jueves, 23 de mayo de 2013

Activistas documentarán agresiones a migrantes en su tránsito por México


MÉXICO, D.F., (apro).- Integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos realizarán una misión de observación para documentar los actos criminales y las violaciones de las que son víctimas los migrantes en su tránsito por México.

Del 24 al el 27 de mayo, activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano y La 72 Hogar Refugio para Migrantes recorrerán el tramo comprendido entre Orizaba, Veracruz y Tenosique, Tabasco, a fin de recolectar testimonios y evidencias del maltrato a migrantes.

La Misión de Observación de los Defensores de Derechos Humanos recorrerá las localidades de La Patrona, Acayucan, Cosoleacaque, Coatzacoalcos, Las Choapas, Veracruz; Chontalpa y Villahermosa, Tabasco; Palenque, Chiapas, y concluirá en Tenosique, Tabasco.

Los humanistas realizarán recorridos en las vías del tren, entrevistarán a migrantes y vecinos que han sido testigos de violaciones a derechos humanos en distintos momentos.

Asimismo, visitarán a las personas y albergues que proporcionan ayuda humanitaria y entrevistarán a testigos de los heridos atendidos en Cosolocaque a principios de este mes que fueron atacados por extorsionadores que les exigían entre 100 y 300 dólares por viajar arriba del tren conocido como La Bestia.

Los defensores de los derechos humanos recabarán los testimonios de quienes apoyaron y atendieron a las víctimas de esas y se sostendrán reuniones con funcionarios de los gobiernos estatales y municipales.

El 28 de mayo, se unirán al recorrido que realizará un grupo de senadores de la frontera de Guatemala a Tenosique.

Los resultados de la misión se entregarán en la reunión que sostendrán los activistas la tarde de ese mismo día con los senadores de las Comisiones de Asuntos Frontera Sur, Asuntos Migratorios, Derechos Humanos y Población y otras comisiones relacionadas con el tema migrante y la frontera sur.

Dicha reunión se llevará a cabo en el albergue La 72, en Tenosique Tabasco.

Entre los senadores que asistirán al encuentro están: Humberto Mayans Canabal, Ana Gabriela Guevara, Layda Sansores San Román, Juan Gerardo Flores, Adán Augusto López Hernández, Mariana Gómez del Campo, Zoé Robledo y personal técnico de las comisiones representadas.

A ellos les entregarán las evidencias que recojan en la misión de observación, recomendaciones de acciones a tomar en la ruta migratoria, así como propuestas de solución y de colaboración en la búsqueda del respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Acusan integrantes de Las Patronas que timadores se hacen pasar por migrantes


NORMA TRUJILLO BÁEZ

Veracruzanos de la zona de Tierra Blanca y del sur del estado se hacen pasar como migrantes, pidiendo dinero, “Han agarrado a los migrantes como negocio, piden a la gente que les dé dinero y si no se los dan se molestan”, también llegan en los trenes de los migrantes y se plantan en la terminal de Córdoba, denunciaron Las Patronas, quienes, señalaron que tienen problemas con el sacerdote del pueblo. “ya que él quiere que oremos y nosotras no estamos muy metidas en la iglesia porque creemos que haciendo cosas buenas nos acercamos a Dios”.

En entrevista, Lorena Aguilar Hernández, dio a conocer que uno de los problemas actuales es que existe gente que se hace pasar como migrante y piden dinero, “los verdaderos migrantes no piden dinero, ellos quieren agua, comida cambiarse su ropa, bañarse, pero los otros llegan a pedir dinero, lo han agarrado como negocio”, explicaron.

Asimismo, Norma Romero, coordinadora de Las Patronas –Organización de Mujeres que dan de comer a migrantes centroamericanos por su paso en Amatlán–, dijo que que se ha infiltrado entre los migrantes miembros de la delincuencia para preguntarles su opinión sobre el crimen organizado, “pero nosotros tampoco tenemos porqué hablar de ellos, ya que hemos visto que muchos muchachos se meten a esas cosas por la pobreza en la que viven, por la necesidad y no tener trabajo caen en ese juego, que muchas veces para ellos también es difícil, también lloran, también tienen familia”.

No obstante, coincidieron que como grupo que apoya a migrantes centroamericanos no han tenido ninguna amenaza por grupos criminales, sólo se infiltran para saber qué es lo que ellas piensan de ellos, “pero nuestra idea es seguir dando de comer a quienes van en el tren”, que pese a los últimos acontecimientos en donde migrantes fueron asaltados, algunos heridos y otros tirados del tren, no ha disminuido el flujo, “diariamente pasan por allá” (Amatlán).

