jueves, 18 de abril de 2013

Piden la intervención de la ONU para proteger a Wirikuta


MÉXICO D.F., (apro).- El Frente en Defensa de Wirikuta solicitó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que haga un llamado urgente al gobierno de Enrique Peña Nieto, a fin de que ordene acciones concretas para la protección del territorio sagrado de los wixaritari, localizado en San Luis Potosí, y para que cesen las violaciones a sus derechos humanos.

En un informe presentado al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, el Frente hace énfasis en la amenaza que representa para su pueblo la intención de explotar concesiones mineras en su territorio.

Asimismo, lo actualiza sobre la situación que guardan diversos recursos jurídicos que se han ejercido en torno de la problemática, como las denuncias populares y ambientales presentadas ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como el juicio de amparo indirecto mediante el cual se otorga la suspensión de plano y de oficio para efecto de que las autoridades responsables se abstengan de autorizar cualquier acto tendiente a la explotación de las concesiones mineras de la empresa First Majestic Silver.

El informe también hace referencia a la Recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la violación de los derechos colectivos a la consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad cultural, medio ambiente sano, agua potable y saneamiento, y protección de la salud del pueblo wixárika en Wirikuta.

De igual manera, denuncian las diversas acciones que ha realizado el gobierno federal “para simular la resolución del conflicto”, y alertan sobre la problemática social que se está gestando en el área de Wirikuta a causa de las actividades que llevan a cabo tanto las empresas mineras como el gobierno municipal de Catorce y que –apunta el informe– pueden desencadenar círculos de violencia y nuevas violaciones de derechos humanos.

“Las comunidades wixaritari que integramos el Consejo Regional Wixárika, con apoyo de la sociedad civil que conformamos el Frente en Defensa de Wirikuta, preparamos este Informe a fin de que el Relator especial de las Naciones Unidas cuente con datos actualizados y argumentos sólidos que le permitan examinar la situación y emitir una recomendación en torno de las violaciones de derechos humanos de las que están siendo víctimas las comunidades indígenas en esta región del país”, subrayan.

En el mismo informe reiteran su llamado al gobierno federal para que no autorice la explotación de concesiones mineras en el territorio sagrado de acceso tradicional de Wirikuta, pues ello, aseguran, ocasionaría daños ambientales, sociales y culturales irreversibles para el pueblo wixárika.

Reporteros Sin Fronteras exige a Peña protección para el periodista Jorge Carrasco


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Reporteros Sin Fronteras (RSF) demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto protección para el periodista de la revista Proceso Jorge Carrasco, así como una explicación “a fondo” del gobierno de Veracruz sobre las amenazas a la integridad del reportero.

En un comunicado, la organización con sede en París, Francia, anuncia que se suma a la demanda de “las organizaciones mexicanas de defensa de la libertad de expresión para pedir que Jorge Carrasco goce, de forma urgente, del Mecanismo para la Protección de Periodistas, ahora en vigor”.

Proceso recibió información de la existencia de una plan para atentar contra la integridad de Carrasco, en el que estarían involucrados funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Veracruz, como parte de una represalia por la cobertura que el reportero ha dado al asesinato de la corresponsal de este semanario, Regina Martínez, caso del que fue nombrado coadyuvante en las indagatorias judiciales.

Tras señalar que para RSF Veracruz es “uno de los diez lugares más peligrosos del planeta para los periodistas”, la organización de defensa de la libertad de expresión hace referencia a la desaparición del periodista Sergio Landa Rosado, que daba cobertura a la sección policíaca del diario Cardel, nombre de esa ciudad al norte del estado.

Según la información recibida por RSF “un mes antes de su desaparición el periodista había sido secuestrado por un grupo armado; después había sido liberado tras la intervención de las fuerzas del orden”.

Con este caso suman dos las desapariciones de periodistas ocurridas desde 2010 en Veracruz, donde hay un registro de nueve más asesinados desde entonces.

RSF puntualiza que “las autoridades de Veracruz deben ofrecer explicaciones de fondo sobre los graves hechos denunciados por la revista Proceso” y también están obligados a “hacer público el estado de las investigaciones concernientes a la desaparición de Sergio Landa Rosado”.

Toma Movimiento Popular Congreso de Guerrero y mantiene bloqueo en la Autopista del Sol


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS


Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), bloquean el carril que conduce a Acapulco de la Autopista del Sol. Foto: Ezequiel Flores

CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Además de mantener bloqueada la Autopista del Sol desde el mediodía, el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) sitió el Congreso del Estado, en cuyo interior, además de personal administrativo se encuentran 17 diputados del PRD y uno del PT.

La protesta en contra de la reforma educativa del gobierno federal subió este jueves de tono, con la movilización de alrededor de 50 mil integrantes del MPG que cortaron la circulación en los cuatro carriles de la Autopista del Sol y que esta tarde tomaron el recinto legislativo “para comprobar que se esté discutiendo su propuesta de reforma educativa”.

Y en efecto, en la sede del Congreso no se encuentran los legisladores del PRI, PAN, PVEM, Panal y Movimiento Ciudadano.

