lunes, 29 de abril de 2013

Parques eólicos: La resistencia comunitaria


JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- En 2004, el grupo español Preneal llegó al municipio de San Dionisio del Mar, Oaxaca, realizó una asamblea con los comuneros, quienes pasaron lista de asistencia; sin embargo, sus firmas sirvieron después para que la transnacional las utilizara a su conveniencia y como aceptación de los lugareños para la construcción de un parque eólico.

Los comuneros, llenos de rabia porque se les pretendía despojar de sus tierras, su sustento de vida, centro ceremonial y la existencia misma, iniciaron la lucha. Cansada de tanto alboroto, Preneal traspasó su proyecto a otra española, Mareña Renovable. Hoy, contra este monstruo de la energía eólica, los comuneros luchan y, a decir de ellos, sin el respaldo del gobernador Gabino Cué.

Jesús García Sosa, comunero, libre pescador como él se denomina, dice que si supiera que sus hijos van a ser profesionistas, ingenieros del parque eólico, entonces no estaría tan preocupado por el mar, “pero necesitamos del mar, porque milenariamente el mar ha sido sustento de los huaves. Nuestro mar es el patrimonio que nos heredaron nuestros antepasados, por eso lo defendemos, para que no se afecte nuestra cultura, nuestro hábitat”.

Jesús García dice que leyó en una revista científica de la UNAM que los manglares son ecosistemas, y en la barra de Santa Teresa, de donde vive y pesca, es una isla de manglares.

Todos esos manglares, abunda, el parque eólico los quitará. Relata que el otro día vio que los trabajadores de Mareña Renovables medían las plantas de manglares, ¿Por qué los miden? Les preguntó, “porque los vamos a plantar en otro lugar”. Y luego se preguntó, “acaso no sabrán que la naturaleza por algo los puso ahí y no en otra parte”.

Gracias a estos razonamientos de los comuneros es que en San Dionisio del Mar los pescadores protegen su mar, la biodiversidad, las aves endémicas que tienen.

Luego, cuando los comuneros preguntaron a los ingenieros de Mareña qué pasaría con las aves migratorias que llegan hasta la barra de Santa Teresa y cruzan el mar, qué pasaría porque se toparían con las grandes aspas de generación de energía, les respondieron, “pues que les den la vuelta”.

La absurda respuesta de Mareña Renovables recuerda la triste y ridícula respuesta del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, quien al preguntársele qué pasaría con los patos que habitan el lago de Texcoco, soltó: “Pues hasta los patos prefieren Texcoco”.

“Acaso los españoles piensan que somos tontos”, comenta Jesús García cuando relata su preocupación por los manglares. La triste respuesta es que sí. Tan lo piensan que han pretendido engañarlos diciéndoles que con el parque sus hijos hallaran la panacea y la gloria de la vida, la riqueza y la tranquilidad gracias a lo que producirán de energía. Nada más falso, pues aquí los únicos ganadores serán las empresas extranjeras y los grandes perdedores los más de 50 mil comuneros que viven de la pesca y se protegen de huracanes con la barra de Guadalupe.

El conflicto entre comuneros y empresas extranjeras inició en 2004. José Murat y Ulises Ruiz, dos gobernadores priistas, nada hicieron por los comuneros, y el actual, Gabino Cué, que surgió de la “izquierda”, tampoco.

Es momento que por justicia y reconocimiento a sus derechos como habitantes primarios y milenarios del lugar que el gobierno federal debe poner fin a este atropello en San Dionisio del Mar y 13 comunidades más que podría perder su alimento, su vida con la llegada del parque eólico.

Y para quien no conozca a los comuneros de San Dionisio del Mar, lo puede hacer a través de las siguientes palabras: “Somos nahuales, somos rayo, somos nube, venimos costeando desde el Perú, desde los incas, desde el tiempo de nuestros ancestros, aunque muchos de los que saben leer, los que conocen el silabario ya ni se acuerdan. Somos aire del Istmo, oliendo a mares, somos el golpear de los cayucos llevando comida a casa: yolo, lisa, robalo, camarón, jaiba y pejesapo.

“¿En dónde vivimos?, en la zona de los médanos de la región del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, San Dionisio del Mar y su oleaje de la laguna superior o Mar Santa Teresa; San Francisco del Mar Pueblo Viejo y su puerto estero; San Mateo y su mar Tileme; Santa Maria del Mar y su barra de Santa Teresa…”

Estos comuneros son quienes hoy tienen amenazas de muerte, quienes por defender su mar y su tierra hoy están escondidos en algún lugar para mantener la vida perseguida por empresas transnacionales: Betina Cruz Velázquez, Carlos Beas Torres, Rodrigo Peñaloza, Isaúl Celaya López y Mariano Gómez.

Y si algo faltara, también al comunicador, defensor de los comuneros, Carlos Sánchez Martínez, se le está persiguiendo.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com

Twitter: @jesusaproceso

Exige la CIDH a Peña indagar amenazas contra defensor de migrantes


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantías para el defensor de migrantes de Tenosique, Tabasco, Tomás González y su equipo, y que se lleve a cabo una investigación a fondo sobre el origen de las amenazas en su contra.

A través del otorgamiento de medidas cautelares, la CIDH comunicó el pasado 19 de abril al gobierno de Peña que está obligado a atender a fray Tomás González, Rubén Figueroa y demás colaboradores del albergue para migrantes La 72, así como a los usuarios del refugio, destacaron defensores de derechos humanos que a nombre de los agraviados solicitaron la intervención del sistema interamericano.

