jueves, 20 de febrero de 2014

VIDEO: La represion de la protesta social.

Indígenas rarámuri se oponen a gasoducto que afectará sus parcelas


PATRICIA MAYORGA

CHIHUAHUA, Chih., (apro).- Indígenas rarámuri de los municipios de Bocoyna y Urique se manifestaron en la comunidad de Creel para exigir a las autoridades que antes de emprender cualquier obra consulten a la población.

En el marco del Congreso Nacional de Lenguas Indígenas que se lleva a cabo en el hotel Quinta Misión, habitantes de las comunidades de Bosques de San Elías-Repechike (Bocoyna) y Bacajípare (Urique) advirtieron que la sola instalación del gasoducto El Encino, en Topolobampo, afectaría varias parcelas familiares.

Además, temen que los grupos delictivos asentados en la Sierra Tarahumara se fortalezcan con el gasoducto, ya que podrían ordeñarlo de manera clandestina y, como se ha visto en distintos lugares, hay el riesgo de que ello provoque fugas que pongan en peligro a las comunidades por donde pasará la tubería.

En el caso del aeropuerto que se pretende construir en Creel, así como el gasoducto, afectaría directamente a la comunidad de Bosque San Elías-Repechike –ubicada a 40 minutos de Creel–, conformada por 66 familias, precisaron.

El gasoducto también pasará cerca de un templo ubicado en San Luis Majimachi, del ejido Pito Real, en el mismo municipio de Bocoyna, lo que ha provocado incertidumbre en las comunidades porque oficialmente no se les ha informado nada sobre los proyectos.

El problema es la falta de consulta y, por consiguiente, de información, puntualizó el sacerdote Javier El Pato Ávila, mientras un grupo de indígenas que repartía volantes afuera del hotel donde se realizaba el Congreso Nacional era retirado por elementos del Ejército.

Explicó que en varios poblados hubo labor para persuadir a las autoridades ejidales, pero algunas no accedieron a la construcción de las obras. Sin embargo, los interesados ofrecieron hasta 10 mil pesos por persona para convencerlos de que firmaran los permisos sin darles mayor explicación.

“El problema es que la falta de consulta y de información está generando división en las comunidades, además de injusticias, y esto lo está haciendo el gobierno mexicano”, denunció el sacerdote jesuita.

En entrevista, el agricultor indígena Luis Pérez explicó que acudieron a Creel para manifestarse en contra de los proyectos, no sólo porque no los han tomado en cuenta, sino porque el cierre de caminos ha obligado a los niños a caminar cuatro horas más de su comunidad hasta Creel para llegar a la escuela.

Con una malla ciclónica cerraron los caminos por donde pasaban de las rancherías a Creel, San Ignacio y Bocoyna, y eso también ha dificultado el traslado de enfermos y de mercancía, apuntó.

Añadió:

“Tenemos ahora el problema del aeropuerto y del gasoducto que va a pasar dentro del territorio de la comunidad indígena y no se nos comunicó nada antes, y sabemos que va a pasar por las parcelas de la gente”.

Además, subrayó, de manera arbitraria los constructores taparon con piedras y tierra los manantiales más importantes para la comunidad. De ahí se surtían dos rancherías y también era una parada de descanso para las personas que viajan a pie, quienes en ese lugar se abastecían de agua, dijo.

Otro daño ambiental que les ha dejado la construcción del aeropuerto es la tala indiscriminada de árboles. Según Luis Pérez, la zona más afectada es la que se ubica al suroeste del poblado de Creel, a un costado de la carretera estatal Creel-San Rafael.

“No se ha visto beneficio alguno con la construcción del aeropuerto, no fuimos tomados en cuenta para opinar al respeto y tampoco incluidos como obreros, ya que las autoridades llevaron gente de fuera y lo mismo sucede con el inicio del proyecto del gasoducto”, manifestó.

Y advirtió que una vez que comiencen a funcionar el aeropuerto y el gasoducto, los daños serán mayores. Los indígenas rarámuri buscan que las autoridades reconozcan su derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado que les concede la Constitución Mexicana.

Desde hace 17 años la comunidad de Bacajípare ha sufrido daños por la contaminación de manantiales de donde se abastece de agua para su subsistir.

Esa contaminación es provocada por las descargas de aguas negras de los hoteles de cinco estrellas (Mirador, Posada Barrancas y Divisadero) y el complejo turístico Parque Aventuras, donde se encuentra el teleférico y la tirolesa con mayor longitud en el mundo.

Esos proyectos turísticos, promovidos por las autoridades estatales, tienen grandes expectativas con el funcionamiento del aeropuerto y el gasoducto, debido a que detonarían la economía en la zona norte del país.

En cuanto a la contaminación por la descarga de aguas negras de los hoteles, ha causado múltiples enfermedades, principalmente en los niños, y el deterioro del medio ambiente.

