viernes, 15 de marzo de 2013

Ahora aparecen grupos de autodefensa en Veracruz; el gobierno niega su existencia


XALAPA, Ver. (apro).- Medios locales reportaron la aparición de grupos de autodefensa, también conocidas como policías comunitarias, en el municipio de Tlalixcoyan.

A pesar de los testimonios grabados y la difusión de imágenes de cómo operan en esa región, el gobierno estatal negó su existencia.

En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, el expanista, Gerardo Buganza, descalificó los reportajes difundidos por los diarios digitales Plumas Libres, AVC, La Jornada Veracruz e Imagen, en los que dan cuenta de la existencia de policías comunitarios que, con palos, machetes y escopetas de cazador, realizan rondines nocturnos para resguardar la seguridad de los pobladores.

Aparte de la conferencia, el gobierno estatal difundió un comunicado en el que pone en boca de la Secretaría de Gobernación que “no existen grupos de autodefensa en Veracruz”.

Es más, dice que Buganza Salmerón se comunicó con el alcalde de Tlalixcoyan, quien niega que en su municipio existan grupos de esa naturaleza.

Tlalixcoyan se encuentra en la región del Sotavento, a 97 kilómetros del puerto de Veracruz. Es la misma zona en donde desaparecieron ocho policías municipales de Ursulo Galván hace dos meses, y donde también se han registrado levantones y amenazas de secuestros a empresarios y ciudadanos.

Un grupo de reporteros de diversos medios digitales viajó a ese lugar la madrugada del miércoles para entrevistarse con la “guardia civil”: hombres con el rostro cubierto con pasamontañas y/o paliacates, quienes empuñando rifles, tubos y machetes aseguran que “fastidiados de la inseguridad” optaron por armarse en el llamado predio El Inglés y así cuidarse entre los propios vecinos.

Los periodistas grabaron la entrevista y la subieron a las redes sociales. Uno de los entrevistados, dice: “Nosotros tenemos que cuidarnos porque nos robaban lo poco que teníamos, incluso había días que dejaban sin luz el predio porque nos chingaban todos los cables. Ahora el pueblo cuida al pueblo”.

En el video se aprecia como la “guardia civil” explica no tener conocimiento en el manejo de armas, ni el más básico entrenamiento en defensa personal, sin embargo, aclaran que ante el embate de la delincuencia y la incapacidad de las autoridades, optaron por armarse.

“Por la seguridad de la familia estamos dispuestos a darlo todo”, explica otro de los integrantes de este comando civil, quien admite que apenas en octubre pasado decidieron organizarse.

Los habitantes de este predio acudían al Ministerio Público a denunciar el delito, sin embargo, los agentes ministeriales antes de tomarles declaración pedían una “cooperación de 200 pesos” para levantar la denuncia.

La “guardia civil” en Tlalixcoyan ha cobrado fuerza y aval de la sociedad sotaventina, luego de que el sábado 2 el comerciante Silverio Serrano, de 58 años, fuera asesinado de nueve balazos al oponer resistencia a un asalto.

En la conferencia, Buganza Salmerón expuso que si el ayuntamiento de Tlalixcoyan lo requiere, el estado se hará cargo de la seguridad, “así nos lo ha instruido el gobernador. La Secretaría de Seguridad Pública de inmediato movilizó a sus elementos para verificar la situación de la comunidad El Inglés; ahora, si los vecinos ven algo anormal, se comunican a la presidencia municipal, pues autoridad y pobladores están en coordinación”, presumió.

Buganza insistió en que es obligación del municipio vigilar a sus comunidades, sin embargo, refirió que si necesitaran apoyo, el gobierno estatal está en toda la disposición de asumir el manejo de la seguridad.

Sobre las versiones que han circulado de que en diversas comunidades habría grupos de autodefensa, dijo que “eso es totalmente falso”, ya que ninguna autoridad federal, estatal o municipal tiene algún reporte de que ciudadanos se hayan organizado de esa manera, atajó el funcionario.

Gobierno de Peña rebasa al de Calderón en muertes dolosas: mil 52 al mes


ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F. (apro).- La violencia en México sigue en crecimiento y, según cifras oficiales, el gobierno de Enrique Peña Nieto ya superó al de Felipe Calderón en el número de homicidios dolosos cometidos en promedio cada mes: mil 52 en la actual administración y 879 en la anterior.

En efecto, según las cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de su titular, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el primer año del gobierno de Calderón se cometieron 10 mil 553 homicidios dolosos, es decir, 879 cada mes o 29 diarios, en promedio.

Sin embargo, en los primeros tres meses de gobierno de Peña se han acumulado ya 3 mil 157 homicidios dolosos, lo que representa que se han cometido mil 52 en promedio o 35 cada día.

Conforme a estas cifras, en el gobierno de Peña se han registrado 73 asesinatos más que en el de Calderón, dos más cada día, sólo cotejando el inicio de ambas administraciones.

El viernes 8, la Segob difundió el reporte mensual correspondiente a febrero cuando, según la misma dependencia, se registraron 914 homicidios dolosos, cifra menor a los mil 104 cometidos en enero y mil 139 en diciembre.

