viernes, 7 de marzo de 2014

Consignan a seis policías implicados en agresiones a periodistas del “Noroeste”


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Sinaloa suspendió y puso a disposición de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a seis policías estatales implicados en la agresión a periodistas del diario Noroeste y en los disparos realizados al aire el pasado domingo 2, durante la última manifestación en favor de Joaquín El Chapo Guzmán que se llevó a cabo en las ciudades de Culiacán y Guamúchil.

En conferencia de prensa, el Gabinete de Seguridad estatal detalló que cinco uniformados forman parte de las policías Estatal Preventiva (PEP) y de Élite y uno más de la Policía ministerial.

Genaro García Castro, titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, reconoció que cuatro agentes a su cargo dispararon balas al aire en Culiacán, después de que supuestamente escucharon detonaciones de arma que habría accionado una mujer a bordo de una camioneta blanca, ubicada entre Avenida Álvaro Obregón y Gabriel Leyva.

Se trata de Álvaro Pompa Ortiz y Xavier Iván Meza Ibarra, agentes de la Policía de Elite, y de Rodolfo Sillas Moreno y Rosario Guadalupe García Camacho, de la PEP.

El funcionario también responsabilizó a Juan Pedro Arámburo García, de la PEP, de quitarle su celular a la videógrafa de Noroeste.

Por su parte, el comandante de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez, precisó que Leonel Amador Barajas Rodríguez, agente de esa corporación, fue suspendido por confrontar al reportero que cubría la marcha en Guamúchil y quebrar el lente de la cámara fotográfica.

“Está suspendido mientras termina la investigación, por los daños al lente de la cámara”, dijo.

Respecto de las agresiones en contra de un reportero gráfico en Culiacán, las autoridades informaron que aún no hay responsables, pero la investigación continúa.

En la conferencia de prensa participaron, además García Castro y Aguilar Iñiguez, el procurador general de Justicia del estado, Marco Antonio Higuera Gómez; el coordinador general de Seguridad, Moisés Melo García, y el secretario de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros.

Este último justificó que los agentes de las diferentes corporaciones policiales intervinieron en la última marcha a favor del líder del Cártel de Sinaloa, el pasado domingo 2, debido a que mediante una llamada anónima al 066, dijo, se reportó que había personas con armas de fuego.

“No tenemos nosotros elementos para decirlo (que el crimen organizado ha promovido las marchas). Eso era a través de las redes sociales, son a través de los famosos WhatsApp que se han estado corriendo por varios lados”.

Y subrayó:

“Hay una averiguación no nada más sobre estos temas que estamos tratando de localizar a los responsables de las diferentes corporaciones policiales, sino de averiguar qué es lo que pasó, quiénes son los que están detrás de estas marchas, qué recursos se están aplicando en estas marchas. La investigación prosigue, por supuesto”.

El también responsable del Gabinete de Seguridad dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación sobre la última marcha a favor de la liberación y no extradición del narcotráficante sinaloense.

El domingo 2, cientos de personas marcharon por segunda ocasión en apoyo a El Chapo Guzmán, detenido en Mazatlán, Sinaloa, el 22 de febrero. Ese día las corporaciones policiacas detuvieron a más de 200 personas.

Cuando la marcha estaba a punto de concluir, varios policías, hoy identificados como integrantes del Grupo Élite, dispararon al aire en medio de los manifestantes.

Un reportero gráfico que tomó fotografías de los disparos y los casquillos fue agredido por elementos aún no identificados, quienes le quitaron su cámara, lo tiraron al piso, patearon y amenazaron de muerte.

El mismo día, pero en Guamúchil, donde también se realizó otra marcha a favor del capo, un reportero fue agredido por policías que rompieron su cámara

Impiden a Rigoberta Menchú impartir conferencia sobre la mujer


MÉXICO, D.F. (apro).- Autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) impidieron el acceso al plantel a la Premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Menchú, quien impartiría la conferencia “El empoderamiento de la mujer dentro del desarrollo económico y social actual”.

Sin más explicaciones que “fallas en el auditorio”, la líder indígena no pudo cruzar las puertas de las instalaciones ubicadas en el municipio de Texcoco, Estado de México.

Menchú iba acompañada por la polémica alcaldesa Delfina Gómez Álvarez, quien libra una frontal guerra de declaraciones con el gobierno mexiquense por la cancelación del Hell & Heaven Metal Fest 2014.


