viernes, 31 de mayo de 2013

Comunicado especial sobre la #OpDesobediencia. Llamado a la acción desde este 1 de junio

Incumple México con recomendaciones del Comité contra la Tortura


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno mexicano no ha cumplido con las 72 recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, denunciaron integrantes de organizaciones internacionales de derechos humanos de visita en nuestro país.

A seis meses de que los expertos emitieran observaciones para acabar con la tortura, Andrea Meraz, directora de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y Anne Boucher, de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura de Francia (ACAT-F), concluyeron que el Estado mexicano no está tomando medidas para acatar las indicaciones de los expertos de la ONU.

Meraz y Boucher realizaron una misión de observación por los estados de Chihuahua, Guerrero y la Ciudad de México, para reunirse con autoridades estatales, federales, organizaciones civiles y víctimas de la tortura, del 26 al 31 de mayo.

En conferencia de prensa, tras concluir la misión, Andrea Meraz manifestó su preocupación por qué “a pesar del reconocimiento del gobierno federal de que la tortura es un grave problema en México, no vemos que se estén tomando medidas encaminadas a atender el problema”.

Contó que en una reunión con la directora de Política Internacional sobre Derechos Civiles de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consuelo Olvera, “comentó que se conformará una mesa de trabajo para dar cumplimiento a las 72 recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU en diciembre pasado”.

La directora de la OMCT recordó que entre las principales preocupaciones manifestadas por los expertos del CAT tiene que ver con el alto número de desapariciones en México, por lo que consideró que aun y cuando es prematuro evaluar la unidad especializada creada por la Procuraduría General de la República (PGR) con sólo 12 agentes del Ministerio Público, “son muy pocos elementos y recursos humanos asignados para un problema tan grande”.

Anne Boucher agregó que la desaparición forzada “es una tortura permanente para los familiares y las víctimas, y en México lo que preocupa es que ese delito sólo se contempla si lo realiza un agente del Estado”.

Agregó que durante su visita les resultó muy preocupante aún que una de las principales recomendaciones hechas por el CAT, no pretenda ser atendida, como lo es la eliminación de la figura del arraigo.

“Nos parece que lejos de eliminar esa figura, lo que se pretenda es ampliar el tiempo en el que las personas estén a disposición del ministerio público antes de presentarlos con un juez, pasar de las 72 horas a casi una semana, cuando sabemos que es durante las primeras horas de detención que se llevan a cabo las torturas”, apuntó la defensora.

Boucher recordó que “según las estadísticas sólo 3% de las personas arraigadas fueron condenadas por un juez, por lo que “la mayoría de la personas detenidas bajo esta figura fueron privadas de la libertad y violentadas sin motivo, y no van a tener reparación por el daño causado”.

Informó que en enero de este año ACAT-F lanzó una campaña internacional denominada “Stop Arraigo”, encaminada a la abolición de esta figura en México, que reunió 15 mil firmas en Europa. Las posiciones contra el arraigo fueron entregadas al presidente Enrique Peña Nieto en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia.

Andrea Meraz señaló que durante la misión advirtieron actitudes de miembros del poder ejecutivo y judicial que optaron por negar la existencia de la tortura.

El caso concreto, expuso fue el de Chihuahua, donde el secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, “aseguró que en ese estado la tortura se había abolido desde que los militares y los policías federales dejaron al gobierno de César Duarte encargarse de la seguridad”.

Agregó que en reuniones con organizaciones sociales y familiares de víctimas de tortura, “pudimos comprobar que aunque hay coincidencias en que la violencia ha disminuido, la tortura es una situación que sigue imperando, a pesar de que Chihuahua es uno de los estados donde ya está en operación el nuevo sistema de justicia penal en el que no deberían aceptarse las declaraciones extraídas bajo tortura”.