A la protesta de este día se incorporaron maestros de Michoacán y Oaxaca. Igualmente, se han sumado miembros de las policías comunitarias, aunque en esta ocasión, desarmados.

Dirigentes advirtieron a los diputados locales, quienes revisan la propuesta alterna a la reforma oficial, que “una jugada más en contra del pueblo podría desembocar en un momento dado, en una ingobernabilidad en el estado de Guerrero”.

Por otro lado, diputados locales informaron que hasta el momento no hay dictamen sobre la iniciativa para reformar la ley estatal de Educación, situación que impide que el tema sea discutido en el pleno del Poder Legislativo local.

Lo anterior, debido a que sólo cuatro de 11 diputados integrantes de las comisiones de Educación y Presupuesto encargados de realizar el dictamen han avalado la propuesta elaborada por el magisterio disidente y presentada por la fracción perredista el martes 16.

Los diputados que aprobaron la iniciativa, considerada como contrarreforma educativa, son tres perredistas y la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Arizmendi.

El bloque opositor a la iniciativa elaborada por la CETEG, integrado mayoritariamente por representantes del PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal), MC y Acción Nacional es encabezado por el diputado Cristino Romero Sotelo, un expriista conocido por su talante reaccionario y proclividad a defender a ultranza a los gobernantes en turno, que arribó al Congreso por la vía plurinominal bajo las siglas del partido Movimiento Ciudadano.

Mediante un desplegado difundido esta mañana en medios locales, la dirigencia del MPG hizo un llamado a los diputados locales para aprobar las reformas a la ley estatal de Educación:

“Los diputados tienen otra oportunidad, votar y legislar en favor del pueblo, o anteponer sus intereses personales, de grupo y de partido en favor de los gobiernos estatal y federal, que están intentando quitar parte sustantiva de la iniciativa elaborada por el magisterio disidente y que es considerada como una contrarreforma educativa”.

Exigieron respeto a los acuerdos pactados con la fracción perredista y reiteraron su exhorto a los integrantes del resto de las fracciones y representaciones partidistas para que aprueben la propuesta “integra” de la iniciativa de decreto que se presentó en el pleno legislativo el martes pasado.

Luego, sentenciaron: “Señoras y señores diputados: una jugada más en contra del pueblo y el Movimiento Popular Guerrerense tendría graves consecuencias; significaría que se está agotando la paciencia y la vía para encauzar la protesta social y sus demandas; a través de los poderes Legislativo y Ejecutivo, y que pude desembocar en un momento dado, en una ingobernabilidad en el estado de Guerrero”.

En tanto que la capital guerrerense, nuevamente se encuentra sitiada por más de tres mil policías federales y estatales, dirigidos por el jefe de la Dirección General de Traslados y Apoyo Penitenciario de la Policía Federal (PF), José Luis Solís López –conocido como el comandante Espartaco–, y preparados con equipo antimotín y tanquetas equipadas con cañones lanza agua, vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, y helicópteros, para disuadir posibles disturbios sociales.

Exigen la cancelación de hidroeléctrica El Naranjal; altos costos sociales: TPP


NORMA TRUJILLO BÁEZ

“No tenemos miedo, seguiremos diciendo no a la presa hidroeléctrica El Naranjal”, señalaron los integrantes del Colectivo Defensa Verde, quienes dijeron que los campesinos cada vez se ven más presionados, hostigados por la empresa Agroetanol de Veracruz SRL de CV para que vendan sus terrenos, “visitan a los campesinos hasta tres veces por semana, pero los dueños de las 106 hectáreas están unidos y no se permitirá que se construya la hidroeléctrica”.

En conferencia de prensa, Sebastián Altamira y Beatriz Vázquez señalaron que con la construcción de la hidroeléctrica se afectarían a ejidatarios de ocho municipios de la zona centro del estado y se calcula que estarían afectando entre 20 mil y 30 mil pobladores, sobre todo porque los terrenos son de uso agrícola.

Por ello piden al gobierno la cancelación definitiva de la hidroeléctrica. El dictamen final que dictó el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) exhorta al estado mexicano la cancelación por los altos costos sociales y ambientales que pretende generar una empresa privada en un territorio indígena y campesino, que a través de sus instituciones se encargue de garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las legislaciones de agua, ambiente y energía.

Asimismo, Sebastián Altamira dijo que apenas se tuvo acercamiento con el gobierno y éste propuso a través de Carlos Rojas (asesor de secretario de gobierno) una reunión con la empresa promovente de la hidroeléctrica El Naranjal, pero no queremos ningún tipo de trato con la empresa, “solicitamos el diálogo con gobierno del estado de Veracruz para que responda a las solicitudes hechas por la población y el colectivo con la cancelación definitiva del proyecto mencionado.”

Además señalaron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa Agroetanol de Veracruz ante Semarnat tiene una vigencia de tres años a partir de la fecha de recepción, siendo ésta el 12 de enero de 2010, por lo que dicho plazo ya se cumplió, “la empresa no dio cumplimiento a requerimientos como dar aviso a la Semarnat y a la Profepa del inicio de construcción, no se le otorgaron los permisos necesarios como el cambio de uso de suelo”.

