jueves, 27 de marzo de 2014

Periodismo bajo asedio


JESÚS CANTÚ

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Mientras el gobierno federal se esmera en construir la percepción de que la inseguridad y la violencia disminuyen, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación crecen; 2013 ha sido el peor año para el ejercicio de dicha profesión desde 2007, periodo en que la organización de la sociedad civil Artículo 19 empezó a llevar la cuenta de los atentados en contra de la libertad de expresión.

Además de que en 2013 las agresiones crecieron 60% respecto del año anterior, lo más significativo es que 60% de los ataques los cometen funcionarios públicos, es decir, son las autoridades los principales enemigos de los medios de comunicación. De acuerdo con el documento de Artículo 19, en 2013 se perpetraron 330 agresiones contra periodistas y medios de comunicación. De los 274 casos en que fue posible identificar a los agresores, 146 recayeron en funcionarios públicos, 49 en organizaciones sociales, 39 en el crimen organizado, 30 en particulares, y 10 en partidos políticos.

Así sentencia el documento: “Las autoridades agreden de un lado, el crimen organizado asesina del otro”, aparte de que fracasan las acciones que las autoridades instrumentan para proteger a los periodistas y medios de comunicación.

Aunque es innegable que hay entidades en las que se exacerba la violencia en contra de los comunicadores (Veracruz, Coahuila y Distrito Federal), otro de los cambios más significativos es que en 2007 las agresiones se concentraban en 15 entidades, es decir, 17 (53%) no registraban ningún ataque de este tipo; mientras que en 2013 los únicos estados que no reportan ningún atentado son Tabasco, Hidalgo y Nayarit, caracterizados no por la vigencia del estado de derecho o el respeto a la libertad de expresión, sino por su pobre periodismo.

Y para reforzar los hallazgos del documento, la semana pasada los gobiernos de dos entidades (Estado de México y Jalisco) evidenciaron su vocación silenciadora. El domingo 16 de marzo, las autoridades del Estado de México realizaron un operativo para comprar masivamente los ejemplares de Proceso 1950 que se encontraban en circulación (difícilmente podría atribuirse al crimen organizado tratar de impedir que se conociera la incapacidad del gobierno mexiquense para detener la guerra de las narcobandas, hecho que desenmascaraba dicha edición de este semanario). Lo mismo sucedió en Jalisco, por el reportaje que la revista divulgaba en su suplemento Proceso Jalisco respecto a la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Lamentablemente la práctica parece extenderse rápidamente, pues se ha repetido en Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, entre otras entidades. Tal acción no llega a contabilizarse dentro de las agresiones contra los periodistas, y no los pretende silenciar, pero el objetivo final es el mismo: que la ciudadanía no se entere de lo que acontece en su estado, ni de la deficiente, irregular, arbitraria y/o autoritaria actuación de sus autoridades. Aun cuando puede argumentarse que tales operativos no atentan contra el periodismo, sí atentan contra el estado de derecho (al desviar recursos del erario para violentar una garantía constitucional) y el derecho a la información (al impedir a la ciudadanía acceder a fuentes alternativas de información), dimensiones indispensables de cualquier democracia.

Por otra parte, el lunes 17, la organización que elaboró el revelador e inquietante reporte denunció que habían allanado el domicilio de su director, Darío Ramírez. Precisó que habían extraído computadoras, documentos de trabajo y objetos de valor, y aunque no se podía afirmar que los mismos estuviesen vinculados con su “ejercicio de defensa de la libertad de expresión”, el hecho de que sea la quinta agresión en contra de su personal, y el de que ninguno de estos incidentes haya “sido investigado para dar con el paradero de los responsables”, parecen corroborar las intenciones de los allanadores y la ine­ficacia o complicidad de las autoridades. Apenas en abril del año pasado Ramírez y otros colaboradores habían recibido amenazas de muerte.

Artículo 19 documenta detalladamente algunas de las agresiones e incluso el asesinato de un periodista, y transparenta la intención de los atacantes (habría que añadir: y de las autoridades al no detenerlos): cancelar la libertad de expresión y delinquir libremente en la secrecía.

