martes, 21 de enero de 2014

Autodefensas, mal necesario ante inoperancia del gobierno para combatir el crimen: Sicilia



El fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, consideró que la existencia de los movimientos de autodefensa en el estado de Michoacán “es un mal necesario” ante la inoperancia de un gobierno que “armado hasta los dientes” y con un gasto multimillonario en materia de seguridad, se mostró incapaz de combatir al crimen organizado en dicha entidad.

Entrevistado luego de participar en la presentación del informe “No Más Armas” elaborado de manera conjunta por Global Exchange y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), el poeta y escritor agregó que las policías comunitarias encabezadas por José Manuel Mireles e Hipólito Mora han sido más eficientes que las autoridades federales, estatales y municipales en los últimos siete años, ya que lograron acorralar a los delincuentes en unos cuantos meses.

En este sentido, hizo un llamado al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para que no intente desarmar a las autodefensas, ya que el monopolio del estado sobre la violencia no ha funcionado y la única salida que encontró la población para lograr la paz en sus comunidades, es recurrir a las mismas armas que utilizan los grupos criminales.

“Ellos tienen que seguir soportando que les sigan violando a sus hijos, que le sigan matando a sus hijos y que los sigan extorsionando, resulta paradójicamente que las autodefensas han sido mucho más eficientes que todo el Estado y todo lo que se ha invertido en armas en este país, el problema de las autodefensas es un mal necesario”, puntualizó.

Javier Sicilia añadió que durante los últimos siete años, los gobiernos de México se han caracterizado por la corrupción y la indolencia ante el tráfico de armas y el narcotráfico, por lo que no se castiga a los servidores públicos ni a los empresarios que cometen delitos, provocando el desamparo del resto de la población.

Dijo que desde la Caravana del Sur que se realizó a finales del año 2011, él percibió a gente que estaba dispuesta a defenderse a sí misma, ya que el estado claudicó ante los grupos criminales de nuestro país mientras la gente padecía el horror en sus propias comunidades.

“Hace dos años mientras se realizaba la Caravana del Sur se los advertimos al gobierno, es el último movimiento pacífico que va a tener el país, me preguntaron si me iba a radicalizar, pero yo les respondí que ´no´, pero que si no atendían las demandas de la gente, simplemente le estaban enviando el mensaje a las personas de que tenían que organizarse de otra manera”, concluyó.

Si continúa la misma estrategia, sólo queda la resistencia armada: Sicilia


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (apro).- El fundador del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Javier Sicilia, advirtió que mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto mantenga la misma política de seguridad de su antecesor y se dedique a “administrar la desgracia y el infierno”, el único camino a seguir es la “resistencia armada”.

Durante la presentación del Informe #No+Armas#Nomoreguns, el poeta y colaborador y de la revista Proceso consideró legitimo y un “mal necesario” la constitución de autodefensas armadas en el país, sobre todo en el estado de Michoacán, ante las omisiones del Estado mexicano y su incapacidad para detener a miembros de la delincuencia organizada.

Luego de subrayar que está en contra del uso de armas, Sicilia reconoció que la población tiene que defenderse, y eso es legítimo, pero lo que no se puede permitir, dijo, “es que en nombre de la ineficiencia y del uso exclusivo y legítimo de la violencia del Estado, la gente siga en estado de indefensión, la gente siga muriendo, la gente siga desapareciendo. O recuperamos las armas y vuelven a recuperar su condición de garante de la paz y la justicia de este país, o el único camino que le van a dejar a la gente, por desgracia, es la resistencia, y la resistencia armada”.

Añadió:

“Yo no puedo tolerar en nombre de qué el gobierno que no ha cumplido su razón de ser, que es darle paz y seguridad a estos ciudadanos, y en nombre del uso legítimo de la violencia que supuestamente tiene el Estado y que ni siquiera sabe ejercer, la gente tenga que padecer que le maten a sus hijos, que le secuestren a sus hijas, que se las violen, que se las descuarticen. Ni modo”.

El poeta insistió que es inaceptable que un gobierno como el mexicano, “armado hasta los dientes”, no pueda hacer nada para detener a “criminales también armados hasta los dientes”, por lo que debería empezar por ejercer un control absoluto de las armas.

“Si hubiera control de armas no tendríamos una población en autodefensa, ni modo, es un mal necesario, la gente tiene que defenderse”, apuntaló Sicilia al recordar que en las reuniones con los candidatos presidenciales, en 2012, el MPJD advirtió que la prioridad era atender la “tragedia humanitaria”, en parte a través del control de armas tanto en Estados Unidos como en México.