Denuncian campesinos de Zongolica uso electoral por parte de candidatos


FERNANDO INÉS CARMONA

Zongolica, Ver.- Los indígenas de la sierra de Zongolica se dicen cansados de ser rehenes de los tiempos políticos. Anticipan de acciones de “rebeldía electoral” para exigir el cumplimiento de las promesas de campaña, a la vez exhiben a todos los partidos políticos por postular “a los candidatos de siempre”.

El dirigente del Movimiento Indígena Liberal, Autónomo y Popular de Zongolica (Milpa), Román Vázquez González, considera que los tiempos electorales sirven para que los políticos “utilicen a las comunidades indígenas y campesinas de la sierra de Zongolica como títeres de los partidos políticos”.

“Todos los aspirantes a un cargo de elección popular se aprovechan de la marginalidad en la que viven los indígenas de la zona, además del hambre que padecen las familias serranas para prometer hasta las perlas de la virgen, con tal de obtener los votos que los lleve al triunfo”.

Vázquez González señala que los candidatos de los partidos políticos “crean sus cotos de poder y hacen suyos los partidos para desde ahí crear o intentar crear una monarquía para heredar los cargos como sucede en todo el estado, incluso en los municipios indígenas, creo que eso no se vale”.

El dirigente social agrega que ahora que los partidos políticos presentan a sus candidatos, “nos damos cuenta que son los mismos de siempre, ¿acaso no hay nuevas generaciones de políticos? No me explico por qué siempre son los mismos políticos, declara.

Ejemplos, dijo, hay muchos, “ahí tenemos casos como los ex diputados, local y federal, Edgar Concejo, Bernardina Tequiliquihua Ajactle y Pedro Montalvo Gómez, quienes no aportaron nada productivo a esta zona serrana, sólo trabajaron para sus intereses personales y políticos”.

Los indígenas, expresa, “se deben sentir orgullosos de sus raíces, sin embargo, por las condiciones de vida en que se encuentran son presa fácil de los políticos que llegan a prometerles hasta lo imposible, con tal de obtener los votos que los coloque en un cargo de elección popular y cuando llegan, se olvidan de todo lo que prometieron, es más, hasta segregan a los indígenas, aun cuando lo hayan ayudado a ganar el proceso”.

Dichas condiciones, dice, no es novedad en la sierra, “de por sí han existido los caciques, pero antes imponían a sus amigos, incondicionales o conocidos en los cargos de elección popular y ellos tenían un control incluso sobre la Iglesia, pero ahora lo que intentan es dejar los cargos de elección popular a sus parientes, como si se tratara de una bolsa de trabajo”.

Y es que en la sierra de Zongolica hay casos palpables, por ejemplo, la diputada local Lilian Zepahua García es hija del empresario camionero Mario Zepahua Valencia, el único merecimiento de la legisladora, dice, es ser hija de un político priísta. Otro caso es el de Bernardina Tequiliquihua Ajactle, ex legisladora local y expresidenta del municipio de Los Reyes, quien ahora con el padrinazgo de la delegada de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Índígenas, CDI, Isabel Pérez Santos, competirá por la alcaldía de ese mismo municipio.

Casos como estos son recurrentes en la sierra, donde los indígenas siguen en la marginación, el olvido y el hambre.

Cherán: una lección de modernidad


Todavía implica una complicada tarea de reconstrucción política y social lo que sucedió la madrugada del 15 de abril de 2011 en Cherán

Gustavo Ogarrio

Todavía implica una complicada tarea de reconstrucción política y social lo que sucedió la madrugada del 15 de abril de 2011 en Cherán. Hay algo de enigma y mucho de certeza en las razones de la desesperación, el miedo y el hartazgo que llevó a una buena parte de la comunidad de Cherán a “levantarse” para impedir que sus bosques siguieran bajo el saqueo del crimen organizado con la abierta complicidad de las autoridades municipales. Todas y todos saben desde aquella madrugada, con certeza irrefutable, de la abierta alianza entre las entonces autoridades municipales, los talamontes y el crimen organizado.

En algunas interpretaciones se pone de manifiesto la definitiva intervención de mujeres y jóvenes en el “levantamiento”. Comuneros que abiertamente reconocen la decisión de las mujeres y de muchos jóvenes para enfrentar el saqueo y detener a los responsables no sólo de la tala inmoderada de sus bosques, también del arrasamiento mismo de la vida en Cherán. Se dice que el azar también puso lo suyo y lo que iba a ser una acción de autodefensa que tardaría dos días más, sucedió aquel 15 de abril de 2011; los acontecimientos se precipitaron por la inminente represalia que se tomaría en contra de la comunidad. Ninguna versión miente, ninguna trata de distorsionar la realidad, más bien, son versiones de un hecho múltiple, de un acontecimiento que tiene ya algo de mítico y que es ahora el momento del origen mismo de una lucha y una resistencia que recién cumple dos años. Una memoria colectiva de Cherán que guarda unidad incluso en la manera tan heterogénea en la que evoca este pasado reciente.

