miércoles, 27 de marzo de 2013

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA EL OLVIDO Y LA IMPUNIDAD…


PROTESTA CADA UNO POR LA JUSTCIA LUNES 1º DE ABRIL 13:00 hrs.
 Frente a la Embajada de Colombia en México (Paseo de la Reforma No. 379, cerca del Ángel de la Independencia) 

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Evitemos que siga la infamia...

Síntesis de la presentación del libro “Sucumbíos historia de una infamia” en la Cámara de Diputados; 20-marzo-2013



Denuncia del Canal del Congreso por no cubrir la presentación del libro “Sucumbíos historia de una infamia”


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En un refugio guardado en su corazón
Llevan la bandera de Bolívar.
Su rostro la transmite en la sonrisa
Que dejaron en las imágenes del recuerdo.

Hoy desde lo alto suenan las campanas
Ustedes las tocan para mostrarnos el camino.

Juan, Verónica, Soren, Fernando desde lo alto nos miran
Y nos recuerdan que para ser grandes
Hay que saber soñar.


ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR

Bloqueos- Columna semanal de Sergio Aguayo



Importa muy poco el color de quien gobierne. La ciudadanía continúa siendo rehén del encontronazo entre el derecho al libre tránsito y a la manifestación de las ideas.

El viernes 22 de marzo empezaba la Semana Santa y hubo un bloqueo total de la Autopista del Sol que conecta Acapulco con la Ciudad de México. La interrupción del tráfico duró nueve horas y lo comento por ser uno de los casos límite de una realidad desatendida que padecemos cotidianamente y que está haciéndose insoportable.

Como los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (Ceteg, que es parte de la CNTE) ya no inquietaban al gobierno estatal perredista con la toma de edificios públicos, se lanzaron a interrumpir el paso de la autopista federal. Hora tras hora, miles de infortunados padecieron el mal tino de caer en la ratonera vial. La medida les funcionó a los maestros: humillaron al gobierno estatal porque ganaron los salarios caídos y la creación de una comisión que los evaluará localmente, lo cual es un reto frontal a la reforma educativa nacional. Paso por alto la dudosa legitimidad de los reclamos del magisterio guerrerense y la afectación de los derechos a la educación de la infancia de aquella entidad para centrarme en un ángulo ignorado: los miles de ciudadanos varados fueron abandonados a su suerte por las autoridades de todos los niveles. Ni Protección Civil federal ni estatal acudieron a su auxilio llevándoles, por ejemplo, agua y alimentos o estableciendo servicios médicos para los casos urgentes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco se interesó en el asunto pese a ser una vía federal, y la del estado de Guerrero ni siquiera incluyó el tema en su página de internet. La prioridad de estas comisiones es garantizar su presupuesto y dejan que las víctimas se las arreglen como puedan.

No estamos ante un hecho aislado. Cualquier inconforme sabe que la manera más expedita de recibir la atención de la autoridad es ocupando una oficina, una calle o una carretera. El método es infalible porque forma parte de una cultura cívico-política acostumbrada a la ocupación temporal o permanente de los espacios públicos. Pongo algunos ejemplos. Los restaurantes que invaden la banqueta o las empresas que canalizan calles imitan a su manera a la poderosa TV Azteca que con bastante frecuencia invade con automóviles una lateral del Periférico Sur.

Las autoridades de todos los estamentos hacen exactamente lo mismo. Muy cerca de TV Azteca -pero en la acera de enfrente- está una de las sedes de la Policía Federal. Hace años se instaló e inmediatamente se apropió de un carril del Periférico, los vecinos de esa zona padecimos durante años los estrangulamientos causados por patrullas o vehículos de transporte estacionados.

Hace un par de semanas documenté que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó la entrega de un espacio público en Coyoacán a una constructora a la que luego intentó extorsionar el delegado Mauricio Toledo, mientras Miguel Ángel Mancera se hacía -y se hace- el desentendido.

El desdén oficial es indicativo del ínfimo lugar que les merece una ciudadanía obligada a tolerar las ocupaciones de los espacios públicos. Ninguna autoridad se ha preocupado en serio por estas víctimas del urbanismo salvaje. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha tocado muy tangencialmente este choque entre derechos. A raíz del bloqueo de Paseo de la Reforma con que se protestó por el fraude de 2006, la CDHDF recibió 904 quejas ciudadanas. En noviembre de aquel año sacó una recomendación en la cual pedía al gobierno capitalino que resolviera el choque de derechos, ésta fue ignorada.