Desde 2002 el gobernador indígena de la comunidad presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la contaminación de los ojos de agua. Y apenas en enero pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aceptó que la contaminación en la zona rebasaba lo aceptado por la Norma Oficial Mexicana, pero hasta ahora no ha aplicado ninguna sanción ni amonestación.

Los pobladores han señalado que el gobierno y los empresarios turísticos tienen los recursos suficientes para resolver los problemas ambientales y de salud humana que han ocasionado, y han pedido que la Secretaría de Economía del estado y los dueños de los hoteles instalen mecanismos de tratamiento ecológico para las aguas negras y limpien los manantiales más afectados.

Los indígenas también manifestaron que si bien el gobernador César Duarte Jáquez y el fiscal Jorge Enrique González Nicolás ha dicho que la sierra está blindada por agentes de la Policía Estatal Única y elementos del Ejército Mexicano, en realidad la población de Creel se encuentra sin vigilancia, apenas con cinco militares, los únicos que quedaron después de los enfrentamientos, la última semana, entre un grupo delictivo y policías, que dejó un saldo de cinco muertos, entre ellas dos uniformados.

Duarte designa como vocero a exedil que encarceló a reporteros


NOÉ ZAVALETA

XALAPA, Ver., (proceso.com.mx).- Transcurrida la mitad de su sexenio, el gobernador priista Javier Duarte de Ochoa nombró a Alberto Silva Ramos, exalcalde de Tuxpan y exdelegado de Sedesol, como nuevo vocero y coordinador general de Comunicación Social.

En su primer año como alcalde, Silva Ramos demandó penalmente a cuatro periodistas por intento de extorsión. Los reporteros tuvieron que pasar varios meses en la cárcel.

Entre los cambios anunciados este día, Duarte designó a Jorge Carvallo Delfín, exlíder estatal del PRI y exsecretario particular del exgobernador Fidel Herrera como titular de la Secretaria de Desarrollo Social. Cabe recordar que hace dos años este personaje fue el responsable de los programas electorales del PRI.

En tanto, Gina Domínguez Colio hoy dejó de ser la vocera del gobernador y la coordinadora de Comunicación Social. El gobernador la compensó con la titularidad de la recién creada “Secretaria Técnica de la oficina del gobernador”.

Juan Manuel del Castillo, exsecretario particular de Duarte en la Secretaria de Finanzas y Planeación en el sexenio pasado, regresa a ocupar este cargo en el que anteriormente se desempeñaba.

Apenas ayer, Luis Ángel Bravo Contreras, expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), tomó protesta como nuevo Procurador General de Justicia de Veracruz (PGJE), pese a que tiene a cuestas dos averiguaciones previas en la Fiscalía del Estado por los probables delitos de “cohecho” y “lesiones” en contra de un agente del Ministerio Público.

En el caso de Silva Ramos, en mayo de 2011 acusó de intento de extorsión a Alejandro de la O, locutor radiofónico; Jorge Ricardez Manríquez, reportero de medios digitales y Telenews, a Isaias Armenta, empresario de Alianza Empresarial y a Carlos Antonio Ortiz productor de una radiodifusora por intento de extorsión. Ricardez Manríquez estuvo varios meses preso.

El exedil priista acusó a dichos reporteros de pretender extorsionarlo con una “cantidad millonaria” o de lo contrario revelarían fotografías personales y un reportaje que pondría en peligro su vida privada.

Solicita compañero de celda de Alberto Patishtán que gobernador revise su caso


NORMA TRUJILLO BÁEZ


A ALEJANDRO DÍAZ SANTÍS LO DEFIENDE EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ¦ FOTO ESPECIAL

Desde el Cereso número 5 de San Cristóbal de las Casas, Alejandro Díaz Santís, quien fue recluido en Veracruz en 1999, pide al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que intervenga para que lo liberen, “que me hagan justicia porque en mi expediente hay muchas irregularidades y violaciones a los derechos humanos, no tuve traductor, no hice lo que dicen, no entiendo mucho como hablan ustedes, hablo tzotzil, pero aprendí el castilla por Alberto Patishtán”.

A distancia, por teléfono, Alejandro recuerda que él fue encarcelado por instrucción del juez 5° de primera instancia en Veracruz, así inició su condena bajo el expediente 162/99 y en un atropellado español que ha aprendido durante en los 15 años que lleva en prisión, narra: “fui Veracruz, trabajar porque pensé que allá iba a estar bien, vendía dulces con mi esposa y tenía un bebecito de año y medio, vivían en una casa que de la puerta había escalones, era de muchas piedras y el bebecito se cayó, se pegó y murió, llegó la policía y no entendí que decían y ahí estaba un primo también y le empezó la policía a preguntar '¿Qué pasó?', lo policías le dijeron acusa a tu primo, pero tampoco sabía qué le decían y con la cabeza dijo 'sí'”.

