lunes, 3 de junio de 2013

Encuentran sin vida a tres de los ocho activistas “levantados”; atacan alcaldía de Iguala


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

IGUALA, Gro., (proceso.com.mx).- Esta mañana fueron encontrados sin vida los cuerpos de tres de los ocho activistas que fueron “levantados” la semana pasada.

Uno de los cuerpos corresponde al del dirigente perredista Arturo Hernández Cardona, y los otros dos a Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román, también militantes de ese partido. Los tres formaban parte del recientemente creado Frente de Unidad Popular (FUP).

Lo anterior fue informado por el director de la policía ministerial Marcos Esteban Juárez Escalera.

En reacción al hallazgo, militantes del FUP destrozaron puertas, ventanas y mobiliario del ayuntamiento de Iguala.

De acuerdo con David Francisco Molina, dirigente estatal de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN) otros tres de los ocho “levantados” habrían logrado escapar a sus captores, entre ellos Héctor Anaya Delgado.

Del asesinato de sus compañeros y el levantón del resto, responsabilizó al alcalde de Iguala, también de extracción perredista, José Luis Abarca Velázquez.

Los tres cuerpos sin vida fueron encontrados esta mañana en las inmediaciones de esta capital.

El hallazgo de los cadáveres se reportó alrededor de las seis de la mañana en el kilómetro 170+300 de la cartera federal 95 Cuernavaca-Chilpancingo, en el tramo Iguala-Mezcala.

Sobre uno de los cuerpos fue escrito el siguiente mensaje: “Basura. Atte la garra de Gro. Leonor Nava. Los rojos” (sic).

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Iguala.

“No funcionará la treta” de EPN para proteger a Granier: AMLO


MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del consejo ejecutivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de tender un puente de impunidad al exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo.

En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial aseguró que Peña Nieto le pidió al procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, que procure la impunidad de Granier Melo, quien se negó a comparecer ante el Ministerio Público el pasado 30 de mayo porque, según su abogado, no estaba “legalmente citado”.

De acuerdo con López Obrador, el Ejecutivo también instruyó al presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, a deslindarse del caso que implica al exmandatario como responsable del desfalco financiero de Tabasco y el hallazgo de 88.5 millones de pesos en una propiedad.

“@lopezobrador_: EPN mandó a Camacho del PRI a deslindarse de Granier, pero ha instruido a Murillo Karam que procure su impunidad. No funcionará la treta” (sic), escribió el exjefe de Gobierno del Distrito Federal.

En relación con ese asunto, el diario Milenio le da voz en su edición de este lunes al exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, a quien se le acredita la propiedad de los 88.5 millones de pesos encontrados en un inmueble de un familiar de su contadora y secretaria, Marlis Cupil.

De acuerdo con Saiz Pineda, las acusaciones en su contra es “un burdo montaje” del actual mandatario, Arturo Núñez, y adelantó que se defenderá “con la ley en la mano y aportando todas las pruebas de las acusaciones que en mi contra hace la actual administración de Tabasco y que carecen de sustento jurídico y financiero.”

El exfuncionario defendió también a Granier Melo al rechazar que su administración hubiera dejado en quiebra financiera a la entidad, y acusó a Núñez de inventar cifras del endeudamiento estatal con fines mediáticos.

El exfuncionario estatal sostuvo que la Secretaría de Hacienda sabe que cada peso ingresado a las arcas del gobierno tabasqueño entre 2007 y 2012 fue ejercido con soporte documental amplio y suficiente.

“¿Usted cree que Hacienda iba a permitir un faltante de mil 918 millones 597 mil 977 pesos? Además, hay documentos oficiales, elaborados por el gobierno actual, que dan cuenta de las cifras reales, no inventadas o diseñadas con fines mediáticos”, puntualizó.

Como responsable de las finanzas públicas de Tabasco en la pasada administración, Saiz Pineda subrayó que las reconocidas certificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s no hallaron ninguna anomalía en las cuentas.

Aseguró que el monto real de los adeudos del gobierno estatal al 31 de diciembre de 2012 era de 8 mil 799 millones de pesos, como lo registra un documento elaborado por quienes hoy lo acusan de desfalco. “Fueron ellos quienes lo revisaron y lo presentaron en tiempo y forma al Congreso”, apuntó.

Precisó que la referida cifra incluye la deuda a largo plazo y otros adeudos, y no solo lo que oficialmente se considera deuda pública y que la Secretaría de Hacienda reporta en sus informes.

Detalló que los créditos a largo plazo con bancos comerciales ascendían a 4 mil 440 millones de pesos al término de la administración de Granier, mientras la deuda con Banobras era de 2 mil 47 millones, de los cuales el gobierno de Núñez no pagaría más que intereses, porque corresponde al gobierno federal amortizar el capital.

Adicionalmente, los pasivos a corto plazo de proveedores, acreedores diversos y ajustes de participaciones federales, detalló, sumaban mil 564 millones de pesos, más 129 millones por concepto de impuestos por pagar y retenciones del ISR, así como 53 millones de pesos en el renglón de fianzas.

“Esas cifras son comprobables, tengo los elementos probatorios suficientes para aclarar las cosas, y además nadie de mi equipo de trabajo en la Secretaría (de Finanzas) fue requerido para hacer aclaraciones o para ofrecer explicaciones adicionales. Evidentemente no les interesa. Yo mismo estuve dispuesto y atento a comparecer desde el inicio del problema, pero no recibí ninguna llamada”, dijo.

El exsecretario insistió así en que “la administración estatal no se encontraba en quiebra financiera (al momento de entregarla a Núñez) y existen todos los soportes documentales para comprobarlo”.

De los 88 millones de pesos en efectivo presuntamente encontrados en pasado 22 de mayo en un inmueble del padre de su secretaria en SCP, dijo:

“Ni es mío ese dinero, ni es cierta la afirmación del procurador (Fernando) Valenzuela. Es muy grave que las autoridades de Tabasco recurran al montaje y siembra de pruebas falsas, pero es más grave aún que estén llegando al extremo de recurrir a la tortura como el caso de la señora Marlis Cupil, quien ha acreditado los daños sufridos en su persona, así como las amenazas y presiones recibidas por personal de la procuraduría para incriminarme mediante confesiones absurdas”, insistió.

Demandó por ello al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela a que ciñan su actuación a la justicia y al respeto a las leyes que ellos, más que nadie, están obligados a prodigar.

“Le exijo al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela que aclaren el origen de ese dinero. Exijo y seguiré exigiendo justicia y respeto a las leyes. Espero que recapaciten y actúen en consecuencia, y de lo contrario, confío en que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclaren y sancionen debidamente el infundio y los abusos”.

Según el exsecretario de Finanzas, en Tabasco no existen garantías para un proceso justo, pues a su juicio tanto la procuración como la impartición de justicia en la entidad están subordinadas a las indicaciones políticas de Arturo Núñez y “de quien él mismo llama su jefe, (Andrés Manuel) López Obrador”.

No obstante, Saiz Pineda aseguró tener los elementos probatorios suficientes para responder a las imputaciones en su contra e insistió en que existe un manejo tendencioso de la información financiera en el estado.

“En lo inmediato, espero que impere la justicia, que termine la estrategia de persecución y linchamiento, que se verifiquen las cifras que dejamos, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las calificadoras, pues ahí está la verdad, y no la que dice Arturo Núñez”, puntualizó.

En su edición 1908 del pasado 26 de mayo, la revista Proceso publicó una nota titulada “Tabasco, la trama del saqueo”, en la que da cuenta de cómo Ganier aprovechó la solidaridad por las inundaciones de 2007 para socorrer sus propios bolsillos y los de sus socios.