En 2010, Luis González Placencia reiteró otra vez la conveniencia de que el gobierno capitalino generara "criterios para que quienes quieren hacer uso de su derecho a manifestarse puedan hacerlo, sin afectar a quienes quieren hacer uso de su derecho al libre tránsito en la ciudad de México". También fue ignorado. Dada la frecuencia con la cual se toman espacios públicos en la capital, ¿no consideraría la CDHDF ocuparse de oficio? Por ahora, sólo Michoacán y el Estado de México están anunciando que discutirán leyes para resolver el dilema creado por quienes tienen el derecho a protestar y quienes desean transitar en libertad.

La única solución que a veces funciona es que los medios tomen el asunto. Pero el escándalo debe ser razonablemente estruendoso si se quiere tener éxito. La Policía Federal liberó la lateral ocupada cuando el diario Reforma publicó en primera plana un reportaje con fotos. La denuncia en medios tiene límites porque no hay espacio para atender todas las invasiones generalizadas de espacios públicos.

Esta semana se multiplica el tráfico por las carreteras nacionales. Dadas las posibilidades de bloqueos en diversas regiones los viajeros deberían cargar raciones de alimentos y agua. En este tema la autoridad vive bloqueada.

Amnistía Internacional llama a un fallo justo y ejemplar para el indígena Alberto Patishtán




Amnistía Internacional envió el pasado 20 de marzo una carta a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena Alberto Patishtán. Este tribunal debe decidir próximamente el recurso de reconocimiento de inocencia promovido por Alberto Patishtán.

Alberto Patishtán es un profesor indígena tzotzil, originario del Municipio de El Bosque en el Estado de Chiapas. Fue acusado de participar en una emboscada que tuvo lugar el 12 de junio del 2000 en la cual fueron asesinados siete policías y dos personas más resultaron heridas. Tras ser procesado fue sentenciado a 60 años de prisión por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otras acusaciones.

Tras revisar a fondo el caso de Patishtán, Amnistía Internacional concluyó que hubo serias fallas en el proceso, entre ellas irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patishtán como responsable de los delitos. Este testimonio fue tomado en cuenta mientras que la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, fue desechada.

La organización también considera que Alberto Patishtán no tuvo acceso a una defensa adecuada, pues tanto su defensor de oficio como un defensor posterior actuaron con notables deficiencias.

Amnistía Internacional ha documentado en varias ocasiones como el sistema de justicia en México falla en garantizar procesos justos e igualitorios, especialmente cuando la persona acusada es un indígena de escasos recursos económicos y sociales.

La organización espera que el Tribunal Colegiado responda con un fallo justo y ejemplar que reconozca a los avances en la obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo el derecho a un juicio justo y un recurso judicial efectivo. Es esencial que contribuya a establecer jurisprudencia para que casos como el de Alberto Patishtán no vuelvan a ocurrir.

Información adicional

El pasado 6 de marzo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tres votos contra dos resolvió no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia de Patishtán. Como resultado de esta decisión el proceso fue retornado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

El 22 de octubre del 2012, Amnistía Internacional envío una carta a la y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que exponía las irregularidades y la importancia de asegurar que el poder judicial valore las pruebas en el proceso a la luz de la propia jurisprudencia del poder judicial emitida desde la sentencia original contra Alberto Patishtán y que ha supuesto importantes avances en materia de derechos humanos y garantía del derecho a un juicio justo e imparcial.

La carta que fue enviada el pasado 20 de marzo puede consultarse en este enlace:

La carta enviada al SCJN en octubre del año pasado también está disponible mediante el siguiente enlace:

Guatemala: Ola de persecución y asesinatos de líderes sociales

Rocizela Pérez Gómez

ALAI AMLATINA, 26/03/2013.- En los tres primeros meses de 2013, varios dirigentes sociales que defienden los derechos de sus comunidades han sido asesinados o secuestrados, mientras se pone en marcha una política de criminalización, difamación y represión.

