lunes, 1 de abril de 2013

Cierran cuentas de ‘Valor por Tamaulipas’ en Twitter y #Fb, tras amenazas del ‘narco’


El o los administradores de la página que se encargaban de ofrecer "información de prevención y seguimiento de SDR (Situaciones de Riesgo) en Tamps", dieron de baja sus perfiles en redes sociales.



La página ‘Valor por Tamaulipas’, que alertaba a la ciudadanía sobre reportes de violencia, balaceras, enfrentamientos y bloqueos relacionados con el crimen organizado, desapareció sus cuentas de Facebook y de Twitter.

De acuerdo al diario La Jornada, la cuenta original tenía más de 212 mil seguidores y fue creada desde el primero de enero del 2012, sin embargo, al realizar una búsqueda en Facebook, se pueden encontrar páginas similares o imitaciones, que tienen un menor número de “likes” (me gusta).

Una cuenta de Facebook denominada “Responsabilidad por Tamaulipas”, en cuyo perfil se define como una “red de colaboración”, publica un comunicado en el que explica el motivo de la suspensión de las cuentas del usuario Valor por Tamaulipas.

“Hoy, anunciamos una suspensión temporal en las actividades de ambas cuentas, con el fin de fortalecer la labor de nuestro blog y con ello también, proteger a los administradores de dichas páginas”, informó este lunes “Responsabilidad por Tamaulipas”.

Asimismo, señala que “en breve estaremos reestrenando nuestras cuentas y generando nuevamente información objetiva, veraz y oportuna que sirva al pueblo tamaulipeco y a toda aquella gente de bien que transite por nuestro estado”.





El 13 de febrero comenzaron a aparecer volantes de detractores quienes ofrecieron: “600 mil pesos para el que aporte datos exactos del dueño de la página ‘Valor por Tamaulipas’. El 23 de febrero el usuario concedió una entrevista a la AFP y señaló que “el origen de la amenaza podría estar relacionada entre autoridades corruptas e integrantes de los Z (cártel Los Zetas)”.


La revista Proceso, de circulación nacional, retomó el caso y le dedicó una de sus portadas a la amenaza del narcotráfico a las redes sociales.

Se reproduce un fragmento de lo publicado por dicha revista de investigación:

Uno de los dos cárteles que operan en esta entidad puso precio a las cabezas de los administradores de las páginas y cuentas de Valor por Tamaulipas en Facebook y Twitter: Repartió cientos de volantes en esta y otras ciudades del estado, en los que ofrece una “recompensa” de 600 mil pesos a quienes ayuden a identificarlos.

Valor por Tamaulipas se ganó el odio de la mafia sólo porque se ha dedicado a alertar a la población sobre las “situaciones de riesgo” que cotidianamente tienen lugar en el estado: tiroteos, secuestros, extorsiones… El hecho no tuvo respuesta de las autoridades de esta entidad, donde el Cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas imponen su ley.

En Tamaulipas no se publica nada sobre la inseguridad y la violencia si esos cárteles no lo autorizan. Los medios que antes se atrevían a informar fueron callados a base de bombas o ráfagas de cuernos de chivo. Eso le pasó varias veces al periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, hasta que decidió suprimir todo lo relativo al crimen organizado.

Después de someter a los grandes medios las mafias siguieron con los blogs que denunciaban sus acciones. En septiembre de 2011 también callaron esas voces luego de que Los Zetas colgaran de un puente de Nuevo Laredo a dos jóvenes blogueros y asesinaran y descuartizaran a otra, una periodista que en internet se identificaba como La Nena de Nuevo Laredo.

(Con información de La Jornada y Proceso)

Apoya Morena a maestros que se amparen contra reforma educativa

Rosalía Vergara

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, anunció que dicha organización iniciará una campaña de apoyo a los profesores que se amparen contra la reforma educativa porque, en su opinión, viola los derechos laborales y humanos del magisterio.

En conferencia de prensa, Batres señaló que dicha iniciativa promovida en el Pacto por México es inconstitucional y regresiva. “Viola los artículos 1, 3 y 123 de la Constitución, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, argumentó.

“La reforma violenta el espíritu del artículo primero, que establece la progresividad de los derechos, principio que prohíbe dar marcha atrás en garantías ya conquistadas, así como el artículo tercero de la Carta Magna, debido a que, al legalizar las cuotas que hasta hoy pagan ilegalmente los padres de familia, se atenta contra el principio de gratuidad de la educación pública. Asimismo, el apartado B del artículo 123 es lesionado al atentar contra la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación”, dijo Batres.

Por su parte, Jesús Martín del Campo destacó que dicha iniciativa forma parte de un proceso que tiende a la anulación de las escuelas normales para lograr su cierre.

“Es falso que los maestros se nieguen a ser evaluados. No obstante, señaló que la evaluación a la que son sometidos los educadores es absurda, ya que se quiere medir el rendimiento por igual de niños de la montaña de Guerrero que de niños de una colonia de clase media en la Ciudad de México, sin considerar un conjunto de condiciones con las que aprenden”, destacó.

Según su percepción, la tendencia es ir cerrando todo el sistema de educación pública, deteriorando al sistema educativo nacional.

Asimismo, recordó que con los gobiernos neoliberales ha habido un descenso real del presupuesto a la educación lo que ha traído consigo que se haya dejado de invertir en infraestructura de las escuelas.

Martín del Campo destacó que al 15 de marzo pasado se habían amparado 130 mil maestros.

El amparo que promueven los maestros estará disponible en cada sede de Morena para que quien así lo desee pueda emprender esta acción.

Beneficia la reforma a transnacionales; afectará la economía de los mexicanos


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- La estrategia nacional de energía del gobierno federal establece ceder la renta petrolera a las empresas trasnacionales, lo que elevará aún más el precio de los combustibles, manifestó Rocío Nahle, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE).

En entrevista, manifestó que desde la pasada reforma energética se ha estado dando una serie de beneficios a las empresas trasnacionales, más allá de los contratos incentivados que se aprobaron.

Apuntó que desde hace varios años, no sólo se les está pagando a estas empresas por la extracción de petróleo y sus servicios alternos, sino que además se les da una parte de la renta petrolera por cada campamento en producción.

Recordó que actualmente Petróleos Mexicanos (Pemex) paga el siete por ciento de sus ingresos en impuesto, lo cual junto a la pérdida de recursos por ceder esta renta petrolera podría generar un severo desbalance dentro de la economía de la empresa paraestal.

“El año pasado Pemex pagó 7.3 billones a la Secretaría de Hacienda, paga el 70 por ciento, ¿qué necesidad de compartir la renta petrolera con otras empresas, cuando esos mismo trabajos los pueden ejecutar los mismos trabajadores de la empresa?”, cuestionó.

