miércoles, 5 de marzo de 2014

[comitecerezo] Agradecemos su solidaridad


Agradecemos a todas las organizaciones de DH, sociales y estudiantiles, así como a los colaboradores y amigos del Comité Cerezo México por su apoyo y solidaridad ante los últimos ataques.

Ante esta muestra de solidaridad, les decimos que seguiremos defendiendo los derechos humanos de todos aquellos a los cuales les son violados sus derechos, aunque esto nos acarree nuevos ataques, hostigamientos o amenazas.

Su solidaridad nos dice que no estamos equivocados y nos alienta a seguir trabajando para aquellos que por motivos políticos son detenidos, encarcelados, ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos de manera forzada.

Aprovechamos este espacio para denunciar que nuevamente fueron arrancados los carteles de nuestro proyecto económico en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el día de hoy llegamos a las 10:00 y notamos que fueron retirados de manera total nuestros plotters informativos, esta agresión no es nueva ni es a raíz de los hechos del 3 de marzo, pero es la misma que ya habíamos denunciado en octubre del año 2013. En esa ocasión consideramos que se trataba de un Hostigamiento contra nuestra organización.

También queremos denunciar el hecho de que al salir de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aproximadamente a las 18:30 pm de hoy, un sujeto alto, moreno y fornido, con una macana policiaca que se asomaba de un portafolio café de piel que portaba en la mano derecha, tomó con su celular una fotografía a los miembros del Comité Cerezo México de una manera intimidatoria, si bien los hechos del 3 de marzo han desatado una campaña contra nuestra organización, no es algo que no tenga antecedentes, seguimos responsabilizando al Estado de la integridad física y psicológica de los miembros y colaboradores del Comité Cerezo México y de las personas solidarias con nuestra organización.

Comité Cerezo México

Chiapas: directora de primaria obliga a alumnos a comer en el suelo y los llama “indios”


MÉXICO, D.F., (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga presuntas violaciones a los derechos humanos de alumnos de la escuela primaria Ángel Albino Corzo –ubicada en el municipio indígena Cho’l, de Tila, Chiapas– cometidas por la directora Amada Gutiérrez Soriano, quien según denuncias de los padres, obliga a los menores a comer en el suelo y los llama “indios”.

El organismo que preside Raúl Plascencia Villanueva inició el expediente de queja a raíz de información publicada por medios locales en la que se afirma que la directora del plantel discrimina y maltrata a los alumnos.

Una de esas notas publicada el pasado lunes 3 en el Péndulo de Chiapas señala que las madres de familia han solicitado en reiteradas ocasiones a la directora que modere su actitud prepotente y permita que los alumnos tomen sus alimentos de forma más adecuada e higiénica.

Sin embargo, las madres de familia afirman que la respuesta de la directora siempre es agresiva e insiste en referirse a los niños como “indios” solo porque la escuela se ubica en un municipio Cho’l.

También se quejan de que el supervisor de la zona 033 del subsistema estatal de educación, Miguel Pérez Martínez, se niega a intervenir con el argumento de que la directora de la escuela y los docentes que avalan su conducta prepotente gozan de la protección del sindicato y “nadie puede pasar sobre sus derechos”.

Al respecto, la CNDH informó en un comunicado que ya envió visitadores adjuntos a la localidad para entrevistarse con los menores afectados y sus padres. Además indicó que solicitaron a las autoridades involucradas el informe correspondiente y recaban pruebas que evidencien la presunta violación a los derechos humanos de los menores.

El organismo defensor de los derechos humanos indicó que si bien los servidores públicos de la Secretaría de Educación estatal son garantes del derecho a la educación, “con su actuación violentan el derecho al trato digno y a la igualdad de los alumnos”.

También, subrayó, transgreden su obligación de velar por el interés superior de la niñez, situación que se agrava por tratarse de menores pertenecientes a la comunidad indígena Cho´l, y que por sus circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La CNDH llamó a las autoridades educativas del estado a tomar medidas que garanticen la integridad física y psicológica de los menores afectados, así como el trato digno y respetuoso de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en Chiapas.