De hecho, el comunicado de la dependencia que encabeza Osorio Chong destacó que era una cifra no vista desde 2009: “Es necesario destacar que los homicidios dolosos relacionados a delitos federales registrados en febrero representan el número más bajo reportado en los últimos 40 meses”.

La referencia para el cotejo de las cifras es la que Osorio Chong dio a conocer el 17 de diciembre, en el marco de la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidida por Peña. Ahí aseguró que, en 2007, primer año de gobierno de Calderón, se cometieron 10 mil 553 homicidios dolosos.

“En 2007, el INEGI contabilizó 10 mil 253 homicidios dolosos, y en el 2011 se cometieron 22 mil 480. El promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes es similar al de países del Continente. Sin embargo, el dato significativo es la tasa de crecimiento de homicidios que nos ubica como una de las mayores del mundo”.

En esa ocasión, Osorio Chong generó polémica porque omitió las cifras que estaban incluidas en su discurso sobre los asesinatos de personas relacionadas con el crimen organizado, “alrededor de 70 mil”, y “9 mil cuerpos sin identificar”, y sólo expresó: “En los últimos años, producto de la violencia relacionada al crimen organizado, han muerto miles de personas y, también, se encuentran miles de desaparecidos.”

En esa reunión, el secretario de Gobernación reconoció la gravedad del problema de la violencia, que en los primeros tres meses de gobierno ya superó en homicidios dolosos a la de Calderón, como ya se detalló arriba.

“El país enfrenta un alto nivel de violencia. La población percibe a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que hay que resolver. Siete de cada diez mexicanos se sienten inseguros. En las encuestas de victimización, uno de cada tres hogares reporta haber tenido, al menos, una persona víctima de violencia o de delito”.

Osorio Chong añadió: “Entre 2006 y 2011 se cometieron 10.6 millones de delitos a nivel nacional. Ocho de cada cien delitos son denunciados. Y de ellos, únicamente 15% es resuelto. Se estima, entonces, que sólo uno de cada cien delitos se castiga.”

También expuso que el secuestro se incrementó en 83%; el robo con violencia, 65%; la extorsión, 40%; los delitos sexuales, 16%; el robo en carretera, más de 100%, y el robo de vehículos asegurados se ha duplicado.

Exhiben en la CIDH al gobierno mexicano: asesinatos, desaparecidos, abusos militares…


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos pidieron hoy la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el Estado mexicano a fin de que se ponga freno a abusos cometidos en el país.

En la sesión que se llevó a cabo en la ciudad de Washington, estuvieron presentes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la expanista Lía Limón García, quienes se estrenaron en las seis audiencias que se desahogaron durante la jornada.

Los representantes gubernamentales sostuvieron ante el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que acciones como la firma del Pacto por México y la promulgación de la Ley General de Víctimas eran muestra plena de la voluntad del gobierno priista para respetar los derechos humanos.

La serie de audiencias, en las que estuvo presente en todo momento el relator de México, Rodrigo Escobar Gil, inició con la revisión del caso Digna Ochoa, quien fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001, y cuyo expediente se encuentra en proceso de ser admitido para un informe de fondo por la CIDH.

Durante la exposición del caso, identificado con el número 12.229, a cargo de la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Alejandra Nuño y David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), fue evidente la reticencia de las tres últimas administraciones perredistas del gobierno del Distrito Federal para aceptar pruebas de los representantes de la familia Ochoa y Plácido que, en su opinión, modifican la conclusión oficial de 2003 en el sentido de que la abogada y activista se suicidó.

Los representantes de los peticionarios reprocharon que después de acudir a recursos como el amparo en dos ocasiones, se mantuvo la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) del no ejercicio de acción penal sin integrar las pruebas que evidenciarían, según ellos, que Digna Ochoa fue víctima de asesinato, luego de haber sido amenazada durante años por la defensa activa en casos en los que involucraba la participación del Ejército en violaciones a derechos humanos.

Sin embargo, el representante de la PGJDF, Jorge Antonio Mirón Reyes, pidió a la CIDH no admitir el caso y responsabilizó a los defensores por no haber recurrido a la revisión de un último amparo, también perdido por la defensa.

La jornada siguió con la revisión para admisión del caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco, identificado con el número 12.846. En la audiencia, Bárbara Italia Méndez habló en nombre de las mujeres torturadas sexualmente y rechazó el ofrecimiento de una solución amistosa ofrecida por el gobierno de Peña Nieto.

El maratón continuó con la audiencia en la que organismos de derechos humanos cuestionaron la exhibición pública de los detenidos por parte de dependencias federales y estatales, específicamente en el Distrito Federal.

Por parte de los peticionarios, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Placencia, recordó que el organismo formuló una recomendación por la que demandó a la PGJDF la supresión de la medida de exhibición de personas detenidas, arraigadas o víctimas de delito, por considerar que es una práctica cruel, inhumana y degradante, y que afecta los derechos a la intimidad, al buen nombre, al honor y a la honra, así como que deriva en graves daños en el ámbito social y laboral de las personas sometidas a esa práctica.