La incautación de casi 90 millones de pesos en efectivo por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dice la nota, sólo jaló un hilo de la trama del exgobernador Andrés Rafael Granier Melo y su exsecretario de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, para saquear las arcas del estado… una ingeniería corrupta de la que Proceso dio cuenta en diversos reportajes (ediciones 1891, 1887 y 1884).

De acuerdo con la PGJE, dos hombres son clave para armar el expediente que lleve a la cárcel al exmandatario y principales saqueadores. Se trata de Martín Alberto Medina Sonda y Abraham Cupil Córdova. El primero, un empresario yucateco que es socio y operador financiero de los negocios de Saiz Pineda; el segundo, padre de Marlis Cupil López, secretaria del mismo exfuncionario.

El dinero –88 millones 560 mil 134 pesos– fue hallado en una casa de dos plantas donde está la refaccionaria Jomeli, en la calle Mario Trujillo García número 225, ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, unos 15 kilómetros al norte de Tabasco. Lo guardaban en cinco cajas de cartón.

El inmueble es propiedad de Abraham Cupil Córdova, padre de Marlis Cupil López, secretaria de Saiz Pineda en la firma Patrimonium Asesores Fiscales (SCP). Este despacho, del que es socio Medina Sonda, se ubica en la calle Andrés Sánchez Magallanes 1113, del centro de Villahermosa. Al catearlo, la PGJE halló “abundantes” documentos contables del gobierno de Granier Melo.

La refaccionaria es propiedad de Abraham Cupil López, hermano de Marlis e hijo de don Abraham Cupil, conocido en la comunidad como vendedor de agua de garrafón.

La dirección de la refaccionaria Jomeli es la misma que proporcionó Cupil Córdova para adquirir la empresa Suministros del Carmen, SA de CV, que en abril de 2008 compró 160 hectáreas a 500 mil pesos cada una e inmediatamente la revendió al Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) a un millón 400 mil pesos la hectárea, con lo que ganó más de 140 millones de pesos.

El entonces diputado federal del PRD y ahora senador Adán Augusto López Hernández denunció estos hechos en octubre de 2008 y presentó una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Al legislador le pareció inexplicable que Cupil Córdova, “humilde vendedor de agua”, y José Alberto de la Rosa Santamaría, dependiente de una tienda, compraran Suministros del Carmen y, de inmediato, invirtieran cerca de 100 millones para comprar los terrenos que revendieron al Invitab, con una ganancia de 900 mil pesos por hectárea. Suministros del Carmen, fundada en 1997 en Campeche, estaba quebrada. Su capital contable era de apenas 250 mil pesos y ya no podía pagar sus deudas.

Tras la histórica inundación de finales de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que entregara 350 millones de pesos al gobierno de Andrés Granier para la compra de terrenos y la construcción de 2 mil 500 viviendas para los damnificados.

Esta información privilegiada fue aprovechada por Saiz Pineda para operar el negocio a través de su socio Martín Medina Sonda, quien mediante su empresa Triton Holding, SA de CV le dio a Suministros del Carmen el dinero necesario para comprar los terrenos.

El diputado López Hernández presentó demanda contra Saiz Pineda y quienes encabezaban la Secretaría Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta; la Contraloría, Roger Pérez Evóli, y el Invitab, Ariel Cetina Bertruy. Los acusó de evasión fiscal, ejercicio abusivo de funciones, fraude, lavado de dinero y tráfico de influencias. También señaló formalmente a Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría, los “dueños” de Suministros del Carmen, empresa en la que también figura como socio Antonio Espinosa de los Monteros.

Éste, amigo y protegido de Granier, le rentaba camionetas blindadas al gobierno estatal, distribuía despensas a través de su Abarrotera Monterrey y combustibles en su consorcio gasolinero Lemon, con más de 15 estaciones de servicio en la entidad. De los Monteros posee otros negocios, como el lujoso gimnasio Sport City de Villahermosa, que será demolido tras un largo litigio judicial por el uso del suelo.

Pero la demanda del legislador perredista fue congelada por la PGR y no se supo en qué quedaron las investigaciones.

Guerra contra el narco aumentó violencia y precio de las drogas


La adquisición de drogas ilícitas para los jóvenes se encareció en las calles a consecuencia de la guerra contra el narcotráfico, y esto a su vez detonó los robos a casas habitación, asaltos a negocios y a transeúntes porque los adictos buscan la manera de obtener recursos para pagar al proveedor, expuso el director del Centro de Integración Juvenil, Sergio Mayoral Barranca.

Señaló que entre los jóvenes delincuentes “hay frustración y enojo” porque se les negó el derecho de estudiar, trabajar, alimentación y vestido, debido a que se encarecieron los servicios y los salarios que perciben el padre o madre es insuficiente para mantener a una familia con cuatro o cinco hijos y mucho menos cuentan con el dinero para mandarlos a la universidad.

Estos adolescentes a los que se les negó el derecho de estudiar la preparatoria y la universidad salieron a las calles en busca de trabajo, pero se enfrentaron a que no hay oferta de espacios laborales, y cuando lo encuentran el salario es mínimo.

Expuso que psicólogos del Centro de Integración Juvenil analizan a la nueva generación de jóvenes adictos a las drogas, que presentan rasgos de frustración y enojo contra la sociedad, porque son el eco de la desintegración y violencia familiar, así como de la violencia que perciben del mundo exterior.

Mayoral Barranca expuso que hay un cambio en el patrón del comportamiento de los jóvenes, en el sentido de que cada vez más se asocia el consumo de drogas con la violencia social, intrafamiliar y a menor edad son más violentos.

Refirió que “gracias” al combate al narcotráfico se redujo la disponibilidad de las drogas para los jóvenes, pero esto detonó que se encarecieran.

“Los chicos ahora buscan las drogas a las que estaban acostumbrados y no tienen el dinero que tenían antes para comprarlas, por lo tanto buscan actividades ilegales como el robo para hacerse de recursos, para comprar las sustancias, tenemos un decremento del consumo de las drogas caras, cocaína, y tenemos un incremento en la venta de y en el consumo de drogas económica, solventes inhalables por la falta de recursos”, subrayó.

Indicó que a través de los medios de comunicación la sociedad puede constatar cómo los adolescentes “cargan armas y están asociados a grupos de criminales que por desgracia se hacen de recursos de manera ilegal con la venta al menudeo de drogas, y esto ha incrementado la asociación de jóvenes con grupos criminales”.

Aunado a estos actos, los jóvenes a través de la Internet, la televisión, películas y juegos electrónicos perciben la violencia social.

“La violencia en el mundo va en incremento, hay un incremento en la violencia social a partir del narcotráfico y la lucha que se ha vivido en Veracruz que no se veía hace 10 años”, refirió.

Asaltan criminales y elementos del INM a familiar de migrante fallecido en hospital


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA / LUNES, JUNIO 03, 2013

Coatzacoalcos, Ver.- La ruta migratoria del sur de México se mantiene como una zona crítica para los migrantes, a pesar de la denuncia de los activistas de defensa de Derechos Humanos; apenas este fin de semana, familiares de un migrante centroamericano que murió en un hospital de Coatzacoalcos sufrieron un calvario al ser asaltados por delincuentes y elementos del Instituto Nacional de Migración.

El 30 de mayo murió en el hospital general Carlos Alberto Muñoz de 42 años, quien el 17 de mayo fue empujado del tren en marcha y sufrió mutilaciones en sus extremidades y diversas lesiones en el estómago. No pagar la cuota por viajar arriba de La Bestia le costó la vida.