La actitud de jueces de los sistemas que operan en México, resaltó, “admiten las confesiones extraídas bajo tortura, aun cuando las víctimas denuncian en el momento en que son puestas a disposición de los jueces; de forma general hemos visto que los jueces consideran que cuando una persona denuncia que fue torturada, considera que es parte de su estrategia de defensa, cuando debería por estar asentado en la Constitución, abrir una investigación de oficio”.

Dijo que durante la misión se detectó que no hay investigaciones ni condenas por actos de tortura, y que los estudios especializados para determinarla, el Protocolo de Estambul, no es admitido cuando se realiza por un organismo público como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las activistas anunciaron que en noviembre presentarán al CAT un informe paralelo al que el Estado mexicano está obligado a entregar como parte del seguimiento de las recomendaciones emitidas en diciembre pasado.

Apalean tuiteros, Artículo 19 y Anonymous al Congreso de NL


MÉXICO, D.F., (apro).- La reforma al Código Penal de Nuevo León que tipifica y sanciona el cyberbullying con multa económica y pena de hasta tres años de cárcel, enfureció a los tuiteros que interpretaron dicha disposición como un ataque a la libertad de expresión.

Además, el colectivo de hacktivistas, Anonymous, tumbó por momentos la página web del Congreso local, mientras que la organización Artículo 19 afirmó que la modificación “incumple con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en su conjunto en materia de libertad de expresión”.

El pasado martes 28 el Congreso aprobó reformas al Código Penal en las que establece que quien utilice las redes sociales para difundir texto o imágenes que causen “daño, deshonra, descrédito de una persona, o la exponga al desprecio de alguien” será encarcelado de uno a tres años y será acreedor a una multa.

Dicho precepto legal considera como autor del delito de difamación a la persona que utilice “cualquier medio para difundir, revelar, ceder o trasmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto”, para causar perjuicios a un tercero.

La medida causó impacto no sólo entre los neoloneses que lanzaron toda clase improperios al Congreso estatal a través de las redes sociales, también provocó la reacción de Artículo 19, organismo defensor de la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la organización afirmó que el congreso de Nuevo León “ha decidido seguir legislando en dirección contraria a los derechos humanos, estableciendo medidas que restringen indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional”.

Aunque la intención de proteger a los jóvenes del cyberbullying es loable, sostuvo, la técnica legislativa es “vaga e imprecisa”, y el resultado es “una disposición de Ley que es contraria no solamente al derecho internacional sino a la Constitución en su artículo 6 y 7”.

Por ello, el organismo exigió al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a ejercer su derecho de veto con las disposiciones aprobadas a fin de que sea revisada de nuevo por el Congreso Local.

Artículo 19 afirmó que es preocupante que se haya aprobado un delito que sanciona con el “cyberbullying”, ya que éste se considera una forma de violencia psicológica que tiene particularmente un efecto nocivo entre los jóvenes.

Sin embargo, sostuvo que el daño moral que puede generar el “cyberbullying” no debe de sancionarse con pena de cárcel, sino que debe resolverse por la vía civil.

El organismo condenó que, “pese a las recomendaciones internacionales de despenalizar los llamados delitos contra el honor porque coartan los derechos de libertad de expresión opinión e información, se ha procedido agregar delitos que tienen como efecto criminalizar la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones”.

Anonymous lanzó también un ciberataque contra la página del Congreso estatal, en repudio a la reforma promovida por el PAN.

En su cuenta de Twitter @anonopshispano, el grupo de hacktivistas escribió: “Mientras se nos ocurre cómo echar para atrás la ‘ley de cyberbullying’ del @CongresoNL vamos a ‘visitarlos’. ÚNETE: http://colmena99.bligoo.ec/p ”

El ataque provocó que la página web del Congreso dejara de funcionar por unos minutos, alrededor del mediodía.

Entre los tuiteros, la aprobación de la ley causó el efecto contrario al que se persigue, pues los usuarios de la red social lanzaron toda clase de improperios al gobierno y el congreso local.

