martes, 21 de junio de 2016

Amnistía Internacional llama a investigar los hechos de violencia ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca.


Amnistía Internacional expresa su preocupación por los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en Nochixtlán, Oaxaca durante el operativo desarrollado por elementos de la Policía Federal y de la Policía Estatal de Oaxaca.
Según los informes recibidos hasta el momento, por organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales, 6 personas habrían perdido la vida, decenas resultaron heridas y se desconoce el número de personas detenidas durante el enfrentamiento. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el grado de involucramiento de las autoridades estales y federales en los hechos.
Amnistía Internacional hace un enérgico llamado para el esclarecimiento de los hechos, es necesario que las investigaciones sobre la violencia sean independientes, oportunas y transparentes y, en su caso, se traduzcan en el debido juzgamiento de todas las autoridades y demás personas que se encuentren involucradas. Las declaraciones realizadas por las autoridades estatales y federales deslindándose de los hechos no deben utilizarse para socavar o distraer la investigación.
Es esencial que se respete la integridad física y mental, así como los derechos a un juicio justo y al debido proceso de toda persona detenida durante el enfrentamiento y cualquier otra detención llevada a cabo en este contexto social, y se adopten medidas inmediatas para facilitar el acceso a servicios de salud para todas las personas que resultaron heridas durante los enfrentamientos.
Amnistía Internacional reconoce que las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los responsables por actos de violencia, pero estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a las normas internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo deben asegurar el ejercicio de los derechos a libertad de expresión y asociación.

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de junio de 2016
Boletín No. 13

Se cumplen 20 años de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres
  • Estado mexicano responsable de la actuación del grupo paramilitar
Organización Desarrollo Paz y Justicia
Han pasado 20 años, sin que sus familiares y la sociedad conozcan el paradero de Minerva Guadalupe Pérez Torres (Minerva Guadalupe). Los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Minerva Guadalupe se encuentran protegidos por la impunidad provocada por el Estado mexicano. Actualmente Samuel Sánchez Sánchez dirigente de la Organización Desarrollo, Paz y Justicia, ha sido absuelto de los delitos de homicidio, secuestro y lesiones y emprende una campaña de desprestigio en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos en la zona Norte de Chiapas, temen una probable liberación del autor material e intelectual de hechos de contrainsurgencia operados por el Estado mexicano.
El 20 de junio de 1996, Minerva Guadalupe fue detenida en un retén de revisión del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia ubicado en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Tila; en el retén se encontraban aproximadamente 50 personas armadas, entre ellas Sabelino Torres Martínez, Nicolás Gómez Díaz, Raymundo Sánchez Trujillo, Samuel Sánchez Sánchez, los hermanos Hernández, entre otros delegados de Paz y Justicia. Fue detenida y posteriormente llevada a una casa en donde estuvo tres días. En este lugar fue torturada sexualmente por más de 30 personas del grupo paramilitar Paz y Justicia. Finalmente fue llevada rumbo a la comunidad de Masojá Chico, Tila, sin conocerse la ubicación exacta de su paradero.
El caso de Minerva Guadalupe, se enmarca dentro del patrón sistemático de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado en la región del Norte de Chiapas, como parte de una estrategia implementada por el Estado mexicano a través del Plan de Campaña Chiapas '94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000.
La familia de Minerva Guadalupe era una de las tantas que brindaron apoyo a las y los desplazados forzados que huían de sus comunidades ante la violencia generalizada provocada por el grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, lo cual les colocó en grave riesgo, además de vincularles como simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
El caso de Minerva Guadalupe, junto con siete casos más de la zona Norte de Chiapas, es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se encuentra en la etapa de estudio sobre fondo.

Sostenemos que el caso de Minerva Guadalupe, se cometió en el marco del Conflicto Armado Interno iniciado en enero de 1994, no es un caso que tenga sus origenes en conflictos agrarios o religiosos, se encuentra vinculado con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 y del Plan de Campaña Chiapas 2000. En el trabajo de documentación implementado por este Centro de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado en Chiapas,
 entre 1995 y 2000, tan sólo en la zona Norte de Chiapas, se registró la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres, así como la ejecución de siete mujeres y 78 hombres. Son un total de 122 casos documentados que se encuentran en la impunidad, además del desplazamiento forzado de 12.000 personas.

El grupo paramilitar Paz y Justicia fue impulsado, entrenado y financiado con recursos públicos a cambio de votos, utilizándolos como instrumento para imponer el terror en la población civil en la zona Norte del estado de Chiapas.
La familia de Minerva y este Centro de Derechos Humanos seguimos exigiendo al Estado mexicano acciones inmediatas que lleven a la búsqueda y localización de Minerva Guadalupe Pérez Torres ya que la omisión en las investigaciones y la falta de mecanismos eficaces por parte de las autoridades de procuración de justicia han mantenido la desaparición forzada; que se conozca la verdad, para alcanzar la justicia con dignidad, se castiguen a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en esta política de destrucción, violencia y muerte.