La conferencia estaba programada a las 09:00 horas en el auditorio Álvaro Carrillo de la universidad, como parte del Festival por las Mujeres, organizado por el ayuntamiento de Texcoco. Sin embargo, fue cancelada.

En protesta, unos 500 alumnos y profesores se apostaron frente a la rectoría de la Universidad durante casi tres horas y responsabilizaron al rector Carlos Alberto Villaseñor Perea, de la cancelación de la conferencia.

La misma Menchú intentó hablar con el rector de la UACh, pero no obtuvo respuesta. Luego, se retiró del lugar junto con la alcaldesa.

La Haya declara culpable a ex jefe militar congoleño por masacre étnica


Por Afp

La Haya. La Corte Penal Internacional (CPI) juzgó este viernes al ex jefe de milicia congoleño Germain Katanga culpable de complicidad con la aniquilación de un pueblo de la región de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, devastado desde hace 15 años por conflictos étnicos.

"Por mayoría, la cámara declara a Germain Katanga culpable (...) de complicidad con los crímenes cometidos el 24 de febrero de 2003" en el pueblo de Bogoro, declaró el juez Bruno Cotte en La Haya, donde tiene su sede la CPI.

Los jueces estimaron que Germain Katanga, de 35 años, fue cómplice de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al facilitar y coordinar el suministro de armas de los miembros de su milicia.

Apodado Simba (el león), Germain Katanga era el comandante de las Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri. Numerosos integrantes de esta milicia, de etnia Lendu y Ngiti, habrían participado en masacres perpetradas contra otra etnia, los Hema.

Los enfrentamientos étnicos entre milicias que se disputan las tierras de Ituri, ricas en oro, petróleo y diamantes, comenzaron en 1999. Según varias ONG, la violencia ha causado en la región más de 60 mil muertos.

Locutora de radio comunitaria cumplirá en libertad su condena de 2 años, afirma


Una joven fue sentenciada a dos años de cárcel por ser la locutora de una radiodifusora comunitaria que emitía posturas críticas contra el gobierno de su municipio, Paso del Macho.

De acuerdo con el portal de noticias Revolución 3.0 (revoluciontrespuntocero.com), Paola Ochoa Tlapanco, locutora de Radio Identidad, fue condenada a dos años de prisión "por hacer mal uso del espectro radioeléctrico" .

La señalada confirmó a ese medio de comunicación en una entrevista que recibió una sentencia de dos años, aunque seguirá libre y yendo a firmar a un juzgado cada 15 días.

La denuncia en su contra fue interpuesta por el entonces alcalde de Paso del Macho en 2009, Rafael Pacheco Molina, a dos años de la fundación de la radiodifusora, donde trataban temas de derechos humanos.

Según la locutora, el ex edil reunió firmas entre los pobladores de Paso del Macho para incluirlas en la acusación, donde Radio Identidad fue señalada de usurpar el espectro radiofónico.

Para la sentenciada, el trasfondo del proceso en su contra tiene que ver con el contenido de los programas y no con el estatus legal de Radio Identidad.

"Ochoa Tlapanco afirmó que el funcionario hizo la denuncia porque la gente comenzó a usar la radio para expresar sus demandas y señalar la ineficiencia del gobierno municipal", señala Revolución 3.0.

En tanto, la locutora seguirá firmando en un juzgado luego del pago de una fianza y Rafael Pineda volvió a la presidencia de Paso del Macho a sólo tres años de su primer periodo como alcalde.

Los torturaron, no les daban de comer y nunca supieron los motivos de su plagio: secuestrados de Las Choapas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Durante más de 23 días, ocho personas originarias de Las Choapas vivieron un auténtico infierno luego de haber sido secuestrados en su municipio y llevadas a una casa de seguridad en el municipio de Isla. Sus captores los torturaban día y noche, los dejaban sin comer y beber, generando en ellos un estado de desesperación tan grande, que deseaban estar muertos.

En las primeras horas de este martes fueron encontrados, ocho de los 10 desaparecidos en las Choapas en medio de un operativo realizado por la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), tras el hallazgo del cuerpo del periodista, Gregorio Jiménez de la Cruz

Andrés Leyva Ordoñez, Ana Luisa Morales Gómez, Alberto García García, Luis Antonio Méndez Jiménez, José Celaya Hernández, Juan Carlos García Rodríguez, Gilberto Hernández Ramos y Carlos Omar Ramírez Pérez, quien es de Agua Dulce.