Aquí algunos de ellos:

‏@jimirp: “Feliz Viernes a todos menos para los politicos maricas de Nuevo León…aun asi no me censuraran muajaja”

@juanitoanaconda: “Que el gobierno y congreso de Nuevo Leon vayan de puntitas a chigar a su madre y si les sobra tiempo que vengan a censurarme los muy putos”

‏@KungFuPanza: “Yo creo que los que legislaron el Cyberbulling para funcionarios en Nuevo León son unos puñales (uy perdon cyberbulie)”

@Alex_Anonymus. @anonopshispano En #México en edo d Nuevo León la cámara d diputados quiere censurar #Twitter, para callar voces en México NO A LA #CENSURA

@Perlfarben: “¿Qué es esa mamada de que en Nuevo León se va a castigar con cárcel el trolleo?”

‏@EdgarBryand: “En Nuevo León hay cosas más importantes qué legislar como la Ley Estatal de Participación Ciudadana, y no esa mamada de Cyberbullying”.

‏@Von_Graf: “Alguien puede informarle al congreso de Nuevo León que esta supeditado a la constitución de una nación llamada México, artículo 6!!!”

‏@scarabax: “Chingue a su madre el congreso de Nuevo León, a ver #CensurameEsta”

‏@Angelmhuerta: “Solo en Nuevo León pasa esto. Sin verguenzas políticos no tienen límites. Saquean al estado y ahora castigan a quien los critica por hacerlo”

‏@Daviddg: “Reforma en Nuevo León anticonstitucional y atentando en contra la libertad de expresión que otorga el derecho internacional”.

‏@alex_xmirtus: “—¿Qué haces? —Aquí, secuestrando y matando gente, ¿y tú? —Trolleando funcionarios en Nuevo León. —¡Ten cuidado, puedes ir a prisión!”, ironizaron los usuarios.

Textual: El dictamen contra ‘ciberbullying’ en Nuevo León, que criminaliza redes sociales


El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal del Estado para tipificar el acoso, conocido como ciberbullying, como una variante de la difamación.

El miércoles de esta semana, los diputados locales aprobaron en comisiones y, después, en pleno la tipificación del delito de ciberbullying y del sexting, dentro del delito de difamación.

“Comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”, sentencia el artículo 345.

Conoce, textual, la reforma:




Intentan partidos aprovecharse de la popularidad de Las Patronas, acusan


CELIA DÍAZ GARCÍA

La Patrona, Ver.- Al ser el tema de “migración” de sensibilidad social, el grupo de mujeres Las Patronas pidieron que no sea usado como “carne de caño” en vías a las elecciones locales de este año, refirió Norma Romero encargada del grupo, quien reconoció que a ella se han acercado distintos actores políticos buscando su simpatía y todo lo que su grupo de féminas conlleva, sin embargo, se dijo consiente que éste es un tema social con fines humanitarios mas no partidistas.

“Se ha prestado a ver que hay aquí un partido político, nos deslindamos de cualquier partido político... nosotros somos un grupo de mujeres que no esta metido en ninguna cuestión política porque queremos que el trabajo se siga llevando como hasta hoy en día”.

Y es que, agregó, en el predio donde reciben a los migrantes para brindarles techo y comida colinda con otra barda que fue pintada por una fracción política, por lo que procedió a aclarar que es un espacio propiedad de otra compañera, que incluso participa en el grupo Viva Migrante encabezado por el padre Julián Verónica, en donde existe simpatía por cierto partido político y aun cuando trabajan en coordinación en pro del migrante, las cuestiones políticas son individuales.

Insistió que en el caso de Las Patronas la situación es distinta, pues no tiene interés por participar o afiliarse a algún partido político en particular, pues la ayuda al migrante debe ser impulsada por un sentido humanitario únicamente, no por ganar votos.

Pero además considera que en caso de afiliarse a algún partido que en ánimos electorales les prometan apoyo esto podría afectar su misión con el centro americano.

