miércoles, 6 de febrero de 2013

PEDRO MOCTEZUMA D. I., ARQUITECTO CONSTRUCTOR DEL EDIFICIO B2 DE PEMEX. SU HIJO ROMPE EL SILENCIO



posted by: TONATIUH MALDONADO.

Rompe el silencio y nos habla de Cargas explosivas, demoler la torre completa, desaparecer archivos, privatización del petróleo, intereses de compañías extranjeras por apoderarse del petróleo de México, a cualquier precio. Repsol , Shell, halliburton de México, british petroleum y otras.

En 2012 asesinaron a 255 mujeres en Chihuahua


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- El año pasado fueron asesinadas en la entidad 255 mujeres, diez de ellas tenían menos de 10 años de edad; a la par, los reportes vigentes de personas desaparecidas fueron 526.

Son cifras de la Fiscalía General del Estado, que no reflejan las desapariciones reales, porque la mayoría no son denunciadas por miedo y amenazas, de acuerdo con líderes sociales, entre ellos el sacerdote Camilo Daniel Pérez y Tomás Ruiz, del Consejo Supremo de Pueblos Tarahumaras.

De acuerdo con el folio UIFGE-I-028-2013 094932012 del Sistema Infomex, de 1993 a 2012 se han reportado 219 mujeres como “ausentes”, de las cuales 107 son del 2012.

En cuanto a los homicidios dolosos de mujeres en Chihuahua, la mayoría fueron cometidos con arma de fuego (125); por arma blanca, 23; golpes, 14; asfixia, 10; quemadura, 4, envenenamiento, una. En 78 casos no han determinado la forma en que fueron asesinadas.

El mes con mayor número de homicidios de mujeres en el 2012 fue marzo, con 31; enero, 30; febrero, 27; abril, 25; mayo, 24; agosto, 23; diciembre, 20; junio, 19; septiembre, 17; julio, 16; octubre, 13 y noviembre 9.

La mayoría de las mujeres víctimas, 84, tenía entre 21 y 30 años de edad; entre 31 y 40 años eran 61; de los 11 a los 20 fueron 45; entre los 41 y 60 años asesinaron a 35, mientras que 14 tenían entre 51 y 60 años; 10 eran menores de 11 años y 6 mayores de 60.

Respecto de las desapariciones, 419 son hombres que aún tienen reporte de ausencia y 219 mujeres, de éstas, seis son niñas de hasta diez años de edad.

De las mujeres desaparecidas, 70 tenían entre 11 y 19 años; 14, entre 20 y 30; 8, 31 a 40; seis, 41 y 50; uno, de 51 a 60 y dos mujeres mayores de 60 años

La Fiscalía General del Estado sólo ha emitido pesquisas para buscar a mujeres, y eso por el ordenamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Campo Algodonero, que le ordenó al México elaborar una base de datos pública en internet y mantenerla actualizad.

Sin embargo, el portal oficial de la FGE reporta 151 pesquisas de mujeres, por lo que faltan 68 y no tienen ninguna de hombres durante 2012.

Se multiplican casos de represión a protesta social, acusan ONG


SANTIAGO IGARTÚA

MÉXICO, D.F. (apro).- Organismos de derechos humanos denunciaron la multiplicación de casos de represión a la protesta social a lo largo del país como actos de autoritarismo sistematizado por parte del Estado, encubiertos en la impunidad, según los registros de la Relatoría sobre la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

A través de la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, más de 70 organizaciones encabezadas por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que entre otros reunió a los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y al Comité Jurídico y de Derechos Humanos del movimiento estudiantil #YoSoy132 (Cojudh), pretenden reivindicar la protesta social como una acción legítima contra los abusos del poder, “una forma de decir al gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones”.

En conferencia conjunta en la CDHDF, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red TDT, advirtió que la represión al derecho a la protesta constituye un delito que “pocas veces se investiga y pocas veces se sanciona”.

Las “extendidas” violaciones a los derechos humanos en México, acusó, son una forma de violencia estructural, y por ello calificó el fenómeno como una “judicialización” de los conflictos.

“La política de represión y de criminalización sobre la protesta social (además de la represión policial), también implica utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado en la lucha por sus derechos”, afirmó Raczynska.

Para ella, con el regreso del PRI al poder, la represión, la renuncia al diálogo, la descalificación y difamación de los defensores de derechos humanos por parte del gobierno, que durante el sexenio de Felipe Calderón se dispararon a través de la “militarización” del país, intensifican la intranquilidad.

Ante ello, con la campaña que hoy se relanzó, la Red TDT propone impulsar una agenda legislativa y de políticas públicas que garantice la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, así como “visibilizar” la responsabilidad y las repercusiones legales que tienen las autoridades en la represión.

Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que es imprescindible dejar sentado que la protesta es un derecho constitucionalmente protegido y respaldado por tratados internacionales.

El ombudsman capitalino habló de la represión del primer día de diciembre pasado, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, donde prevalecieron las detenciones arbitrarias y selectivas.

“Cuando la reacción ante este derecho (a la protesta social) implica un abuso de autoridad, de poder, se está cometiendo un delito. Nos ha preocupado mucho la reacción que ha habido, especialmente después del 1 de diciembre, la reacción social que se ha generado en torno a las detenciones que esta Comisión ayudó a documentar como arbitrarias y a la impunidad que queda una vez que las cosas se resolvieron como se resolvieron.