La lucha de hombres y mujeres, jóvenes y niños durante los últimos años se ha intensificado en Guatemala, por la defensa de los derechos individuales y colectivos; diferentes comunidades se han organizado para exigir el cumplimiento de los convenios nacionales e internacionales, el respeto a la madre tierra, y el cese al saqueo y contaminación de las empresas hidroeléctricas, mineras y cementeras, así como la lucha por defender los derechos de la clase trabajadora.

La demanda colectiva y la resistencia por la defensa de la vida se ha hecho evidente desde diferentes expresiones; la organización en las comunidades se intensifica para rechazar una vez más los trabajos de exploración y explotación minera en diferentes regiones del país, ya que contaminan el ambiente, destruyen la madre tierra, contaminan y roban el agua, y despojan a las comunidades de sus tierras.

Hombres y mujeres de diferentes regiones del país exigen que el Estado cumpla con lo establecido en los convenios nacionales e internacionales y que los llamados “padres de la patria” (los diputados) legislen a favor de la mayoría de la población. Los pobladores de San José del Golfo, Santa Cruz Barillas, San Juan Sacatepéquez, Santa María Xalapán, entre otras comunidades, resisten y se manifiestan en defensa de la vida y de sus tierras, también demandan la aprobación de la iniciativa de Ley 4084 de Desarrollo Rural Integral.

Durante los últimos meses, los estudiantes normalistas de todo el país se han sumado a la lucha por defender el derecho a la educación después del anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación de que se cambiará el pensum de la carrera magisterial por un Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación Educacional, y luego una carrera técnica a nivel superior.

En las diferentes manifestaciones sociales, en defensa de la vida, se exige el cumplimiento de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y también el artículo 3, que señala textualmente: Derecho a la Vida : El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

En los primeros tres meses del 2013 se han incrementado las políticas de criminalización y represión de las luchas por la defensa de la vida; hombres y mujeres han sido perseguidos e intimidados por empresas mineras, hidroeléctricas, en los que se incluyen periodistas, columnistas y trabajadores de empresas que saquean los territorios; se ha evidenciado una política de difamación y de acusaciones falsas contra organizaciones y dirigentes sociales; dirigentes campesinos, indígenas y sindicalistas han sido perseguidos e incluso asesinados. Veamos algunos ejemplos.

Mes de enero

La dirigencia del Comité de Unidad Campesina -CUC- fue atacada el 24 de enero después de que líderes comunitarios de San Antonio Las Trojes solicitaran su presencia para que medien en el conflicto generado por la construcción de un pozo mecánico de parte de la municipalidad y la empresa Cementos Progreso, en esa localidad.

Cuando la delegación salía del lugar fue interceptada por un grupo de personas que están a favor de la empresa de Cementos Progreso, que, con machetes en mano, amenazaron a la comisión del CUC integrada por Daniel Pascual y otras compañeras y compañeros. El grupo agresor está respaldado por el actual Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-, que los pobladores de la comunidad de San Antonio las Trojes lo han señalado como ilegítimo porque fue integrado por la Empresa Cementos Progreso y un grupo de sus trabajadores durante el estado de prevención que se decretó en San Juan Sacatepéquez en el año 2008.

Los pobladores de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez han realizado denuncias en contra de personas que defienden los intereses de la cementera y que de forma constante criminalizan la lucha de las comunidades que defienden su territorio. Entre las personas denunciadas están: Mariano Noj y Luis Tepeu, éste último representante de la gremial de empresarios indígenas GUATEMAYA, adscrita a la cámara Empresarial de Comercio y Servicios (Cecoms).

Segundo mes

El día martes 26 de febrero, a eso de las 9 de la noche, fue localizado sin vida Tomas Quej, líder del caserío Moxanté, Purulha, Baja Verapaz, de 34 años de edad, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-. El cuerpo fue localizado, con impactos de balas en el pecho y en la cabeza, en la comunidad Chirretzaaj, en la periferia de Cobán a unos 112 kilómetro de Moxanté.

Tercer mes

El viernes 8 de marzo fue asesinado Carlos Hernández miembro de la Coordinación Campesina Nuevo Día, de la Coordinadora de Organizaciones Populares, Indígenas, Iglesias, Sindicales y Campesinas de Oriente (COPISCO) y del comité ejecutivo del Frente Nacional de Lucha. Dicho asesinato se produjo en Camotán, Chiquimula. Hernández fue conocido como defensor de la madre tierra y por su lucha constante en contra de las empresas mineras.