Cada recuerdo en Cherán de aquel 15 de abril de 2011 es al mismo tiempo personal y comunitario, cada quien le imprime sus propios miedos, deseos y una dimensión utópica que también anima una genuina política de autodefensa y de establecimiento de una paz sostenible, que no aspira a erradicar el conflicto sino a vivir con él y a controlarlo racionalmente a través de un gobierno comunitario, no punitivo sino de justicia restitutiva, reparadora del daño y no de castigo y suplicio carcelario. Ahora también se sabe que las raíces mismas de la autonomía en Cherán tienen un pasado remoto, una tradición política, social y cultural que, como toda tradición viva, aparece en los momentos de mayor peligro, como la apropiación de ese recuerdo que relampaguea en los instantes extremos y del que habla Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia.

Lejanos están ya los días de abril de 2011 y en los que Cherán se volvía una noticia desinformada, descontextualizada, un lugar de turbulencia sobre el que opinadores, intelectuales de régimen y lectores de noticias volcaban todo su arsenal de discriminación y racismo, toda esa superstición de modernidad que dicta que el avance político de la sociedad sólo se encuentra en las experiencias urbanas o en los reflejos sordinos de un sistema político en franco estado de descomposición, y no en las lecciones que los pueblos indígenas han venido dando desde 1994. Lejanas parecen las horas iniciales de angustia y amenaza en las que Cherán recibía también el apoyo y la solidaridad nacional e internacional y dejaba de ser un pueblo hasta entonces desconocido, que supuestamente había decidido poner en tela de juicio el estado de derecho, para emprender el vertiginoso y minado camino que llevó a la comunidad a establecer una estrategia jurídica y política para hacer girar su autodefensa hacia los tribunales y exigir el reconocimiento de su autonomía y el pleno derecho a establecer un gobierno comunal.

Cherán demostró que el agotamiento del Estado mexicano, su incapacidad para garantizar la seguridad de la sociedad y evitar el crecimiento de la violencia, estaban articulados a la crisis de los partidos políticos como figuras de representación popular, y que la autonomía indígena era un recurso de organización política y jurídica cuya tradición significaba una verdadera alternativa ante la crisis de violencia. Por supuesto que los lenguajes de la autodefensa o de la autonomía son diferentes a la semántica del Estado. Su irrupción, si bien ha sido también legítima y jurídica, es ante todo una expresión que todavía no está tocada por el conformismo y el fatalismo de la política dominante, un lenguaje que plantea que es posible defenderse y sobrevivir en este contexto de violencia extrema mediante la organización; no hace una apología de la violencia, como muchas veces lo ha hecho el Estado en sus momentos de delirio militarista como el que se vivió con la presidencia de Felipe Calderón; la autodefensa y el camino jurídico de la autonomía y del gobierno comunal son en nuestros días respuestas genuinas de sobrevivencia ante el exterminio selectivo. La autodefensa legítima no es el comienzo de la violencia, no es el brote primero de una cadena de acciones armadas; es la consecuencia de una historia de atropellos, de aplastamiento de derechos individuales y colectivos básicos, de la indefensión ante situaciones de arrasamiento de una comunidad.

En el ensimismamiento que padece el Estado mexicano, ahora con el PRI, pero también anteriormente con el PAN como gobierno federal y con el PRD como gobierno estatal, Cherán no ha sido entendido como una urgente llamada de atención para replantear desde una perspectiva intercultural el proyecto nacional y estatal, cualquier cosa que esto signifique, o de reconsideración de una política de modernización económica y de crisis política que sólo beneficia y es funcional para un sector sumamente reducido de la sociedad. En 1994, el EZLN y las comunidades zapatistas dieron una lección de modernidad a la sociedad mexicana al patear el banquete de miserias salinistas que nos colocaban de un plumazo en un inexistente camino al Primer Mundo. Desde el 15 de abril de 2011, Cherán ha dado también una lección de legitimidad, legalidad, razón jurídica, organización y de gobierno comunitario en un contexto de extrema adversidad.

Presenta Comverdad 214 testimonios de la guerra sucia en su segundo informe


Informa González Ruiz de las operaciones Telaraña y Caza Conejo que emprendió el Ejército

MARGENA DE LA O ( )

Chilpancingo, 17 de abril. La Comisión de la Verdad (Comverdad) presentó su segundo informe de trabajo, en el que constan 214 testimonios de familiares de víctimas y de sobrevivientes de desaparición forzada y 79 casos en análisis de personas detenidas en retenes militares en la entidad de 1969 a 1979, etapa de la llamada guerra sucia.

Los miembros de la Comverdad dieron el informe en un formato distinto al acostumbrado: citaron a una conferencia de prensa en una de las salas de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) para dar detalles del trabajo que han desarrollado.

Denunciaron también que son hostigados por “gente extraña” en el quehacer del encargo.