“Nos parece muy importante aclarar que hay impunidad tanto en los casos de los compañeros que son detenidos arbitrariamente, que son sometidos a torturas y malos tratos, y que eventualmente pueden ser víctimas de un sistema penal que termina procesándolos como si fueran delincuentes”, fueron las palabras de González Placencia, quien advirtió que emprenderán acciones desde la CDHDF para revisar el Código Penal capitalino en los “tipos penales que han sido utilizados para criminalizar la protesta social, ambiguos, que permiten el abuso con penas desproporcionadas y la posibilidad de derogarlos”.

Ejemplificó con los delitos tipificados como ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación. “Ambos han sido utilizados para penalizar conductas que representan el ejercicio del derecho a la protesta”, alertó.

El sistema penal, continuó, debe servir para “dar certeza en aquellos casos en los que se comenten delitos, que debe hacerlo de manera proporcional, con estricto apego al debido proceso, pero que debe encontrar límites muy claros cuando estamos hablando del ejercicio de derechos”, dijo el presidente de la CDHDF, que sólo en 2012 documentó 58 casos de represión a la protesta en la capital del país.

En su participación, Miguel Concha Malo, director del Centro Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que la represión en México “es una práctica sistemática puesta en marcha por el Estado para desactivar toda acción organizada de los movimientos, grupos, colectivos o personas que defienden los derechos humanos y ejercen el legítimo derecho a la manifestación pacífica.

“Esas prácticas antidemocráticas y autoritarias están dirigidas por el gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales. Con esta campaña queremos alertar a la sociedad respecto de este riesgo, para que los modestos logros que habíamos tenido en el avance de la democracia no retrocedan aún más”.

El padre Concha recordó que las calles no son simples vías de tránsito: “Frente a las molestias que puede causar una manifestación, habrá que recordar que las calles son lugares públicos que los ciudadanos ocupamos para reivindicar los derechos de la sociedad. Eso va por delante que el simple traslado de un lugar a otro”.

Al final del encuentro, Miguel Silva, miembro del Cojudh, hizo un breve balance de la represión a la que se enfrentó el movimiento #YoSoy132. A nueve meses de su aparición, dijo:

“En un primer momento, a los jóvenes que se atrevieron a alzar la voz en defensa de sus derechos se les intentó invisibilizar y desprestigiar a través de los medios masivos de comunicación. Los señalaron como criminales, los desprestigiaron y dañaron su honra y dignidad.

“Tal es el caso emblemático de José Carreño, ahora director del Fondo de Cultura Económica, que al tiempo de manifestar su agrado por el entonces candidato priista (Enrique Peña Nieto), señaló a los manifestantes críticos de la Universidad Iberoamericana por haber sido entrenados, lo cual avergonzaba. “Pero las ansias represoras del Estado no sólo se limitaron a desprestigiar los objetivos y métodos pacíficos de la lucha del movimiento, hicieron uso de los cuerpos policiacos para inhibir el derecho a protestar de los jóvenes. Los tres niveles de gobierno fueron partícipes de la represión en todos los estados de la República, tal como se tiene documentado hasta ahora”.

A medida que se “consolidó la imposición de Peña Nieto” en la Presidencia, concluyó el estudiante, la represión que durante las elecciones empezó con amenazas, hostigamiento, despidos de trabajo y expulsiones en escuelas, se cristalizaron con su llegada al poder, aparte de que “generaron miedo e incertidumbre entre los jóvenes que querían ejercer su derecho a protestar”.

Inauguran en España monolito en recuerdo de Regina Martínez


ALEJANDRO GUTIÉRREZ

Develación de monolito en recuerdo de Regina Martínez

Madrid, (proceso.com.mx).- La ciudad de Oviedo rindió hoy homenaje a Regina Martínez Suárez, la corresponsal de Proceso en Veracruz asesinada el 28 de abril de 2012.

A manera de homenaje, fue inaugurado un monolito en el conocido Paseo Veracruz de esta ciudad asturiana.

Antes de develar la placa del monolito, el alcalde Agustín Iglesias Caunedo expresó todo el apoyo municipal a iniciativas ligadas a defender la libertad de expresión, “como este reconocimiento a Regina Martínez, que pongan de relieve la absoluta necesidad de una verdadera libertad de prensa. Y condeno firmemente, como no puede ser de otro modo, el atentado que terminó con su vida, y me sumo al recuerdo de su obra periodística”.

El monolito fue develado por el alcalde Iglesias Caunedo y la cónsul honorario de México en Bilbao, Carmen Vigil, en cuya placa se lee: “El ayuntamiento de Oviedo a Regina Martínez Suárez periodista asesinada en Veracruz (México) el 28 de abril de 2012. En reconocimiento a los periodistas y a la importancia de su labor profesional para el desarrollo de la democracia”.

El alcalde Iglesias Caunedo resaltó que Regina Martínez era “una maestra de la palabra, experta en periodismo de investigación, que trabajó durante décadas en Veracruz, ciudad hermanada con Oviedo. Su compromiso por la libertad la llevó a especializarse en temas de corrupción y narcotráfico, por desgracia habituales en el lugar donde residía, y ello originó que fuese asesinada en su propio domicilio”.