El representante de la PGJDF apuntó que la recomendación fue admitida en parte, y que se mantenía la práctica, debido a que en al menos 20 casos la exhibición había servido para que otras víctimas denunciaran a sus agresores, amén de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha declarado inconstitucional la exhibición de personas.

En tanto que la representante de la Procuraduría General de la República (PGR), la exdiputada federal del PRD, Eliana García Laguna, manifestó que la dependencia estaba haciendo una revisión del tema y que se presentaría una propuesta al respecto en la Conferencia Nacional de Procuradores, para evitar prácticas que vulneren los derechos humanos de los detenidos, y que, en todo caso, sólo se presentarían imágenes para “favorecer la cultura de la denuncia”.

El relator Escobar Gil manifestó que es “inadmisible” la exhibición de personas, y que no se disculpa ni porque la SCJN no haya hecho un pronunciamiento ni por considerar que favorecía a la cultura de la legalidad.

Por su parte, la comisionada Rosa María Ortiz, relatora de la niñez y la adolescencia, indicó que hay estudios muy serios que muestran que la exhibición de detenidos puede incitar a menores a delinquir “porque esa es la única forma en que pueden salir en medios de comunicación”.

Y preguntó si el Estado mexicano tenía algún informe que mostrara lo contrario, pero el cuestionamiento no fue atendido por ninguna autoridad presente.

Enseguida, se desahogaron dos audiencias vinculadas con políticas públicas en materia de derechos humanos, aplicadas por el actual gobierno, así como por el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión.

Cristina Hardaga, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Jaqueline Sáenz, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Stephanie Brewer del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Daniel Joloy de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, cuestionaron que en el Pacto por México no se haya incluido como tema de agenda la modificación al Código de Justicia Militar, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en cuatro sentencias, así como las “contrarreformas” a la reforma Constitucional en materia de derechos humanos aprobada en julio de 2011, impulsadas por legisladores priistas, y la concentración del poder de las fuerzas policiacas en la Secretaría de Gobernación, a través del proyecto de la Gendarmería Nacional.

Explicaron que en el primer bimestre de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió más de 200 denuncias contra miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y cuestionaron la permanencia de la figura del arraigo, pese a la existencia de nueve recomendaciones de organismos internacionales por desaparecerlo, tras considerar que se cometen graves violaciones bajo esa figura.

Asimismo, denunciaron la falta de operatividad del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, y el sistemático hostigamiento contra activistas, como lo demuestran el hecho de que en el último bimestre del año fueron agredidos 42 defensores y de 2006 a la fecha fueron asesinados 61.

Luego, los mismos defensores y familiares de desaparecidos, Nadin Reyes, hija de Francisco Reyes Amaya, y Diana Iris García, madre de Daniel Cantú García e integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), reclamaron la inoperancia de la Ley General de Víctimas, que se dé preponderancia a la reparación económica antes que a la búsqueda de los familiares y que no se atienda la crisis humanitaria que significa la laguna jurídica de tener un pariente desaparecido, ello en términos patrimoniales.

Los nuevos funcionarios, Lía Limón, Eliana García y el director de la Unidad de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Segob, Juan Carlos Gutiérrez, pidieron tiempo a los defensores para resolver sus inquietudes, con el argumento de que llevaban sólo tres meses en los cargos y que apelaron al cambio de discurso del nuevo gobierno que, desde su óptica personal, es un paso importante.

La última audiencia tuvo que ver con una queja de representantes de pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes porque las autoridades nunca les pidieron su opinión para llevar a cabo la construcción de un proyecto turístico en Barrancas del Cobre, Chihuahua, que, en su opinión, acarreará daños ecológicos, provocará la expulsión y modificara los usos y costumbres en dicho territorio.

Los representantes del Estado dieron vueltas al asunto, se refirieron a la situación geográfica de la zona afectada, de la cantidad de habitantes de habla indígena en la región, del nuevo programa Cruzada Nacional contra el Hambre, y del Pacto por México, nuevamente.

La perorata tuvo que ser interrumpida por Rosa María Ortiz y los funcionarios reconvenidos por el comisionado Escobar Gil. Ambos señalaron que los indígenas “no habían viajado desde tan lejos para escuchar esos discursos, sino para tener respuestas a sus demandas”.

Ante la incapacidad de responder, los representantes del Estado Mexicano se comprometieron a mandar en una fecha indeterminada una respuesta a sus inquietudes.

Comparece el “hermano incómodo” de Salinas por querella que cumple casi 17 años


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Raúl Salinas de Gortari compareció ayer por más de dos horas en el juicio que se le sigue como acusado de enriquecimiento ilícito por más de 224 millones de pesos.

El hermano incómodo del expresidente Carlos Salinas de Gortari se presentó a la última diligencia del juicio que lleva 16 años y 10 meses y del cual ni siquiera se ha dictado sentencia en primera instancia.