Debido a esto, fue trasladado al hospital regional Valentín Gómez Farías, donde se le indujo al coma para evitar sufrimiento por la amputación y de manera repentina murió en un ataque cardio-respiratorio.

Su hermano, Sergio René Muñoz en su trayecto para recoger los restos de este migrante fue asaltado en la ciudad de Palenque a pesar de que tenía un permiso del consulado para ingresar al país. Relató que en ese municipio, el personal del Instituto de Migración le pidió 400 pesos para dejarlo continuar, pero no lo dejaron pasar en transporte por lo que tuvo que caminar por parcelas, donde fue asaltado nuevamente.

“Ayer veníamos por la ruta de Tenosique, ahí nos dieron un permiso por 180 días para poder estar en el país mientras se realizan los trámites, desde ahí nos trasladamos en combi hasta Palenque, pero Migración nos detuvo y para dejarme ir me pidieron dinero, yo les di los únicos 400 pesos que tenía, pero ni así me dejaron continuar en el transporte, aunque tampoco me detuvieron”, anotó.

Campesinos de Palenque lo ayudaron a salir de esa zona y caminó durante más de dos horas por un rancho, donde nuevamente fue asaltado, pero esta vez por un grupo de delincuentes, quienes le quitaron la otra parte del dinero que traía para los trámites.

“Me quitaron la mochila y corrí porque me querían matar; más adelante, me encontré al dueño del rancho y me ayudó a regresar por mi maleta y me ayudó a seguir hasta Coatzacoalcos en transporte público, hasta donde me alcanzó el dinero. Después llegue caminando”.

Los familiares de este migrante están solicitando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que los ayude a la repatriación del cuerpo, ya que no cuentan con los permisos y los recursos.

Cabe señalar que los migrantes que llegan a Coatzacoalcos señalan como una zona peligrosa la estación de Palenque, en Chiapas; apenas la semana pasada dos mujeres fueron asesinadas en el tramo férreo Pakal-Ná -Salto de Agua por no pagar la cuota.

Rechazan en Zapotitlán acuerdo sobre minas


Por : Javier Puga Martínez
2013-06-03 04:00:00

¿Y dónde quedó el documento del acuerdo? Durante más de dos meses, las agrupaciones Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) y Tetela hacia el Futuro estuvieron trabajando con los representantes de unas 40 organizaciones de la Sierra Norte de Puebla en la elaboración de un acuerdo que, sin restricciones ni adéndums, impediría a Grupo México, Almaden Minerls, a Frisco y otras empresas construir hidroeléctricas, abrir minas y explotar los recursos naturales de este lugar para beneficio del sector privado.

A eso obedeció la visita, por segunda ocasión en ese lapso, del comisionado de la Secretaría de Gobernación para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, al municipio de Zapotitlán de Méndez, quien llegó con más de dos horas de retraso a esta comunidad enclavada justo a mitad de la serranía poblana.

Pero tras luego de cinco horas de discursos, gritos entusiasmados, aderezados por huapangos, rap, poesía, un sol inclemente y un chubasco que sofocó el calor, no se firmó el acuerdo esperado y anunciado.

“Fueron los intelectuales de la ciudad de Puebla los que impidieron que se firmara”, señaló uno de los organizadores en aras de no romper la convocatoria y participación de cerca de mil indígenas y campesinos, que se dieron cita ayer por la mañana en la plaza principal de esta comunidad totonaca y nahua.

Mientras en los puestos del tianguis dominical de Zapotitlán retumbaba el “no a la mina”, “la tierra no se vende, se trabaja y se defiende”, y “agua sí, proyectos de muerte no”, detrás del micrófono las discusiones y señalamientos subían de tono.

“No hicimos todo el acto para tu lucimiento, cabrón”, le dijo uno de los anfitriones a uno de los “intelectuales”, quien reclamó su derecho a hablar y participar.

Un organizador más comentó a otro sobre los citadinos: “No tienen idea de derecho indígena. No saben. Viven en las calles del centro de Puebla y vienen aquí a imponer, a querer decirnos qué hacer. Echaron a perder todo y hay que volver a empezar”.

Raymundo García López, quien también estuvo a cargo de la organización del segundo encuentro con Martínez Veloz, se negó a compartir los detalles sobre qué contenía el acuerdo que este domingo se firmaría.

–Hay puntos en los que no todas las organizaciones estuvieron de acuerdo. Vamos a trabajar sobre ellos, pero lo importante es que ya se abrió la mesa para que sea un gran diálogo nacional con otros pueblos...

–¿Y el acuerdo, qué decía? Veo que lo tiene ahí bajo el brazo.
–Sí y contiene el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protegernos…
–¿Pero qué dice?
–Vamos a seguir trabajando sobre ello.

Luego de que los representantes de Teziutlán y Hueytamalco expusieron sus problemas con la hidroeléctrica que pretenden instalar Grupo México, un hombre, Gerardo Pérez, ex director de Culturas Populares en Puebla, tomó el micrófono.

Aunque los organizadores le habían indicado que, como todos los participantes, sólo tendría tres minutos, para exponer, habló por siete minutos alentando a los asistentes a que le permitieran continuar. Leyó un pliego petitorio: cancelación total a las concesiones mineras e hidroeléctricas, reconocimiento a los derechos indígenas, renegociación del Tratado de Libre Comercio, mesas de trabajo y otros puntos que no diferían del acuerdo original. Y remató: “No podemos firmar ningún documento o acuerdo, sin antes ver qué es lo que vamos firmar, cuales son los puntos y en especial, cómo se integrara las mesas de trabajo: Esto implica elaborar una agenda con los compañeros, su consulta y aprobación y ver los alcances de la misma (sic)…”.

Había de por sí un sentimiento de duda sobre la firma del anunciado acuerdo, porque no había sido dado a conocer. Para saltar el escollo se propuso un documento de compromisos en el que estuvieron todos de acuerdo, incluso Martínez Veloz, quien suponía que iba a sacar el otro acuerdo que no se quiso hacer público. Manuel Bartlett, Roxana Luna y los organizadores firmaron este nuevo acuerdo, que sustituyó el acuerdo original; los legisladores se comprometieron a legislar par revisar la ley minera. Pérez Muñoz encendía un cigarrillo tras otro para aliviar la tensión que le provocaron las discusiones y desencuentros, y sonreía con cada adhesión que sumaba.

Entrevistado por separado, el ex gobernador de Puebla consideró pertinente no haber signado el documento que se dijo había sido elaborado por Martínez Veloz y dirigentes comunitarios de la Sierra. “No dudo de la buena voluntad de ellos ni de la de Martínez Veloz, quien tiene una trayectoria reconocida en defensa de los indígenas; pero no tiene el poder para evitar que Peña Nieto cumpla con los compromisos internacionales mediante los cuales se está entregando el país a los extranjeros, a los grandes capitales”. Bartlett calificó de “fantástica” la participación de los serranos y la firmeza en su decisión por evitar la instalación de mineras e hidroeléctricas en su territorio. “Estos campesinos, estos indígenas, representan a todos los afectados de México y del mundo en su lucha de resistencia contra los grandes capitales y la destrucción del medio ambiente”, asentó visiblemente entusiasmado.

Cuando la visita del funcionario federal terminó y tras degustar unos tamales y otros alimentos, la tensión desapareció y hubo, ahora sí, un hecho en el que absolutamente todos estaban de acuerdo: hay que volver a dialogar. ¿Y dónde quedó el acuerdo original? Se perdió bajo el brazo de uno de los organizadores, en medio de la Sierra Norte de Puebla, y sin saber exactamente qué decía.