La también integrante del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 indicó que esta falta de recursos incrementará el precio de los combustibles en México, lo cual repercutirá de manera directa sobre la población.

“En la estrategia nacional, se habla en muchos apartados de la privatización de los procesos de Pemex, no se habla de una apertura y esto ya fue aprobado por los legisladores del PRI y del PAN, se observa un gran problema nacional”, apuntó la activista de izquierda.

Manifestó que durante cada sexenio se han relanzando proyectos de extracción de combustibles en zonas que son poco accesibles para poder darle trabajo a las trasnacionales; en el sexenio de Vicente Fox se dio prioridad a la cuenca de Burgos, con Felipe Calderón fue Chicontepec y en esta nueva administración será el Shale Gas y el Shale oil.

Rocío Nahle indicó que actualmente el 75 por ciento de las reservas de petrolero las mantienen las empresas nacionales, por eso las trasnacionales están buscando acuerdos en los estados más vulnerables para aumentar las suyas; México está cediendo a estos intereses, con base a estas reformas estructurales.

“Todas las empresas petroleras nacionales están resguardando sus reservas para mantener su seguridad energética, mientras el gobierno actual actúa con gatopardismo diciendo que no hay privatización cuando en su propuesta sí la plantea”, puntualizó.

Por encima de la Sedema, avanza destrucción del predio La Joyita


TULIO MORENO ALVARADO

Con sobradas evidencias legales y de estudios ambientales de rechazo a la demolición del recurso ecológico La Joyita, los trabajos de desmonte, tala y modificación del predio siguen adelante en tanto las autoridades municipales de Xalapa aseguran que no existe impedimento para que se construya sobre las las 34 hectáreas de bosque mesófilo, en virtud que “el propietario del predio cumple con las normas y los requisitos que establece el reglamento municipal”. Sin embargo, la reiterada negativa de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) a autorizar la construcción de vivienda y un centro comercial –en dos momentos distintos– refiere los aspectos negativos de la alteración de La Joyita y descubre los fuertes intereses económicos en torno a un proyecto en el que se halla involucrada una operación cercana a los 4 millones de dólares, que pagó el Banco JP Morgan por poco más de 32 mil 830 metros cuadrados del mencionado terreno.

Luego de una especie de empate técnico en que los grupos ambientalistas lograron que se revisaran a fondo las autorizaciones para la ejecución de un desarrollo comercial y habitacional que pretende realizar Justo Fernández Ávila –propietario del terreno y miembro de la familia que ha construido prácticamente todos los desarrollos habitacionales de la capital en terrenos con vocacion cafetalera–, las obras se reanudaron tras de que la semana anterior el municipio capitalino desestimó la petición del Comité de Defensa del predio La Joyita de interponer una demanda de lesividad a fin de preservar ese recurso biológico.

Tanto la actual gestión municipal como la anterior encabezada por David Velasco Chedraui optaron por “lavarse las manos” sostiene María Cristina Azuara, integrante del Comité, y afirmó que ambas administraciones sostienen su imposibilidad de interrumpir los trabajos porque el propietario cumple con los documentos que marca la ley; no obstante el Comité insiste en que éstos “estan amañados”.

“Los documentos de los que habla el ayuntamiento son los que ellos mismos (la autoridad) le otorgaron a los particulares, de forma irregular. Ellos (los particulares) no cumplieron con la ley, porque el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que les aprobó la autoridad tiene muchas deficiencias, y aún así procedieron. El municipio tiene que buscar la manera de revocar los permisos de construcción en lo que se resuelve el proceso de expropiación en que se encuentra el predio”.

La activista mencionó que si el proceso de expropiación determina que no es factible que se conserve el bosque, entonces, que se liberen los permisos, pero no antes.“Pero el municipio se lava las manos, no se coordina con las dependencias estatales, no muestra interés por rescatar este bosque. La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) no ha emitido un resolutivo sobre la expropiación y, entonces, no puede tenerse un proceso de construcción en proceso”.

Por su lado, el ex alcalde de Xalapa, David Velasco Chedraui aseguró que durante su administración se recibieron los permisos de construcción en el predio La Joyita y los etiquetó como “apegados a derecho, ya que los dueños acreditaron los requisitos que manda el reglamento municipal, lo que nos obligó (como ayuntamiento), a entregarles los permisos”.

Se desconoce si hubo rescate de especies animales y vegetales en el inicio de los trabajos

A finales de diciembre de 2006, a la petición de Justo Fernández Ávila de autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales para la construcción del Conjunto Urbano La Jolla, ubicado en el predio conocido como La Joyita, la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la Semarnat dictaminó en principio las características de ecosistema de bosque mesófilo de esas primeras 16.32 has sobre las que se pretende edificar ese complejo habitacional. Para ello, informó al propietario que a cambio debería depositar 906 mil 747 pesos “por concepto de compensación ambiental a fin de reforestar, restaurar y mantener las 97.92 hectáreas” que conforman la totalidad del predio debido a que “se verá afectada de manera permanente la vegetación forestal así como la presencia detectada de especies de flora y fauna en categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001, por lo que se deberán establecer las acciones para garantizar su permanencia”.

La Semarnat observó en ese momento la autorización para el cambio de uso de suelo según el artículo 117 de la Ley General de Desarrollo forestal Sustentable que dice: “La secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, por excepción, previa opinión tecnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad ni se provocará la erosión de los suelos, deterioro de la calidad del agua, la disminución en su captación; y que los usos alternativos del sueno que se propngan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada”.

Rápidamente, tras una visita de Rubén Pérez García, coordinador del área de Regulación, Gestión y Conservación de Suelos, quien confirmó la existencia de flora y fauna protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2001, el entonces delegado federal Manuel Molina Martínez autorizó el cambio de uso de suelo y estableció que previo al inicio de los trabajos, Fernández Ávila debió emprender y notificar a la Profepa del arranque de “un programa de rescate, reubicación y manejo de las especies de flora y fauna endémica amenazadas o sujetas a protección especial”.

Manifiestos de Impacto Ambiental “inconsistentes, deficientes e imprecisos”

Se desconoce a la fecha si Fernández Ávila cumplió con el plan de rescate ambiental o realizó inventarios de especies animales y vegetales para su protección, sin embargo, de lo que sí se tiene conocimiento es que cuando menos cinco distintos estudios realizados por especialistas de instituciones oficiales y privadas coincidieron en que los Manifiestos de Impacto Ambiental presentados resultan “inconsistentes, deficientes e imprecisas”. Uno de ellos, el elaborado en noviembre de 2007 por Miguel Equihua Zamora y Arturo Hernández Huerta, del Inecol, afirma que la principal carencia de información esta relacionada con las condicionantes especificadas por el ayuntamiento de Xalapa para autorizar el uso de suelo mixto-habitacional, entre otras la prohibición de fraccionar áreas con pendientes mayores a 30 por ciento ni aquellas que cuenten con alta densidad árborea. De igual modo no se dan a conocer otros pormenores relacionados con los consumos de agua, la disposición de desechos, y otros residuos etcétera. Y concluyen: “debido a las deficiencias e imprecisiones que presenta el MIA sobre la caracterización ambiental del proyecto, resulta inapropiado emitir opinión técnica sobre el proyecto hasta no tener completa la información que requiere el MIA”.

