viernes, 28 de febrero de 2014

Otra vez Oaxaca: Dejan tijeras en matriz de indígena, entra en coma y fallece


MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por otro caso de negligencia médica en un hospital de Oaxaca, el cuarto del año.

Ahora se trata del caso de una indígena permaneció en coma un año a causa de que los médicos que la atendieron olvidaron unas tijeras en la matriz tras practicarle una cesárea en el hospital rural de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Este caso es anterior a los cuatro en que igual número de mujeres han parido en jardines y banquetas afuera de hospitales al negarles atención médica y que también son investigados por la CNDH.

De acuerdo con el organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva, el 10 de febrero de 2013, una mujer dio a luz a unas gemelas en Hospital rural de Miahuatlán. La primera nació por parto natural y para la segunda bebé debieron practicarle una cesárea.

Al día siguiente, la madre se sintió mal, tuvo fiebre y dolores en el vientre; los médicos la mantuvieron en observación y cuatro días después la dieron de alta.

Dos días después, el 17 de febrero, fue internada nuevamente en el mismo hospital donde la operaron de emergencia porque tenía una grave infección en la matriz provocada presuntamente porque personal médico “olvidó” unas tijeras en la matriz, después de dar a luz a sus gemelas.

Un día después de la operación informaron a la familia que la mujer había entrado en coma inducido y así permaneció todo un año hasta que el pasado martes 25 falleció.

Ante la presunta negligencia médica, la CNDH envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos para entrevistar a familiares de la víctima, al personal médico y de enfermería del nosocomio. Además para solicitar información a las autoridades sanitarias y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca.

A través de un comunicado, el organismo nacional defensor de los derechos humanos, insistió en la importancia de brindar atención médica hacia los pacientes, con oportunidad, “al ser la vida un derecho humano fundamental”.

Y es que en Oaxaca han sido recurrentes los casos de negligencia médica por desatención a mujeres embarazadas.

El pasado 27 de enero, una mujer dio a luz a su hija en la banqueta debido a que en el Hospital “Pilar Sánchez Villavicencio” de Huajuapan de León, no la quisieron atender.

Por este caso, la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/RM/04/(07)/OAX/2014 y emitió una medida cautelar al secretario de salud, Germán Tenorio Vasconcelos, para que rindiera un informe del caso.

Además, la CNDH abrió una queja de oficio para investigar presuntas violaciones a derechos humanos cometidas contra esta mujer.

A principios de octubre de 2013, Irma López, una mujer de origen mazateca parió en el patio trasero de la clínica rural del municipio indígena de Jalapa de Díaz. Una enfermera y el médico responsable del turno fueron acusados de abuso de autoridad y omisión.

Otro caso fue el Alma Ruth Mendoza Martínez, cuyo bebé nació en la calle, en las inmediaciones de la clínica del municipio de San Antonio de la Cal. El médico responsable y el director de la clínica fueron separados de sus cargos.

A finales de ese mismo mes, una mujer de nombre Cinthia, tuvo a su bebé en el baño de la posada del Centro de Salud de la comunidad San Jacinto Amilpas. Aunque las autoridades pretendieron ocultar el caso, ella lo denunció el 11 de noviembre.

En los tres casos, se denunció la negativa de las autoridades médicas para dar el servicio, con el argumento de que aún les faltaba tiempo para que naciera su bebé.

Amparo masivo de MMPV contra determinaciones de la SEP e INEE


Un promedio de 500 maestros y maestras interpondrán un amparo ante los juzgados federales en los distritos de Xalapa, Tuxpan, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos en contra de los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En conferencia de prensa, el docente integrante del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) Guillermo Nonalaya Toralva dijo que con motivo de la armonización de la Ley de Educación del Estado de Veracruz con la llamada reforma educativa, pretenden demandar el pleno respeto a los derechos laborales, y humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales.

El maestro aclaró que asistió sólo él a ofrecer la conferencia de prensa porque sus compañeros estaban frente a grupo, con sus alumnos; de lo contrario, la SEP y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) les descuentan salarios.

Entre las peticiones que hacen los maestros a los diputados locales, es que en la armonización de la ley federal con la local se contemple que, en caso de cualquier falta en que esté acusado el maestro, tenga derecho a una acta administrativa previa a cualquier sanción, con la presencia del afectado, de su representación sindical, asesor jurídico, de los testigos y que haya pruebas.

