jueves, 15 de agosto de 2013

Por crisis de inseguridad, 113 personas abandonan poblado en Guerrero


EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

TECPAN DE GALEANA. Gro. (apro).- La confrontación entre bandas delincuenciales que se disputan zonas de producción, trasiego y venta de droga en la Sierra Madre del Sur provocó ya el despoblamiento de municipios enteros, como San Miguel Totolapan, ubicado en la región de Tierra Caliente, que literalmente se encuentra desolado.

Ahora un grupo de 113 personas, entre niños, mujeres y hombres, procedentes del poblado de las Mesas 2 se refugiaron en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, en la región de Costa Grande, mientras que otros 50 pobladores de Las Chacuitas, del mismo municipio, optaron por trasladarse al puerto de Acapulco, para alejarse de la narcoviolencia.

La historia en ambos casos es la misma: grupos armados con vestimenta tipo militar, que se asumen como miembros del grupo delictivo denominado La Familia, irrumpieron en las comunidades donde asesinaron a personas y atacaron a balazos las casas que después fueron quemadas.

Las acciones criminales están provocando un éxodo en San Miguel Totolapan que se hizo evidente a principios de julio, cuando unas mil personas de cuatro comunidades decidieron refugiarse en la iglesia de San Miguel Arcángel en la cabecera municipal.

Al respecto, los desplazados de Las Mesas 2 que se encuentran refugiados en la escuela primaria Hermenegildo Galeana del municipio de Tecpan, advirtieron que no van a regresar a sus hogares en tanto las autoridades gubernamentales no garanticen la seguridad en San Miguel Totolapan.

Entrevistados en el plantel escolar habilitado como albergue, las víctimas narraron que llegaron a este lugar desde el viernes 9, luego de caminar cuatro días en la Sierra porque al menos 100 hombres armados irrumpieron en Las Mesas 2 desde el domingo 4 y el lunes 5, y prácticamente los expulsaron.

Lo paradójico es que dejaron todo lo que tenían para salir de la región de la Tierra Caliente y refugiarse en la región de la Costa Grande, otra zona colapsada por la narcoviolencia.

En la escuela habilitada como albergue se encuentran refugiados 65 menores, 25 mujeres, 20 hombres y tres adultos mayores, quienes duermen en las aulas y toman sus alimentos en la explanada de la escuela.

Brigadistas de la subsecretaría de Protección Civil estatal se encargan de dar atención a los desplazados y un grupo de la Policía Preventiva Estatal de resguardar el plantel.

Las víctimas reprocharon a las autoridades gubernamentales la falta de seguridad en la zona de la Sierra que comparten los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso y General Heliodoro Castillo, donde el semanario Proceso ha documentado que al menos dos mil personas han abandonado sus hogares por la narcoviolencia.

Por su parte, el alcalde perredista de Tecpan de Galeana, Crisóforo Otero Heredia urgió ayuda al gobierno estatal para atender el problema de los desplazados del municipio de San Miguel Totolapan.

Sobre todo, dijo, porque este lunes se reanudan las clases en el plantel donde están refugiados los desplazados de Las Mesas 2, quienes se resisten a volver a su municipio por temor a ser agredidos nuevamente por los grupos criminales.

El edil perredista calificó como grave este problema generado por la narcoviolencia debido a que las autoridades municipales no tienen capacidad para atender a los desplazados.

Incluso, dijo que en las próximas horas se espera el arribo de otros 60 desplazados también del municipio de San Miguel Totolapan que siguen “extraviados” en la Sierra después de abandonar sus poblados.

Por ello, reiteró su llamado de auxilio a las autoridades estatales y federales para atender la problemática.

Falso que Pemex no tenga recursos para modernizarse: expertos en CNN




La iniciativa de reforma energética del presidente de México, Enrique Peña Nieto, parte de un fundamento falso de que no hay recursos para modernizar la extracción de petróleo, consideraron expertos en la materia.

En entrevista con Aristegui CNN, Alberto Montoya Martín del Campo, catedrático y vicepresidente del Centro de Estudios Estratégicos y Nacionales; y Francisco Garaicochea, del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917 señalaron que la premisa va en contra de lo establecido en la Constitución donde se aprobó que el dominio y explotación del crudo son de uso exclusivo de la nación.

Ambos coincidieron en que el uso de la figura del ex presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) para justificar la apertura de Petróleos Mexicanos a empresas extranjeras “es un insulto a la inteligencia y a la memoria de los mexicanos”.

“El presidente Cárdenas, por lo contrario, hizo valer lo establecido en 1938 con la expropiación petrolera, lo que se había aprobado en el 17, donde se establece que el dominio directo y exclusivo del petróleo es de la nación, lo que se propone como reforma energética es la ruina de la nación porque hasta ahorita no hay debate, solo propaganda”, señala Montoya Martín del Campo.

Peña aseguró el lunes pasado que con la reforma, el país se mantiene como único dueño del petróleo y planteó cambios a los artículos 27 y 28.

En Michoacán la gente no se va a dejar desarmar: Vázquez Alatorre en MVS


elene Vázquez Alatorre, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán aseguró que desde que el cartel de Los Caballeros Templarios decidió recuperar el territorio en diferentes zonas del estado, varias comunidades se han visto en la necesidad de armarse para no quedar en manos de los criminales.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, la legisladora comentó que en la zona de Aquila se tiene el conflicto relacionado con una mina, cuando en mayo pasado fueron entregados 14,000 pesos a cada comunero como parte de las regalías por la explotación y el grupo criminal los visitó para quedarse con los recursos.

A raíz de este hecho fue cuando los habitantes decidieron armarse, formar su grupo de autodefensa y resguardar la presidencia municipal, comentó.

La diputada michoacana narró que el pasado 10 de marzo, el grupo de comuneros participó en un evento en Apatzingán donde pedirían ayuda al gobernador pero fueron atendidos por el secretario de gobierno, sin embargo, al ser trasladados y escoltados por soldados en un camino de la zona, camionetas con hombres armados se interpusieron en el camino y dispararon contra los civiles matando a 10 “en las narices del Ejército”.

Otro evento ocurrió en Los Reyes, cuando guardias comunitarios se manifestaron en la presidencia municipal y a pleno día fueron rafagueados por hombres armados matando a seis.

Afirmó que el gobernador Jesús Reyna miente cuando dice que en el estado no hay gente armada e infiltrada en los grupos de autodefensa por el crimen.

Vázquez Alatorre dijo que se atrevería a especular respecto a un hecho sucedido en Aquila, cuando hace unas semanas los comuneros detuvieron a un militar que vestía de civil y que después fue recuperado, sin embargo, explicó, existe un video donde el soldado asegura que hay infiltrados entre el crimen organizado y el Ejército.

“Se lo llevaron a la Policía Federal y hasta el momento no se sabe nada de él”, dijo.

La diputada pidió al gobierno federal que se respeten los derechos humanos de la gente en Michoacán y sostuvo que la gente no se va a dejar desarmar porque quedarían en manos de los criminales.

“El Ejército está en conjunto con el crimen”: comunero de Aquila, Michoacán en MVS


Octavio Villanueva, líder del grupo de autodefensa, aseguró que “el Ejército está en conjunto con el crimen” y acusó que Policías Federales, elementos del Ejército y la Marina detuvieron a 46 comuneros y soltaron a 5 en “La Placita”, “el nido del crimen” en la región.

En entrevista con Noticias MVS primera emisión, el integrante de la comunidad en Aquila, Michoacán explicó que el conflicto en la región está dividido en dos temas, la defensa contra el cartel de Los Caballeros Templarios y asuntos internos del grupo relacionados con una minera.

Villanueva indicó que originalmente fueron detenidos 46 personas y a 5 los soltaron en La Placita, sin embargo a los 41 restantes fueron trasladados al municipio de Lázaro Cárdenas, de ahí se los llevaron a Morelia y finalmente a la Ciudad de México.

Aseveró que el conflicto que hay con la minera, es que el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha violado los convenios en relación a donde se van a explotar los terrenos “porque ya son 270 hectáreas explotadas”.

Acusó que la minera ha comprado comuneros para que trabajen con ellos, por lo cual han sido castigados por el grupo y eso ha generado enfrentamiento entre ellos.

El líder comunero dijo que son 401 personas quienes tienen derecho sobre la mina, sin embargo la empresa minera ha acaparado todos los contratos, maquinaria y restaurantes, por lo cual, los comuneros que trabajan actualmente con ellos están bien económicamente y eso los ha hecho acreedores a castigos por parte del grupo.

“La comunidad tiene un reglamento interno y si alguien se pone en contra de la asamblea, las reglas dicen que se le puede castigar a través de las regalías que salen de la minera hasta que se le pida perdón a la asamblea”, refirió.

Octavio Villanueva sostuvo que la comunidad está desesperada porque está en manos del crimen organizado y esa fue la razón por la que retuvieron a 32 militares en días pasados, pues su idea era negociar para que soltaran a sus compañeros detenidos, sin embargo solo llegaron 600 elementos para rescatarlos a base de golpes y disparos que han provocado varios heridos.

“Ahorita tenemos gente que ha visto rondando a Los Caballeros Templarios pero sin el apoyo del gobierno estamos en sus manos”, concluyó.

Declaran en SEIDO 41 líderes comunitarios de Aquila, Michoacán


Un total de 41 policías comunitarios del municipio de Aquila, Michoacán, detenidos este miércoles en un operativo de fuerzas federales y estatales declaran en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Al parecer, cuatro de ellos cuentan con órdenes de aprehensión, por lo que enfrentarán su proceso en el Estado de Michoacán. Del resto de ellos, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene 48 horas para determinar su situación jurídica.

Fueron aseguradas 57 armas de fuego, entre ellas AR-15 y AK-45, (cuernos de chivo) de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estos comunitarios formaban parte de un comando que se ostentaba como grupos de autodefensas o policías comunitarios.

En meses pasados, estas autoridades civiles expresaron estar hartos de las extorsiones por parte de la delincuencia organizada.

(Con información de El Universal y Reforma)

Por incapacidad del gobierno a punto de desatarse guerra en Michoacán


Debido a la evidente incapacidad del gobierno de los tres niveles, el Estado de Michoacán está a punto de desatarse una guerra, así los aseguro en entrevista el arquitecto Tito Fernández Torres, presidente del Movimiento Paz y Dignidad en Michoacán, el empresario menciono que fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando de manera irresponsable decidió enfrentar al crimen organizado, aún sin saber la magnitud de las consecuencias, todo empezó con el tristemente y celebre “Michoacanazo”, a partir de ese momento el estado es solo nota roja, por otra parte el enfrentamiento en contra del entonces gobernador, Leonel Godoy, dejo sin recursos a Michoacán, lo que repercutió en la economía y progreso del estado. Agrego ahora es tiempo que el actual presidente de la república, Enrique Peña Nieto, detenga el inminente estallido de una guerra.

La crisis de la violencia esta focalizada solo en algunos municipios del estado donde no existe la certidumbre de un estado de derecho, que tiende a extenderse, de no actuar a tiempo. Señalo aquí estamos en la Ciudad de México, una representación de empresario michoacanos, con el rostro descubierto y hablando de frente, para solicitar la ayuda del gobierno, menciono que al enfermar el gobernador Fausto Vallejo, con la llegada del gobernador interino, Jesús Reyna García, el problema se está saliendo aún más de control, porque de inmediato empezó a cambiar gente, para acaparar los recursos y manejar las cosas a su antojo, sin tomar en cuenta a la gente productiva de Michoacán y solo atienden otros intereses

Raúl Ruíz

Reportero

Bloquea CNTE vialidad en Insurgentes en ambos sentidos y Reforma


Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que protestan frente a la sede del Senado y bloquean Reforma también cerraron la vialidad en ambos sentidos de Insurgentes, lo que provoca caos vehicular en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que esta arteria se mantiene cerrada desde Chapultepec hasta San Cosme, por lo que se realizan cortes escalonados para evitar congestionamientos viales.

La presencia de los inconformes afecta el tránsito vehicular en Avenida Chapultepec, Puente de Alvarado, Circuito Interior, Marina Nacional, Fray Servando Teresa de Mier y Bucareli, entre otras. La SSPDF sugirió a los automovilistas a evitar circular por la zona.

Exigen al gobierno de Oaxaca frenar ataques contra Asamblea Popular de Juchitán


Rosa Rojas

México, DF. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CódigoDH) de Oaxaca demandó la inmediata intervención de los gobiernos federal y estatal de Oaxaca para frenar la "ola de violencia contra simpatizantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ)" -con amenazas, hostigamiento, persecusión, agresiones, incluyendo la muerte de un integrante de esta organización- que ha generado el conflicto por la construcción del parque eólico Fuerza y Energía Bií Hioxo, por parte de la empresa Gas Natural Fenosa (GNF).

La APPJ demanda la suspensión de las obras de dicho parque en tierras comunales de Juchitán y el respeto a sus derechos colectivos como pueblo indígena zapoteca a una consulta previa e informada y a que no se les impongan "proyectos de fuera para beneficio de gente de fuera".

En un comunicado, CódigoDH indicó que deben revisarse los permisos, estudio de impacto ambiental y la situación de las tierras sobre las que se asienta el parque eólico Bií Hioxo.

Asimismo, que debe haber respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas resguardados en el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como de las leyes vigentes que deben aplicarse en el caso de la construcción del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa.

Indicó que el martes 13 debía efectuarse una reunión con funcionarios de dependencias federales como la Secretaría de Energía, con integrantes de pero únicamente llegaron representantes del gobierno estatal, "que no han dado soluciones concretas al conflicto", lo que ocasionó el enojo de los indígenas zapotecas de la APPJ.

Entonces CódigoDH, junto con los representantes del gobierno del estado, la APPJ y otrtas organizaciones presentes, como Brigadas Internacionales de Paz (PBI), se trasladaron a la entrada de las obras del parque, donde se encontró cerrado el acceso al paraje Gúsebenda, que la población local utiliza; se pudo constatar el cierre del camino, la presencia de policia auxiliar PABIC encapuchados y fuertemente armados y otras personas en la obra quienes impidieron el paso y grabaron y tomaron fotografías de los integrantes de la APPJ, además de que ningún representante de la empresa acudió al llamado que se le hizo para participar en la reunión.

CódigoDH considera que son urgentes las políticas de mitigación del cambio climático, sin embargo lo que sucede en el Istmo de Tehuantepec con la instalación de parques eólicos, simplemente no puede considerarse “energía limpia”, mucho menos “sustentable” añadió, recordando que toca al estado mexicano garantizar que la implementación de megaproyectos, incluidos los eólicos, respete los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Detalló que en este caso concreto, la empresa está violentando procedimientos que lesionan los derechos de las comunidades indígenas de la zona y de la ciudadanía en general, no está garantizando procesos de información ni consulta previa y consentimiento y hay irregularidades en la construcción pues se está construyendo sobre tierras comunales (reconocidas en el decreto presidencial del 17 de junio de 1964)".

Además, se está afectando el acceso a zonas sagradas junto a la Laguna Superior como Gúsebenda, Guela Be’ñe’, Chiguese y Laxada, se impide el paso a los pobladores de la zona a sus tierras de cultivo y para la recolección de plantas medicinales, se están tapando los canales de desagüe de la ciudad de Juchitán que atraviesan por la Séptima Sección, lo que podría generar inundaciones en un futuro y serias situaciones de insalubridad, advirtió CódigoDH.

Hallan dos narcofosas con restos de seis personas en Tepic


Bahía de Banderas, Nayarit. Dos narcofosas con los restos de seis personas, de los cuales se lograron recuperar cinco cráneos, fueron localizadas en las inmediaciones del poblado El Pichón, municipio de Tepic.

El hallazgo sucedió la tarde del miércoles, según fuentes policiacas, el territorio forma parte de un narco-campamento utilizado por integrantes del crimen organizado que operan en la entidad.

Los reportes indican que agentes de la Policía Estatal de Investigación y fuerzas federales realizaban una movilización en la zona con perros especializados en busca del cuerpo de José Luis Crespo, quien hace más de un año fue secuestrado y asesinado aparentemente en esa zona, según confesaron plagiarios detenidos días antes.

Al recorrer la zona, los agentes federales, estatales y personal del Servicio Médico Forense descubrieron los restos de al menos de seis personas, aunque solamente se recuperaron cinco cráneos.

De acuerdo con peritos, los cadáveres tenían más de un año y se presume que fueron ejecutados durante el 2011 y 2012, fecha en que Tepic vivió uno de los periodos más violentos de su historia reciente. En ese tiempo la guerra entre los Cárteles por controlar el territorio dejo un clima de violencia en la entidad. Aún se desconoce si alguno de los cuerpos pertenece al joven plagiado José Luis Crespo.

Trunca, incoherente, errada, falaz...


Jorge Eduardo Navarrete

Por fin, después de no escasos titubeos y anuncios en falso, se remitió al Senado la iniciativa gubernativa de reformas constitucionales en materia de petróleo y electricidad. Se decidió rodearla de una intensa turbonada publicitaria que quizá tendría algún sentido si se previese someterla a referendo, lo que, desde luego, no corresponde a la intención oficial. La publicidad tiene por objetivo implantar en la opinión pública una serie de lemas simplistas y engañosos, que ayuden a tragar la rueda de molino. Un buen ejemplo de esta estrategia de medios se halla en el mensaje presidencial del propio lunes 12, cuyas frases prefiguran el alud de comerciales de radio, televisión y desplegados de prensa que desde la mañana siguiente abruma a escuchas y lectores. Los dos discursos matinales, el mensaje nocturno y el texto de la iniciativa de reforma constitucional son el material que debe ser analizado para formular un juicio sobre la propuesta. Mínimamente, corresponde considerarla trunca, incoherente, errada y falaz.

Trunca, en primer término, porque se limita a proponer la reforma de dos artículos constitucionales pero no contiene las iniciativas de las otras leyes que es indispensable establecer o enmendar para construir el edificio de una reforma energética digna de tal nombre. Es cierto que los discursos y la exposición de motivos de la iniciativa aluden a algunos de los elementos que informarán las propuestas ahora faltantes, pero lo hacen de manera selectiva, insuficiente e incompleta. De hecho, se solicita al Congreso expedir la carta blanca de una reforma constitucional sin dar a conocer el andamiaje legal completo del que dependerá su verdadera dimensión y alcance. Sería una acción irresponsable del Legislativo aprobar reformas constitucionales sin saber cómo y cuándo va a integrarse el conjunto de disposiciones legales necesario para ponerlas en práctica. La iniciativa no contiene los usuales artículos transitorios que definen qué disposiciones secundarias y complementarias deberán expedirse y dentro de qué plazos tendrá que hacerse. En otras palabras, se pide aprobar un salto al vacío.

De acuerdo con la iniciativa, en materia de petróleo y otros carburos de hidrógeno, el texto constitucional, además de establecer que no se expedirán concesiones, sólo indica que la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de esos productos. En la Constitución no quedaría establecida limitación alguna, todo dependería de la ley reglamentaria y de disposiciones de menor jerarquía. En su curioso discurso de anuncio de la iniciativa, Peña Nieto identificó a los contratos de utilidad compartida como primer elemento fundamental de la propuesta. Entonces, ¿por qué la iniciativa no hace referencia a esta figura? Señalar en el discurso que se preferirán los contratos de utilidad compartida sobre, por ejemplo, los contratos de producción compartida, no garantiza que no termine por acudirse a éstos. Si se decidió establecer en el texto constitucional que no se expedirán concesiones, ¿por qué no estatuir que no se celebrarán contratos de producción compartida? En realidad se desea dejar abierta esta forma de compartir con par­ticulares la renta petrolera, pero se prefiere hacerlo en forma tácita.

La iniciativa también queda trunca en cuanto al régimen fiscal de Pemex. La exposición de motivos se limita a señalar que un nuevo régimen se propondrá como parte de la Reforma Hacendaria y adoptará una perspectiva amplia y de largo plazo. Se requería precisión, era indispensable abordar a fondo este tema, pues se parte de un historial lamentable de expoliación fiscal del organismo, que no puede paliarse con una vaga promesa de superar la visión estrecha de Pemex como generador de ingresos públicos en el corto plazo. Es claro que la alteración del régimen impositivo de Pemex debe conectarse con una reforma hacendaria (sin mayúsculas) amplia y progresiva. Nada garantiza, por desgracia, que así vaya a ser la reforma ni que incluya un trato fiscal adecuado para el petróleo.

Incoherente, al plantear el fortalecimiento y la modernización de Pemex y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que empresas privadas extranjeras –a las que se reconoce la posesión de recursos técnicos, organizativos y financieros de los que la entidad mexicana carece– contraten con el gobierno la explotación de los recursos petrolíferos de la nación. No es difícil prever un desplazamiento progresivo de Pemex por los contratistas privados, pues los contratos se establecerán de preferencia en las zonas más promisorias, aún no explotadas (aguas profundas y ultraprofundas), o explotables si se desprecian las consideraciones ambientales (aceite y gas de lutitas). ¿Qué corporación petrolera o qué empresa de servicios querrá contratar con Pemex si se le abre la opción de ir sola (o con sus partners habituales), mediante un contrato otorgado por el gobierno o por la espectral Comisión Nacional de Hidrocarburos?

Errada, en tercer lugar, porque persiste en el rumbo equivocado que se impuso al sector desde la segunda parte de los años 70 del siglo pasado. Desde entonces se le apartó de su misión prístina de actuar como palanca del desarrollo nacional, por la vía de la industrialización, para sujetarla a diversos objetivos cortoplacistas que han ido desde enjugar los desequilibrios de las balanzas comercial y de pagos hasta actuar como caja chica del gobierno federal, proveyéndole recursos para el financiamiento de sus urgencias cotidianas. Se propone que México produzca más petróleo y gas, sin precisar para qué. ¿Para sustituir importaciones de gasolinas y gas? No se anuncian proyectos de nuevas refinerías o plantas de procesamiento ni, mínimamente, métodos de recuperación que reduzcan la quema en la atmósfera. Prever la reducción progresiva de las exportaciones de crudo, para participar como exportadores en los mercados emergentes de petrolíferos y los bien establecidos de petroquímicos, es algo que no imaginan los autores de la iniciativa.

Falaz, finalmente, por su proclamada fijación cardenista. Ésta se presta más al examen siquiátrico que al análisis económico. Reproducir palabra por palabra un texto legal de 1940 y pasar por alto lo que ocurrió después conforma un sofisma monumental. Ya quedó aclarado –por la fuente más autorizada– que el general Lázaro Cárdenas expresó por escrito su convicción de que el espíritu nacionalista de la reforma constitucional del 9 de noviembre de 1940 fue violado en la ley reglamentaria de 1941 que permitió contratos lesivos a la nación. Ese es precisamente el riesgo que ahora se corre.

Exilio, muerte o servir al narco, las alternativas en la sierra sinaloense


Javier Valdez Cárdenas, corresponsal

Culiacán, Sin., 14 de agosto.

Angelina mira hacia las montañas. Allá quedaron su tierra, su casa, su vida. Ella es una de las casi 600 personas expulsadas de 40 comunidades en la sierra del municipio de Sinaloa. Para algunos esto es sólo el saldo estadístico de las pugnas entre cárteles desde 2011.

A principios de ese año, un comando del cártel de los Beltrán Leyva atacó la comunidad San José de los Hornos, municipio de Sinaloa, y mató a una persona. Otros atentados provinieron de células del cártel de Sinaloa, que disputa varios municipios a los Beltrán Leyva.

Los pobladores de la zona montañosa quedaron en medio de esta guerra entre organizaciones criminales, que los obligan a sembrar mariguana o a escapar.

Angelina huyó, al igual que 118 familias que viven en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, unos 100 kilómetros al norte de Culiacán. Ahí comparte una casa rentada con dos familias. Relata que huyó después de que 30 personas fueron asesinadas en San José del Llano, Ocurahui y otros poblados del municipio de Sinaloa. Para nosotros, Ocurahui era la capital de los ranchos que había alrededor. Ahora no es nada, dice con voz arrugada por la nostalgia.

Recuento de sangre

El 20 de enero de 2012, un comando sacó a tres integrantes de una familia de sus casas en Ocurahui y los mató a balazos. Las víctimas eran madre, padre e hijo. Tres días después volvieron los agresores, al parecer del bando de los Beltrán Leyva. Saquearon, balearon y quemaron casas.

Una pobladora llamó al entonces alcalde, Saúl Rubio Valenzuela, quien ofreció actuar de inmediato. La denunciante lo escuchó decidido y eso la animó. Nada pasó. En abril de ese año se dio muerte a dos varones.

El 27 de marzo de ese año, tres integrantes de una familia volvieron a una zona cercana a Metatitos para recuperar algunas pertenencias. Un comando los asesinó. Otros tres que fueron con una carroza fúnebre por los cadáveres corrieron la misma suerte. Y encima nos insistían que dijéramos que todo lo que sucedía era culpa de los Beltrán Leyva. Pero nosotros sabemos que no, dijo un vecino.

El 25 de mayo, después de que numerosas familias huyeron a comunidades cercanas, entre ellas Surutato, un grupo armado encontró a varios habitantes de Ocurahui que habían dejado sus casas. Los invitaron a una reunión a la que acudirían militares, para resolver los problemas de violencia.

Sólo fueron algunos integrantes de una familia. No había soldados, únicamente hombres encapuchados, armados con fusiles automáticos y uniformes de camuflaje. Querían que regresaran la enfermera, la maestra de la primaria, un comerciante y un médico, para que eso animara a otros. A cambio, los criminales ofrecieron respetar sus vidas, pero tendrían que cultivar drogas y armarse para repeler ataques de algún grupo rival.

No aceptaron y se marcharon. Los encapuchados saquearon y destruyeron muchas de las 97 viviendas que había en Ocurahui.

Algunas versiones indican que en esos actos, atribuidos al cártel de Sinaloa participaron soldados, con el argumento de que los vecinos daban información a habitantes de la comunidad La Sierrita, donde presuntamente tienen fuerte presencia los Beltrán Leyva.

Tres personas fueron asesinadas el 27 de junio de 2012: padre, madre y su hijo, de 17 años, por tratar de volver a sus tierras.

No tengo tiempo

Angelina recuerda cómo sus esperanzas, alguna vez renovadas, se quedaron atoradas en la garganta como piedras filosas.

Llamó al gobierno del estado y logró que le comunicaran al secretario particular del gobernador Mario López Valdez, Malova. El funcionario le prometió enterar al mandatario, quien programó una visita a la sierra para hablar con los desplazados, a mediados de abril.

Un centenar esperaron a Malova en Surutato, uno de los poblados de Badiraguato que en la primera etapa del desplazamiento de familias recibió unas 250 personas procedentes del municipio de Sinaloa. Entre los asistentes había infiltrados sicarios del cártel de Sinaloa, para saber qué decían y quiénes. Eso alimentó la rabia y el terror.

El gobernador fue muy insensible. Esperamos cerca de cuatro horas, para que estuviera sólo cinco minutos. ¿Sabe qué dijo? Que nosotros siempre nos hemos dedicado al narcotráfico, que los hemos solapado y que por eso nos pasa esto, pero que ahora brincamos porque nos llegó la sangre al río. Eso dijo, recordó Angelina.

Esperaban que dijera que los apoyaría, que garantizaría su seguridad. Nada de eso. Una de las afectadas, cuenta, alcanzó al mandatario, le jaló la camisa y éste respondió: No tengo tiempo. Pida una cita en Culiacán. Subió al helicóptero y se fue.

Amargo regreso

El 3 de agosto, cuatro familias desplazadas de Guamúchil pidieron apoyo al destacamento militar ubicado en Surutato, para regresar a Ocurahui y San José de los Hornos. El viento fresco, los pinares y los animales nutren la añoranza. Por eso Guadalupe, Felicia y otros decidieron intentarlo.

Acordaron con los militares que éstos recorrerían la zona y luego pasaría la caravana de desplazados, compuesta de unas 10 personas, entre ellas una mujer de 80 años. Iniciaron la travesía a las 5 horas. Cerca de las 10, cuando estaban a punto de llegar a Ocurahui, los pararon tres jóvenes armados y los hicieron regresar a San José de los Hornos.

Ahí los aguardaban hombres armados. Uno que dijo ser el jefe les reclamó porque avisaron a los militares, y aseguró que la base del 42 Batallón de Infantería le informó que cuatro familias irían ese sábado. Eran unos 20. Los rodearon. El líder accedió a que recogieran sus pertenencias y se fueran.

Cuando llegaron a Ocurahui bajó un banco de niebla. El terror hizo presa de ellos. Desesperados y temblorosos, recorrieron la escuela, sus casas y las de sus parientes. Apenas dieron cinco pasos y regresaron a los vehículos, desde donde tomaron algunas fotos que muestran un páramo entre pinos, una clínica saqueada, una escuela primaria fantasmal y destruida, casas quemadas, con orificios de bala, monte crecido y ausencias. Con un fardo de desesperanza a cuestas, regresaron a Guamúchil.

Estuvimos unas tres horas y nos dimos cuenta de algo: no hallamos de quién cuidarnos y ya no hay nada qué rescatar. Mejor nos regresamos. Condujeron cerca de cuatro horas, hasta Surutato, donde cargaron gasolina. Llovía fuera y les llovía la tristeza por dentro.

Cambian leyes secundarias régimen jurídico y laboral de los maestros


Laura Poy, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Las iniciativas de leyes secundarias para la reforma educativa, presentadas por el Ejecutivo federal ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, establecen un cambio en el régimen jurídico y laboral de maestros, directores y supervisores, desde prescolar hasta bachillerato, quienes podrán ser despedidos de no aprobar las evaluaciones de desempeño, sin responsabilidad para el Estado.

En el caso de profesores activos, se establecen nuevos mecanismos de evaluación para su desempeño y en caso de no aprobarlos en tres oportunidades serán reasignados o podrán solicitar el retiro.

Para los trabajadores de reciente ingreso hay nuevas reglas: evaluación permanente y periodos de inducción de dos años, con apoyo de tutores, figura de nueva creación, equivalente a un capataz, y de no aprobar esta etapa, saldrán del servicio magisterial.

Se incluye la creación de un Servicio Profesional Docente, el cual en un plazo no mayor de mes y medio, luego de la entrada en vigor de la ley respectiva, contará con un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al que se facultará para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

A pesar de que estas propuestas han desatado el rechazo del magisterio disidente en todo el país, y de una convocatoria de la Secretaría de Gobernación para realizar foros de consulta donde se escucharían los planteamientos de los profesores, los nuevos marcos normativos establecen profundas modificaciones a las bases y procedimientos del desarrollo profesional docente, con funciones directivas y de supervisión en la educación básica y media superior.

Entre las medidas que podrían aprobarse en el próximo periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras, del 21 al 23 de agosto, está el diseño de nuevos perfiles, parámetros e indicadores de la labor docente, así como el impulso a una nueva política administrativa de control de plazas.

Con la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente se determinan ascensos por concurso de oposición para directores y supervisores, y un nuevo programa de estímulos económicos, que sustituirá a la Carrera Magisterial.

Además, habrá nuevas sanciones para quienes incumplan con la obligatoriedad de participar en los procesos de evaluación, en los periodos de inducción y programas de regularización y formación docente, que llegan a la pérdida de la plaza de base, sin responsabilidad para la autoridad y sin necesidad de que exista resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades.

En las otras dos iniciativas, la Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, los maestros en servicio sólo podrán garantizar su permanencia siempre y cuando se sujeten a los procesos de evaluación de desempeño, que se aplicarán por lo menos una vez cada cuatro años.

Los profesores deberán someterse además a una evaluación interna, que estará a cargo del director de la escuela y los profesores, la cual deberá ser permanente, aunque no tendrá sanción ni consecuencias administrativas o laborales.

También se prohíben los cambios de adscripción voluntaria durante el ciclo escolar, a fin de impulsar un reordenamiento de las plantillas docentes en las escuelas, y su reasignación donde estén incompletas.

Denuncia el MPJD arresto arbitrario de activista xalapeña en Coatzacoalcos


RODRIGO SOBERANES

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) denunció la detención arbitraria en la terminal de autobuses de Coatzacoalcos de una de sus integrantes en el estado, Anaís Palacios Pérez.

La organización informó que Anaís Palacios fue retenida por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos, a donde había viajado para reunirse con familiares de víctimas de desaparición forzada.

Palacios Pérez, quien es integrante del Colectivo Xalapa por la Paz y del MPJD, “fue objeto de detención arbitraria, tortura psicológica, sustracción de información personal y videograbación”, según el Movimiento por la Paz.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio en la central camionera de Coatzacoalcos, pero no se habían hecho públicos por consenso de las organizaciones a las que pertenece la agraviada.

“En su labor voluntaria como defensora de derechos humanos ha realizado decenas de acompañamientos a víctimas de la violencia, ha participado en acciones tendientes a fortalecer la cultura de paz y la justicia. Y promueve activamente los derechos humanos, por lo que se ha ganado un amplio reconocimiento por su compromiso a nivel nacional”, destacó el Movimiento por la Paz en un comunicado.

También se informó que Anaís Palacios interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 25 de julio, para denunciar los abusos a los que habría sido sometida.

Llegó la hora de defender a la nación


Virginia González Melgarejo

Gobierno o individuo que entrega

los recursosnaturales a extranjeros, es traidor a la Patria”

Lázaro Cárdenas del Río.

Cómo creerle a quién ha mentido sistemáticamente de manera descarada? La iniciativa de reforma energética, presentada el pasado lunes 12 de agosto, nos trata de vender la idea de que es igualita al espíritu de la reforma cardenista; lo primero que propone es: “Eliminar la prohibición de que el Estado celebre contratos para la explotación de hidrocarburos”. Y usted pensará que esos contratos ya existen, y tenemos compañías haciendo ya estas tareas en contra de la Constitución, es decir no son legales, sin embargo, al eliminar esta prohibición se le estaría dando certeza jurídica a las compañías petroleras que si algo las caracteriza es ser empresas que han alentado invasiones y guerras, han sido saqueadoras y rapaces, de esta manera, si se aprobara esa iniciativa el país quedaría en clara desventaja en caso de querer deshacerse de ellas. ¿Sabe cuándo se irán? Nunca, mientras haya petróleo.

La siguiente propuesta, contenida en la propuesta de Peña Nieto, es: “Sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica y dar certeza a nivel constitucional para que las actividades de la industria petrolera tales como el procesamiento del gas natural y la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados puedan ser realizados tanto por organismos del Estado tanto por los sectores social y privado a través de permisos que otorgue el Ejecutivo”. El párrafo lo dice todo: ofrecer certeza a nivel constitucional… ¿a quiénes?

Recordemos que el arribo a la presidencia de Peña Nieto se desprende de una excesiva derrama de recursos cuyo origen jamás se aclaró, en un claro esquema de lavado de dinero. Es obvio que el señor del copete está en gran deuda con aquellos que financiaron la campaña que lo encaramó en la silla y que hoy, a cambio, se les provee de la “certeza jurídica” que requieren para llevarse las utilidades, que son muchas, derivadas de la cadena productiva generada por la explotación del petróleo.

Pero hay más preguntas, por ejemplo; ¿cómo generarán empleos si las trasnacionales llegan con sus propios empleados, y sus proveedores están en sus países de origen? o ¿cómo bajaran el precio de las gasolinas, si la refinación la harán terceros?, ¿quién garantiza que la refinación se hará en el país? Podrá haber más refinerías, tal vez en… Timbuctú.

Los porcentajes de participación son reglamentados por leyes internacionales que siempre están a favor de las empresas transnacionales, no de las naciones afectando su soberanía; un claro ejemplo es Kazajistán, país al que tener petróleo, y compañías extranjeras explotándolo, no le ha traído nada, pues sólo le dejan 10 por ciento de las utilidades, llevándose las compañías depredadoras 90 por ciento restante. Finalmente, ¿qué tan válida puede ser una iniciativa que soslaya la corrupción imperante en Pemex?

Del tamaño de la participación ciudadana será la fuerza que pare de tajo a estos vende patrias. ¡Todos al zócalo el 8 de septiembre! ¡Llegó la hora de defender el patrimonio nacional? (Visite el sitio: voyconmorena.mx)

La avariciosa iniciativa privada (mexicana/extranjera)


Fernando A. Sesma Villalpando

Con todo y gozar de diversas prerrogativas, otorgadas por las complacientes potestades del “nuevo” PRI a los oligarcas nacionales y extranjeros (disminución en los pagos de impuestos; contratos con el gobiernos para obtener enormes beneficios; facilidades en trámites arancelarios; fusiones ventajosas; contratos amañados en contra de los trabajadores, despidos rápidos, ausencia de prestaciones, devolución de impuestos), lo importante para los ricos oligarcas ha sido continuar obteniendo gigantescas ganancias.

Estos poderosos barones del dinero siguen lucrando con la miseria del pueblo mexicano, en complicidad con la clase política, para arremeter contra la clase trabajadora. Así, en los primeros seis meses del año en curso, los dividendos obtenidos por las capitalistas nacionales y extranjeros, son una ofensa para los trabajadores mexicanos que obtienen míseros salarios. Entre las empresas favorecidas por el poder político, destacan: Peñoles/Altos Hornos; Wal Mart/Chedraui/Comercial Mexicana/Soriana; Televisa/T.V. Azteca; Bimbo, Bachoco; Grupo Carso. Todas ellas obtuvieron, en los primeros seis meses del año, ganancias por 130 mil 500 millones de pesos.

El costo social ha sido alto: el despido de 68 mil 497 trabajadores. ¿Y las autoridades mexicanas, autoproclamadas fieles defensoras del empleo? ¿No que desean combatir la desocupación que devasta a la clase trabajadora? El colmo es que, cinismo rampante, se dan el lujo de anunciar, casi de manera festiva, la pérdida de empleos, como ocurre en Puebla, donde la VW ha “prometido” despedir a sólo mil 300 trabajadores, eso sí eventuales por los que nadie, y menos el sindicato, moverá un dedo.

Lamentablemente, la economía mexicana –capitalista y neoliberal– no presenta signos alentadores, las remesas continúan a la baja; el PIB crece poco y lentamente, la producción industrial no muestra señales de mejorar; la violencia en diversas zonas del país continúa y hay zonas de franca ingobernabilidad, la violencia se hace cotidiana ocasionando que el turismo extranjero, pese a los discursos oficiales, se sigue alejando de los destinos turísticos del país; con todos estos resultados, el “nuevo” PRI insiste en despojar a la nación de los últimos recursos que le quedan, argumentado que “México se encuentra ante una oportunidad histórica” (Peña Nieto dixit).

De acuerdo con lo expuesto el lunes 12 de agosto, el atraco está en marcha. El secretario de Energía y el que despacha en Los Pinos, anunciaron la reforma energética, basada en un diagnostico catastrófico del Instituto Mexicano Competitividad (IMCO) sobre Pemex/C.F.E. Retomaron para apuntalar su discurso, antiguas promesas neoliberales: “Las familias mexicanas podrán sentir en sus bolsillos la recuperación”; “Las empresas serán más competitivas”; “Los salarios mejoraran”; “se bajará el costo de la luz y el gas”; “el campo saldrá beneficiado”; “mejorará la calidad de vida”. En fin, nos bajan el cielo y las estrellas. ¿Hace cuántos años escuchamos estas mismas promesas? Todos los presidentes, desde el nefasto Carlos Salinas hasta Calderón, pasando por Zedillo y Fox, han hecho esas promesas que han ocultado, a medias, su incompetencia y voraz apetito de riqueza.

Las autoridades mexicanas deben fallar de forma pronta y justa sobre el caso de Alberto Patishtán




El día de hoy, jueves 15 de agosto, Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado de organizaciones de la sociedad civil para exigir que el proceso judicial al que se enfrenta el indígena tzotzil Alberto Patishtán sea resuelto de forma pronta y justa.

Patishtán es un profesor indígena tzotzil, originario del Municipio de El Bosque en el Estado de Chiapas quien se encuentra preso desde el año 2000, en el reclusorio de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas cumpliendo lo que AI ha considerado una sentencia injusta.

“El que una persona pueda pasar más 12 años encarcelada, víctima de un proceso judicial con evidentes irregularidades dice mucho del lamentable estado en el que se encuentra el sistema de justicia en México.” afirmó Daniel Zapico, Director de Amnistia Internacional México durante una intervención en el foro “La justicia para todos” en la Ciudad de México.

Alberto Patishtán fue detenido en junio del año 2000 acusado de participar en una emboscada durante la cual fueron asesinados siete policías, y sentenciado a 60 años prisión por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otras acusaciones.

Amnistía Internacional observó serias fallas en el proceso, incluyendo irregularidades y contradicciones en la declaración del testigo que identificó a Alberto Patishtán como responsable de los delitos. Aún así, este testimonio fue tomado en cuenta, al tiempo que la evidencia que indicaba que Patishtán se encontraba en otro lugar durante la emboscada, no fue tomada en cuenta.

La organización también constató que la defensa de Patishtán actúo con notables deficiencias, lo cual contribuyó aún más a que se violara su derecho a una defensa adecuada.

Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente las fallas del sistema de justicia en México a la hora de garantizar procesos justos, especialmente cuando la persona acusada es un indígena.

La organización espera que el Tribunal resuelva de forma pronta, justa e imparcial sobre el caso de Patishtán. Es esencial que el sistema de justicia de México se muestre capaz de corregir las injusticias y no simplemente ignorarlas.

Así mismo, AI considera fundamental que se tomen las medidas necesarias para reformar el sistema de justicia de tal forma que casos como el de Alberto Patishtán no vuelvan a ocurrir.

“Si las autoridades mexicanas quieren lograr un sistema de justicia efectivo y creíble deberán comenzar por garantizar procesos igualitarios, en los cuales la pertenencia a un grupo indígena y la condición económica o social no constituyan más un muro infranqueable para acceder a la justicia.” Agregó Zapico.

“La atención de gran parte de la sociedad está ahora sobre el caso de Alberto Patishtán y las autoridades judiciales tienen la oportunidad de mostrar un verdadero compromiso con la justicia. Dejar pasar esta oportunidad no solo sería una tragedia para Patishtán y su familia sino para un país entero que anhela un sistema de justicia en el que pueda confiar.” concluyó Zapico.

Información adicional

El día de hoy tuvo el lugar en la Ciudad de México el foro “La justicia para todos” durante el cual diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación sobre el funcionamiento del sistema de justicia en México, dando especial énfasis al proceso contra Alberto Patishtán.

Amnistía Internacional envió el pasado 20 de marzo una carta a los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado Vigésimo de Circuito con el propósito de hacer de su conocimiento las preocupaciones de la organización con relación al caso del profesor indígena Alberto Patishtán. Este tribunal debe decidir próximamente el recurso de reconocimiento de inocencia promovido por Alberto Patishtán.

El 22 de octubre del 2012, Amnistía Internacional envío una carta a la y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que exponía las irregularidades y la importancia de asegurar que el poder judicial valore las pruebas en el proceso a la luz de la propia jurisprudencia del poder judicial emitida desde la sentencia original contra Alberto Patishtán y que ha supuesto importantes avances en materia de derechos humanos y garantía del derecho a un juicio justo e imparcial.

El 6 de marzo de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por tres votos contra dos resolvió no retener la competencia sobre el incidente de reconocimiento de inocencia de Patishtán. Como resultado de esta decisión el proceso fue retornado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Boletín de Democracy Now! en Español


Los titulares de hoy

baje el audio

Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web

El Resto de la Hora de Democracy Now!

Al menos 525 personas murieron el miércoles en Egipto, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron dos acampes de protesta llenos de partidarios del presidente derrocado Mohamed Morsi. La Hermandad Musulmana dice que el número real de muertes es superior a 2.000 y han convocado a nuevas manifestaciones para el día de hoy. El ejército egipcio defendió la represión y declaró el Estado de sitio en el país. Más...

Bradley Manning expresa pesar por las "consecuencias no deseadas" de la filtración de documentos

El miércoles, en una de las últimas audiencias del proceso de sentencia, Bradley Manning se disculpó por haber filtrado documentos clasificados a WikiLeaks. Manning enfrenta una condena de hasta 90 años de prisión luego de haber sido declarado culpable de 20 cargos el mes pasado. En su declaración dijo: "Lamento las consecuencias no deseadas de mis actos. Cuando tomé estas decisiones, creía que iba a ayudar a la gente, no a dañarla". Y añadió: "Fui conciente de lo que hacía y de las decisiones que tomé. Pero no dimensioné verdaderamente las consecuencias de mis actos. Más...