El presidente de la Comverdad, Enrique González Ruiz, leyó un documento con el resumen de sus resultados; por ejemplo, dijo que han documentado casos de desplazamiento forzado de familias y de comunidades enteras, como en Rincón de las Parotas, Altos del Camarón y localidades arrasadas por el Ejército, como el de El Portero o Valle Florido, en el municipio de Acapulco.

Recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigó 532 casos en un periodo de diez años, de los cuales 332 corresponden a Guerrero. “En un año de trabajo de la Comverdad se llevan recabados 214 testimonios tanto de familiares como de sobrevivientes, en 66 localidades”, mencionó.

También “se están analizando todos los esfuerzos para hacer posible que en el mes de mayo del presente año se concluyan las visitas en las 18 rutas planteadas por la Comverdad”.

Investigación

Como resultado del trabajo de investigación de la Comverdad, concluyeron que la digitalización de todas las versiones públicas disponibles de la galería 1, en el Archivo General de la Nación (AGN), respecto de organizaciones, personas o eventos relacionados con el periodo de trabajo de la comisión, cerró con 5 mil 971 fojas que están analizando.

De la etapa de la investigación documental planificada de enero a junio de 2013, reportaron: “En el AGN se ha abierto toda la documentación a la Comverdad, incluyendo el acervo de la galería uno de acceso restringido al público, excepto el acto de la PGR. Diversos materiales o documentos no han llegado completos al AGN; han sido censurados, se han encontrado hojas sin secuencia, repetidas, con diversos folios. En esta etapa se han acumulado más de 13 mil documentos fotografiados”.

González Ruiz dio detalles también de la Operación Telaraña, que ejecutó el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Hermenegildo Cuenca Adame: “movilizó contra los insurgentes por lo menos 3 mil 12 soldados de tropa, 87 oficiales, 23 jefes, aglutinados en 107 partidas militares y un general, y un número indeterminado de Defensas Rurales, tres helicópteros de la PGR”. La Operación Telaraña comenzó el 30 de abril de 1971 y finalizó a las 6 horas del 16 de julio del mismo año con la Operación Caza Conejo.

Presenta Capama demanda penal contra la CFE por verter lodo al río Papagayo


FRANCISCA MEZA CARRANZA ( )

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) denunció penalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque la paraestatal vertió toneladas de lodo al río Papagayo, durante el mantenimiento de la presa La Venta, con lo que disminuyó en 30 por ciento el suministro de agua.

Por otro lado, informó que ya están licitadas las primeras seis obras en las que se invertirán los recursos procedentes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en la Región Latinoamericana.

El director general de la paramunicipal, Francisco Velasco Islas, detalló que la denuncia se presentó ayer en la agencia del Ministerio Público de Renacimiento, por lo que se abrió la averiguación previa TAB/REN/05/0264/2013. Dijo que también se analiza presentar una demanda civil.

Indicó que las varias toneladas de lodo derramadas en el cauce del río han impedido que se bombee el agua necesaria, y que se dejaron de bombear 600 litros por segundo, lo cual representa una disminución de 30 por ciento del suministro de agua a la ciudad.

Detalló que las colonias que se han visto afectadas son Jardín en sus tres secciones, La Garita, Alta Laja, Potrerillo, 20 de Noviembre, Ciudad Renacimiento, Vicente Guerrero, Cumbres de Figueroa, Arroyo Seco, José López Portillo, La Máquina y Primero de Mayo.

Comentó que es el momento en que deben verse cristalizados los recursos que don;o España hace años. “Las primeras seis obras que ya están licitadas”, dijo.

Detalló que las colonias que se verían beneficiadas serían Zapata, La Sabana, Ciudad Renacimiento, La Mica, Plan de Ayutla, El Coloso, Lomas Verdes, Nueva Generación y Simón Bolívar.

Por otro lado, adelantó que mañana estará en el puerto el director general de la Conagua, David Korenfeld, a quien se le mostrará el proyecto Lomas de Chapultepec.

Panamá: Deuda, guerra y Cerro Colorado

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 18/04/2013.- La deuda panameña está creciendo a una velocidad que para la mayoría de los observadores pronto nadie podrá controlar. El actual gobierno – y sus asesores en Wall Street - sostiene que la deuda no constituye un riesgo en la medida en que la economía (medido por el producto interno bruto) crece a un ritmo igual o superior. Ambos crecen a una tasa anual del 10 por ciento. Obviamente, cuando la economía se desinfle y deje de crecer, Panamá ya no será un cliente interesante para los prestamistas. Nadie nos querrá prestar. Lo que no consideran los ideólogos incrustados en los puestos gubernamentales es que el país quedará trabado con una deuda gigantesca cuyo ‘servicio’ no se podrá pagar.

En el último lustro ha llegado a Panamá una inversión de capital muy fuerte. El mismo ha sido básicamente en el sector especulativo de la construcción, turismo y la banca. También se han hecho inversiones en el sector energético (represas hidroeléctricas) y en la minería. La mayor parte de esa inversión se realiza bajo la forma de capitales que entran y salen, sin mayores controles financieros (y menos políticos). La banca panameña cuenta con una cartera de casi 90 mil millones de dólares. La plaza bancaria panameña se ha duplicado en menos de una década. El año pasado creció en un 10 por ciento.