El monolito en homenaje a Regina está ubicado en un área verde del Paseo Veracruz, muy cerca de la estación de tren Llamaquique y del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava.

El monumento se encuentra ubicado a unos pasos del Instituto Áramo, un colegio bachillerato mixto.

El alcalde emanado de las filas del Partido Popular (PP) señaló que esta placa es “un cauce para honrar la memoria de Regina Martínez, para reivindicar su compromiso con la libertad y, también, para tener muy presente la necesidad de defender una prensa libre como paso indispensable para una sociedad democrática, transparente y comprometida la con la justicia”.

La iniciativa de erigir este monumento en homenaje a Regina provino de la concejala del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Laura Díez Prieto, abocada a temas sociales, en particular sobre género, quien lo propuso el 3 de mayo, día de la Libertad de Prensa, luego de darle seguimiento a las informaciones sobre el asesinato de Regina.

El resto de las fuerzas políticas –PP, PSOE, Foro por Asturias e Izquierda Unida-Verdes—se sumaron a la propuesta, que fue impulsada por unanimidad.

Díez Prieto dio lectura en el acto a un texto de la revista Proceso: “Así era Regina…”, escrito por la periodista Verónica Espinosa en conjunto con otros corresponsales, donde se describen los rasgos más personales de la periodista veracruzana.

“Yo quise leer ese texto de Proceso, que describe a Regina Martínez como era, una mujer discreta, pero certera en su trabajo profesional. Valiente”, dijo al corresponsal.

Recordó el pasaje como la describe el periodista Luciano Campos: “Detrás de los grandes lentes de intelectual ochentena, sus ojos escudriñaban todo. Los rasgos indígenas permanecían obstinadamente impasibles. Curveaba la boca un poco en los buenos momentos. Creo que cuando estaba de buen humor sólo sus ojos reían. Quizás las personas más cercanas a ella tengan otra imagen. Yo me quedo con ésta, la de la mujer discreta que arrostraba con determinación y orgullo íntimo la dura carga de informar desde el territorio comanche en que se convirtió Veracruz”.

En su intervención, la periodista del diario La Nueva España, Pilar Rubiera, leyó que como la describe un compañero de Proceso, Regina era “una periodista promedio, como la mayoría que ejercen este oficio. Una reportera forjada a base de experiencia, de nota diaria, que trabajó durante años para el diario La Jornada y después para la revista Proceso”.

Lamentó que desde su muerte “entró a formar parte de la estadística. En el año anterior a su muerte, cuatro periodistas habían sido asesinados en Veracruz. El ejercicio del periodismo en México se ha convertido, como dicen algunas organizaciones de derechos humanos, en una profesión de ‘alta peligrosidad’. Desde el año 2000 han sido asesinados 82 periodistas y 14 han desaparecido”.

Rubiera resaltó que Oviedo, ciudad hermanada con Veracruz, rinde homenaje a Regina, afortunadamente con la unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento.

“Y aunque lleva su nombre, el de Regina Martínez, rinde tributo también a todos los hombres y mujeres que han perdido la vida tratando de contar lo que pasa. O lo que es lo mismo, lo que unos hacen a los otros”.

Linchamientos - Columna semanal de Sergio Aguayo


La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) trata con ligereza a los comités de autodefensa guerrerenses.

En el inicio es el miedo y la desesperación. Aquí unos ejemplos: vecinos de San Mateo Huitzilzingo, Estado de México, en febrero de 2012, decían: "Estamos hartos de vivir en esta situación de zozobra y de pánico, esto ya no es vida". Cuando llamaban a la policía su respuesta era "¿de cuánto estamos hablando?". Vecinos de Ayutla, Guerrero, en enero de 2013, declaraban: "Ya no aguantamos a la delincuencia [los] malvados le cobran cuota hasta a la gente humilde que vende pan y semillitas en la calle". Después viene la acción que varía con cada grupo. En febrero de 2012 los vecinos de San Mateo llegaron al límite y atraparon a tres presuntos delincuentes; primero los golpearon, luego los quemaron vivos. En Guerrero, docenas de comunidades han creado comités de autodefensa, colocado retenes y han detenido a 54 presuntos delincuentes.

La CNDH reaccionó diferente. Guardó silencio sobre los linchamientos en el Edomex, pero Guerrero le despertó el espíritu de cruzado. Para el presidente, Raúl Plascencia, Guerrero "debe alertar a las autoridades" para que provean "seguridad pública" y eviten que estas "acciones se reproduzcan y se rebase a las instituciones". Fue más allá. El sábado 2 de febrero solicitó al gobierno guerrerense la "aplicación de medidas cautelares, de manera indefinida" a favor de los 54 detenidos. Las autoridades de ese estado aceptaron rápidamente la petición.

La posición de la CNDH es intelectualmente vaporosa. Se preocupa porque Guerrero puede "rebas[ar] a las instituciones" sin reconocer que ya están rebasadas. Su petición de medidas cautelares fue aceptada pero las autoridades y fuerzas vivas guerrerenses tienen actitudes ambivalentes. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, elogia el trabajo de estos grupos porque las policías comunitarias existen desde hace 17 años y al multiplicarse en el último mes el gobernador optó por entregarles camionetas, uniformes y dinero para que compren balas. También son aplaudidos por gobernantes municipales y hasta el arzobispo de la Diócesis de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, reconoce que es "comprensible el uso de las armas" como recurso (temporal) de legítima defensa. Al mismo tiempo hacen lo posible por meter a los comités en un marco institucional.