Disyuntiva con el padre

Norma señaló que tienen algunos problemas con el padre de la localidad, “porque nosotras no somos de misa, de estar en la iglesia sino atender el comedor, darles comida a los migrantes, somos de la iglesia pero la labor la realizamos fuera del templo, si acudimos a nuestra misa pero no estamos todo el tiempo metidas allí”.

La activista precisó que el padre Julián Verónica, encargado de la pastoral social, “quisiera vernos todo el tiempo en la iglesia y nosotras creemos en Dios pero más que darnos golpes de pecho en la iglesia y estar orando y orando, lo que hacemos es nuestra labor de dar de comer a los migrantes. En vez de estar orando estamos preparando comida. Dios está en todo lugar y desde que estamos preparando la comida lo estamos invocando pidiéndole que no se caigan los muchachos, que puedan agarrar el alimento y que alcance para todos”.

“Allí en el centro acude una orden Franciscana, llega a darnos preparación, no podemos estar en el templo, pero sí podemos recibir gente que nos pueda apoyar y a hacer conciencia de lo que es Dios”, dijo Norma.

El apoyo por parte del gobierno estatal es limitado

Son 14 mujeres de una sola familia, quienes todos los días desde las nueve de la mañana, alistan el fuego, las cacerolas, cocinan 20 kilos de arroz y 20 kilos de frijol –diario–. Luego llenan de agua las botellas, alistan las tortillas, ahora cada una de Las Patronas se va turnando un día para hacer de comer. Del albergue de Tierra Blanca les llaman para visarles “ahí va el tren”, son dos horas y media, para que llegue a Amatlán. Entonces embolsan la comida y piden a Dios que todos los migrantes a bordo del tren alcancen a agarrar los alimentos para que al menos tengan qué comer ese día.

Luego que su activismo se conoció en el mundo, después de un reportaje publicado hace más de seis años en un medio de comunicación libre, la sociedad civil volteó a verlas, los medios de comunicación también y las autoridades hicieron por anunciar que las ayudarían, sin embargo, a la fecha, Las Patronas sólo reciben por parte de la Dirección de Migración del gobierno del estado despensas bimensuales.

Norma, expuso que son 150 despensas que constan de un kilo de arroz, un kilo de frijol, galletas y atún, lo que equivale a 150 kilos de arroz, pero ellas de manera diaria cocinan 20 kilos, es decir, 140 kilos de arroz a la semana; lo mismo ocurre con el frijol, por lo que el apoyo del gobierno estatal es insuficiente, de manera que siguen pidiendo cooperación a la población que coincide en dar una esperanza de vida a los migrantes que van hacia los Estados Unidos.

Vecinos de Rodesia, Tecpan, protestan en la CFE para exigir su indemnización


RODOLFO VALADEZ LUVIANO (Corresponsal)

Tecpan, 22 de mayo. Por segunda ocasión pobladores de la comunidad de Rodesia en este municipio, se plantaron en la puerta principal de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir que la empresa pague por los daños que ocasionó en sus tierras la colocación de torres de la red de alta tensión que atraviesa esa localidad.

Entre los inconformes iba Jesús Murga Sotelo, dueño del predio donde la CFE construyó una subestación sin pagar ni un centavo a su propietario, según contó.

Los habitantes, encabezados por su representante legal, Tomás Román, llegaron al mediodía a las oficinas de CFE y colocaron pancartas en la puerta principal en las que demandaban al presidente de la República, Enrique Peña Nieto “ponga orden dentro de la paraestatal” y acabe con los robos que ahí hacen los trabajadores.

En una de las pancartas se pudo leer: “ingeniero Javier Valencia Barajas, gerente divisional y Juan Manuel Revueltas Beltrán, jurídico divisional, no se hagan P… y paguen” y otra que decía “Guillermo Luna, de oficinas centrales de CFE, cumple tu palabra y compromiso”.

El representante de los quejosos dijo que la manifestación en esta ciudad es simultánea con otras en la CFE de Petatlán y El Cayaco, en Acapulco, las tres para demandar el pago de indemnizaciones por las afectaciones que ocasionaron las construcciones de las subestaciones eléctricas como líneas de transmisión.

Abundó que luego de la primera manifestación que hicieron en esta ciudad, el 6 de abril pasado, la CFE designó a Guillermo Luna como responsable para atender la queja de los pobladores, pero que éste ha soslayado su responsabilidad y se niega a mandar los expedientes de cada habitante afectado a las oficinas centrales de CFE para que se inicie el trámite y se den los pagos correspondientes.

Agregó que los municipios que tienen problemas similares en el estado con la paraestatal son Petatlán, Cruz Grande, San Marcos y Acapulco, donde sólo se posicionó en el predio y construyó sus instalaciones sin pagar ni un centavo a nadie.