Entre rap y huapango

A pesar del sol y la lluvia, los totonacos y nahuas de esta región del estado no se movieron. Su rechazo a las minas e hidroeléctricas es tema de conversación, aunque no lo parezca. Ayer en el tianguis dominical de Zapotitlán, hasta entre una orden de tlayoyos y los elotes hervidos el “no a la mina”, el “no a la presa”, estuvo presente.

El cambio y el sincretismo cultural estuvieron presentes en convivencia pacífica. Los más viejos no entendieron qué cantaron los jóvenes de “Voces de la Calle”, un grupo de rap integrado por alumnos de la escuela “Paulo Freire”, de Huehuetla. Son cuatro, tienen 18 años y ninguno ha estado en Estados Unidos, pero visten como raperos de aquel país: gorra al revés, tenis, cadena metálica al cuello.

“Somos indígenas con tradiciones y cultura, las minas nos ofrecen la sepultura, yeah, yeah”, rapeó El Cuervo. Su compañero, El Inquieto también rapeó: “Carnal, ponte a pensar, qué futuro a tus hijos dejarás, la tierra no se vende, se trabaja y se defiende…”. Se fueron con una fuerte ovación.

Pero fue el trío Tradición Serrana compuesto por tres hermanos adolescentes del vecino Xochitlán de Vicente Suárez, los que pusieron a bailar a medio mundo.

Con algunas adecuaciones al clásico Querreque, cantaron al puro estilo de la Huasteca poblana: “AyTutunakú, mi hermano, hermano mejikanero, extranjeros y empresarios nos quieren hacer mineros y eso significa esclavos de los dueños del dinero… Querreque”.

Los niños que hicieron pancartas expresando su rechazo a las minas, las señoras que gritaron “no a las hidroeléctricas”, los danzantes quetzales y las mujeres enfundadas en sus vestimenta tradicional nahua y totonaca, junto con los hombres de camisa, sombrero y machete al cinto reafirmaron que siguen en pie de lucha “como hace 150 años, que nos defendimos de los franceses, vamos contra una nueva invasión extranjera. Si hace 150 años nuestros antepasados pudieron, ¿nosotros por qué no?”.

Feminicidio, migrantes, desaparecidos, abusos ¿hasta cuándo?


Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Feminicidio: El 31 de mayo de 2013 la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos una actividad en el zócalo de Cuernavaca para seguir recabando firmas en la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género y dirigirlas a la presidencia de la República. Hasta el momento hemos recopilado más de mil firmas que entregaremos en las oficinas del Palacio Nacional, con la respuesta que estamos preparando al documento que nos han enviado de la Secretaría de Gobernación sobre nuestra solicitud enviada a Peña Nieto. La respuesta ciudadana ha sido amplia y solidaria, además de firmar, aportando testimonios de casos de violencia de diferente tipo contra mujeres de distintas edades que ven la necesidad de que se tomen medidas por parte de las autoridades y que se avance realmente en una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, ya que si bien está claramente establecido en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no ha habido ni la voluntad ni los programas institucionales para aplicarlos y hacerlos valer en la práctica. Como parte de un balance positivo de esta campaña es que instancias internacionales han asumido un compromiso con el seguimiento de los casos que les hemos documentado, por lo que consideramos que con la participación consciente y organizada de la población se puede construir nuevas relaciones sociales, donde no prevalezca ni el machismo, ni la misoginia que lleva a los niveles de violencia feminicida que se ha venido denunciando.

Operativo y migrantes: Detuvieron en Cuernavaca a siete migrantes guatemaltecos en una acción de la SSP en hoteles y moteles y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La información publicada en diversos medios de comunicación y dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública indica que estos hechos ocurrieron durante un operativo donde fueron detenidas 12 personas en diferentes hoteles y moteles de Cuernavaca y Jiutepec, Sin embargo, en el caso de los migrantes guatemaltecos, 5 hombres y dos mujeres, únicamente se da a conocer el dato de que carecían de documentos legales, sin que se mencione explícitamente que hubiesen incurrido en algún ilícito, por lo que, de acuerdo a los procedimiento legales, no deberían ser consignados ante el Ministerio Público Federal, sino remitidos al Instituto Nacional de Migración para que determinara su situación legal, toda vez que ninguna persona es ilegal en cualquier lugar del mundo. Esta acción de la SSP incurre en violación de derechos humanos establecidos claramente en la constitución, que señala: nadie puede ser molestado en sus personas y domicilios si no hay orden judicial o flagrancia en algún delito.

Para la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos, la necesidad de que se garantice la seguridad ciudadana no debe significar que se criminalice a personas migrantes y se les presente como delincuentes en operativos que devienen en redadas violatorias de los más elementales derechos humanos. Las prácticas abusivas contra migrantes han significado una condena internacional al Estado Mexicano, de ninguna manera se debe utilizar la fuerza policiaca represiva cuando se debe abordar desde un análisis integral sobre causas económicas, sociales y políticas, no sólo criminógenos. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado al respeto: “El completo fracaso de las autoridades para recopilar y publicar datos (como los informes de abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos que sufren los migrantes en tránsito por México. Las únicas medidas federales preventivas y de investigación parecen limitarse a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un mandato muy amplio y los abusos cometidos contra los migrantes no son su prioridad.” La impunidad de estos graves abusos permanece en la norma, por ello es inaceptable que se criminalice a las y los migrantes en esta clase de operativos.

Otro operativo y protestas: Luego de que la policía detuvo a 15 mototaxistas en Atlacholoaya, el pueblo indígena se indigna y protesta masivamente y retiene a 5 policías federales, por lo que llegan de la Secretaría de Seguridad Pública a negociar la liberación de los policías. El origen fue la inseguridad y un menor secuestrado que fue rescatado, hasta un día después en Temixco donde fue localizado por denuncia anónima. Las detenciones arbitrarias y la represión no ayudan a resolver la inseguridad. El respeto a los derechos humanos debe formar parte de la seguridad ciudadana.

Una cosa es clara: mientras haya abusos de autoridad, los pueblos se levantarán en defensa de sus derechos, ¿acaso no lo entiende el gobierno?

Desaparecidos: La marcha que partió de Bucareli, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, concluyó con un mitin frente al gobierno capitalino, luego de recorrer la plancha del Zócalo. “¡Vivos se los llevaron!, ¡Vivos los queremos!”, fue el reclamo unísono de los padres y familiares de personas desaparecidas, acompañados por diversas organizaciones, mientras enarbolaban pancartas con fotografías de sus seres queridos.

Alerta el Cecop de posible imposición en elección del comisariado


Chilpancingo, 2 de junio. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, pidió a organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que estén alertas ante la posible imposición de la asamblea del 9 de junio, en la que se elegirá comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec por parte de la Procuraduría Agraria. Suástegui Muñoz recordó que el pasado domingo 26 de mayo se canceló la elección del comisariado, debido a la falta de quórum, pues se necesitaba la presencia de 50 por ciento más uno de los integrantes del padrón. Reprochó que ese domingo, desde muy temprana hora unos 60 soldados del Ejército y 20 policías rurales municipales resguardaron la zona, “ya que se hizo con toda la intención de intimidar a los comuneros y no dudó que en la asamblea del próximo domingo 9 de junio, el gobierno federal a través de la PA y el gobierno del estado envíen nuevamente a los policías a intimidar a los comuneros integrantes del CECOP y puedan con ello, imponer al comisariado y a su vez el proyecto La Parota. Reprochó que nuevamente y “con el afán de imponer a todas costa el proyecto de la Parota”, el gobierno federal a través de la PA “utiliza como títeres a los líderes priístas que viven en la zona, violan acuerdos entre ambas planillas, y han utilizado a las fuerzas castrenses como método de intimidación contra el Cecop”. Integrantes del Cecop alertaron a las organizaciones sociales a estar pendiente de lo que pueda suceder pues “utilizarán a la policía municipal, estatal y a las fuerzas federales para provocar enfrentamientos”.

