martes, 28 de enero de 2014

Padre lleva 12 días en plantón por muerte de su hijo; el gobierno de Yucatán lo ignora


MARCELA TURATI

José Felipe Castillo, muerto en 2011 en Yucatán.
Foto: Especial

MÉXICO, D.F. (apro).- El encargado de la representación del gobierno de Yucatán en el Distrito Federal se ha negado a recibir al padre de familia Marco Antonio Castillo Castillo, quien lleva 12 días de plantón afuera de esa oficina para exigir al gobernador Rolando Zapata que cumpla la recomendación 34/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para esclarecer la muerte de su hijo adolescente, José Felipe Castillo, ocurrida en 2011 en dicha entidad.

Según el representante del gobernador, Ignacio Mendicuti Pavón, la recomendación ya fue cumplida. No obstante, esa afirmación es desmentida por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.

La legisladora aseguró que recibió información de la CNDH en el sentido de que aún no se ha cumplido esa recomendación, que exige a la fiscalía yucateca realizar una nueva investigación para esclarecer las causas de la muerte de José Felipe.

De acuerdo con las conclusiones de la fiscalía, el joven se suicidó, pero el padre asegura que fue asesinado y que “personas poderosas” están detrás del crimen.

“La recomendación está resuelta, (el gobierno) la aceptó, la contestó y resolvió la fiscalía del estado en el sentido de que no hay ningún delito que perseguir, pues su resolutivo fue que se debió a un suicidio”, dijo Mendicuti a Apro, y señaló que posiblemente el dolor ha cegado al padre de familia que ve una conspiración en su contra y hasta insinuó que se podría estar “lucrando” con la muerte de su hijo.

“Lleva tiempo haciendo plantones ante PGR, ante la CNDH, ante el gobierno del estado. Tengo entendido que fue recibido ya por el gobernador. Creo que está generando un ambiente de distorsión de las cosas. Lamentablemente tampoco se vale lucrar con la desgracia”, dijo el funcionario.

Aunque la recomendación emitida el 11 de enero de 2011 va dirigida al gobernador, Mendicuti manifestó que el señor Castillo Castillo equivoca la instancia ante la cual debe protestar.

“He estado plantado afuera de la oficina, pedí ver al representante del gobernador y nunca me atendió. Una noche que llegó le pedí a su chofer que le dijera que quería hablar con él, después salió una señorita que me dijo que me iban a llamar para concertar una cita y sigo esperando”, explicó este lunes el padre de familia.

Añadió:

“Aunque el crimen se cometió cuando la gobernadora era Ivonne Ortega, la recomendación viene dirigirá al gobernador y él la tiene que responder, porque la procuración de justicia es parte del gobierno del estado y él nombró a la procuradora como parte de su gabinete”.

Luego de que la representación señaló que la recomendación ya había sido cumplida, la senadora De la Peña envió un escrito al gobernador Zapata, fechado el 23 de enero, en el que menciona que al preguntar a la CNDH el nivel de cumplimiento de la recomendación le respondieron que se encontraba en “cumplimiento parcial”.

“Respetuosamente le solicito ponderar la pertinencia de dar cabal cumplimiento a la recomendación de la NCDH número 34/2013”, se lee en el escrito firmado por la legisladora.

En su recomendación, la CNDH estableció que la fiscalía de Yucatán extravió pruebas necesarias para realizar el estudio de criminalística (como el teléfono celular del adolescente y las prendas que vestía) y permitió que otras evidencias fueran sustraídas del expediente.

La fiscalía realizó algunas diligencias con un retraso de hasta un año, volviéndolas inútiles, y no realizaron otras que permitían acreditar el homicidio, ni los dictámenes periciales necesarios para la investigación, ni recabaron los testimonios de las personas que podían ayudar al esclarecimiento de la muerte.

El pasado jueves 23, el representante del gobernador se comprometió a dar una respuesta formal por parte de la fiscalía del estado a esta reportera, pero hasta el momento esto no ha ocurrido.

Aunque el funcionario mencionó que las conclusiones del gobierno daban como causa de la muerte el suicidio, al final de la entrevista mencionó: “No creo que se pueda inventar un delito. No hay nada que ocultar (…) Hay muchísimos delitos que no tienen solución”.

Dudoso, el papel de la CNDH

Aunque la CNDH emitió la recomendación que aún no ha sido cumplida, el pasado jueves 9 esta instancia “certificó” en derechos humanos a la fiscalía de Yucatán, luego de que los funcionarios recibieron cursos de capacitación impartidos por la propia comisión nacional.

Por ese hecho, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el señor Castillo y el centro de derechos humanos Indignación acusaron a la defensoría nacional de solapar la negligencia del gobierno yucateco y de actuar de manera ilegal.

“La CNDH ha incurrido en gravísimas contradicciones e ilegalidades en su proceso: Sin la anuencia y consulta con los padres de la víctima, se firmó un acuerdo de conciliación entre las partes, ello a pesar de que la CNDH detectó que la fiscalía de Yucatán nunca realizó el estudio de criminalística necesario para determinar las causas de la muerte de José Felipe y pese a ello, denunció el padre de la víctima, el expediente fue cerrado por el Ministerio Público local a los pocos días del deceso, afirmando que se había tratado de un suicidio”, indica la organización Indignación en un comunicado emitido el día que inició el plantón.

Menciona que las razones de la CNDH podrían estar sustentadas “en criterios de carácter político y no de un verdadero análisis” sobre la actuación de la fiscalía de Yucatán bajo los estándares más altos en materia de derechos humanos.

“Resulta gravísimo –agrega– que se pretenda sustituir el cumplimiento de obligaciones con otras medidas irrelevantes y que el criterio utilizado por la CNDH pueda estar basado en la cantidad de cursos en materia de derechos humanos que su personal ha tomado, y no en un análisis serio del desempeño de la fiscalía y de la obligación que, como institución pública, tiene de cumplir con el respeto pleno de los derechos fundamentales”.

Este es el tercer plantón del señor Castillo en el DF. En septiembre de 2013 protestó afuera de la sede de la CNDH en esta capital y, por la presión, la dependencia emitió la recomendación 34/2013 el 11 de septiembre en contra del gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y le demandó investigar de nueva cuenta hasta esclarecer si se trató de un homicidio y abrir una averiguación previa contra los funcionarios responsables de la necropsia y las irregularidades.

En esta ocasión, el padre de la víctima protesta porque a cinco meses de emitida y aceptada la recomendación no ha tenido avances.

Mujer da a luz en banqueta por negligencia médica…otra vez en Oaxaca


PEDRO MATÍAS


Un médico recibe a la niña en la banqueta.
Foto: Tomada de YouTube

OAXACA, Oax. (apro).- A los gritos de Nancy, le siguió un llanto nervioso al ver que su hija nació en la calle sin la atención de salud necesaria porque en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Ángel tuvo que quitarse su suéter para evitar que la recién nacida cayera al suelo: “yo detuve a mi niña hasta que llegó él (el médico) y pedía pinzas (para cortar el cordón umbilical) y ni así se apuraban sus compañeros”.

Con el caso de Nancy, de 21 años de edad, ocurrido en la zona mixteca del estado, suman cuatro las mujeres que han parido afuera de instituciones de salud de este estado por negligencia médica y ante la complacencia de las autoridades gubernamentales y sindicales. Sólo cuatro servidores públicos han sido cesados ante la presión de organizaciones civiles.



Por este nuevo caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rinda un informe del caso.

Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

Entrevistado vía telefónica, Ángel, un ayudante de albañil, narró que su esposa comenzó a tener mucho dolor la madrugada del domingo 26 de enero.

“La mera verdad, mi señora vino desde las 6 de la mañana al hospital. La checaron y le dijeron que todavía no le tocaba. Pasaron como dos horas y los dolores eran más fuertes y le decían que más al rato, y así pasaron tres horas y nada. Mejor nos fuimos para la casa”, contó.

Pero ahí, la mujer “se puso bien mala, se le reventó la fuente, estuvo sangrando y me la lleve al hospital. La metí cargando y (los doctores) decidan que todavía le faltaban cuatro centímetros y me hicieron que la sacara”.

Por el nerviosismo, Ángel no reparó en la hora, pero “serían entre las nueve o diez y media de la noche cuando mi esposa se hincó porque ya no aguantaba los dolores”.

A escasos metros del hospital, Nancy parió auxiliada por su madre y su esposo, mientras que la gente que pasaba por el lugar solicitaba el auxilio de los médicos y enfermeras del hospital.

“Tardaron como cinco minutos para que saliera (el médico) y cuando salieron yo ya tenía a mi niña en mis manos. La cubrí con mi suéter. Yo detuve a mi niña hasta que llegó él y pedía pinzas y ni así”, recordó el padre.

Un video de tres minutos y 10 segundos difundido en YouTube muestra la crudeza del alumbramiento donde se observa a la mujer con su bebé aún con el cordón umbilical, así como la preocupación de la madre por la salud de su niña y la actitud del médico que recomienda tranquilidad, pide una pinza, una camilla y que la gente apague las cámaras.

Ángel informó que decidieron denunciar el caso para que las autoridades “lo tomen en cuenta y no vuelva a suceder porque gracias a Dios mi niña y mi esposa están bien, pero no me gustaría que vuelva a suceder”.

Según el expediente de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca, la autoridad responsable es el personal médico del hospital general “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, ubicado en la región mixteca de Oaxaca, dependiente de los Servicios de Salud estatales.

Al ser cuestionado, el subsecretario de Salud, Maurilio Mayoral, negó que la mujer haya parido en la calle. Luego, reconoció que el secretario de Salud, Germán Tenorio, se trasladó al lugar para investigar el caso.

Respecto a que si fueron cesados los servidores públicos que incumplieron con su función al no atender a la mujer cuando pidió el servicio, se limitó a decir que su política es de “cero tolerancia”.

En su cuenta de Twitter, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) @ssoaxaca, informaron que el director del hospital y el médico de guardia presentaron su renuncia.

Negligencia recurrente

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.

Los casos fueron motivo de queja en la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca. En tanto, organizaciones civiles denunciaron discriminación hacia estas mujeres por su origen indígena.

Al mismo tiempo, exigieron al gobernador Gabino Cué, y a la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, la renuncia del secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos. Hasta el momento, el funcionario sigue en el cargo.

CNDH abre queja de oficio

Luego de que el video de la negligencia en el caso de Nancy se difundió en las redes sociales y los medios de comunicación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en contra de la mujer.

En un comunicado, el organismo informó que personal médico y visitadores adjuntos se trasladaron a de Huajuapan de León para integrar el expediente respectivo y estudiar el caso. Agregó que solicitarán información a la institución sanitaria y pedirán el testimonio de la víctima.

Tras concluir la investigación, el análisis y la valoración de las evidencias, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.

Como en los casos anteriores, la Comisión destacó que “las mujeres indígenas y, más aún, en estado de gravidez, deben ser atendidas sin distinción alguna. El derecho a la protección a la salud debe ser ejercido y exigido por todos, pero en mayor medida ser vigilados ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos”.

Es necesario garantizar, agregó, que las de comunidades indígenas tengan acceso a servicios de salud eficientes, oportunos, gratuitos y que se cumpla con el abasto adecuado de medicamentos y de personal médico capacitado.

Urgen a liberar a autodefensas de Aquila


Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa.
Foto: Enrique Castro

MÉXICO, D.F., (apro).- Hipólito Mora, uno de los líderes de las autodefensas en Michoacán, confió en que a en un mes a más tardar el gobierno federal libere a sus compañeros de Aquila presos desde agosto del año pasado.

“Ojalá los liberen ya pronto. Se tienen que liberar, ya llevan meses encerrados y es injusto”, dijo el líder comunitario en entrevista con Noticias MVS.

La liberación de las autodefensas de Aquila, dijo, no fue condición para la firma del acuerdo con el gobierno federal el lunes pasado, dijo, pero sí se ha abordado en otras ocasiones.

“No fue condición (la liberación para firmar el acuerdo) pero parece que ya los van a liberar, estoy seguro que sí. Yo creo que no pasa de un mes”, confió Mora, al referirse al trato diferenciado que ha dado el gobierno federal a otras autodefensas en el país, en particular a las de Guerrero que recién se organizó, y a la formada en Aquila, Michoacán, el año pasado.

El viernes 24 de enero habitantes de la comunidad de San Miguel Aquila pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto congruencia con el ofrecimiento a autodefensas de integrarse a fuerzas de seguridad, y al Poder Judicial Federal una resolución favorable para los 21 comuneros procesados bajo caución y los detenidos, 19 en Perote, Veracruz, y tres en Morelia.

Los comuneros fueron detenidos el 14 de agosto de 2013 en un operativo policiaco militar.

Según Guadalupe Díaz, representante de San Miguel Aquila, esa comunidad indígena era extorsionada por los Caballeros Templarios y víctima de abusos por parte de la minera Ternium, de origen ítalo-argentino.

El pueblo de Aquila mantenía un conflicto con la minera que compraba minerales en terrenos no concesionados a los Caballeros Templarios, por el incumplimiento de compromisos para el mejoramiento de la comunidad y por la complicidad con un grupo de ejidatarios que fue excluido de las regalías por la asamblea comunitaria.

Durante 12 años la delincuencia organizada extorsionó a los 401 ejidatarios que no tenían otra opción que disponer de los recursos de las regalías para salvaguardar su vida, entregando 27 millones de pesos durante ese periodo.

Los ejidatarios entregaron a los Templarios un promedio de dos mil pesos mensuales por ejidatario, reveló Guadalupe Díaz el pasado viernes.

Este lunes comuneros de San Miguel Aquila, realizaron una marcha en esta ciudad, del Auditorio Nacional a la Secretaría de Gobernación para exigir la liberación de sus compañeros.

Leonel Rivero, abogado de los autodefensas, dijo en entrevista que lo que buscan con la manifestación es llamar la atención del gobierno federal para que “se haga justicia” a los detenidos.

El defensor dijo que los detenidos están en cárceles de alta seguridad y que “hay un uso excesivo de la fuerza contra estos ciudadanos valientes que decidieron defender su vida, su propiedad y su familia.”
Asimismo, Rivero reprochó que a pesar de que el propio gobierno reconoció la importancia de los grupos de autodefensas los “tienen encerrados” y recordó que tres representantes comunales se encuentran desaparecidos desde el 25 de noviembre de 2013 y “hasta hoy, la autoridad ministerial no ha hecho nada por aclarar qué pasó con estas personas”, dijo.

José Reveles en el Círculo de Estudios Central.