Puntualizó que la protesta es pacífica, pero de no tener repuesta pronto efectuarán medidas radicales para exigir solución a su demanda.

Los inconformes se retiraron del lugar a las 3 de la tarde.

Denuncia abogado del MPG y Fuersa el robo de computadoras en su oficina


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 22 de mayo. El abogado que formó parte del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), Javier Vázquez García, denunció que un grupo de personas irrumpió el martes por la tarde a su oficina y robó equipo de cómputo con archivos importantes; lo curioso, dijo, es que no se llevaron el dinero que guardaba en su escritorio, lo que le hace suponer que la irrupción fue para indagar por algún caso que representa.

Vázquez García, quien también es abogado del Frente Único de Representantes Sindicales Autónomos (Fuersa), detalló que de valor sólo se llevaron cuatro laptops donde “casualmente tenía documentos importantes”. Aseguró que la oficina, ubicada en la calle Galo Soberón y Parra, estaba prácticamente en orden, de no ser por el robo de las computadoras portátiles, que reportaron casi de inmediato a la Policía Municipal.

Dijo que el robo ocurrió a las 16:30 horas del martes, horario en que los integrantes de su equipo salen a comer. Adelantó que denunciará formalmente ante el Ministerio Público los hechos y exigió al gobierno estatal una investigación.

El abogado recordó que junto con su equipo llevan asuntos muy delicados, por ejemplo el de la casa de empeño Productos Amor, que defraudó a indígenas de todo el estado con 10 mil millones de pesos.

También “tenemos información sobre todo jurídica de los casos penales, laborales, civiles. Estamos llevando una denuncia penal de 600 ciudadanos defraudados por 60 millones de pesos nada más del municipio de San Luis Acatlán; la empresa engañó a gente de Chilapa y Ahuacotzingo por unos mil millones de pesos, pero hay muchos más que no han denunciado, en un mega fraude”.

Los dueños Teódulo Espinoza Aguilar, su esposa y representante legal, Enedina Arreola y su hijo Cristian Espinoza Arreola, llevaban las riendas de la empresa y prometían a los campesinos, la mayoría indígenas, duplicar sus ahorros hasta en 200 por ciento. La empresa operó en 2008 en Guerrero.

Sospechó que la otra razón de la irrupción pudo ser su reciente participación en el MPG. Recientemente el Comité Ejecutivo Estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, denunció que sujetos armados irrumpieron en la institución y robaron laptops, y documentos.

“Me parece muy raro, porque no son delincuentes comunes, en la forma que operaron iban directamente a sacar la información y llevaban un cable para amarrar (la puerta, mientras hurgaban). No creo que sólo haya sido uno, eran más de tres”, agregó.

Sorprenden en Olinalá a soldados que se embriagaban con menores de edad


CORRESPONSALÍA ( )

Olinalá, 22 de mayo. La Policía Ciudadana Olinalteca (PCO) denunció que la madrugada del martes pasado, durante sus rondines, sorprendió a soldados del Ejército ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía publica acompañados de un grupo de jóvenes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la madrugada.

La presidenta del Consejo Ciudadano Olinalteco, Néstora Salgado, informó que lo sucedido se informó mediante un documento al teniente coronel Raúl Galindo, que tiene el mando del 93 batallón, quien aseguró que se tomarían las medidas correspondientes y, si fuera necesario, relevaría a los militares involucrados.

Salgado destacó que al intentar una plática con el teniente al mando de los soldados, notó que tenía aliento alcohólico y que se comportó agresivo, al punto de que al comenzar la discusión el oficial le dijo “pendeja” y que él no iba a recibir órdenes de una mujer.

“¿Qué seguridad tenemos con estos militares? Están en Olinalá para cuidar a la ciudadanía, pero ellos se vuelven el peligro”, resaltó. (Con información de Salvador Cisneros Silva)

Cecop: con autodefensa, busca el gobierno entrar a Cacahuatepec


El encuentro fue irregularmente convocado por la Procuraduría Agraria, asegura el vocero
Pide que la alcaldía mejore las condiciones de trabajo de la policía rural; cuida los pueblos

LAURA REYES ( )

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) aseguraron que el gobierno del estado busca el ingreso a los Bienes Comunales de Cacahuatepec de los grupos de autodefensa para que se dé un enfrentamiento con los comuneros durante la asamblea “irregular” programada para el próximo domingo 26 de mayo.

En conferencia de prensa, el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suástegui, negó que los pobladores de los Bienes Comunales quieran o busquen el apoyo de los grupos de autodefensa en esa zona rural de Acapulco.