Los próximos días serán decisivos en el forcejeo. Los comités de autodefensa retarán abiertamente al sistema judicial al juzgar a los 54 detenidos, y si los castigan, los mandarán a una reeducación inspirada en los usos y costumbres de los pueblos originarios. El Estado quiere a los detenidos y los comités de autodefensa se niegan a entregarlos.

Abel Barrera, el antropólogo que encabeza a Tlachinollan (un organismo civil de derechos humanos con sede en Tlapa, Guerrero), me explica telefónicamente los motivos de los indígenas: "quieren ser respetados en su decisión de juzgar y castigar de acuerdo con sus costumbres. Esto significa que en lugar de abogados los presuntos culpables serán defendidos por sus familias. Hay una razón práctica tras esta postura: las denuncias son colectivas porque sería peligroso que las hiciera una persona.

Tampoco quieren entregar a los detenidos porque lo más probable es que 'ellos' los liberen".

El asunto está plagado de dilemas endemoniados. De mantenerse el impasse, ¿llamará el gobernador guerrerense a las policías o a las Fuerzas Armadas para que rescaten a los delincuentes?, ¿y si el juicio y reeducación dan mejores resultados que el sistema que conocemos?, ¿quién es la víctima y quién el verdugo? ¿Cómo podemos conciliar derechos humanos, tradición y seguridad?, ¿ha llegado el momento de resucitar las Guardias Rurales que armaba, organizaba y entrenaba la Secretaría de la Defensa Nacional? Estas son algunas de las preguntas que debería estudiar la CNDH, una institución muy rica (su presupuesto para este año es de 1,375 millones) que parece más preocupada por cuidar a las instituciones que por atender y entender a las víctimas de la violencia (que en este caso es la población afectada por las agresiones y los presuntos delincuentes).

La actuación de la CNDH en Guerrero es superficial e ignora la esencia de los dilemas planteados por Ernesto López Portillo Vargas: "La autogestión de la seguridad al margen de las instituciones públicas no es la causa, sino la consecuencia de la erosión de las propias instituciones" (Enfoque, Reforma, 27 de enero de 2013). Ya es hora que la Comisión de Derechos Humanos del Senado exija mejores resultados a la CNDH.

Aclaro mi posición: estoy contra linchamientos como los de Chalco y a favor de la autodefensa en condiciones como las de Guerrero. Es un asunto tan espinoso que seguiré comentándolo.

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

- Fuentes consultadas para la columna "Linchamientos"

Solidaridad con el SME

En concreto | Laura Itzel Castillo

El resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un duro golpe para el país, particularmente para los trabajadores mexicanos. Considerar que el Ejecutivo no es patrón de los organismos descentralizados, debido a su autonomía, representa una aberración absoluta.

El máximo órgano de justicia de la patria revocó el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricista había obtenido del Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo, que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto a la recontratación de los miembros de Luz y Fuerza del Centro.

Originalmenete, desde el siglo antepasado la industria eléctrica estaba en manos de la iniciativa privada, tanto nacional como extranjera: Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas de San Ildefonso, S.A., Mexican Gas and Electric Light Company Ltd, la Mexican Light and Power Company. Apartir de 1938 inicia un proceso de nacionalización que culmina en la década de los 60.

El gobierno crea la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, al adquirir The Mexican Light and Power Company y la Foreign Power Company, que en 1963 se le denominó Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., con una larga trayectoria combativa por parte de los trabajadores organizados desde entonces en el Sindicato Mexicano de Electricistas.

En contra de este sindicato se ha desatado una intensa campaña de satanización, misma que se ha profundizado a partir del decreto emitido por Felipe Calderón para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, bajo el engaño de que el servicio público y las tarifas mejorarían con la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, pues según el Ejecutivo la decisión de extinguir a LyF resultaba conveniente para la economía nacional.

Es triste saber que el Poder Judicial está completamente politizado y obedece claramente al mandato del Ejecutivo, por lo que su actuación representa la abdicación a la justicia. Recordemos que incluso hubo una Corte en México que avaló al traidor Victoriano Huerta.

Ante este resolutivo, el Sindicato Mexicano de Electricistas ha señalado que acudirá a las instancias internacionales y que no claudicará en su lucha por reivindicar sus derechos laborales. Una vez que se han agotado los procedimientos en nuestro país y que la justicia le ha dado la espalda a los 16 mil trabajadores que heroicamente han resistido durante estos largos años, los dirigentes del SME llaman a sus agremiados a no arriar banderas al tiempo que anuncian una campaña de denuncia en todo el planeta. Enhorabuena.

Pue/Méx. Consejerías Universitarias BUAP: El autoritarismo y la imposición se revisten de legalidad


Consejerías Universitarias BUAP:
El autoritarismo y la imposición se revisten de legalidad

A la comunidad universitaria de la BUAP
A los medios de comunicación
A la Opinión Pública

El autoritarismo y la imposición en la vida política del País por parte de los funcionarios de gobierno en su calidad de representantes de los grupos empresariales, sigue persistiendo a tal grado que tratan de pasar medidas antipopulares como hechos naturales de la vida social. Siendo el pueblo mexicano quien vive las consecuencias económicas, política, sociales y culturales. Basta recordar los millones de jóvenes que se ven excluidos a ingresar a la BUAP.