Por su parte, los familiares de los afectados exigieron al gobernador Manuel Velasco Coello su intervención y la inmediata remoción de la directora de la primaria. Además informaron que llevarán su queja al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Yakiri Rubio tendrá que pagar 423 mil pesos de fianza para quedar en libertad


Por Josefina Quintero

México, DF. El Juez 23 de Delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del DF, Fausto Agustín Favela Ayala, fijó un pago de 423 mil 800 pesos a Yakirí Rubí Rubio Aupart para que pueda salir en libertad.

De acuerdo con el impartidor de justicia cien mil pesos es el pago por las obligaciones procesales que debe cumplir la joven, pues con ello se busca garantizar su presencia en las audiencias del proceso que se le inició por el delito de homicidio en exceso de legítima defensa.

En tanto que 323 mil pesos es por la reparación del daño a los familiares Miguel Ramírez Anaya, quien perdió la vida luego de la presunta agresión sexual que Yakiri denunció.

El monto que deberá pagar la joven para que pueda salir del Penal Femenil de Tepepan, donde se encuentra recluida desde casi tres meses, fue notificado en el Juzgado 23 Penal a su defensora legal, Ana Capiria Suárez, por lo que una vez que presenten los billetes de depósito o la fianza, la joven quedará libre.

En tanto, amigos y activistas de la joven ya se concentran en el centro de reclusión ubicado al sur de la ciudad en espera de su salida, la cual se tiene prevista para esta tarde.

Yakiri Rubí fue encarcelada el pasado 11 de diciembre acusada de homicidio calificado por la muerte de Miguel Ramírez Anaya, quien según su testimonio, la secuestró, violó y golpeó en un hotel de la colonia Doctores.

Pese a que la joven denunció los hechos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo integró el expediente por la muerte del presunto agresor, sin considerar que también había sido víctima de una agresión sexual.

Marchan para exigir justicia en el caso del abogado asesinado


Acuden también a la PGJE, donde familiares de Aquiles Márquez, claman: “no más impunidad”

HÉCTOR BRISEÑO

Más de un centenar de personas marcharon desde el Asta Bandera, frente al parque Papagayo, hasta las instalaciones de la subdelegación de Procedimientos Penales B de la Procuraduría General de la República (PGR), en el fraccionamiento Hornos Insurgentes, para exigir que se castigue a los responsables del fallecimiento del abogado Aquiles Márquez Santoyo, muerto por impactos de bala el pasado 24 de febrero, en el contexto de un enfrentamiento a balazos entre policías ministeriales estatales y federales en la colonia Progreso.

Los participantes en la caminata, familiares, amigos y miembros de colegios de abogados, vistieron de blanco, portaron cartulinas con mensajes en exigencia de justicia, y lanzaron consignas como “¡justicia!, ¡justicia!, ¡no más impunidad!”.

Al llegar a las instalaciones de la PGR, los manifestantes colocaron cruces blancas en las puertas de la dependencia federal, donde con un megáfono exigieron ser atendidos por funcionarios, pero el acceso se mantuvo cerrado. Posteriormente se dirigieron a la fiscalía regional de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Los familiares de Márquez Santoyo señalaron que buscan tramitar un amparo para que la PGR agilice las investigaciones de lo ocurrido.

En algunas cartulinas se podía leer: “Queremos seguridad en Acapulco, ¡No más asesinatos señor gobernador!”; “Señor gobernador, ya no tenemos paz en Acapulco, tenemos temor de salir”; “¡ya basta de gente inocente asesinada en Acapulco!”.

Al frente del contingente, los manifestantes portaban una pancarta, con la leyenda “Justicia para Aquiles, exigimos castigo para los asesinos del Lic. Aquiles Márquez Santoyo perpetuado por los agentes federales, escoltas del magistrado Rutilo Guevara Clavel. Ya basta de tanta impunidad, ¿quién sigue ahora?, padres, hermana, esposa, hijos; exigimos justicia”.

Priscila Ramírez Durán, viuda de Márquez Santoyo, exigió la renuncia del procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, debido al nulo avance de las investigaciones.

Criticó a funcionarios de procuración de justicia de los gobiernos estatal y federal.

Manifestó que “no nos han dicho nada, nos quieren dar atole con el dedo, ¿qué están esperando?, ¿qué hagamos una marcha como todos los demás que cierran las calles para que nos hagan caso?”.