Llevará a instancias internacionales el caso de los ocho activistas, anuncia APPG


ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 2 de junio. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) anunciaron que llevarán a instancias internacionales en caso de la “desaparición forzada” de los ocho líderes de las organizaciones sociales de la Unidad Popular, desaparecidos desde el jueves.

En conferencia de prensa, Pablo Sandoval Cruz; el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame; el sobreviviente de la matanza de El Charco Efrén Cortés Chávez, y el dirigente de la sección 17 del sindicato de Mineros de Taxco, Roberto Hernández Mojica, solicitaron que el gobernador Angel Aguirre Rivero reciba a una comisión amplia y le diga cuál es el mecanismo que está empleando para esclarecer este crimen, porque esto no puede tardar mucho sin aclararse.

Pablo Sandoval Cruz alertó que este “crimen de origen político les da un aviso para que todos los líderes sociales estén alerta porque les puede suceder algo similar, ya que no hay una política democrática en el estado para que puedan confiar en que sus luchas serán respetadas”.

Por su parte, Efrén Cortés Chávez dijo que si sus compañeros tienen alguna responsabilidad, para eso hay tribunales para lo que se pueda demostrar, pero no para que los desaparezcan; la desaparición es un trauma que afecta al desaparecido como al que sobrevive.

“Yo quisiera que esos políticos algún día supieran lo que es la desaparición; no se le desea a nadie porque están matando a esa madre que no sabe dónde está su hijo, a esos hijos que quedaron en la orfandad o no saben dónde está su padre”, citó.

Dijo que la desaparición forzada está considerada como el crimen más horrendo, más cobarde, que se le puede hacer a una persona, porque la intención es lastimar. Esto sólo sucede en el Congo, en países que están en guerra, donde no hay gobierno.

Festejan primer año y se afilian a la Crac policías comunitarios de Huamuxtitlán


SALVADOR CISNEROS SILVA ( Corresponsal)

Huamuxtitlán, 2 de junio. Al celebrar su primer aniversario, el Frente Ciudadano de Huamuxtitlán se adhirió formalmente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac-PC) de la casa de justicia de El Paraíso, del municipio de Ayutla.

Como parte del acto, decenas de policías comunitarios marcharon desde la entrada de la comunidad hasta el Zócalo, donde hicieron un mitin y juraron el cargo en presencia de los coordinadores y uniformados de Olinalá, Acatempa, Ayutla y Cualac.

El coordinador del Frente Ciudadano, Miguel Vitrago Reyes, expresó –durante su participación en el mitin– que festejaban el primer aniversario del levantamiento del pueblo huamuxteco, que “nació por los incansables hechos de violencia y secuestros que se registraron el 2 de junio del 2012, en el cual 17 personas fueron secuestradas por el crimen organizado, y debido a la ineficacia de los cuerpos policiales municipales, estatales y ministeriales, se tuvo que organizar el pueblo para poner un alto”.

Anunció que el siguiente paso será la creación de la casa de justicia de Huamuxtitlan, “en donde serán huéspedes distinguidos los delincuentes y en donde recibirán la reducación necesaria”.

En su participación, la presidenta del Consejo Social Olinalteco, Néstora Salgado García, criticó a las “autoridades sordas y de ojos ciegos; nosotros luchamos para poder caminar en paz, nosotros no somos rebeldes armados, nosotros luchamos para proteger a nuestras familias; no estamos en contra del gobierno, pero –eso sí– queremos que nos respeten, ya que ustedes no han hecho nada para protegernos”.

Al terminar las participaciones, los representantes de la casa de justicia de El Paraíso tomaron la protesta a 150 policías de Coyahualco, Tlalquetzala, Conhuaxo, Santa Cruz y Huamuxtitlán.

En conferencia de prensa, los coordinadores llamaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que busque y presente a los activistas desaparecidos en Iguala, e invitaron al pueblo igualteco a que se organice para proteger su territorio y su gente; “no forzosamente se tienen que organizar dentro de la Crac, pero que se organicen”.

Pue/Méx. Personalidades se solidarizan con comunidades totonacas ante la pretendida imposición de la hidroeléctrica en Olintla


3 de junio 2013

A las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla
A los pueblos del mundo que cuidan a la Madre Tierra y la Madre Agua
A la sociedad civil y a los medios de comunicación nacional e internacional
A las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla

“La tierra y el agua son sagradas para nosotras.
Son herencia de vida y futuro.
Por eso no se venden”.

Palabras de las compañeras totonacas
del Plantón de Ignacio Zaragoza

Manifestamos nuestra profunda indignación y preocupación por las violaciones a los derechos de las comunidades totonacas de Ignacio Zaragoza, Santa Catarina, Dimas López, Olintla, Sierra Norte de Puebla.

Sabemos que durante años las comunidades totonacas han cuidado las montañas conservando la tierra y el agua. Hoy están amenazadas por proyectos hidromineros que buscan fundamentalmente la ganancia, a costa del despojo, la aniquilación de la vida comunitaria y la devastación de la naturaleza.

Denunciamos que la actitud de las autoridades municipales y estatales ha sido de abierta agresión contra las comunidades, la cual se expresa en prácticas de violencia e intimidación como en los casos de las comunidades de Santa Catarina y Dimas López en las cuales se están abriendo caminos y brechas en este momento sin su consentimiento sobre terrenos de cultivos destruyendo milpas y cafetales que representan el sustento de dichas comunidades. Además de la articulación de un discurso racista y denigratorio en el cual se les acusa de “ignorantes” por no querer el “progreso”, de ser “manipulados” por activistas “pseudo ambientalistas, agitadores, radicales”, creando con ello un clima de legitimación de la violencia privada y estatal.

Expresamos nuestro respeto y nuestra solidaridad a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en especial a las comunidades totonacas del municipio de Olintla que se oponen dignamente a estos proyectos de muerte de hidroeléctricas y minas a cielo abierto.

Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a las organizaciones que integran el Consejo Tiyat Tlali, cuyo trabajo de más de 50 años en la Sierra Norte de Puebla ha contribuido a la construcción de una sociedad justa. Rechazamos la política de descalificación y denigración de sus miembros por parte de autoridades municipales y estatales de Puebla.

Exigimos a las autoridades que cese el hostigamiento a las comunidades de la Sierra Norte, se garantice su seguridad y se respete su derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, según el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos también que atiendan las denuncias y quejas interpuestas por las comunidades afectadas.