Stephanie Brawer, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que la CIDH dio indicaciones al Estado mexicano para que “se accionen los mecanismos necesarios para proteger la integridad de la vida de los beneficiarios, así como que se tomen las medidas para garantizar que los defensores puedan desarrollar su labor, es decir, el Estado no puede proponer que para que estén seguros tengan que dejar Tenosique, que los migrantes puedan estar en ese lugar sin correr riesgos, además de que se investiguen los hechos que dieron lugar a esta situación de riesgo, que se desahoguen las varias denuncias en contra de personas responsables”.

La defensora apuntó que si bien el religioso responsable del albergue La 72 está integrado al mecanismo de protección de defensores de la Secretaría de Gobernación desde enero pasado, “la CIDH consideró que él, su personal y los migrantes están en un riesgo muy alto”.

Leticia Gutiérrez, representante de la Misión para Migrantes y Refugiados, destacó que a las amenazas por parte del crimen organizado que han recibido fray Tomás, su personal y los migrantes, se suman cuatro denuncias en su contra.

El Instituto Nacional de Migración (INM) acusó al religioso de obstrucción a la autoridad, “por grabar un operativo violento contra migrantes”, así como de tráfico de personas, “una por la atención a los migrantes en el albergue y otra por atender a refugiados de Guatemala que se asentaron en una comunidad de nombre Nueva Esperanza, cuando ya está establecido que no se puede considerar un delito ayudar a migrantes indocumentados”, detalló Gutiérrez.

La religiosa agregó que contra fray Tomás también se inició una averiguación previa por difamación formulada por personas identificadas como integrantes del crimen organizado que se dedican a extorsionar a migrantes para viajar en el tren conocido como La Bestia.

Sobre la última denuncia, destacó que se derivó de que el 17 de marzo dos migrantes llegaron al albergue y comentaron a fray Tomás que “los delincuentes que les han cobrado piso están en las vías del tren, hacemos un movimiento a nivel federal y se detienen tres personas, y a los 20 días dejan libres sin avisar a fray Tomas ni a La 72, y lo contrademandan”.

Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, identificó a los responsables de extorsionar a los migrantes a miembros de la Mara Salvatrucha, quienes son colaboradores del crimen organizado en México, en especial del cártel de Los Zetas.

Explicó que en el caso de fray Tomás, las personas acusadas de extorsionar a los migrantes y después liberadas “aparecen ante los medios para denunciar a fray Tomás por difamación y presentan la querella ante la PGJ, y piden al INM que les dé visa humanitaria para dar seguimiento al caso, lo que a todas luces es un movimiento orquestado”.

Se quejó de que al no llevar hasta las últimas consecuencias las denuncias ni las medidas de protección, las organizaciones sociales asumieron la seguridad de los migrantes que denunciaron a los maras extorsionadores, “los quería mandar a un centro de detención migratoria, siendo testigos protegidos, el mensaje es aterrador, dicen que nos cuidan y por otro lado la realidad es que estamos corriendo de los peligros de la falta de voluntad de proteger a los migrantes”.

Delia Sánchez, de Propuesta Cívica, apuntó que “mientras las denuncias contra los extorsionadores y miembros del crimen organizado no avanzan, las averiguaciones contra fray Tomás sí, por ejemplo, la PGJ envió una notificación fechada el 10 de abril, pero llegó siete días después, en el que le informaban que tenía que ir a declarar ese 17 y que si no se presentaba a tomar medidas de apercibimiento, como puede ser la detención”.

Marta Sánchez explicó que Los Maras se “infiltran en los albergues para detectar a los migrantes que tienen familiares en Estados Unidos y luego los etiquetan para secuestrarlos”.

Para la defensora, el cambio de gobierno a nivel federal no ha significado un cambio para los migrantes, quienes día a día “viven una tragedia humanitaria, los que no tienen dinero para pagar su permanencia en el lomo de La Bestia, los están tirando del tren en marcha, los delincuentes trabajan arriba de La Bestia ya no con machetes sino que están armados”.

Sánchez aseguró que además del número creciente de migrantes asesinados, hay casos desconocidos de personas que mueren tras ser arrojadas del tren y luego consumidas por animales carroñeros.

En espera de que en próximos días se cumpla el plazo para que el gobierno de Peña Nieto dé respuesta a la CIDH, Marta Sánchez resaltó que lo que las organizaciones que solicitaron la intervención del organismo internacional quieren es que “el gobierno reaccione, lo que tienen que hacer es fácil hay una vía del tren por la que transitan de ida y vuelta criminales que todos sabemos quiénes son, no son operativos que les toma dinero ni personal, sólo voluntad para dejar de usar doble discurso”.

Organizaciones de derechos humanos condenan amenazas a Artículo 19


MÉXICO, D.F., (poceso.com.mx).- Organizaciones de derechos humanos condenaron las amenazas cometidas contra la asociación de defensa de periodistas Artículo 19.

“El incremento de la violencia y la inseguridad que se vive hoy en el país ha colocado a periodistas y defensores de derechos humanos como uno de los sectores de la sociedad más vulnerables. El entorno en el que se desarrollan sus actividades se ha visto gravemente afectado por amenazas, intimidaciones, actos de hostigamiento, detenciones arbitrarias, asesinatos.

“Lamentablemente, los mecanismos del Estado para proteger y garantizar su seguridad no son efectivos. Ante este contexto, la presencia de Artículo 19 ha sido fundamental en el acompañamiento a periodistas y medios de comunicación para garantizar el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en México”, refiere un desplegado publicado este lunes.

En días pasados, el equipo de Artículo 19 recibió un mensaje con amenazas contra su integridad física. Esta organización trabaja desde hace siete años para proteger a periodistas amenazados y promover el derecho a la libertad de expresión.