En el mismo sentido coincidió Héctor Narave Flores, de la facultad de Biología de la UV, quien el 3 de noviembre de 2007 notificó al coordinador general del medio ambiente de la entonces Secretaría de Desarrollo Socia y Medio Ambiente (Sedesma), Alonso Domínguez Ferráez, su extrañeza ante el hecho de que en contrasentido a lo que dictamina el MIA “la obra implicará no remover ningún ejemplar arbóreo en áreas verdes arboladas. Por lo tanto no habrá afectación a la flora y cubierta vegetal durante la ejecución del proyecto”, evidencias fotográficas permiten observar una calle y desmonte a su alrededor sin que se tenga conocimiento de la cantidad y el volúmen de los árboles talados, en un enclave considerado área natural protegida El Tejar-Garnica.

De su lado, Adalberto Tejeda Martínez, en su momento director General de Investigaciones de la UV, coincidió sustantivamente en los mismos términos (MIA incompleto, opacidad en los programas de rescate ambiental, etcétera) y recomendó a la Sedesma que la empresa que realizó el MIA lo realice de forma integral.

En su turno, Domingo Canales Espinoza, director general del área académica de Ciencias Biológicas Agropecuarias de la UV recomendó que “éste y cualquere proyecto además de cumplir con los procesos y trámites administrativos establecidos en las Leyes en materia, se apegue al espíritu y objetivos de las mismas sin contravenirlos” y recomendó la posibilidad de que se realice una consulta pública (de acuerdo a lo señalado en al artículo 43 de la Ley General de Protección Ambiental) debido al impacto que tendrá la obra en la comunidad.

La Sedema rechazó la lotificación en La Joyita pero la familia se puso de acuerdo

Una vez recibida la autorización para la construcción inicial sobre las 16 hectáres del conjunto habitacional, la familia Fernández inició –sin esperarse al permiso de la Sedesma– la modificación del predio con permisos otorgados por la administración municipal de David Velasco Chedraui, sin embargo, la coordinación general del Medio Ambiente a cargo de Alonso Domínguez Ferráez negó el 25 de marzo de 2008 su aprobación para la urbanización y lotificación del Conjunto Urbano La Jolla, debido a las múltiples observaciones de académicos e instituciones sobre las deficiencias del MIA y la posibilidad de que su destrucción impactara no sólo en la flora y la fauna sino en la calidad de vida de los xalapeños.

La familia Fernández se puso de acuerdo y el 11 de mayo de 2009 –sin recibir ninguna sanción además por el daño realizado al predio al iniciar labores sin permisos ambientales– impugnó la resolución obteniendo una cómoda salida mediante el dictamen que realizaron los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, anulando el resolutivo de la Sedema y en voz de la magistrada Emma Rodríguez Cañada de Palacios –vinculada políticamente a la familia Fernández– recurrió a un bizarro argumento: como ya existen en el mismo predio un centro comercial, dos agencias automotrices y se construye un hospital, entonces “se infiere que deben contar con la aprobación de las correspondientes manifestaciones de impacto ambiental”.

Así las cosas, la Coordinación General del Medio Ambiente reculó y un año después –mediante un documento en el que prácticamente se desdice el 22 de octubre de 2009– dio su autorización para la lotificación de los terrenos y la modificación del entorno ecológico, previa condición a cumplir con la normatividad.

En 2006 recibieron otra negativa para modificar el predio

Una vez salvado este primer escollo, la familia Fernández escaló el tamaño del proyecto y entonces se supo que la lotificación para el desarrollo de viviendas era sólo parte de un plan mas ambicioso pues la alteración tenía otros alcances, cuyos trámites iniciados en 2006 comprendían la ejecución de un centro comercial en una superficie de 32 mil 830 metros cuadrados, el doble del tamaño que La Jolla y en el que participa como fiduciario el banco JP Morgan.

Pero ya el 6 de noviembre de ese año, la Coordinación General del Medio Ambiente había evaluado y rechazado el proyecto debido a que la salida del Centro Comercial atravesaría por dos propiedades, una privada y otra propiedad del gobierno estatal; que la evaluación de los impactos ambientales de la obra conllevaría “impactos negativos mucho mayores que los positivos” y que –al igual que en La Jolla– “no se contemplan medidas ambientales específicas que aseguren la no afectación de espeies de flora y funa en la NOM-059-SEMARNAT 2001”

En el oficio IA-1117-2006 relativo al expediente MIA-130/2006 la dependencia estatal negó su aprobación debido a que “El proyecto no es viable ya que al momento de evaluar el mismo no existe factibilidad para poder acceder al centro comercial; el proyecto ambientalmente no es viable ya que el balance final reportado en el MIA arroja que el mismo traerá más impactos negtivos que positivos y el proyecto no demuestra que la obra no propiciará afectaciones a las 14 especies de flora y fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2001 que reporta el estudio”.

El 29 de junio de 2007, la entonces titular de la Sedesma, Silvia Domínguez, respondió al instrumento de revisión y amparo indirecto promovido por Carlos Marcin Pallares y Jose Bitar Romo, ambos apoderados legales de México Retail Properties Fund IS de RL y representantes del Banco JP Morgan como fiduciario éste del Fideicomiso F/00258. La funcionaria hizo referencia al MIA presentada ante la dependencia para la construcción del centro comercial y a una serie de quejas de los fiduciarios en contra de la negativa a los permisos estatales; entre éstos destaca la presentación del contrato de compraventa del banco con Justo Fernández, en el que éste se comprometía a iniciar a la brevedad la construcción de la avenida central sobre el predio a más tardar el 15 de febrero de 2006, en caso contrario, Fernández Ávila se vería obligado a pagar 5 mil dólares diarios en tanto se concluyera el trazado urbano interno o incumpliera cualquiera otra de sus obligaciones.