Explicó que es tan grande la lucha entre los partidos y su ambición por el poder que para ganar votos pueden hacer cientos de promesas; una vez logrado el triunfo, se olvidan de sus promesas, sumado a ello, dijo, el pertenecer a un partido político determinado las puede excluir de otros apoyos, es decir, “serán etiquetadas”.

La necesidad de los centro americanos es más grande que lo que pueda prometer los políticos, por eso recalcó que se deslindan de todo partido político.

“Somos un grupo de ayuda humanitaria, trabajamos y hacemos el servicio apoyando a los muchachos pero no queremos que se nos involucre con un partido, porque pueden decir 'Ya son del azul' y los otros no nos van a dar ayuda”, refirió Norma Romero.

Cabe mencionar que de manera sorpresiva arribó al comedor Las Patronas personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezados por el quinto visitador, además del delegado estatal de la Comisión, Fernando Perera Escamilla, quienes realizaron la entrega de 30 mil bolsas de plástico en donde Las Patronas podrán envolver los alimentos que proporcionan a los indocumentados cuando viajan sobre La Bestia.

En cada bolsa, Derechos Humanos del Estado también incluirán trípticos y dípticos en dónde se anotan los números de atención al migrante para que pueda requerir ayuda en caso de ser agredidos.

Esto se hace en marco al programa de Migrante con dignidad emprendido por el gobierno del estado. Mientras que la visita de la delegación nacional se hizo con el fin de captar datos duros sobre la situación del indocumentado, incluyendo la actividad de Las Patronas.

Se recrudece la criminalización de la lucha social, acusa Tadeco


Documentados, ocho asesinatos y 28 desapariciones, pero son más de 350, afirma Javier Monroy

LUCIANO TAPIA ( Corresponsal)

Ciudad de México, 30 de mayo. Con una marcha que inició frente a la Secretaría de Gobernación y culminó en el Zócalo, más de mil 500 personas de diferentes organizaciones sociales dieron por terminada la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, dentro de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en la cual resaltaron la criminalización de la lucha social en el estado de Guerrero.

De acuerdo con Javier Monroy Hérnandez, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario de Guerrero (Tadeco), cada día se suman a la cifra de víctimas personas inocentes y otros más que el gobierno federal y el estatal callan y desaparecen en la lucha por encontrar mejores condiciones de vida ante la pobreza y el olvido en que viven en las diferentes comunidades de la entidad, principalmente en La Montaña en donde no existen los servicios y que por levantar la voz sufren la represión y hasta desaparición.

Destacó que en siete años, desde el gobierno de Zeferino Torreblanca y lo que lleva la administración de Ángel Aguirre Rivero, se ha recrudecido la criminalización contra los luchadores sociales lo que preocupa más a la población más pobre que al emprender la lucha por encontrar mejoras condiciones de vida, encuentra la muerte.

Participaron en la marcha por el estado de Guerrero representantes de Chilpancingo, María de Jesús Martínez, Isabel Rosales Jiménez, Guadalupe Orozco, Alma Rosa, de Iguala del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.

En el estado de Guerrero, las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas “hemos luchado solos”, señala Monroy Hérnandez, pues afirmó que el gobernador, quien se comprometió durante su campaña política electoral que los ayudaría, no ha cumplido su palabra de aclarar un solo caso de las denuncias que existen.

Indico que aunque el Taller de Desarrollo Comunitario conoce de 28 casos de desaparecidos y de 8 asesinatos documentados, son más de 350 personas que han tenido la misma suerte, es decir, no aparecen.

La manifestación siguió las calles de Bucareli, Avenida Juárez, Cinco de Mayo y al llegar a la plancha del Zócalo dieron tres vueltas como un acto de protesta contra la impunidad y el desinterés de los gobiernos federal y estatal por aclarar crímenes y desapariciones.

Carta de Alberto Patishtán sobre su caso.