El proceso descrito es llamado una “burbuja”. Sobre la base de un ciclo favorable de crecimiento el gobierno se abre -de par en par- a los negocios sin contemplar su viabilidad a mediano y largo plazos. Cuando el ciclo toma una dirección descendiente el país se queda varado como un barco cuando es atrapada por la marea baja. Este fenómeno es muy conocido por Panamá que lo ha experimentado a lo largo de su historia. Combinado con el mal manejo de la deuda (externa e interna) que ha adquirido el gobierno panameño, especialmente en los últimos años, puede conducir el país a una guerra civil. Veamos por qué.

Según algunos autores que escribían cuando el capitalismo conoció su época dorada (1948-1973) y crecía a escala global, la deuda y la inflación son maneras de retardar y resolver temporalmente conflictos sociales. El endeudamiento era una necesidad ante la falta de políticas que impulsaran un crecimiento sostenible y productivo.

¿Puede Panamá hacer eso?

En el caso de Panamá, la nacionalización del Canal (en 2000) y los crecientes ingresos (de 2001 hasta el presente) de su operación han creado un globo especulativo espectacular. El crecimiento del PIB en el último lustro le permitió a Martinelli endeudar al país a un ritmo de mil millones de dólares al año. En la actualidad, la deuda supera los 14 mil millones de dólares. El gobierno tiene que pagarle anualmente a sus acreedores más de mil millones de dólares en intereses. Lo equivalente al presupuesto nacional de educación (que atiende en forma deficiente a 800 mil estudiantes panameños).

La deuda de $14 mil millones no incluye los contratos "llave en mano" que ha firmado Martinelli por otra suma de 3.4 mil millones de dólares. La deuda totalizaría 18 mil millones de dólares. Hay quienes ven una luz al final del túnel al señalar que la deuda interna se duplicó para colocarse ya en 3 mil millones de dólares. En realidad, esto significa que ante una recesión la debacle de los inversionistas locales será aún más dura. A pesar del banquete y del baile de gala que celebran los especuladores actualmente, el gobierno de Martinelli acaba de anunciar que necesita a corto plazo otros 700 millones de dólares para balancear el presupuesto nacional.

Al término de la expansión del Canal - calculado entre 2014 y 2015 - se desinflará el globo y Panamá tendrá dificultades para pagar las deudas. Todas las inversiones que ha realizado Martinelli son de servicios, no generan riqueza ni empleos productivos. Las carreteras se pagan si transportan mercancías y trabajadores. Igual, las avenidas, calles y Metro en la ciudad de Panamá. En una recesión no hay producción de mercancías y menos comercio.

Entonces se hablará de austeridad. ¿Para quién? ¿Otra vez los trabajadores? Estos han sido despojados de todo y no tienen con que seguir siendo victimizados.

Hay voces que hablan de una posible salvación: La explotación de la mina de cobre en Petaquilla que rendirá varios miles de millones al año. Pero sólo le dará al fisco el 4 por ciento en concepto de impuesto. Esa participación del gobierno representaría 100 millones de dólares al año. Incluso menos, si First Quantum (nueva propietaria de la empresa Panama Cobre) sale con la suya de incrementar al máximo las ganancias que se llevarán al extranjero.

La otra apuesta de los especuladores que gobiernan actualmente al país es la mina de Cerro Colorado, en la Comarca Ngobe-Buglé. Si el mercado de metales preciosos se sostiene esta mina podría duplicar los ingresos que generaría Panama Cobre en Petaquilla. El efecto político de esta iniciativa, sin embargo, sería una guerra civil y la probable pérdida del poder político de la clase rentista que controla desde hace 20 años el gobierno.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

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EXIGE FUNDALEX GARANTÍAS PARA JORGE CARRASCO ARÁIZAGA




* Solicita al Gobierno de Veracruz evitar que las investigaciones sobre presuntas amenazas a su integridad física y legal se conviertan en una forma de intimidación hacia el ejercicio periodístico del reportero

México, D. F., a 18 de abril de 2013

La Fundación para la Libertad de Expresión se hace eco de la denuncia pública realizada por la Revista Proceso en torno a las presuntas amenazas a la integridad física y legal del periodista Jorge Carrasco Aráizaga y a la respuesta del Gobierno de Veracruz, a lo que declara:

a) Que el territorio veracruzano es una región donde el ejercicio de la libertad de expresión está totalmente desprotegido por el Gobierno de Veracruz. El asesinato de nueve periodistas, la desaparición de tres y la salida de una treintena de ellos en los últimos 30 meses, así lo demuestran.

b) Ha quedado demostrado en recientes incidentes que el Gobierno de Veracruz, a través de sus funcionarios, no sólo amenaza la libertad de expresión con el continuo hostigamiento hacia los periodistas, sino que también los criminaliza como una forma de inhibir el ejercicio periodístico.

c) Sobre el caso del reportero Jorge Carrasco Aráizaga, denunciado por la empresa para la que labora y a la que prestaba sus servicios Regina Martínez, asesinada el 28 de abril del año pasado, solicitamos al Gobierno de Veracruz:

1. Realizar las investigaciones correspondientes dentro del marco de la legalidad y en estricto apego a la ley.

2. Evitar que las investigaciones se conviertan en una forma de intimidación hacia el ejercicio periodístico del reportero, así como el de sus compañeros del semanario Proceso y de los reporteros en general.

