lunes, 4 de marzo de 2013

Comunicado de Prensa: Peña Nieto: Cien días esperando verdaderos avances de derechos humanos




A punto de cumplirse cien días de su mandato, las pocas medidas que el presidente Enrique Peña Nieto ha tomado en materia de derechos humanos simplemente no están a la altura de la gravedad de la situación que atraviesa México.

“Existen preocupantes señales de que este gobierno no está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. La nueva administración debe romper con la tradición de promesas vacías de la anterior en materia de derechos humanos y poner fin a la impunidad de los abusos”, ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

El pasado diciembre, el secretario general de Amnistía Internacional escribió al nuevo presidente mexicano para pedir una actuación inmediata sobre diversos problemas graves. Hasta la fecha no ha habido una respuesta significativa.

La organización pedía un cambio radical en la política de seguridad pública que garantizara el fin de graves abusos, tales como la tortura, los malos tratos y las desapariciones forzadas, y llevara a sus autores ante la justicia.

Peña Nieto se comprometió a aplicar las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de la ONU en noviembre de 2012, pero hasta la fecha hay pocos indicios de que se hayan tomado las medidas necesarias.

A fin de resaltar estas preocupantes señales, Amnistía Internacional presenta hoy una campaña para que se haga justicia con Miriam López. Miriam fue detenida ilegalmente, torturada y sometida a violencia sexual por miembros del ejército en 2011. Su caso es emblemático de los de todas las personas que, tras sufrir graves abusos, han visto cómo se les niega la justicia.

Aunque el avance de la Ley General de Víctimas es importante, no puede ocultar el hecho de que los muchos miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos perpetrados en los últimos seis años, incluidas las miles de personas desaparecidas o “extraviadas”, siguen sin tener acceso a la justicia y sin recibir reparación.

El gobierno está debatiendo la reforma policial, pero no hay señales de que la prevención y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos ocupen un lugar destacado en sus propuestas. Los debates sobre la eliminación del arraigo (detención sin cargos) son positivos, pero aún no se han tomado medidas concretas para suprimir esta práctica.

En la jurisdicción militar, ni el gobierno ni el congreso han tomado medidas para reformar el Código de Justicia Militar como requiere la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual deja sin apoyo legislativo a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para limitar la jurisdicción militar.

Sobre los migrantes, la designación de un ex jefe de policía como director del Instituto Nacional de Migración es motivo de honda preocupación. No hay constancia de que se hayan tomado nuevas medidas necesarias para combatir la actuación de funcionarios y bandas de delincuentes que perpetran graves abusos contra los migrantes en tránsito.

Cuando se trata de combatir la violencia contra las mujeres y respetar los derechos sexuales y reproductivos, el silencio del gobierno es casi total.

El gobierno anunció un programa dirigido a las comunidades indígenas excluidas, pero aún no ha dado detalles sobre él, ni siquiera la forma en que las propias comunidades indígenas participarán para garantizar la protección de sus derechos.

Respecto a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, prosigue el establecimiento de un mecanismo de protección con la participación de la sociedad civil, con arreglo a la ley aprobada en 2012.

Se trata de un paso positivo, pero el gobierno debe garantizar que dicho mecanismo proporciona verdadera protección. También es fundamental que las investigaciones sobre los ataques se traduzcan en la comparecencia ante la justicia de sus perpetradores, poniendo fin a la impunidad.

“Es hora de que este gobierno demuestre que sitúa la protección de los derechos humanos en el centro de su agenda política y garantiza una participación plena y efectiva de la sociedad civil.” concluyó Zúñiga.

Información general

Amnistía Internacional publicó en octubre de 2012 el informe Culpables conocidos, víctimas ignoradas para poner de manifiesto la actual impunidad y el alarmante incremento de la tortura. La organización no ha recibido aún respuesta a este informe ni información sobre las medidas que está tomando el gobierno.

La actuación de Amnistía Internacional en apoyo de la lucha por la justicia de Miriam López es una oportunidad para que este gobierno demuestre que se toma en serio la lucha contra la tortura y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Declaración Pública: AI teme por la seguridad del defensor de derechos humanos Ignacio Ochoa.