El informe recoge declaraciones muy reveladoras de algunos de los periodistas agredidos. Gil Cruz, director de un periódico de Veracruz, reconoce: “No podemos escribir libremente la información, aun cuando sabemos que se trata de un dato verdadero”. Y Roberto Hernández, de un periódico editado en Oaxaca pero distribuido también en Veracruz, denuncia: “En Veracruz nos la sentenciaron. No podíamos entrar a vender el periódico. Encontramos la manera de regresar cuando dejamos de hablar del gobernador. En Oaxaca, en cambio, el actual gobierno es más tolerante. Aun con los defectos que pueda tener el gobernador, respeta la libertad de expresión. Sabemos que en Oaxaca hay mandos policiacos que tienen ganas de rompernos la madre, pero la línea del gobernador es no tocar a los medios. Eso nos ha ayudado a sobrevivir y a no sufrir atentados de una mayor magnitud por parte de las estructuras del poder en el estado”.

Lo anterior evidencia tres hechos incontrovertibles: uno, la afectación del trabajo periodístico; dos, la responsabilidad directa en las amenazas del gobernador veracruzano, Javier Duarte, ya que al ignorarlo en el periódico les permitió circular; y, tres, lo determinante que es la decisión de los titulares del Ejecutivo en los ataques a los periodistas y medios de comunicación o en el respeto a los mismos.

En cualquier caso, la conclusión del informe es una realidad: “En ninguno de los casos documentados por Artículo 19 los comunicadores pudieron retomar su actividad periodística al ciento por ciento. El miedo a sufrir nuevas agresiones sin protección del Estado los llevó a modificar su actividad profesional. En ocasiones dejan de cubrir sucesos policiacos, se autocensuran o directamente cierran los medios”.

Finalmente, sin importar la identidad del perpetrador de las agresiones, es un hecho que se vulneran los derechos de la ciudadanía, de los periodistas y de los medios de comunicación, y que el principal responsable de ello son las autoridades por su incapacidad o complicidad o porque se benefician de los obstáculos para el libre ejercicio periodístico, pues –al menos– dificultan que se informe sobre sus irregularidades, delitos o ineficiencia.

Persiste en el país el “infierno de la violencia”: Javier Sicilia


JOSÉ GIL OLMOS

MÉXICO, DF, 27 de marzo (apro).- A tres años del surgimiento del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia sostuvo que continúa “el infierno de la violencia”, pero también una ciudadanía que lo tolera.

También advirtió que la situación en todo el país se ha agravado, y ejemplo de ello son los asesinatos y desapariciones de reporteros, la criminalización de autodefensas y policías comunitarias, el engaño a las víctimas que exigen reparación de daños, así como el incremento de secuestros, homicidios y desapariciones.

En la plaza de la Estela de Luz, que las víctimas de la violencia han tomado como el memorial de la paz, se reunieron varias decenas de familiares de muertos y desaparecidos, cuyos casos siguen pendientes de resolver.

En el piso de la plaza los familiares dejaron placas con los nombres de sus seres queridos que narran en primera persona las historias de desaparición o muerte.

“José Antonio Robledo Fernández. Me secuestraron y desaparecieron el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila. Tenía 32 años, laboraba como ingeniero civil en ICA Fluor, Proyecto El Fénix para Altos Hornos de México…”, se destaca para enseguida resaltar lo que le gustaba, lo que soñaba, lo que deseaba en el futuro.

Al final del evento cada una de los familiares gritó el nombre de sus esposos, hijos, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, al pie de la placa metálica, en medio de lágrimas, sollozos y voces de justicia.

Muchos portaban fotos y flores de sus familiares, las mismas que llevaron en sus recorridos de miles de kilómetros en las caravanas que realizaron en el sur y norte del país, así como en Estados Unidos.

Antes de iniciar el acto de memoria, Sicilia dijo que es necesario que se reactiven las movilizaciones de la sociedad, ya que la situación se ha agravado y el número de víctimas de la violencia crece ante la indolencia del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Incluso sostuvo que la actitud del gobierno de Peña ha sido muy tibia ante el incremento de las víctimas y sólo ha manejado un discurso de maquillaje.

“Cuando van a voltear a ver al pueblo. El número de muertos y víctimas sigue creciendo. Ya no sabemos dónde empieza el crimen y dónde el Estado”, cuestionó el poeta.