El lunes 11 de marzo fue asesinado Jerónimo Sol Ajcot, en la aldea Chacayá, Santiago Atitlán, Sololá. Seis hombres, fuertemente armados y encapuchados, salieron a su camino y le dieron muerte con arma de fuego, cuando Sol Ajcot salía de su casa de habitación, para dirigirse a su trabajo en la finca Valparaíso, Chicacao del departamento de Suchitepéquez.

Jerónimo Sol Ajcot, de 68 años de edad, era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Tzutujil de Agricultores de Santiago Atitlán, integrante de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina -CONIC-. Sol Ajcot, desde el año pasado, había recibido amenazas de muerte, por parte de personas desconocidas. La denuncia fue realizada en su momento, sin que hasta ahora se investiguen y esclarezcan los hechos.

El martes 12 de marzo, a eso de las 11:30 de la noche, tres hombres fuertemente armados intentaron ingresar en la casa de habitación de Rubén Mazariegos Vásquez, Secretario General de los Sindicatos de Salud Pública Nacional y Vicepresidente de la Unidad de Acción Sindical y Popular UASP, ubicada en Monserrat, zona 4 de Mixco. Con la intervención de la seguridad privada de Rubén Mazariegos, el intento de asesinato fue frustrado. Es de considerar que la UASP ha intervenido y repudiado el modelo extractivo, ha denunciado actos de corrupción fundamentalmente la evasión fiscal de grandes empresarios del país.

El viernes 15 de marzo, a las 7:30 de la mañana, fue capturado Rubén Herrera, cuando estaba saliendo de su casa. Herrera es conocido como defensor de derechos humanos, miembro de la coordinación de Alianza por la Defensa de los Recursos Naturales de Huehuetenango -ADH- del Consejo de Pueblos de Occidente – CPO-. Rubén Herrera fue detenido por la orden emitida en el proceso número 65/2012 del Juzgado de Santa Eulalia de abril de 2012, en el que se acusa a 23 líderes comunitarios de Barillas por la supuesta quema, el día 9 de marzo de ese año, de una maquinaria propiedad de la empresa Hidro Santa Cruz, subsidiaria de Ecoener-Hidralia Energía.

El domingo 17 de marzo fueron secuestrados cuatro líderes de Santa María Xalapán. Dos de ellos, Rigoberto Aguilar y Roberto López, fueron localizados con golpes y señales de tortura, según sus denuncias, mientras que el secretario del Parlamento Xinca, Expectación Marcos, apareció muerto dentro de un vehículo. El presidente del Parlamento Xinca y Mayordomo de la comunidad indígena de Santa María Xalapán, Roberto González, apareció el siguiente día en el municipio de Chimaltenango, después que lo dejaran abandonado en un hotel del municipio.

Los cuatro líderes comunitarios regresaban a sus viviendas luego de participar en el proceso de la consulta comunitaria realizada en la aldea El Volcancito, San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Los dirigentes campesinos fueron secuestrados por una docena de hombres fuertemente armados en la noche del domingo 17 de marzo, a la altura del lugar conocido como Pino Dulce Mataquescuintla.

Jueves 21 de marzo: A través de un comunicado, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG-, condenó las amenazas de muerte contra María Teresa Chiroy Pumay, Secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –STIGSS- organización afiliada al MSICG. Señalaron que dichas amenazas fueron recibidas a través de mensajes de texto en donde se hacia alusión directa a sus actividades sindicales. Se producen en el marco de los logros obtenidos por los diferentes sindicatos -IGSS- que permitieron dejar sin vigencia las reformas al Régimen de Pensiones impulsadas por las actuales autoridades, detuvieron los procesos de terminación de contratos de trabajo contra los y las trabajadoras del IGSS y posibilitaron declarar la inconstitucionalidad parcial en el caso concreto del régimen disciplinario antisindical del IGSS.

Los ataques no son aislados ya que han sido dirigidos contra hombres y mujeres líderes que luchan por la reivindicación de los derechos individuales y colectivos y denuncian, de forma constante, el saqueo de los bienes naturales que realizan las transnacionales, en complicidad con el Gobierno que ha impulsado políticas de represión y criminalización a la lucha organizada.