Además, precisó que al menos 20 hombres armados, quienes se han identificado como miembros de los grupos de autodefensa, se han presentado en las comunidades que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec para “ofrecer sus servicios” y “hostigar” a los comisarios.

“Ya sabemos por dónde va el hilo: van a querer meter a esa policía armada para el día de la asamblea enfrentarla con el Cecop; ésa es la intención de este gobierno, porque esos grupos de policías o de autodefensa están financiados por el gobierno, y sabemos que son paramilitares”, sostuvo.

Advirtió que los integrantes del Cecop no permitirán que los grupos de autodefensa ingresen a sus comunidades porque ya cuentan con vigilancia y resguardo de la policía rural –adscrita al ayuntamiento–, por lo que exigieron al gobierno de Acapulco que la dote de armamento y vehículos, y le mejore el salario que, según dijo, es de 2 mil pesos mensuales entre cinco agentes.

Marco Antonio Suástegui agregó que nunca han dialogado con los hombres armados, quienes han advertido a los comandantes de la policía rural que reclutarán a 40 personas de esas comunidades para armarlas e integrarlas a su movimiento de autodefensa.

“Que no vengan los autodefensas porque no los vamos a dejar entrar. Han hostigado a los comisarios, han pretendido conquistar a los jefes policiacos, a los comandantes de la policía rural, y ellos les han dicho que no quieren unirse a su grupo, pero insisten”, relató.

Sostuvo que el Cecop mantiene una lucha desde hace 10 años en los Bienes Comunales de Cacahuatepec por la vía legal: “nuestra lucha no es con armas, no es de guerrillas, no es paramilitar: es la defensa de la tierra con plantones y legalidad”.

Respecto a la primera convocatoria de asamblea que emitió la Procuraduría Agraria para elegir a las autoridades comunitarias de los Bienes Comunales de Cacahuatepec el próximo domingo, el representante jurídico del Cecop y Tlachinollan, Rogelio Téliz García, afirmó que carece de toda legalidad.

“Es a todas luces una convocatoria irregular. Se tienen todos los elementos jurídicos para poder echarla abajo porque estamos en un proceso jurídico que no ha concluido. Nuestro miedo, nuestro temor es que suceda algo ese día”.

La convocatoria fue publicada el 14 de mayo de 2013 por el delegado en el estado de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaimes Ferrer, y solicita la presentación de las siete planillas para la elección del comisariado de los Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia.

Reglas de inversión global ponen en riesgo nuestro futuro sostenible

Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible:
Injusto, Insostenible y en las Sombras

Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López

ALAI AMLATINA, 23/05/2013.- Después de la guerra del Agua el año 2000, Bolivia fue víctima de un ataque de la corporación Becthel, que utilizó el sistema de Reglas de Inversión Global para demandar al Estado boliviano por 50 millones de dólares. El caso desencadenó una polémica, tanto en Bolivia como a nivel internacional, ya que se trataba de una de las multinacionales más grandes del mundo, que estaba demandando a Bolivia exigiéndole una compensación, no solo por el valor de su inversión en el país, sino también por la pérdida de sus ganancias futuras. Este fue uno de los casos más emblemáticos acerca del uso de este sistema que rige la inversión internacional, mediante el cual una corporación cuestionó una política de interés público, como fue, en este caso, la recuperación del agua y su gestión por el pueblo de Cochabamba.

Desde entonces el sistema de reglas de inversión global se ha expandido a nivel regional y mundial y está siendo utilizado para atacar iniciativas ciudadanas y gubernamentales que buscan proteger la salud de la gente, el medio ambiente, los recursos naturales y los servicios públicos, entre otros.

El 2009, cuando el gobierno de El Salvador ratificó su negativa de expedir un permiso ambiental a la empresa minera canadiense Pacific Rim para la explotación de oro, los activistas de la comunidad de Cabañas sintieron que habían obtenido una importante victoria. Durante años habían estado luchando en contra de los esfuerzos de la compañía que quería extraer oro en su región, y cuyos proyectos incluían la utilización y vertido de arsénico y cianuro tóxico en sus ríos. Sin embargo, no fue una campaña sin riesgos. Cuatro activistas salvadoreños que luchaban en contra de la minería fueron asesinados en el transcurso de esta batalla, entre ellos una mujer en estado de gestación. Lo peor, es que existe la posibilidad de que esta victoria pueda tener otro tipo de costo para el pueblo salvadoreño. En una demanda legal presentada a un tribunal de arbitraje del Banco Mundial, Pacific Rim le está exigiendo al gobierno de El Salvador el pago de 315 millones de dólares en compensaciones, una cantidad igual a un tercio del presupuesto anual de educación del país.