Un claro ejemplo de lo anterior lo vivimos en la UAP, que en próximas semanas llevará a acabo un proceso electoral para elegir Consejeros Universitarios. Elección por demás antidemocática, ya que las y los candidatos han sido previamente palomiados para contender y así afianzar sin mayor problema un Consejo Universitario mayoritario para los intereses del Rector Enrique Agüera Ibáñez, en su pretendida carrera por la Presidencia Municipal de Puebla; candidatura apoyada por Enrique Peña Nieto. Con las atribuciones que la legislación universitaria le confiere a la administración de la BUAP, han adelantado dicho proceso electoral, para que coincida con los tiempos electorales de la Presidencia Municipal.

A lo que debemos añadir el siempre proceso irregular para la entrega de Kardex como elemento importante de registro y mecanismo que candadea las aspiraciones de universitarios honestos e independientes que buscan contribuir desde ese espacio a la democratización de la BUAP. Así como la ínfima representación que tienen los Consejeros al estar sujetos al Voto Ponderado (2 votos por sector estudiantil, académicos, no académicos y 1 como director), contraviniendo el Voto Universal.

Lo anterior no es más que la ruptura cínica con las propias normas de la Ley Orgánica y Estatuto de la BUAP que dicen deben de acatarse. Por ejemplo en el Artículo 3 del Estatuto Orgánico de la BUAP nos dice: La Universidad, además de organismo público descentralizado del Estado, es una institución social integrada por UNA COMUNIDAD ACADÉMICA LIBRE, PLURAL Y DEMOCRÁTICA, UNIDA ENTORNO A LOS PROPÓSITOS COMPARTIDOS POR SUS MIEMBROS DE TRANSMITIR, ACRECENTAR, DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA, ASÍ COMO PONERLOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. Después en su Artículo 4 menciona: La finalidad esencial de la Universidad será estar íntegramente al servicio de la NACIÓN, de acuerdo con el sentido ético y de servicio social, superando cualquier interés individual. Seguido el Artículo 5 menciona: La Universidad, con base en los resultados de su que hacer académico, por sí misma o en coordinación con otras entidades de los sectores públicos, social y privado, contribuirá al desarrollo del PUEBLO MEXICANO, AL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE SUS PROBLEMAS Y AL FORTALECIMIENTO DE SU AUTODETERMINACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA….

Preguntamos a los universitarios estudiantes, catedráticos y trabajadores no administrativos y al pueblo en general: ¿Las inscripciones y reinscripciones? ¿el outsourcing? ¿los maratones de obras, qué después se caen como la biblioteca o el estadio de football? ¿la congelación de plazas? ¿Los grupos parapoliciacios como el SISU y los grupos porriles? Y ¿las francachelas pagadas con recurso de la BUAP? Por mencionar algunos hechos indignos que han trascendido en la BUAP, ¿Representan lo que dicen los artículos referidos? Es claro que este próximo 15 de febrero se llevará a cabo una jornada electoral encaminada a dar legitimidad a los intereses y aspiraciones del grupo de poder que representa el Rector, utilizando a la BUAP como trampolín político.

Siendo congruentes y como muestra de dignidad exigimos, sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Consejo Universitario, al aún Rector Enrique Agüera Ibáñez a negar públicamente y ante la comunidad universitaria todo lo mencionado anteriormente. Así como también que se hagan públicas las actas de Consejo Universitario que comprende a las últimas sesiones, toda vez que no aparecen en el portal del Consejo (solamente existen Actas hasta el primer semestre del 2012).

Hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria a organizarse en cada escuela para desenmascarar la imposición y el autoritarismo, al mismo tiempo que generemos un debate político encaminado a generar organización estudiantil independiente para exigir, impulsar y luchar por nuestros derechos universitarios.

Por la democratización de la educación pública

¡No más imposiciones en la BUAP!
¡Todos a organizarnos para exigir nuestros derechos humanos y constitucionales!

COMBATIVAMENTE

¡Por la Unidad Obrero, Campesina, Indígena y Popular!
Unión Por la Organización Estudiantil
Integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
UPOE/FNLS

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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Facebook: reddh dh

Twitter: @Reddh_mex

Skype: reddh.mex

Pue/Méx. Resolutivos IV Encuentro de Personalidades y Organizaciones Populares que Luchan Contra el Neoliberalismo y Capitalismo


Nota aclaratoria: Por un error de transcripción fueron incluidas, sin su consentimiento, las firmas del Mtro. Eduardo Morales Sierra, Coordinador del Programa Mesoamérica, Interculturalidad y Asuntos Indígenas del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla y la del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” S.J. de la Universidad Iberoamericana Puebla. Ofrecemos disculpas por esta situación y enviamos el documento correcto. Atte: FNLS 

Resolutivos IV Encuentro de Personalidades y Organizaciones Populares que Luchan Contra el Neoliberalismo y Capitalismo

Quienes asistimos al IV encuentro de personalidades y organizaciones que luchan contra el neoliberalismo y el capitalismo realizados los días 26 y 27 de enero en la comunidad de san Sebastián de Aparicio en Estado de Puebla analizamos temas de interés nacional que son parte del intercambio de experiencias, en función de homogenizar nuestros conceptos para fortalecer nuestra práctica política de cara a la embestida neoliberal que se avecina con el arribo del PRI a los pinos.