En el evento reapareció el activista chihuahuense Julián Le Barón, quien pidió la unidad de las víctimas y que se empiece a reconocer que “vivimos una dictadura manejada por el crimen y la política”.

Acusan ante la CIDH obstáculos en la investigación sobre "guerra sucia"


Por Blanche Petrich

La investigadora de la Comisión de la Verdad de Guerrero, Pilar Noriega García, denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que las autoridades federales y estatales han obstaculizado las averiguaciones que ComVerdad realiza desde hace ya dos años para esclarecer cientos de crímenes humanitarios durante la guerra contrainsurgente (1969-1979) en esa entidad.

Entre las dificultades que han tenido que enfrentar la comisión, citó la falta de acceso a documentos de la época bajo resguardo en el Archivo General de la Nación.

En la audiencia pública que solicitó la ComVerdad a la CIDH, en Washington, la criminalista Noriega apuntó como un probable intento de impedir los avances de sus investigaciones un atentado –al que llamó “incidente de seguridad”—sufrido por ella y otro comisionado, Nicomedes Fuentes García, el 28 de enero de este año en el tramo carretero entre Mezcala y Chilpancingo.

Ese día, un vehículo no identificado con cuatro hombres a bordo embistió el vehículo oficial de la Comisión. Los atacantes dispararon, aparentemente al aire, después de amagar a Pilar Noriega y a Nicomedes Fuentes, quien conducía la camioneta, que luce un logotipo de la institución. Los dos defensores de derechos humanos salieron ilesos, pero tuvieron que pasar la noche en el monte hasta que lograron llegar en transporte público a la capital guerrerense. Está abierta, pero sin avances, una Averiguación Previa sobre estos hechos ante un ministerio público local.

Hay antecedentes de ataques contra la comisión guerrerense que preside Enrique González Ruiz y en la que laboran, además de los cinco comisionados, 15 investigadores más. En julio de 2012 fue allanada, por desconocidos, la oficina de la ComVerdad en el puerto de Acapulco. Dos días después fue vandalizada su sede en Chilpancingo.

Esta probable agresión ocurrió poco después de que la Comisión anunciara que realizará una nueva operación de exhumaciones, en sitios especificados por familiares de desaparecidos y sobrevivientes de intentos de desaparición forzada, en busca de fosas clandestinas donde, presumiblemente, elementos del ejército mexicano y de las distintas policías enterraron a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tanto a combatientes de las organizaciones rebeldes como a opositores civiles.

En el tercer avance de la ComVerdad, publicado en octubre del año pasado, se da cuenta de 57 casos de desaparición forzada documentados, entre ellos siete mujeres, una menor de edad y 16 varones menores de edad. Entre estos se suman 20 estudiantes, 13 de ellos preparatorianos.

En la audiencia ante la CIDH, a la que acudieron en representación del Estado mexicano las subsecretarias de Gobernación Lía Limón y de la PGR Mariana Benítez, Pilar Noriega subrayó la necesidad de que las disposiciones que tomen las autoridades correspondientes para asegurar el acceso pleno de los investigadores a los archivos restringidos del AGN sean “efectivas y rápidas”. Recordó asimismo que en investigaciones anteriores, como las realizadas por la Fiscalía Especial para la investigación de crímenes del pasado (FEMPOSPP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con frecuencia los expedientes entregados estaban incompletos, o habían sido mutilados y alterados.

Sobre la urgencia de allanar los obstáculos para que la Comisión de Guerrero emita su informe final en el plazo previsto, que expira en octubre –ya le fue concedida una única ampliación del plazo, de seis meses—Pilar Noriega subrayó que “el Estado mexicano tiene los elementos suficientes para dar a conocer el destino de las personas desaparecidas, y tiene la obligación de informar a sus familiares y a los sobrevivientes si éstas fueron tiradas al mar o fueron enterradas”.

En respuesta, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio informó que la reserva sobre los documentos solicitados al AGN sobre casos de exterminio en la guerra sucia en Guerrero ya fueron retirados y que a partir del 10 de abril la ComVerdad “empezará a tener acceso” a los mismos.

Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos de la ONU, Lía Limón, refrendó lo que llamó “el compromiso del gobierno mexicano con la verdad”, aseguró que se brindarán todas las garantías para que se lleven a cabo las excavaciones y exhumaciones planeadas.

También afirmó que el Estado mexicano ya aceptó su responsabilidad en los hechos de delitos contra la humanidad en Guerrero en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, a principios del año pasado. “No tendremos ninguna resistencia en volverlo a hacer”, finalizó.

Amnistía Internacional teme por la vida de personas migrantes secuestradas en Tamaulipas




l 19 de marzo al menos 40 migrantes procedentes de Centroamérica fueron secuestrados en Reynosa , Tamaulipas, por un grupo del crimen organizado. Tras un operativo militar fueron liberados. Sin embargo, a ninguna de estas personas se les brindó apoyo o protección como víctimas.

Según información recibida por Amnistía Internacional, 10 de estos migrantes liberados que se dirigían al Albergue Nuestra Señora de Guadalupe para personas migrantes - dirigido por la iglesia católica en Reynosa - fueron secuestradas nuevamente y continúa sin conocerse su paradero.

El secuestro fue denunciado por el personal del albergue, pero hasta el momento no ha recibido la visita de investigadores oficiales para averiguar lo sucedido o el paradero de los migrantes.

Un día antes, el 18 de marzo, tres mujeres que fueron expulsadas desde los Estados Unidos fueron presuntamente secuestradas en la localidad de Matamoros, Tamaulipas, cerca del paso fronterizo. Una cuarta mujer logró escapar y corrió hasta una estación de autobuses cercana, donde informó a la policía. La búsqueda emprendida no arrojó ninguna pista sobre el paradero de las tres mujeres.

Amnistía Internacional se encuentra profundamente preocupada por la seguridad de estas personas secuestradas.

La organización ha documentado como las bandas criminales actúan contra personas migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, sometiéndoles a graves abusos con la connivencia habitual de funcionarios corruptos. Hasta el momento las autoridades no han tomado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes de abusos tales como los secuestros, extorsiones, trata de personas y violencia sexual.

Amnistía Internacional exige a las autoridades federales y estatales que se lleve a cabo una investigación completa e imparcial sobre el paradero de los migrantes secuestrados en el exterior del Albergue Nuestra Señora de Guadalupe, en Reynosa, y de las tres mujeres secuestradas en Matamoros.

Así mismo, la organización llama a las autoridades a proporcionar protección efectiva a las personas migrantes liberadas del cautiverio de grupos criminales o expulsadas de Estados Unidos.

Finalmente, Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanos su obligación de respetar el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, que garantiza tanto el bienestar físico y psicológico como la seguridad de las víctimas de delitos, incluidas las personas migrantes irregulares.

Información complementaria

En 2013, las autoridades de inmigración mexicanas detuvieron a 82.269 migrantes en México, de los cuales 75.704 fueron expulsados, la inmensa mayoría a Guatemala, Honduras y El Salvador. El número de migrantes centroamericanos que intentó hacer la ruta a Estados Unidos fue muy superior. En México, muchos migrantes siguen sufriendo abusos a manos de la policía y otros son víctimas de homicidio, secuestro, trata o violación a manos de bandas criminales que actúan selectivamente contra ellos y suelen hacerlo en connivencia con las autoridades locales. Las reformas legislativas en materia de migración que reforzaron algunos derechos de las personas migrantes, en particular el derecho a recibir protección y acceder a la justicia, no se han aplicado debidamente. La estrategia nacional para combatir el secuestro de migrantes sigue sin incluir que se obligue a rendir cuentas a los funcionarios públicos y las bandas criminales que actúan contra los migrantes. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó del secuestro de 10.000 migrantes irregulares en un periodo de seis meses por parte de bandas criminales que solían actuar en connivencia con funcionarios públicos. Son contadas las ocasiones en que se obliga a responder de sus actos a los autores de secuestros y otros abusos contra personas migrantes.

Las autoridades estatales ignoran en gran medida la terrible situación de los migrantes irregulares, y las federales tienden cada vez más a considerar el flujo de migrantes como una amenaza para la seguridad nacional en vez de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano. Hace poco, un grupo de madres de migrantes centroamericanos volvió a hacer un recorrido por todo el país buscando a sus seres queridos y reclamando investigaciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó recientemente un informe poco convincente sobre 72 migrantes que fueron masacrados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas. El informe se centraba en aspectos limitados del caso relacionados con unos procedimientos forenses gravemente defectuosos para identificar los restos mortales y no mencionaba la falta de acción de las autoridades para proteger el derecho a la vida de los migrantes y para establecer plenas responsabilidade s por la masacre. Todavía no se han identificado los cadáveres de otras víctimas de matanzas, muchos de los cuales se piensa que pertenecen a migrantes.

Amnistía Internacional publicó en 2010 un informe sobre los abusos que sufrían los migrantes que atravesaban México, titulado Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México.

Preocupa a AI la seguridad de activistas por el derecho al agua en el Estado de México.




Activistas comunitarios en el municipio de Coyotepec, Estado de México, han recibido amenazas telefónicas como resultado de su labor en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Amnistía Internacional considera que los integrantes del grupo ambiental se encuentran en peligro de sufrir ataques.

El pasado 15 de marzo, Vicente Moreno Domínguez, integrante del colectivo local que lucha por el derecho al agua, recibió una llamada telefónica amenazadora de un hombre que no se identificó y que le dijo: “A ti y al japonés se los va a cargar la chingada”. “El japonés” es un apodo de Sergio Velázquez Morales, otro activista comunitario. Ese mismo día, Emeterio Nonato Reyna, otro activista de la misma comunidad, recibió también una llamada telefónica intimidante. Quien llamaba se identificó como “licenciado Carlos”, y dijo: “Ya dejamos por ahí muerto a alguien”.

En septiembre de 2013, Amnistía Internacional denunció un ataque contra Vicente Moreno Domínguez, quien fue apuñalado, y otros miembros de su comunidad que eran víctimas de persecución por sus actividades pacíficas en defensa del derecho a un acceso justo al agua. Después del ataque se proporcionó protección policial intermitente a Vicente Moreno Domínguez, pero en enero de 2014 fue suspendida.

El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denegó la protección a Sergio Velázquez Morales basándose en que no se lo consideraba defensor de los derechos humanos.

A mediados de 2013, otro activista comunitario de Coyotepec, Alberto Cruz Luna, quien formaba parte de la misma movilización comunitaria que acusa a las autoridades locales de intentar hacerse injustamente con el control del suministro local de agua fue asesinado.

Al parecer, Alberto Cruz pudo haber sido asesinado a manos de un trabajador del gobierno municipal.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades federales y estatales a que estas implementen de forma inmediata, y en coordinación con los propios afectados, medidas para garantizar que los activistas por el derecho al agua en el municipio Coyotepec puedan llevar a cabo su legítima labor sin temor a sufrir represalias. Así mismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas telefónicas recibidas por Vicente Moreno Domínguez y Emeterio Nonato Reyna, y que se investigue cualquier posible vínculo con las autoridades municipales, y que todas las personas responsables de estas amenazas comparezcan ante la justicia.

Información adicional

Las personas defensoras y defensoras de derechos humanos y periodistas son con frecuencia víctimas de ataques, amenazas, actos de intimidación, secuestro y homicidio como represalia por su trabajo legítimo y fundamental. Quienes están detrás de esos ataques casi nunca son procesados.

Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por el establecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Sin embargo, muchos de los más de 100 personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que han solicitado protección no han recibido hasta la fecha una respuesta oportuna o eficaz, y eso ha generado frustración, inseguridad y desilusión. Aunque las autoridades afirman que el mecanismo está funcionando eficazmente, está lejos de estar plenamente operativo al carecer de personal formado, recursos y el apoyo político de alto nivel necesario para garantizar que las autoridades aplican sus medidas de protección en todos los niveles.

La impunidad de que disfrutan los responsables de los ataques –debido a la falta de eficacia en las investigaciones, a menudo realizadas por autoridades del Estado sospechosas de participar en las amenazas– sigue favoreciendo que se toleren los ataques. El Mecanismo debe ser sólo una parte de una estrategia global para abordar la violencia contra los periodistas y quienes defienden los derechos humanos. El gobierno federal no ha dado hasta la fecha una respuesta convincente ante el clima imperante de hostilidad hacia periodistas y defensores de los derechos humanos en varios estados.