Previamente, la institución bancaria había adquirido de la familia Fernández, poco mas de 32 mil 830 metros cuadrados mediante el pago de 3 millones 939 mil dólares, con diversos compromisos de los fraccionadores que iban desde la construcción de una avenida que comunica a La Joyita con la Murillo Vidal hasta la protección de áreas verdes y la obtención de toda clase de autorizaciones y permisos para la edificación de centros comerciales del tipo Soriana o Chedraui, según consta en la “Carta de Instrucciones del Fideicomitente” realizada en la notaria pública 102 de la ciudad de México a cargo de Jose María Morera González. Además, se estableció la contratación entre ambos actores de una hipoteca “hasta por 3 millones 500 mil dólares” con la institución fiduciaria como parte de la negociación de compra-venta y también se dejó abierta la opción para el banco de adquirir el resto del terreno.

Con este contundente argumento, se pretendió forzar a la Sedesma para autorizar la obra y por ello se entiende que los fraccionadores hayan decidido comenzar los trabajos aún sin contar con los permisos formales correspondientes; de ahí que intentaron hacer valer una peculiar interpretación del MIA referente a supuestas Medidas de Prevención y Mitigación de Impactos –aceptadas como pruebas para otorgarles en primera instancia el amparo indirecto–. Sin embargo, en el resolutivo, la funcionaria concluye que éste último aspecto “sólo es una manipulación de datos para favorecer el proyecto, más no un análisis metodológico objetivo basado en información técnico científica” y confirma la negativa de aprobación de la manifestación de impacto ambiental solicitada por el Banco JP Morgan.

Todo fue inútil pues el 6 de septiembre del 2007, el Juzgado segundo de distrito sobreseeo el juicio de amparo 727/2007 promovido por la institución bancaria y reiteró que la justicia de la unión no ampara ni protege a la persona moral denominada Banco JP Morgan SA de CV en contra de la disposición de la Sedesma.

A la fecha, existe un recurso de impugnación del banco (cuyo dictamen final se desconoce) pero también esta la respuesta oficial de la dependencia estatal –mediante el oficio SEDEMA/DGPCCEA-096/2013, signado por la directora general de Prevención y Control de la Contaminación y Evaluación ambiental de la Sedema, Anabell Rosas Domínguez–, por medio del cual notifica al Comité ciudadano en defensa de La Joyita que “del 2007 a la fecha no hemos recibido solicitud alguna para el desarrollo de la obra que ustedes mencionan en el predio La Joyita. Anterior a esta fecha se tiene un expediente que data de 2006 a nombre de JP Morgan institución de banca múltiple que se refiere a un centro comercial en el predio en cuestión y que fue resuelto en sentido negativo”.

No obstante, en el interior del predio y con permisos autorizados por el municipio xalapeño, la destrucción de La Joyita continúa.

Desaparecen 325 personas en la administración de Rafael Moreno Valle


Por : Arturo Alfaro Galán
2013-04-01 12:20:00

En lo que va de la administración de Rafael Moreno Valle, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) reportó la desaparición de 325 personas, de las cuales 161 son mujeres. De acuerdo con cifras del sistema de transparencia estatal Infomex, durante 2013 se han presentado ocho casos, de los cuales cinco se registraron en el municipio de Puebla. Del total de 325 extravíos en Puebla, sólo se han localizado -vivos o muertos - a 147 personas, reveló una solicitud de información.

Detienen y liberan a opositor de la hidroeléctrica de Grupo México en Olintla


Por : Arturo Alfaro Galán
2013-04-01 12:33:00

Miguel Vázquez, líder del grupo opositor a la construcción de una presa a cargo de Grupo México en el municipio de Olintla, fue retenido por la policía municipal por presuntamente agredir a machetazos a un poblador, lo cual nunca sucedió. Miguel Vázquez, quien fue liberado tras dos horas de encierro en la alcaldía, acusó que las autoridades municipales han emprendido una campaña de terror en contra de los opositores a la construcción de la hidroeléctrica, como ha sucedió en los últimos 15 días en los que el Ayuntamiento de Olintla ordenó el corte de suministro de agua para la junta auxiliar de Ignacio Zaragoza, donde residen los principales opositores al proyecto.

Comunidades se unen para impedir que la termoeléctrica use el agua de la zona


Fernando Baltazar

AYALA. Comisariados de por lo menos 20 comunidades de Ayala y Tlaltizapán, integrados en la Unión de Ejidos La Tierra del Jefe, acordaron continuar con el movimiento para impedir que 580 litros por segundo de agua de la planta de tratamiento de Cuautla sean llevados a Huesca, en Yecapixtla, para el funcionamiento de la termoeléctrica de ciclo combinado que ahí se construye. El alcalde de Ayala dijo respetar los acuerdos a los que lleguen las mayorías.

En la reunión realizada en las instalaciones de la Unión de ejidos, a la que asistieron todos los representantes de los dos municipios, el presidente de la Asociación de Usuarios del río Cuautla Rubén Servín Sánchez, además de vecinos de San pedro Apatlaco, donde se construye el cárcamo que utilizarán para instalar el equipo de bombeo y los primeros metros de tubería de 26 pulgadas, y miembros del Frente de Pueblos Unidos en la Defensa del Agua y la Tierra, la tensión era manifiesta, por el malestar que ha generado el proyecto financiado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que ha involucrado a autoridades de diferentes niveles de gobierno.

En esta ocasión, sin que fuera invitado, llegó el presidente municipal de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel, a aclarar su postura en torno a la posibilidad de que se genere un conflicto social con el proyecto pues mientras un grupo de vecinos de Apatlaco se manifiesta en contra, otro más esta de acuerdo, pero la gran mayoría de ejidatarios dice no al proyecto.

Reiteró que como autoridad y vecino de una de las comunidades de Ayala, se encuentra a favor de o que digan las mayorías, pero siempre con estricto apego a derecho y con el cuidado de cumplir las formas, para ello propuso que se llevaran a cabo asambleas ejidales en cada una de las comunidades que se sientan afectadas y con el acuerdo firmado por la máxima autoridad ejidal que es la asamblea. Pero además informó que han detectado irregularidades en la emisión de la licencia de construcción del cárcamo, ya que el cambio de uso de suelo lo otorga el estado y no el municipio como es su facultad, razón por la cual iniciará el proceso para anular la misma.

Además una vecina afectada informó que el documento se encuentra condicionado, ya que establece que se otorga la licencia siempre y cuando la empresa logra los permisos de las familias por cuyos terrenos o frentes pasará el tubo. Por su parte, Cesar Machado quien dijo ser el abogado de los comisariados ejidales, fue más allá y solicitó al alcalde su firma para realizar la publicación de una carta abierta el presidente de la República Enrique Peña Nieto para manifestar su rechazo al proyecto que calificó de abominable, ya que pretende extraer 580 litros por segundo de la planta de tratamiento que afora 630 litros, situación que afectará notablemente al río Cuautla y con ello a los agricultores que dependen de él.