Firman el desplegado: Casa de los Derechos de los Periodistas, Casa del Migrante de Saltillo, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Nacional de Comunicación Social, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Clóset de Sor Juana, Fundar, Gire, así como académicos y periodistas como Sergio Aguayo, Carmen Aristegui y Marta Lamas.

Con beca del SNTE y “ahorros”, Moreira vive como millonario en Barcelona


MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- Con sus “ahorros” y una beca del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el expresidente nacional del PRI y exgoberandor de Coahuila se da una vida de millonario en Barcelona, España.

Moreira renta mensualmente un chalet en Valldoreix, en el barrio Sant Cugat, el segundo municipio más rico de Cataluña, con un precio de 3 mil 500 euros, el equivalente a 55 mil 300 pesos. El inmueble tiene 700 metros cuadrados de construcción, está equipado con una piscina encubierta, seis recámaras de dos plantas, seis baños y biblioteca.

El priista paga, además, 3 mil 960 euros, alrededor de 62 mil 600 pesos, de una colegiatura en el master internacional de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de acuerdo con una nota que publica este día el periódico Reforma.

En la cochera tiene una camioneta Volvo XC60, último modelo, con un costo de 616 mil pesos. De acuerdo con una entrevista concedida al diario, Moreira vive de sus “ahorros” y del salario de maestro comisionado que le da el SNTE.

Moreira tiene la intención de terminar el máster y evalúa extender su estancia en Barcelona, pues desea estudiar el Máster de Política Social, Trabajo y Bienestar, de la UAB.

“Yo pago el curso, lo que me paga el SNTE es mi salario”, declaró al diario.

Después del escándalo de la megadeuda del gobierno de Coahuila y del asesinato de su hijo Eduardo, Humberto Moreira anunció que dejaría el país para una residencia estudiantil en España.

Tenemos nuestras armas “guardaditas”; no queremos a las autodefensas: ‘La Tuta’


Servando Gómez Martínez, La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios en Michoacán, reapareció en un video en Youtube en el que se dirigió al gobierno federal, para pedirle que actúe contra las guardias comunitarias.

El líder lamentó la actuación del gobierno estatal y federal en el estado y cuestionó quién está detrás de las guardias, aunque él mismo mencionó al ”Mencho” (Nemesio Oceguera), a quien identifica como su enemigo, quien encabeza el cártel Jalisco Nueva Generación, en el estado vecino.

Sostuvo que las guardias comunitarias son “gente que no es de Michoacán”, sino que son originarios de Jalisco y Sinaloa.

Exigió a las autoridades que “cumplan con sus obligaciones”, en el sentido de terminar con esos grupos, que ubicó especialmente en La Ruana (Felipe Carrillo Puerto).

Mencionó que Los Caballeros, a diferencia de los guardias, sí tienen armas, pero “guardaditas” y son para “defender a nuestro estado de los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación“.

Además, consideró que el pueblo se manifiesta porque ya está enfadado de la corrupción de los gobiernos federal y estatal.

Consideró que el Estado ha armado a las guardias comunitarias con el fin de “enfrentar pueblo contra pueblo.

“Nosotros somos delincuentes pero estamos dispuestos a buscar las medidas convincentes para poner orden, no sólo e Michoacán, sino en donde podamos”, advierte.

Nuevamente, pidió al gobiernos federal y estatal dialogar con su organización delictiva y agrupaciones sociales (normalistas, estudiantes y campesinos) con el propósito de atenuar los conflictos en Michoacán.

En el video, La Tuta viste una playera a rayas y un pantalón de mezclilla. De fondo, se ven un árbol y una vaca pastando tranquilamente.

 

García Luna prestó policías, ambulancias, ‘Black Hawk’… a Televisa: ‘Emeequis’


Zorayda Gallegos, periodista de la revista Emeequis, reveló más detalles sobre la relación entre Televisa y la extinta Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por Genaro García Luna, sobre la que apuntó que para la serie ‘El Equipo’ se utilizaron policías, uniformes, ambulancias, y hasta helicópteros, los cuales fueron prestados por la dependencia que estaba encargada de la seguridad en el país.

En entrevista en la primera emisión de Noticias MVS, la periodista habló sobre el reportaje que publica su revista en el que se recuerda que la SSP pagó a la televisora 118 millones de pesos por la producción y difusión de la serie, no obstante que le prestaron parte del equipo que se utilizó en la misma, además de que la empresa comercializó con ella.

“Lo que se desconocía: 39 oficios obtenidos por emeequis documentan lo que la SPP había negado: que la institución se prestó a casi todo, desde dejar que grabaran en el Centro Nacional de Inteligencia hasta facilitar “rinocerontes”, helicópteros Black Hawk y a elementos de élite como extras”, indica la publicación.

La periodista indicó que a la Policía Federal se le ordenó aleccionar y capacitar a los actores que participaron en la serie de televisión, mientras que a decenas de agentes de cuerpos de élite se les instruyó a que respondieran a los llamados de la producción y que incluso participaran de extras.

“Por órdenes de Facundo Rosas Rosas (exmando de la PF), se prestaron patrullas, vehículos blindados y rinocerontes, helicópteros Black Hawk, ambulancias, uniformes tácticos, bombas de humo, herramienta para la apertura de puertas y ventanas; escudos balísticos y blindados; caretas antibalas, así como cámaras de fibra óptica y de espionaje, para que en cada una de los capítulos se encargaran de enaltecer la labor de la Policía Federal”, resalta el reportaje.