De acuerdo con el diario La Jornada, Salinas de Gortari enfrentó el único cargo que tiene pendiente en tribunales, aduciendo inocencia y solicitando al juez que dicte su absolución.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público Federal, del que no se cita su nombre, manfiestó que la PGR acreditó los elementos del delito y en consecuencia consideró que el juez debe dictar una sentencia condenatoria al exfuncionario de la extinta Conasupo.

La PGR acusa al hermano incómodo de haber adquirido 41 inmuebles en nueve entidades fedeativas, asi como tener 12 cuentas de cheques, dos cuentas d eahorro, 36 cuentas de valores y dos contratos de acciones, con recursos cuyo origen supuestamente no justificó como servidor público en Conasupo.

Se estima que el juez federal dicte sentencia a más tardar el próximo 18 de julio.

“Más peligroso ser mujer en México que soldado en Gaza”: experta de la ONU


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- “Es más riesgoso ser mujer en México que soldado en Gaza o en otra nación que enfrenta un conflicto armado”, declaró al periódico La Jornada, la jefa del área de género, violencia y derchos humanos de las Naciones Unidas (Unfpa), María José Gómez González.

La funcionaria destacó también que México ocupa los primeros lugares del mundo en la comisión de los delitos de violencia sexual y trata de personas.

Según Gómez González, informes de la ONU ubican a México como un país “con alta incidencia” en ese tipo de delitos, al nivel de Ucrania y Tailandia.

“Datos de la ONU señalan que más de 800 mil mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual en México, mientras 38 mil (jóvenes, adultas y niñas) han sido asesinadas en los últimos años”.

Entrevistada por la reportera Elizabeth Velasco, la experta en asuntos de género y violencia, destacó que tal incidencia involucra “a vítimas que llegan de otras naciones, como es el caso de las centroamericanas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, o las que traen de Asia para llevarlas a Estados Unidos”.

VIDEO: #Yosoy132: No aceptaremos reforma a Telecom sin expresiones ciudadanas


Paramilitares instalan retén en la carretera Ayutla-El Camalote, afirma la OPIM


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 14 de marzo. La Organización de Pueblos Indígenas Me' phaa (OPIM) denunció que un grupo de paramilitares, encabezados por los hermanos Remigio Cantú, instalaron un retén en la carretera Ayutla-El Camalote, en el punto conocido como Tecruz, para amedrentar a los habitantes de la zona.

La organización responsabilizó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de lo que pueda sucederles a consecuencia de esta medida de represión.

Inés Fernández Ortega, integrante de la OPIM, vía telefónica, denunció que la mayoría del grupo paramilitar está encapuchada, y que llegaron a su pueblo, El Camalote, desde hace tres días. La indígena me' phaa, por la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) ordenó al Estado mexicano la reparación del daño por la violación sexual que cometieron en su contra militares, dijo que desde hace 12 años viene denunciado el acoso de los soldados y hoy de paramilitares que ya iniciaron los abusos, dijo, pero sin especificar cuáles.

Denunció que los paramilitares que han llegado hasta El Camalote pertenecen a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg). Romualdo Remigio Cantú, ha estado en las asambleas del movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa que lidera la Upoeg.

Incluso, señaló a ese grupo armado como el mismo que mató a su hermano, Lorenzo Fernández Ortega, en el año 2008.

"Tengo mucho miedo que me pase algo o a mi familia, por lo que pido al gobierno que intervenga y los baje del pueblo de El Camalote", soltó la indígena.

El comisario municipal de El Camalote, Silverio Remigio Guzmán, acusó al grupo armado de amedrentar al pueblo al pasearse armado. "Ellos andan diciendo que van a acabar con la OPIM, y que cuentan con el apoyo de Ángel Aguirre porque les da armas y dinero”, agregó.

El presidente de la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, detalló que el retén se instaló "con el pretexto" de que la semana pasada subió el Ejército, "es que un campesino que tenía su sembradío de mariguana huyó del lugar, pero los hermanos Remigio dijeron después que fue levantado, y que por eso instalaron el retén en contra de los delincuentes que se los llevaron”.

Exhortó a la Upoeg, si es que no está detrás de estas acciones, a que "detenga a los Remigio Cantú, porque ellos son unos delincuentes. Si quieren pruebas se las damos, pero no lo van a hacer porque son los mismos y cuentan con el apoyo del gobernador”.

Condena el MOCPAA el intento militar de desarmar a Policía Comunitaria


RAYMUNDO RUIZ AVILÉS ( Corresponsal)

Taxco, 14 de marzo. El líder del Movimiento Obrero Campesino Pedro Ascencio Alquisiras (MOCPAA), Rubén González Vázquez, condenó la agresión que sufrió la policía comunitaria en la población de Acatempa municipio de Tixtla por soldados del 41 batallón de infantería que intentaron desarmarlos el martes y afirmó que de esa manera es como se pretende frenar el movimiento de autodefensa, que es un “derecho ciudadano de buscar su propia seguridad ante la falta de mecanismos del gobierno para defender a la población”.

Condenó el hecho y sostuvo que es parte de la recriminación que hay, porque “al Ejército lo mandaron a las calles y ahora hostiga a las policías comunitarias que desde hace tiempo han existido para defender a sus pueblos”.