Exclamó: “Quiero que dé la cara el señor gobernador o que se vaya”.

Ramírez Durán señaló que ha sido acosada y perseguida por elementos federales de seguridad.

Expresó: “¿Por qué me están siguiendo?, si me van a matar que me maten pero primero que me muestren quien mató a mi marido!”.

¿Defensores?


Es inconcebible. Estamos a merced de los verdugos y no siempre contamos con las instituciones oficiales que deberían protegernos. Un caso emblemático es la poderosa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Vivimos en el país de los disparates. Cada año aumenta el presupuesto oficial para los organismos públicos de derechos humanos y cada año crece el número de víctimas. Entre 2009 y 2013, doce organismos federales recibieron 28 mil 553 millones de pesos y durante ese mismo periodo casi se duplicaron las recomendaciones -pasaron de 91 a 176- de las Naciones Unidas al gobierno mexicano por faltas graves en la protección de derechos humanos. En ese tiempo la CNDH gastó 5 mil 600 millones de pesos y en 2014 tendrá 1,416 millones. ¿De qué ha servido?

Observo a la CNDH desde su creación hace 24 años. Primero la elogié, luego fue embargándome el escepticismo que se ha transformado en indignación ante su falta de compromiso, su burocratismo y su resistencia a rendir cuentas. En 2003, por ejemplo, se negó a participar y boicoteó el primer diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaborara la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sigue cometiendo tropelías.

En agosto de 2010 el crimen organizado ejecutó a sangre fría a 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, porque no quisieron convertirse en sicarios. La CNDH emitió una "Recomendación" malhecha e incompleta en diciembre de 2013, ¡tres años y cuatro meses después de lo sucedido! El documento no califica esos actos como violaciones graves, tampoco considera a los familiares como víctimas ni decreta medidas de reparación para ellos y en ningún momento habla de las circunstancias y razones por las que en México se agrede a migrantes.

Un organismo civil, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático que preside una joven abogada, Ana Lorena Delgadillo, puso, en representación de familiares de migrantes asesinados, un amparo indirecto contra la CNDH el 15 de enero pasado. Lo admitió el juez décimo primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Agustín Tello Espíndola, quien atendiendo la reforma en materia de derechos humanos, ordenó a la CNDH rendir un informe justificado. La CNDH interpuso una queja contra de la admisión del amparo, pero ¡utilizó el marco anterior a la reforma constitucional sobre derechos humanos! El asunto -en manos del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito- conduce a un aspecto básico.

La CNDH no le rinde cuentas a nadie. La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene competencia sobre ella pero nunca ha ordenado una evaluación sobre la calidad de su trabajo pese a estar en manos del PRD durante los últimos años (actualmente la preside la senadora Angélica de la Peña). Ana Lorena Delgadillo, entre otros, solicitó al Senado que organizara una comparecencia para que el presidente de la CNDH informara públicamente sobre la recomendación acerca de los 72 migrantes. Según fuentes del Senado, la petición no obtuvo el consenso de otros senadores; en su lugar se realizará una descafeinada "reunión de trabajo". No es la primera vez que la CNDH disfruta de la complicidad de los senadores que deberían vigilarla; en parte se debe a la protección que ha recibido de priistas tan importantes como Manlio Fabio Beltrones.

El absurdo es monumental. América Latina es actualmente la región más violenta del mundo y algunas entidades de la República Mexicana tienen las tasas de homicidios más altas de Latinoamérica. Se amontonan las víctimas y llegan de todos lados reclamos y reproches al Estado mexicano que responde creando instituciones y leyes, mientras permite que la CNDH se convierta en un trasto caro e inútil que siempre exige, eso sí, tener un lugar en el presídium. Una muestra de su irrelevancia es su ausencia en los actos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que llevaron a la Ley General de Víctimas.

Este año el Senado de la República deberá renovar al titular de la CNDH y su actual presidente, Raúl Plascencia Villanueva, está buscando activamente la reelección. Es un momento adecuado para que el Senado realice una evaluación seria, independiente y rigurosa sobre las omisiones y la calidad del trabajo realizado por la CNDH. Por el momento, la recomendación emitida sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando es un escupitajo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Defensores?

Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.