El pasado 18 de febrero, Ignacio Ochoa Plácido, presidente del centro de derechos humanos “Digna Ochoa y Plácido” fue retenido, golpeado y amenazado por agresores no identificados. Amnistía Internacional (AI) considera que no se han implementado adecuadas medidas de protección y teme que la vida de Ignacio Ochoa pueda estar en riesgo.

Este ataque tuvo lugar en el municipio de Misantla, en el Estado de Veracruz. De acuerdo al testimonio de Ochoa Placido, los agresores solo se retiraron después de que un testigo les gritó que había alertado a la policía. Tras estas agresiones que incluyeron un intento de asfixia Ignacio tuvo que recibir tratamiento médico.

La hermana de Ignacio Ochoa quien fue asesinada en 2011 en la Ciudad de México, era la reconocida activista y defensora Digna Ochoa.

Se presentó una denuncia formal por esta agresión contra Ignacio Ochoa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz. Según Ignacio Ochoa Plácido, algunas de las medidas de protección que se le prometieron tras un incidente semejante en 2011 nunca se aplicaron.

Amnistía Internacional llama a las autoridades de Veracruz a garantizar protección inmediata a Ignacio Ochoa Plácido y los otros miembros del centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Plácido”, de acuerdo con los deseos de los propios afectados.

Además, la organización llama a la Procuraduría del Estado de Veracruz a investigar de forma rápida, exhaustiva e imparcial los ataques y amenazas contra Ignacio Ochoa Plácido, y asegurarse de que los responsables comparezcan ante la justicia.

Amnistía Internacional considera que este grave incidente forma parte de un documentado patrón de agresiones contra quienes defiende los derechos humanos en México. Ataques y asesinatos, impunidad para los perpetradores e instigadores y cargos falsos son obstáculos a los que frecuentemente se enfrentan quienes defienden derechos humanos y quienes ejercen el periodismo en México.

Información adicional:

En 2012, la Cámara de Diputados y el Senado de México aprobaron por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, es preciso que los Estados que todavía no han firmado los convenios de colaboración para poner en marcha el Mecanismo de Protección lo hagan cuanto antes, y que la Secretaría de Gobernación garantice su plena implementación incluyendo las previsiones para prevenir los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.

Oficio de Papel




Cuentas y cuentos de Elba Esther
Traición de Juan Díaz de la Torre
Las pifias de Jesús Murillo Karam

Mucho tiempo antes de su detención, Elba Esther Gordillo se ocupaba, y se preocupaba, por el manejo financiero de los miles de millones de pesos que durante más de 20 años le ha exprimido al gobierno federal a través de partidas presupuestales especiales que le entregaba la Secretaría de Educación Pública por instrucción del presidente de la República (Carlos Sainas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón) en turno, así como de las cuotas sindicales que les pertenecían a los maestros y que ella se apropiaba de manera ilícita.

Durante años la maestra Gordillo siempre había sido muy cautelosa para ocultar los recursos en cuentas bancarias en el extranjero con nombres apócrifos y prestanombres. Es ahí en donde está acumulada la verdadera fortuna obtenida de manera ilegal de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lo encontrado hasta ahora, los 2.6 mil millones de pesos, es apenas una pequeña parte del dinero robado a los trabajadores, y era tan visible su manejo porque servía como caja chica para las necesidades inmediatas de la maestra: compra de residencias; adquisición de joyas, arte, ropa, zapatos y bolsas; cirugías, y diversión. Toda la opulencia en la que vivía Gordillo y su familia.

Uno de los principales asesores de Gordillo en el manejo financiero de sus cuentas fue Tomás Ruiz, ex subsecretario de Hacienda y actual secretario de Finanzas del gobierno de Veracruz.

Una historia que narran los allegados a la maestra, es aquella de cómo Gordillo le encargó a su entonces colaborador Tomás Ruiz revisar todas sus cuentas personales bancarias y los movimientos financieros que prestanombres hacían en el extranjero, para asegurarse que toda la fortuna acumulada con fondos magisteriales y estatales estuviera bien ordenada, que no faltara algo y, sobre todo, que nadie pudiera reprocharle y mucho menos acusarla penalmente. Sin embargo, desde que Tomás Ruiz abandonó las filas del partido de la maestra, los descuidos del manejo del dinero fueron constantes.