Las ocho víctimas presentan severas lesiones en todo el cuerpo y en la cara, producto de las torturas que recibieron y los mantiene en un estado de completa desorientación y temor, pues tuvieron que “bloquearse mentalmente” para poder soportar el dolor.

De acuerdo con la declaración que emitieron, el día 11 de febrero, recibieron una llamada de Gerardo Contreras Hernández –uno de los presuntos asesinos de Gregorio Jiménez–, quien los cito en el campo de softbol Miguel Fernández Becerril. Hasta ahí llegaron varios sujetos vestidos de civil, con armas de grueso calibre, los subieron a varias camionetas y de ahí los llevaron “al lugar donde mataron al reportero” y los retuvieron por varios días.

Todos presentan lesiones en la nariz, donde les colocaban unas pinzas para darles toques eléctricos, luego las llevaban a otras partes de sus cuerpos, especialmente sus genitales. Primero los mojaban con agua helada y después tenían que sufrir el ritual de los toques eléctricos, los golpes y las risas de sus captores.

Durante los 23 días que estuvieron hacinados, al menos cinco días estuvieron sin comer ni beber y llegaron al grado de beber su propia orina para poder sobrevivir. En lo poco que han podido hilar, estas ocho personas señalan que en ocasiones sus captores llegaban cinco sujetos y “jugaban con ellos”, esto es, se les subían encima del cuerpos y les brincaban encima, por eso algunos tienen lastimadas las costillas.

Durante 23 días que estuvieron secuestrados nadie les dijo por qué estaban allí o si estaban pidiendo rescate por ellos, solo los golpeaban y torturaban. Aunque no tienen conciencia del tiempo que estuvieron retenidos, las ocho personas sostuvieron que tuvieron deseos de morir para acabar con el dolor que les infligían en las torturas, pero entre ellos mismos se daban ánimos para aguantar.

En la declaración de las víctimas se establece que por fin este 6 de marzo, fueron sacados de su reclusión y viajaron amarrados y ocultos en una camioneta, sus captores sólo les obligaron que fueran cantando una canción para que se relajaran.

En un paraje, la camioneta se detuvo, los captores soltaron cuatro disparos y corrieron, a los pocos minutos escucharon un grupo de voces identificándose como elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones.

Durante 23 días, sus padres realizaron protestas ante las agencias del Ministerio Publico y el parque Central de las Choapas; su determinación de bloquear la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa, los llevó a la oficina de Marlon Ramírez, quien se comprometió a darle seguimiento al caso.

VERACRUZ: Infiltrados violentaron concentración del MMPV en el Congreso local, aseguran


JAIR GARCÍA

Fuego y una lluvia de piedras, huevos, envases de vidrio, extintores y gases lacrimógenos, además de un total desinterés de parte de los diputados locales fue lo que se vivió la mañana de este jueves, cuando una protesta de repudió contra la Ley de Educación de Veracruz por parte de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) se salió de control afuera del Congreso local.

Lo que inicialmente comenzó como una protesta pacífica, se volvió por instantes violenta, cuando miembros de la CNTE y del MMPV intentaron entregar varios conos de huevos a los diputados, pero se les impidió el acceso, lo cual propició una revuelta, donde de la nada un grupo de agitadores intentó tumbar una de las rejas de entrada al Congreso.

Previamente, prendieron fuego una piñata a la que se le colocó una fotografía del autoproclamado líder moral de la sección 32 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Arroyo, mientras los maestros coreaban “ya cayó, ya cayó, Callejas ya cayó”.

Pero el momento más álgido se dio cuando se les negó la entrada y embistieron la reja, al mismo tiempo que otros profesores le colocaron estopas con alcohol a la reja para prenderle fuego.

La respuesta de los policías del IPAX y de los elementos de seguridad interna del Congreso fue apagar la lumbre con extintores al mismo tiempo que se arrojó gas lacrimógeno para intentar dispersar a los profesores.

Mientras los maestros se repelieron hacia atrás y pedían orden, otros sujetos con gorras y lentes oscuros comenzaron a la lanzar piedras y botellas de vidrio, sin atender el llamado de permanecer quietos.

Los dirigentes de la CNTE y MMPV detectaron esta situación y pidieron a sus agremiados retirarse porque ellos no venían a agredir a nadie, pero algunos sujetos no identificados continuaron arrojando piedras y otros objetos.