A lo opinión publica
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Presos políticos de la Voz del Amate adherentes a la Sexta, Alberto Patishtán Gómez recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas Chiapas

Las verdades corrigen pero también las verdades incomodan a otros, digo esto ya que un día 30 de mayo del año 2000 estuve denunciado las arbitrariedades, atropellos entre otras en lo que concierne la injusticia y elaboré un documento por estas violaciones a los derechos humanos que eran atropellados los habitantes del pueblo de El Bosque, estas violaciones fueron ejercidas en aquel tiempo por el C. alcalde municipal Manuel Gómez Ruíz.

Estos documentos ya mencionados obran en los archivos en las diferentes dependencias del gobierno, ya que este documento no sólo contenía las denuncias del presidente sino que también se estaba pidiendo la destitución inmediata del C. antes mencionado, doce días después de este mes que fue el 12 de junio del 2000 sucedió una emboscada en el tramo carretero del Bosque a Simojovel, donde perdieron la vida varios elementos de la seguridad pública.

Estos hechos ocurridos el C. alcalde autoritario utilizó esta desgracia en mi contra con el fin a que esto mantuviera su autoridad en el enriquecimiento ilícito y a la vez en seguir oprimiendo al pueblo, a causa de estos delitos prefabricados cumplo ya casi 13 años por estos encarcelamientos injustos, delitos que no tienen fundamento sino mas bien fue una venganza política.

De todo esto pido al Primer Colegiado de Circuito en Chiapas a que realmente cuando llegue el expediente bajo en sus manos analicen y estudien exhaustivamente para que me den mi libertad robada por estos años al mismo tiempo pido al pueblo de México y el mundo a seguir sumándose a este reclamo de verdad y justicia.

¡Morir o Vivir por la verdad y la justicia!

Fraternalmente

Alberto Patishtán Gómez

La Voz del Amate

Penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 30 de mayo del 2013.

Hammond, Manning, Assange y el martillo de hierro de Obama contra la disidencia


Amy Goodman

Esta semana concluyó el juicio federal contra un activista cibernético y el de otro está por comenzar. Aunque los acusados de estos juicios son dos jóvenes, Jeremy Hammond y Bradley Manning, lo que debería ser juzgado es la creciente amenaza del secretismo con el que actúan el gobierno y las grandes corporaciones.

Hammond se enfrentaba a más de treinta años de cárcel acusado de cargos por hackear el sistema informático de una compañía privada de seguridad e inteligencia llamada Strategic Forecasting, o Stratfor, pero aceptó declararse culpable de un cargo de hackeo informático a cambio de una reducción de pena. Según explica su propio sitio web, Stratfor se dedica a “inteligencia geopolítica, previsiones económicas, políticas y militares”. Sin embargo, luego de que Hammond y otros filtraran cinco millones de correos electrónicos de los servidores de Stratfor a WikiLeaks, se tornó evidente que la compañía se dedica ampliamente al espionaje de activistas a solicitud del sector empresarial. Coca-Cola contrató a Stratfor para espiar al grupo PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales. Dow Chemical contrató a Stratfor para espiar a los activistas que dejaron al descubierto la participación de Dow en el desastre químico de Bhopal, India, en 1984, que se estima tuvo un saldo de ocho mil muertos y miles de heridos.

Está previsto que el 6 de septiembre se pronuncie la sentencia de Hammond, que se enfrenta ahora a una pena de hasta 10 años de prisión. Sus abogados solicitaron que se contemple el tiempo de reclusión que ya ha cumplido, 15 meses, algunos de los cuales fueron en aislamiento.

Por otra parte, a Bradley Manning le llegará finalmente su turno ante el tribunal militar de Fort Meade, Maryland. Afronta varios cargos vinculados a la mayor filtración de información clasificada de la historia de Estados Unidos. Manning se declaró culpable de hacer mal uso de la información y admitió haber transferido cientos de miles de documentos al sitio web WikiLeaks. Sin embargo, niega el más grave de los cargos, que aún se encuentra pendiente, el de “colaborar con el enemigo”. Los fiscales piden cadena perpetua, sin embargo, de ser declarado culpable, el juez podría determinar para Manning la pena de muerte.