1- Eduardo Galeano, escritor y periodista, Uruguay.
2- Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
3- Gustavo Esteva, Universidad de la Tierra
4- Luis Villoro, UNAM
5- Pablo González Casanova, UNAM
6- Fernanda Navarro, UNAM
7- John Holloway, Profesor investigador del ICSyH de la BUAP
8- Magdalena Gómez, Derecho Indígena
9- Michael Löwy, Centre National de la Recherche Scientifique.
10- Raúl Vera, Obispo de Saltillo.
11- David Barkin, UAM
12- Raúl Zibechi, Periodista, Uruguay.
13- Carlos Fazio, UNAM
14- Rodolfo Stavenhagen, UNAM, México
15- Gilberto López y Rivas, INAH, Morelos
16- Manuel Rozental, Colombia.
17- Francisco López Bárcena, UNAM
18- Miguel Concha Malo, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, AC
19- Alejandro Solalinde Guerra, Premio Nacional de Derechos Humanos
20- Miguel Álvarez Gándara, SERAPAZ .
21- Bernard Duterme, CETRI, Centre TricontinentalGilberto López y Rivas, INAH, Morel.
22- Ana Esther Ceceña, UNAM.
23- Fernando Matamoros, ICSyH BUAP.
24- Eckard Boegue
25- Kirk Helliker, Rhodes University, South Africa.
26- Richard Pithouse, Rhodes University, South Africa.
27- Jacques Depelchin, Rhodes University, South Africa .
28- Patrick Silberstein, L´autogestion, Paris.
29- Rev. Dan González Ortega, Rector de la Comunidad Teológica de México.
30- Guillermo Briseño, Escuela del Rock a la Palabra.
31- Raquel Gutiérrez, ICSyH de la BUAP.
32. Gunter Dietz, Instituto de Investigaciones en Educación Universidad Veracruzana
32- Oscar González.
33- Dolores González Saravia, Comité de Derechos Humanos del Ajusco.
34- Fray González Ituarte Verduzco, OP (Prior Provincial, Provincia de Santiago de México.
35- Jorge Fernández Sousa.
36- Antonio Almazán.
37- Enrique Rajchenberg, UNAM.
38- Iglesias por la paz.
30- Observatorio Eclesial.
40- Joel Peña, INAH Puebla.
41- Blanca Lara Tenorio., INAH Puebla.
42- Zaid Lagunes Rodríguez, INAH Pue.
43- María Eugenia Márquez Calderón, INAH Pue.
44- José Luis Naval, INAH Pue.
45- Celia Salazar Exaire, INAH Pue.
46- Cecilia Vázquez Ahumada, INAH Pue

--

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH

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Skype: reddh.mex

[Info-cdhbcasas] Nueva convocatoria de Alberto Patishtán, #LibertadPatishtan

Penal No. 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 31 de mayo del 2013

El que suscribe, Alberto Patishtan Gómez, preso político de la “Voz del Amate” adherente a la Sexta.

Por defender mi pueblo natal, el Bosque que estaba padeciendo las grandes injusticias en manos del Alcalde autoritario Manuel Gómez Ruíz, fui detenido arbitrariamente el 19 de junio del 2000 y este próximo 19 estaré cumpliendo los 13 años de encarcelamiento injusto, por tal motivo.

CONVOCO.

A todos los colectivos, organizaciones, cooperativas, sindicatos, iglesias y la Sociedad Civil de México y del mundo a concentrase a un Acto Político Cultural frente al Palacio Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México, dicho evento se llevará acabo el 19 de junio a las 10.00 A.M. Horario de verano, a las que no puedan llegar al lugar citado la pueden realizar en sus propias ciudades, el motivo de este Acto es con el fin de exigir justicia por mi encarcelamiento injusto.

Unamos todos a la Verdad, la Verdad es Justicia, No falte, Dios los Bendiga.

FRATERNALMENTE

Alberto Patishtan Gómez.

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Alberto Patishtán, su familia y las organizaciones, colectivos y personas que estamos por la #LibertadPatishtan CONVOCAMOS a las siguientes acciones encaminadas por la Libertad del Preso Político Alberto Patishtán Gómez:

13 años de injusticia
#LibertadPatishtan

Queremos proponerles que a partir de hoy y hasta al 19 de junio del 2013:

1.- Nos manden vídeo mensajes dirigidos a Alberto Patishtán de ánimo y aliento para seguir luchando por su libertad. Los puedes enviar a presoschiapas@gmail.com (puede ser vídeos de su celular, de su cámara de fotos o de vídeo).

2.- Continuar mandando cartas a los ministros del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito para decir ¡Exigimos la libertad de Alberto Patishtán! a través de la La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT):


3.- Continúa la tuitiada cada viernes con el #LibertadPatishtan, en donde hacemos una caminata a lo largo de día de 10:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00 para exigir la Libertad del preso político de Chiapas Alberto Patishtán Gómez.

4.- Para el día 19 de junio se convoca al acto político cultural por la #LibertadPatishtan frente al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, a las 10:00 de la mañana.

En Chiapas los esperamos en punto de la 9:00 de la maña hora normal al día de oración por la #LibertadPatishtan que se llevará acabo frente al CERSS N0. 5 en San Cristóbal de Las Casas. El Movimiento del Bosque por la Libertad de Patishtán y El Pueblo Creyente Zona Tsotsil, nos invitan.

5.- El día 19 de junio te pedimos que te tomes una foto en una muestra de solidaridad con Alberto Patishtan con un cartel que diga:

13 años de injusticia

#LibertadPatishtan

Te la puedes tomar en alguna plaza pública, en tu trabajo, escuela, barrio, en el estadio, camión, tren, avión, pueblo, comunidad, ranchería, en tus vacaciones, en la fiesta, bueno en donde quieras y puedas. Mándanoslas al correo presoschiapas@gmail.com

Todas las fotos las haremos una lona, una manta grade que difundiremos masivamente para dar una pequeña muestra de toda las personas que quieren la Libertad de Patishtán.

Gracias por seguir apoyando la #LibertadPatishtan el preso político tostisl de Chiapas, que cumplirá este 19 de junio, 13 años de estar injustamente preso.

¿Habrá justicia en México?

Día histórico para el control de las armas




Hoy 3 de junio es un día histórico para el control del comercio de armas a nivel mundial. Este día se ha abierto a firma de los países el Tratado sobre Control de Comercio de Armas que fue aprobado en la ONU el pasado 2 de abril.

Durante una ceremonia celebrada hoy en la sede de la ONU en Nueva York, 61 países firmaron el tratado, entre ellos México, dando así inicio al proceso para que el tratado entre en vigor, regulando por primera vez el comercio de armas convencionales. Para que el tratado comience a ser aplicado debe ser firmado y ratificado por al menos 50 países.

Amnistía Internacional (AI) destaca la importancia de que 61 países de todo el mundo hayan decidido mostrar su apoyo al Tratado desde el primer día. Esto muestra el fuerte apoyo que existe a nivel mundial a la regulación del comercio internacional de armas, para evitar que lleguen a manos de quienes las usan para cometer atrocidades. Este ejemplo debe ser seguido a la brevedad por el resto de países que apoyaron el Tratado el pasado abril.

Durante la ceremonia, Anna Mac Donald en representación de las organizaciones de la sociedad civil que durante más de 20 años han trabajado para lograr este tratado, destacó el largo camino y los esfuerzos de la sociedad civil de todo el mundo para lograr este Tratado y el compromiso para lograr su entrada en vigor y su aplicación efectiva, pasando de las palabras en el papel a los hechos sobre el terreno.

Por su parte, Christine Beerli, vicepresidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja destacó la necesidad de trabajar juntos para lograr que el Tratado Sobre Comercio de Armas se cumpla cuanto antes. Beerli recordó que el objetivo del Tratado es reducir el sufrimiento humano y salvar vidas, y por eso su efectividad dependerá de la forma en la que cambie la vida de las personas.

Durante la ceremonia, 15 de los países firmantes estuvieron representados a nivel de secretarios o subsecretarios, mostrando el claro apoyo a este tratado. Entre estos países se encuentra México, que jugó un papel fundamental para lograr que se aprobase en Tratado, y en cuya representación firmó el Tratado el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

AI destaca la importancia de que entre los firmantes estén países como el Reino Unido, Francia y España, ya que son algunos de los principales exportadores de armas del mundo, así como numerosos países importadores de armas.

