

Exigen libertad de líder campesino acusado de despojo por Grupo Salinas


ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos y activistas, exigieron hoy en Arriaga, una ciudad costera de Chiapas, la libertad de César Octavio Blanco García, líder de un movimiento de campesinos, en contra de los abusos de la empresa de generación de energía eólica del Grupo Salinas.

Tras concentrarse en la parroquia de la localidad, poco más de un centenar de activistas y familiares del Blanco García, detenido la semana pasada, denunciaron el abuso del poder de la fuerza policiaca en su captura. Señalaron que el líder campesino fue golpeado cuando no opuso resistencia.

Blanco García es el líder de un grupo de campesinos que rentaron sus tierras hasta por 30 años a la empresa “Eólica de Arriaga S.A.P.I de C.V”, propiedad del Grupo Salinas, para que construyera dentro de ellas varios generadores de energía eólica, sin embargo la empresa les ha dejado de pagar varios meses de renta y ha incumplido varias cláusulas del contrato.

Fue por ello que a mediados de mes las más de 30 familias que rentaron sus tierras tomaron el acceso principal al parque eólico.

Denunciaron que desde hace varios años fueron presionados por el entonces alcalde William de los Santos Cruz para ceder en renta sus tierras; y el actual presidente municipal Noé López Duque de Estrada se comprometió a apoyarlos y exigir su derecho ante el contrato firmado, pero ha hecho caso omiso de la problemática.

Los activistas, encabezados por el sacerdote Heyman Vázquez, denunciaron que han constatado cómo el gobierno encubre y protege los abusos de las empresas y empresarios como el Grupo Salinas, y que desprotege a los campesinos, como a César Octavio Blanco García.

“Asimismo se tiene conocimiento de que existen más personas afectadas y víctimas del engaño por la misma empresa e incluso algunos tienen temor de ser detenidos y encarcelados de manera arbitraria e injusta, ya que el gobierno no les brinda ninguna protección y, por el contrario, deja que la empresa haga su voluntad, generando que los afectados teman reclamar sus derechos y desconfíen de su propio gobierno”, denunciaron en un comunicado que leyeron durante la manifestación.

“Los chiapanecos volvimos a equivocarnos; nuevamente le dimos el voto de confianza al nuevo gobernador Manuel Velasco pero a la fecha es contraproducente, ya que la gran amistad del gobernador con el senador Luis Armando Melgar, empleado de Ricardo Salinas Pliego, propietario de la empresa, ha confabulado un delito que a la postre resulta ser un preso político”, acusaron.

El líder de los campesinos fue capturado violentamente la semana pasada por elementos de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ); es acusado del delito de despojo. Los manifestantes recordaron que ellos son los verdaderos propietarios, aun cuando dieron en renta sus tierras, pues la empresa ha incumplido las cláusulas del arrendamiento.

“Es un hombre trabajador, honrado, y con más calidad moral que muchos que lo han encarcelado por defender su derecho de exigir a la empresa Eólica de Arriaga S.A.P.I. de C.V., que cumpla con el contrato que han firmado. Lo acusan de ‘despojo agravado’ cuando son los de la empresa quienes no han querido el diálogo; no hay ninguna afectación, no hay despojo, por parte de él”, dijo por su parte Carlos Bartolo Solís, del grupo Pro Migrante, que se unió a la protesta.

“Sabemos que es común de las autoridades venderse con los poderosos y encarcelan al jodido, las cárceles están llenas del que no tiene dinero para comprar la justicia, el ciudadano común no tiene un debido proceso, al que todos tenemos derecho, las autoridades siguen apostando al autoritarismo, a la fabricación de delitos y a la impunidad, espero que se den cuenta a tiempo, porque la sociedad ya no soporta tanta injusticia”, concluyó.

Investiga PGJDF a canes de Iztapalapa identificados por víctima


Uno de los perros capturados en Iztapalapa. Foto: AP / Dario López-Mills 

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) realiza peritajes a tres perros capturados en el Cerro de la Estrella, identificados por una joven de 24 años que sobrevivió a un ataque en ese lugar, en agosto del año pasado.

Con ello, la dependencia busca reforzar la tesis de que una jauría fue la responsable de la muerte de cinco personas –tres en diciembre y dos en enero– en el Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Nancy Pacheco sufrió un ataque el 24 de agosto de 2012, por el que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

La joven afirma que tres de los canes que capturó la PGJDF a principios de enero pertenecen a la jauría que la atacó, y ahora la dependencia realiza peritajes a los animales para determinar si son los mismos que atacaron a las cinco personas que fueron halladas muertas en el Cerro de la Estrella.