El ahora responsable de las finanzas del gobierno de Javier Duarte enseñó a los administradores de la maestra cómo manejar el dinero en el extranjero sin que pudiera ser rastreado por autoridades hacendarias, lo cual hasta ahora había resultado efectivo, pero desde que el experto financiero Tomás Ruiz abandonó el partido de su jefa Elba Esther, empezó el caos en el manejo de los recursos, lo que sumado a las traiciones internas, principalmente del nuevo líder Juan Díaz de la Torre, quien en encuentros privados con el secretario de Educación Pública entregó información sobre las operaciones financieras que él mismo realizaba y cuyo dinero tenía como beneficiaria final a Elba Esther Gordillo.

Esto explica porqué en la acusación por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada no aparece el nuevo dirigente del SNTE, a pesar de que Díaz de la Torre junto con el tesorero eran quienes autorizaban y firmaban todos los cheques, así como ordenar todas las transferencias bancarias de las cuotas sindicales a las cuentas que la maestra decía, para de ahí usar los recursos en lo que ella dispusiera. Por eso Juan Díaz no aparece en la querella por lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en lugar de enfrentar un proceso penal ha sido ungido como el sustito de la maestra en desgracia. La traición ha sido culminada.

El propio Tomás Ruiz narra cómo Elba Esther Gordillo le ordenó que hablara con su exesposo Francisco Yáñez, en ese entonces director general de la Lotería Nacional, posición otorgada por Felipe Calderón a la maestra como muestra de gratitud por el apoyo otorgado en la campaña presidencial, para que le entregara toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias y los movimientos financieros del SNTE y de la maestra, con el propósito de revisarlos, corregirlos y mantenerlos a salvo de cualquier investigación judicial.

Tomás buscó a Yáñez y le informó de la misión encomendada por su jefa Gordillo, pero según cuenta Tomás Ruiz, el director de la Lotería le respondió que después le entregaría todos los estados de cuenta, lo cual nunca ocurrió. Conocedor del carácter violento de la maestra, Tomás volvió insistirle a Yáñez en varias ocasiones que le entregara la información financiera, pero la respuesta siempre fue la misma.

Pasaron semanas y desesperada Elba Esther preguntó a Tomás si ya había cumplido con su encargo, pero éste se quejó de que Yáñez no le había entregado la información financiera, a pesar de que en tres ocasiones se la había solicitado. Enojada, la lideresa magisterial le dijo que hablaría con Yáñez y le ordenó a Tomás volver a buscarlo, bajo la amenaza de que era una orden que tenía que cumplir. Quienes la conocen, dicen que nadie en el sindicato dejaba de cumplir sus instrucciones sin tener que enfrentarse a las consecuencias.

Una vez más Tomás Ruiz buscó a Francisco Yáñez, y le explicó que la maestra lo había regañado porque no había cumplido sus órdenes de revisar los movimientos financieros de las cuentas bancarias en México y en el extranjero, por lo que le suplicaba que le entregara los documentos para evitar el enojo de Elba Esther.

Todos temblaban cuando la maestra gritaba, a excepción de Francisco Yáñez, exesposo y empleado también de Gordillo, quien le dijo a Tomás que ya no se preocupara, que él hablaría con ella y arreglaría las cosas, pues no podía darle esa información de las cuentas.

De inmediato, Tomás buscó a su jefa Elba Esther para darle la mala noticia. Días después, la maestra le dijo a Tomás que no se preocupara más, que ella y Yáñez revisarían personalmente las cuentas. El exdirector de la Lotería convenció a Gordillo de lo peligroso que era entregarle la documentación financiera a Tomás Ruiz, por lo que era mejor que él siguiera administrando la inmensa fortuna.

Acusación sin delito previo

Nadie en su sano juicio, a excepción de la familia de la maestra y de los beneficiarios del desfalco sindical, puede estar en contra de que la lideresa del SNTE rinda cuentas ante la justicia. Sin embargo, hay varias dudas sobre el debido proceso que se le sigue, sobre todo en la integración del expediente que involucra a Elba Esther Gordillo Morales y tres de sus cómplices: Isaías Gallardo Chávez, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez y José Manuel Díaz Flores, en los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada.

