jueves, 3 de abril de 2014

Fuerzas públicas del estado de Chiapas, agreden a integrantes de la ONPP



San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

03 de abril de 2014

Boletín No. 11

Fuerzas públicas del estado de Chiapas, agreden a integrantes de la ONPP
El gobierno de Chiapas criminaliza a integrantes de la ONPP

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado la situación de violaciones a los derechos humanos, en contra de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), perpetrados por operadores del gobierno del estado de Chiapas. El último hecho, en orden de tiempo, es el ocurrido el día 18 de marzo de 2014, en el municipio de Teopisca, cuando fuerzas publicas del estado de Chiapas, agredieron a integrantes de la organización, mediante una acción desproporcionada e indebida, que dio como consecuencia siete personas heridas y la detención de una camioneta marca Chevrolet y un mototaxi.

Según testimonios refieren que el martes 18 de marzo, aproximadamente a las 06:30 hrs., a la altura de la gasolinera, ubicada en la salida de Teopisca hacia Comitán de Domínguez, se dio un operativo con elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal en donde detuvieron el mototaxi de la Sra. María de Lourdes Ramírez López, sin presentar ninguna orden para su retención.

Integrantes de la ONPP, manifiestan que posterior a la detención del mototaxi, se organizaron para exigir su devolución, siendo que a la altura del Colegio de Bachilleres de Chiapas, plantel No. 24, al pretender recuperar su unidad fueron recibidos por elementos de la fuerza pública del estado, quienes golpearon a siete personas de las cuales resultaron heridas: una, por un disparo con gas lacrimógeno al lado derecho de la costilla; otra, golpeada con tolete y disparo con gas lacrimógeno; otra más, disparada con gas lacrimógeno en la ceja del ojo izquierdo, por lo que fue operada de urgencia al hospital de Tuxtla Gutiérrez por un posible desprendimiento de la retina y dada de alta el jueves 20 de marzo. Las demás personas fueron golpeadas con tolete: en la rodilla, entre las piernas; en la columna; en la costilla; en los pies y manos. Así también en este hecho fue retenida una camioneta marca Chevrolet de un integrante de la ONPP.

Por los hechos mencionados, este Centro de Derechos Humanos manifiesta su preocupación por la acción reiterada de criminalización en contra de la ONPP, ya que en el transcurso de este sexenio se han realizados: privaciones arbitrarias a la libertad a algunos de sus líderes; muerte sospechosa a otro líder que trabajaba en Teopisca, en este caso los operadores de justicia, violentaron de manera negligente el derecho a las garantías judiciales;[1] y actualmente las agresiones descritas en párrafos anteriores.

Cabe señalar que la ONPP ha manifestado su apertura al diálogo, ya que nos mencionan que a principios de marzo, integrantes de la organización tuvieron reunión en el palacio de gobierno de Tuxtla Gutiérrez con Mariano Rosales Zuarth, Secretario de Transporte sobre el tema concesiones y, el 14 de marzo, con Julio Cesar Gómez, coordinador de asesores de Eduardo Ramírez Aguilar, sobre el comienzo de un dialogo y respeto mutuo.

Ante la agresión ocurrida, el Frayba registró violaciones a los derechos humanos derivado del abuso de poder y el uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública en contra de los integrantes de la ONPP, vulnerándose el derecho a la integridad personal y derecho a la propiedad contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás Tratados Internacionales e instrumentos jurídicos que son de observancia y aplicación obligatoria por el Estado mexicano.

Antecedentes:

Detención arbitraria de Adela y Noé[2]

El día 15 de agosto de 2013, Adela Gómez Martínez y Noé Hernández Caballero, fueron detenidos arbitrariamente (la primera 64 días y el segundo 127 días) y con uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, por elementos de la policía ministerial en ejecución de una orden de búsqueda y aprehensión, girada en su contra, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, con la acusación de los delitos de extorsión y motín supuestamente cometidos durante una manifestación de protesta.[3] Actualmente en libertad.