“Si no jalan hacia donde nosotros estamos indicando, el mensaje que le están dando a la población es que hay que defenderse de manera violenta”, apuntó.

Sicilia reprochó que los gobiernos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto hayan excluido de su agenda bilateral el tema del control de armas y la liberalización de las drogas.

En el caso del presidente mexicano, lamentó que haya priorizado las reformas estructurales, mientras en materia de seguridad siguió la misma estrategia del sexenio pasado. “Y ahí están los resultados, la continuación del dolor, del sufrimiento, el borramiento de las víctimas. Dejan de existir en la lógica. Por la forma que usan el discurso del poder, apoyados por los medios de cómo se está manejando el problema de Michoacán, seguimos con más de lo mismo, es un gobierno que llegó, por desgracia, sin darle la dimensión a la tragedia humanitaria, ni a la emergencia nacional. Llegó a administrar la desgracia y el infierno”.

El informe #No+Armas#Nomoreguns, elaborado por el MPJD, Fellowship Or Reconciliation (FOR) y Global Exchange, en colaboración con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), contiene 2 mil 921 registros de armas traficadas entre 2006 y 2012, y “es sólo una muestra de lo que en un día y medio se trafica con armas entre Estados Unidos y México”, resaltó Roberto Villanueva, también integrante del MPJD.

Y es que día a día se estima que al país llegan 2 mil armas procedentes de Estados Unidos, es decir 60 mil al mes, compradas en algunas de las 9 mil armerías a lo largo de la frontera, por lo que en México habría entre 15 y 20 millones de armas circulando, agregó Jacobo Dayan, director de Contenidos del Museo de la Memoria y Tolerancia.

Sobre la base de datos del informe, 40.5% de las armas fueron decomisadas por posesión ilegal, en tanto que 14% de las más de 2 mil 900 fueron utilizadas para cometer un homicidio.

De acuerdo con el análisis realizado por las organizaciones, con base en información de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de de Fuego (ATF), 50% de las armas de la base de datos fueron compradas en Texas y 30% en Arizona; dos de cada cinco fueron recuperadas en Sonora y Tamaulipas, y cada arma está en circulación en México entre seis y dos años.

Ernesto López Portillo, director de Incyde, destacó que la información obtenida por las organizaciones se originó de una filtración en Estados Unidos por la prevalencia de una “fractura de los mecanismos de rendición de cuentas de los aparatos de seguridad en ambos países”.

Al señalar que la gravedad del contrabando de armas se traduce en los 25 mil homicidios que se cometen al año en México, de los cuales ocho de cada 10 permanecen impunes, López Portillo señaló que “las armas circulan todos los días, porque hay una estructura, un montaje de tamaño descomunal para que eso pase, y los aparatos de seguridad no se componen a sí mismos sin una presión social hacia la rendición de cuentas”.

Acampan 70 familias afuera de mina en Zacatecas contra abusos de minera


Por Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal

Zacatecas, Zac. Alrededor de 70 familias de las comunidades Las Mesas y Anexo Cedros, municipio de Mazapil, mantienen un plantón desde el pasado jueves en el acceso principal de la mina de oro a cielo abierto Peñasquito de la empresa canadiense Goldcorp.

Los ejidatarios exigen una revisión del contrato que signaron con esa empresa minera en 2006, cuando arrendaron sus tierras a Goldcorp en condiciones que ahora se vislumbra “fueron muy desventajosas para los campesinos”, afirmó Alfonso Herrera, abogado de los manifestantes.

Vía telefónica desde el acceso principal a Peñasquito, donde se mantiene el plantón –a unos 265 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas—, el abogado solicitó la presencia de los medios de comunicación, locales y nacionales, para que “se enteren de los abusos y la alevosía con la que ha actuado esta compañía en Mazapil”.

Herrera informó que los ejidatarios de Las Mesas y el Anexo Cedros ya interpusieron recursos legales de revisión ante las autoridades correspondientes, para obligar a Goldcorp a “revisar los contratos” que signaron con los campesinos hace casi ocho años, para poder explotar los yacimientos de oro en la región.

Sin embargo, dijo el abogado, los ejidatarios y sus familias han optado por realizar un plantón permanente frente al acceso principal de Peñasquito –que se inició el pasado jueves 16 de enero—, debido a que los funcionarios de la trasnacional minera se han negado a atender la petición formal de revisar los contratos.

“No nos han atendido, han sido evasivos como es su costumbre, y queremos que se sepa a nivel nacional e internacional de este gran problema que los habitantes de esta región de Zacatecas tienen con Peñasquito”, añadió.

El litigante de igual manera aseguró que “ya existe un grave problema de contaminación ambiental en Peñasquito, pues han ocurrido derrames en la presa de jales, donde hay sustancias tóxicas como cianuro y metales pesados que han contaminado el suelo y subsuelo del lugar”, sin que las autoridades ambientales hayan intervenido.

Sobre el plantón en Peñasquito, el gobernador Miguel Alonso Reyes afirmó este martes que se enteró de la protesta “a través de la propia empresa, de que se había tomado parte de las instalaciones, de los accesos”, aunque acotó que la acción la emprendió “un grupo de personas que no son aparentemente del ejido, donde hay una situación jurídica en curso”.

“Hemos estado atentos a través de la Secretaría General de Gobierno como interlocutores, para que a través de una mesa de diálogo se pueda resolver este problema y que no se vaya a agudizar, o no se vaya a complicar”, dijo el mandatario zacatecano.

Sin embargo, y a pesar del plantón de ejidatarios, Alonso Reyes destacó que las operaciones de la compañía minera no se han suspendido, las actividades extractivas y metalúrgicas del complejo continúan: “el reporte que tengo es que se sigue operando por parte de la empresa y que está un enlace de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Economía del Estado al pendiente de la situación que pudiera presentarse”.

Pocos avances de México en procesar delitos por combate anticrimen: HRW


Sao Paulo.

Human Rights Watch pintó el martes un precario cuadro de derechos humanos en América Latina, donde según el grupo la brutalidad policial, la violencia política y los intentos de algunos gobiernos por amordazar a sus críticos continuaron siendo comunes en el 2013.

En su informe anual presentado en Sao Paulo, HRW aplaudió al presidente mexicano Enrique Peña Nieto por haber reconocido las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de la guerra al narcotráfico.

"Sin embargo el gobierno logró pocos avances en procesar los extendidos asesinatos, desapariciones forzosas y torturas cometidas por soldados y policías en el curso de los esfuerzos por combatir el crimen organizado, incluyendo durante el mandato de Peña Nieto", dijo el reporte.

"La tortura continúa siendo extensamente practicada en México para obtener confesiones forzosas y extraer información", añadió HRW, que criticó la impunidad que ofrece el sistema judicial a las fuerzas armadas.

HRW dijo estar preocupado también por la concentración de poderes del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

"La acumulación de poder en el ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos permitieron al gobierno intimidar, censurar y procesar a sus críticos", dijo respecto a Venezuela la organización no gubernamental con sede en Nueva York.

"Abusos policiales, condiciones de las prisiones e impunidad sobre abusos cometidos por las fuerzas de seguridad continúan siendo problemas serios", añadió.

El Informe Mundial 2014 de HRW denunció por otra parte la brutalidad de la guerra civil en Siria, donde el grupo dijo que la comunidad internacional no está haciendo lo suficiente para frenar los asesinatos de civiles por parte de las fuerzas armadas ni los abusos cometidos por los grupos rebeldes que intentan derrocar al presidente Bashar al-Assad.

Asimismo sostuvo que asesinatos, amenazas y desplazamientos forzosos continúan siendo practicados rutinariamente por guerrilleros y grupos de paramilitares en lugares más cercanos como Colombia.

HRW teme que algunas reformas constitucionales promovidas por el presidente colombiano Juan Manuel Santos "despejan el camino para una amplia impunidad para las atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares" si el gobierno logra un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

CONDENA AL SILENCIO A LA PRENSA

El grupo de derechos humanos condenó además los intentos de varios gobiernos de América Latina por regular y en algunos casos incluso silenciar a la prensa. HRW citó a Venezuela, pero también mencionó leyes de medios en Argentina y Ecuador.

En cuanto a América Central destacó que sigue siendo asolada por niveles brutales de violencia. Uno de los peores casos es Honduras.

"La tasa de asesinatos, que ha subido consistentemente durante la última década, fue la mayor del mundo en el 2013", dijo el grupo. "Los perpetradores de asesinatos u otros crímenes violentos rara vez son llevados a la justicia". En Cuba las autoridades comunistas dejaron de encarcelar por largos períodos a los opositores y también relajaron sus restricciones de viaje al extranjero, dijo HRW.

"Sin embargo, el Gobierno cubano continúa reprimiendo a los individuos y grupos que critican al Gobierno o reclaman derechos humanos básicos", dijo el reporte, que cita instrumentos como palizas, despidos y amenazas de prisión.

"Los arrestos de corto plazo se incrementaron dramáticamente en los años recientes", añadió.