González Vázquez denunció que las fuerzas castrenses están en las calles y han salido a reprimir a los grupos que buscan “su propia seguridad ante un sistema de seguridad que ha fallado”, cuando “el papel de los militares es resguardar la soberanía nacional”.

Llamó al gobierno federal a que retire al Ejército y deje de estar hostigando a los grupos de autodefensa.

Se solidarizó con las policías comunitarias y exhortó al gobierno a que evite estar entorpeciendo las actuaciones de las policías comunitarias.

El líder de MOCPAA condenó insistentemente lo ocurrido en el municipio de Tixtla, cuando soldados del 41 batallón de infantería intentaron desarmar a unos 200 policías comunitarios que realizaron una marcha el martes.

Consideró que la actuación militar pretende “callar a los compañeros, que se están organizando para defender sus intereses”.

“Los gobiernos no están actuando en materia de seguridad, ni tampoco están permitiendo que la sociedad actúe con la creación de policías comunitarias y el movimiento de autodefensa”, dijo.

Aseguró que es una muestra de que el Ejército sale a las calles a reprimir al pueblo.

Toman maestros y normalistas negocios, tiendas y restaurantes en Chilpancingo


Los bloqueos a los comercios, porque los empresarios apoyaron las reformas laboral y educativa, aducen

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 14 de marzo. En el cuarto día de la semana en que fijaron intensificar acciones contra las reformas educativa y laboral, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) y de las nueve normales públicas tomaron todas las tiendas de autoservicio, el grupo departamental Galerías Chilpancingo, y el restaurante Vips.

Las tiendas tomadas de las ocho de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde fueron Aurrerá, en sus dos sedes (sur y norte), Soriana, Comercial Mexicana, Sam’s Club, Walmart, Liverpool, y todas los negocios de Galerías Chilpancingo, donde hay desde comida rápida hasta cine. En el perímetro de Sam’s Club está el restaurante Vips y los maestros aprovecharon la cercanía para tomarlo. Los accesos que rodean a todas las tiendas también fueron bloqueados.

A Galerías llegaron más de 500 maestros, la mayoría cetegistas de La Montaña, para bloquear todos los accesos que conducen al estacionamiento, lo que impidió la entrada incluso de personal de las tiendas y a cualquier persona que fuera extraña tenía que presentar una identificación. Es decir que no hubo actividad en ninguno de los negocios. Liverpool abrió hasta las 17 horas.

Los maestros de La Montaña partieron del campamento de Palacio de Gobierno, en su camino a Liverpool estaba la sección 14 del SNTE, donde un grupo entró y quebró un cristal de la fachada principal, también agitaron y pintaron algunos vehículos estacionados en el lugar. La dirigencia de la Ceteg negó que hayan ocasionado esos disturbios.

En el bloqueo de Aurrerá sur estuvieron los maestros de zona Norte y Tierra Caliente. La protesta inició cuando los empleados llegaban a iniciar su jornada laboral del día, y los maestros les informaron que bloquearían la tienda; la mayoría de los trabajadores cruzó la puerta para reportarse con sus directivos, y ellos mismos bajaron las cortinas de entrada y salida de la tienda.

Un grupo de empleados de la tienda se quedó afuera conversando con los maestros sobre la reforma laboral aprobada por los legisladores. Los maestros les decían que la reforma vulnera toda condición laboral, porque en lugar de darles prestaciones, se las arrebata, los empleados de Aurrerá les contestaron que desde hace mucho tiempo están esas condiciones, por ejemplo, les hacen firmar contratos cada tres meses para no crear antigüedad ni darles prestaciones como seguridad social y aguinaldo.

Rafael Salgado, miembro de la Comisión Política de la Ceteg, dijo que decidieron tomar las tiendas de autoservicio y departamentales porque son precisamente los empresarios los que apoyaron las reformas laboral y educativa, y pretenden hacer lo mismo con la hacendaría y la energética.

En el área del Centro Comercial Chilpancingo, donde está la Comercial Mexicana, el banco Santander cerró por precaución, aunque no hubo incidentes en la zona, sólo la concentración de maestros por todas las vías.

Los plantones en Palacio de Gobierno y Congreso local, a pesar de las actividades, estuvieron firmes, con grupos de guardia.

Por la noche, unos 5 mil maestros marcharon con antorchas encendidas (palos con fuego en la punta), desde el museo La Avispa hasta la plaza Primer Congreso de Anáhuac, donde realizaron un mitin, sin que se registraran incidentes.

Hambre de justicia en Guantánamo


Amy Goodman

Ha surgido información desde la prisión militar estadounidense de Bahía de Guantánamo de que la mayoría de los prisioneros están en huelga de hambre. Ciento sesenta y seis hombres permanecen detenidos allí, a pesar de que el gobierno de Obama ha autorizado la liberación de más de la mitad. Sin embargo, allí languidecen (en algunos casos desde hace más de diez años) en un infernal limbo legal, presos, sin ningún tipo de acusación. El incumplimiento del Presidente Barack Obama de su decreto ejecutivo del 22 de enero de 2009, mediante el cual prometió cerrar Guantánamo, y el deterioro de las condiciones en la prisión bajo su mando constituirán una enorme mancha en su legado.