Muerte sospechosa

El sábado 15 de febrero de 2014, a las 20:30 hrs. en el municipio de Teopisca, el Sr. Manuel de Jesús Vázquez Hernández de la ONPP salió de su domicilio para ir a la casa de su padre. Hasta el 18 de febrero, aproximadamente a las 15:00 hrs. en la zona bienes comunales de Teopisca, encontraron el cuerpo, en el basurero, tirado boca abajo, sin el brazo izquierdo, con una quemadura en la parte izquierda, el cráneo fracturado y en evidente estado de descomposición. Posterior al hallazgo se vulneraron las garantías judiciales en las primeras diligencias judiciales de investigación criminal.

[1] Frayba. Procuraduría de Justicia viola derecho a las garantías judiciales en el caso de la muerte sospechosa de líder de la ONPP, Boletín No. 03, 2014, disponible en:

[2] Frayba. Criminalización de la protesta social práctica recurrente en Chiapas, Boletín No. 28, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL disponible en:

[3] Frayba. Policías estatales privan arbitrariamente de la libertad a integrantes de la ONPP y a sus familiares. Boletín No. 25, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL Disponible en:

Frayba. Criminalización de la protesta social practica recurrente en Chiapas. Boletín No. 28, 2013. (fecha de acceso 3 de abril de 2014) URL Disponible en: http://frayba.org.mx/archivo/boletines/130926_boletin_28_cps_adela_noe.pdf

La justicia no llega; Ilia Adad Infante Trejo a 6 meses de su injusto e ilegal encarcelamiento


México, DF a 3 de abril del 2014

Ilia Adad Infante Trejo, quién cumplió ya seis meses de injusta e ilegal reclusión. Fue encapsulado y detenido arbitrariamente el 2 de octubre del 2013 mientras se manifestaba de manera pacífica y acusado de delitos que no cometió como lo ha documentado ampliamente la organización de derechos humanos Comité Cerezo México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC.

Por su parte, el Juzgado Octavo de Amparo en Materia Penal, en su resolución del 7 de marzo concedió un amparo a favor de Ilia Adad en el cual revierte el auto de formal prisión que lo mantiene en reclusión y obliga al Juzgado Cuadragésimo Penal en el Distrito Federal a la reposición del proceso debido a las múltiples violaciones a los derechos constitucionales del acusado. Resolución que confirma de manera fehaciente que el proceso jurídico al que se enfrenta el joven universitario está lleno, desde su inicio, de graves irregularidades, contradicciones y omisiones como es el hecho de que el Juez no tomó en cuenta los videos donde, de manera irrefutable, se demuestra que Ilia es inocente de todo delito que se le acusa, tal y como se ha venido denunciando de manera reiterada por diversos actores sociales.

El caso de Ilia Adad Infante Trejo es uno de los más claros ejemplos de violación a los derechos humanos de las personas que ejercen su derecho a la protesta, a la manifestación y a la libertad de expresión en la Ciudad de México. Hasta la fecha 89 organizaciones sociales y de derechos humanos, así como 591 personas se han pronunciado por la libertad incondicional e inmediata de Ilia, el cual se encuentra actualmente preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

El Gobierno del Distrito Federal tiene la disyuntiva de comenzar a ratificar, vía de los hechos, su compromiso con los derechos humanos de los capitalinos al liberar a Ilia Adad Infante Trejo y a todos los injustamente presos por motivos políticos recluidos en las diversas cárceles de la Capital o continuar con la regresión en materia de derechos humanos que en los últimos años han padecido los ciudadanos del DF.

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa pero enérgica al Juez Lic. Jorge Martínez Arreguín, que, conforme a derecho y siguiendo el espíritu del Amparo ganado para efectos, termine con la grave violación a los derechos humanos cometida en contra de Ilia Adad Infante Trejo y declare su absoluta e incondicional libertad.

A su vez, solicitamos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el desestimiento de la acción penal en contra de Ilia Adad Infante Trejo, ya que está ampliamente documentado que su detención fue ilegal y arbitraria y que el proceso penal que enfrenta en prisión desde el 2 de octubre del 2013 está lleno de irregularidades, contradicciones y omisiones. Desistirse de la acción penal podría ser una señal de que existe voluntad política para frenar las políticas de seguridad pública que, lejos de garantizar la protección de los derechos humanos de los capitalinos, los vulnera. “Que la solidaridad sea la mano que arranque a Ilia de la injusta prisión”.

ATENTAMENTE

Comité Cerezo México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, familiares y amigos de Ilia Adad Infante Trejo y la Lic. Guadalupe Campos, encargada de la defensa jurídica