En los delitos financieros el Ministerio Público Federal debe dar al acusado el derecho de audiencia, para permitirle que explique el origen y el destino de los recursos, como sucede en la acusación por lavado de dinero. Esto, por ejemplo, no ocurrió con la maestra, a quien la autoridad le armó con mucho sigilo la acusación en su contra, la consignó a un juez y éste liberó las órdenes de aprehensión, sin permitirle a los acusados probar el origen de los recursos, que en el caso que nos ocupa son simple y llanamente lícitos, pues provienen de las cuotas sindicales.

De tal manera que mientras no haya una acusación formal de los propios trabajadores miembros del SNTE, que acusen a sus dirigentes del desvío de recursos de las cuotas sindicales y se abra un proceso penal en su contra, no existe el delito previo que es necesario para configurar el otro delito que es el uso de recursos de procedencia ilícita. Es decir, no basta que la Unidad de Inteligencia Financiera haya descubierto que con dinero de las cuotas sindicales la maestra adquiriera múltiples inmuebles en México y en el extranjero o que se comprara vestimenta muy costosa o que el dinero de los trabajadores fuera utilizado para las operaciones y cirugías que Gordillo acostumbra a realizarse cada determinado tiempo.

La razón de lo anterior es que el SNTE es una organización independiente de trabajadores, con autonomía, de tal manera que puede usar los recursos de las cuotas sindicales en lo que esa organización considere conveniente, porque sólo le compete a ella decidirlo, salvo, como lo señalé anteriormente, que algún trabajador de esa organización o un grupo de ellos denuncie al comité ejecutivo por fraude y desvío de las cuotas sindicales, lo que permitiría a la Procuraduría General de la República tener los elementos legales necesarios para posteriormente acusar a la maestra por blanqueo de capitales, debido a que fue ella la destinataria final y en consecuencia beneficiaria última del dinero obtenido ilícitamente al defraudar a los trabajadores con las cuotas sindicales.

Históricamente el delito de lavado de dinero ha sido muy difícil de probar en este país, por eso los procesados en más de un década apenas rebasan las 50 personas, porque las autoridades, tanto ministeriales como judiciales, cometen atropellos, abusos, negligencias y omisiones a la hora de integrar las averiguaciones previas y hacer las evaluaciones y juicios finales.

Por ejemplo, algunos jueces no aceptan la consignación de expedientes por el uso de recursos de procedencia ilícita, mientras no se haya sentenciado por el delito previo a los presuntos implicados en el delito de lavado de dinero, mientras que para otros juzgadores ambos delitos pueden avanzar paralelamente; es decir, como sería este caso del SNTE, en donde se abre una investigación por el desvío de recursos de las cuotas sindicales de los maestros y al mismo tiempo se lleva el proceso por blanqueo de capitales. Se trataría entonces de dos juicios que avanzan paralelamente, lo cual hasta ahora el abogado de la nación, el procurador Jesús Murillo Karam, no ha explicado cuál es el delito previo o por lo menos no ha señalado que la PGR cuenta con alguna acusación de los maestros en ese sentido, porque la propia autoridad no puede hacer la acusación sólo porque encontró los movimientos por miles de millones de pesos, ya que se trata de dinero lícito que salió de las cuotas de los maestros.

Aunque esta parte legal parece algo menor ante las evidencias de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias, fraude y desvío de recursos de los maestros del SNTE, la autoridad debe cuidar el debido proceso para evitar que una mujer corrupta y abusiva como Elba Esther Gordillo pueda librar la prisión por errores de procedimiento legal, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Baste recordar el caso de la francesa secuestradora Florence Cassez.

Por lo pronto, expertos abogados que en las últimas dos décadas han sido los principales responsables de investigar el delito de lavado de dinero (uso de recursos de procedencia ilícita, artículo penal 400 bis), confirman lo anterior y aseguran que si este caso penal mantiene los vicios que hasta ahora ha mostrado, ninguna autoridad judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrá mantener tras las rejas a Elba Esther Gordillo, y una vez más ganará la impunidad, el abuso y la corrupción, a lo que ya nos tienen acostumbrados nuestros gobernantes.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

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