A dos meses de la administración del impuesto Enrique Peña Nieto se profundizan las prácticas fascistas del régimen mediante la intensificación del Estado policiaco militar y el terrorismo de Estado como estrategia para acallar el descontento popular y social. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados, y las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que se continúan ejecutando contra el pueblo como política de Estado.

En este sentido el ejecutivo legislativo, y judicial, funcionan como los administradores de los intereses oligárquicos, aprueban las reformas neoliberales que legalizan el despojo de tierras, criminalizan la pobreza y la protesta popular justifican el saqueo y la explotación, institucionalizan la represión; hecho que consolida el Estado de Derecho oligárquico.

Ante la crisis estructural del capitalismo en el mundo, las potencias imperialistas se imponen ante los intereses del pueblo, con medidas fascistas a través de regímenes militares con rostro civil en los países donde se pretende saquear sus recursos naturales y energéticos explotando la fuerza de trabajo. Nuestro país no es un hecho aislado ya que está sometido a las políticas económicas de organismos financieros como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.

La crisis capitalista que inició como financiera, en actualidad tiene su manifestación más aguda en una crisis alimentaria. En nuestro país se refleja en los 84 millones de mexicanos que viven en la pobreza de los cuales 50 millones están en la miseria. Los efectos más palpables se observan en el hambre, la muerte por inanición y por enfermedades curables y el abandono del campo para emigrar a las grandes ciudades.

El llamado PACTO POR MÉXICO es una maniobra leguleya dictada por la oligarquía nacional y aprobado por los legisladores de los diferentes partidos políticos electoreros, para pasar las reformas neoliberales sin obstáculo alguno, de esta manera se intenta la concreción de las políticas neoliberales. Hecho que por demás denota el carácter servil y entreguista de los políticos de oficio a los designios del capital.

La política interior que regirá durante la administración de Peña Nieto será esencialmente de carácter contrainsurgente para tener mayor control de la población oficializando el espionaje, la persecución y hostigamiento de los luchadores sociales y de las organizaciones políticas e independientes a través de la policía política; con la supresión de la Secretaria de Seguridad Pública, la Secretaria de Gobernación tendrá el control absoluto de la seguridad nacional. Esto se expresa en la militarización, paramilitarización y la Gendarmería Nacional en función de fortalecer el Estado policiaco militar.

El terrorismo de estado en el país tiene como punta de lanza a los grupos paramilitares que actúan en contra del pueblo que se organiza y lucha por la defensa de sus derechos humanos y constitucionales. A través de estos grupos el Estado mexicano comete ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos en contra del pueblo, para eludir su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad.

Mediante políticas retrógradas y antipopulares el Estado mexicano utiliza todos los medios a su disposición para criminalizar a todo opositor al régimen y al conjunto del movimiento popular. Los hechos más recientes en contra del movimiento estudiantil popular, el primero de diciembre, demostraron el carácter represivo y profascista de EPN.

La puesta en marcha de los programas asistenciales , como la cruzada contra el hambre, 65 y más, apoyo a madres solteras, son medidas contrainsurgentes como parte la Guerra de Baja Intensidad (GBI), para mediatizar y promover el cretinismo de la población, convirtiéndolos en parásitos sociales, y seres acríticos, sujetos que acepten dócilmente la opresión y explotación capitalista.

En materia de salud el tan mencionado “seguro popular” es un engaño para el pueblo, le venden la idea que con éste se garantiza la atención médica cuando la realidad refleja muertos por enfermedades curables y desabasto de medicamento en los hospitales públicos y centros de salud; evidencia clara de que esta es una política de Estado para allanar el camino hacia la privatización de la salud pública, derecho humano que no debe estar sujeto a negociación por ser una conquista del pueblo.

La embestida neoliberal contra la educación se materializa en los programas: la evaluación universal, la ACE, la prueba ENLACE…, la reforma curricular, la entrega de las universidades públicas a la iniciativa privada, la reglamentación y cancelación de becas alimenticias que sostiene a casas de estudiante son algunos de los aspectos que van encaminados a la privatización de este derecho constitucional, eliminar el carácter universal de la educación y crear sujetos con capacidades técnicas que demanda la industria capitalista.

Con la reforma al artículo 27 constitucional se encamino hacia la privatización de las tierras mediante el despojo violento y con medidas legaloides como los programas PROCEDE, FANAR, COSOMER, y el nuevo decreto con el cual se pretende la eliminación del régimen ejidal y comunal, facilitando la concentración de tierra en manos de la oligarquía nacional y extranjera. Es parte de la nueva acumulación originaria del capital.

El gobierno de EPN oferta las tierras comunales y ejidales a manos del mejor postor, y al capital monopolista nacional y trasnacional. Eso explica que dos terceras partes del territorio mexicano se han concesionado para la explotación minera a empresas Canadienses y estadounidenses principalmente; expoliando los recursos naturales y minerales del país.

En este sentido llamamos a todas las fuerzas populares, personalidades progresistas, anti neoliberales y anticapitalistas a unificar esfuerzos para coordinarnos y hacer frente a esta política represiva.

1.- Cese al hostigamiento por los paramilitares PETULES y ORCAO contra la comunidad El Carrizal municipio de Ocosingo Chiapas miembros de la OCEZ-FNLS

2.- Cese al hostigamiento militar y paramilitar contra las comunidades organizadas en los estados de Hidalgo, Veracruz, Michoacán, Chiapas y en todo el país.

3.- Nos pronunciamos por la cancelación del libramiento norte y apoyamos la demanda de frente de pueblos en defensa de la tierra y el agua región malinche FPDTA-RM.

4.-Contra la construcción de las hidroeléctricas en Veracruz, Puebla, Oaxaca y el resto del país.

5.-Exigimos juicio y castigo a los autores intelectuales y materiales de los crímeneiolentos de lesa humanidad en el país; ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, feminicidios, desplazamiento forzado, entre otros.

6.-Exijimos la presentación con vida de todos los detenidos y desaparecidos por motivos políticos y sociales cometidos por el estado mexicano y la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia en el país.

7.- La derogación del artículo 362 del código penal del Distrito Federal.

8.-Manifestamos nuestro rechazo a las reformas neoliberales, laboral, educativa, seguridad nacional, fiscal, energética y salud…

9.-Por la educación pública, laica, gratuita, científica y popular contra la privatización de las universidades públicas, el cierre de las normales rurales y casas del estudiante en el país.

10.-Rechazamos el seguro popular por ser un engaño para el pueblo y el paso a la privatización de la salud.

11.-Exigimos el respeto al régimen comunal y ejidal, y repudiamos el despojo violento y legalizado de las tierras.

¡Alto al terrorismo de estado!

¡Alto a la militarización y paramilitarización en el país!

¡Alto a la criminalización de la pobreza y la protesta popular!

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por motivos políticos y sociales!

¡Libertad inmediata a todos los presos políticos y de conciencia en el país!

¡Por el respeto a la libre organización y manifestación del pueblo!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!

FRATERNALMENTE:

Dr. David Lara del Instituto de Ciencias de la BUAP

Dr. Carlos Perzabal Marcué

Lic. P. Nadín reyes Maldonado y Dra. Margarita Cruz Sánchez del Comité De Familiares de detenidos desaparecidos Hasta Encontrarlos

Brigada Estudiantil Multidisciplinaria de la UNAM

Frente Popular Francisco Villa Independiente FPFVI

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Región Malinche FPDTA-RM

Biblioteca Anarquista María Luisa Marín

Grupo de Acción Colectiva de Xalapa

Frente de Organizaciones Sociales, Sindicales, Campesinas y Estudiantiles de Puebla FOSSCEP

Escuela Normal Rural de Panotla, Tlaxcala

Escuela normal rural de Teteles, Puebla

Promotora de la CENTE-Puebla

Comisión Independiente de Observación de los Derechos Humanos CIODH

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo FNLS

Organización Campesina Indígena y Popular Ricardo Flores OCIP-RFM

Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ-FNLS

Unión de Ejidatarios y Comuneros del Valle de Tuxpango UECVT

Timocepanotoke Noche Altepeme Maceualme “Unión de Todos los Pueblos Pobres” TINAM

Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata FEDOMEZ

Unión Por la Organización Estudiantil UPOE

Red de Defensa de los Derechos Humanos REDDH
--
___________________________________________________

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Denuncian Solidarios y la Voz del Amate proceso injusto a Rosario Díaz.

A la opinión pública
A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional
A los medios alternativos
A la sexta
A las Organizaciones Independientes
A los defensores de los Derechos Humanos ONGs

Presos Políticos “ La Voz del Amate” y “Solidarios de la Voz del Amate” integrantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, recluidos en el penal No. 5, San Crostóbal de Las Casas, Chiapas.

La Justicia es ciega y por se ciega los que trabajan en juzgar todo lo hacen lo contrario como se menciona en esta gran violación de los derechos humanos.

Ejemplo muy claro el caso de nuestro compañero Rosario Días Mendez que durante todo su proceso aportó todas las pruebas necesarias para comprobar su inocencia, porque la misma persona supuestamente agraviada a manifestado ante el Ministerio Público para demandar a Rosario, porque el mismo agraviado a exigido la liberación del acusado, como también todos sus testigos de descargo tanto de cargo han declarado y han dicho la verdad que Rosario no tuvo nada que ver en el homicidio muchos señalaron y estos testigos mencionaron han pedido que sea liberado el acusado.

Pero todas estas pruebas de inocencia aportado, la Lic Jaqueline Ángel Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Simijovel, sentenció a 25 años de prisión a nuestro hermano de nombre mencionado, esta inepta jueza jamas valoro todas las pruebas legales realizadas en el proceso.

De todo esto pedimos al Gobierno Manuel Velasco Cuello a que intervenga inmediatamente por la libertad al sentenciado, como también exigimos nuestras libertades incondicionales.

Por ultimo invitamos a las organizaciones independientes estatales, nacionales e internacionales a exigir la justicia verdadera para nuestras libertades.

FRATERNALEMNTE

Presos Políticos La Voz del Amate y Solidarios de la Voz del Amate.

Penal No. 5, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 1 de febrero del 2013.

Voz del Amate y Solidarios dan fin a ayuno de oración.