Acordaron además, solicitar el apoyo de los presidentes municipales de las localidades por donde pasará el gasoducto, el acueducto y se construye la termoeléctrica de ciclo combinado para fortalecer el movimiento ciudadano, culminar con un encuentro con el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu y pedir que no permita la realización del mismo. Por el momento realizarán movilizaciones.

Activistas exigen a Michoacán ley que prevenga la desaparición forzada


• El Cofaddem hizo un llamado a otras organizaciones para llevar a cabo una colecta de firmas que respalden la propuesta.

México, DF. Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México (Cofaddem) hicieron un llamado este lunes a miembros de otras organizaciones no gubernamentales y a organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para que se sumen a una campaña de recolección de firmas encaminadas a exigir a las autoridades del estado de Michoacán que emitan una legislación que prevenga la desaparición forzada de personas en la entidad, que ayude en la localización de quienes ya han sido víctimas de algún tipo de secuestro.

En una conferencia de prensa, la Cofaddem dio lectura a un comunicado en el que expusieron que “las desapariciones forzadas de personas, particularmente en el estado de Michoacán, continúa siendo una lastimosa realidad para los familiares de los desaparecidos y para la sociedad en su conjunto, al ser este fenómeno ya no solamente enclaustrado en la impunidad y el silencio de todas las instancias encargadas de ejercer las investigaciones con su debido proceso, sino que lamentablemente es aterrador y alarmante el silencio del gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figeroa, al tomar este problema con absoluta indiferencia”.

Alberto Patishtán anuncia 2a. etapa de ayuno durante 12 dias de 12 horas diarias con el único motivo de exigir Justicia y libertad

A la Opinión Pública
A los Medios de Comunicación Estatal, Nacional e Internacional
A los Medios Alternativos
A los Adherentes a la Sexta
A las Organizaciones Independientes
A los Defensores de los Derechos Humanos ONGs

Preso Politico “La Voz del Amate” Adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN. Recluido en el penal No. 5, San Cristóbal de Las Casas Chiapas.

Después de los 3 días de nuestra marcha de protesta, nuevamente este lunes 01 de abril iniciaremos nuestra 2a. Etapa de ayuno durante 12 dias de 12 horas diarias con el único motivo y fin es exigir Justicia y libertad de estos encarcelamientos injustos que nos tiene privado de nuestras libertades.

Es por eso que sigo haciendo este llamado al 1er. Tribunal Colegiado Vigésimo Circuito de Chiapas, a que resuelva y que reconoscan mi Reconocimiento de Inocencia, ya que en mi proceso que llevé estan llenos de falsedades y arbitrariedades.

Como también exijo al Gobierno del Estado Manuel Velasco Coello a que tome en cuenta las demandas de libertad de mis compañeros Solidarios de la Voz del Amate ya que también son víctimas de las injusticias por eso pido al Gobierno a que libere mis compañeros lo mas pronto posible.

Por último invito a todos y todas las-os compañeros y compañeras, tanto Organizaciones Independientes y colectivos a exigir a los que gobiernan a que nos libere de manera inmediata.

¡Vivir o morir por la Verdad y la Justicia!

FRATERNALMENTE

Preso Político “La Voz del Amate”

Alberto Patishtan Gómez

Penal No. 5, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 01 de Abril del 2013.

Haití: ¡Ellos necesitan solidaridad no soldados!

Joao Pedro Stedile

ALAI AMLATINA, 01/04/2013.-

Queridos amigos y amigas,

Acabo de llegar de un viaje a Haití. Fui a participar en un congreso del movimiento campesino haitiano y aproveché la ocasión para visitar varias regiones del país y los proyectos que la brigada de la Vía Campesina/ALBA, está desarrollando en solidaridad con el pueblo de Haití.

Me gustaría comenzar mi carta, comentando las características principales de esta nación. Es un país del tamaño de Alagoas (27 mil Km2), todo él montañoso, como Minas Gerais, y con las montañas totalmente devastadas, o sea sin cobertura vegetal, pues los campesinos, en el transcurso de varias décadas, tuvieron que recurrir al carbón como única fuente de energía y de renta. Toda la alimentación de Haití es preparada con carbón. No hay cocinas a gas en el país, con la salvedad de los barrios ricos de Puerto Príncipe. El clima es semi-árido en todo el país. Llueve sólo tres meses por año, y después aquella sequía nordestina... Y la población es de diez millones de personas, en ese pequeño territorio superpoblado, con un 95% de afrodescendientes y 5% de mulatos.

Ellos son los herederos de la primera gran revolución social de América Latina, cuando en 1804, se rebelaron contra los colonizadores franceses que los explotaban como esclavos, y los condenaban a tener una esperanza de vida de solo 35 años. Expulsaron a todos los colonizadores, eliminaron la esclavitud y distribuyeron las tierras. Y como sabían que los colonizadores podrían volver aún más armados, subieron a las montañas, en donde viven hasta hoy.

Los colonizadores volvieron, pero ya no eran los franceses, ahora vinieron los capitalistas de Estados Unidos que ocuparon el país durante las primeras décadas del siglo XX. Y cuando salieron, dejaron la dictadura de Duvalier, pro-estadounidense que aterrorizó a la población de 1957 a 1986. Luego siguieron gobiernos temporales.

En 1990, eligieron al padre Arístide, adherente a la teología de la liberación. Él no renunció, los americanos lo derrocaron y lo llevaron a Washington, para darle clases de neoliberalismo. Volvió domesticado para cumplir otro mandato.

Después eligieron al Presidente Preval, que logró cumplir su mandato, pero sin ningún cambio democrático. Y ahora, eligieron un gobierno títere de los estadounidenses, que gastó 25 millones de dólares en la campaña electoral. Todos saben en Haití, que el pueblo no lo eligió.

Debería haber elecciones para el parlamento, cuyo mandato expiró hace más de seis meses. Pero nadie habla de eso. Por tanto, ya no existe parlamento legalmente constituido, aunque funcione. En la práctica ¡el poder real es ejercido por las tropas de las Naciones Unidas, llamadas Minustah!

Por tanto, a pesar de haberse liberado de la esclavitud, el pueblo haitiano vivió pocos años de democracia (burguesa).

El pueblo vive en pobreza extrema, con carencias de comida y bienes materiales. Pobreza que se agravó con el terremoto de enero de 2010, que mató a miles de personas y destruyó prácticamente toda la ciudad de Puerto Príncipe. Pero es un pueblo que se mantiene con dignidad y altivez, unido por la cultura, por el idioma creole, que en el mundo sólo hablan ellos, y por el vudú (equivalente a nuestro candomblé), practicado por casi toda población, aunque mantengan un sincretismo religioso, en el estilo: los domingos a la misa y los viernes a la fiesta.