Fuente; Frayba.
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Boletín de Prensa: Posicionamiento ante el Terrorismo de Estado contra el Movimiento Magisterial-Popular en Oaxaca

H. Puebla de Zaragoza a 20 de Junio de 2016

A los compañero de la CNTE
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos Humanos
Al pueblo en general.
La imposición autoritaria de las reformas neoliberales en 2013, entre ellas la laboral-“educativa”. Instauradas y operadas con violencia ya como leyes, manifiestan que su esencia es atentar contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la educación y la privatización de su carácter público, lo que ha provocado la respuesta organizada y combativa del magisterio democrático, protegido y respaldado por amplios sectores populares para enfrentar el cumulo de medidas pro fascistas que despliega el Estado con su aparato policíaco-militar.
En ese contexto es que la mal llamada reforma educativa, materializada en las leyes secundarias, no es otras cosas más que una serie de regulaciones impuestas y de carácter administrativo-policiaco y punitivo a los trabajadores de la educación, con las que se pretende anular conquistas sociales en materia laboral y la educación pública, pero sobre todo liquidar la organización histórica del movimiento magisterial-popular, linchando, criminalizando, acosando, reprimiendo masivamente, encarcelando-torturando de forma selectiva a la organización del sindicalismo democrático, cuyo máximo referente es la CNTE.
No obstante, frente a la ignominia del terrorismo de Estado, se ha generado la legitima respuesta de diversos sectores y organizaciones populares en solidaridad con el magisterio democrático, que manifiestan su repudio a las políticas fascistas del Estado mexicano que sanguinariamente ejecuta en contra de los trabajadores de la educación; justas respuestas del pueblo a veces organizadas y en otras espontaneas, pero ambas simbolizan la reivindicación legitima de las demandas del pueblo trabajador, así como, son legítimas las acciones políticas de masas como la justa respuesta al autoritarismo y al terrorismo de Estado.
Se debe recordar que han sido las reivindicaciones históricas de la CNTE: defensa de la educación pública, democracia sindical y aumentos salariales; siendo esta la defensa de las conquistas laborales y educativas –de nivel constitucional− en nuestro país por medio de las movilizaciones y acciones políticas de masas. Lo que ha costado la tan implorada aplicación del estado de Derechoburgués el cual es sinónimo de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la desaparición forzada y los encarcelamientos de disidentes, críticos al sistema, sindicalistas democráticos y luchadores sociales.
En el país existe un cabal cumplimiento de este Estado de Derecho, el cual aplica de forma expedita el encarcelamiento en centros de extermino por motivos políticos a los representantes del magisterio democrático integrados en la CNTE, protocolo jurídico-incriminatorio que permite que se ejecute la tortura, la prisión y los crímenes de lesa humanidad a manos del aparato policiaco-militar y paramilitar, que funciona directamente bajo las ordenes y aquiescencia del Estado.
Frente a los hechos más recientes en los que la policía federal ha intervenido con brutalidad, la algidez del movimiento popular se ha tornado en una respuesta obvia pero sobre todo de carácter ineludible, escenario ante el cual el Estado mexicano ha escaldo los mecanismo contrainsurgentes recrudeciendo la represión, tal y como lo hizo del día de ayer en el municipio de Nochixtlan, Oaxaca, donde las fuerzas armadas abrieron fuego contra cientos de compañeros que mantenían un bloque como medida de presión para exigir la libertad de representantes de la coordinadora, represión que dejó la muerte de los compañeros,  Antonio Pérez García, estudiante de secundaria,  Andrés Aguilar, profesor de educación indígena,  Yalid Jiménez Santiago de 29 años, Óscar Nicolás Santiago de 22 años, Anselmo Cruz Aquino, de 33 años y de Jesús Cadena, estudiante de 19 años de edad; así como un saldo de más de 50 heridos y 21 detenidos.
Durante los últimos días la brutalidad de las diferentes corporaciones policiaco-militares que han arremetido en contra de la CNTE, organizaciones populares y pueblo en general se ha hecho patente. Hoy por la madrugada, operativos coordinados entre policías federales y paramilitares mantuvieron intenso hostigamiento en la capital de Oaxaca, realizando disparos con la intención de intimidar a los compañeros que se encuentran en el zócalo y cortando la luz y el teléfono con la clara pretensión de ejecutar una vez más la represión.
Ante los acontecimientos recientes, manifestamos nuestra solidaridad incondicional para con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; condenamos los hechos represivos que en diferentes estados del país ejerce el Estado de manera sistemática con el fin de desarticular el descontento organizado del pueblo. Al movimiento popular en su conjunto le hacemos el llamado a cerrar filas, asumiendo que frente al terrorismo de estado la alternativa es la respuesta organizada de las masas.

Combativamente.
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!
¡Alto a la militarización y paramilitarización del país!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Red de Defensa de los Derechos Humanos
Frente de Colonos Urbano Popular-8 de Junio
Alianza Popular de Ciudadanos Unidos de Atlixco

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Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH