martes, 25 de junio de 2013

65% de mexicanos rechazan la apertura de Pemex a IP: encuesta CIDE


Al menos 65 de cada 100 mexicanos se oponen a la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión extranjera, reveló la encuesta “México, las Américas y el Mundo 2012-2013”, presentada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el estudio donde participaron más de 2,500 personas indica que los mexicanos apoyan la apertura económica en materia de globalización, Tratados de Libre Comercio o acuerdos comerciales, sin embargo se manifestaron en contra de abrir el sector energético.

“El baluarte del nacionalismo mexicano sigue siendo la energía, en particular, el petróleo: 47% está en contra de permitir la inversión extranjera en el sector eléctrico y 65%, en el petróleo”, menciona la encuesta.

Uno de los temas relevantes dentro del estudio es la inmigración en México, donde los ciudadanos estadounidenses, chinos y españoles gozan de mejor opinión dentro de la población, en contraste con los argentinos, colombianos y guatemaltecos que tienen opiniones menos favorables.

“Los países y los inmigrantes centroamericanos se encuentran entre los menos apreciados por los mexicanos, quienes están divididos entre establecer programas de trabajadores temporales o endurecer los controles fronterizos”, se observa en la presentación.

En la encuesta aplicada en 2012 participaron 535 líderes del sector empresarial, de la academia y el sector público, organizaciones sociales, medios de comunicación y ciudadanos comunes

En el acto estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y el director general del CIDE, Sergio López Ayllón.

(Con información de Notimex)

Presenta Morena 15 propuestas para fortalecer Pemex


ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, presentó 15 propuestas para fortalecer Petróleos Mexicanos (Pemex) así como al sector energético, sin necesidad de reformar la Constitución como pretende el gobierno federal.

En conferencia de prensa, consideró que “entrar en el juego de presentar propuestas de reformas es abrir paso a la privatización” y anunció que en los próximos días Morena presentará su plan de acción en defensa del petróleo.

En abierta crítica a la propuesta de reforma presentada esta mañana por el PRD, aunque sin mencionar el hecho, Batres consideró que “dada la correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión presentar propuestas de reforma, aunque no tengan carácter privatizador, implica abrir la puerta a la privatización vía una negociación desventajosa”.

Consideró que no se necesita una reforma legislativa para fortalecer Pemex que contempla la creación de cinco refinerías, ampliar presupuesto para investigación e innovación tecnológica, disminuir el gasto oneroso de la alta burocracia de la paraestatal, así como cortar la transferencia de recursos al sindicato petrolero para su uso político.

“No es necesaria una reforma legislativa para fortalecer a Pemex y que además existe una correlación de fuerzas adversa en el Congreso de la Unión por las bancadas que tienen el PRI y el PAN y podrían distorsionar cualquier reforma legislativa y darle un sesgo privatizador fácilmente. Nosotros no vamos a entrar en ninguna negociación con el PRI, con el PAN, con el gobierno federal porque significa caer precisamente en los acuerdos que llevan a la privatización del petróleo”, mencionó.

OCSS: levantamientos en Tecpan, por la falta de atención del gobierno


RODOLFO VALADEZ, CORRESPONSAL

Atoyac, 24 de junio. Para la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino, las manifestaciones de inconformidad que ocurrieron en pueblos de Tecpan, la semana pasada, son el resultado de la desatención del gobierno del estado a las necesidades de la población de esta región, entre ellas la generación de empleos y apoyos para el campo. Puntualizó que las carencias que tiene la gente de la región, la falta de fuentes de empleo, programas y recursos para el campo y los productores, sumadas a los problemas de inseguridad que existen en la zona provocan el hartazgo de la población que se ve orillada a manifestarse y organizarse de tal forma para exigir mejores condiciones de vida. Sostuvo que el operativo Guerrero Seguro es un fracaso y es necesario que se apliquen nuevas medidas de seguridad que incluyan a los grupos de autodefensa en los pueblos, y sugirió además la aplicación de un esquema en el que participen los diferentes sectores de la población para que éstos decidan si se debe pagar a los policías que carezcan de resultados o tengan acuerdos con grupos ilícitos. Abundó que como prueba de la indiferencia que hay en las dependencias federales para atender las demandas de los productores de esta región, está la negativa de la Sagarpa para entregar a campesinos de Atoyac los apoyos que requirieron cuando estaban abiertas las ventanillas, por lo que advirtió que si la dependencia mantiene su postura de negar la documentación, después del 28 de este mes tomarán medidas radicales como el bloqueo de la carretera federal para demandar justicia.

Denuncia PCP en la Coddehum el acoso policiaco a su caravana


El hostigamiento se dio principalmente en pueblos del Edomex, relata Sitlali Pérez Vázquez

MARGENA DE LA O 

Chilpancingo, 24 de junio. La Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CGSJ-PCP), que realizó la brigada Totlajtol Nejnemi (La palabra que camina, en náhuatl), antes de regresar a Temalacatzingo (Olinalá) y Cualac, acudió a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) a presentar una queja por el hostigamiento policiaco y de militares durante la caravana que llegó hasta ciudad de México.

La queja de los miembros de la coordinadora abarcó el hostigamiento desde el 16 de junio que salió la brigada de la comunidad de Nuevo Paraíso en Cualac: el Ejército instaló retenes en la inmediaciones del pueblo para evitar la salida de los 25 integrantes de la organización.

“Desde nuestra salida, el Ejército sitió nuestras comunidades e instaló retenes en los cruceros. además de hostigarnos en nuestro recorrido por los estados de Guerrero, Puebla, Morelos, hasta en el Distrito Federal, valiéndose de policías estatales, federales y policías vestidos de civil”, difundió en un comunicado la Coordinadora.

La brigada de la organización le permitió para compartir experiencias con integrantes de organizaciones sociales de municipios de estados que atravesaron hasta llegar al Distrito Federal.

Sitlali Pérez Vázquez, integrante de la CGSJ-PCP y parte de la brigada comunitaria, informó que el acoso fue particularmente en el estado de México, pues en tres ocasiones revisaron sus pertenencias y vehículos en Nicolás Romero, Los Reyes la Paz y Ecatepec.

En Ecatepec, por ejemplo, dijo que la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio les armó un operativo ostentoso, con la participación de policías de unas 10 patrullas, cuando pidieron la colaboración de organizaciones sociales de ese municipio, los elementos “salieron huyendo como ladrones, pero nos gritaron pendejos, indios apestoso y mugrosos, ya lárguense, no están su tierra para que hagan lo que quieran”.

Antes de regresar a sus municipios a continuar con su estrategia de seguridad y justicia ciudadana, la CGSJ-PCP dejó constancia de todo ese hostigamiento en la Coddehum, y la posibilidad de que se queja trascienda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y otros organismos.

El gobierno debe garantizar la eficacia del mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas




El día de hoy, 25 de junio, se cumple un año de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La aprobación por unanimidad en ambas cámaras de esta ley y su firma por el presidente de la República el 22 de junio de 2012, fueron pasos fundamentales para avanzar en la protección a las personas que son amenazadas, agredidas o incluso asesinadas o desaparecidas por ejercer su legítima labor de defensa de los derechos humanos e informar a la sociedad en México.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, establecido por la ley para implementar las medidas de protección, ha mostrado graves debilidades y deficiencias. Es esencial que el gobierno las atienda de forma urgente para que la esperanza que despertó la ley se convierta en una realidad.

En particular, Amnistía Internacional ve con preocupación que la protección de ambos colectivos no parece contar con el apoyo institucional y el nivel de prioridad necesarios por parte del ejecutivo federal y autoridades estatales que permitan cumplir con las disposiciones de la ley.

Amnistía Internacional hace un llamado al Presidente Peña Nieto y a las autoridades de todos los niveles a comprometerse públicamente para asegurar la eficacia del mecanismo y respaldar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Pese a algunos resultados positivos del Mecanismo, que cuenta con la importante participación de representantes de la sociedad civil, Amnistía Internacional solicita la eliminación inmediata de los obstáculos que están debilitando el trabajo del mecanismo:

Falta de los recursos necesarios para implementar medidas de protección de manera pronta y eficaz en todos los casos que se presentan;
Falta de personal capacitado para atender los casos;
Incumplimiento por parte de otras instituciones, como la Policía Federal, de algunas medidas acordadas;
Algunos estados no han firmado todavía los convenios de colaboración con el Mecanismo para implementar medidas de protección;
Algunos estados que han firmado estos convenios no han cumplido cabalmente con las medidas acordadas; La Unidad de Prevención, Análisis y Seguimiento del Mecanismo de protección todavía no ha sido creada limitando seriamente la eficacia del mecanismo.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. Solo en 2012 al menos seis periodistas fueron asesinados y muchos otros hostigados o amenazados. Amnistía Internacional considera que la situación de peligro persistirá mientras las personas responsables de estos ataques, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados, no rindan cuentas ante la justicia y se mantenga así la casi absoluta impunidad.

Amnistía Internacional hace un urgente llamado a las autoridades mexicanas para que estas cumplan con su obligación de garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio de la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos en un ambiente de libertad y seguridad.

El nuevo gobierno de Paraguay y la integración regional

Adilio Lezcano

ALAI AMLATINA, 25/06/2013.- La elección desarrollada en Paraguay el pasado 21 de abril llevó a Horacio Cartes a la Presidencia de la Mano del partido colorado. Estas elecciones tuvieron como antecedente la destitución, en un proceso sumarísimo, a Fernando Lugo, Presidente de la República del Paraguay. Hecho político, a su vez, apoyado en el pretexto de una supuesta emboscada de un grupo de campesinos, que no supera un número de cincuenta personas, a unos policías que superaban fácilmente los trescientos, en Marina Kue en el distrito de Curuguaty departamento de Canindeyú.

La idea de la emboscada fue insuflada por los medios corporativos que responden a poderes económicos de la oligarquía paraguaya con dos objetivos; primero: la defenestración del primer mandatario paraguayo, y segundo, la idea de activar con fuerza la existencia de un enemigo interno belicoso que hay que combatir. La presencia del enemigo interno se instala con un plus que no puede pasar desapercibido, cual es, la de asumir el discurso y las reivindicaciones de los sectores populares que en Paraguay son víctimas de un modelo económico excluyente. Darle este discurso a un grupo considerado “terrorista” no tiene otro objetivo que criminalizar las protestas populares por la escandalosa desigualdad reinante en el país.

¿Por qué la criminalización a las organizaciones contestarías, y la intención del sistema de vincularlas con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)? La idea principalmente pasa por el debilitamiento de las organizaciones de base que apoyaban críticamente y sostenían a un gobierno ciertamente aperturista; y en segundo lugar concomitantemente separar a Fernando Lugo de su base, dispersa por cierto, pero que apoyaba su gobierno, ante una nula base organizada que pudiera en su momento apoyar sus políticas. Este alejamiento vulneró su soporte al frente del gobierno, pues era lo único que lo apuntalaba.

La destitución de Fernando Lugo no sólo responde a una movida interna del país en cuestión, sino a un proyecto de desarticulación de los gobiernos progresistas de la región de Latinoamérica. Es por ello que el Paraguay fue suspendido en el Mercosur y en la UNASUR, y el gobierno golpista no fue reconocido por la comunidad internacional; dando estos países el mensaje, a aquellos promotores, que no se tolerará un retroceso y menos un ataque a la unidad regional; e internacionalmente que no se tolerará el atropello a los procesos democráticos.

Esta reacción frenó a los mentores de tan nefasta idea, pero se urdió otra idea para la desarticulación del bloque sudamericano ante la repentina desaparición del líder bolivariano Hugo Chávez, con la conformación de la Alianza del Pacífico liderada por Colombia y regenteada por el imperialismo norteamericano como respuesta fundamentalmente al MERCOSUR, UNASUR y CELAC, es una muestra clara de ello. Para que este plan tenga resultados para el imperio, debe lograr adhesiones de gobiernos del Cono Sur aislando de esta manera a Brasil, Argentina y Venezuela.

En este escenario, el Presidente de Paraguay que asumirá en agosto próximo, está navegando, sus primeros discursos y acciones con relación a la región, apuntando inicialmente hacia la integración regional, pero esto cambió drásticamente después del asesinato de Luis Alberto Lindstron Picco, ocurrido el 31 de mayo pasado en Tacuatí. El luctuoso suceso permitió rebrotar la figura del EPP como grupo irregular responsable del hecho, a esto acompañó automáticamente al unísono los poderes económicos el pedido de la necesidad de combatir al grupo con respuestas del gobierno paraguayo. En este discurso subyace un acercamiento a Colombia que tiene un supuesto combate efectivo en contra de la guerrilla, pero en el fondo está el cambio de dirección de la política exterior planteado inicialmente por el Presidente electo, todo esto direccionada al fortalecimiento de la Alianza del Pacifico.

Al Paraguay, a las claras le conviene estar en un bloque regional, fortalecerlo y nutrirse del económicamente como así también culturalmente. Los partidos tradicionales -Partido Colorado y el Partido Liberal -obedientes al poder económico vinculado a los intereses de las corporaciones transnacionales no van a oponerse al alejamiento de los organismos regionales de integración promovido por las economías emergentes. Ante la falta de lucidez u obsecuencia de los partidos tradicionales la tarea de reorientar la política exterior va a corresponder a los sectores democráticos y de izquierda, hoy con presencia parlamentaria.

Es por ello, que es imperiosa la necesidad que los sectores de izquierda y democráticos en Paraguay, empiecen a evaluar esta situación, apuntando a la unidad de los sectores democráticos, con reglas claras que afirme una democracia en la organización interna y evitar el sectarismo. Otro desafío es definir las estrategias ante la decadencia mundial de un modelo económico capitalista y un poder hegemónico agotado; cuyas repercusiones políticas en las cuestiones internas de los países es palpable. Esta determinación permitiría equilibrar la correlación de fuerzas a nivel interno y eventualmente aportar en la integración regional.

- Adilio Lezcano es Licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de Pilar

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