En informe presentado, en octubre de 2012, por la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala ONG (UDEFEGUA), señala que de enero a octubre de 2012 se registraron 254 hechos de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos.

Entre las principales observaciones y recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, correspondiente al año 2012, se señala que las agresiones siguen afectando particularmente el trabajo de la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de los pueblos indígenas, todos relacionados con la explotación de recursos naturales y falta de consulta e información a las comunidades afectadas.

Además, el informe expresa preocupación ante un posible uso desproporcionado de figuras penales como resistencia, terrorismo y asociación ilícita, ante las protestas de comunidades indígenas y campesinas involucradas en conflictos de tierras; asimismo, destaca la participación de actores no estatales en prácticas que podrían generar vulnerabilidad o ataques directos a las defensoras y defensores de derechos humanos, además se registra la aparición de comentarios racistas y violentos en medios de comunicación y redes sociales en los que se califica como terroristas criminales a las defensoras y defensores de derechos humanos.

Al referirse a la explotación de recursos naturales en territorios indígenas, la Alta Comisionada subraya que es fundamental abordar las situaciones a partir de los derechos de los pueblos indígenas, en particular del derecho a la propiedad colectiva de la tierra, del consentimiento libre, previo e informado y del derecho de establecer su propio concepto de desarrollo, en el marco de la libre determinación.

- Rocizela Pérez Gómez es periodista de la CLOC/Vía Campesina en Guatemala.

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Quedan 24 horas para aprobar un Tratado sobre Comercio de Armas que puede salvar vidas.




El día de hoy, 27 de marzo, se dio a conocer en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la propuesta de Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) que de ser aprobado regularía por primera vez el comercio internacional de armas.

Los líderes mundiales tienen solo un día más para adoptar el texto final de este Tratado, pues el día 28 debe aprobarse o rechazarse. Esta adopción conformaría un importante paso para poner fin al devastador impacto humanitario y en los derechos humanos consecuencia de un comercio global irresponsable de armas y municiones.

Amnistía Internacional confía que el texto del borrador final del tratado sea adoptado por todos los estados miembros de la ONU mañana, venciendo la resistencia de algunos países.

“Aunque aún hay deficiencias en el texto de este borrador final, si los gobiernos muestran una voluntad política para cumplirlo, este Tratado tiene el potencial de proveer medidas significativas de protección a los derechos humanos y poner un freno a muchos conflictos”, afirmó Brian Wood, responsable del la Campaña de Control de Armas de Amnistía Internacional.

“Tras casi dos décadas de campaña de Amnistía Internacional y sus miembros en todo el mundo, estamos finalmente cerca de presenciar la aprobación del un tratado que incluye fuertes restricciones en las trasferencias de armas que son utilizadas para alimentar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Este tratado dejaría a los estados exportadores de armas sin margen de maniobra para seguir enviando armas que se utilicen para cometer atrocidades” agregó Wood.

La organización considera esperanzador que el texto final del tratador obliga a los estados a evaluar el riesgo de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, antes de permitir que se efectúe una transferencia de armas.

Sin embargo, decepciona a Amnistía Internacional que, a pesar de las preocupaciones de muchos gobiernos, el tratado limita demasiado los tipos de armas sobre las cuales tiene efecto, pero la organización espera que los estados interpreten y cumplan este tratado no solo para las armas explícitamente mencionada sino para todas las armas que pueda ser aplicable.

También preocupa a Amnistía Internacional que una clausula relativa a los acuerdos de cooperación en materia de defensa pueda ser utilizada para eludir las disposiciones del tratado.

Amnistía Internacional espera que todos los países ratifiquen e implementen de manera pronta el tratado una vez que este sea adoptado.

Información adicional:

Representantes de Amnistía Internacional se encuentran en las negociaciones finales que están teniendo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York haciendo campaña para que se adopte un tratado sobre Comercio de Armas que proteja los derechos humanos.

Activistas en todo han hecho campaña y recolectado cientos de miles firmas para hacer presión sobre los estados que forman parte de estas negociaciones, el pasado 19 de marzo Amnistía Internacional México entrego casi 25,000 firmas a representantes del gobierno de los Estados Unidos de personas que exigían a este país que contribuyera a la adopción de un Tratado de Comercio de Armas que protegiera los derechos humanos.

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