Fue durante unos cuantos minutos que los maestros intentaban prender fuego a las cartulinas colocadas en la reja de entrada, mientras que el personal de seguridad sofocaba con el uso de extintores.

Maestras y maestros retaban al personal de seguridad a una confrontación sin armas, extintores ni gases, pero los custodios permanecieron tranquilos a la expectativa y sólo utilizando el extintor para apagar el fuego y dispersar a los profesores que se acercaban a la reja.

Previo a que se saliera de control, los maestros llegaron a la entrada del Congreso después de las 9 de la mañana y poco a poco fueron colocando un enorme tendedero con cartulinas que incluían en nombre de cada uno de los diputados que votaron a favor de la Ley de Educación de Veracruz, en casi todos incluían calificativos como traidores, vendepatrias e ignorantes.

Sin embargo, destacaban las de Juan Nicolás Callejas, a quien lo señalaban de “gran traidor del magisterio”, o las dedicadas a los panistas, a quienes acusaron de votar sólo por sus intereses.

De María del Carmen Pontón, Edgar Díaz Fuentes y Jacqueline García, escribieron que era una vergüenza que se dijeran maestros, mientras que a Guadalupe Ingram la calificaron de basura e inepta.

Todo ese tendedero de cartulinas fue el que intentaron quemar los maestros al colocar estopas con alcohol, pero se les impidió con los extintores.

Desde que llegaron durante un par de horas estuvieron lanzando consignas contra los diputados y dando razones por las cuales la Ley de Educación de Veracruz afecta sus derechos laborales, y en todo ese lapso permitieron la entrada y salida de personas y trabajadores del Congreso con normalidad.

En ese par de horas, ningún representante del Congreso salió a dialogar con ellos para conocer sus inquietudes o para invitarlos al diálogo, simplemente fueron ignorados, a pesar de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ha declarado en varias ocasiones que cualquier grupo de maestros iba a ser recibido para escucharlos.

“Por casualidad o como sea” se rescatan a 8 desaparecidos de levantones en Las Choapas


JAIR GARCÍA

A pesar de que hay señalamientos públicos de que elementos de la Policía Ministerial participaron en el levantón de 8 personas en el municipio de Las Choapas, el procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó tal versión y dio a conocer que “por casualidad o llámese como sea” se logró la liberación de los sujetos raptados.

Durante una conferencia de prensa informó que las personas levantadas por un grupo desconocido, pudieron ser puestas en libertad en los alrededores del municipio de Sayula de Alemán, cuando un grupo de policías ministeriales circundaban por un camino vecinal y detectaron la presencia de 2 vehículos extraños, que les dispararon y los ocupantes salieron huyendo.

Conforme al reporte incluido en la investigación ministerial, los policías se acercaron a una de las camionetas abandonadas por los delincuentes y ahí encontraron a 8 personas que habían sido levantadas en Las Choapas.

De inmediato se solicitó el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para poner a salvo a quienes venían amordazados de ojos, pies y manos. Relató que los policías ministeriales iban recorriendo ese camino, debido a que iban a ejecutar una orden de aprehensión en contra de delincuentes dedicados al abigeato, “cuando por casualidad dieron con los supuestos captores de las personas de Las Choapas.

Cuestionado respecto a los señalamientos que involucran a los propios policías ministeriales en este secuestro de ciudadanos, dijo que no le consta, debido a que no hay ningún dato al respecto dentro de la averiguación ministerial, pero no descartó la posibilidad de investigar al respecto.

También confirmó que tiene conocimiento sobre un correo electrónico, supuestamente firmado por policías ministeriales, quienes denuncian el cobro de cuotas de mandos superiores, a lo que Luis Ángel Bravo Contreras resaltó que ese asunto se está atendiendo y prueba de ello, es que se están colocando a miembros de la Secretaría de Marina como un proceso de reestructuración de lo que antes era la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI).

Por ello, el procurador de Justicia garantizó que de confirmarse que son ciertas ese tipo de denuncias hechas, se procederá por la vía administrativa y penal en contra de los mandos que pudieron haber estado solicitando cuotas a los policías ministeriales.

Sanciones y procesos contra ex funcionarios de la PGJ

Habrá sanciones administrativas e incluso procesos de investigación a funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), anunció el procurador, Luis Ángel Bravo Contreras. Dijo que debido al actuar incorrecto de algunas personas, es que ahora existen mandos militares en algunas de las áreas de la dependencia encargada de la procuración de justicia.

El fiscal del estado reconoció que la prueba más “indubitable” de esta situación es que los mandos, ahora sin elementos de la Marina Armada de México, “no son las personas de las que lamentablemente escuchamos muchas quejas”.

Agregó que en los próximos días se darán a conocer las sanciones y modos de proceder en torno a quejas de la ciudadanía y las “responsabilidades administrativas y responsabilidades penales”. Esto lo dio a conocer luego de asegurar que él mismo se someterá a las pruebas de confiabilidad, al igual que los subprocuradores, como lo exige el cargo que ahora ocupa.

Este jueves por la tarde, Bravo Contreras dio una rueda de prensa en la que apareció sólo, vestido con una camisa a cuadros y abierto a responder las preguntas que las y los representantes de medios de comunicación le hicieran.

El tema principal de la conferencia de prensa fue dar a conocer la liberación de ocho personas en la zona sur, secuestradas en días pasados y quienes la madrugada de este jueves fueron encontradas, por casualidad, con vida, en un camino vecinal en Las Choapas

Intensifica gobierno federal acciones represivas contra activistas, aseguran


FERNANDO INÉS CARMONA

Orizaba, Ver.- El gobierno de la República intensificó sus acciones represivas en contra de activistas sociales. La dirigente de la organización Mujeres de la Sierra, Sumando Mujeres, Celfa Méndez Hernández fue denunciada y además se liberó la orden de aprehensión en su contra como presunta responsable del delito de obstrucción a las vías de comunicación.

Se conoció que la activista incluso tramitó un amparo ante la justicia federal en el Juzgado Décimo Segundo con residencia en Córdoba y con ello evitar que se haga efectiva una orden de apresamiento en su contra por el Ministerio Público (MP) de la Federación en la ciudad de Orizaba.

Trascendió que el delito del que se le acusa es obstrucción a las vías generales de comunicación, además de ella, hay otras cinco personas involucradas en los hechos ocurridos el pasado 26 de agosto del 2013, cuando esta organización bloqueó la carretera a Zongolica.

El amparo 193/2014, promovido por Celfa Méndez Hernández, en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Córdoba, señala que se promueve la demanda de garantías contra actos del primer agente del MP de la Federación titular de la mesa I, 2; Agente del MP de la Federación, titular de la mesa II, y 3. Encargado de la Policía Federal (PF) Ministerial, los tres con residencia en Orizaba.

En el documento solicitado al Juzgado Federal, le piden que especifique el acto reclamado, “porque la solicitud es ambigua por lo que le dan un término de 5 días hábiles para que complemente este ordenamiento judicial”.

En su momento la dirigente de esta organización, encabezó un bloqueo en la carretera a Zongolica, a la altura del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) de ese municipio, para denunciar la falta de doctores, enfermeras, equipamiento, infraestructura y medicamento en los centros de salud.

En ese movimiento participaron más de 500 mujeres de la sierra de Zongolica, quienes solicitaron mejor atención de servicios médicos a la Secretaría de Salud (SS), razón por la cual bloquearon la carretera federal Orizaba-Zongolica.

Acusa tlapaneca a empleados de CFE de extorsión y de quitarle un medidor


SERGIO FERRER (Corresponsal)

Tlapa, 6 de marzo. María Guadalupe Vélez Ayala denunció que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la hizo firmar un pagaré por 13 mil pesos sin entregarle ningún oficio, tras amenazarla y llevarse el medidor de luz desde hace meses; este día entraron a su casa para cortar la electricidad y el cableado.

Vélez Ayala relató que dos trabajadores de la paraestatal a bordo de la camioneta 972 acudieron a su domicilio actuando de forma prepotente para arrancar cables de la instalación de energía eléctrica y anteriormente Armando López Ramírez, que se ostentó como licenciado, la obligó a firmar un pagaré por 13 mil pesos.

La mujer indicó que después de que la CFE le quitó el medidor digital sin mostrar oficio, fueron a la CFE y dirigieron un escrito al superintendente Iván Martínez Borja, quien les pidió no denunciar ofreciendo el servicio con el medidor y facturación, lo cual no ocurrió.

Hace 15 días López Ramírez acudió al domicilio de la mujer y tras asegurar que lo mandaba el superintendente la hizo firmar el pagaré; cuando la mujer acudió a pagar parte de la supuesta deuda, en las oficinas no le dieron respuesta y una secretaria la trató mal.