Respecto a las ausencias, la organización espera que otros grandes exportadores de armas que apoyaron en abril la adopción del Tratado firmen en fechas próximas, como Estados Unidos, que es el mayor exportador de armas del mundo. Así mismo espera que otros países fundamentales en el comercio internacional de armas como Rusia y China que se abstuvieron durante la votación para aprobar el Tratado en abril reconsideren su posición.

En los próximos meses Amnistía Internacional trabajará para lograr la ratificación del Tratado por parte de los países firmantes (un proceso que implica la aprobación por parte de los parlamentos de cada país), y para que más países se sumen.

Información adicional

El Tratado Sobre Comercio de Armas, que por primera vez regulará el comercio internacional de armas, es el fruto de más de 20 años de trabajo, que comenzaron con el esfuerzo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y lograron el apoyo de Premios Novel de la Paz y gobiernos de diferentes países. El texto del Tratado fue aprobado en la Asamblea General de la ONU el pasado 2 de abril, con 155 países a favor, 22 abstenciones y solo 3 votos en contra (Corea del Norte, Irán y Siria).

Se calcula que cada año mueren en el mundo en torno a 500,000 personas a consecuencia de la violencia armada. El elevado sufrimiento y el impacto en los derechos humanos del descontrol en el comercio de armas llevaron a Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos y Premios Nobel de la Paz a trabajar en favor de una regulación del comercio internacional de armas.

Amnistía Internacional ha constatado que en al menos el 60% de las violaciones de derechos humanos documentadas por la organización se utilizaron armas de fuego. Entre estas violaciones se encuentra el reclutamiento de niños soldado en al menos 19 países por 55 ejércitos y grupos armados, las más de 40 millones de personas refugiadas y desplazas por la violencia y la violencia sexual contra las mujeres que en muchos casos se comete usando armas para intimidar.

Estas y otras atrocidades se cometen con los más de 875 millones de armas de fuego en circulación en el mundo a las que se suman entre 8 y 10 millones de armas nuevas cada año y entre 10,000 y 12,000 millones de balas fabricadas cada año. El comercio de armas supone al menos 70,000 millones de dólares anuales, pero la cifra podría ser mayor debido a que algunos de los principales exportadores no informan adecuadamente de sus exportaciones.

Las campañas realizadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones han logrado la movilización de cientos de miles de personas en todo el mundo, en favor de un Tratado que realmente impidiese la llegada de armas a manos de quienes las usan para cometer atrocidades. Por ejemplo, en mayo, y coincidiendo con la visita del Presidente Obama a México, Amnistía Internacional, junto al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el Museo de Memoria y Tolerancia entregaron al gobierno de México y a la embajada de Estados Unidos más de 21,000 firmas pidiendo entre otras medidas la firma del Tratado sobre Comercio de Armas.

Colombia: Santos habla de paz y se prepara para la guerra

Luis Varese

ALAI AMLATINA, 03/06/2013.- Parafraseando el verso del poeta Ernesto Cardenal, veo con asombro la noticia de que el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos anuncia que su gobierno solicitará el ingreso a la OTAN.

Dice la noticia que “en un acto de ascenso a miembros de la Armada, el Presidente Juan Manuel Santos, sostuvo que Colombia tiene derecho a pensar en grande, ya no a nivel regional, sino a nivel mundial”. La OTAN es una alianza militar, concebida para frenar al bloque soviético durante la guerra fría. En los últimos años la OTAN ha tenido intervenciones neocolonialistas como las bombas humanitarias en Belgrado, Afganistán, el bombardeo a Trípoli en Libia, y ahora, no oficialmente, en Siria. Si ligamos este anuncio a la recepción desmedida a Henrique Capriles y la firma del acuerdo de la Alianza para el Pacífico, no cabe duda que el Presidente Santos no se prepara para fortalecer a UNASUR como el espacio de paz que desean los pueblos de América Latina, sino que se prepara para ocupar el puesto de gendarme local en defensa del libre mercado y de los intereses estadounidenses.

¿Hacer la paz en el frente interno para golpear a sus enemigos ideológicos en el frente exterior? Y digo con precisión enemigos ideológicos, porque en materia de comercio o en materia de voluntades de los pueblos, la vocación es la unidad de la Patria Grande. Para qué entrar a la OTAN, si en ninguna parte de los Objetivos de Defensa de UNASUR se dice que hay que buscar alianzas fuera de la región para consolidar la paz en América del Sur. Más bien dice a la letra: a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial. b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe. c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.

La OTAN no es para fortalecer esta alianza. Estas tres acciones, Alianza del Pacífico, recepción a Capriles y solicitud de ingreso a la OTAN, anuncian vientos antidemocráticos y altamente riesgosos para nuestros pueblos. ¿Surgió el nuevo Santander ante el renacido Bolívar? Cuidado que la espada de Bolívar se ha empuñado para no volverla a dejar caer y la Patria Grande es la aspiración de nuestros pueblos.

- Luis Varese ha sido Representante Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en Ecuador y funcionario de la ONU por 20 años.

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Oficio de Papel




Las cuentas pendientes de Siemens
Los contratos con Pemex y CFE
Corrupción, soborno, incumplimiento

Son muchos años los que la alemana Siemens ha trabajado en México contratada por el gobierno federal y son muchos miles de millones de dólares los que ha ganado de las arcas públicas. También son muchas dependencias gubernamentales las que han hecho negocios con esa empresa europea –Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y varias secretarías de Estado–, sin importar sus fallas constantes, incumplimientos, sobrecostos y, en general, muchos abusos cometidos.Por eso sorprende que después de cientos de contratos en donde diversas entidades públicas han pagado miles de millones a Siemens, ahora ésta se lance en una campaña mediática y en una lucha legal en tribunales de Estados Unidos en contra de su principal contratista, Petróleos Mexicanos.

Todas esas irregularidades cometidas por Siemens en México durante varias décadas, pero principalmente incrementadas en los dos últimos gobiernos cuando el Partido Acción Nacional asumió el poder, ha generado por fin una reacción gubernamental y por instrucciones del presidente de la República se ha ordenado frenar todas las licitaciones del gobierno federal en donde la alemana Siemens ha presentado propuestas, como una medida de presión para impedir que siga ordeñando las finanzas públicas mediante contratados amañados y pésimos servicios.

Esto último entendido porque al tratarse de licitaciones internacionales de donde varias entidades públicas han hecho las convocatorias, no se puede prohibir a Siemens su participación, pero lo que sí pueden las diversas dependencias del Estado es detener toda licitación en donde la empresa alemana pretende participar y adjudicarse los contratos multimillonarios.

El pasado 28 de mayo, Pemex emitió un comunicado en el que acusa a la alemana Siemens, AG, y a la coreana SK Engineering –socias de Conproca, SA de CV– de divulgar “información engañosa” sobre el proceso judicial que entabló la petrolera mexicana en tribunales de Estados Unidos bajo la conocida Ley Rico (Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero) por actos de corrupción.

La paraestatal que encabeza Emilio Lozoya Austin asegura que actúa con estricto apego a derecho, y añade que el pasado 24 de mayo SK Engineering y Siemens presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York una petición para que el juez desestime la demanda de Pemex, derivada de violaciones a la Ley Rico, en relación con el proyecto para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, a fin de resarcir los daños ocasionados a la paraestatal, así como los gastos asociados.

