Orizaba, Ver.- El gobierno federal agudiza la militarización del país para detener la protesta social por las condiciones económicas de la población, además alienta la creación de grupos paramilitares para atacar verbal y frontalmente a las organizaciones sociales y contener las protestas por el crecimiento de la pobreza y el fracaso de las políticas “neoliberales” que se aplican en el país.
En este sentido, Adolfo Tlaxcala, representante en la zona centro del estado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, plantea que el gobierno federal está muy lejos de resolver los problemas sociales de la clase mayoritaria del país.
Por ejemplo, el escenario nacional actual “es de condiciones de pobreza y miseria que con el actual modelo económico tienden a agudizarse. Las leyes neoliberales sólo provocan el detrimento de las masas populares”, señala.
Por ello, agrega, “la sociedad tiene una tarea ineludible: la unidad de todos los sectores en lucha, pero sobre todo la decisión de transformar las condiciones actuales de hambruna, miseria y explotación; necesidad que requiere el concurso de hombres y mujeres, como sujetos sociales llamados a sacudirse los yugos de la explotación”.
La realidad del país describe que en la lucha de clases en nuestro país “cada vez más se ciñen las cadenas de la represión y se hace uso de todas las formas de criminalizar la pobreza y protesta popular”.
Hoy, “el paramilitarismo se ha institucionalizado, la militarización sigue su curso, cobrando a su paso miles de víctimas y, por si fuera poco, se condena a toda aquel esfuerzo independiente por construir la organización popular”.
Pero al mismo tiempo, “se intenta restar fuerza a las organizaciones como la nuestra, creando grupos paramilitares que hagan el trabajo sucio del Estado, orquestando una campaña de difamaciones con el único objetivo de generar el clima perfecto para la represión”.
Esta estrategia contrainsurgente “se aplica como política de Estado para calumniar a las organizaciones, etiquetándoles diferentes adjetivos que criminalizan, tratando de generar confusión para que cuando se desate la represión y ésta sea dirigida específicamente a las organizaciones independientes y luchadores sociales, se acepte como un mal necesario en esta ola de violencia”, expone.
En el país, hay dos claros ejemplos: “en Chiapas, en donde se libra una campaña de criminalización donde se nos intenta tachar de paramilitares, y el caso de Michoacán, en donde se asegura que nuestra organización es financiada por los cárteles del narcotráfico por nuestra exigencia al cese a la militarización de aquel estado”.
“Nada más falso y pernicioso que tratar de vincularnos con grupos del narcotráfico, por el hecho de manifestarnos contra la militarización. Campaña que logramos revertir gracias al amplio arraigo a las masas populares y sus organizaciones”, precisa.
Es un hecho que el Estado mexicano “ya descaró su estrategia contra el proyecto que como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo representamos y contra aquellos con los que nos hemos coordinado, dentro de este escenario está la mano tendenciosa del Estado en lucha franca contra los que representamos una alternativa con amplio arraigo en las comunidades indígenas-campesinas y sectores populares”, declaró.
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