Vélez Ayala lanzó un llamado a Gobernación federal y Profeco “para que verifique cómo están actuando los empleados de la paraestatal haciendo cosas indebidas”.

Por otra parte, también alertó a la CFE de Cuernavaca y Chilpancingo porque, dijo, una secretaria de nombre Patricia Manzanárez, le negó el servicio diciendo que “le hiciera como quisiera”, aseveró.

La mujer, madre de familia, señaló que anteriormente acudió una persona que dijo llamarse Joel Guzmán Estrada –superintentende general de la CFE en Chilpancingo– para pedirle dos mil pesos a cambio de colocar un medidor; ella, dijo, sólo le dio mil.

“Me insultaron, yo quiero sólo que me instalen el medidor nuevo y pagar lo justo, ya una vez entraron y verificaron que tengo focos ahorradores no es justo que hagan de las suyas, no debo ser yo la única a quien amenazan”, se quejó.

En el Día Internacional de la Mujer hay poco que celebrar y muchos retos por enfrentar: AI



Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en México y el resto de América Latina esta fecha se topa nuevamente con una realidad de discriminación e injusticia. Afirmó Amnistía Internacional.

“Para decenas de millones de niñas, jóvenes y mujeres en la región ser mujer puede representar un peligro de muerte y una sentencia a una vida de injusticia y discriminación” Afirmó Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.

Este Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional suma una vez más su voz a la de cientos de personas que conmemoran en esta fecha su lucha por la igualdad y la justicia.

Hoy la organización hace un especial llamado a los Estados a garantizar sin más dilaciones los derechos sexuales y reproductivos que están en constante peligro y cuyas violaciones se cobran la vida y salud de miles de mujeres y niñas en el mundo.

Así mismo, Amnistía Internacional reitera enfáticamente su llamado a que los países de la región tomen medidas inmediatas para asegurar que las niñas y mujeres puedan vivir sin temor a ser víctimas de asesinatos o violencia sexual.

“No hay excusas. El gobierno de México debe actuar ya para detener la epidemia de violencia a la que se enfrentan las mujeres”. Expresó Quiroz

“En un país donde seis mujeres son asesinadas cada día, cada día que transcurre sin que se tomen medidas para poner un alto a esa tragedia representa una vergonzosa falla de las autoridades hacia su obligación de proteger. Falla que son las mujeres quienes terminan pagando con sus vidas.” agregó.

En México y en el resto de la región, las persistentes desigualdades sociales y de género son las principales causas de las alarmantes violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en la región, entre otras: mortalidad materna prevenible, infecciones de transmisión sexual, así como de la falta de respuesta a las necesidades de planificación familiar, particularmente de poblaciones vulnerables como aquellas viviendo en pobreza, en áreas rurales, indígenas, afro descendientes, adolescentes, migrantes y personas con discapacidad, entre otros grupos.

La situación es más grave entre las mujeres indígenas, quienes se enfrentan a los más altos niveles de mortandad materna.

Como han reconocido los Estados de la región en el Consenso de Montevideo de agosto de 2013, uno de los factores claves que explican que la mortalidad materna no baje en la región es la penalización del aborto, que en la experiencia de algunos países provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, sino que empuja a las mujeres a realizarlos de forma clandestina e insegura.[i] Este dato es significativo en una región en donde cinco países penalizan el aborto en toda circunstancia, donde en promedio 1 de cada 10 mujeres de la región tiene demanda insatisfecha de planificación familiar [ii] y donde 3 de cada 10 mujeres han sido violentadas física o sexualmente por sus parejas y 1 de cada 10 por alguien no relacionado a ellas.[1]

Los movimientos, principalmente de mujeres y jóvenes, que luchan por la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en la región han conseguido victorias importantísimas y están más fuertes que nunca para enfrentar los continuos desafíos. Desde Amnistía Internacional nos sumamos a esta lucha para evitar retrocesos y exigir a los Estados que cumplan con sus obligaciones para que todas las mujeres y niñas de la región puedan tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción sin discriminación ni coacción.

[1] Global Health Observatory, estimaciones realizadas por la OMS de acuerdo a las encuestas realizadas. http://www.who.int/gho/women_and_health/violence/intimate_partner/en/index.html


[ii] Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. La demanda insatisfecha de planificación familiar expresa la proporción de fecundidad que resulta de nacimientos no deseados respecto a la fecundidad observada. Se calcula haciendo el cociente entre la tasa de fecundidad no deseada y la tasa global de fecundidad, por cien.