Pemex recuerda en su comunicado que fue Conproca la que originalmente, en 2011, llevó el caso a la Corte de Nueva York. “Ahora, las empresas demandadas alegan que se plantean asuntos ya resueltos en un arbitraje”. No obstante, indica la paraestatal, “lo que se discutió en arbitraje fueron los pagos realizados a Conproca y si ésta había ofrecido el soporte documental que, de manera suficiente y clara, justificara la legitimidad de las facturas presentadas y la procedencia de su pago, más no [los] actos fraudulentos relacionados con el contrato”.

Pemex sostiene que Siemens y SK Engineering elaboraron y llevaron a cabo un sistema de presentación de facturas fraudulentas (firmadas y autorizadas por el gerente general de SK Engineering), que fueron transmitidas por Conproca a un fideicomiso en Nueva York para su pago. Así, cada pago se iniciaba en la cuenta de dicho fideicomiso y se depositaba en una cuenta de Conproca en Citibank, también de Nueva York.

Este tema se remonta a 1998, cuando Conproca (o Consorcio Proyecto Cadereyta, en el que también participaba la empresa mexicana Tribasa) fue contratada por la filial Pemex Refinación para la reconfiguración y modernización de la Refinería Héctor Lara Sosa, ubicada en Cadereyta, Nuevo León. Para 2001, el consorcio ya había demandado a México en cortes internacionales para exigir una millonaria indemnización.

En agosto de ese año, la Procuraduría General de la República abrió una averiguación por supuestos pagos injustificados a favor de Conproca. La investigación alcanzaba a varios funcionarios de Pemex, entre ellos el entonces titular de la subsidiaria, Jaime Mario Willards Andrade.

Un mes después, el consorcio entabló un juicio en contra Pemex y de Pemex Refinación en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en París, Francia, por la falta de pagos adicionales que se generaron durante la ejecución del contrato.

El monto de dicho contrato ascendió a 1 mil 800 millones de dólares por las modificaciones que fue sufriendo. A pesar del alto costo, la obra estaba inconclusa cuando los funcionarios de la petrolera pagaron el finiquito.

En su comunicado, la paraestatal afirma que las acciones fraudulentas causaron daños a Pemex y a Pemex Refinación por millones de dólares, sin precisar una cifra.

“El referido sistema buscaba, además, compensar el déficit financiero en que incurrió Conproca al haber presentado una oferta en términos económicos muy inferiores a los de mercado, promoviendo, a través de sobornos, la firma de diversos convenios, plazos adicionales y extensión de plazos para la ejecución de garantías relacionadas con el contrato. Lo anterior tuvo lugar a pesar de las opiniones negativas del CICATA-IPN (auditor técnico del contrato), en el sentido de que los pagos reclamados por Conproca no estaban considerados originalmente o no se documentaron de manera adecuada”, refiere Pemex.

Agrega que estos últimos esfuerzos de Siemens y SK para desestimar la demanda “no sorprenden, debido a que ambas compañías, a pesar de la clara procedencia de la acción promovida, prácticamente han copiado sus peticiones en un intento de ignorar los efectos de dicha demanda, alegando la inaplicabilidad de la Ley sobre Prácticas de Corrupción en el Extranjero y la incompetencia de la Corte Federal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, hechos que Pemex ha demostrado con pruebas”.

Niega Conproca acusación de Pemex

La reacción de Siemens al comunicado de Pemex fue inmediato y la semana pasada el consorcio Conproca negó categóricamente que alguna de las facturas presentadas a Pemex por el proyecto Cadereyta sea “fraudulenta”, ya que corresponden a trabajos efectivamente realizados y recibidos de conformidad por la paraestatal e incluso, sostiene, tienen como soporte adicional los contratos y convenios a los que voluntariamente se sujetaron las partes.

“Si Pemex cuenta con evidencias sólidas y veraces de que dichas facturas son fraudulentas, deberá presentarlas ante las instancias legales correspondientes”, señaló. Conproca confía en que el caso promovido ante la Corte estadounidense tendrá un desenlace positivo para ellos, y confían en que se respetará el debido proceso en aras de la certeza jurídica.

Según Conproca en información publicada en El Universal, En los escritos presentados ante la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York, Pemex primero habló de sobornos para la obtención del contrato para la modernización de la Refinería Cadereyta; luego afirmó que se habrían dado durante el proceso de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional y al final referiría que ocurrieron durante la ejecución del proyecto Cadereyta para que se le autorizaran sobrecostos a Conproca.

Tropelías de Siemens en CFE

Mientras que el director general de Pemex, Emilio Lozoya, se ha lanzado en una batalla legal y mediática en contra de Siemens y SK Engineering por un hecho de clara y abierta corrupción, su homólogo de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas Gutiérrez, guarda silencio a pesar de las innumerables anomalías que la empresa alemana cometió en la CFE durante los años 2006 y 2007, en donde hubo perjuicios considerables para el erario.

En un amplio reporte de 32 páginas, quien fuera titular del Órgano Interno de Control de la CFE durante el gobierno de Felipe Calderón, el chihuahuense Marcos Molina Castro, describe cómo servidores públicos de la CFE y de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se coludieron para proteger a la empresa extranjera Siemens por los pagos irregulares que recibió, a fin de que eludiera las sanciones correspondientes, así como lograr que le fueran devueltas cantidades millonarias por multas correctamente aplicadas en incumplimientos de contratos.

El excontralor de la CFE confiesa cómo se coludieron el exsecretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, ahora senador panista; la exsubsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad, Elizabeth Yáñez Robles; la extitular de la Unidad de Normatividad, Arrendamiento, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la SFP, y el director adjunto de Normatividad de esa misma Unidad, Espartaco Rodolfo Higuera Iglesias, para evitar que Siemens fuera obligada a pagar penalizaciones por 57 millones 329 mil 245.16 dólares.

Molina Castro señala que este caso Siemens-CFE “muestra el alto nivel de corrupción de los funcionarios de la CFE y de la Unidad de Normatividad, Arrendamiento, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría de la Función Pública, quienes confabulados urdieron mecanismos legaloides para favorecer a los contratistas (Siemens) del organismo (CFE) en perjuicio de éste, igual operaba con directivos de Pemex, IMSS, ISSSTE, Capufe y secretarías de Estado, en donde lo mismo cancelaban ilegalmente observaciones de auditoría, que implicaban devoluciones millonarias para las constructoras y autorizaban pagos irregulares cobijados en opiniones de dicha Unidad”.

El excontralor de la CFE afirma que la principal responsable de los dictámenes amañados de la Función Pública, Esperanza Esparza Cadena, siempre estuvo protegida por el panista Germán Martínez Cázares, exsecretario de la Función Pública e íntimo amigo de Felipe Calderón.

“Martínez Cázares siempre tuvo el poder político para sostener en el cargo a Esperanza Esparza Cadena, jefa de la Unidad de Normatividad, en donde con sus escandalosos y absurdos veredictos recaudaba recursos para la futura campaña política a la Presidencia de la República de Germán. Uno de esos fabulosos negocios que armaron, fue reducir la sanción contractual que se había impuesto a Siemens por su incumplimiento a los contratos que celebraron”, acusa Molina Castro.

El excontralor recuerda una reunión que sostuvo el 26 de julio de 2008 con el entonces secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en la casa alterna al edificio sede de la Secretaría y en presencia también del panista chihuahuense Jorge Manzanera Quintana, destacado operador electoral, en donde Molina Castro les informó de todas las irregularidades cometidas por Siemens en la CFE y la protección que la Función Pública le otorgaba.

Por la CFE, el excontralor Marcos Molina señala como responsable directo del daño patrimonial a las finanzas de la CFE al exsubdirector de Generación, Luis Carlos Hernández Ayala, después nombrado director de Operación, y acusa también de omisión al exdirector general de dicha Comisión.

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