Éste es sólo un ejemplo entre muchos otros, en el que los ciudadanos que han luchado y ganado una importante batalla, encuentran que todos sus esfuerzos están siendo burlados por las empresas que utilizan esta creciente red de normas internacionales de inversión y de tribunales de arbitraje para cuestionarlos. Hay muchos otros ejemplos, como el de Uruguay, en donde una campaña de salud pública obtuvo una gran victoria en los años previos al 2010, cuando el gobierno nacional aprobó nuevas medidas de salud para desalentar el consumo de tabaco. A pesar de que esas medidas reflejan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que incluyen nuevas y más grandes advertencias en las cajetillas de cigarrillos, la empresa tabacalera estadounidense Philip Morris, una de las más grandes del mundo, atacó la iniciativa con una acción legal en la que le reclama al estado uruguayo el pago de 2 mil millones de dólares en compensaciones. Philip Morris está utilizando las mismas normas que rigen la inversión internacional para cuestionar las políticas anti tabaco en Australia y Noruega. Son diversas las áreas que son afectadas por este sistema y varias las maneras en que el sistema afecta negativamente en los derechos, el salud, el medio ambiente, e incluso en la manera en que proyectamos nuestro desarrollo. Frente a una serie de crisis sociales y ambientales, muchos grupos alrededor del mundo están cuestionando los patrones de desarrollo actuales y están comenzando a avanzar hacia un futuro asentado en los valores de la sostenibilidad y la inclusión. Sin embargo, como nunca antes, este ejercicio de poder por parte de las corporaciones se ha convertido en un enorme obstáculo legal que está obstruyendo directamente el camino hacia un posible futuro justo y sostenible. En ese sentido, el Centro para la Democracia ha publicado recientemente un informe en el que desglosa las implicaciones de esta amenaza. El informe lleva como título, Injusto, Insostenible y en las Sombras - Cómo las corporaciones usan las Reglas de Inversión Global para poner en riesgo nuestro futuro sostenible.

Para muchos, este sistema de reglas y normas de inversión y de "resolución de disputas” Inversionista – Estado impulsado por las corporaciones, salió a la luz pública hace poco más de una década, cuando precisamente Bechtel, el conglomerado de ingeniería proveniente de San Francisco, demandó al pueblo boliviano la suma de 50 millones de dólares a raíz de la ya famosa Guerra del Agua en Cochabamba, después de haber invertido tan sólo 1 millón de dólares en el país. Fue una campaña ciudadana global la que hizo que está corporación finalmente abandone y desista del caso por un pago simbólico de 2 bolivianos, el equivalente a 30 centavos de dólar. Sin embargo, en los años venideros, estos casos se han incrementado de manera alarmante.

Otro caso típico y actual, tiene que ver con la salud y el medio ambiente, como es la peligrosa exposición al plomo de una población en Perú. Este caso comienza con la revocatoria gubernamental de la licencia de operaciones a una planta de fundición en la población peruana de La Oroya (operado por Doe Run Perú), en julio de 2010. Gracias a esa medida el medio ambiente circundante y la salud de la población local sintieron un esperado alivio. La Oroya, situada en la región andina central del Perú, ha sido identificada como una de las ciudades más contaminadas del mundo y según estudios llevados a cabo el 2007, en este sitio, el 97% de los niños y niñas de entre 6 meses y 6 años, y el 98% de los menores que tienen de 7 a 12 años, presentan niveles elevados de plomo en su sangre. El gobierno consideró que la falta de voluntad de Doe Run Perú para cumplir sus compromisos ambientales de limpieza y mitigación constituyó una violación de las normas jurídicas ambientales del país. Sin embargo, la empresa matriz de Doe Run, Renco group, diseñó otra estrategia. La compañía, propiedad del multimillonario Ira Rennert de los Estados Unidos, respondió con una demanda por supuestos daños de 800 millones de dólares, el dinero suficiente para pagar los salarios anuales de aproximadamente 15.000 maestros o 6.000 trabajadores de la salud en Perú.

El mundo actualmente está cubierto por una creciente red de más de tres mil acuerdos de comercio e inversión, tanto a nivel multilateral como bilateral. Estos acuerdos otorgan derechos a las corporaciones y les permite demandar a los gobiernos por cualquier iniciativa o política pública que interfiera de una u otra manera en sus negocios y ganancias. Los casos legales resultantes, a pesar de tener grandes consecuencias a nivel local, en determinados países y poblaciones afectadas, son resueltos muy lejos en los tribunales internacionales de arbitraje por un pequeño grupo de abogados privados que trabajan a puertas cerradas y que llevan adelante este tipo de litigios sin rendir cuentas a nadie. Haciendo caso omiso de los principios democráticos y de independencia judicial, estos tribunales actúan con poca o ninguna vigilancia pública, además de negarles la voz a las comunidades directamente afectadas.