Al dato de lo que Televisa cobró por la serie (118 millones 166 mil pesos por 15 capítulos de 25 minutos en horario estelar del Canal 2) se le agrega que en el contrato modificatorio, firmado el 2 de mayo de 2011, se estableció que la televisora tendría derecho a comercializar los cinco minutos de cortes de cada capítulo.

Emeequis calcula que si se toma en cuenta que un anuncio de 20 segundos en horario estelar cuesta en promedio 278 mil pesos, por comercializar los 75 minutos de los 15 capítulos la serie, Televisa habría obtenido, además del dinero público, otros 62 millones 550 mil pesos.

Yerno del Rey de España se acercó a Calderón para hacer negocios: Ana Lilia Pérez


Marchan para exigir justicia por el homicidio de Regina Martínez


NORMA TRUJILLO BÁEZ Y AGENCIAS / LUNES, ABRIL 29, 2013

Un año ha pasado, el recuerdo vive y aunque el miedo abrazaba a la indignación por ser el estado más peligroso para ejercer el periodismo, el grito salió de reporteros veracruzanos, del país, del extranjero y de la sociedad civil exigiendo justicia para Regina Martínez, corresponsal de la revisa Proceso. Por eso más de 200 manifestantes encabezados por el escritor Juan Villoro, como se hizo en 16 ciudades del país, marcharon en el primer cuadro de la capital del estado para exigir libertad de expresión y también para que no queden en la impunidad los crímenes de los periodistas y fotógrafos que han muerto en la entidad veracruzana.

Antes de acudir como invitado de la Feria Internacional del Libro Universitario 2013, Juan Villoro se solidarizó con los comunicadores, del Distrito Federal, Chihuahua y Morelos, integrantes de Periodistas de a Pie, de Reporteros sin Fronteras, y juntos, con carteles en mano y un “Regina, Regina, Regina, Justicia” inició la marcha.

Al retornar la marcha a la Plaza Lerdo, en donde se llevó a cabo un acto y allí, Elia Baltazar, integrante de Periodistas de a Pie, dijo “Veracruz es la alerta, es la alarma, no podemos permitir que el silencio siga avanzando, por Regina, por los periodistas muertos en cada uno de los estados, siga avanzando, necesitamos levantar la voz, unirnos, defendernos, volver a sentirnos orgullosos de lo que hacemos”.

En tanto José Gil Olmos, reportero de la revista Proceso añadió que se investigue a fondo el crimen de Regina, porque “no les creemos, como lo dijo el director, Rafael Rodríguez Castañeda, y el fundador de la revista, y seguimos insistiendo que no les creemos hasta que no haya claridad de qué fue lo que ocurrió”.

Pero a la vez pidió que haya seguridad para todos y cada uno de los reporteros que en Veracruz viven una de las situaciones más complicadas que se vive en el país, es uno de los estados por segundo año consecutivo de mayor riesgo para ejercer el oficio como reporteros y nosotros venimos un grupo de reporteros de la ciudad de México a título personal venimos a darles un abrazo y a agradecer con el corazón que sigan insistiendo en el caso de Regina y de los 13 compañeros muertos y desaparecidos. Es una situación que no se puede seguir aguantando y nosotros desde nuestro lugar y espacio, de nuestra computadora les garantizamos que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y con los compañeros de la Red de Periodistas de a Pie, que también se han distinguido en los últimos años por dar una defensa a cada uno de los reporteros del país que sufren esta situación.

También participaron miembros de la sociedad civil, Francisco Domínguez Caseco, coordinador del Centro de Estudios Municipales, Guillermo Rodríguez Curiel, de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) y Daniela Griego del Movimiento Agrario Indígena Zapatista y de la Red Cívica. El primero recordó el compromiso social que tuvo Regina como reportera. Guillermo Rodríguez, abordó la no complacencia de Regina, porque así como fue crítica del gobierno, “pero también cuando cometíamos algún error o desviación los movimientos sociales, celebramos que haya periodistas que tengan esa capacidad de ser críticos también de la sociedad, pero también fue critica del gobierno del Estado y de los políticos que no soportan la crítica mucho menos el gobierno, pero más aún el partido del poder, la sociedad estamos convencidos que requerimos periodistas que tengan la capacidad y la sensibilidad de reflejar lo que está ocurriendo en nuestro país y particularmente en el estado de Veracruz”.

Daniela Griego, de Maíz, dijo que haber avasallado una voz crítica del periodismo en el estado significó un despertar de nuevas voces. despertó la rabia y el dolor de quienes fuimos amigos y amigas de Regina, quienes consideramos que su muerte fue un crimen de Estado, porque Regina hacía política por medio de su escritura y por eso la mataron.

Regina dio voz a los que no la tenían, con su pluma como su principal herramienta luchó por dignificar y evidenciar la realidad de los más empobrecidos, los campesinos, los pueblos indígenas, los obreros, que vieron mutilada su esperanza por un sistema neoliberal impuesto y como –sostuvo Daniela Griego, “organizaciones ciudadanas reconocemos el valioso aporte que dio publicando y evidenciando nuestras demandas, los problemas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los diferentes gobiernos”.

Hoy su nombre no es un recuerdo, es eco de la indignación ante tanta corrupción justicia que enfrentamos en Veracruz, exigimos justicia al o los autores materiales e intelectuales de este crimen y exigimos medidas claras de protección a los periodistas que están comprometidos con la libertad de expresión, exigimos justicia y esclarecimiento de los casos de los periodistas muertos y desaparecidos: Evaristo Ortega Zárate, Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge, Esteban Rodríguez, Guillermo Luna, Irasema Becerra, Víctor Báez Chino, Gabriel Manuel Fonseca Hernández y Cecilio Rodríguez Domínguez.