En las regiones rurales, no hay escuelas. El 70% de la población vive en el medio rural. El analfabetismo afecta al 65% de la población. No hay energía eléctrica en el interior, sólo en Puerto Príncipe. Hay sólo tres carreteras nacionales asfaltadas. Y no hay agua potable. Todo el mundo necesita comprar agua potable, a precios internacionales.

El año pasado, por primera vez en su historia, hubo una epidemia de cólera, que mató a centenares de personas. La enfermedad medieval fue traída por las tropas de Nepal, que hacían sus necesidades en el principal río del país. ¿Algún tribunal internacional se anima a procesar a las Naciones Unidas por esas muertes?

Más del 65% de todos los alimentos son importados o llegan en forma de donación, que son apropiados por una burguesía comercial negra, que explota a la población.

Cuando las familias consiguen tener algún recurso para comprar los productos que vienen de la vecina Republicana Dominicana, es porque reciben ayudas de parientes que trabajan en los Estados Unidos.

Chávez salvó al pueblo de Haití del caos, al suministrar petróleo a través de Petrocaribe, y propuso que el gobierno local destinara los recursos recibidos a proyectos sociales. El combustible es vendido en los surtidores, pero el gobierno nunca explicó al pueblo dónde está invirtiendo esa renta.

En un escenario como el descrito, no es difícil imaginar cuándo vendrán las próximas revueltas populares. Pero no se asusten, allá están 12 mil soldados de muchos países del mundo coordinados por el ejército brasileño, con el membrete de las Naciones Unidas, para contener posibles revueltas. Desfilan en convoyes fuertemente armados, sólo para decir al pueblo: No se olviden, ¡estamos aquí para mantener el orden! El orden de la pobreza y de la nueva esclavitud. Allá no hay guerra, ni violencia (las tasas de homicidios son las más bajas de América Latina), los soldados están allá solo como policías.

Pregunté a los soldados brasileños porque están allá, pues ni siquiera dominan el creole para comunicarse con la población. La única respuesta que obtuve fue que si salieran entrarían los estadounidenses, ¡que son mucho más violentos!

El pueblo de Haití no necesita de soldados armados. El pueblo de Haití necesita de solidaridad para desarrollar las fuerzas productivas de su territorio y producir los bienes que requiere para satisfacer las inmensas necesidades que padece.

El pueblo de Haití necesita de apoyo para tener energía eléctrica, para tener una red de gas para cocinar y evitar la deforestación. Necesita de una red de agua potable y de escuelas en todos los niveles, en todos los poblados. Necesitan de semillas y herramientas. Del resto ellos saben muy bien cómo hacer. Están allá desde 1804, como pueblo libre, sobreviviendo y multiplicándose a pesar de tantos expoliadores extranjeros.

Felizmente, hay otras visiones en el relacionamiento con el pueblo de Haití. El gobierno de Bahia envió cisternas para almacenar agua lluvia, que para el pueblo de allá es muy grato. Petrobras nos ayudó a traer 77 jóvenes campesinos para estudiar agro-ecología en Brasil. La iglesia católica de Minas Gerais hizo una colecta especial en todas las parroquias que ahora financia proyectos de desarrollo agrícola por allá, desde huertas, crianza de gallinas y cabras, hasta multiplicación de semillas.

Y los movimientos sociales de la Vía Campesina Brasil, con los pocos recursos que tenemos, mantenemos en Haití una brigada permanente de jóvenes voluntarios desde hace más de 6 años, que está desarrollando proyectos de agricultura, de cisternas y de educación.

Tengan muy en cuenta que el pueblo de Haití está indignado con las tropas de la Minustah. Si las Naciones Unidas quisieran enviar soldados, podrían haber seguido el ejemplo de Ecuador y de Venezuela: sus soldados no andan armados, y están construyendo casas, carreteras y almacenes. O seguir el ejemplo de Cuba que mantiene allá más de 5 mil médicos voluntarios en el único servicio público de salud que existe en el país, que es atendido por esos médicos humanistas, que dan ejemplo de la práctica del socialismo.

Creo que nuestra obligación como hermanos del pueblo de Haití, es seguir protestando y pidiendo que las tropas se retiren de Haití, como no desearíamos que estuvieran en Brasil o en cualquier otro país del mundo. Y seguir apoyando, con proyectos de desarrollo económico y social. (Traducción ALAI)

- João Pedro Stedile, miembro de la Coordinación Nacional del MST y de la Vía Campesina Brasil

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Pemex y Petrobras

En concreto | Laura Itzel Castillo

Petrobras, la empresa petrolera brasileña, ha sido utilizada como referente por parte de los políticos con mentalidad privatizadora, para argumentar en torno a las “bondades” de la entrega de Pemex al capital extranjero.

Los promotores de la privatización insistentemente cuestionan que desde la oposición nos opongamos a la nueva reforma energética, si un país como Brasil, dicen, gobernado durante los últimos años por líderes de izquierda, cuenta con una industria exitosa como Petrobras, caracterizada por su apertura a la inversión privada, señalan.

Ante la renovada ola privatizadora, ¿qué dicen los brasileños?

Mitos y realidades de Petrobras es el título del foro que se llevó a cabo en el Senado de la República, donde el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, alertó sobre el grave riesgo de abrir la industria petrolera y la consecuente pérdida de control sobre ella.

Denunció también, como en Brasil, que con la privatización, las empresas trasnacionales se apoderaron totalmente del crudo extraído. Única y exclusivamente pagaban 10% correspondiente a los impuestos, por lo que el entonces presidente, Inacio Lula da Silva, tuvo que realizar modificaciones legales para revertir la situación.

En México, la industria minera actúa de esa forma. Las empresas no pagan un centavo del valor de los minerales, únicamente por el número de hectáreas concesionadas. El mineral extraído es propiedad de los privados, a pesar de que la Constitución señala que pertenecen a la nación, al igual que el petróleo.

No obstante, ya se abrió la participación privada a la extracción del crudo a través de los “contratos incentivados”. Con éstos, se les otorga a las empresas un porcentaje del valor del petróleo extraído, con lo que se les transfiere la renta petrolera. Hay que aprender de lo que pasó en Petrobras y de lo que sucede actualmente en la industria minera. El riesgo, sin duda, es cada vez mayor. No permitamos una nueva reforma energética.

Oficio de Papel




El libro blanco de Pemex
Compra directa de buques
Irregularidades en Sedena

El 25 de marzo pasado arribó al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, el buquetanque Texistepec, una de cuatro embarcaciones adquiridas por Petróleos Mexicanos (Pemex) a la coreana SPP Shipbuilding Group, para su subsidiaria Refinación. Esta es una de las 12 embarcaciones que la petrolera mexicana compró al cierre del sexenio de Felipe Calderón, de manera triangulada y sin licitación de por medio, en los mercados internacionales.El esquema usado en esa docena de compras es similar al de los fallidos contratos con los astilleros españoles Navantia e Hijos de J Barreras, para adquirir dos buques hotel (plataformas habitacionales) de Pemex Exploración y Producción, revela el Libro blanco de la filial PMI Comercio Internacional, elaborado por el equipo del exdirector Juan José Suárez Coppel y entregado al actual director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La diferencia es que en el caso de Pemex Refinación sí se concretaron los convenios.