El número de estos casos Inversionista - Estado se ha disparado en los últimos años, rompiendo el 2012 con todos los récords. El sistema de tribunales más utilizado por las corporaciones globales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones – CIADI, dependiente del Banco Mundial. Las corporaciones pueden utilizar este y otros tribunales para exigir cientos de millones de dólares en compensaciones, no sólo por las inversiones realizadas en un país, sino por las ganancias que esperaban obtener en el futuro. Los abogados de estos tribunales cambian sin problemas sus roles de árbitros, supuestamente "independientes", a la de abogados corporativos. Algunos incluso tienen lazos fuertes con las empresas multinacionales, a raíz de los cuales se han hecho serios cuestionamientos acerca de su supuesta independencia en este sistema, en el que claramente tienen intereses. Aunque en años atrás fueron utilizados como instancias finales por inversionistas que se sintieron vulnerados en sus derechos, estos tribunales se han convertido en el arma preferida de las corporaciones en su intento de despejar el camino para obtener beneficios en desmedro de la salud pública y el medio ambiente.

La proliferación de estos casos Inversionista -Estado tiene tres efectos principales. En primer lugar, en los casos en los que las corporaciones ganan, como a menudo sucede, el resultado es una transferencia masiva de los ya escasos recursos públicos a millonarias empresas privadas. En segundo lugar, incluso si los gobiernos tienen éxito en la preparación de una defensa legal, esto supone un gasto de millones de dólares que se pagan por servicios legales a las pocas y muy caras firmas de abogados que se especializan en este tipo de casos. En tercer lugar, el efecto final es escalofriante y peligroso ya que se produce un efecto congelante en la voluntad de las autoridades para poner en marcha políticas de interés público, por temor a enfrentar costosas demandas en este sistema de arbitraje internacional.

El sistema de las normas de inversión y de tribunales internacionales se ha utilizado para atacar los esfuerzos y luchas anti-nucleares en Alemania, el control público del agua en Argentina y Bolivia, la lucha contra la minería metálica en muchos países, y hoy por hoy cuenta con nuevos objetivos en la mira. Un nuevo campo de batalla son las luchas ciudadanas en contra de la extracción de petróleo y gas mediante el método de fracturación hidráulica, o “fracking”. El capítulo de inversiones propuesto para el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, de ser aprobado, podría dar a las corporaciones el poder legal para desafiar y cuestionar las regulaciones gubernamentales de este polémico método de extracción de hidrocarburos. Los esfuerzos para frenar la emisión frenética de carbono a la atmósfera, que ha provocado la actual crisis climática, también están en riesgo. El gobierno de Corea del Sur ha dejado de lado un plan para introducir un sistema de incentivos para reducir las emisiones de carbono en la industria automotriz, debido a temores de que esta normativa llegaría a vulnerar una disposición del acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Es decir, si el gobierno avanza en esta medida correría el riesgo de enfrentar una demanda en este sistema internacional de tribunales de comercio e inversión.

Hoy en día, al igual que las comunidades de El Salvador y Perú, que han decidido enfrentar la batalla para proteger sus derechos, un emergente movimiento global está repensando la relación entre el desarrollo económico y el bienestar social y ambiental, y está presionando a los gobiernos a tomar medidas urgentes de políticas públicas hacia esta dirección. Este importante cambio, sin embargo, está en conflicto directo con los intereses de las corporaciones multinacionales, que están programadas para maximizar su beneficio en el corto plazo y dejar a otros los costos ambientales y sociales de sus operaciones. El informe del Centro para la Democracia: Injusto, Insostenible y en las Sombras, denuncia la manera en que estas corporaciones globales están utilizando el sistema de reglas de inversión para boicotear y poner en riesgo las más esenciales políticas públicas que nos permitan pensar en un desarrollo sostenible, además del proceso democrático que se requiere para llevarlo adelante.

Ya ha pasado mucho tiempo en el que este oscuro interés de abogados y corporaciones se ha mantenido en las sombras y fuera del radar de la mayoría de los grupos y comunidades a las que afecta. Sin embargo, esto está empezando a cambiar a medida que el número de estos polémicos y escandalosos casos ha ido en aumento, y la injusticia inherente a este sistema se está volviendo cada vez más clara.