“No podemos ser rehenes de nuestro miedo”: Juan Villoro

El escritor y periodista Juan Villoro hizo un llamado a la defensa de la palabra y a la libertad de expresión de los reporteros y escritores de México y afirmó “quienes escribimos no podemos ser rehenes de nuestro propio miedo” en el país más peligroso para ejercer el periodismo.

En entrevista, previo a la marcha por el primer aniversario luctuoso de Regina, corresponsal de la revista Proceso, el escritor que acudiría al homenaje de Sergio Pitol que se le rindió en la Feria Internacional del Libro Universitario 2013, dijo que “estamos viviendo un momento muy complicado...hemos tenidos demasiadas muertes en los últimos años 28 asesinatos en los últimos seis años, 14 desapariciones y el asesinato de Regina es uno más de los atentados a la libertad de expresión en nuestro país”.

Y contrario a lo que algunos opinaron, el escritor consideró que se debe protestar enérgicamente porque esto suceda y exigir garantías para ejercer nuestro trabajo, “los que escribimos no podemos ser rehenes del miedo y tenemos que expresarnos con libertad y celebro que se haga este acto de resistencia y se suma a la defensa de la palabra y la libertad de expresión”.

Es decisivo que haya una resolución satisfactoria de todos los casos de periodistas asesinados, de las presiones que han recibido los medios, de las granadas que han aventado contra instalaciones de periódicos como Río 12 en Sinaloa, y otros medios que fueron amenazados, se tiene que investigar y de manera seria, porque uno de los graves problemas de nuestra justicia es la fabricación de culpables, y todos nosotros sabemos que muchas veces cuando se presenta un presunto responsable no necesariamente es la persona que cometió el delito, entonces es una doble lucha la que se tiene que dar, detener a los culpables y no a los inocentes o presuntos culpables.

Sobre la criminalización de víctimas, señaló que es muy importante tomar en cuenta que a partir de la promulgación de la Ley General de víctimas existe una categoría social que es la de los muertos, inocentes que no tenían por qué haber caído en esta lucha eso es un reconocimiento público social que ya hace el gobierno de que hay gente que no debía haber muerto y que son personas que de manera totalmente al margen de sus propias intenciones cayeron y los periodistas pertenecen a este tipo de víctimas y deben ser honrados.

Pido que todos los directivos de medios que protejan a los suyos, “todos formamos parte del mismo gremio y es importante que nuestros jefes nos apoyen, a nosotros, yo colaboro habitualmente en Reforma y debo decir algo públicamente que no autorizó a decir el dueño y director Alejandro Junco, él ha sido amenazado por las noticias que cubre el periódico, actualmente vive en Austin, Texas y nos dijo por favor trasmitan esta noticia porque es la condición en la nosotros ejercemos dentro del periódico, y si el director no puede vivir en el país ya se imaginarán ustedes lo que les espera”.

En Coatza también exigen justicia

Medio centenar de periodistas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Nanchital marcharon sobre la avenida principal de esta ciudad para sumarse a la “Jornada Nacional Contra la Violencia a Periodistas”.

Los comunicadores exigen justicia tras el asesinato de Regina Martínez y otros periodistas, piden garantías al gobierno para desempeñar su labor periodística en el sur de la entidad.

Vestidos de blanco, con pancartas y cartulinas en mano, los reporteros expresaron su solidaridad en torno al caso de Regina Martínez marchando desde el parque que se ubica a un costado de la clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta llegar al parque Independencia, donde diversos periodistas alzaron la voz para exigir el cese al hostigamiento, las amenazas y la violencia en contra del gremio.

Periodistas deben dejar de lado la autocensura: Turati

Los periodistas en Veracruz deben asumir el compromiso de informar, dejar a un lado la autocensura que ellos mismos por miedo se han impuesto, y buscar mecanismos para dar a conocer al mundo el acontecer de la entidad, señaló la periodista Marcela Turati y fundadora de la Red Periodistas de a Pie.

Expresó que al entrevistar con algunos periodistas de Veracruz pudo constatar el miedo que sienten por dar a conocer la realidad. Dijo que el miedo de los periodistas se deriva a consecuencia de las amenazas que sufren los reporteros gráficos.

Mencionó “hay mucho miedo porque con estos crímenes lo que buscan es que el periodista se autocensure, con los ataques quieren controlar, meter miedo; pero los periodistas tienen que organizarse y ver como sacan la información del estado, buscar a otros periodistas de otros estados y organizarse”.

Denuncia Diana Coq irregularidades

La investigación en torno al caso del homicidio de Regina Martínez está plagada de irregularidades, aseguró la abogada del caso, Diana Coq Toscani, quien dijo que esto va desde falta de pruebas periciales hasta la detención bajo condiciones extrañas de uno de los acusados.

La abogada aseguró que existen puntos que no se han podido aclarar, entre ellos el por qué no se han atendido cuestiones como el vaciado de los teléfonos de Regina Martínez o el motivo desapareció su computadora vieja y no una nueva que estaba en su departamento.

Durante el mitin que se realizó tras la marcha para conmemorar el aniversario de la muerte de Regina Martínez, la abogada que coadyuva para su caso expresó que se recurre a todo tipo de tácticas para desprestigiar a la periodista.

Entre estas tácticas, incluso dijo que “a ella la mataron porque le conseguían drogas y niñas, porque era lesbiana” sin embargo dijo que en la necrocirugía “estaba muy limpia” ella no había tomado “ni una cerveza” no aparecen drogas ni que hubiera tenido relaciones sexuales.