Además, se informó que ya se cuenta con una denuncia de un hombre que afirma que su caballo fue devorado presuntamente por los perros, antes de que se diera a conocer la muerte de las cinco víctimas: tres mujeres, un hombre y un bebé.

Los tres perros identificados por Nancy Pacheco fueron asegurados por elementos de la Policía de Investigación, quienes en días pasados dejaron cebos de carne en diversas zonas de la reserva ecológica.

La Procuraduría capitalina indicó que envió al lugar a un grupo especial para rastrear la madriguera de los canes en el Cerro de la Estrella, donde se realizan peritajes en mecánica de hechos, química y criminalística.

Informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados de los exámenes que comprueben científicamente si los tres canes identificados por la joven sobreviviente son los mismos que se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

Gobierno de México falla en investigación de abusos militares: HRW


En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo señaló que el gobierno no investiga de manera adecuada estos casos que se siguen juzgando en tribunales castrenses.

El gobierno de México falla en investigar de manera adecuada los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en su lucha contra el crimen organizado, lo que exacerba la violencia y la impunidad en el país, consideró este jueves Human Rights Watch (HRW).

En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, el organismo destacó que entre los abusos militares en México destacan ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura.

Denunció que pese a que la Suprema Corte de Justicia determinó juzgar abusos de militares en cortes civiles, la mayoría de esas violaciones siguen siendo procesadas en sus propios tribunales, que carecen de “independencia e imparcialidad”.

Asimismo, HRW subrayó que persisten las amenazas y agresiones de organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad contra defensores de derechos humanos y periodistas.

“El gobierno no ha brindado protección adecuada a estos grupos vulnerables ni tampoco ha investigado los delitos de los cuales han sido víctimas”, consideró HRW en el capítulo dedicado a México dentro de su informe de más de 600 páginas.

Casos de tortura

Indicó que la tortura sigue “siendo una práctica generalizada en México que se emplea para obtener confesiones por la fuerza e información sobre organizaciones delictivas”, y es perpetuada por la aceptación de algunos jueces de confesiones obtenidas mediante malos tratos.

Opinó que “el sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos”, debido a la corrupción, falta de capacitación y recursos, así como a la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio.

El estudio delineó otras áreas en las que México presenta significativos rezagos en cuanto al respeto de los derechos humanos.

El organismo denunció las condiciones en centros de detención, con sobrepoblación y falta de higiene, y la falta de investigaciones adecuadas a los ataques contra periodistas, de los que entre 2000 y 2012 fueron asesinados 82 y desaparecido 16.

Human Rights Watch resaltó la violencia de género, acentuada porque “el derecho mexicano no ofrece una protección adecuada a mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual”, y la dificultad de algunas mujeres para practicarse un aborto cuando fueron víctimas de violación.

También señaló HRW rezagos en la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a cuidados paliativos, el trato a los migrantes que cruzan el territorio nacional, los derechos laborales y los ataques a defensores de derechos humanos.

Ve la parte de informe de HRW sobre México:



Prevalecen desapariciones forzadas y tortura en México: CNDH


El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, presentó su informe de labores anual en San Lázaro, y explicó que resurgieron prácticas violatorias de las garantías individuales que se pensaban desterradas.

Las desapariciones forzadas, tratos degradantes, tortura, cateos y detenciones ilegales están más presentes que en otros años, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, durante la presentación de su informe anual ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El ombudsman nacional destacó que, pese a los avances en materia de garantías individuales, en México reaparecieron violaciones que se creía estaban desterradas y que urge corregir; expuso que en la mayoría los casos están vinculadas a operativos que aplican las instituciones de seguridad pública.

El defensor de los Derechos Humanos subrayó que en el último año de la administración de Felipe Calderón, en el país se presentaron constantes enfrentamientos entre corporaciones de seguridad pública y células de la delincuencia organizada, lo que significó la principal causa de muertes violentas y que provocó que 34 personas a los hechos perdieran la vida.

Durante la exposición en San Lázaro, Plascencia Villanueva reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son las dependencias que señalan con mayor frecuencia como responsables de violaciones a los Derechos Humanos.

Autodefensa derivada de la impunidad

La CNDH explicó que los mecanismos de autodefensa adoptados por municipios de la Costa Chica, en Guerrero, son consecuencia de la impunidad; añadió que la única vía para recobrar la paz es a través de las fuerzas de seguridad pública que deben regirse por controles estrictos de honestidad, rectitud y ética.