La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) , recuerda cómo los pueblos que han respetado y consolidado la libertad de expresión, hoy figuran en los primeros lugares de desarrollo humano según Naciones Unidas, mientras los pueblos más violentos y con altos niveles de pobreza son aquellos donde la libertad de expresión ha tenido una muy escasa adhesión, conocimiento y respeto.

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Boletín de prensa: Jornada de lucha por la Educación pública y gratuita - invitación a marcha 19/abril 14:00 Parque hundido-CU

Las diversas reformas realizadas al Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Educación, así como la propuesta conocida como de los “12 puntos” para el Colegio de Ciencias y Humanidades han sido impuestas por las autoridades, no sólo ignorando la voz de los estudiantes y académicos, sino incluso, simulando diálogos con la comunidad estudiantil y académica.

Estas contra reformas representan en la práctica, más allá del bonito discurso de las autoridades, la destrucción de los proyectos educativos como el del CCH, que se caracterizaban por destacar la formación crítica y humanista, y al mismo tiempo que destruye estos proyectos, construye y consolida un proyecto cuya base es, no podemos llamarla formación, la simple instrucción y capacitación técnica, nuestro Pueblo necesita hombres y mujeres que piensen, no esclavos de las máquinas y este último es el objetivo del Estado mexicano y del candil de la calle, pero obscuridad de sí misma, nuestra alma mater, la UNAM.

La comunidad estudiantil y académica que de manera organizada hemos planteado esta posición ante las autoridades competentes, no sólo hemos encontrado oídos sordos, diálogos simulados y peroratas de supuesta legalidad, sino que cuando ejercemos el derecho a la protesta para hacernos oír, hemos sido criminalizados, judicializados, sancionados e incluso expulsados provisionalmente y en muchos casos definitivamente, usando “el imperio de la ley” como una herramienta política para intentar acallarnos y que la comunidad universitaria tampoco nos escuche.

No bastan los castigos académicos y legales, también denunciamos el uso de un grupo cuasi paramilitar al servicio de las autoridades universitarias que disfrazados de trabajadores y funcionarios, nos han golpeado, nos han taloneado (asaltado), nos humillan, acosan sexualmente a nuestras compañeras, muchas de ellas menores de edad, se burlan de nuestra forma de vestir y abusan de ese poder que la Institución que habla de democracia les ha otorgado de manera impune, el único objetivo es inhibir nuestros derechos de reunión, asociación, libre expresión y manifestación, con lo que no estamos de acuerdo de las autoridades, la corrupción, la violencia, la imposición, la vigilancia y control excesivo, las violaciones a los derechos humanos que cometen en contra nuestra, en contra de la comunidad universitaria, en contra de nuestro pueblo.

Frente a este contexto decidimos de manera coordinada, realizar una JORNADA DE LUCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA con las siguientes demandas:

Reinstalación de los 5 estudiantes expulsados por motivos políticos del CCH Naucalpan.
Justicia para Mayra Valenzuela por el intento de ejecución extrajudicial sufrido a manos de porros en contubernio con autoridades de la UNAM el 7 de mayo del 2004.
No a la propuesta de los 12 puntos de contrarreformas en los CCHs (Ahora 8 puntos).
Desaparición del anticonstitucional Tribunal Universitario.
No a la criminalización de la protesta social.
Derogación del protocolo de actuación policial de la SSP del DF para el control de multitudes ya que viola El artículo primero de la Constitución Mexicana y el Derecho Humano a la protesta social.

Y los invitamos a las siguientes actividades

Marcha el 19 de abril de 2013 a las 14 horas del Parque Hundido a la Rectoría de Ciudad Universitaria con mitin y plantón en la Rectoría hasta la resolución de las demandas.
Foros informativos en CCHs, Preparatorias y Facultades de la UNAM que se están realizando desde el 4 y que culminaran el 24 de abril.
Encuentro Estudiantil el 24 de abril de las 10: 00 horas a las 20:00 horas en el Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria

Le decimos a la autoridad universitaria que no resolverá la problemática que actualmente vivimos en la UNAM, con la política del garrote y la zanahoria, para ser más claros, con el uso faccioso del anticonstitucional Tribunal Universitario (a imagen y semejanza del fuero militar) y la simulación de diálogo.