Agregó además que se continúa acosando a periodistas para que acudan a declarar en el caso, a petición de ella, pues la intención como abogada es que las y los periodistas hablaran acerca de ella y de la calidad de persona que tenía, sin embargo se ha tomado esta petición como un instrumento para intimidar.

Grupo México hostiga a poblanos y veracruzanos que se oponen a hidroeléctrica


Por : Javier Puga Martínez

Habitantes de la comunidad El Mohon, en el municipio poblano de Hueytamalco, y de Epapa, perteneciente a Veracruz, denunciaron que el Grupo México está enviando emisarios que amenazan y hostigan a la población que se opone a la construcción de la hidroeléctrica Ocampo–Cuetzalin, que comparten ambas entidades.

La representante de Epapa, Aurora Juárez Barrientos, denunció que ha recibido amenazas de presuntos emisarios del Grupo México, empresa que pretende construir una planta hidroeléctrica en el municipio poblano de Hueytamalco, que colinda con aquella localidad de Jalancingo.

Relató que el amago contra su integridad le fue dado a su hermano, Luis Juárez Barrientos, por un hombre al que han contratado para presionar a la gente de Epapa, para que ceje en la resistencia al proyecto de la compañía propiedad del magnate Germán Larrea Mota Velasco.

Según el dicho de Luis Juárez Barrientos, el personero le dijo que sólo su hermana y el edil de Jalacingo, Emilio Álvarez Pimentel, “son los únicos que se oponen a la hidroeléctrica”, porque “ya todo el pueblo aceptó”, por lo que “deben andarse con cuidado y no entrometerse más, dejar de hacer grilla” (sic).

Aurora Juárez Barrientos es representante del movimiento de resistencia en Epapa y ha estrechado vínculos de lucha con el Consejo Tiyat Tlali y otras organizaciones poblanas que se oponen a los llamados “proyectos de muerte”, es decir, la explotación a cielo abierto de minas de metales preciosos, que serían abastecidas con una red de plantas hidroeléctricas como la que Grupo México quiere realizar en Hueytamalco y Epapa.

A otros vecinos opositores de estas comunidades –ambas de 500 habitantes, separados sólo por una calle–, han comenzado a destruirles sus huertos de café, plátano y naranjas con maquinaria pesada. De igual forma, camiones de carga cruzan por la calle principal destruyéndola como medida de presión a aceptar el trato que ofrece la empresa, que es dotarlos de mejores servicios.

La generación de la energía, menos de 10 megawatts por cada una de estas mini hidroeléctricas, será para abastecer al sector privado, señaló Juárez Barrientos, quien agregó que los enviados de Grupo México han dejado en claro que la energía no será las comunidades colindantes, sino que son “empresas privadas generando energía eléctrica para otras empresas a costa de los bienes comunales”.

Recordó que existe un acuerdo del cabildo de Tlapacoyan, Veracruz, que en 2011 impidió el cambio de uso de suelo y el otorgamiento de licencias para la edificación de esta obra, que entubará el río Jalacingo, así como los afluentes de éste ubicados en la serranía poblana–, ese grupo industrial reinició actividades para la edificación de esa y otras hidroeléctricas en la cuenca del río Nautla.

Pero también en noviembre de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los estudios de impacto ambiental que la empresa presentó para avalar su proyecto, pero ahora se están reiniciando los trabajos.

Por ello, comentó, a partir del 3 de mayo se intensificarán las acciones de más de 50 comunidades de los estados de Puebla y Veracruz contra la instalación de proyectos hidroeléctricos, así como mineros, en la región de bosque mesófilo de montaña –mejor conocido como bosque de niebla–, que comparten ambas entidades.

“Hemos ganado dos amparos, la ley nos asiste pero Grupo México parece tener algo más que nosotros, porque insiste en reanudar las obras, no importa si con amenazas y presión. Pero tanto en Epapa como en El Mohon y en el resto de la sierra no tenemos temor de decir ‘no’ a la hidroeléctrica”, exclamó.

Otras organizaciones de los municipios de Hueytamalco, Teziutlán y Tlapacoyan intensificarán las acciones informativas para rechazar estos proyectos; informarán a los campesinos cómo evitar caer en engaños y no vender sus tierras a extranjeros chilenos y chinos, de quienes aseguran desde hace dos años han comprado más de 400 hectáreas de montañas con ríos y arroyos, y buscan apoderarse de otras 200 hectáreas más.

Los representantes de más de 30 comunidades de estos y otros municipios de la región se reunirán este 3 de mayo en Hueytamalco para realizar jornadas de concientización y difundir las consecuencias de los proyectos hídricos y mineros. Gregorio Martínez, integrante de la Cooperativa Tosepan, expresó que los representantes de la hidroeléctrica aseguran a la población que este proyecto es de “energía limpia y renovable”, pero que se imite mencionar cuánto bosque y fauna se destruye en el desarrollo de éste.

Tan sólo el proyecto Ocampo– Cuetzalin abarca un total de 7.5 hectáreas, pero de estas requiere la destrucción de 4.5 hectáreas de bosque de montaña, comentó.

“La belleza de este lugar es incomparable. Incluso los actores y técnicos de Televisa vino a las cascadas del río Jalacingo a grabar sus promocionales luego de que la gente de Cuetzalan los corrió, así de bello es”.

En tanto, Aurora Juárez Barrientos expresó que en esta como en el resto de las hidroeléctricas se pretende entubar 90 por ciento del agua y dejar a la fauna y a los habitantes de la región el 10 por ciento restante.

“No les importa que el lodo tape los manantiales, que la población de las comunidades abajo en la sierra se queden sin agua; que la tierra se deslice en la temporada de lluvias. El río Jalacingo está considerado como el único río de niebla del mundo. Eso es lo que quieren destruir para generar electricidad que le van a vender a empresas como Wal Mart”.