En ese sentido, se han abierto varios frentes de lucha a nivel regional y global. Por un lado las personas están enfrentándose a las corporaciones en casos específicos, como en El Salvador y Perú, y por otro lado existen esfuerzos y movimientos globales para evitar la proliferación de nuevos acuerdos que utilicen este sistema de acuerdos y tribunales internacionales para cuestionar las decisiones soberanas de los países. Todas estas luchas han tenido eco en las esferas oficiales, sobre todo en América Latina, en donde se han puesto en marcha iniciativas regionales importantes, como sucedió en la 1era Reunión Ministerial de Estados de América Latina afectados por los intereses de las transnacionales, en Abril de 2013. En esta conferencia regional se decidió, entre otras cosas, monitorear los casos pendientes en el sistema, además de impulsar la rápida implementación de un Centro de Solución de disputas en el seno de Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR, una alternativa que desde hace algún tiempo ha despertado gran expectativa en la región.

Al igual que la desregulación de los mercados financieros en EEUU y Europa, alentado por el sector bancario y que provocó la crisis del 2008, el sistema de normas internacionales de inversión impulsado por las corporaciones multinacionales, hace prevalecer los intereses de unos pocos por encima de los intereses da las mayorías y del medio ambiente. A medida que nos acercamos a peligrosos puntos inflexión en términos de los sistemas naturales de la tierra, nunca ha habido un momento más urgente para los activistas, académicos, trabajadores del desarrollo y otros grupos involucrados, para entender la forma en que estas barreras legales y políticas nos impiden cambiar el rumbo hacia un futuro sostenible. Este sistema de justicia privatizado y utilizado arbitrariamente por las corporaciones, es una gran barrera que necesita ser urgentemente derribada.

- Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana López son investigadores en el Centro para la Democracia, con sede en Cochabamba, Bolivia donde coordinan la Red por la Justicia Social en la Inversión Global - RJSIG, un proyecto dirigido por el Centro para la Democracia junto con el Institute for Policy Studies – IPS, con sede en Washington DC.



URL de este artículo: http://alainet.org/active/64218

Sobre temas afines ver también: la edición 485 (mayo 2013) de la revista América Latina en Movimiento de ALAI: "Tratados de inversión: Estados en la cuerda floja".

Chis/Mèx. Detenciones arbitrarias contra integrantes de la OCEZ-CP y MRPS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 23 de mayo de 2012.

A los medios de comunicación convencionales y alternativos
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones hermanas y solidarias
Al pueblo en general

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia la detención extrajudicial de 12 compañeros integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) que se encontraban en un plantón indefinido en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Las detenciones se dieron alrededor de las 04:00 de la madrugada, con lujo de violencia, por elementos de la Policía Estatal Preventiva y trasladados a la Procuraduría General de Justicia del Estado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.[1]

Hasta el momento no se sabe de su integridad física ni psicológica, por lo que consideramos que existen riesgos de que sean agredidos, torturados física y psicológicamente. Consideramos un riesgo inminente de que sean incriminados por delitos que no han cometido, ya que el gobierno del estado a través del procurador Raciel López Salazar ha declarado que arremetería contra las los comuneros de la OCEZ-Casa del Pueblo.

Ayer mismo 22 de mayo, en la instalación del plantón indefinido fueron víctimas de la represión al ser desalojados en un primer momento aproximadamente a las 14:00 horas, por elementos de la policía municipal y trabajadores del ayuntamiento de San Cristóbal.

Los compañeros que fueron apresados de manera extrajudicial son:

Del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste.
1. Jenyfer Melecio López Pérez con 22 años del ejido Petalcingo con hijo de un año;
2. Santiago Cruz Cruz de 30 años, del ejido Petalcingo;
3. Pedro de Jesús Pérez Pérez de la comunidad Las Conchitas de 34 años con 10 hijos,

De la Organización Campesina Emiliano Zapata, Casa del Pueblo:

Del barrio Señor del Pozo

4. Sebastián Gómez Vázquez
5. José Ángel Alcázar Hidalgo.
6. Miguel Vázquez Mendoza
7. Ismael Díaz Castillo

Del barrio San Francisco
8. Juan Mendoza Espinoza

De la Zona Urbana
9. Rodrigo Díaz Solano

Del barrio San Pedro
10. Lucio Pérez Vázquez

Del barrio Convento
11. Jesús de la Torre Castillo

Hacemos un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos a estar atentos a los siguientes acontecimientos, en la procuración de los derechos humanos de los que han sido reprimidos; a las organizaciones sociales y políticas a pronunciarse por el cese a la represión y la libertad de los presos políticos.