Y es que en estas adquisiciones se involucró al Grupo PMI, como se le denomina a las 14 empresas de Pemex encabezadas por la subsidiaria PMI Comercio Internacional.

Sin licitación de por medio, primero se adquirieron seis buquetanques para Pemex Refinación. De acuerdo con el Libro blanco, PMI Norteamérica, SA de CV, fue la que se encargó de las compras en 2011, luego de que el proceso de licitación pública para la adquisición de cinco buques se declaró desierto.

PMI Norteamérica forma parte del Grupo PMI y aunque Pemex es su propietario indirecto –a través de sus empresas PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL–, ésta se constituyó como una sociedad anónima el 19 de enero de 1993 en el Distrito Federal. Sus objetivos son la refinación de petróleo crudo en el extranjero; la comercialización del petróleo crudo y productos petroquímicos y otros hidrocarburos líquidos; la compra, venta, adquisición o transmisión de cualquier título; la operación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluso tanques de almacenamiento y buques.

Las compras de buques

Respecto de las compras de los buques, el Libro blanco de PMI informa que “después de haber declarado desierta una licitación pública, Pemex Refinación invitó a navieros mexicanos y extranjeros, incluyendo a PMI Norteamérica, para ofertar y realizar una adjudicación directa para la compra de un buque tanque con las características determinadas por este organismo”.

Las compras, sin embargo, se hicieron de forma directa. La primera de ellas fue la del buque Centenario. Para ésta, se contó con la “asesoría” de PMI Norteamérica, que recomendó a Pemex Refinación acudir directamente con armadores (aunque también se hizo vía intermediarios) en diciembre de 2010 y enero de 2011.

Sin embargo, “justifica” el Libro blanco, debido a que ciertos requerimientos de Pemex Refinación distaban de la práctica internacional en las operaciones de compra y venta de buques, los precios se mantenían elevados. Después de evaluar las ofertas obtenidas (entre ellas los mismos buques Ocean a un precio de 45 millones de dólares), “Pemex decidió adjudicar una contratación directa para adquirir vía arrendamiento financiero al buque tanque Ocean Cygnet”.

El contrato se estableció entre la armadora y PMI Norteamérica, tras “considerar los obstáculos que impedían a Pemex Refinación adquirir directamente el buquetanque”.

Así el proceso de adquisición concluyó con la firma del contrato de compra con la empresa Tornado Maritime, Inc, el 1 de abril de 2011, por un monto de 39 millones de dólares. La embarcación, se asegura, fue construida en 2010, con 175.5 metros de eslora y 32.2 metros de manga y con una capacidad de casi 47 Mt de peso muerto.

El 9 de mayo de ese mismo año, PMI Norteamérica recibió la posesión y propiedad del buquetanque en aguas internacionales. En paralelo, indica el documento, esta empresa negoció y acordó con Pemex Refinación la firma de un contrato de arrendamiento financiero con opción a compra, en virtud del cual el 11 de mayo le transfirió al organismo la posesión del buquetanque Ocean Cygnet en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Para esta operación, Pemex realizó una ampliación triangulada del capital social de PMI Norteamérica: sus accionistas, y también integrantes del Grupo PMI –PMI Holdings, BV, y PMI Holdings Petróleos España, SL– le depositaron 718 millones 78 mil pesos del erario.

Modernización de la Flota Petrolera

La adquisición de ese buque se dio en el contexto del Programa de Modernización de la Flota Petrolera de Pemex Refinación. Pero no fue la única: la subsidiaria adquirió otras cinco embarcaciones bajo este mismo esquema.

Este Programa de Modernización se hizo a través de PMI Norteamérica y fue autorizado el 24 de junio de 2010, durante la sesión ordinaria del Consejo de Administración de Pemex Refinación. El objetivo: “mejorar el desempeño de la cadena de suministro de transporte marítimo de sus productos”.

El 29 de julio de 2010, dicho organismo convocó a empresas nacionales e internacionales a participar en una licitación pública para la adquisición de hasta cinco buques tanque de doble casco con año de terminación de construcción en 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos, con un porte mínimo de 40 Mt de peso muerto.

En ese procedimiento participó, como licitante “privado”, PMI Norteamérica. El 8 de octubre de 2010 la licitación se declaró desierta. Para el día 25 del mismo mes, Pemex Refinación informó a PMI Norteamérica que continuaba con sus actividades relacionadas con la modernización de su flota y le solicitó un indicativo de precio en caso de que estuviera en condiciones de ofertar buques.

La “empresa privada” y Pemex Refinación acordaron adquirir los buques Ocean Current, Ocean Crest y Ocean Chariot, también propiedad de Tornado Maritime, Inc. Para el 24 de agosto de ese año, PMI Norteamérica formalizó las negociaciones para adquirir los buques.

Como aún le faltaban otras dos embarcaciones, la filial del Grupo PMI inició negociaciones con ST Shipping para adquirir los buques Alpine Emma y Alpine Hallie. Los buques se recibieron entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Fueron nombrados Vicente Guerrero II, Miguel Hidalgo II, José María Morelos II, Ignacio Allende y Mariano Abasolo.

Los cascos de nueva construcción

Otras compras encargadas a PMI Norteamérica se relacionaron con los contratos de construcción de seis buques petroleros de 50 mil toneladas de peso muerto con el astillero coreano Shipbuilding Co, Ltd, firmados el 10 de mayo de 2011, con la opción de ordenar al astillero la construcción de hasta doce buques tanque.

Ese mismo día, el Comité Interno de PMI Norteamérica autorizó la primera opción de dos buques. Para el 20 de junio de ese año, confirmó la adquisición de los buquetanques restantes. Shipbuilding Co, Ltd, otorgó de manera incondicional la opción para construir seis buquetanques adicionales a los primeros seis de manera escalonada, debiendo declarar las opciones para adquirir el primer par de embarcaciones adicionales antes del 10 de noviembre de 2011, el segundo par antes del 10 de febrero de 2012 y el tercer par antes del 10 de mayo de 2012.

Denuncian corrupción en la Sedena

Una carta que reproducimos a continuación, llegó a esta columna para denunciar supuestas irregularidades en la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se asegura que militares del área administrativa usan el nombre del secretario general Salvador Cienfuegos para pedir comisiones a proveedores de bienes y servicios cambio de asignación de contratos.