Agregó que desde inicio de año a la fecha, el río Jalacingo ha reducido en 30 centímetros su caudal, “algo que no se había visto nunca”, causando sequías en las comunidades poblanas y veracruzanos y que, en otros años, una sequía hubiera sido impensable.

Impugna Ong iniciativa de ley minera presentada por Ríos Piter


Denota un claro posicionamiento a favor del sector empresarial de la minería: Miguel Mijangos

SALVADOR CISNEROS SILVA (Corresponsal)

Tlapa, 28 de abril. El representante de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), Miguel Mijangos Leal, expresó que la iniciativa de ley minera que presentó el senador Armado Ríos Piter va en contra de los pueblos originarios y no originarios que integran México.

Explicó que la iniciativa de ley se presentó en el marco del foro Una Ley Minera Desde la Perspectiva de los Derechos Humanos y el Interés de la Comunidad, que se llevó a cabo con el objetivo de preparar, discutir, analizar e impulsar, a partir de las propias vivencias y procesos de los movimientos sociales, las bases jurídicas y los severos daños que causa la industria extractiva minera.

“El senador de Guerrero estuvo media mañana en el foro convocado por su partido y de ahí partió a presentar su iniciativa al pleno del Senado, lo que provocó el descontento generalizado de los participantes, porque es una muestra burda y cínica, de cómo los llamados representantes sociales, ni siquiera llevándoles la voz adentro de su casa, son capaces de escuchar los problemas e iniciativas de la sociedad, menos aun de incorporar los planteamientos que estuvimos compartiendo”, resaltó.

Mijangos Leal detalló que estuvieron presentes representantes de la CRAC, de Tlachinollan y de Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), a quienes se les dio acceso a la iniciativa de ley del senador Ríos Piter, asegurando que en la misma, se notó en los primeros párrafos un claro posicionamiento a favor del sector empresarial minero.

“El primer párrafo dice: la adecuación del marco normativo debe garantizar sin menoscabo de las inversiones del sector la seguridad laboral de los trabajadores. Lo que quiere decir que las empresas pueden seguir negándose a la implementación de secciones sindicales, además de que las empresas pueden seguir contratando a subcontratistas para no hacerse cargo de los derechos que los vincula por tal obligación, y sin menoscabo de las inversiones significa que la empresa no responderá a los daños a la salud que las jornadas mineras actuales están generando”, destacó.

Finalizó mencionando que “si el senador tuviera interés en fortalecer los procesos de consulta y de consentimiento previo libre e informado, tendría que haber mostrado cercanía o por lo menos decencia a todos los que participamos en el foro, puesto que justo en ese tema todos han sido agraviados y que habría aprendido mucho sobre la situación minera, ayudándole a elaborar una mejor iniciativa, sin embargo, apostó a elaborarla sin conocer el tema en sus aspectos técnicos, políticos, sociales, culturales, productivos y ambientales”, dijo.

Reseñan Ong a relator de la ONU la violencia e impunidad que vive Guerrero


La matanza de Aguas Blancas y El Charco, guerra sucia, asesinato de normalistas, entre los temas

HÉCTOR BRISEÑO

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Christof Heyns, sostuvo diversas reuniones privadas en Acapulco en un hotel de la zona dorada, donde se entrevistó con representantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de violencia de Estado.

Christof Heyns es relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Las organizaciones agendadas en el encuentro fueron el Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la Red Solidaria Década contra la Impunidad, el Taller de Desarrollo Comunitario, alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, la organización Acapulco por la paz; y la Asociación de Familiares de Desaparecidos, Víctimas de Violación de los Derechos Humanos en México (Afadem).

Los temas tratados a través de testimonios y narraciones fueron la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, ocurrida el 28 de junio de 1995; la masacre de El Charco, suscitada el 7 de junio de 1998, donde fueron asesinados extrajudicialmente 11 campesinos en hechos en los que participó el Ejército Mexicano; la guerra sucia en Guerrero, acontecida entre 1970 y 1980; la muerte de dos estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa durante un desalojo en la autopista del Sol, el 12 de diciembre de 2011; entre algunos casos particulares de personas desaparecidas o asesinadas, como el maestro indígena Bonfilio Rubio Villegas, ultimado en Huamuxtitlán el 20 de junio de 2009 en un retén militar.

El párroco de la colonia La Laja, Jesús Mendoza Zaragoza, como integrante de la organización Acapulco por la paz, explicó que el objetivo de reunirse con el especialista de la ONU, es visibilizar la situación de la violencia en la región y destacar la ineficacia del Estado en dicha materia. Enfatizó que "se requiere una recomendación en ese sentido; la estrategia oficial no se ha basado en un diagnóstico integral, pues se ha enfocado a aspectos más mediáticos y visibles, cuando en lo subterráneo está todo".

Advirtió que las condiciones económicas, sociales y culturales, como la pobreza extrema, siguen vigentes, y señaló que "los muchachos pobres son captados por bandas criminales, les meten zancadillas, recrean situaciones para presionarlos e incluirlos en sus actividades".

Jorge Herrera Suárez, quien es padre de Alexis Herrera Pino, uno de los normalistas que perdió la vida el 12 de diciembre de 2011, manifestó que "esperamos que escuchen nuestra voz; aquí hay impunidad, no hay justicia".

El abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, manifestó que al experto de la ONU le fue expuesto que la escena de lo ocurrido en diciembre de 2012 fue manipulada.

Expresó que "toda la averiguación previa de lo sucedido ese día tiende a inculpar a los compañeros".