Responsabilizamos al gobernador Manuel Velasco Coello, al secretario de gobierno Noé Castañón León, al presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas Francisco Martínez Pedrero; al Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana José Luis Laven Abarca, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros detenidos y de todo integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

¡Libertad a los presos políticos y de conciencia del país!
¡Presentación con vida de los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

Web: www.reddh.org

correo: contacto@reddh.org

Facebook: reddh dh

Twitter: @Reddh_mex

Skype: reddh.mex

Comunicado - Informe 2013: Las autoridades mexicanas tienen que demostrar su voluntad para garantizar los derechos humanos




El último año ha sido un año de transición. Con esta transición ha llegado un nuevo discurso que promete terminar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y a la seguridad. Sin embargo, Amnistía Internacional (AI) ha escuchado una y otra vez las mismas promesas en boca de distintas administraciones, sin que se hayan materializado.

“Las graves violaciones de derechos humanos que Amnistía Internacional ha documentado durante los últimos años y sus causas permanecen sin cambios significativos. Es cierto que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha reconocido algunos de estos problemas, pero las palabras no bastan.” Afirmó Daniel Zapico, Representante de Amnistía Internacional México durante la presentación del Informe Anual de la organización, "El estado de los derechos humanos en el mundo 2013" en la Ciudad de México.

En la presentación de su informe, la organización remarcó que esta administración tiene la oportunidad de verdaderamente cumplir sus compromisos de poner fin a las graves violaciones de derechos humanos, pero que para hacer creíbles estos compromisos las autoridades deberán tomar cuanto antes acciones efectivas que demuestren que su estrategia de derechos humanos consiste no solo en palabras sino en acciones.

La crisis de violencia que sacude a México desde 2006 ha sido terreno fértil para la comisión de graves atrocidades y el último año no ha sido la excepción.

Durante el último año AI documentó graves violaciones a los derechos humanos en el país, incluyendo ataques y amenazas contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ataques y secuestros a migrantes, uso de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y extorsiones. La impunidad continúa siendo la norma frente a estos abusos.

“Las desapariciones, incluyendo las desapariciones forzadas son una herida abierta que duele cada día a decenas de miles de familias.” Agregó Zapico durante la presentación.

En febrero de este año el gobierno federal publicó información sobre las más de 26,000 personas desaparecidas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012. Estas cifras son parciales, pues de acuerdo a las autoridades representan sólo un avance hacia una base de datos más completa. “Este anuncio reviste una gran importancia, pues confirma que en México se vive un patrón generalizado de desapariciones. Y a pesar de este reconocimiento, la realidad no ha cambiado pues sigue sin establecerse el paradero de las víctimas, y las familias continúan indefensas, sin acceso a verdad y justicia.” Afirmó Daniel.

Amnistía Internacional recordó que el actual presidente se comprometió durante las elecciones de 2012 a poner fin a la tortura. Pero desde su llegada al poder, no ha habido acciones nuevas o políticas públicas específicas para prevenir y sancionar la tortura y malos tratos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 1,662 denuncias de tortura y malos tratos en 2012, y eso supone apenas una parte del problema, pues la CNDH sólo tiene competencia para casos federales. A pesar de la magnitud del problema, no hubo condenas por tortura en 2012.

La organización señalo que siguen sin conocerse las medidas que el gobierno federal piensa implementar para detener los abusos contra migrantes y contra quienes les defienden, al tiempo que en los caminos y las vías del tren continúan los ataques.

Así mismo, Amnistía Internacional remarcó que al menos 6 periodistas fueron asesinados y este año comenzó igualmente con asesinatos y ataques a periodistas y medios de comunicación. También se documentaron casos de detenciones arbitrarias e intimidaciones por parte de la policía y otras autoridades contra periodistas y defensores de derechos humanos

Resulta sumamente preocupante para la organización que las medidas en materia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto no parecen poner en un lugar destacado la prevención y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos.

Resulta especialmente preocupante la falta de acción para reformar el Código de Justicia Militar, para garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean juzgadas en el fuero civil, pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto. El fuero militar facilita la impunidad y la falta de acción supone apoyar la perpetuación de esta impunidad.

“Mientras los perpetradores, y quienes ordenan estos ataques continúen en la impunidad será difícil poner fin al clima de violencia.” Concluyó Daniel Zapico.

Por la selva de los orangutanes

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva,

Este es un llamamiento urgente que se está distribuyendo por todo el mundo desde Indonesia. El gobierno de la provincia de Aceh en Sumatra planifica concesionar extensas áreas de selvas a compañías mineras y palmicultoras. Los orangutanes, tigres, elefantes y rinocerontes están en grave peligro así como protegidas.

El presidente indonesio todavía puede detener estos planes. Por favor, apoya el llamamiento y difunde ampliamente por las redes sociales.


Muchas gracias y un saludo atento,

Guadalupe Rodríguez
Salva la Selva
guadalupe@regenwald.org

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