Para reparar el tejido social en las comunidades que conforman los CCH’s es necesario que la autoridad tenga no sólo la voluntad, sino la iniciativa de investigar y sancionar y si es el caso denunciar penalmente a aquellos funcionarios y trabajadores que han lastimado a cualquier miembro de la comunidad estudiantil y académica, no sólo los que somos críticos, además le recordamos que muchos estudiantes son menores de edad y eso nunca ha impedido o frenado a la mafia que vive del presupuesto universitario.

Aclaramos que nosotros, en todo momento, fieles al espíritu universitario hemos defendido y seguiremos defendiendo a nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y a su objetivo principal, una educación pública y gratuita, con un sentido humanista y al servicio de nuestro pueblo.

Mañana a partir de las 14:00 marcharemos, ejerciendo nuestro derecho a la protesta, orillados por la cerrazón de nuestras autoridades.

Sabemos de antemano que intentarán “protegernos” aplicándonos el protocolo de represión contra la protesta social de la Secretaría de Seguridad Pública del DF o cómo le hayan nombrado, por lo cual y ante el uso excesivo de la fuerza que ha caracterizado a este gobierno proderechista de Miguel Ángel Mancera Espinosa, lo hacemos directamente responsable de cualquier acto de represión que sea ejercido en contra de los manifestantes y de periodistas y defensores de derechos humanos que ejerciendo su derecho a defender los derechos humanos nos acompañarán.

POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
“Defendamos la Educación hoy y para las futuras generaciones.”

Asamblea Universitaria de Académicos
Estudiantes expulsados de CCH Naucalpan
Coordinadora de CCH´s
Brigada Estudiantil Multidisciplinaria

México: Ataque a medio de comunicación debe ser investigado y los responsables llevados ante la justicia.




Durante la madrugada del día de ayer 17 de abril en la ciudad de Guadalajara, la sede del diario “Mural”, perteneciente al grupo Reforma, fue atacada con dos explosivos, que provocaron daños al exterior del edificio.

El pasado 6 de marzo las instalaciones del “Diario de Juárez” y de “Canal 44” ubicadas en Chihuahua fueron también atacadas. En los últimos años otros medios de comunicación y periodistas en diferentes estados han sido objeto a ataques de esta naturaleza.

Amnistía Internacional considera que estos ataques tienen como objetivo intimidar a los medios de comunicación e influir sobre la cobertura que realizan. Por lo tanto deben considerarse como un intento de limitar el ejercicio de la libertad de expresión.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a que se aseguren de que las investigaciones que se conduzcan sean eficaces e imparciales, que los resultados de estas investigaciones sean hechos públicos y que las personas responsables de esta agresión rindan cuentas ante la justicia.

Así mismo, la organización hace un llamado a las autoridades estatales y federales a garantizar las medidas de seguridad que las y los periodistas requieran, de conformidad con su voluntad, para asegurar que quienes colaboran con estos medios puedan continuar haciendo su trabajo sin temor a ser víctimas de represalias.

Información adicional.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, como lo reconocen numerosas organizaciones internacionales.

En 2012, el Legislativo mexicano aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que fue firmada por el presidente. El proceso de aplicación de esta ley ya ha comenzado, e incluye la participación directa de representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, es fundamental que los Estados que todavía no han firmado los convenios de colaboración para poner en marcha el Mecanismo de Protección lo hagan cuanto antes, y que la Secretaría de Gobernación garantice su plena implementación incluyendo las previsiones para prevenir los ataques a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También es necesario que las autoridades de todos los niveles tomen todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar este tipo de agresiones.

Edgar te necesita para salir del corredor de la muerte.




Estimada, estimado,

La pena de muerte jamás podrá ser justa. Permitir la pena de muerte es institucionalizar el asesinato.

Edgar Tamayo es un ciudadano mexicano que lleva ya 18 años en el corredor de la muerte en Texas y en cualquier momento podría anunciarse la fecha para su ejecución. Durante su proceso no se respetó su derecho a contar con una asistencia legal adecuada, al negársele en la práctica el derecho a pedir asistencia consular.

Edgar fue juzgado y condenado por un sistema penal que no entendía, y que se caracteriza por la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra personas pertenecientes a minorías, sin poder contar con el auxilio de su país como sí recogen las normas internacionales. Dos tercios de las personas condenadas a muerte en Texas pertenecen a minorías, y de ellas la mitad son hispanas.

Ante esto, la Corte Internacional de Justicia, ordenó a Estados Unidos revisar su caso antes de proceder a cumplir la sentencia, pero la Corte Suprema se negó a hacerlo y ahora Edgar podría ser el próximo mexicano ejecutado en los EEUU, a pesar de tener una sentencia internacional que lo protege.

La pena de muerte es una violación completa de los derechos humanos. Su aplicación es inaceptable, y más si la persona condenada no tuvo acceso a un juicio justo. Este castigo no solo es cruel sino absurdo. Ya firmaste contra la pena de muerte en Estados Unidos. Por eso te pedimos que nos ayudes a exigir que se conmute la pena de Edgar y se revise su caso. 

Actúa ahora en: http://alzatuvoz.org/edgar/


Gracias,

El equipo de Amnistía Internacional México

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