También piden a los diputados locales que se respete el derecho de bilateralidad en las relaciones de trabajo, como un principio de respeto a la legislación laboral. Además solicitaron que haya pleno respeto a la educación gratuita y no se permita que se legitimen las donaciones o cuotas escolares supuestamente voluntarias, o de cualquier naturaleza, en perjuicio de alumnos y padres de familia.

Al finalizar, el maestro anunció que el 11 de marzo interpondrán los amparos para detener la regresiva reforma educativa y sus criminales afectaciones a la educación pública, los derechos laborales y humanos universales e inalienables.

GUERRERO: Intercede el obispo Vera por quienes descubrieron la bodega del DIF: APPG


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 27 de febrero. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, envió una carta al gobernador Ángel Aguirre Rivero en la que lo responsabiliza por la seguridad de los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), quienes en días pasados hallaron en el almacén del DIF toneladas de despensas que eran destinadas a los damnificados por la tormenta Manuel pero que permanecieron ocultas durante cinco meses.

En conferencia de prensa, el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, dio a conocer que en días pasados los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad que encabeza el obispo de Saltillo, a través de una carta dirigida al gobernador del estado le hace del conocimiento de que han recibido de diversos activistas sociales de Guerrero la preocupación por la seguridad física y sicológica de miembros de la APPG y de su dirigente, luego de la irrupción al almacén del DIF estatal, con la que se evidenció las toneladas de víveres y enseres que las autoridades no entregaron a los damnificados por la tormenta y que mantenían ocultas en dichas instalaciones.

En la carta, el obispo manifestó que algunas de esas despensas y paquetes de víveres aún tenían leyendas alusivas a los damnificados de Guerrero.

“Ante el contexto de criminalización a las y los activistas sociales, las y los defensores de derechos humanos, en el estado de Guerrero y a nivel nacional, responsabilizamos al gobierno del estado de Guerrero que usted representa, de la seguridad del activista social Nicolás Chávez, dirigente e integrantes de la APPG”, destaca la misiva.

El gobierno federal encubre fraude multimillonario contra ex braceros, acusan viudas e hijos


Por Laura Poy Solano

Reclaman el amparo de la justicia que falló en su favor. Foto José Antonio López

México, DF. Viudas e hijos de ex braceros mexicanos denunciaron que el gobierno federal ha utilizado "todos los mecanismo burocráticos y políticos para encubrir un fraude multimillonarios" contra miles de trabajadores que laboraron en territorio estadunidenses, y a quienes se les retuvo 10 por ciento de su salario para un fondo de ahorro.

En conferencia de prensa, representantes y familiares de los ex braceros, señalaron que el presidente Enrique Peña Nieto debe dar a conocer dónde están los recursos que retuvieron a 2.5 millones de connacionales que participaron en el programa bracero de 1942 a 1964, a quienes "se les descontó cantidades considerables de sus ingresos en dólares".

Señalaron que desde el pasado 18 de febrero, el juez tercero de Distrito, Rodrigo Mauricio Zeron de Quevedo, concedió el amparo y la protección de la justicia a 2 mil 559 ex braceros, viudas e hijos, a quienes el gobierno federal debe "entregar los recursos que le fueron retenidos a los trabajadores, pues el artículo quinto constitucional estable claramente que no se puede retener el salario a quien ya lo ha devengado, a menos que sea por la orden de un juez", afirmó Porfirio Martínez, abogado de los quejosos.

Informaron que el gobierno federal, que encabeza Enrique Peña Nieto, debe cumplir la sentencia de un juez que obliga a dar a conocer el paradero de los fondos y su entrega a los ex braceros, pues el plazo para que solicite el recurso de revisión contra el amparo otorgado vence el próximo martes.

Rosa Martha Zárate, representante de la organización de ex braceros, informó que se trata de monto "multimillonarios que por décadas el gobierno mexicano se ha negado a pagar, y que en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, se pretendió dar por saldado con el pago de un apoyo social por 38 mil pesos".

Aseguró que 150 mil ex braceros recibieron estos recursos, pero "se les exigió que copiaran un texto en el que renuncia de una vez y para siempre al cobro de su fondo de ahorro". Se trata, dijo, de personas que "con dificultad saben leer y escribir, y no comprendemos cómo el gobierno mexicano incurre en este tipo de engaños, cuando lo que se está denunciado es una página de nuestra historia que ha querido ser silenciada".