(Con información de Notimex)

Los 15 municipios más endeudados de México


Administraciones del PRI, PAN y PRD destacan entre los ayuntamientos con mayor nivel de deuda, dentro los que aparecen cuatro correspondientes al área metropolitana de Guadalajara.

En deudas no hay colores. Municipios gobernados por el PRI, PAN y PRD, forman parte de los 96 que más dinero deben en el país. Tan sólo 25 de ellos sostienen el 50 por ciento de la deuda general de los ayuntamientos en México.

Datos actualizados de la Federación Nacional de Municipios de México, de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México AC (AALMAC), revelan que los 15 municipios con más deuda pública son:

1- Guadalajara, Jalisco, con 2 mil 681 millones de pesos

2- Tijuana, Baja California, con 2 mil 540 millones de pesos

3- Monterrey, Nuevo León, con 2 mil 146 mdp

4- Zapopan, Jalisco, con mil 447 mdp

5- Benito Juárez, Quintana Roo, con mil 366 mdp

6- Nuevo Laredo, Tamaulipas, con mil 115 mdp

7- Mexicali, Baja California, 950 mdp

8- San Nicolás de los Garza, NL, con 902 mdp

9- Tlaquepaque, Jalisco, con 845 mdp

10- Tonalá, Jalisco, 786 mdp

11- Cuernavaca, Morelos, 761 mdp

12- Hermosillo, Sonora, 736 mdp

13- Ecatepec, Estado de México, 730 mdp

14- Guadalupe, Nuevo León, 643 mdp

15- Aguascalientes, Aguascalientes, 543 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Luis Videgaray, advirtió que los municipios “no serán rescatados”. Ante ello, diferentes organizaciones proponen nuevos programas y fondos para obtener mayores recursos, y una exhaustiva investigación sobre el destino de millones de pesos, que tienen en la quiebra a diferentes presidencias municipales.

Ponen en libertad a campesinos que defendieron las Dunas de San Isidro


 NORMA TRUJILLO BÁEZ / JUEVES, ENERO 31, 2013


UNAS DE SAN ISIDRO, EN EL PREDIO LOS MÉDANOS // FOTO AVC NOTICIAS

Debido a que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) no encontró elementos para señalarlos culpables, el juez de primera instancia con sede en Pacho Viejo, Uriel Domínguez Colio, liberó a Juvencio Lascuraín Monge y Cruz Morales Calderón, campesinos defensores de las Dunas de San Isidro y que se encontraban en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, asimismo la Procuraduría se desistió de la acción penal contra otros ocho campesinos, que también son defensores de ésta área Nacional Protegida.

Juvencio Lascuráin Monge fue detenido en octubre de 2010 y Cruz Morales Calderón en octubre de 2011, luego de la denuncia interpuesta por la empresa Industrial de Piedra representada por el español naturalizado mexicano Joaquín Rodríguez Fernández, y quien pretende construir un complejo turístico en Las Dunas.

Varios de los campesinos que en su momento eran prófugos de la justicia señalaron que en la administración estatal anterior aparecieron escrituras falsas de las mil 426 hectáreas del predio El Médano, en donde varias personas se hicieron pasar como dueños y la empresa Industrial de Piedra tenía como apoderado legal al abogado Juan Martínez Sánchez, ex delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); también estarían involucrados el ex titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural, Pesca y Alimentación (Sedarpa), Ramón Ferrari Pardiño, hoy titular del Consejo del Desarrollo del Papaloapan y Santiago Izquierdo Elizondo, ex empleado de la SRA.

Aparecieron como prestanombres una persona ficticia de nombre José Martínez Morán (no aparece en el padrón electoral con residencia en la zona), con unas escrituras y un contrato de compra-venta con Industrial de Piedra, con el asesoramiento del ex empleado de la Delegación de la SRA, Santiago Izquierdo.

En octubre de 2009, la empresa empezó a cercar linderos en el predio El Médano, los campesinos que tenían posesión de las tierras se inconformaron y por acuerdo de asamblea determinan ir a quitar los postes y el alambre que habían puesto los trabajadores de la empresa comandados por Santiago Izquierdo –ex trabajador de la SRA–, previamente dieron aviso a la agente del Ministerio Público de Actopan, Elizabeth Álvarez Lara, y al entonces presidente municipal, Carlos García Lambert, quienes constataron que los ejidatarios retiraron de Las Dunas y pusieron a disposición de la autoridad 128 postes de concreto y 33 rollos irregulares de alambre de aluminio, la misma agente del ministerio público les pidió resguardaran los postes en la Casa del Campesino para ser devueltos a su dueño, a Juan Martínez Sánchez, según se constata en el expediente de la causa penal 450/2010.