“Estimado señor Badillo

“Acudimos a usted por el motivo siguiente:

“Somos un grupo de proveedores de la Secretaria de la Defensa Nacional. Preocupados porque venimos prestando nuestros servicios a la misma y la nueva administración del área de compras, donde se encuentra el teniente coronel D.E.M. José Alfredo Carrillo Ríos y coronel intendente D.E.M. José Luis Lua Tatuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido cantidades importantes de dinero por anticipado, comentando que ellos tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entraban y cuáles se van.

“No han dicho que tenemos que alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes procedimientos licitatorios serán transparentes, invitando a un sinnúmero de empresas por evento, y en las diferentes invitaciones hay irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más participaría.

“Estos dos militares, responsables ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa, ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar los contratos por un millón de pesos. Esta situación es más grave porque nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos.

“Solicitamos su ayuda para hacerle llegar esta información al secretario y a donde sea conveniente, ya que es intolerable lo que está sucediendo. Habemos proveedores que hemos tenido que pagar comidas en lujosos restaurantes, entre 20 mil y 30 mil pesos cada nos exigen vernos, más los sobornos que nos piden por adelantado con la promesa de que obtendremos algún contrato. Algunos empresarios su han aceptado pagar dichas comisiones y esto lo hacen fuera de las oficinas de la Defensa.

“Creemos que si de verdad habrá algún cambio en el país, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tiene que frenar esta corrupción intolerable”, señala el escrito de proveedores.

Investiga Sedena a Proveedores

Hace unas semanas informamos que con la llegada del general Cienfuegos se había ordenado una limpia en la Secretaría de la Defensa Nacional de todas aquellas empresas que huelen a la administración anterior y a su extitular, el general Guillermo Galván Galván.

Comentamos que personas bien informadas de lo que sucede al interior de esa institución castrense, aseguran que se ha iniciado una profunda investigación de posibles actos de corrupción, ordenada por el actual secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, y que apunta a varios militares de alto rango.

En las revisiones que hace la actual administración de la Sedena en coordinación con su Órgano de Control, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, destacan posibles contratos irregulares en donde equipos y servicios no se hayan entregado y realizado; en otros, habría fallas en su operación, y en unos más se habría pagado el diezmo, es decir, un porcentaje de entre el 10 y 20 por ciento del monto total del contrato para los militares que lo asignaron a empresas privadas nacionales y extranjeras.

También se investiga si las compañías beneficiadas tienen alguna relación con generales o coroneles, pues es una costumbre en la Defensa que los militares recomienden empresas o, a través de prestanombres, sean los dueños de las mismas.

En ese sentido, la actual administración de la Defensa ha iniciado una revisión exhaustiva de las empresas que durante todo el sexenio fueron proveedores de bienes y servicios, con el propósito de que nunca más, o por lo menos durante este sexenio, vuelvan a recibir contratos directos ordenados desde los más altos cargos de esa institución militar.

Por lo pronto hay varias empresas en la mira: Disur, Begam, Zaken, Yanbar, Security Tracking, Broadlink, AV y D Solutions, entre otras relacionadas con los servicios de Salud y equipo médico, de laboratorio y ortopedia, a las cuales aseguran fuentes bien informadas, quedarían fuera de alguna posible asignación de contratos.

Por eso llama la atención que algunas áreas de la Sedena no hayan entendido las instrucciones del general Cienfuegos de limpiar la casa y, sobre todo, evitar que algún subalterno militar vuelva a viejas prácticas de corrupción. Seguramente el secretario de la Defensa atenderá esta carta-petición de algunos proveedores que se sienten ofendidos por algunos intentos de chantaje de que han sido objeto.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Preocupa a AI la seguridad de activistas y periodistas en riesgo en el Istmo de Tehuantepec.




Amnistía Internacional se encuentra preocupada por el patrón de detenciones e intimidaciones de los que han sido objeto activistas y periodistas en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

De acuerdo a información recibida por la organización, Filiberto Vicente Aquino, un activista y locutor de una radio comunitaria, recibió una amenaza de muerte el pasado 20 de marzo tras cubrir una conferencia de prensa sobre las acciones de oposición a la construcción de un parque eólico cerca de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Tras cubrir la conferencia, Vicente Aquino recibió una llamada en la cual se le dijo: “…El gobierno ya no quiere personas como tú, yo ya tengo órdenes expresas de acabar contigo y con tu familia”.

Al día siguiente, el 21 de marzo, policías municipales acompañados de personas no identificadas detuvieron injustificadamente a seis periodistas, Rosa Rojas, Francisco Olvera, David Henestrosa, Ignacio Garrido, Karina Martínez y Eliseo Ramírez. Los periodistas fueron liberados horas después.

El 18 de marzo, fueron también detenidos activistas de la comunidad cuando hacían campaña contra la construcción del parque eólico, quienes fueron liberados unas horas después.

De forma separada ya se han presentado denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca por estos incidentes.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a garantizar la seguridad de Filiberto Vicente Aquino así como de los activistas y periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Así mismo la organización recuerda a las autoridades que es su deber tomar todas las acciones necesarias para asegurar que quienes se dedican a informar en la región y quienes han decidido manifestarse abiertamente en contra de la construcción de parques eólicos en la región, puedan hacerlo sin temor a ser víctimas de represalias.

Es también necesario que se cumpla la suspensión vigente a la construcción del parque eólico y que las obras solo se reanuden una vez se cuente con consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Finalmente, la organización llama a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar de forma pronta e imparcial las denuncias detenciones injustificadas y de amenazas de las que han sido objeto periodistas y activistas, y que quienes sean responsables de estos hechos –incluidos funcionarios públicos – rindan cuentas ante la justicia.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Integrantes de comunidades indígenas del estado de Oaxaca se oponen a que se construya parques eólicos en sus tierras. Hay proyectos en gran escala de parques eólicos, actualmente en fase de desarrollo, en los municipios de San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, y Álvaro Obregón y Juchitán. Quienes se oponen a los proyectos alegan que no se ha llevado a cabo un proceso adecuado de consulta para obtener su consentimiento libre, previo e informado –requisito establecido por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas–, y que les preocupa el impacto de la construcción sobre su agricultura, sus tierras y sus medios de vida. A consecuencia de su oposición, llevan varios meses sufriendo amenazas e intimidación.

Amnistía Internacional ha informado sobre amenazas y actos de violencia ocurridos anteriormente en otras comunidades cercanas contra quienes se oponen a la construcción de turbinas eólicas en el istmo de Tehuantepec. En meses anteriores, la organización ha denunciado las amenazas recibidas por Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrantes de las comunidades de Álvaro Obregón y San Dionisio del Mar, en el estado de Oaxaca, y defensoras y defensores de los derechos humanos locales que protestan contra la construcción de parques eólicos.

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