Desde Guantánamo, el prisionero yemení Bashir al-Marwalah le escribió a su abogado: “Corremos peligro. Uno de los soldados le disparó a uno de los prisioneros hace un mes. Antes de eso, enviaron fuerzas de emergencia con rifles M-16 a unos de los sectores de la prisión. … Nos quieren hacer regresar a la era más oscura del gobierno de Bush. Eso es lo que nos dicen. Por favor haz algo”.

La declaración de Al-Marwalah constituye el primer registro de que guardias de las fuerzas armadas estadounidenses dispararon balas de goma contra un prisionero de Guantánamo.

Según Pardiss Kebriaei, una de las principales abogadas del Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), su cliente Ghaled al-Bihani es uno de los prisioneros de Guantánamo que está actualmente en huelga de hambre. Al-Bihani le contó que “hay una huelga de hambre de grandes proporciones en el Campamento 6, que es la sección más grande de Guantánamo. Esa prisión alberga alrededor de 130 hombres. Afirmó que casi todos, salvo unos pocos que están enfermos o tienen edad avanzada, están en huelga de hambre. Él ha perdido más de 9 kilos. Es diabético y sus niveles de glucosa en sangre están fluctuando en forma descontrolada. Me dijo que el personal médico de Guantánamo le informó que su vida corre peligro. Él y otros prisioneros quieren que difundamos esta información”.

Mientras tanto, en Washington D.C., el gobierno de Obama tuvo que defender esta semana su política en Guantánamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos. Uno de los compañeros de Kebriaei en el Centro por los Derechos Constitucionales, el abogado Omar Farah, afirmó durante la audiencia: “Represento a Tariq Ba Odah, un joven yemení que ha estado en huelga de hambre ininterrumpida desde febrero de 2007. Todos los días, los guardias de Guantánamo lo alimentan por la fuerza. En este preciso momento es probable que lo estén sacando de su celda, lo estén atando a una silla de sujeción y le estén introduciendo un tubo de goma por la nariz para bombear un complemento alimenticio líquido a su estómago. Tariq sostiene que esa es la única forma en que puede comunicar a quienes somos libres lo que significa estar detenido injustamente, que lo coloquen a uno en una celda durante diez años sin acusación. Es su único modo de comunicarnos la barbarie de esa conducta”.

El gobierno de Obama ha afirmado que tan solo seis o siete prisioneros están en huelga de hambre. Sin embargo, cartas desde la prisión y testimonios de los abogados que han sido testigos de lo que sucede apoyan la afirmación de que más de 100 de los 166 prisioneros de Guantánamo están en huelga de hambre desde hace al menos más de un mes.

Otra abogada que representa a prisioneros de Guantánamo, Kristine Huskey de la organización Médicos por los Derechos Humanos, también declaró el martes. Más tarde explicó que la detención por tiempo indeterminado provoca “un trauma psicológico severo y duradero, que es provocado por estados crónicos de estrés, ansiedad y miedo, básicamente debido a que estas personas en Guantánamo no saben si algún día serán liberadas. No saben si serán acusados. No saben si volverán a ver a sus familias. De modo que toda esta incertidumbre y falta de control provoca un estrés excesivo en el sistema inmunológico y el sistema cardiovascular. Provoca asma, diabetes, trastornos gastrointestinales, la propagación del células cancerígenas, infecciones virales, hipertensión, depresión, suicido y síndrome de estrés postraumático”.

Durante la audiencia, el gobierno de Obama negó que detenga a personas por tiempo indefinido. Michael Williams, uno de los principales asesores de la política sobre Guantánamo de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmó: “Estados Unidos solamente detiene a individuos cuando dicha detención es legal, y no pretende detener a ningún individuo por más tiempo del necesario”.

En su testimonio, el abogado de CCR Omar Farah, replicó: “En vista del tormento existencial que la detención por tiempo indeterminado provoca a los prisioneros de Guantánamo y de los riesgos físicos que plantea; en vista del hecho de que el propio Estado ha admitido que ya no tiene interés en detener a más de la mitad de los prisioneros que están allí mediante las absoluciones que mi compañera acaba de describir; en vista de que nueve prisioneros murieron en Guantánamo en custodia de Estados Unidos, y después de once años, ¿cuándo van a decir basta?”

La huelga de hambre de los prisioneros de Guantánamo es un acto de desobediencia valiente y desesperado, que pone en riesgo sus vidas, algo que Obama debería resolver de inmediato al cumplir con uno de sus primeros decretos ejecutivos como presidente: cerrar Guantánamo.

Geopolítica vaticana Un papa en el patio trasero

Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, 15/03/2013.- La jerarquía del Vaticano posó sus ojos en América del Sur, la región donde combatió a muerte (textualmente) a los teólogos de liberación. Alineada con los poderosos, lo que no le impide hacer guiños populistas hacia los pobres, está a punto de tomar posición ante la integración regional y los gobiernos progresistas.