Así fue como la empresa interpuso una denuncia contra los ejidatarios y el juez de Pacho Viejo –en ese entonces–, Ariel Robinson Manzanilla, les giró orden de aprehensión por el delito de “robo calificado” en contra de la empresa Industrial de Piedra SA de CV. Dos de ellos fueron aprehendidos, Juvencio Lascuráin Monge y Cruz Morales Calderón, mientras que Guillermo Morales Ramírez, Enrique Maldonado Reyes, Nahúm León Hernández, Rubén Mújica Cortés, Daniel Domínguez Morales y los tres hermanos Silvano, Daniel y Arnulfo Rivas Meza, tenían orden de aprehensión.

Pero para llegar a tal determinación, el Ministerio Público y el juez aceptaron pruebas falsas como facturas con domicilio fiscal inexistente, inexistencia del vendedor de las tierras y peritajes de profesionistas sin la especialidad de agrimensura, que declaran haber recorrido mil 426 hectáreas en cuatro horas.

Pero el martes 29 de enero, con la intervención del secretario de Gobierno (SG), Gerardo Buganza Salmeron, los dos campesinos salen en libertad y son llevados hasta su poblado después de ser liberados.

Protesta #YoSoy132 ante Congreso contra posible alza a tarifa del transporte público


ROBERTO MONROY

Integrantes del Movimiento #YoSoy132, se apostaron ayer afuera y dentro del Salón de Plenos Ponciano Arriaga Leija del Congreso del Estado, en donde con pancartas con recortes hemerográficos mostraron a los transeúntes los distintos siniestros y decesos que unidades del transporte público urbano han ocasionado en los últimos años, además instalaron un módulo para recabar firmas de la ciudadanía con la intención de mostrar repudio ante una posible alza a las tarifas de este servicio.

Los manifestantes puntualizaron que ya han sostenido reuniones con los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, sin embargo no han podido dar respuesta alguna sobre las posibles alzas a casi una semana de que se tenga que tomar un resolutivo final.

David Reyes, integrante de este movimiento social, comentó que dicho órgano legislativo no cuenta con la información actualizada para tomar esta decisión, por lo cual estarán a la espera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal haga llegar a las instancias correspondientes esa documentación, sin embargo manifestó que están en contra de cualquier aumento a estos precios. Señaló que el movimiento social al que pertenece hará un frente común junto con la Escuela Normal y otras instituciones educativas en rechazo a cualquier alza.

Puntualizó que el #YoSoy132 ha recabado alrededor de dos mil firmas, tanto vía electrónica como por escrito, indicando que la meta es llegar a las cinco mil para presentarlas antes los diputados, el Consejo Estatal del Transporte y la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Tras unos minutos de haber iniciado la sesión en el Congreso estatal, los manifestantes ingresaron al recinto, mostrando sus pancartas, manteniendo el orden y respetando el curso de la sesión, la cual en ningún momento fue interrumpida por su presencia, al cabo de unos cuantos minutos se retiraron para proseguir con la manifestación y la recolección de firmas.

Tlachinollan asesorará al movimiento: Abel Barrera


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, informó que la organización dará asesoramiento jurídico al movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa para transformarse en una organización de impartición de justicia comunitaria, procedimiento que calificó de inédito porque se incorporarán nuevos elementos que no se incluyeron en el sistema de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac).

Detalló que la función de Tlachinollan en la asamblea popular de mañana (jueves) será verificar en qué condición están los detenidos, desde su estado de salud hasta la investigación, pero también el acompañamiento a las autoridades comunitarias. “Básicamente, es poder dar ciertas opiniones, asesoría que pudieran tomar en cuenta a los detenidos y la administración de justicia de los pueblos. El asunto es generar certeza para ambas partes”, aclaró.

Comentó que lo último que sabía es que será una especie de un juicio público “con todo lo que representa el rigor de los pueblos, cuando se agravia a los pueblos”.

En Ayutla y Tecoanapa, siguen los retenes civiles, a pesar de los militares y policías


MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 30 de enero. Aun con la presencia policiaca, militar y marina, los operativos ciudadanos del movimiento de autodefensa en Tecoanapa y Ayutla continúan, así como las detenciones de personas ligadas a la delincuencia.

Mañana (jueves), el Tribunal Popular sesionará en una asamblea popular para juzgar por usos y costumbres a los más de 50 detenidos, en una asamblea en la que el movimiento se constituirá en organización de procuración de justicia comunitaria. En asamblea, los pueblos eligieron que fuera un Tribunal Popular el mecanismo para juzgar a los detenidos a partir de 6 de enero, que nació el movimiento.