La vicepresidenta de la Afadem, Tita Radilla, quien en agosto cumplirá 39 años buscando los pasos de su padre, desaparecido desde la década de los 70 en Guerrero, explicó que "le comentamos, hicimos una relatoría general de lo que ocurrió en aquel momento; él relator de la ONU dice que hablará con las instancias de gobierno para ver qué se puede hacer".

Agregó que "nosotros le recalcamos que lo que más nos interesa es la investigación para saber qué ocurrió con los familiares desaparecidos".

-¿Confían ustedes ya en este tipo de acercamientos de relatores, con consultores?-, se le preguntó.

-Ha sido algo muy difícil de nuestro trabajo en tantos años; a veces se compromete el Estado, pero casi nunca cumple. No sabemos ya...

Exigen pagar los daños a las víctimas de la guerra sucia


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Atoyac, 28 de abril. Miembros del Comité Representativo de Familiares de Desaparecidos, Víctimas y Ofendidos de la Guerra Sucia manifestaron su inconformidad con el trabajo que realizan los integrantes de la Comisión de la Verdad del Congreso del estado (Comverdad), a quienes exigieron que trabajen para que el gobierno federal pague a los familiares de los desaparecidos la reparación de los daños causados en la década de 1970.

Durante el acto en el que los comisionados dieron a conocer su segundo informe de labores, en el restaurante México de esta ciudad, los inconformes, encabezados por Rogelio Vargas Pineda y el presidente del comité, Enrique Acosta Gómez, reprocharon que los comisionados Enrique González, Nicomedes Fuentes, Hilda Navarrete, Pilar Noriega y Arquímedes Morales ganen altos sueldos y viajen en camionetas de lujo, cuando en Atoyac hay cientos de familiares que se mueren de hambre y viven en la miseria en la que quedaron cuando vendieron todo para buscar a sus seres queridos.

Al finalizar la lectura del informe hecha por Enrique González Ruiz, presidente de la Comverdad, comenzó la participación de los inconformes, quienes primero calificaron el informe de escueto e incompleto. Miguel Castro Sánchez demandó que el presupuesto de 8 millones de pesos con que cuenta la Comverdad sea repartido entre los familiares de los desaparecidos.

Lo mismo sugirió Vargas Pineda, quien además puntualizó que de diciembre a la fecha seis personas han muerto sin jamás ver alguna ayuda del gobierno por los daños que los militares les causaron al llevarse y desaparecer a sus seres queridos.

En respuesta, González Ruiz asentó que la Comverdad fue creada para investigar la verdad de lo ocurrido en la guerra sucia, exigir justicia e intervenir para que el gobierno federal pague a los afectados una indemnización, “pero no para repartir dinero entre los familiares”, lo que sostuvieron Nicomedes Fuentes y Arquímedes Morales al abundar que las investigaciones en cinco municipios de Guerrero se extendieron a otras entidades como Veracruz, Oaxaca y Morelos.

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Balconeo del INGAPE y brigadeo informativo en el Zócalo...

La verdadera lucha en contra del sistema corrupto y corruptor que nos desgobierna está en las calles. No podemos lograr una transformación desde una computadora si no participamos activamente en los balconeos de los gastos pendejos de la PRIANdilla y repartiendo volantes informativos en las calles para sacar ese enojo e indignación popular que, bien canalizados, los podemos convertir en acción y voluntad ciudadana para llevar a cabo la transformación que el país requiere con carácter de urgente.



Si no hacemos nada en el corto, cortísimo plazo que aun nos queda, estaremos condenados a que estos PRIANdilleros e hijos de puta, que están imponiendo reformas y modificando las leyes para entregar lo poco que nos queda, nos den la estocada final modificando la constitución para que todo lo que están haciendo ahora, de forma anticonstitucional, sea dirimido en los tribunales internacionales. 



Sabemos que el pueblo neuroplastizado no está dormido, está en estado de coma por la perversa manipulación que ejerce en el NarcoTelevisa y la iglesia pederasta y corrupta. Porque a una persona dormida la sacudes y reacciona, pero a los mexicASNOS, que están en estado de coma, por más que los sacudas permanecen sin oír, sin ver, sin pensar y en la total pendejes.



Pero aun así, esto no nos desalienta, ya que los pendejos así seguirán mientras sigan estando frente a un televisor y creyendo las mentiras que vierten sus políticos preferidos. Lo que a nosotros nos interesa es despertar a aquellos que aún tienen un poco de sentido común y lógica elemental, porque ellos son los que pueden sumarse a la lucha frontal en contra del sistema, y para que eso pase sólo necesitamos que asimilen que la vía electoral, así como la vía institucional, están canceladas. 



El Estado y todas las instituciones están secuestradas por esta bola de PRIANdilleros e hijos de puta, de tal manera que la corrupción, el fraude electoral, el despojo a la nación, la violación a los derechos humanos, la represión, el saqueo, el robo y todo el Desastre Nacional que llevan a cabo, están blindados con el manto de la impunidad que han construido a lo largo de décadas de complicidad entre los sectores político, empresarial, religioso, crimen organizado y el de los medios de comunicación. Si lo anterior no te convence que la única opción que tenemos para liberarnos de esta mafia inhumana e insensible que nos desgobierna es la Desobediencia Civil Pacífica, pues ya nada te podrá convencer que al seguir el juego que el sistema impone tú te conviertes en cómplice y víctima del mismo. 



¡¡¡POR SALUD MENTAL APAGA LA TELEVISIÓN, LEE UN LIBRO Y SÚMATE A LA DESOBEDIENCIA CIVIL PACÍFICA!!!