Llegó de Tzoeptic, Mitontic, Chiapas, pero desde hace 15 años está encarcelado, primero en el reclusorio Allende, después enviado a Perote, pero ante la injusticia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (CDHFBC) solicitó su traslado al estado de Chiapas para poder llevar su defensa y pudiera estar con sus familiares. Allí conoció a Alberto Patishtán Gómez, quien fue su compañero de celda y quien recibió un indulto presidencial en octubre de 2013.

Alejandro Díaz Santís, después de una solicitud que hiciera el CDHFBC para que fuese trasladado a su estado, hoy se encuentra en el Cereso 5 y formó parte del grupo de indígenas que se encuentran recluidos en penales de Chiapas y pertenecientes a las organizaciones de la Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, se declararon en huelga de hambre y ayuno, en septiembre pasado, pero que su caso ha alcanzado dimensiones internacionales.

Se ha integrado a las organizaciones Voz del Amate, Solidarios de la Voz del Amate y Voces inocentes, Alejandro señaló que las autoridades veracruzanas no le tomaron declaración en su lengua original y no habla el español y así lo sentenciaron a 30 años de presión por el delito de homicidio y violación de su bebé, pero ante la promoción de un amparo, le redujeron cuatro meses y su sentencia es de 29 años seis meses.

El indígena tzotzil dijo que “Patishtán me decía, 'tienes que hablar más castilla, para poderte defender, no ves que saber puro tzotzil hace más difícil que te escuchen'. Y sí, aprendí el idioma y más. Ahora sé cómo apoyar a los compañeros presos para que les respeten sus derechos humanos y yo pido al gobernador de Veracruz y al presidente de México que revisen mi caso, que yo no hice nada solo que no sabía defenderme ni hablar castilla y no tuve traductor”.

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP


A los medios libres, comunitarios, independientes, autónomos

A los periodistas y prensa nacional e internacional

A la sociedad civil

Les enviamos boletín del Frayba:
Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Agradeciendo su difusión

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

20 de febrero de 2014

Boletín de prensa No. 04

Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP

Violaciones al derecho a la dignidad de la familia

El 18 de febrero de 2014, integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documentamos que durante el levantamiento del cuerpo, por muerte sospechosa, del Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández (en adelante Manuel) dirigente de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), en Teopisca, se cometieron violaciones al derecho a las garantías judiciales. Los hechos fueron perpetrados por funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas quienes incumplieron con los estándares mínimos para el trabajo de campo durante el proceso de investigación. Además las fotos que se tomaron se difundieron públicamente en violación al derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia.

Ese día a las 14:30 hrs. integrantes de la ONPP encontraron el cuerpo sin vida de Manuel, en evidente estado de descomposición y tirado en un basurero en el perímetro de los bienes comunales de Teopisca. En ese momento se informó a la oficina de la Fiscalía de Distrito Altos de Teopisca, siendo hasta cerca de cuatro horas después, aproximadamente a las 18:15 hrs., que llegó la Lic. Carolina Hernández Álvarez, fiscal titular del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, acompañada por una oficial auxiliar y siete integrantes de protección civil de Teopisca.

Según documentación recabada el levantamiento del cadáver se dio sin herramientas profesionales y no acudieron expertos criminalistas de campo: perito médico, planimetrista (quien se encarga de resguardar las pruebas del lugar), ni fotógrafo – las fotos fueron tomadas por la oficial auxiliar del MP y elementos policiacos -. En el lugar del hallazgo no se preservó el área mediante un acordonamiento y se desestimó evidencia como huellas de carro y una hamaca; no llevaban luces especiales para revisar el lugar, siendo que ya anochecía; además se levantó el cadáver envolviéndolo en una cobija, subiéndolo en una camilla y, a las 18:37 hrs., transportado en un camión prestado por la ONPP (ya que el de la protección civil era inadecuado) al panteón municipal de Teopisca.

Derivadas de las violaciones a las garantías judiciales, se vulneraron el derecho a la honra y a la dignidad de Manuel y su familia publicándose, en portales de internet y periódicos, las fotos del cuerpo en el lugar del hallazgo.

Por lo anterior, hemos documentado las violaciones de los derechos al debido proceso, garantías judiciales, a la honra y a la dignidad incluidos en instrumentos y convenciones internacionales, regionales, entre ella, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8°, 9°, 11°, 14º y 25°, mismos de carácter obligatorio e inderogable por el Estado mexicano.

Consideramos sumamente grave la conducta no profesional de funcionarios de la Fiscalía de Distrito Altos, por tanto exigimos que las investigaciones sobre el caso se den a fondo y exhaustivamente para así deslindar responsabilidades por el suceso; asimismo se respeten, protejan y garanticen en todo momento los derechos humanos de la familia de Manuel.

Antecedentes:

El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, Manuel salió de su domicilio con destino a la casa de su papá, Jesús Pedro Vázquez Jiménez, y desde ese entonces se desconoció su paradero. Por la desaparición, el 17 de febrero del mismo año, se presentó una denuncia ante el MP de Teopisca por lo que se abrió número de expediente: 017/AL65/2014.

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