Como parte de este movimiento ya formalizaron grupos de policía ciudadana en Cruz Grande (Florencio Villarreal). Bruno Plácido Valerio, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), organización que encabeza el movimiento de autodefensa, informó por vía telefónica que en total juraron el cargo 20 grupos de policías ciudadanos, en asambleas a lo largo del día, en las que participaron el pueblo y autoridades del ayuntamiento.

Uno de los voceros de Tecoanapa informó que la asamblea empezará entre las 9 y 10 de la mañana en El Mesón, y que asistirán organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

Dio algún avance del procedimiento de la sesión de tribunal: presentación de los detenidos, lectura de los expedientes que se les integraron y de elementos a favor y en contra.

Comentó que montarán un operativo especial mañana, donde “todas las comunidades vamos a estar alerta; una parte se van a ir a cubrir los espacios en las comunidades y carreteras”.

–¿La situación actual (de seguridad) en Tecoanapa y Ayutla? –preguntó un reportero a uno de los voceros del movimiento.

–Hay tranquilidad, todos estamos en alerta, mis compañeros se siguen quejando de la militarización, eso se está generalizando en los pueblos, están determinando que eso no conviene. En las comunidades se están autorresguardando los pueblos, porque hay operativos (militares) en las carreteras de rutina, pero nadie está bajo guardia.

Siguió: “están los retenes militares (en esa parte de Costa Chica), pero están de parapeto, no están realmente revisando; ayer (martes) se les pasó un tipo que se encuentra en la lista (de delincuentes que los ciudadanos del movimiento de autodefensa cotejaban al pedir una identificación en los puestos de revisión), pero en el siguiente puesto de control de los comunitarios lo cachamos y aprehendimos”.

Absténganse del juicio popular, pide Aguirre a alzados en armas


El proceso de hoy no será impedido por la fuerza; seguiremos insistiendo en el diálogo, dice

Sin embargo, si alguien viola la ley, tenemos que intervenir, advierte el mandatario a dirigentes

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 30 de enero. El gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que la Procuraduría General del Justicia del Estado ha notificado a los comuneros de Ayutla y Tecoanapa que deben desistirse de llevar a cabo el juicio popular este jueves. Advirtió que “no vamos a permitir que se dé una situación trágica y lamentable para todos”.

Entrevistado a su llegada a la plaza cívica de las Tres Garantías, donde sesionó la Cámara de Diputados locales para conmemorar un aniversario más de la instalación del Primer Congreso Constituyente, Aguirre Rivero afirmó que los movimientos de autodefensa “han retirado prácticamente los retenes que tenían establecidos; ellos están regresando a sus comunidades, y lo que hemos acordado es que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios”.

El mandatario estatal reiteró su llamado a que no se perturbe con protagonismos estériles una situación como la que se está viviendo particularmente en el municipio de Ayutla. “Estamos tomando todas las providencias necesarias porque cualquier juicio que ellos pudieran realizar no tienen ninguna validez”, dijo.

Al preguntarle si se ha considerado recurrir a la fuerza pública para impedir el juicio de hoy, Aguirre Rivero precisó que “nosotros no queremos caer en la confrontación en ningún momento; vamos a seguir haciéndolo a través del diálogo. Por supuesto que si alguien viola la ley, tenemos que intervenir”.

Dijo que las instituciones tampoco pueden permitir que quienes han trabajado toda su vida para tener un pequeño patrimonio lo pierdan con el pago de cuota: “las instituciones para eso estamos y vamos a seguir trabajando para brindarles seguridad, confianza y en estas comunidades donde el problema está focalizado vuelva el clima de armonía”.

Dijo que en el caso de Ahuehuepan, los comuneros han vuelto a sus actividades normales, mientras que en los municipios de la Costa Chica hay presencia ya del Ejército, de la Policía Federal y del estado, y han retirado los retenes que tenían, están regresando a su comunidad y se ha acordado que sigan el procedimiento para ser policías comunitarios.

A la pregunta de cuántos municipios siguen levantados, de los 12 que lo hicieron, el gobernador dijo que sólo Ayutla y Tecoanapa.

Aseguró que hay solicitudes para formar parte de la Policía Comunitaria; pero nuevos movimientos de autodefensa que estén brotando, no hay. “Ayer estuve en Ahuehuepan y Acatempan; ya se retiraron; hay un mal entendido de que para que ellos puedan coadyuvar en materia de seguridad, tenemos que hacerlo por las vías legales”, añadió.

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31/1/2013

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