A la opinión Pública

A los medios de comunicación estatal, nacional e internacional

A los medios alternativos

A la Sexta

A las Organizaciones Independientes

A los Defensores de los Derechos Humanos ONGS

Presos Políticos “ La Voz del Amate” y “Solidarios La Voz del Amate” integrantes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Recluidos en el penal No.5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Los que habitamos forzosamente en las cárceles somos llamados o tratados como delincuentes sin que esto se conozca su origen y su causa, mas buen todas estas privaciones de nuestras libertades fueron causadas por las grandes torturas físicas y psicológicas que nos hicieron, y lo otro de firmar hojas en blanco bajo amenazas con el fin de auto-inculparnos, de los múltiples delitos prefabricados, esto hacen para evitar mas investigaciones al verdadero responsables del crimen, es por ello que en esta jornada de ayuno de 7 dias por 12 horas diarias que inicio el día 30 de enero y hoy 5 de febrero culminamos nuestra acción. Con el objetivo de demostrar siempre nuestra inocencia, al mismo tiempo exigimos al C. Gobernador Manuel Velasco Coello a que nos libere de forma inmediata e incondicional por estas injusticias.

Agradecemos a todos y a todas las que se sumaron en nuestro ayuno y oración, asi mismo seguimos invitando a todo México y el Mundo a seguir reclamando Justicia y Libertad.

¡Vivir o morir por la verdad y la Justicia !

F R A T E R N A L M E N T E

Presos Políticos “La voz del Amate” y “Solidarios La Voz del Amates”

Alberto Patishtán Gómez

Rosario Díaz Méndez

Pedro López Jiménez

Alejandro Díaz Sántiz

Juan Díaz López

Juan Collazo Jiménez

Rosa López Díaz

Benjamín López Aguilar

Juan López González

Alfredo López Jiméneez

Penal No. 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas; a 5 de febrero 2013.

Acción Urgente: Activistas comunitarios bajo amenaza en Oaxaca




Activistas comunitarios que se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el estado de Oaxaca, México, han recibido amenazas. La policía cargó el 2 de febrero contra los miembros del campamento de protesta que se oponen a la construcción de las turbinas.

El 3 de febrero, Mariano López Gómez, activista comunitario que se opone a la construcción de turbinas eólicas cerca de las localidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en la costa pacífica del estado de Oaxaca, recibió una llamada telefónica amenazadora. Se cree que el autor de la llamada es un pistolero local, que dijo a Mariano López Gómez que deje de ir a la localidad de Álvaro Obregón.

El 2 de febrero, la policía estatal de Oaxaca trató de disolver un campamento de protesta, montado por miembros de la comunidad de Álvaro Obregón, que bloquea el acceso a la franja de tierra en la que una empresa privada pretende construir 132 turbinas de viento. La operación policial se llevó a cabo sin orden judicial y en aparente violación de una decisión judicial ("amparo de suspensión") dictada el 4 de diciembre, por la que se suspendían las obras de construcción y el acceso de la empresa privada al emplazamiento mientras se resuelve un recurso judicial. Los miembros de la comunidad y la policía afirmaron haber sufrido heridas leves a consecuencia del enfrentamiento. Desde entonces, la policía ha permanecido en la zona, y los miembros de la comunidad creen que puede tratar de emplear de nuevo fuerza excesiva para desalojar a quienes protestan.

Amnistía Internacional ha recibido asimismo nuevos informes de amenazas contra Lucila Bettina Cruz Velázquez. En noviembre de 2011, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Oaxaca dictó medidas cautelares para proteger a Lucila Bettina Cruz frente a las amenazas y los ataques sufridos a consecuencia de su labor de derechos humanos en octubre y noviembre de 2011.

AI llama a sus simpatizantes a que escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

instando a las autoridades a garantizar la seguridad de Mariano López Gómez, Lucila Bettina Cruz Velázquez, los miembros de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y los defensores y defensoras de los derechos humanos que protestan contra la construcción de un parque eólico;
instándolas a ordenar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los ataques y la intimidación, y a llevar a los responsables ante la justicia;
instándolas a garantizar que, sobre la base de información fiable y exacta sobre el impacto del proyecto, se obtiene el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas por el parque eólico, que se cumple la orden vigente de suspensión de la construcción, y que la policía respeta el derecho de las comunidades a protestar pacíficamente.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Algunos miembros de las comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya el parque eólico en sus tierras. Alegan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto de la construcción sobre su agricultura y sus tierras. A consecuencia de su oposición, llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación.

Lucila Bettina Cruz Velázquez es miembro de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio, un grupo que protesta contra la construcción de parques eólicos en Oaxaca sin que se realice una consulta efectiva con la población indígena local.

Para más información, véase: más información sobre AU 62/12 (Índice: AMR 41/013/2012),
http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/013/2012/es

y más información sobre AU 315/11 (Índice: AMR 41/069/2011, http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/069/2011/es.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 19 DE MARZO DE 2013, A:

Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, col. Juárez, Cuauhtemoc, Distrito Federal, México, C.P. 6600
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-e.: secretario@segob.gob.mx
Tratamiento: Sr. Secretario

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador de Oaxaca
Plaza de la Constitución, Centro Histórico
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68000
Fax: +52 95 1501 8100, ext. 40068
Correo-e.: spagoboaxaca@gmail.com
Tratamiento: Sr. Gobernador

Y copia a:

ONG local
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, CODIGO DH A.C.

Correo-e.: juridico@codigodh.org

Boletín de Democracy Now! en Español


6/2/2013

Los titulares de hoy


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