“Lo peor que podría pasarle a Sudamérica sería la elección de un papa de aquí”, escribía el periodista Martin Granovsky horas antes de que los cardenales ungieran a Jorge Bergoglio para ocupar el sillón de Pedro. En la medida que los progresistas han sido barridos de las jerarquías eclesiales, si el nuevo pontífice fuera sudamericano, especulaba el periodista, no sería “un estímulo para los cambios que se producen en los dos grandes países de Sudamérica desde 2003” (Página 12, 13 de marzo de 2013).

Pocas cosas hay más terrenales que el gobierno de la iglesia católica. Muchas páginas se han escrito sobre las estrechas relaciones del Vaticano con el fascismo y el nazismo, con el régimen de Francisco Franco, sobre sus millonarias inversiones en negocios turbios, por no decir mafiosos, de la ligazón de algunos de sus más encumbrados jerarcas con la Logia P-2, y del cogobierno de facto que ejercieron con la última dictadura militar argentina.

Existe una geopolítica vaticana que no ha sido enunciada, que no cuenta con encíclicas que la avalen, pero que se puede rastrear por su actuación en algunos momentos decisivos de la historia. En se sentido, existen datos suficientes que confirman la intervención vaticana en la misma dirección que lo hacían los poderosos del mundo. La elección de Bergoglio tiene un tufillo de intervención en los asuntos mundanos de los sudamericanos, a favor de que el patio trasero continúe en la esfera de influencia de Washington y apostando contra la integración regional.

Antecedentes no faltan: en la década de 1950 la actitud del Vaticano hacia el régimen de Franco coincidió, con notable exactitud, con la apertura de Washington hacia el dictador; en la década de 1980, los intereses de la superpotencia en una Centroamérica sacudida por guerras internas fueron acompañados y acompasados por la diplomacia vaticana, con notable sincronía.

Pio XII, el anticomunista

Es ya un lugar común recordar la profesión de fe democrática del Vaticano cuando agonizaba el régimen fascista de Benito Mussolini, al que Pío XI había dado su bendición (animando a los católicos italianos a votarlo en 1929) al señalar que fue “un hombre enviado a nosotros por la Providencia”. Su sucesor, Pío XII, el papa de la guerra fría, profundizó el anticomunismo y defendió la excomunión de los católicos que votaran por los comunistas.

Lo más notable de ese período es el profundo viraje del Vaticano hacia la potencia hegemónica que nació con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Viraje y convergencia que tienen en el año 1953 un nudo más que simbólico.

El triunfo de Franco en la guerra civil española, con el apoyo de las fuerzas armadas de Mussolini y de Adolfo Hitler, provocó un agudo aislamiento de España luego de la derrota del Eje en 1945. La posguerra española fue particularmente penosa para su población ya que ese aislamiento la dejó fuera del Plan Marshall con el que Estados Unidos lubricó, con miles de millones de dólares, la recuperación de la devastada Europa.

Pero la península ibérica es un espacio geopolítico decisivo para el control del Mediterráneo y del norte de África, ya que el Estrecho de Gibraltar es la puerta de entrada a dos continentes. El desmoronamiento de las potencias coloniales en Asia y África, que detonó la guerra de Argelia desde 1954, sumada a la tradicional independencia de Francia que bajo la influencia de Charles de Gaulle tomó distancias de a política militar de Estados Unidos, llevó a Washington a buscar un acercamiento con la dictadura de Franco.

En 1953 se firmaron convenios hispano-estadounideses que diseñaron una alianza militar que se plasmó en la instalación de tres bases militares en Rota, Morón y Torrejón de Ardoz. En 1955 España ingresó en la Naciones Unidas y en 1959 el presidente Dwight Eisenhower visitó a Franco para afianzar las relaciones. A cambio, España recibió ayuda económica y el apoyo para salir de su aislamiento internacional.

El mismo año, 1953, el Vaticano puso su granito de arena para ayudar al régimen a superar su aislamiento. Pío XII firmó un concordato con Franco que daba base jurídica al llamado nacional-catolicismo, la ideología del régimen peninsular que de hecho lo legitimaba ante los católicos del mundo. Esta convergencia de acciones entre la máxima autoridad católica y el nuevo hegemón global habría de ser moneda corriente en los años siguientes, de modo muy particular en América Latina.

Juan Pablo II, la guerra contra el sandinismo

En 1983 Juan Pablo II realizó una gira por Centroamérica, cuando en la región arreciaban guerras de alta intensidad entre regímenes dictatoriales aliados de Washington y fuerzas sociales y políticas de izquierda. En Guatemala el régimen de Efraín Ríos Montt perpetró esos mismos años un gigantesco genocidio contra la población indígena y en El Salvador los escuadrones de la muerte de la ultraderecha asesinaban opositores, entre ellos al arzobispo de San Salvador monseñor Óscar Arnulfo Romero. En Nicaragua gobernaba el sandinismo desde el triunfo de la revolución en 1979, duramente acosada por los Estados Unidos que financiaban bandas terroristas, conocidas como la contra, para desestabilizar al gobierno.