Los juicios contra Bradley Manning y Jeremy Hammond figuran entre las más notorias de una serie de causas que el gobierno de Obama ha abierto contra informantes y periodistas. El abogado Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, dijo en la puerta del tribunal tras la comparecencia de Hammond: "Esto es consecuencia del martillo de hierro con el que el gobierno está golpeando a la gente que deja al descubierto los secretos de las corporaciones y del gobierno, en realidad, los secretos de un imperio".

Bradley Manning explicó sus acciones y sus motivos en detalladas declaraciones que prestó durante las audiencias previas al juicio. Hay que escuchar con atención porque sus palabras fueron grabadas clandestinamente durante una audiencia: “Pensé que si el público en general, en particular la población estadounidense, tenía acceso a la información que contenían los cables, esto podría provocar un debate a nivel nacional acerca del papel de las fuerzas armadas y de nuestra política exterior en general”. La primera publicación efectuada por WikiLeaks del material proporcionado por Manning fue el video que WikiLeaks tituló “Asesinato Colateral”. La borrosa grabación, filmada desde un helicóptero de combate, muestra el asesinato de 12 hombres en tierra en Bagdad el 12 de julio de 2007. Dos de los asesinados desde el helicóptero de combate Apache de Estados Unidos eran empleados de la cadena de noticias Reuters, el camarógrafo Namir Noor-Eldeen, de 22 años de edad, y su chofer, Saeed Chmagh, padre de cuatro hijos.

Tras la muerte violenta y sin motivo de sus empleados, Reuters pidió explicaciones e invocando la Ley de Libertad de Información solicitó material relativo al ataque, todo lo cual le fue denegado. Manning vio el video mientras se encontraba posicionado en Irak e investigó las circunstancias en que tuvo lugar el ataque. Guardó el archivo de video. Según explicó ante el tribunal: “planeaba entregarlo en las oficinas de Reuters en Londres para ayudarlos a prevenir sucesos como ese en el futuro”, dijo.

Hammond y Manning se enfrentan a años de prisión y tienen en común su vinculación con WikiLeaks y su fundador, Julian Assange. Assange se encuentra requerido en Suecia para ser interrogado en relación a acusaciones por delitos sexuales, aunque no se han presentado cargos en su contra. Luego de perder su batalla contra la extradición a Suecia por parte de Inglaterra, el gobierno de Ecuador le otorgó asilo político y ha permanecido en la embajada de Ecuador en Londres desde junio pasado. En uno de los correos electrónicos filtrados de Stratfor se hace referencia a la existencia de una imputación formal secreta de Estados Unidos contra Assange: “No publicar. Tenemos una acusación sellada contra Assange. Favor de proteger”.

Todo esto sucede en medio de crecientes revelaciones acerca de la extraordinaria intrusión por parte del gobierno de Obama en la privacidad de periodistas y el derecho de proteger a sus fuentes. La agencia de noticias Associated Press reveló que el Departamento de Justicia obtuvo confidencialmente dos meses de registros telefónicos de sus periodistas y editores responsables en el marco de un intento por descubrir la fuente de una filtración relativa a una conspiración para un atentado fallido. El corresponsal en jefe para Washington de Fox News, James Rosen, podría ser acusado de formar parte de una conspiración delictiva por presuntamente haber recibido de manos de una fuente información clasificada referente a Corea del Norte.

El Presidente Barack Obama y el Fiscal General Eric Holder utilizaron la Ley de Espionaje para acusar a informantes en seis oportunidades, más que todos los presidentes anteriores juntos. El ataque de Obama al periodismo y su implacable lucha contra los informantes representan una seria amenaza a los principios democráticos fundamentales sobre los que se fundó este país.

La tarea del periodismo es hacer que quienes detentan el poder rindan cuentas de sus actos. Nuestra tarea es ser el cuarto poder, no es estar al servicio del poder. Déjennos ser.

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