En Guatemala el papa se reunió con el dictador genocida que pocas horas antes de su llegada había mandado fusilar a cinco guatemaltecos y un hondureño. En El Salvador también se reunió con los gobernantes, aunque fue a rezar a la tumba de Romero. Sin embargo, sus palabras más duras no estuvieron dirigidas a los asesinos sino a los sacerdotes de la teología de la liberación. “No vale la pena dar la vida por una ideología, por un evangelio mutilado, por una opción partidista”, dijo en clara alusión a algunos sacerdotes que se habían enrolado en la oposición.

En todas sus vistas, estuvo también en Honduras y Costa Rica, entre otros países, habló a favor de la paz. Menos en Nicaragua. El país estaba conmovido por la primera acción importante de la contra que asesinó a 17 jóvenes. Por el contrario, la imagen del papa Juan Pablo II reprochando a Ernesto Cardenal por ser ministro del gobierno sandinista, arrodillado frente a su santidad en señal de respeto, dio la vuelta al mundo y se ha inscrito en el imaginario de muchos cristianos latinoamericanos.

Ernesto Cardenal consideró que Juan Pablo II “lo que menos quería era una revolución apoyada masivamente por los cristianos como la nuestra, en un país cristiano, y por lo tanto una revolución muy popular. Y lo peor de todo para él que fuera una revolución con sacerdotes”.

La misa campal fue un desastre. El papa se permitió criticar al sandinismo abiertamente y los asistentes, se estima que había medio millón de personas, lo terminaron abucheando. “El pueblo le faltó el respeto al Papa, es verdad, pero es que antes el Papa le había faltado el respeto al pueblo”, escribió luego Cardenal quien enfatizo que se negó a condenar los crímenes de la contra.

En Centroamérica volvieron a coincidir las estrategias del Pentágono y del Vaticano, punto por punto, lugar por lugar. Mención especial merece la convergencia de intereses contra el clero progresista y de izquierda. El Documento Santa Fe I, emitido en mayo de 1980 por un think tank ultraderechista dirigido a influenciar en la presidencia de Ronald Reagan, tiene entre sus principales propuestas atacar a la teología de la liberación. “La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a enfrentar (y no simplemente a reaccionar con posterioridad) la teología de la liberación”.

Geopolítica regional

La elección de un papa latinoamericano puede ser interpretada, desde un punto de vista geopolítico, como reflejo del ascenso de las potencias emergentes y de la consolidación del papel de la región sudamericana en el mundo. Sin embargo, el nuevo pontificado tiende a reforzar la política de los Estados Unidos en la región, parece destinado a colocar un palo en la rueda de la integración regional y aislar así a Brasil y a Venezuela.

Lo que está en juego en la región, lo que habrá de marcar su futuro, no es el destino de los curas pederastas, ni la permanente disminución de la cantidad de católicos, ni el matrimonio igualitario ni el aborto, sino la afirmación de Sudamérica como un polo de poder en un mundo cada vez más caótico. Eso pasa, inevitablemente, por una integración orientada por Brasil en base a dos alianzas estratégicas decisivas con Argentina y Venezuela.

El capital transnacional hizo su apuesta hace tiempo por la desestabilización de Argentina, objetivo compartido por la Casa Blanca. En este caso no se trata del petróleo como sucede con Venezuela, sino de una lectura correcta por parte del poder estadounidense de los objetivos trazados por Brasil para la integración regional. El punto neurálgico, como señala el diplomático Samuel Pinheiro Guimaraes en su libro Desafíos brasileiros na era dos gigantes, es la alianza entre los dos principales países de la región, porque juntos tienen la capacidad de arrastrar al resto y de neutralizar las injerencias externas.

Ese punto lo ha comprendido el presidente José Mujica, quien ha hecho esfuerzos por alinear al Uruguay en la alianza que hoy encarna el Mercosur. También la entendió derecha argentina que echó las campanas al vuelo y pronostica que el papel de Bergoglio en la región será similar al de Juan Pablo II en la caída del comunismo. “El impacto que tiene para un país que un conciudadano sea elegido sumo pontífice no requiere demostración. Basta recordar lo que significó la coronación de Karol Wojtyla para Polonia y, en general, para el socialismo real. Un tsunami”, escribió en La Nación el columnista Carlos Pagni, un ultraderechista que fue acusado por la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas (DAIA) de representar “una clara expresión antisemita asociable a la peor tradición del nazismo” a raíz de un artículo en el que aludía a la descendencia judía de un alto funcionario gubernamental.

El nuevo papa está en condiciones darle a la derecha argentina la legitimidad popular e institucional que nunca tuvo, en un momento decisivo para la región, cuando la última apuesta de Washington para recuperar protagonismo, la Alianza del Pacífico, naufraga sin rumbo. Su pontificado no incidirá sólo en su país natal; aspira a influir en toda la región. Uno de los primeros viajes de Francisco I será a Brasil en julio, pero puede convertirse en una gira regional. Será el momento de aquilatar la estrategia vaticana en este período de transición hegemónica.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.

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